La ola reaccionaria que recorre Europa no es inevitable. Las coaliciones negativas que gobiernan algunos países europeos se muestran incapaces de ofrecer respuestas a los grandes retos que enfrentamos como humanidad, como la emergencia climática y la reproducción de las desigualdades, y que oculta la descomposición paulatina de un proyecto neoliberal que ya no genera horizontes compartidos. 

Lo que llaman ola es, en realidad, una internacional del odio que une, de forma precaria y artificial, el negacionismo climático —el que observa sin preocupación cómo hemos condensado en julio, apenas una semana atrás, los siete días más calurosos en 125.000 años—, el negacionismo democrático —el que justifica y aplaude los ataques contra el Capitolio, en Washington, y el Planalto, en Brasilia—, y el negacionismo igualitario —el que pretende hacernos creer que es natural que el 10% de la población condense el 76% de la riqueza global—. 

En este contexto tan complicado, frente al derrotismo de unos y el continuismo de otros, Sumar ha demostrado que no tenemos que conformarnos con resistir, que debemos salir a la ofensiva, que podemos aspirar a ganar el país. La labor de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, la mera existencia de un proyecto como Sumar, un soplo de aire fresco en la Europa actual, demuestran que las cosas pueden ser de otra manera. 

Sumar aparece así como un doble revulsivo. Lo fue un año atrás, tras su exitosa irrupción en el Matadero de Madrid, renovando las prácticas, ilusiones y posibilidades de un espacio progresista que daba signos de cansancio y desorientación; y lo es ahora, revelándose como la única opción realista para renovar un Gobierno mejor que siga transformando nuestro país. 

En estas elecciones históricas hay, en realidad, tres opciones. En primer lugar, la del retroceso a una España gris que protege cobardemente los privilegios de unos pocos y ataca a las mujeres, a las personas migrantes y LGTBI+. En segundo lugar, la del continuismo, la que titubea frente a los poderosos y se conforma con las cosas tal y como son. En tercer y último lugar, la única que plantea un proyecto de país y está dispuesta a dejarse la piel para avanzar hacia un futuro mejor —un futuro que pasa por convertirnos en una potencia verde o resignarnos a ser un desierto gris—.

Sumar es la fuerza que reivindica lo conquistado estos últimos años —la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la Ley Trans, la protección de las trabajadoras del hogar— no solo por los resultados obtenidos, sino porque constituyen un excelente punto de partida para lo que es necesario y urgente hacer ahora. 

Tras una primera legislatura de reformas necesarias —en ocasiones demasiado modestas— en un contexto marcado por la excepcionalidad, Sumar quiere abrir una segunda fase de democratización de la economía, la vida cotidiana y el Estado, frente a los bancos, las grandes eléctricas y la oligarquía. Para ello, hace falta alguien con firmeza, que haga lo que dice, que cumpla sus promesas, que cuide a los de abajo y obligue a los de arriba a apretarse el cinturón: esa persona, estarán de acuerdo conmigo, es Yolanda Díaz. En un contexto global marcado por el desorden y la incertidumbre, Yolanda es la única capaz de ofrecer certezas, tranquilidad y estabilidad. 

Así, en el debate del miércoles noche, marcado por las labores de portavocía prestadas por Abascal a un Feijóo de cuerpo ausente, Yolanda demostró que Sumar es el único voto que va a más: más tiempo libre, más salarios, más derechos laborales, más empleo verde y más democracia económica.

El debate, en realidad, refleja a la perfección la dinámica de estas últimas semanas. En una campaña extraña, que se intentó convertir en una suerte de plebiscito sobre el sanchismo (sic), Sumar ha sido la única alternativa que ha hecho del proyecto y las propuestas sus banderas. Lejos de discusiones de salón entre dos hombres, de mentiras y de zascas, hemos hablado de la poner en marcha una reindustrialización verde, de democratizar los lugares de trabajo, de que pague más quien más tiene, de salir una hora antes de trabajar, de tener alquileres justos y de darle más oportunidades a nuestra juventud con la herencia universal. En resumen: en lugar de recluirse en discusiones entre la clase política, le hemos hablado al país. 

En el plano demoscópico, las encuestas nos han mostrado, de forma continua y consistente, que la verdadera batalla de estas elecciones se encuentra en la tercera plaza, que el 23J no va de quién queda primero —con un PP y PSOE que han tocado techo—, sino de quién gobierna. De este modo, el forcejeo entre Sumar y Vox por el tercer puesto se revela, nos dicen, como la disputa decisiva, cuyo vencedor decantará estos comicios del lado de la derogación de lo avanzado o de la conquista de nuevos derechos. 

El voto a Sumar, pues, se multiplica: impide que Abascal se siente en el Consejo de Ministros, garantiza que tengamos un nuevo Gobierno progresista y asegura que este Gobierno sea, en definitiva, un Gobierno mejor. 

Por ello, es imprescindible que los progresistas de este país nos den a Sumar el empujón necesario para alejar a VOX del Gobierno y garantizar una nueva mayoría de progreso en nuestro país.

Sumar y Yolanda Díaz representan hoy la esperanza —y la única garantía de un Gobierno, un país y una Europa mejor—. 

La COP27 ha terminado en Egipto y la sensación que queda es que hemos perdido un año entero en la lucha contra el cambio climático. Cierto es que el establecimiento de un fondo de compensación de pérdidas y daños para los países más afectados es una buena noticia, a pesar de que aún no conocemos el origen, el volumen y el destino de ese dinero. Hasta ahora los países principalmente responsables de las emisiones en las últimas décadas se habían resistido a su establecimiento por el riesgo jurídico que entrañaba aceptar su responsabilidad en el calentamiento global. Su aceptación a establecer este fondo a última hora, por lo tanto, es una buena noticia.

Sin embargo, el objetivo principal de esta cumbre era avanzar a mayor velocidad en la mitigación, esto es, lograr mayores contribuciones de los países para una más rápida reducción de emisiones. Ello además es urgente si tenemos en cuenta que la trayectoria de calentamiento según Naciones Unidas es hoy, con las contribuciones actuales, de 2,6 grados, un grado por encima del objetivo establecido en el Tratado de París de lucha contra el cambio climático.

La COP anterior en Glasgow se cerró con la promesa de que sería en Egipto donde se acordarían nuevas contribuciones nacionales de reducción de emisiones. Nada más lejos de la realidad: estos compromisos no se han producido, se ha vuelto a posponer la decisión un año más, y en mitigación básicamente a lo que hemos asistido es a una repetición del ejercicio estéril del año anterior.

Ante este fracaso, empieza a emerger la duda razonable sobre si mantener de forma retórica sin compromisos concretos el objetivo del grado y medio (como hace la declaración final de la cumbre) tiene ya mucho sentido. En el tramo final de las negociaciones, varias delegaciones trataron de hacer caer del texto final el grado y medio, preocupados por la reducción masiva de emisiones que exige. El objetivo sigue apareciendo en el texto, evitándose así lo peor, pero persisten las dudas sobre la viabilidad del mismo con el retraso que llevamos a nivel de contribuciones nacionales.

La realidad es que nos estamos acercando ya al grado y medio hoy, a toda velocidad. La elevación de la temperatura registrada es ya de 1,1 grados en relación a la era preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial. Para tener posibilidades de limitar la temperatura al grado y medio necesitamos que los gases de efecto invernadero bajen un 45% en 2030 en relación a 2010, y continúen bajando un 50% en la década siguiente. Sin embargo, según el programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), si seguimos con la trayectoria actual las emisiones van a aumentar más del 10% hasta 2030.

El desarrollo de nuevos yacimientos de explotación de gas o de petróleo en el mundo es absolutamente incompatible con la reducción de emisiones, pero según varios estudios hay comprometidos hasta 2030 inversiones en nuevas explotaciones por valor de más de 500 billones de dólares. La tendencia en algunos sectores y países europeos de regresar y alargar el uso de los combustibles fósiles en Europa no hace más que agravar esta dramática situación.

Todo esto es lo que lleva a Naciones Unidas a calcular un aumento de 2,6 grados porque la realidad es que no hay a día de hoy trayectoria creíble a 1,5. Una encuesta hecha por Nature entre los científicos que desarrollaron el último informe del IPCC releva que tan solo el 4% cree realista el objetivo mientras que seis sobre 10 creen posible llegar a los tres grados.

Es importante señalar que la diferencia en las consecuencias del calentamiento de ir más allá los 2 grados son enormes. Según los científicos, el deshielo se acelerará masivamente, se generalizarán las olas de calor y las sequía avanzarán en África de forma mucho más salvaje. El objetivo del grado y medio debe mantenerse sin duda (sería un fracaso renunciar a él), pero hay que ser conscientes que cada vez sirve más como indicador de la diferencia entre lo habría que hacer y lo que hacemos que como un objetivo alcanzable.

Escribimos todo esto porque no tenemos la sensación de que la alarma global que tenemos entre manos ocupe el lugar que merece en nuestro debate público en España. Abrir con grandes titulares sobre el cambio climático cada vez que hay una cumbre pero ignorar su dimensión en nuestro debate nacional no tiene ninguna coherencia. Hay medios de comunicación en España que estos días han publicado formidables portadas de denuncia de las insuficiencias de la COP y luego mantienen líneas editoriales de defensa de nuevas infraestructuras fósiles. Sin despeinarse.

Para sostener el calentamiento los acuerdos globales son imprescindibles, pero de nada sirven sin políticas concretas en cada uno de los países que son los que tienen que hacer que ese acuerdos puedan cumplirse. Acuérdense de ello cada vez que oigan a alguien defender la ampliación del aeropuerto de El Prat, construir el Midcat, o retirar las Zonas de Bajas Emisiones que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona. Es en estas decisiones donde nos jugamos el futuro del clima. Persistir en políticas de pasado nos convierte en parte del problema, y luego no vale lamentarse una vez al año esperando que la COP resuelva los problemas mientras ignoramos completamente nuestra responsabilidad en ellos.

Esta semana parece que hemos presenciado el punto y final al proyecto de gasoducto MidCat, tras las contundentes declaraciones de Emmanuel Macron. La verdad es que no lo ha tenido muy difícil esta vez Francia para rechazar el proyecto (defendiendo así su industria nuclear nacional). La realidad es que el MidCat, cuando se analiza en detalle, es un proyecto difícilmente defendible por caro e ineficaz. Es una infraestructura que nos encadena a los combustibles fósiles, en lugar de centrar todos nuestros esfuerzos financieros en un mayor y más rápido despliegue de las renovables. 

No hay que olvidar que la crisis energética actual se produce frente a las cada vez más alarmantes advertencias de la ciencia sobre el avance imparable del cambio climático. En el último informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, se señala que el pico de emisiones de gases de efecto invernadero debe conseguirse en 2025 si queremos evitar el desastre climático y en 2030 debemos reducir el 43% de las emisiones actuales. Esta urgencia de la que nos habla la ciencia debe traducirse en decisiones políticas e inversiones, y el MidCat camina en la dirección opuesta. 

Más allá del debate político sobre su oportunidad, hay que señalar que los recelos técnicos y de los reguladores sobre la viabilidad del proyecto vienen de muy lejos, y no sólo del movimiento ecologista. Hay que recordar, en primer lugar, que la propia Comisión Europea eliminó al MidCat de la 5ª lista de proyectos de interés comunitario en 2020. Con la salida de Arias Cañete como Comisario de Energía, su principal defensor en Bruselas, la Comisión decidió no incluir esta interconexión en la última lista.

En 2019 las autoridades reguladoras competentes en temas de energía en Francia (Commission de Régulation de L'Energie) y España (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) rechazaron el proyecto presentado por Enagás y Térega para realizar la conexión. En su dictamen determinaron que: 1) los operadores de transporte no eran capaces de garantizar que hubiera suministro estable entre Francia y España 2) la falta de interés comercial por la nueva capacidad de transporte de gas 3) la interconexión existente no estaba siendo utilizada en plena capacidad 4) el coste del proyecto era mucho más elevado que los estándares europeos por estas infraestructuras 5) el proyecto no garantiza unos precios integrados del gas entre el mercado ibérico y el francés y 6) el análisis de costes-beneficios mostraba un sobrecoste de la infraestructura en la mayoría de escenarios. Este dictamen venía a sumarse a otro estudio ya realizado en 2016 por el CRE francés que rechazaba el proyecto por caro e ineficaz. 

La primera pregunta que deberíamos tratar de responder, en este contexto, es porqué el proyecto ha sido rescatado ahora tras haber sido descartado repetidas veces. La respuesta repetida hasta la saciedad estos días es que las potentes terminales de gas licuado en España pueden servir como terminales de entrada del gas en toda Europa, y particularmente hacia Alemania, frente al corte del gas ruso, recrudecido tras el anuncio de cierre del Nord Stream 1 hace unos días. Sin embargo, el proyecto no es una solución a corto plazo para la crisis del gas que tenemos por delante porque tardará tiempo en ejecutarse incluso apurando al máximo los plazos. Del lado francés, por ejemplo, la disponibilidad del terreno no está ni tan siquiera resuelta. 

Además hay un dato sorprendente, y es que durante este mes de agosto según las autoridades francesas las interconexiones de gas actuales se han usado tan solo al 60%. Sorprende que estemos hablando de una nueva conexión si en el contexto actual de emergencia no se están apurando al máximo la conexiones existentes. Alguien debería dar una explicación sobre ello. 

La segunda pregunta que deberíamos responder es como encaja esta infraestructura en los objetivos de descarbonización de la Unión. Estos días se están tomando decisiones de emergencia que son muy dañinas para el clima, pero sobre las que a corto plazo no hay alternativa. La importación de gas licuado producido mediante fracking en EEUU, o la reapertura de centrales de carbón son decisiones dolorosas y que van en la línea contraria a los objetivos de descarbonización de la Unión. Sin embargo, los ecologistas y los verdes europeos nos hemos mostrado comprensivos ante algunas de estas decisiones por la situación de emergencia en la que vivimos. Sin embargo, estas medidas de reforzamiento de los combustibles fósiles pueden ser justificables si son excepcionales y limitadas en el tiempo mientras continuamos el despliegue de las energías limpias. Es menos justificable, sin embargo, la construcción de una infraestructura cuyo uso deberá prologarse en el tiempo para poder ser amortizada. El MidCat, en este sentido, no es una solución de emergencia, sino una apuesta por el uso del gas a largo plazo, y por lo tanto contrario a nuestros objetivos de descarbonización. 

En tercer lugar, el proyecto a día de hoy carece de financiación clara. España insiste en que la Comisión Europea financie la obra. A pesar de que el MidCat está fuera de la 5a lista de Proyectos de Interés Comunitario, es posible que se pueda acceder a financiación comunitaria a través del programa RepowerEU (en función de cómo terminen las negociaciones en trámite sobre el mismo). Los Presidentes Sánchez y Aragonés han pedido a la Comisión Europea que se implique en el proyecto. Pero la realidad es que a día de hoy Bruselas se ha mostrado reacia a esa posibilidad y España no quiere asumir el coste por su cuenta. Solamente hay encima de la mesa un compromiso alemán de participar en la financiación, pero sin concretar.  El CRE francés estimó en el informe del año 2016 que el coste rondaría los 3000 millones de €, de los que 2000 millones deberían destinarse a obras en el lado francés. Una cantidad muy elevada que a día de hoy nadie quiere asumir. 

En cuarto lugar, está la cuestión del hidrógeno. Frente a las críticas que realizamos los ecologistas de que el proyecto nos encadena a largo plazo a los combustible fósiles, se nos responde que la conexión podrá ser utilizada en el futuro para el transporte de hidrógeno verde. Con las infraestructuras hoy existentes, se puede transportar hidrógeno verde en pequeñas cantidades a través del llamado blending. Sin embargo, para enviar hidrógeno verde a gran escala se necesita otro tipo de infraestructura. Los defensores del MidCat argumentan que es viable construir una infraestructura para el doble uso (gas ahora, hidrógeno verde después). Pero el problema de fondo es que, aunque fuera posible construir la interconexión con estas características, para hacer llegar el hidrógeno verde hasta el centro de Europa se debería operar sobre el resto de la red de gas en Francia, algo extremadamente caro y sobre lo que tenemos ninguna certeza.  Una interconexión de hidrógeno requiere de una estrategia europea y unos compromisos con el uso del hidrógeno verde que hoy en día simplemente no existen. 

Creo en este sentido que sería más honesto que los defensores de la obra reconocieran la realidad: el MidCat es un proyecto para el transporte de gas, no para el  hidrógeno. Lo segundo es una posibilidad muy lejana sobre la que a día de hoy tenemos muy pocas certezas. 

Finalmente, esta la cuestión de las reticencias francesas expresadas con toda su crudeza por Macron esta semana. Estas, que son como es obvio de índole industrial nacional, también están ligadas a la incertidumbre jurídica de embarcarse en una obra así en el país galo. Los terrenos necesarios para la tubería no están aún disponibles, y en Francia el diálogo y los acuerdos territoriales son un ejercicio mucho más complejo que en España. Además, el Consejo Constitucional francés acaba de fallar el pasado 12 de agosto contra el desarrollo de nuevas infraestructuras de gas en el país por ser contrarias a la Carta del medioambiente (integrada en el bloque constitucional francés desde 2005). Aunque el alcance de esta sentencia está aún por determinar, realizar nuevas infraestructuras fósiles en Francia hoy es un riesgo jurídico que no puede ser minusvalorado, y forman parte también de las dudas y reticencias expresadas en los últimos días por el Ministerio de transición ecológica francés.  

A día de hoy, por lo tanto, el MidCat sigue siendo un proyecto con demasiadas incoherencias, dudas y contradicciones. A pesar del impulso que Pedro Sánchez y Olaf Sholz han tratado de darle este verano, Macron no lo ha tenido demasiado difícil para argumentar su entierro prácticamente definitivo.  

En la Unión Europea, los ingresos de las mujeres son, de media, un 37% inferiores a los de los hombres. La cifra puede parecer exagerada, pero hay varios motivos que la explican: una brecha salarial del 14,1% (el 11,9% en España); mayores tasas de desempleo, temporalidad y parcialidad entre las mujeres; más tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidados, motivo por el que millones de ellas no pueden incorporarse al mercado laboral o lo hacen a tiempo parcial (7,7 y 8,9 millones respectivamente, según datos del EIGE); más renuncias o interrupciones en su carrera cuando tienen hijos; segregación vertical y horizontal del trabajo (los sectores mejor pagados están masculinizados y el 66% de los puestos directivos están ocupados por hombres, según Eurostat). A corto plazo, esta brecha de ingresos se traduce en menos recursos para afrontar gastos cotidianos (alimentación, transporte, suministros, acceso a una vivienda digna). A largo plazo, en una menor capacidad de ahorro e inversión, una brecha de pensiones del 34% y la feminización de la pobreza.

Acabar con la brecha salarial es un paso importante para reducir esa diferencia. En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva para reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia salarial. La brecha salarial es la diferencia entre lo que cobran de media un hombre y una mujer en una hora realizando el mismo trabajo, o un trabajo de igual valor en otro sector. Esa desigualdad se explica, en parte, por la segregación horizontal que hemos mencionado, pero también se sustenta en prejuicios y estereotipos que hacen que, en muchos casos, las mujeres reciban salarios inferiores sin que existan criterios ‘objetivos’ que lo expliquen (diferente formación, experiencia o responsabilidades). Obligar a que las empresas informen sobre las condiciones económicas de cada puesto de trabajo es una forma de detectar y atajar estas discriminaciones y evitar sesgos en el proceso de contratación. 

La exigencia de garantizar la igualdad retributiva se estableció en la Directiva 2006/54/CE, complementada en 2014 por una Recomendación de la Comisión sobre transparencia salarial. Sin embargo, pese a la existencia de este marco jurídico, la aplicación de este principio sigue siendo deficiente. Un informe de la Comisión reconocía en 2013 que hay tres factores que dificultan su cumplimiento: la falta de claridad y de seguridad jurídica sobre el concepto de ‘trabajo de igual valor’; la falta de transparencia en los sistemas de remuneración; y los obstáculos procesales (es decir, la falta de acceso efectivo a la justicia en casos discriminación salarial). La nueva propuesta de Directiva se centra en esos tres puntos y plantea, esta vez, medidas vinculantes.

El Parlamento Europeo, como órgano colegislador, ha planteado una serie de mejoras al texto. Un trabajo llevado a cabo por las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. ¿Qué cambios se han introducido? En primer lugar, la exigencia de que todas las empresas de más de 50 trabajadores informen sobre su brecha salarial, y no solo las compañías de más de 250 empleados, como recoge la propuesta inicial. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido productivo de la UE y agrupan al 70% de los trabajadores, por lo que la Directiva apenas tendría efecto con un umbral tan alto.

Los detractores de esta medida alegan que los registros retributivos supondrán una carga administrativa que afectará a la productividad de las empresas. La igualdad de género no es una carga, es una responsabilidad y un derecho. Y podríamos darle la vuelta al argumento: permitir la discriminación salarial implica permitir la competencia desleal de las empresas que no la fomentan dentro del mercado interior. Además, hay formas de adaptar las exigencias a la realidad de las pequeñas empresas, como espaciar la obligación de información cada dos o tres años o facilitar, desde la Administración Pública, herramientas sencillas que les permitan cumplir con sus obligaciones. Para llevar el registro retributivo que prevé el Real Decreto 902/2020, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo español facilita a las empresas una hoja de Excel en la que solo tienen que rellenar la información salarial de sus empleados, algo que ya está recogido en sus nóminas.

Si el análisis de estos datos revela que existe una brecha salarial, el Parlamento exige que durante los primeros seis años se audite a partir del 2,5% de diferencia, frente al 5% de forma permanente que establece la Comisión. Es una mejora, pero no hay que perder de vista que, en cualquier caso, legitima un margen de incumplimiento impensable si hablamos de otras normas y derechos fundamentales (permitir un 2,5% de fraude fiscal o un 2,5% de violencia machista). Si existe brecha, tienen que tomarse medidas para solucionarla, sea del 5 o del 0,1%.   

La propuesta de Directiva de la Comisión incorpora por primera vez un sistema para comparar el trabajo de igual valor. El ‘comparador hipotético’ que se esboza en el documento es un gran avance, puesto que permitirá equiparar trabajos de sectores distintos con características similares, algo crucial teniendo en cuenta la feminización de profesiones poco valoradas y peor pagadas (cuidados, limpieza). El Parlamento ha ampliado la lista de criterios objetivos que servirán para realizar dicha comparación. La brecha salarial de género se debe, en buena medida, a la incorrecta valoración de los puestos de trabajo, algo que identifica bien el Real Decreto 902/2020 español. 

Otra de las demandas de la Eurocámara es que todas las empresas, independientemente de su tamaño, informen del nivel salarial de una vacante antes de realizar las entrevistas de trabajo y prohíbe al empleador preguntar sobre el sueldo anterior. Como señala la Comisión, el objetivo es que los candidatos “dispongan de la información necesaria para entablar negociaciones equilibradas y justas sobre sus sueldos cuando establezcan una relación laboral”. También deberán informar sobre los criterios para la fijación de retribuciones y la promoción profesional, y responder a las demandas de información de los trabajadores o sus representantes sobre sobre su nivel retributivo individual y los niveles medios, desglosados por sexos, de quienes realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

El pleno del Parlamento Europeo respaldó el pasado mes de abril, pese al intento in extremis del Partido Popular Europeo (EPP) y de la extrema derecha (ECR) de bloquearlo, volviendo a debatir y enmendar el texto para tratar de debilitarlo.  

El siguiente paso será la negociación —conocida como trílogo— entre la Eurocámara, la Comisión y los Estados miembros, que empezará antes del verano. El rechazo de algunos Gobiernos a cualquier medida contra la discriminación de género hace temer dos cosas: que la norma quede bloqueada (como ha sucedido con la Directiva de igualdad en los consejos de administración, en el cajón desde 2012); o que para salir adelante quede debilitada y su alcance limitado. En el primer caso, se requiere una mayoría cualificada (al menos 15 de los 27 Estados a favor, y que estos representen al menos el 65% de la población); en el segundo, conviene recordar que cuanto más exigente sea la postura del Parlamento, más garantías habrá de que la norma final corrija la discriminación que sufren millones de trabajadoras en la UE.

Es importante señalar que, aunque tarde, esta propuesta de Directiva llega junto a otras iniciativas que están empujando hacia delante la agenda social europea: la propuesta de Directiva de salarios mínimos y la que mejora las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales; la futura Estrategia Europea de Cuidados; y el nuevo impulso de la Comisión para aprobar, una década después, la Directiva de igualdad de género en los consejos de administración. Hoy más que nunca la agenda social debe marcar el pulso de la construcción europea, reforzando una Europa más rica, más fuerte y mucho más cohesionada.

En el período previo a la invasión de Ucrania por parte de Putin, el aumento de los precios en la zona euro estaba recibiendo una gran cantidad de atención política. La inflación alcanzó en la zona euro un máximo del 5,1% en enero y del 5,9% en febrero, poniendo al BCE en el punto de mira. Las voces más críticas en el ámbito político, a pesar de ser una minoría, se hicieron escuchar cada vez más, pidiendo un aumento de los tipos de interés para frenar la inflación. Pero el BCE optó por un enfoque prudente y decidió mantener tipos de interés bajos, sin cambios.

En medio de este debate, Putin invadió Ucrania. Más de un mes después del estallido de la guerra, los últimos datos muestran que la inflación de la zona euro subió al 7,5% en marzo, y la cifra alcanzó el 9,8% en España. Esta tasa récord hizo que aumentara la presión sobre el BCE para que revisara sus decisiones en materia de política monetaria. Durante todo este tiempo, la inflación ha crecido de manera abrupta por la subida de los precios de la energía, que explica más del 50% del aumento de los precios al consumo. Esta cifra solo refleja el impacto directo, pero los costes de la energía también han hecho subir los precios en muchos sectores, lo que hace que el efecto global sea mayor. Pero eso no es todo: la subida de los precios de la energía está vinculada sobre todo a los combustibles fósiles, es decir, al petróleo y al gas. El BCE lo ha llamado “fosilinflación”.

De este hecho pueden extraerse dos conclusiones. En primer lugar, no es casualidad que los precios de la energía hayan aumentado aún más tras el ataque de Rusia. Europa depende en gran medida del gas ruso y Putin está fijando precios más altos a sus exportaciones de combustibles fósiles para financiar su guerra. Esto significa que, al importar combustibles fósiles de Rusia, Europa no solo está financiando la guerra de Putin, sino que también está haciendo subir los precios que paga la UE.

En segundo lugar, la suposición de que, independientemente de la procedencia de la inflación, esta debería conducir automáticamente a un endurecimiento de la política monetaria no tiene en cuenta los factores subyacentes de la inflación. Una política monetaria más restrictiva sería la opción correcta si el aumento de los precios estuviera impulsado por una mayor demanda, como ocurre actualmente en Estados Unidos. Pero no es el caso de la zona del euro, donde la inflación se debe principalmente a los mayores costes del suministro de energía.

Una hipotética subida de los tipos de interés en la UE no contrarrestaría el aumento de los precios de la energía, y lo que es peor, si la política monetaria deja de ser acomodaticia demasiado pronto, esto tendrá un impacto muy negativo en nuestra economía. Con la guerra, que supone una seria amenaza para la economía europea, un endurecimiento monetario rápido podría provocar efectos negativos adicionales en una economía ya sometida a presión: la actividad económica se ralentizaría aún más, el desempleo aumentaría y el crecimiento salarial se frenaría. El BCE, por ahora, parece decidido a no repetir el error cometido en 2008 y 2011, cuando endureció su política monetaria demasiado pronto cuando se necesitaba exactamente lo contrario.

En lugar de subir los tipos de interés, la respuesta adecuada al aumento de los precios del petróleo y el gas, que se traduce en facturas más caras para la ciudadanía europea, es poner fin a la gran dependencia de Europa de la importación de combustibles fósiles que han estado haciendo subir los precios en general. Acelerar la transición energética invirtiendo en medidas de eficiencia energética y en energías renovables es la solución política más eficaz al actual repunte de la inflación. Esto es especialmente importante, ya que la inflación afecta más a las rentas bajas que a las altas. Y es por ello que, además de una rápida transición ecológica, las políticas redistributivas y la fiscalidad son muy necesarias en el contexto actual.

Al mismo tiempo, la actual crisis energética muestra claramente que el verdadero riesgo para la estabilidad de los precios en la zona del euro es retrasar la transición para conseguir la soberanía energética. Aunque hay argumentos de peso en contra de subir los tipos de interés en el contexto actual, esto no significa que el BCE no deba contribuir al objetivo general de un mix energético más verde. Al contrario, el BCE debería estar en primera línea de la transición energética, teniendo en cuenta lo mucho que esta afecta a su mandato primario de mantener la estabilidad de precios. La actual combinación energética no solo afecta a la capacidad del BCE para mantener los precios estables debido a la actual inflación impulsada por los combustibles fósiles, sino también porque los riesgos físicos conducirán a presiones de precios más persistentes y dramáticas, si no detenemos el cambio climático. De ello se desprende que el BCE debe actuar con rapidez, empezando por hacer más ecológicas sus operaciones de refinanciación a largo plazo y dejar de comprar activos que contribuyen al cambio climático y a la degradación del medio ambiente.

Algunos temen que la transición verde ejerza más presión sobre los precios en general: la llamada “greenflation”. Pero la “greenflation” ha tenido hasta ahora un impacto mucho menor en los precios al consumidor final que la “fosilinflación”. Esto significa que es inexacto afirmar que la transición ecológica de nuestras economías es la culpable del doloroso aumento de los precios de la energía.

Por otro lado, si nos tomamos en serio el cumplimiento de los objetivos climáticos de 2030 y 2050, será necesaria una movilización masiva de inversiones verdes. Y al igual que cualquier estímulo fiscal extenso, es probable que esto impulse la inflación. Pero hay una diferencia sustancial entre un aumento de los precios impulsado por importaciones más caras de Rusia y las implicaciones de que Europa movilice recursos para su soberanía energética. Lo primero es un coste puro: los países compran gas, lo queman y se acaba. Y conlleva un coste geopolítico muy elevado: la dependencia económica de su proveedor de energía, en este caso un agresivo petroestado cuya prosperidad económica depende de la inacción para reducir las emisiones. Pero si Europa invierte dinero en infraestructuras energéticas verdes que funcionen bien y que dependan de ella misma, eso es una inversión y no un coste.

Desde el punto de vista del BCE, la inflación generada por un aumento del gasto público y privado en energías renovables es manejable con las herramientas habituales de política monetaria. Se trataría de una inflación creada por el aumento de la demanda, para la que el BCE contaría con las herramientas adecuadas. No se puede decir lo mismo de los precios altos debidos a choques de oferta externos, y por eso la política monetaria parece bastante impotente en este momento. También hay que tener en cuenta la magnitud del impacto. Desde el punto de vista de la estabilidad de los precios, la inflación a largo plazo derivada de fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de recursos y los elevados precios de las importaciones de energía impuestas por regímenes opresivos en el extranjero es una perspectiva mucho más dramática que la subida temporal de los precios durante el periodo de transición verde.

La dependencia de Europa de los combustibles fósiles ha estado afectando a su capacidad para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas de las amenazas geopolíticas y de la subida de precios. Lo que el repunte de la inflación y la situación en Ucrania han puesto de manifiesto es que la dependencia de Europa de los combustibles fósiles la hace demasiado vulnerable a los cambios imprevisibles del mercado mundial del gas y el petróleo, ya sea el aumento de los precios o la implicación de una guerra en el Este, que son dos caras de la misma moneda. En ambos casos hay que atajar la raíz del problema y no caer en la trampa de las respuestas políticas cortoplacistas. Subir los tipos de interés y diversificar las importaciones de gas de Europa no son la solución definitiva. Acelerar la transición energética sí lo es, generando precios más estables y seguridad energética.

El 2021 se cerraba con la promesa de los Gobiernos, tras la celebración de la COP26 en Glasgow, de aumentar la ambición climática y reforzar durante este año las contribuciones nacionales para reducir las emisiones globales en al menos un 45% en 2030.

El 2022 ha comenzado con un golpe en el corazón de las políticas climáticas tras el anuncio de una nueva taxonomía europea que cataloga la nuclear y el gas como energías verdes, a fin de redirigir y atraer las inversiones.

Una propuesta de la Comisión Europea (CE), apoyada principalmente por Emmanuel Macron, que choca directa y abiertamente con los objetivos del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y la reciente Ley del Clima de la Unión Europea (UE) que, además, deja entrever de forma explícita el enorme poder del lobby fósil, incluso cuando se trata de desarrollar políticas públicas determinantes para la supervivencia del planeta.

Uno de los instrumentos clave de los que se vale la industria de los combustibles fósiles para mantener el status quo, cueste lo que cueste, es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE): un acuerdo internacional, obsoleto, que protege las inversiones en materia energética y otorga a inversores y empresas el poder de demandar a los Estados por sus legislaciones climáticas.

El TCE ha pasado inadvertido durante casi tres décadas. Sin embargo, desde que comenzaron las negociaciones para modernizar el Tratado en junio de 2020, la polémica no ha parado de crecer: no se puede formar parte de un acuerdo que protege los combustibles fósiles y al mismo tiempo comprometerse a luchar contra la crisis climática. Es simple y llanamente imposible.

El ojo del huracán fósil

El TCE fue firmado en la década de los 90 por 53 países de Europa y Asia con el fin de garantizar el acceso de Occidente a los combustibles fósiles de los antiguos países del Este. A día de hoy, las necesidades energéticas son radicalmente opuestas y, sin embargo, el Tratado permanece intacto.

Con el TCE, los combustibles fósiles tienen un seguro de vida a todo riesgo. Solo en Europa, el valor de la infraestructura fósil protegida bajo el TCE asciende a 344.600 millones de euros. Lo que significa que, si los países deciden eliminar el carbón, el petróleo o el gas de forma progresiva para cumplir con sus compromisos climáticos, podrían verse obligados a pagar indemnizaciones multimillonarias a los inversores. En otras palabras: el TCE puede disparar el coste de implementar una transición energética justa más que indispensable.

Esto es posible debido al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que contiene el TCE. Ante medidas legislativas legítimas que afectan los beneficios de los inversores, éstos pueden demandar a los Estados eludiendo los sistemas de justicia nacionales: las demandas se resuelven ante tribunales de arbitraje, formados únicamente por tres árbitros privados cuya imparcialidad ha resultado muy dudosa en diferentes ocasiones.

El caso de Países Bajos es uno de los ejemplos más flagrantes que ha puesto en evidencia los efectos más nocivos del Tratado. Una ley para eliminar el carbón en 2030 ha originado dos demandas de las energéticas alemanas RWE y Uniper, por las que el país podría verse obligado a pagar alrededor de 2.400 millones de euros en compensación.

Pero el alcance del Tratado no termina aquí. La simple amenaza de demanda millonaria bajo el TCE puede ser suficiente para evitar que se lleven a cabo legislaciones importantes para el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. Este es, entre otros muchos, el caso de Eslovenia. Hace tan solo unos días salía a la luz que el Gobierno esloveno ha rebajado la regulación sobre fracking, tras introducir una serie de enmiendas a la ley minera del país. Esta medida allanará el camino a empresas energéticas como Ascent Resources, que en septiembre de 2020 amenazó con demandar a Eslovenia y reclamar 100 millones de euros por tener que realizar una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar sus actividades de fracking previstas.

Si el TCE continúa vigente, sin lugar a dudas, muchas políticas de descarbonización podrían tener el mismo desenlace. La pregunta que se plantea entonces es, ¿a qué espera la UE para poner fin a esta trampa si realmente pretende acometer un cambio de modelo productivo sostenible con el Planeta y las personas? 

La crónica de una muerte anunciada

La semana pasada los Estados signatarios del Tratado se reunieron, una vez más, para avanzar en la modernización del TCE. Fue la primera de las cuatro rondas programadas para el primer semestre de 2022, y la décima desde que el proceso comenzó en junio de 2020.

La vuelta a las negociaciones está marcada por una falta total de transparencia y credibilidad en el proceso. Y es que, nueve rondas a lo largo de 24 meses no han dado lugar a ningún avance significativo de cara a alinear el TCE con las necesidades climáticas y energéticas de nuestro tiempo.

La propuesta de la UE para modificar la “definición de actividad económica en el sector energético” y eliminar la protección a los combustibles fósiles de forma progresiva —la más ambiciosa encima de la mesa aunque insuficiente, ya que continuaría protegiendo las inversiones existentes entre 10 y 20 años más— ha sido bloqueada por algunos países como Kazajistán o Japón. Y, sin unanimidad no es posible introducir este tipo de cambios al Tratado.

En este escenario, la Secretaría del TCE ha pisado el acelerador y está impulsando una nueva propuesta que puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos alcanzados en la COP26. En lugar de tener que alcanzar un acuerdo conjunto y homogéneo para eliminar la protección de las inversiones en combustibles fósiles, la propuesta persigue dar flexibilidad a los países signatarios para que decidan por sí mismos el alcance de la protección de las inversiones en sus territorios. Es decir, los combustibles fósiles quedarían sujetos a distintos grados de protección en función de los criterios de cada país, incluso dentro de la UE Además, los principales países productores de combustibles fósiles no estarían obligados a dejar de protegerlos.

Por otro lado, a pesar de los problemas que plantea el mecanismo ISDS, éste seguirá siendo la piedra angular del TCE: no va a ser modificado o eliminado, lo que seguirá limitando la capacidad de legislar de los países firmantes. Una realidad que plantea serios problemas, también con relación al ordenamiento jurídico de la propia UE. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó, en septiembre de 2021, que las disputas basadas en el TCE entre un inversor de la UE y un Estado miembro de la UE son incompatibles con la legislación de la Unión. Ahora, encontrar la manera de cómo aplicar esta sentencia le corresponde a la UE y sus Estados miembro. La salida del TCE sería en este sentido la mejor manera de aplicar dicha sentencia.

La salida: la única vía posible

Ante el estancamiento crónico de las negociaciones, la inquietud crece entre las delegaciones europeas. Una filtración reciente de Investigate Europe ha revelado que la Comisión está presionando para que se alcance un texto final sobre la modernización del TCE en junio de 2022. Pero, si en los últimos dos años el proceso ha sido completamente estéril, ¿podemos esperar que se logren acuerdos ambiciosos en los próximos seis meses?

La respuesta es clara: no hay ningún indicio para pensar que los 53 países puedan alcanzar un pacto a la altura de las circunstancias y en línea con los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. Además, resulta preocupante que el calendario establecido no deje margen para las debidas consultas parlamentarias y debates políticos a nivel nacional. Una vez más, el Tratado brilla por su secretismo y falta de transparencia.

En varias ocasiones, España ha reconocido públicamente que “la salida del Tratado sería la única solución efectiva a largo plazo, en el caso de que no se pueda conseguir un TCE verdaderamente modernizado que cumpla plenamente con los objetivos del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico de la UE en todos sus Estados miembros”. Francia ha sido otra punta de lanza en la crítica a unas negociaciones que “claramente no están a la altura” y “no producirán un progreso real durante muchos años”. Ahora también Polonia, Grecia, Lituania, Hungría y Chipre se acercan a estas posiciones.

Los países con una visión climática ambiciosa tienen no solo la oportunidad, sino el deber de liderar este proceso de salida y ser la palanca de cambio para lograr que exista coherencia en todas las políticas de cambio climático y energía. Por este motivo, pedimos al Gobierno de España y al resto de países de la UE que se comprometan a abandonar el TCE lo antes posible, preferentemente de forma conjunta y, si no, unilateralmente, no más tarde de julio de este año cuando vuelva a constatarse el bloqueo en las negociaciones.

Los nuevos planes publicados por la Comisión Europea establecen los próximos pasos necesarios para llevar a cabo el acuerdo fiscal global recientemente acordado para las empresas multinacionales más grandes del mundo.

A finales de octubre, 137 países acordaron un impuesto mínimo efectivo para las multinacionales tras años de negociaciones. El acuerdo establece un impuesto mínimo del 15% para las empresas con unos ingresos anuales de 750 millones de euros, lo que afectará directamente a las mayores multinacionales del mundo.

¿Qué cambiará este tipo impositivo mínimo?

Lo que esto significa en la práctica es que ya no habrá ningún incentivo para que, por ejemplo, un gran fabricante de automóviles alemán traslade sus beneficios a un país que tenga un tipo impositivo efectivo más bajo, ya que, en este caso, Alemania gravaría la diferencia. El objetivo es impedir que los países hagan una “carrera a la baja”, compitiendo entre ellos para bajar sus tipos impositivos.

Las grandes empresas multinacionales de la UE obtienen beneficios millonarios cada año, pero gracias a las diferentes normas fiscales de cada país pueden elegir la cantidad de impuestos que pagan. A menudo trasladan los beneficios a países con tipos impositivos muy bajos y esto significa que el conjunto de contribuyentes sale perdiendo. Las grandes empresas se benefician de todas las ventajas de comerciar en la UE sin devolver la parte que les corresponde. Por eso, hay que ser muy claro: las empresas que obtienen grandes beneficios deben pagar impuestos justos.

Desde el grupo de los Verdes/ALE queríamos que este acuerdo fiscal internacional fuera más ambicioso. Abogamos firmemente por un tipo impositivo mínimo del 21%, como el que propuso la administración Biden de los Estados Unidos. Lamentablemente, esta oportunidad se perdió durante las negociaciones internacionales. Presionados por paraísos fiscales, el tipo se redujo al 15% y parte de los beneficios quedaron exentos del tipo impositivo mínimo, siendo algunos Estados miembros de la UE los primeros en rebajar la ambición del acuerdo. Esto plantea nuevamente el grave problema de toma de decisiones por unanimidad en la UE en materia fiscal. En la actualidad, la amenaza del veto al que un único estado miembro puede someter a cualquier acuerdo tributario, permite a los países de la UE rebajar los acuerdos internacionales, incluso cuando cuentan con el apoyo una amplia mayoría.

¿Qué ocurrirá a continuación? La propuesta de la Comisión sobre la imposición mínima europea

Ahora todos los ojos están puestos en la propuesta de la Comisión Europea. Los mismos países de la UE que contribuyeron a diluir el acuerdo internacional están ahora dispuestos a utilizar su poder de veto contra cualquier intento de aumentar el impuesto mínimo por parte de la Comisión Europea. En realidad, la Comisión Europea tiene el poder de ir más allá del acuerdo y proponer normas fiscales mínimas para la UE que sean más fuertes y eficaces que el mínimo global.

Podrían rebajar el umbral de 750 millones de euros de beneficios y cubrir más empresas multinacionales. También podrían prescindir de las exenciones sobre determinados beneficios al aplicar las normas fiscales mínimas dentro de la UE. Esto aumentaría considerablemente la eficacia del impuesto mínimo.

¿Es la imposición mínima europea el camino hacia la justicia fiscal?

Un impuesto mínimo europeo es, sin duda, un paso necesario en la dirección correcta, pero los planes actuales tendrán que reforzarse considerablemente si queremos lograr la justicia fiscal. Como mínimo, el impuesto mínimo debería aplicarse a más empresas multinacionales y a todos los beneficios.

Paralizar este acuerdo y bloquear su aplicación sólo beneficiaría a los paraísos fiscales europeos y a los grupos de presión empresariales. Países de la UE como Estonia, Hungría e Irlanda atraen beneficios ofreciendo exenciones fiscales a las grandes empresas. Los grupos de presión empresariales ya se han movilizado para proteger los beneficios que obtienen de los países que compiten agresivamente entre sí para bajar los tipos impositivos a costa de los ingresos fiscales. No podemos permitir que ganen y destruyan cualquier ambición de justicia fiscal.

¿Qué debe cambiar en la fiscalidad europea?

Necesitamos un cambio en la fiscalidad de la UE. La Comisión Europea y la próxima presidencia francesa del Consejo Europeo deben esforzarse para alcanzar la máxima ambición al introducir el impuesto mínimo en la UE. No podemos permitir que unos pocos países de la UE bloqueen los avances necesarios en materia fiscal en 2022.

Si es necesario, los tratados de la UE ofrecen las herramientas para que la Comisión utilice una base legal que no requiera un voto unánime. Si no está dispuesta a utilizarla, los Estados miembros europeos más ambiciosos deberían fomentar su cooperación y avanzar juntos.

Este es el primer paso para lograr alguna forma de justicia fiscal en toda la UE. Si queremos que esto ocurra, no debemos escatimar esfuerzos.

Firman: Damien Carême, Claude Gruffat, Kira Peter-Hansen y Ernest Urtasun, miembros del Parlamento Europeo del grupo Verdes/ALE

El proceso se inició en 2019 con negociaciones sobre dos pilares, y es la primera vez que un número tan elevado de países negocian en un cuadro multilateral sobre una cuestión tan compleja como es la fiscalidad. El acuerdo ha sido refrendado por 136 de las 140 jurisdicciones (incluyendo todos los países europeos), quedando fuera Pakistán, Sri Lanka, Kenya y Nigeria, por razones que luego explicaré.  

El acuerdo deberá ser ahora validado por la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en Roma el 30 y 31 de octubre. 

Vamos, en primer lugar, a tratar de explicar los detalles del acuerdo, que establecen unos mecanismos extremadamente complejos sobre reparto de beneficios (Pilar I)  y tributación mínima (Pilar II). 

El llamado Pilar I, que establece normas para la recolocación de beneficios en distintas jurisdicciones, se aplicará sobre multinacionales por encima de los 20.000 millones de ingresos y una rentabilidad superior al 10% (aproximadamente unas 100 grandes multinacionales en el mundo). La norma plantea que el 25% del beneficio residual por encima del 10% de beneficio tributará donde se generó dicho beneficio, independientemente de si la compañía tiene o no una sede física en esa jurisdicción. 

Pongamos como ejemplo lo que ocurre ahora con Google. Todos sus beneficios tributan en EEUU, independientemente de donde se genera dicho beneficio. Google no está presente en la mayoría de países donde factura, y al no tener una presencia establecida no está sometida a impuesto de sociedades alguno en esos países. Con la nueva norma, Google seguirá pagando sus impuestos en EEUU, pero una porción de sus beneficios será atribuido a otras jurisdicciones aunque no tenga una presencia física allí. 

Esa norma no solo afectará a empresas digitales como Google, sino también a multinacionales con presencia establecida en otros países pero que se dedican a repatriar la mayoría de sus beneficios en sus jurisdicciones de origen en concepto, por ejemplo, royalties. Una porción de esos beneficios tributarán ahora donde se generan.

Se calcula que esta nueva norma obligará a cambiar de lugar de tributación a más de 125.000 millones de dólares. Países como EEUU o Irlanda verán como se reduce una pequeña parte de su base impositiva. 

El Pilar II, por otro lado, fija un tipo mínimo global de imposición. Este mínimo global se aplicará a compañías con beneficios superiores a 750 millones y se estima que generará alrededor de 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales.  El mecanismo se denomina GLOBE (Global anti-base Erosion Rules) y consiste en fijar un tipo mínimo del 15% a nivel global, a partir de tres normas: 1) Income inclusión rule 2) Undertaxed Payment Rule 3) Subject to Tax Rule.

Vamos a tratar de explicar cada una de ellas. La primera norma, “Income Inclusion Rule”, se aplicará a subsidiarias que en estos momentos no pagan o pagan muy poco en impuestos. Imagínese una multinacional del automóvil alemana con una subsidiaria en Luxemburgo que paga un tipo efectivo del impuesto de sociedades allí del 5%. Con las nuevas normas, la agencia tributaria de Alemania podrá aplicar un recargo adicional a esos beneficios hasta llegar al 15%. Esos impuestos se pagarán en Alemania y dejarán sin efecto el reducidísimo tipo efectivo del que gozaba la subsidiaria de la multinacional en Luxemburgo. 

Imagínese ahora una multinacional de la alimentación norteamericana que llegó a un acuerdo con la India para no pagar impuestos durante diez años allí. Con las nuevas normas, los EEUU aplicarán un 15% a ese beneficios obtenidos en la India que hasta ahora no tributaban. 

Así, de facto, se establece un 15% global, y la primera consecuencia es que los incentivos de Luxemburgo y compañía para hacer regalos fiscales desaparecen.

La segunda norma, “Undertaxed pavement rule”, funciona como complemento de la primera. Imagínese usted una línea aérea que se dedica a repatriar beneficios de Francia a Irlanda, donde no se le aplica el 15% del acuerdo. Francia tendrá entonces derecho a retener bajo su tributación esos beneficios. 

La tercera norma, “Subject to Tax Rule”, es una norma destinada a mejorar los ingresos fiscales de los países en desarrollo. Aquellos países con un tipo nominal inferior al 9%, deberán permitir que los países en desarrollo hagan tributar en sus países los beneficios hasta el 9%. Por ejemplo, si una multinacional traslada beneficios de Etiopía a las Islas Caimán donde paga allí un 5%  de impuesto de sociedades, en ese caso Etiopía podrá hacer tributar el resto hasta el 9% en su jurisdicción.

Es importante entender los detalles del mecanismo para no confundir este acuerdo con el tipo nominal estándar del impuesto de sociedades en cualquier país. Ese mínimo afecta a las jurisdicciones agresivas en materia de fiscalidad y no a los tipos que tenemos en cada uno de nuestros países que seguirán operando tal y como están ahora. 

Una vez explicado el acuerdo, y reconociendo que es sin duda un avance, se impone una visión crítica sobre muchos de sus aspectos. En primer lugar, las compañías cubiertas por el Pilar I son demasiado pocas al haberse establecido unos umbrales demasiado elevados. Algunos gigantes como Amazon no se verán afectados al no alcanzar el 10% de rentabilidad, por poner el ejemplo más clamoroso. Además, el acuerdo por el Pilar I viene con la contrapartida de que no se podrán adoptar medidas unilaterales en materia fiscal a partir de octubre de 2023, lo que obligará a retirar los impuestos digitales que han puesto en marcha entre otros España.

Por lo que se refiere al tipo mínimo establecido en el Pilar II, es a todas luces demasiado bajo. EEUU había sugerido el 21%, y hemos terminado en el 15%. Además, fruto de la presión de Irlanda, se eliminó a última hora las palabras “por lo menos” delante de 15%, lo que hubiera permitido a algunos países a aplicar un tipo más elevado. 

En tercer lugar, otro de los elementos muy criticables es la manera en como se ha diseñado este mínimo del 15%. Al tener la mayoría de estas grandes empresas sede en los países occidentales, los beneficios adicionales que generará este mínimo se quedarán allí al aplicarse el recargo en los países de origen, aunque el beneficio se haya obtenido fuera. Esta es una de las razones por las que faltan cuatro firmas muy relevantes en el acuerdo final. ONG de referencia en materia de fiscalidad en nuestro país como Oxfam se han mostrado muy críticas con el acuerdo por este y otros aspectos.

Con todas estas limitaciones, sin embargo, y teniendo que lamentar el papel jugado por algunos países europeos en la rebaja significativa del acuerdo, para mi hay dos grandes avances que no podemos obviar. Primero, se trata del primer gran acuerdo global para la fiscalidad. Avanzar en marcos multilaterales para ordenar la fiscalidad a nivel global es un de los requisitos indispensables si queremos poner normas de gobierno a la globalización. Este primer acuerdo es, desde este punto de vista, muy importante. Y debe ser considerado tan solo un primer paso, porque necesitamos ir mucho más allá.

Y en segundo lugar, por primera vez en este siglo establecemos a nivel global un suelo fiscal para tratar de frenar la carrera hacia la baja en materia de impuestos. Es cierto que este suelo tendrá en el corto plazo efectos limitados (Irlanda ha anunciado que subirá su tipo nominal para las compañías afectadas del 12,5% al 15%, no para el resto). Pero la buena noticia, de nuevo, es el camino que abre.

El acuerdo deja sin duda un sabor amargo, pero abre caminos que hasta ahora parecían imposibles.

El Tratado sobre la Carta de la Energía, que se remonta a la década de los 90, limita gravemente la capacidad de Europa para cambiar las regulaciones del sector energético, con muchos Estados miembros de la UE enfrentándose a acciones judiciales que ascienden a miles de millones de euros. Por eso afirmamos que, si el tratado no puede ser reformado, debe ser derogado.

Imagina vivir en un país donde la ciudadanía ha comprendido que necesitamos medidas drásticas para combatir el cambio climático. Imagina que el Parlamento y el Gobierno han desarrollado un plan valiente pero realista para eliminar gradualmente los combustibles fósiles cumpliendo con el mantenimiento del calentamiento global por debajo de un grado y medio. Los fondos de recuperación ante la crisis económica causada por la COVID-19 se utilizarán para acelerar la transición energética. Pero entonces, las empresas de combustibles fósiles y los proveedores de energía deciden cuestionarlo todo y reclamar miles de millones en compensaciones, basándose en un oscuro acuerdo, el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Quieren que lo público pague para que ellos dejen de destruir el clima. ¿Suena como una historia absurda? Pues no lo es. Es una posibilidad real que podría materializarse si no tomamos medidas ahora.

Nosotros y nosotras, eurodiputados y eurodiputadas de diferentes países y grupos políticos, compartimos una profunda preocupación por el TCE, cuyas negociaciones para una “modernización” comenzaron el pasado 6 de julio. Muchos países de la UE han experimentado directamente cómo este acuerdo internacional de protección de inversiones realizado para proteger el sector de la energía fósil representa un gran obstáculo para alcanzar nuestros objetivos climáticos.

El TCE restringe la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para cambiar las regulaciones y políticas en el sector energético. Alemania ya ha sido demandada dos veces por la multinacional energética sueca Vattenfall. Tras la primera demanda, la empresa logró rebajar las normas ambientales impuestas a una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. Ahora, está exigiendo más de 6.100 millones de euros por la pérdida de beneficios relacionados con dos de sus centrales nucleares, tras la retirada progresiva de la energía nuclear acordada en Alemania después del desastre de Fukushima de 2011. Estos casos podrían volver a ocurrir fácilmente cuando propongamos medidas para eliminar los combustibles fósiles.

La mera amenaza de denuncia puede ser suficiente para presionar a los Estados y que no adopten medidas ambiciosas para cumplir sus compromisos climáticos. En 2017, la empresa canadiense Vermilion amenazó al gobierno francés con emprender acciones legales invocando el Tratado de la Carta de la Energía si aprobaba una ley que pusiera fin a la exploración y extracción de combustibles fósiles en todo el territorio francés a partir de 2040. Después de eso, y de otras presiones, el gobierno francés dio marcha atrás: la ley final fue modificada, permitiendo que continuaran los permisos de explotaciones petroleras.

La protección de inversiones en combustibles fósiles está aumentando enormemente el costo de la transición energética para los y las contribuyentes y, por lo tanto, socavando directamente el objetivo de neutralidad climática de Europa definido en el European Green Deal (el Acuerdo Verde Europeo), lanzado por la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen. Hace unas semanas la empresa energética alemana UNIPER confirmaba su intención de demandar a Holanda por valor de 1000 millones de euros invocando el Tratado de la Carta de la Energía en concepto de compensación por la decisión neerlandesa de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo tardaría años en resolverse, sembrando mientras la inseguridad entre los legisladores de otros países y debilitando o retrasando potencialmente las políticas climáticas.

Todavía en shock por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, los países podrían ser víctimas de una nueva oleada de demandas de inversores debido a las medidas excepcionales adoptadas en los últimos meses. España ya era un objetivo importante después de la última crisis financiera. Este país es, hasta la fecha, el Estado más atacado en el marco del TCE, acumulando un total de 47 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas a favor del inversor. Esto representa más de 1.000 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto comprometido por España para contribuir al Fondo Verde de la ONU para apoyar las acciones contra el cambio climático. Pero aún quedan 28 reclamaciones sin resolver contra España, que podrían costar a los contribuyentes españoles hasta 8.000 millones de euros.

Todos estos casos contra los Estados miembros de la UE deberían ser prueba más que suficiente para la Comisión Europea de que el Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo anticuado, incompatible con el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Como señala Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del TCE y autora del IPCC, las emisiones acumuladas protegidas por el ECT, desde su entrada en vigor en 1998 hasta enero de 2020, se estiman en 87 Gt de CO2, de las cuales el 62% son emisiones de CO2 procedentes de inversiones directas intra ECT en combustibles fósiles.

Somos conscientes de que el Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo revisado actualmente. Desafortunadamente, no esperamos que este proceso alinee el ECT con el Acuerdo de París. Para lograrlo, los combustibles fósiles tendrían que ser excluidos de la protección del tratado. Además, el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas reclamar esas absurdas indemnizaciones, debe ser desechado o reformado en su totalidad y fuertemente limitado. Ninguno de los signatarios del TCE -incluida la UE- presenta actualmente estas propuestas mencionadas, dejando claro desde el principio que la reforma no hará que el TCE sea compatible con nuestros compromisos climáticos, ni abordará un tema tan preocupante como que los mecanismos de arbitraje del TCE sean incompatibles con la legislación de la UE.

Por todo ello, instamos a la UE y a los Estados miembros a que aumenten sus ambiciones en su posición negociadora para hacer frente a estas deficiencias, o a que desarrollen vías para retirarse conjuntamente del Tratado sobre la Carta de la Energía en caso de que fracasen las negociaciones.

Naciones Unidas estableció el 2 de noviembre de cada año como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Cada año, un periodista recibe el prestigioso premio Pulitzer, pero según cifras de la ONU alrededor de un centenar reciben un disparo. En el mundo, se han contabilizado 1.293 asesinatos a periodistas desde 1993. La libertad de prensa en todo el mundo está en crisis. México es el país con más muertes de periodistas del mundo y, aunque el gobierno ha establecido un Mecanismo Federal de Protección, hay 30 muertes de periodistas en México sin resolver. 

A nivel global, las estadísticas indican que los grupos armados son los que atacan a los periodistas con mayor impunidad. Pero en realidad lo que hay detrás de este fenómeno es la corrupción sin control, la ineficacia de las instituciones y la falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones efectivas. Todo crimen no resuelto contra periodistas envía una señal al resto de sus compañeros y compañeras de profesión de que no es seguro hablar. Es una amenaza a la democracia y un ataque los derechos fundamentales de toda la población.

Este fenómeno no es ajeno a la realidad europea, la violencia contra los y las periodistas también ocurre en la UE. En Malta, en 2017, Daphne Caruana Galizia fue asesinada a plena luz del día con un coche bomba. Esta periodista de investigación jugó un papel fundamental para destapar los vínculos del Gobierno de Malta con el entramado de fraude fiscal de los Papeles de Panamá. Dos años después, su asesinato sigue impune y el gobierno de Malta sigue torpedeando las investigaciones. En 2018 Jan Kuciak y su pareja fueron tiroteados en su casa en Eslovaquia, porque el periodista investigaba las conexiones entre el gobierno, la mafia y los esquemas de fraude fiscal de grandes empresarios. El primer ministro del país dimitió y se realizaron diversos arrestos, aunque el caso sigue sin resolverse. Hace justo un año, Viktoria Marinova fue violada y asesinada en Bulgaria poco después de presentar un programa de televisión en el que destapó escándalos de corrupción política y empresarial. Más conocido es el caso de Roberto Saviano que vive con escolta desde 2006 por la amenaza de muerte de la Camorra.

Al margen de los casos de violencia e intimidación más extremos, también hay ataques más sibilinos a la libertad del periodismo en Europa y el resto del mundo. Presenciamos continuamente las presiones de las marcas comerciales para influir sobre las líneas editoriales. Vemos como las instituciones financieras y empresas multinacionales poseen cada vez más porcentaje de acciones de los grandes grupos de comunicación. El descarado control político en algunos medios públicos, ataques físicos a periodistas, ridículas acusaciones legales, campañas de difamación y el constante acoso en las redes sociales son desgraciadamente parte del día a día de muchos y muchas periodistas. Las mujeres periodistas lo tienen aún más difícil, ya que reciben amenazas machistas y sufren niveles escandalosos de acoso. España, como hemos presenciado lamentablemente en los últimos meses, no es ajena a este tipo de fenómenos.

En Europa queda mucho camino por recorrer para evitar la impunidad de los crímenes contra periodistas. La UE y los Estados miembros deberían actuar -incluso mediante sanciones- para presionar a los gobiernos con el objetivo de que garanticen que se investiguen adecuadamente todos los delitos contra periodistas. Las oficinas de las delegaciones de la UE en terceros países deben intensificar su labor de defensa de periodistas atacados y aplicar las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet.

La nueva Comisaria Europea de “Valores y Transparencia” debería condenar los ataques de políticos extremistas de la UE a la prensa, proporcionar financiación para la protección preventiva en respuesta a las amenazas y dotar a Europol de más recursos para supervisar y apoyar las investigaciones de los Estados miembros sobre los delitos cometidos contra periodistas. 

Los mecanismos de protección de los periodistas deberían formar parte también de la supervisión de la UE sobre el Estado de Derecho en los diferentes países europeos. Además, se debería presentar un plan de acción para asegurar que los poderes políticos y económicos respetan la libertad de los medios de comunicación. Esto incluye legislar a nivel de la UE para evitar el uso de denuncias con el simple objetivo de silenciar a periodistas y asegurando que se proporciona financiación suficiente para la defensa legal de periodistas y medios amenazados por querellas de políticos y empresarios como consecuencia de hacer públicas sus historias.

Por otra parte la UE también tiene capacidad para, mediante las normas de libre competencia, evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos intereses empresariales.

Todas estas acciones están en nuestras manos. De poco sirve lamentarse de las amenazas y ataques que recibe el periodismo si no nos ponemos manos a la obra para solucionar la situación actual. Esperamos que la próxima Comisión Europea se tome muy en serio este asunto. Proteger a los y las periodistas es proteger a la democracia, porque están en  primera línea cuando se trata de sacar a la luz escándalos relacionados con el poder con el riesgo, incluso, de ser violentamente silenciados.

Hace unos días fueron noticia las sentencias que el Tribunal General de la UE, dictaminó en los casos de Fiat y Starbucks. En estas sentencias se dirimió si los acuerdos fiscales privilegiados que habían pactado con algunos países de la UE eran legales o no. El Tribunal debía confirmar las investigaciones de la Comisión Europea, que concluyeron que en ambos casos las empresas se habían beneficiado de ayudas de Estado ilegales que vulneran las normas de competencia. La sentencia confirmó que Fiat tiene que pagar 30 millones de euros a Luxemburgo, mientras que la decisión de la Comisión sobre Starbucks fue anulada. Estas sentencias representan un hito importante en el camino hacia la justicia fiscal e indican los próximos pasos en la lucha contra la evasión fiscal a nivel de la UE. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que, en ambos casos, la Comisión tenía derecho a investigar la transferencia de beneficios en virtud de garante de las normas en materia de competencia. Se trata de una victoria importante para la justicia fiscal y la Comisión debería reaccionar en consecuencia ante esta decisión, asumiendo que, para garantizar una competencia justa entre empresas, debe introducir de forma sistemática el monitoreo de los acuerdos fiscales. En particular, la sentencia sobre Luxemburgo y Fiat ofrece a la Comisión la oportunidad de iniciar investigaciones sobre nuevos acuerdos fiscales privilegiados sobre todo en Luxemburgo, pero también en otros países. Lo hecho hasta ahora no es suficiente para restablecer la confianza en los sistemas fiscales europeos; por ello la nueva Comisión debe restablecer la confianza de la ciudadanía dando prioridad a la lucha continua contra los gigantes digitales. Esperemos que esta sea la primera prioridad de la Comisaria Vestager en su nueva función de Comisaria Digital.

Por otro lado, para los que trabajamos por la justicia fiscal, la sentencia sobre Starbucks, en la que el TJUE anuló la sentencia de la Comisión sobre ayudas estatales fiscales de Países Bajos, ha sido un golpe. El Tribunal confirmó que todos los beneficios de una filial de Starbucks se utilizaron para pagar cánones a otra filial de la misma empresa, lo que es un indicio claro de evasión fiscal. Sin embargo, el tribunal anuló la decisión de la Comisión porque no había demostrado que la norma fiscal ad hoc de la autoridad fiscal neerlandesa proporcionaba una ventaja selectiva a Starbucks. Sin ventaja selectiva, con las normas actuales, no se puede considerar que se trata de una ayuda estatal ilegal.

Todo ello demuestra básicamente dos cosas: primero, los límites legales que supone luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales solo a través de las normas sobre ayudas estatales ilegales; y, segundo, la urgente necesidad de revisar las normas fiscales de la UE. Ahora tenemos claro que es imposible confiar solamente en las largas investigaciones de la Comisión y en las decisiones del Tribunal para conseguir justicia fiscal. Por eso, los diputados y diputadas Verdes del Parlamento Europeo, reiteramos nuestro llamamiento en favor de una reforma fiscal sólida en la UE. No podemos seguir permitiendo que las grandes multinacionales tengan un trato fiscal favorable. Esto impide a los Estados recibir los ingresos que les corresponden para financiar las políticas públicas, pero también es una desventaja injusta para las empresas que sí pagan lo que les corresponde. La nueva Comisión y los Estados miembros deben tomar medidas inmediatas para avanzar en la legislación fiscal, que está sobre la mesa gracias al trabajo de la Comisión y el Parlamento en la anterior legislatura. En particular, la Presidencia finlandesa de la UE tiene que presionar a los Estados miembros para que acuerden su posición común sobre la norma de información pública obligatoria desglosada por país. Esta es una importante medida de transparencia fiscal para las multinacionales, de modo que sepamos dónde declaran los beneficios y pagan impuestos, un expediente que, lamentablemente, ha estado bloqueado en el Consejo durante casi dos años. También tenemos una urgencia creciente en torno a la necesidad de poner fin a la toma de decisiones por unanimidad sobre cuestiones fiscales en el Consejo. Actualmente, los paraísos fiscales de la UE pueden bloquear las reformas fiscales necesarias, y así nunca podremos lograr la justicia fiscal. Otra cosa está clara: mientras las empresas puedan seguir escapando sin pagar lo que les corresponde, la injusticia social seguirá aumentando con la correspondiente falta de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, tanto nacionales como el de la UE.

La semana pasada finalizaron las negociaciones en torno a la propuesta de Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes, después de años de esfuerzo y de pelea de muchos ciudadanos y ciudadanas que decidieron dar un paso adelante en favor de la verdad, jugándose su reputación, carrera profesional y arriesgándose a consecuencias penales. 

Esta directiva tiene como objetivo ofrecer protección y garantías legales a aquellas personas que quieran denunciar cualquier conducta ilegal, abuso o malas prácticas que se den en su lugar de trabajo. Una vez en vigor, introducirá sanciones para quienes intenten tomar represalias en contra de los denunciantes, y eximirá a quienes informen de las infracciones de la legislación de la UE de toda responsabilidad civil o penal relacionada con la divulgación de información en aras del interés público. 

Los gobiernos de la UE y los diputados al Parlamento Europeo deberán ahora dar el visto bueno al acuerdo en las próximas semanas. Se prevé la votación en el pleno del Parlamento Europeo se en el último pleno de abril. 

La protección abarca un amplio abanico de trabajadores tanto del sector público como privado, incluidos funcionarios, trabajadores autónomos, accionistas, quienes formen parte de órganos de gestión, administración o supervisión, los voluntarios y becarios, estén remunerados o no, aquellos que estén en un proceso de contratación o antiguos trabajadores. También estarán protegidos aquellos que presenten asesoramiento confidencial a los denunciantes. 

Se podrá denunciar sobre infracciones o abusos del espíritu de la legislación de la UE en numerosos ámbitos: contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, protección del medio ambiente, salud pública, protección de los consumidores, infracciones de las normas sobre la competencia y  evasión fiscal.

La directiva no aborda las violaciones de los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores, aunque obliga a la Comisión Europea a considerar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para que abarque también esos ámbitos la próxima vez que se revise o se actualice. 

Los mecanismos introducidos para la denuncia son de distinta índole.  A pesar de que varios gobiernos europeos querían que el proceso de denuncia fuera lo más estricto posible y que los denunciantes tuvieran que informar primero internamente para poder estar protegidos por la Directiva, el texto acordado ofrece también protección a aquellos que informen directamente a los reguladores y a las autoridades competentes. 

También estarán protegidos si informan públicamente, en los casos en que, al informar a los reguladores, exista el riesgo de represalias o haya pocas posibilidades de que la infracción se resuelva eficazmente, por ejemplo, cuando las pruebas puedan ser ocultadas o destruidas o cuando una autoridad está involucrada de alguna manera en la infracción. 

Las empresas con más de 50 empleados o empleadas estarán obligadas a establecer canales y procedimientos para que los denunciantes puedan informar con seguridad. Los organismos públicos también estarán obligados a establecer canales, pero se podrán establecer excepciones para los municipios con menos de 10.000 habitantes o menos de 50 empleados. 

Adicionalmente, se establece que las represalias contra los denunciantes quedarán prohibidas (suspensión, despido, el descenso de categoría, el acoso, la discriminación, las sanciones relacionadas con el trabajo, etc.) y se establecerán sanciones contra quien intente obstaculizar la presentación de denuncias, amenace, intente o tome represalias contra los denunciante o, revele su identidad. Los denunciantes por su parte no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo si han denunciado un incumplimiento de la legislación de conformidad con la Directiva (relacionados con la divulgación de información, violación de protección de datos, derechos de autor, etc.), ni tampoco serán responsables de la obtención de dicha información, siempre que no constituya un delito autónomo. 

Los denunciantes en situación de extrema vulnerabilidad en comparación con las empresas para las que trabajan, se beneficiarán de una “carga inversa de la prueba”, es decir, una vez que se haya establecido que el denunciante informó de conformidad con la Directiva y que sufrió represalias, la carga de la prueba recaerá en la persona que tomó represalias contra el denunciante para demostrar que el perjuicio no fue una consecuencia directa del informe. 

Finalmente, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la reparación y plena indemnización de los daños sufridos por los denunciantes y estarán obligados a garantizar que los denunciantes tengan acceso a asistencia jurídica, así como a información y asesoramiento. 

El texto que votaremos en abril en Estrasburgo supone un avance impresionante en materia de defensa de los denunciantes, y una de las grandes victorias en esta legislatura, que debemos a personas como Falciani, Halet o Deltour sin cuya valentía y coraje este acuerdo no hubiera sido hoy posible en la Unión Europea.

El pasado 17 de septiembre, más de 200 científicos de diversas disciplinas firmaron una carta abierta publicada en varios diarios europeos. En ésta, abogan por una ruptura con el modelo económico centrado en el crecimiento económico y la competitividad, y denuncian la devastación tanto a nivel ambiental (cambio climático, agotamiento de los ecosistemas, extinción de especies, ¡incluida la nuestra!) como a nivel social (explosión de desigualdades, pérdida de identidad...). Este texto firmado por economistas, expertos en derecho laboral, doctores en ciencias ambientales, sociólogos, epidemiólogos, etc. precedió a una conferencia sobre el “post-crecimiento” celebrada en el Parlamento Europeo los dos días siguientes. Este evento, propiciado por los eurodiputados verdes y apoyado por eurodiputados de otros cuatro grupos políticos, tuvo como objetivo abrir la caja negra de los modelos económicos neoclásicos y crecentistas que sustentan la toma de decisiones políticas. 

La conferencia también tenía como objetivo allanar el camino para liberar a Europa de las garras del crecimiento económico. Desde la década de 1970, la caída ha sido escalonada pero constante, y la OCDE anunció en 2014 que el crecimiento de las economías de los países ricos sería de medio punto porcentual anual de aquí a 2050. Sin embargo, si “gobernar es planificar”, como líderes políticos, es nuestro deber anticipar las implicaciones de este declive estructural y extraer las consecuencias para garantizar el interés general. De hecho, hoy en día, el pago de las pensiones y el desempleo, así como el reembolso de las deudas públicas y privadas (que son el doble de las públicas) se basan en el crecimiento. En nombre de la justicia y de la paz social, sería irresponsable no buscar alternativas a este estancamiento que, además, da alas a todos los extremos. 

A este respecto, la conferencia “post-crecimiento”, dirigida a representantes de instituciones europeas y nacionales, ONG, grupos de reflexión y universidades, reveló diversos obstáculos y oportunidades. En primer lugar, está claro que el bagaje cultural del establishment se nutre de la teoría económica neoclásica y del dogma del crecimiento. Esto, junto a la ignorancia de enfoques alternativos y de otras ciencias ambientales, es un obstáculo para la comprensión de nuevos paradigmas que están mucho más adaptados al siglo XXI. De ahí la necesidad de multiplicar los espacios de encuentro entre las diferentes disciplinas científicas y las diferentes corrientes del pensamiento económico. 

Pero para ello necesitamos superar, de una vez por todas, las disputas terminológicas. El vocabulario utilizado por cada actor no debería ser ya un obstáculo. A pesar de que desacuerdos metodológicos y políticos hayan sido claramente identificados, es cierto que existe un deseo compartido de trabajar por el bien común. Dejemos, pues, de desesperarnos por el “crecimiento” o “decrecimiento” del Producto Interior Bruto (PIB) porque, si en algo estamos de acuerdo, es que el PIB no es un indicador del bienestar, ni tiene en cuenta los desarrollos sociales, tecnológicos y ecológicos actuales. Así pues, lo importante es que nuestras leyes y políticas públicas apunten y cumplan un objetivo claro: satisfacer las necesidades de la ciudadanía respetando los límites ecológicos del planeta. 

Un proyecto ante todo democrático 

En vista de estos debates, nosotras/os, los Verdes, compartimos las demandas de los científicos que piden la creación de una “comisión de investigación” en el Parlamento Europeo sobre la situación futura de post-crecimiento. Su objetivo sería evaluar las implicaciones del fin del crecimiento (que pronto dejará de ser tabú) en nuestro modelo económico y social e identificar los cambios organizativos y legislativos que vendrán en consecuencia. En este caso, compartimos la idea de convertir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es la fuente de la consolidación fiscal permanente, en un pacto de Estabilidad y Bienestar. Éste es el espíritu que nos dio alas cuando, en 2011 y 2013, el Pacto fue reformado y endurecido precipitando, así, a los Estados miembros un poco más hacia la austeridad. Desafortunadamente, en ese momento, nuestras enmiendas destinadas a poner en igualdad de condiciones los objetivos presupuestarios por un lado y los objetivos ambientales y sociales por el otro no recibieron el apoyo necesario. 

Ya propusimos, en este marco y posteriormente en diferentes ocasiones (como en la asignación de los cientos de miles de millones de euros recaudados por el fondo “Juncker”), el uso de indicadores alternativos como los que miden las desigualdades o el uso de recursos naturales. También estamos de acuerdo con la propuesta de establecer en cada Estado miembro, también en la Comisión Europea, un Ministerio de la Transición. Sin embargo, debido a que la transición, de naturaleza transversal, afecta a todos los sectores políticos, este Ministerio debería supervisar a todos los demás ministerios. Además, debe ser capaz de realizar los arbitrajes necesarios trabajando siempre por el interés general, también teniendo en cuenta la equidad intergeneracional. 

Finalmente, añadimos una quinta demanda, un requisito previo: una transición socialmente justa que respete los límites del Planeta requiere la emancipación de las estructuras de poder de los grandes grupos de presión industriales y de los tenedores de capital que defienden sus intereses financieros a corto plazo. Y para que esto ocurra, la movilización activa y convencida de la ciudadanía, de los sindicatos, ONG, PYMEs y movimientos sociales es fundamental, pues este proyecto que defendemos es, ante todo, un proyecto democrático.

Parecería, y así lo hemos creído durante meses, que la fuerte movilización ciudadana en Europa, así como la elección de Trump, habían enterrado definitivamente el proyecto del TTIP. Sin embargo, nos empiezan a llegar tímidas pero cada vez más notorias señales de que alguna cosa en este ámbito se está moviendo a un lado y otro del Atlántico.

Sin querer ser alarmistas, deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo en los grupos de trabajo ejecutivos creados por Juncker y Trump a raíz de su reunión del pasado 25 de julio para resolver cuestiones comerciales transatlánticas. La declaración conjunta de esa cumbre indicaba dentro de su vaguedad que todavía no se había decidido nada y que el “Grupo de Trabajo Ejecutivo” no era más que un espacio donde no se iban a tomar decisiones relevantes, sino simplemente ir explorando posibles campos de colaboración futuras.

Sin embargo, hace unos días se celebró una reunión entre la negociadora jefa de la UE, Malmström, y el negociador jefe de Estados Unidos, Lighthizer, a raíz de la cual podemos ver cómo está surgiendo un enfoque común entre la UE y EEUU: la UE podría ofrecer cierta flexibilidad en materia de regulación a cambio de que Estados Unidos retire los aranceles sobre el acero y ponga fin a la progresividad arancelaria.

Por la experiencia que tenemos de la lucha contra el TTIP sabemos qué es lo que pretende Estados Unidos bajo el eufemismo de “eliminar barreras técnicas al comercio” y lo que quiere que la UE cambie en sus regímenes reguladores: la mayoría de las cuestiones señaladas son sumamente importantes, por ejemplo, para nuestra protección ambiental -regulación en el uso de químicos por ejemplo- a lo que ahora se añaden nuevos elementos de los últimos dos años, como la protección de datos. Fue precisamente nuestra profunda preocupación por estas cuestiones, entre otras muchas, lo que alimentó nuestro rechazo a las negociaciones sobre el TTIP.

No cabe duda de que la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Malmström, nos trasladará la idea de que no tenemos que preocuparnos de nada, que lo que eventualmente se negociará será solamente un pequeño acuerdo necesario, quedando pendientes las verdaderas grandes negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estamos seguros de que insistirá de nuevo en que la Comisión Europea respetará todos los límites, y que de llegarse a un acuerdo sería simplemente sobre aranceles industriales, que no toca cuestiones sensibles.

En cambio, la realidad es que debemos estar especialmente atentos a estas posibles pequeñas concesiones reglamentarias por parte de la Comisión. Si un pequeño acuerdo de este tipo nos llega antes del final de año (Lighthizer ha declarado que se ha avanzado mucho y que podría estar listo en noviembre), no debemos dudar en llamarlo TTIP-light, porque la música suena a tratar de hacer realidad de inmediato algunas de las disposiciones que incorporaba el propio TTIP.

Atentos porque quizá en las próximas semanas tocará reactivar la batalla contra el TTIP, aunque ahora sea un acuerdo más restringido. Por nuestra parte, en el Parlamento Europeo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para detectar cualquier negociación regulatoria en este sentido.

La semana pasada nos escandalizamos al ver en el borrador filtrado de las conclusiones del próximo Consejo Europeo, que se celebrará este jueves y viernes, el siguiente párrafo:

Pocos días después, se filtraron también las aportaciones de la Comisión Europea a estas conclusiones, en las que se aceptaba la inclusión de estas plataformas (se cambiaba el nombre de “plataformas de desembarco” por “posibilidades de desembarco”).

Unos días más tarde, tras la mini-cumbre del pasado domingo sobre inmigración, el Presidente Pedro Sánchez hacía las siguientes declaraciones:

No parece aún muy claro qué es lo que va a aprobar el Consejo Europeo este jueves, pero hay dos cosas que sí podemos decir: uno, los gobiernos, si mantienen ese párrafo en las conclusiones, se acercan a las tesis del derechista Canciller austríaco, Sebastian Kurz, que quiere crear campos europeos de refugiados fuera de las fronteras de la UE. Dos, estas “plataforma de desembarco” no existen hoy en España, y serían una novedad. Puede que Pedro Sánchez se estuviera refiriendo a los CETI en Ceuta y Melilla, pero parece claro que no estamos hablamos de esto.

Mi impresión es que no está decidido aún qué tipo de centros se van a crear, pero probablemente la discusión gira alrededor de dos opciones.

La primera, centros de desembarco en territorio UE. Eso significaría replicar de forma masiva los llamados hotspots, creados hace seis años en Grecia e Italia para tramitar solicitudes de asilo. Estos hotspots, creados al inicio de forma bien pensada para organizar los trámites de asilo a la llegada de los refugiados, se han convertido de facto en centros de detención, una especie de CIES de enormes dimensiones para refugiados e inmigrantes. Desde luego si ese es el modelo al que se refería Sánchez, no es un modelo que deba ser aceptado en nuestro país tras su fracaso en Grecia e Italia.

Pero la segunda opción, aún peor si cabe, es el modelo defendido por el canciller austríaco, que supondría que los inmigrantes y refugiados sean devueltos a “zonas seguras” en el sur del Mediterráneo, fuera de la UE, donde serían devueltos incluso tras ser detenidos en las fronteras exteriores de la Unión.

Esta propuesta es claramente ilegal a ojos del derecho europeo e internacional. Devolver a un tercer país a un refugiado sin antes darle la posibilidad de presentar una solicitud de asilo si así lo desea es contrario a la Directiva sobre procedimientos de asilo y la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe explícitamente las expulsiones colectivas. La Corte Europea de DDHH rechazó también recientemente la devolución de refugiados una vez rescatados en el mar. La Corte señaló en 2010, en el caso Medvedyev and others contra Francia que la “naturaleza especial del espacio marítimo no puede justificar un área fuera de la ley donde las personas no están cubiertas por ningún sistema legal capaz de garantizarles los derechos y garantías protegidos por la Convención Europea de DDHH”. Parece claro pues que si las personas rescatadas están en aguas europeas, o son rescatadas por buques europeos, no cabe la devolución automática sin antes dar la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, porque ello incumpliría el artículo 4 del 4º protocolo de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Además de ello, hay que recordar que las leyes de asilo europeas no tienen extraterritorialidad. Si un centro europeo de tramitación de asilo estuviera en un tercer país, ese tercer país y sus leyes serían las que se aplicarían, y para aplicar algún régimen jurídico europeo (¿cuál?) deberían realizarse acuerdos bilaterales con ese país. La única manera de hacer aplicar la Carta Europea de DDHH en esos centros sería a través de un acuerdo parecido al que se establece cuando se crea una base militar en el extranjero: en ese caso la Convención Europea de DDHH si se aplicaría en ese territorio, puesto que hay jurisprudencia clara sobre este tema por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero en ese caso la aplicación de la legislación de la Unión ya no sería tan clara, y además estaríamos replicando un modelo parecido al esperpento de Guantánamo.

Pero además de las cuestiones legales, la propuesta de crear estos centros fuera de la UE tiene una multitud de cuestiones prácticas muy difíciles de resolver: ¿sobre quien recaería la responsabilidad de tramitar las peticiones de asilo en estos centros? ¿Dónde irían si su solicitud es aprobada ante la inexistencia de un sistema de reparto de la acogida establecido en la UE? ¿Quién se haría cargo de los que sean rechazados como merecedores de asilo? ¿Quedarían en el limbo legal de un tercer país?

Además, hay que recordar que hasta ahora ningún país se ha mostrado dispuesto a acoger este tipo de centros. El embajador de Túnez ante la UE lo rechazó inmediatamente.

Además de la ilegalidad, y de las cuestiones prácticas, no hay que olvidar que la externalización de fronteras, sobretodo en Libia, ha tenido un coste enorme en términos de vulneraciones sistemáticas de los DDHH.

Europa no vive una avalancha de llegadas como nos trata de hacer creer Salvini. De hecho, de enero a junio de 2018 las llegadas de refugiados e inmigrantes por el corredor central del Mediterráneo han caído un 77% en relación con 2017. Este tema está siendo usado de forma demagógica con ánimo de alimentar la xenofobia y el racismo.

Por ello es nuestra responsabilidad denunciar que el modelo de plataformas de desembarco fuera de la UE es innecesario, ilegal, vulnerador de los Derechos Humanos y supondría a mi entender la muerte del derecho de asilo tal y como lo hemos estudiado hasta hoy. Pedro Sánchez no puede aceptar esto de ninguna manera. España debe ir a la cumbre con el convencimiento de que la mejor solución es la que ha propuesto el Parlamento Europeo, la reforma del Reglamento de Dublín que regula la acogida de refugiados por parte de los Estados Miembros. Construir un sistema justo, comprometido y escrupulosamente respetuoso con la legalidad internacional debe ser la prioridad del Gobierno en esta cumbre.

Las personas refugiadas siguen llegando a Europa. En los últimos 5 meses, de junio a octubre, han llegado 16.865 personas a las islas griegas, de las cuales aproximadamente un 37% fueron menores y un 22% mujeres. Aunque ya no llenan las primeras páginas de nuestros periódicos, los naufragios de barcazas y las personas ahogadas han continuado. En lo que va de año, según la Organización Internacional de la Migración (OIM), 2.925 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo.

Nos acercamos al invierno, y si no actuamos ahora, volveremos de nuevo a ser testigos de las terribles imágenes de sufrimiento de miles de personas congelándose y muriéndose abandonados en campos de refugiados en Europa en condiciones infrahumanas. Este será el segundo invierno tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE-Turquía con el que se justifica la política de mantener a los refugiados recluidos durante meses en las islas griegas, privándoles de libertad de movimiento por el país, a pesar de que los centros de recepción no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad ni se da acceso a personal médico, escuelas o asistencia legal. 

Como ejemplo, hoy en día aproximadamente 6.500 personas viven en el campo de Moria en la isla de Lesbos, aunque éste solo tenga la capacidad para acoger a unas 2.000. Muchas de ellas viven en tiendas de verano y tienen que dormir en el suelo en colchones muy finos o pequeñas mantas, incluso aquellas personas que padecen graves enfermedades, discapacidades, mujeres embarazadas, niños y niñas y supervivientes de torturas y otros traumas. El año pasado a causa del frío murieron 6 refugiados en este mismo campo. Es ahora cuando debemos actuar. De nada nos sirve lamentarnos de la falta de acción cuando ya es demasiado tarde.

Por eso, la semana pasada durante el pleno del Parlamento Europeo reclamamos un plan de acción urgente de las autoridades griegas con el apoyo de la Comisión Europea para garantizar que los solicitantes de asilo en las islas sean transferidos a viviendas adecuadas en la Grecia continental. Se calcula que por lo menos 6.700 personas deben ser trasladadas de forma inmediata de las islas para que los centros dejen de estar sobrepoblados. Ningún centro debe acoger a más personas de las que tiene capacidad. Debemos poner en marcha un plan inmediato para que cuando estos alcancen su capacidad se traslade las personas restantes de forma automática a alojamientos en el continente donde se les garantice acceso a servicios básicos como la atención médica, incluyendo asistencia mental y psicológica.

También hemos exigido que se establezcan los mecanismos y se dote del personal necesario para que inmediatamente después de la llegada de los refugiados se realicen las evaluaciones de vulnerabilidad. Debemos acabar con la actual escasez de personal, incluido personal médico, abogados, traductores e intérpretes, que hace que sea imposible realizar a tiempo estas evaluaciones.

No podemos olvidar tampoco que uno de los principales problemas de la presente situación es la falta de solidaridad entre países de la UE a la hora de acoger refugiados y el incumplimiento flagrante de los compromisos de reubicación acordados en 2015. A modo de recordatorio, en noviembre de 2017 los estados de la UE sólo han reubicado y reasentado a 31.200 de los 160.000 refugiados acordados, es decir solo el 20% de lo pactado. Además, sigue habiendo países como Polonia y Hungría que aún no han reubicado a ningún refugiado y otros como España que siguen muy lejos de sus objetivos, con solo el cumplimiento del 14% de los 17.337 refugiados que deberían haber llegado ya al país. 

Seguimos por lo tanto exigiendo que se acelere de forma urgente la reubicación de los refugiados elegibles y que se priorice y garantice la reunificación familiar. Los estados deben de dejar de mirar hacia otro lado, es responsabilidad de todos, y no solo de Grecia e Italia, acoger a estas personas en busca de protección internacional.

En el marco de este proceso vale la pena señalar que actualmente está en revisión el reglamento de Dublín, el instrumento legal europeo que establece los criterios que determinan qué Estado es responsable de examinar las solicitudes de asilo. El Parlamento Europeo hace unas semanas votó a favor de una reforma que podría conllevar importantes cambios. La propuesta aprobada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento propone eliminar el criterio del primer país de entrada, un criterio injusto que ha creado una presión desproporcionada sobre unos pocos Estados miembros y que es la raíz del hacinamiento de refugiados en Grecia.

Este cambio de criterio haría más corresponsables a los demás países de la UE y evitaría muchos de los sufrimientos que viven hoy los refugiados obligados a quedarse en centros de acogida sobrepoblados en Grecia e Italia. La propuesta además también incluye un nuevo mecanismo de reasentamiento que ayudaría a asegurar un reparto de responsabilidades más justo y solidario. Estas propuestas importantes del Parlamento Europeo chocarán sin duda con la resistencia de los Gobiernos de los Estados Miembros, a los cuales debemos obligar a moverse para evitar seguir como hasta ahora.

A las puertas de un nuevo invierno, exigimos el fin de la indiferencia, de la vulneración flagrante de los derechos humanos de los solicitantes de asilo y de la falta de solidaridad de muchos de los estados de la UE. Urge solucionar el problema del invierno que está delante de nosotros y urge también cambiar un sistema de recepción de refugiados ineficaz, inhumano e insolidario. Hay que pasar ya de la protesta a un cambio de políticas. Indignarse ya no vale, hay que obligar a nuestros gobernantes a moverse.

Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título “La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central”. Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.

Empecemos por las cifras. El informe señala que en junio de 2017, las llegadas de inmigrantes y refugiados a las costas italianas había sido de 73.000 personas (esa cifra es ya mucho mayor), un 14% más que en 2016. Llevamos desde el inicio del año más de 2000 muertos, lo que ha triplicado la tasa de mortalidad hasta el 2,7% en relación con el año 2015.

De hecho, el Mediterráneo central es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Desde el inicio de 2014 hasta el 1 de junio de 2017, más de 12.000 personas han fallecido o desaparecido.

La Unión Europea ha destinado miles de millones a reforzar el papel de la guardia costera libia sin lograr reducir las salidas, como muestra el aumento de llegadas en Italia en relación con el año anterior. El informe señala como la presión ejercida contra los traficantes por parte de Europa en Libia lo único que ha provocado es que las salidas tengan aún más riesgo. Los traficantes han reaccionado a la nueva situación poniendo más personas en las barcazas que cada vez son de menos calidad, reduciendo el combustible hasta unos niveles que hace imposible alcanzar las costas de Italia y privando a dichas embarcaciones de sistemas de comunicación, lo que sólo les deja dos alternativas: encontrar alguna embarcación por el camino que las rescate o hundirse en el mar.

Esa realidad (salidas que se mantienen y que son ahora más peligrosas) se encuentra además con una voluntad por parte de Europa de limitar la acción de las ONG en su función de salvamento, e incluso con la amenaza de gobiernos como el italiano de no permitir que las embarcaciones rescatadas alcancen sus costas.

Italia acaba de redactar un nuevo “código de conducta” para ONG, que tiene el apoyo de FRONTEX, en el que se pretende, entre otras cosas, impedir a las ONG entrar en aguas territoriales libias para rescatar a personas, prohibirles usar luces para señalizar sus posiciones a embarcaciones en riesgo de naufragar, así como obligarlas a desembarcar ellas mismas en los puertos a las personas rescatadas en lugar de transferirlas a otras embarcaciones oficiales. El Código incluye la prohibición de utilizar los puertos italianos en caso de no suscribirlo.

A nadie se le escapa que si entrara en vigor dicho código, se limitaría enormemente la capacidad de acción de las ONG en el mar, poniendo así más vidas en riesgo. No hay que olvidar que, según datos del mismo informe de Amnistía Internacional, tanto en 2016 como en lo que llevamos de 2017 las ONG han sido las que han operado una mayor cantidad de rescates hasta hoy. De hecho el informe señala que desde la segunda mitad de 2015 hasta hoy, han decaído considerablemente los esfuerzos de rescate de las distintas misiones europeas en la zona, como Tritón de FRONTEX o Sophia de EUNAVFOR. Los esfuerzos están centrados ahora en capacitar a los libios para que hagan ellos el trabajo sucio, desatendiendo la asistencia en el mar.

Sobre este aspecto, la externalización de los rescates al componente libio, es muy relevante otro informe reciente, en este caso de Human Rigths Watch, que lleva por título “EU: Shifting Rescue to Libya Risks Lives”. El documento señala que “las autoridades libias carecen de capacidad, equipamiento y formación para desarrollar rescates, algo que debería garantizarse antes de que asumieran dicha responsabilidad”. El informe detalla como la Unión Europea tiene intención de derivar las operaciones relacionadas con rescates en aguas internacionales a la Guardia Costera libia, y relata episodios en los que ésta, lejos de facilitar rescates y ayudar a las ONG, ha provocado accidentes llegando incluso a disparar contra embarcaciones en apuros. De hecho, los abusos por parte de la Guardia Costera libia han sido recurrentes en los últimos meses.

El resultado de la política europea en Libia por lo tanto es un fracaso manifiesto: ni se han reducido las salidas ni hemos limitado las muertes en el mar. Lo único logrado hasta ahora es un mayor papel de la Guardia Costera libia, cuya ineficacia y abuso en materia de Derechos Humanos está incluso empeorando las cosas. Y, lejos de asumir este fracaso, ahora buscan un chivo expiatorio: las ONG que llevan años haciendo el trabajo que los gobiernos no hacen.

Más oportuno que perseguir a ONG sería que los gobiernos repasaran el apartado tercero del informe de Amnistía Internacional, que recoge distintas recomendaciones que deberían ser seriamente consideradas a la luz del fracaso de sus políticas.

Muy relevantes son aquellas relativas a la cooperación con la Guarda Costera libia. El informe propone que la cooperación europea con la misma sea condicionada a que esta deje de operar fuera del mar territorial libio, que permita que buques civiles, incluyendo los de ONG, puedan operar en su mar territorial; que al no estar capacitadas se abstengan de ejercer la coordinación de operaciones y que transfieran a los rescatados a buques europeos para que éstos sean trasladados a puertos seguros. Finalmente, propone el establecimiento de un mecanismo que permita controlar su actividad en el mar y el cumplimiento de la ley internacional y el respecto de los Derechos Humanos, vistos los episodios vividos en los últimos meses.

El informe también insiste en algo que el pleno del Parlamento Europeo ha pedido ya en más de una ocasión: el drama de los muertos en el Mediterráneo no terminará hasta que una misión pan-europea de salvamento y rescate no sea puesta en marcha junto con el establecimiento de vías seguras y legales para el acceso a Europa, particularmente a través de visados humanitarios para aquella personas en necesidad de protección internacional.

Lo más indignante de todos los muertos de los últimos años en el Mediterráneo ha sido la gran cantidad de alternativas que se han propuesto (trabajadas muchas de ellas desde el rigor y las experiencia de mucha gente que vive este drama a diario). Propuestas sistemáticamente ignoradas por los gobiernos europeos que algún día deberán explicar por qué permitieron todo esto. Ante el fracaso de los gobiernos europeos, lo mínimo exigible es que dejen de criminalizar a aquellos como las ONG que sí hacen el trabajo que rechazan hacer ellos.

Un fantasma recorre Europa: la propia Europa, dirigida por los intereses de la élite financiera neoliberal. Sesenta años después del Tratado de Roma, se ha traicionado el sueño de la Unión que despertó por primera vez en las cárceles fascistas. Europa sigue siendo un continente rico, pero habitado por una población cada vez más pobre. La austeridad, que se ha convertido en el dogma de la Unión desde la crisis de 2007, ha fracasado en todos los ámbitos y ha dado lugar a crecientes desigualdades. Los pobres se han vuelto cada vez más pobres, los pocos ricos se han hecho más ricos, las deudas soberanas no han sido reguladas y el descontento de los ciudadanos por la Unión Europea ha aumentado.

Voto tras voto, ya sea para un referéndum o una elección nacional, el sistema político conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando, y de entre los escombros resurge un populismo reaccionario sin escrúpulos que no ofrece una alternativa genuina, sino simplemente una salida en falso a la rabia justificada de los olvidados y los derrotados.

El Libro Blanco sobre el futuro de Europa que la Comisión Juncker ha preparado es otra decepción. Es un texto que parte de una sola premisa: la necesidad de volver a los valores fundadores de la Unión, tal como habían sido imaginados en el Manifiesto de Ventotene por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi. Sin embargo, no logra aportar ni un diagnóstico sólido ni propuestas novedosas, describiendo un futuro completamente vacío. Los cinco escenarios técnicos que presenta para la evolución de Europa, nos vuelven a atrapar en un simplificado paradigma de más Europa versus menos Europa, confirmando que el papel de la Comisión se ha degradado al nivel más bajo, reducido su papel al de mera secretaría del Consejo y de los Estados miembros.

Como miembros del Caucus Progresista del Parlamento Europeo (que reúne a parlamentarios de la izquierda de distintas familias políticas) abogamos por un único escenario posible y deseable. La Unión Europea no puede desarrollarse solo en el terreno árido de los parámetros económicos, ni simplemente en el de la moneda única, sino a través de un Green New Deal de los pueblos basado en sus valores fundacionales: justicia social, sostenibilidad, libertad de las personas y solidaridad. Esta es la condición sine qua non para garantizar un futuro para la Unión Europea.

Podría parecer una utopía transmitir hoy esta idea de la Europa de los pueblos, pero en realidad es la única perspectiva realista en medio de dos opciones suicidas. Por un lado la propuesta de la Comisión Europea, la preservación del statu quo con pocos ajustes técnicos, que terminará acelerando un proceso de disolución que comenzó con el Brexit. Y por el otro, el retorno nostálgico, peligroso y definitivamente imposible a los nacionalismos del siglo XX, promovidos por populismos reaccionarios.

Por tanto, para revivir el proyecto europeo, las fuerzas progresistas deben tener una visión ambiciosa que vaya más allá de un sistema intergubernamental e implemente un genuino método comunitario. Esto se traduce en una serie de propuestas prácticas que reviertan la Europa hoy en crisis y concebida a partir del dominio cultural del programa neoliberal: inversiones centradas en la creación de empleo, democratización de las instituciones europeas mediante la revisión de los tratados, un marco europeo común para combatir la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero, el paso de las políticas de austeridad a una transición verde y un nuevo gran pacto entre las y los ciudadanos europeos que abogamos por la defensa de los derechos sociales, la educación y los bienes comunes como una visión compartida de desarrollo sostenible.

Frente a la alternativa entre el statu quo y el nacionalismo, nuestro objetivo es, independientemente de las distinciones entre grupos, ecologistas, de izquierda radical y socialistas, poner en marcha un nuevo proyecto de Europa. En la historia secular de las fuerzas progresistas europeas, varias propuestas fueron concebidas como utopías y sin embargo se realizaron. Sucedió cuando esas fuerzas pudieron situar en el centro de su visión las necesidades reales de las y los ciudadanos. Hoy el pueblo europeo no necesita muros ni vallas burocráticas para proteger el establishment, sino una red de valores al servicio del interés colectivo. Sin este compromiso, Europa corre el riesgo de desintegrarse en la próxima crisis inevitable.

Podéis consultar el documento completo sobre nuestras propuestas alternativas para Europa en este enlace.en este enlace

Hace sesenta años, en Roma, seis naciones profundamente heridas por dos guerras mundiales apostaron por huir de la confrontación hacia la armonía que los intereses industriales y comerciales comunes podrían generar. A través de una integración gradual de las sociedades europeas, fue un paso destinado a conformar rápidamente una comunidad política. Aun así, con el tiempo, la realidad mostró que la unión política no podía realizarse automáticamente con la integración económica, sino que requería de la construcción de un verdadero proceso político.

Hoy, aun haciendo frente a la crisis y a pesar de que la austeridad y los retrocesos democráticos han dañado seriamente el proyecto, la Unión Europea permanece como una de las más grandes ambiciones llevadas a cabo por los europeos y europeas. Significa un auténtico aliento de esperanza para todos los que estuvieron y siguen viviendo bajo la opresión de los regímenes autoritarios o en regiones empobrecidas. En un continente de pasado sangriento, el proyecto de integración, con sus altibajos, sigue constituyendo un pilar de paz y cooperación sin precedentes entre sus pueblos.

Hoy, nosotros y nosotras las europeas, podemos generalmente movernos y vivir libremente por toda la Unión Europea; compartimos recursos e ideamos reglas comunes, a través de instituciones comunes, y eso ha contribuido a mejorar considerablemente la vida diaria de 500 millones de personas; hemos dado la bienvenida a las democracias del sur, emancipadas de sus dictadores militares y hemos reunido un continente con el corazón rasgado por el Telón de Acero.

Por desgracia, estos logros no pueden ocultar que estos últimos años, la crisis amenazó muchos progresos sociales, democráticos y económicos y puso al descubierto la inhabilidad de la Unión Europea y sus Estados Miembros para ofrecer soluciones viables y compartidas. La insistencia obstinada en las políticas de austeridad, combinada con la falta de instrumentos y recursos comunes, así como procesos institucionales disfuncionales, dañaron progresivamente la cohesión y la promesa de solidaridad y prosperidad compartida, incrementaron la desigualdad y el desempleo, y generaron una deuda insostenible en muchos países como es el caso de España. Incluso la libre circulación de personas se está viendo ahora amenazada.

Políticamente debilitada, la UE establece por sí misma sus objetivos sociales y culturales sin los medios necesarios para conseguirlos; los derechos fundamentales están abiertamente cuestionados por algunos gobiernos ultraconservadores y de extrema derecha. Y peor, “Europa” es ahora percibida por un creciente número de europeos como una máquina burocrática que pone el bien común al servicio de intereses privados y de una competencia supuestamente intocable, incapaz de abordar adecuadamente los problemas comunes como la migración, la seguridad y la pobreza.

Asimismo, el establecimiento de una dinámica entre acreedores y deudores fruto de una zona euro mal diseñada y que requiere de urgentes reformas, origen de unos rescates que pusieron en grave riesgo los derechos y democracias de los europeos víctimas de las políticas de la Troika, es un capítulo que el proyecto europeo debe urgentemente dejar atrás.

Los retos de este siglo son globales: el clima, las migraciones, las tensiones y guerras, la tecnología digital, la evasión fiscal, la industria, la preservación de recursos, la contaminación, la biodiversidad, la agricultura, la corrupción y el crimen organizado no respetan las fronteras nacionales. Sí, la Unión Europea no es perfecta. Al igual que no lo es ningún Estado Miembro. Pero sigue siendo sin embargo nuestra mejor herramienta para defender la paz, la solidaridad y las conquistas sociales de la post-guerra y proyectarnos en el futuro.

La construcción de una Europa justa y democrática es nuestra elección. Nuestro deber es defenderla del repliegue nacionalista y de la extrema derecha. Nuestra voluntad es reafirmar su vigencia como hogar común y abierto. Nuestro objetivo es transformarla en estandarte único de tolerancia, integración, sostenibilidad y justicia social.

La mayor riqueza de Europa no yace en su poder económico, sino en el trabajo y valor de sus mujeres y hombres. Vive cada día a través de sus ciudadanos, trabajadores, estudiantes, emprendedores. Es para todos y cada uno de ellos que el proyecto europeo debe proveer razones para ser defendido.

La Unión Europea debe ser nuestro marco común capaz de agrandar el alcance de los derechos y libertades. Llevemos a cabo la transición ecológica contra las amenazas del cambio climático y la escasez de recursos, protegiendo el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos y la salud de cada uno de nosotros y nosotras. Invirtamos en la juventud, en educación, en nuevas actividades económicas y empleos de calidad, saliendo de la dependencia de las energías sucias y contaminantes. Peleemos por un presupuesto europeo real para construir solidaridad, redefinir el bienestar y luchar contra la exclusión y la pobreza. Ayudemos a la gente que huye de la guerra y la miseria, y llegan a nuestras costas. Recuperemos la ambición en la lucha contra la corrupción, el mal gobierno y la debilidad de la ley, así como buscando la cooperación frente a la competencia y desregulación.

Significa un nuevo ímpetu para una “Europa aún más unida”, resonando las esperanzas de hace 60 años. La UE debe ser transformada para convertirse en una efectiva democracia multinivel, liberada de la regla de la unanimidad y de los vetos mutuos. La sucesión de tratados intergubernamentales y sus enmiendas no será suficiente. ¿Por qué no apostar por un verdadero proceso constituyente europeo que organice la separación de poderes, consolide las libertades y derechos fundamentales, deje atrás los inefables años de la Troika y establezca los objetivos de la Unión dentro y fuera de sus fronteras?

Los Verdes europeos nos comprometemos a ser parte activa en una gran alianza entre los actores del cambio, los movimientos sociales y las fuerzas demócratas y progresistas para liderar un contrato social renovado para una mayor democracia en la UE. Para nosotros es un proyecto y horizonte compartido y debe convertirse en una herramienta indispensable para construir una sociedad justa y ecológica.

Sesenta años después, no es el momento de conmemoraciones, mucho menos de nostalgias. Es, más que nunca, el momento de dejar atrás los años oscuros de la austeridad y los retrocesos democráticos y escribir juntos un nuevo capítulo para nuestra historia común, más cohesionada y más sostenible.

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Ska Keller, copresidenta de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo

Philippe Lamberts, copresidente de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo

Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en Los Verdes/ALE

Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV en Los Verdes/ALE

Europa sigue solo a medio camino de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y los últimos años, ha dado incluso pasos atrás. Si seguimos al ritmo actual se calcula que aún deberemos esperar como mínimo 70 años más para conseguir la igualdad salarial, 50 años antes que el trabajo de doméstico y de cuidado sea repartido a partes iguales entre hombres y mujeres y más de 20 años para conseguir una representación paritaria en la política. ¿De verdad debemos esperar más de una o dos generaciones para alcanzar estas metas?

Como miembros de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de género del Parlamento Europeo hemos tenido la oportunidad este año de redactar el informe anual que valora la situación de la igualdad de género en la UE, aprobado este martes en el pleno del Parlamento Europeo.

La conclusión es clara: los progresos en igualdad de género son muy lentos. Según el índice de igualdad de género 2015 del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés) la Unión sigue estando solo al 52,9% de conseguir la igualdad, y durante los últimos 10 años solo ha aumentado en 1,6 puntos.

El poco avance en la materia demuestra como en los últimos años el estatus y el perfil de la igualdad de género ha perdido importancia siendo marginada como objetivo político, a menudo degradada en las instituciones, dividida en diferentes áreas y diluida bajo mandatos muy generales, sin el personal ni recursos necesarios y sobre todo con una falta de apoyo por parte de los líderes políticos.

En la UE este freno se demuestra con el hecho que hoy en día todas las propuestas de directivas para avanzar hacia la Igualdad de género están bloqueadas en el Consejo o en la Comisión Europea, ya sea la propuesta de una directiva para cuotas en los consejos de administración de las grandes empresas, la directiva horizontal contra la discriminación o las propuestas de directivas para una mejor conciliación de la vida laboral y personal.

A esta situación debemos añadir que en los últimos años en algunos estados miembros han surgido movimientos políticos en contra de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que ponen en duda las políticas de igualdad de género y que cuestionan los avances conseguidos en derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y quieren reintroducir el papel tradicional de la mujer. Trump no es el único ejemplo, en la UE en países como Polonia algunos de estos movimientos se han llegado a organizar para presentar una propuesta de ley para la prohibición total del aborto.

El empeoramiento es también fruto de la política de austeridad. Las mujeres han sido las más afectadas por los recortes presupuestarios en los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las prestaciones sociales contribuyendo a la persistencia de la feminización de la pobreza y a la reprivatización de estos servicios que retornan la responsabilidad del cuidado a los hogares, generalmente a las mujeres.

A pesar que en 2015 97,8 millones de mujeres en Europa tenían trabajo, 3,5 millones más que en 2010, de estos nuevos empleos 1,7 millones son a tiempo parcial. En la UE solo el 44,1% de las mujeres trabajan a tiempo completo frente el 68,8% de los hombres, con las consecuencias que esto conlleva a nivel de salario, pensiones y cobertura por desempleo.

La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 16,1% y si miramos a nivel de ingresos agregados en la UE las mujeres tienen un 41% menos de ingresos que los hombres y se calcula que 50% de las familias con una sola persona a cargo, generalmente mujeres, están en riesgo de pobreza. La brecha de las pensiones está en un alarmante 40% y en la mitad de los países de la UE esta brecha de pensiones ha aumentado.

Sigue chocando que las mujeres solo representen el 27% de los Parlamentos de los Estados Miembros y que en 2015 solo dos países, Suecia y Francia, hubieran alcanzado la paridad en sus gobiernos y que en Hungría y Eslovaquia no hubiera ninguna mujer dentro del gobierno. En el sector privado solo el 6,5 % de los puestos de dirección de las empresas que cotizan en bolsa en la UE son mujeres.

Finalmente, la lacra de la violencia machista persiste en la UE donde la mitad de las mujeres víctimas de asesinato lo han sido a manos de su pareja, allegado o familiar, el 33 % de las mujeres en la UE declaran haber sufrido violencia física o sexual y un 55 % haber sido acosadas sexualmente. Una de las tendencias que se siguen observando es la falta de denuncia y condena por parte de instituciones públicas y privadas y la tendencia de seguir culpabilizado las víctimas de estas agresiones y crímenes que demuestra la prevalencia del patriarcado y machismo, aún muy presente en nuestras sociedades.

Pero estos datos no deben dejar lugar al pesimismo. Al contrario, deben servir de señal de alarma para que tomemos conciencia de la situación y nos movilicemos para retomar una agenda ambiciosa de igualdad. Hemos visto a las mujeres en las calles de Polonia contra la prohibición del aborto, en Argentina las manifestaciones contra la violencia de género que paralizaron el país entero, la gran marcha de mujeres en Estados Unidos que se movilizaron rápidamente contra las políticas de Trump y el éxito del paro de mujeres internacional del pasado 8 de marzo.

Hace falta mucha más presión ciudadana y mayor atención por parte de los movimientos y partidos progresistas para exigir a los Estados Miembros y a la UE que vuelvan a tener una agenda ambiciosa en materia de igualdad. Desbloqueen las directivas, corrijan la austeridad origen de nuevas desigualdades, combatan la violencia contra las mujeres como una auténtica emergencia de estado.

Los datos no dan margen. Seguimos teniendo muchas razones para seguir luchando, para seguir siendo feministas y para reclamar que la UE adopte una posición firme para hacer de la igualdad de género y la no discriminación una prioridad.