Las feministas hemos caído en una trampa de la que es preciso salir. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se está pudriendo en una cárcel de alta seguridad británica desde abril de 2019, pero su destino puede empeorar sustancialmente. Estos días está celebrándose el juicio para su extradición a EEUU, donde se enfrentaría a 175 años de prisión por “revelación de secretos”. Según los informes médicos, su salud está muy deteriorada y su vida corre peligro si no recibe asistencia ahora, mucho más con el trato que le esperaría en EEUU.

El “delito” de Assange ha sido informarnos de los desmanes del gobierno americano. Esta es, hasta ahora, una práctica periodística protegida por el derecho internacional. Por esa razón, el caso Assange es el de la libertad de prensa. Después de 10 años de manipulación y posterior silencio por parte de los principales medios de comunicación, el relator especial de la ONU para casos de tortura, dictamina: “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

En esta entrevista le preguntan al relator de la ONU por qué no asumió antes este caso. Él contesta explicando cómo, en el momento en el que Assange estaba en la cima de la popularidad por haber destapado tantos casos de corrupción, se emprendió una estrategia de desprestigio que consiguió desviar el foco hacia su persona. Y declara: “Yo también perdí mi enfoque, a pesar de mi experiencia profesional, que debería haberme hecho estar más alerta”. A muchas feministas también nos hicieron perder el enfoque, y creo que este es el lado más perverso del caso.

La estrategia de EEUU (documentada por el relator) fue la de “inundar a Assange con todo tipo de casos criminales durante los próximos 25 añoscon todo tipo de casos criminales durante los próximos 25 años”. Y lo único que encontraron, lo único de lo que estuvo “acusado” Assange durante mucho tiempo, fue de violación a dos mujeres; o eso es lo que nos hicieron creer.

En efecto, hoy sabemos que ni las mujeres afectadas ni las autoridades suecas formularon nunca una acusación formal. La policía sueca abrió una investigación el 20 de agosto de 2010 y la cerró unos días después, para luego volver a abrirla y llamar a declarar a Assange (siempre sin haber formulado cargos contra él). Finalmente, ante las preguntas formales del relator de la ONU en 2019, Suecia dio por cerrado el caso sin más explicaciones y sin contestar a las preguntas.

Pero para entonces Assange ya estaba en una prisión de alta seguridad, supuestamente por haber violado la libertad condicional en Reino Unido, un país en el que nadie antes había sido metido en prisión por ese delito. Y entonces, conseguido su desprestigio y el silencio de los medios, es cuando EEUU formuló la demanda de extradición.

En la detallada explicación del relator de la ONU queda claro que la policía sueca no encontró indicios de delito de agresión sexual en las declaraciones de las dos mujeres (S.W. y A.A.) y que ellas ni siquiera le acusaron de tal cosa. Estas dos mujeres se habían presentado en comisaría el 20 de agosto de 2010. S.W. estaba preocupada porque no habían usado condón y quería saber si se podía obligar a Assange a hacerse la prueba del VIH. A.A. fue en principio a acompañar a S.W., aunque también había tenido sexo con él, y ese día no declaró ni presentó ninguna queja.

Según el relator, “cuando se informó a S.W. de que Assange sería arrestado bajo sospecha de violación. S.W. se sorprendió y se negó a continuar con el interrogatorio”. Posteriormente modificaron la declaración de S.W., pero ella nunca firmó esa nueva versión.

Suecia, el Estado que más lejos ha llegado en la persecución de la violencia sexual, gozaba de nuestra confianza. Además, Claes Borgstrom, el antiguo defensor del pueblo para asuntos de igualdad de género, fue nombrado representante de estas mujeres. Por primera vez se estaban discutiendo públicamente asuntos que las feministas reclamamos, como una sexualidad igualitaria en la que ambas partes no solo muestren su consentimiento sino su deseo; un sexo en el que los hombres se sientan igualmente responsables que las mujeres de practicar sexo seguro y de la contracepción.

Muchas caímos en la trampa a pesar de que nuestra experiencia podría habernos hecho sospechar. Ciertamente era muy raro (estadísticamente hablando) que un hombre estuviera refugiado en una embajada sólo por no ir a declarar a Suecia en un asunto así. Había muchas preguntas: ¿Por qué Suecia no le aseguraba que si iba a declarar no sería extraditado a EEUU? ¿Por qué se negaba a interrogarlo en la embajada de Ecuador en Londres, físicamente o por videoconferencia? ¿Por qué en este caso se aplicaban criterios y se tomaban medidas que nunca antes ni después se han visto ni de lejos en ningún delito sexual de características similares, ni siquiera en Suecia?

También podríamos habernos preguntado, si lo hubiéramos sabido, por qué Suecia no formulaba cargos contra Assange, mientras que filtraba a la prensa unas declaraciones manipuladas y nunca firmadas por la víctima. Pero estos y otros detalles se nos ocultaban.

Podríamos haber sospechado que ese interés en defender a las mujeres era instrumental, porque además no era la primera vez, ni será la última. La invasión de Afganistán en 2001 se nos vendió por EEUU para “ayudar a las niñas a ir a la escuela y liberar a las mujeres sometidas al yugo talibán”. Las consecuencias de esa y de toda la historia de intervención americana en Afganistán están hoy bien documentadas.

El comportamiento criminal de Suecia en el caso Assange no invalida en absoluto el modelo social sueco, ni contradice el hecho de que este país es pionero en igualdad de género. Sí, Suecia es el país en el que las mujeres tienen mayor independencia económica, mayores derechos, mayor bienestar. Pero las cloacas existen en todas partes y el brazo de los intereses americanos es muy largo.

Este montaje utilizando al feminismo ha sido un ingrediente fundamental en la caída de Assange. ¿Cómo pudimos fiarnos de Suecia? Tendemos a juzgar globalmente a las personas, a los estados, a clasificar entre buenos o malos, a salvar o a condenar. Este caso podría ayudarnos a cambiar de actitud, a realizar en cada caso un análisis concreto de la situación concreta .

En resumen, no se trata de condenar globalmente a Suecia ni de culparnos a nosotras. Pero sí creo que, precisamente como feministas, es nuestro deber impedir la extradición de Assange a EEUU y exigir su liberación antes de que sea demasiado tarde.

Llega otro 25 de Noviembre, y otra vez saldremos a las calles a clamar contra la violencia machista en todas sus facetas.

La violencia sí tiene género. Según Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia machista. De hecho, yo no conozco a ninguna que no la haya sufrido. No hay estadísticas de perpetradores, curiosamente, pero hay un experimento muy fácil que muestra lo siguiente: si caminamos por una calle oscura y oímos pasos que se aproximan, prácticamente todas las mujeres tenemos miedo. Si miramos hacia atrás y vemos que quien se aproxima es otra mujer, ya ninguna tiene miedo. Conclusión: la mitad de la población (hombres) da miedo a la otra mitad.

También es un hecho la generalizada indiferencia de los hombres ante esta terrorífica realidad. Las movilizaciones siguen siendo convocadas y protagonizadas por mujeres. La inmensa mayoría de ellos, a lo más, son “solidarios”, aunque no se nota mucho en la práctica. Los partidos y sindicatos, disfrazando la inhibición de respeto, suelen dejar estos temas a “las compañeras de igualdad”, que por supuesto no tienen poder para decidir la postura o las acciones del conjunto de sus organizaciones.

Algunos líderes se escudan en las divergencias entre las mujeres para no tomar partido, o para tomarlo del lado de la violencia. Es el caso del sistema prostitucional, una forma extrema de violencia machista que se intenta blanquear. Dicen: “¡Que se pongan de acuerdo las feministas y entonces acataremos el resultado!” Menuda falacia.

¿Qué hacen los gobiernos? La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 fue pionera, pero claramente insuficiente. 14 años después, el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, y para ello necesitó nada menos que 11 meses, 43 sesiones y 66 comparecencias. Mucho trabajo para tan superficiales resultados, como analizo aquí. Y encima no se cumple.

Porque el Pacto de Estado no alude a las causas de la violencia, contribuyendo así a considerarla una “lacra” que pudiera combatirse únicamente a golpe de medidas específicas; garrafal y perniciosa equivocación. Peor aún, el Pacto ignora que muchas víctimas carecen de autonomía económica. Si solamente se tomara en serio este asunto, ni 200 millones de euros ni muchos más darían para poner a salvo a todas esas mujeres.

Las feministas estamos hartas de medidas cosméticas. Por eso, el último manifiesto de Emergencia Feminista advierte que “ya no nos sirven los lazos violeta, ni las fotografías en actos oficiales, ni los discursos vacíos”... y exige un “compromiso inminente, firme y real contra la violencia de género”.

El problema es que, aún siendo urgentes las actuaciones que pedimos en ese manifiesto, no bastarían. Porque para erradicar un fenómeno tan masivo, tan grave y tan virulento, también hay que ir a la raíz. 

Cuando un petrolero está soltando su carga en alta mar, hay que empeñarse a fondo en limpiar las playas. Pero también hay que poner los medios para que el vertido cese. Al petrolero no lo vemos, pero sabemos que está allí, que hay que actuar urgentemente sobre él. A nadie se le ocurriría que esas dos tareas no se pudieran hacer al mismo tiempo y con la misma urgencia, o que de alguna manera pudieran estorbarse una a la otra.

Sabemos ya que el problema de la violencia de género no es una “lacra” sino la consecuencia de un sistema que consiste en que las mujeres estamos para complacer a los hombres. Como gritamos en las manifestaciones, “no es un caso aislado, se llama patriarcado”. Es un sistema naturalizado e invisibilizado, más aún en la actual fase del “patriarcado de consentimiento”, en la que todo lo que nos pasa es “porque lo elegimos”, hasta el extremo de darnos a elegir entre la violación o la muerte.

El capitalismo nos explota a hombres y a mujeres. Pero el patriarcado lo ejercen los hombres que nos violan, nos mercantilizan nos alquilan, nos venden, nos matan... a nosotras. Los hombres son explotados por el capitalismo, pero gozan de un trato de favor, un trato por el que el capitalismo les permite reinar sobre nosotras a cambio de seguir siendo fieles esclavos suyos. Ese trato es un apoyo crucial a este sistema que nos está llevando a la hecatombe.

En el centro de ese trato está la estructura social patriarcal, que se basa en la división sexual del trabajo. Quizás a alguna le parezca que estoy cambiando de tema, incluso que hablar de división sexual del trabajo es relegar la lucha contra la violencia machista. Quizás parezca que ir al petrolero que suelta chapapote en alta mar es relegar la limpieza de las playas, porque no lo vemos.

Nos aterroriza, nos indigna cada caso de violencia machista. Pero hay muchos más, y muchas formas que aún no hemos abordado. ¿Qué haremos ante la violación sistemática de las mujeres en los procesos migratorios? ¿O ante la mutilación genital femenina? ¿Cómo dejarán de surgir manadas? ¿Cómo conseguiremos que todas las mujeres puedan abandonar el hogar, si no son económicamente independientes?

Hagamos un trato entre feministas: clamemos el 25N contra todas las formas de violencia, pidamos leyes específicas contra cada una de ellas, pero el 26 empecemos a trabajar por el cambio de sistema.

Tenemos que imaginarnos una sociedad sin división sexual del trabajo, sin patriarcado. Una sociedad en la que todos y todas seamos personas en pie de igualdad, sin violencia, sin miedo; donde las niñas no aprendan a ser sumisas ni los niños aprendan a dominar; donde todas las personas cooperamos solidariamente para el bien común, la satisfacción de las necesidades humanas y de los animales no humanos dentro de los límites del planeta.

Tenemos que imaginarlo y tenemos que asumir de una vez que un problema estructural se arregla con medidas de cambio estructural. Este es el gran asunto que tiene que abordar la actual ola feminista.

En la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles (PPIINA) llevamos 15 años luchando por una de esas medidas de cambio estructural: los permisos igualitarios, diseñados de tal forma que se los tomen igual los hombres que las mujeres. Si los hombres cuidan tanto como las mujeres, y se ausentan de sus puestos de trabajo en la misma medida, ellos se inician en los cuidados y las mujeres pueden aspirar a la igualdad en el empleo. La división sexual del trabajo quedaría muy tocada.

Hay mucho más que exigir: estabilidad laboral y derechos laborales para todas las personas; un sistema de atención a la dependencia público, suficiente y de calidad; escuelas infantiles públicas de calidad desde el final de los permisos igualitarios, entre otras reivindicaciones.

En la última década, muchos hombres han ido evolucionando desde el negacionismo hasta comprender que las mujeres teníamos razones para quejarnos. Pero muchos ahora piensan que vamos demasiado lejos y votan al fascismo. De hecho, los hombres han votado a Vox más del doble que las mujeres. Se llama contrarreacción patriarcal.

Vox quiere eliminar las medidas contra la violencia machista, y también lleva en su programa ampliar el permiso de maternidad a 6 meses (nada de permiso para los padres). ¿Qué sociedad quiere el fascismo? Ya lo sabemos por experiencia: las mujeres a coser y a cuidar en solitario otra vez. ¿Qué queremos nosotras? ¿Qué quieren los hombres antifascistas? ¿Pensarán que podemos combatir al fascismo sin combatir al patriarcado?

El acuerdo PSOE-Podemos sobre la implantación en tres años de los permisos iguales e intransferibles ha puesto en primer plano del debate social el reparto entre hombres y mujeres de los cuidados infantiles en el hogar.

Por fin, y sin ninguna duda gracias a la enorme movilización feminista, hemos llegado a constatar un hecho elemental: no puede haber igualdad ni en el empleo ni en las familias mientras los hombres sigan siendo ayudantes eventuales en los cuidados cuando sus ocupaciones laborales se lo permitan; mientras las mujeres sigamos siendo etiquetadas como “mano de obra de alto riesgo de ausencias” en comparación con los hombres. Los permisos igualitarios son un instrumento crucial para cambiar este modelo, aunque no el único.

La idea de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles (PPIINA) es muy simple: un permiso de 16 semanas intransferible y pagado al 100% para cada persona progenitora, independientemente de su sexo y de su tipo de familia. Este permiso único se compone de un permiso parental inicial de 2 semanas a partir del nacimiento más un permiso adicional de 14 semanas a disfrutar durante el primer año cuando cada persona decida.

Con este diseño, cada persona podría quedarse al cargo de su bebé durante 3 meses y medio, y así las familias biparentales podrían cubrir un periodo suficiente para enlazar con la educación infantil (que naturalmente debe hacerse universal, de calidad y gratuita). Las madres podrían volver a sus puestos de trabajo (actualmente solo lo hace el 55% de las madres españolas, según la OIT).

La experiencia demuestra que esto funciona, que los hombres que se quedan solos al cargo de sus bebés se inician en los cuidados, construyen el vínculo afectivo con ellos y se muestran satisfechos a posteriori, por más que a priori hubieran tenido miedo y resistencias. Tanto las criaturas como las madres y los padres se beneficiarían de una familia más igualitaria, con menor riesgo de pobreza y de violencia.

El asunto iba bien. De hecho, la Proposición de Ley con la reforma de la PPIINA, presentada por UP-ECP-EM, está en tramitación desde el pasado junio por votación unánime del Congreso de los Diputados. Pero ahora resulta que, sin ni siquiera mencionar dicha PL, PSOE y Podemos han acordado que el diseño de los permisos se negocie en las mesas del llamado “Diálogo Social”, que son reuniones entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos (y que, por supuesto, no se retransmiten en directo).

Esta noticia es alarmante, en primer lugar porque un acuerdo entre dos partidos no es ni mucho menos una reforma legislativa. Con una Proposición de Ley en tramitación, cuyo periodo de enmiendas se sigue prolongando semana a semana sin que entendamos la razón, ¿a qué viene este quiebro de desviar el tema al “Diálogo Social”? ¿por qué no terminar de tramitar esa reforma de los permisos, dejando el diseño y el calendario de implantación fijados por Ley?

Ya que se trata de un derecho democrático fundamental, ¿no es el Parlamento el órgano democrático que hemos elegido, a quien pagamos y a quien podemos exigir explicaciones y responsabilidades? Las mesas de diálogo social, ¿qué legitimidad tienen para imponernos sus reglas? Está bien que estos dos partidos hayan expresado su voluntad de impulsar los permisos igualitarios, pero hacerlo es otra cosa, y bien fácil: ¡aprueben la reforma en el Parlamento y sin trampas!

En segundo lugar, uno de los “pequeños detalles” que no nos han aclarado, ni siquiera en cuanto a las 8 semanas que proponen para 2019, es si se permitirá a los padres turnarse con la madre o, por el contrario, se les obligará a tomarse gran parte del permiso al mismo tiempo que ella, como pasa ahora con todo el permiso de paternidad de 5 semanas (salvo, a lo sumo, una semana previa autorización de la empresa, no a decisión del trabajador). Y eso, junto a no sabemos qué otras cosas, proponen dirimirlo en el  “Diálogo Social”.

Pero, un momento: ¿qué sentido tiene preguntarle a las empresas, individual o colectivamente, si un padre puede organizarse con una madre para cuidar a su bebé? ¿Qué sentido tiene no permitir a las familias alargar el tiempo de cuidado en casa, con lo que eso supondría de ineficiencia en el uso del dinero público?

La cuestión es que El PSOE propone que las primeras 6 semanas sean obligatorias a partir del nacimiento, y por tanto simultáneas. Su argumento es la protección de la madre que acaba de dar a luz. Pero, ¿y si una madre prefiere que el padre se guarde 4 de esas 6 semanas para poder volver a su trabajo antes? ¿Por qué no permitirles que se organicen como les convenga en lugar de obligarles a estar juntos?

El concepto de “protección de la madre” es al menos dudoso porque, si se les obliga a simultanear el permiso, ¿quién protegerá a la madre cuando ese permiso se termine? ¿No es la mayor de las desprotecciones que ella se vea consolidada como cuidadora principal y presionada a prolongar con una excedencia que la dejará sin ingresos y la condenará a la precariedad posteriormente?

Es curioso: en los países en los que más se invoca el argumento de “protección de la maternidad”, como sucedía en España hasta hace varios años, el padre no tiene ni siquiera dos semanas de permiso para cubrir el periodo de recuperación del parto. Pero, una vez que se concede permiso al padre, ese argumento de “protección de maternidad” muta para devenir en una supuesta necesidad ineludible de que el padre esté junto a la madre (“protegiéndola”) todo el tiempo de su permiso. En resumen, la presión patriarcal va en la línea de que el padre no tenga permiso y, cuando no hay más remedio que lo tenga, que ese permiso coincida necesariamente con el de la madre.

De hecho, España no es el primer país en el que se ha dado esta resistencia a que los hombres se queden solos a cargo de sus bebés durante el primer año. Cada vez que se alarga el permiso de paternidad surgen cláusulas imaginativas como por ejemplo que puedan tomárselo durante hasta 12 años (Suecia), que solo puedan tomárselo durante los meses que abarca el de la madre (Portugal), etc.

Solo cabe imaginar dos posibles “razones” para obligar al padre a coincidir con la madre.  Una es el interés de las empresas. Aunque esto no se esgrime (¡solo faltaría!), no puede escapársenos que, si la madre está en casa, el padre seguirá desempeñando el papel de ayudante de la cuidadora principal. En estas condiciones, ese “ayudante” seguirá disponible para la empresa en mayor o menor medida, lo que no pasaría si él estuviera solo con un bebé menor de un año a su cargo.

La otra razón puede ser la resistencia de muchos hombres a quedarse solos. Esto puede ser por aprensión o desconfianza en poder afrontar la tarea, por comodidad, por miedo a represalias en el empleo, o por una mezcla de todo.

En la PPIINA venimos trabajando y advirtiendo de todas estas trampas porque sabíamos que llegarían a nuestro país en el momento de la verdad, que es este. Tal como ha ocurrido en otros países, esas trampas pueden desvirtuar una reforma pretendidamente igualitaria para convertirse en un paso atrás. El efecto puede ser que las madres sigan como cuidadoras principales, retirándose del empleo durante muchos meses, mientras los hombres sigan siendo los ayudantes amables que no se desvinculan de sus empleos más allá de un par de semanas.

Lo que debemos preguntarnos es si queremos consolidar este modelo o, por el contrario, apostamos por una sociedad igualitaria, sin roles de género, sin división sexual del trabajo, sin patriarcado. Una sociedad más justa y más feliz. ¡Este es el momento, y no podemos dejarlo pasar!

En las elecciones celebradas en septiembre pasado en Suecia, el partido de la extrema derecha subió sustancialmente. Su tema estrella: la amenaza de la inmigración. Por su parte, el líder del Partido Socialdemócrata, Stefan Lofven, señaló que estas elecciones eran un referéndum sobre el estado del bienestar.

En Suecia, los partidos de izquierda defienden el Estado del bienestar como pilar fundamental de un modelo social más equitativo, eficiente y sostenible. Esta ordenación de la sociedad en base al principio “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades” ha funcionado: los países nórdicos son los primeros en competitividad económica, en equidad social y de género, en estado de salud, en cohesión social e incluso en el índice de felicidad elaborado por la ONU.

Los partidos de derecha, en cambio, siempre exigen recortes en prestaciones y servicios públicos, privatizaciones y bajadas de impuestos. Su orientación ultracapitalista (o neoliberal) se basa en dos dogmas: el primero, que el crecimiento económico resolverá los problemas de desempleo y pobreza; mejor cuanto menor sea la intervención pública. El segundo, que cada persona es responsable de atender a sus propios riesgos y necesidades.

En resumen, para la derecha el Estado del bienestar siempre es excesivo. Pero, oh paradoja, esos mismos partidos se erigen en sus defensores cuando esto les sirve para agitar la inmigración como amenaza. En esos momentos se muestran preocupadísimos por el futuro del Estado del bienestar que ellos mismos están arruinando.

Sin embargo, las fronteras sí importan, aunque en un sentido muy diferente. Suecia ha sido víctima del conocido mito del “socialismo en un solo país”. Desde hace mucho tiempo, se ha mirado a sí misma y ha creído que era autosuficiente. Es cierto que su política exterior y de inmigración ha sido más progresista que la de otros países, pero ha cerrado los ojos al hecho de que su Estado de bienestar no podía sobrevivir aisladamente.

Situar el debate en términos de si hay que cerrar las fronteras para proteger el Estado del bienestar es el mayor éxito de la derecha, cuando la única solución, lo verdaderamente urgente, es abrir las fronteras para que el Estado del bienestar se extienda a todo el mundo.

Cuando la población está desmovilizada, apartada de los valores de solidaridad, crece la derecha, se cierran las fronteras, se apoyan regímenes dictatoriales, se acentúa el militarismo y se imponen programas de ajuste estructural que destruyen los incipientes estados del bienestar de los países. Como consecuencia, se estrangula el crecimiento económico de los países en desarrollo, se bloquea la posibilidad de frenar el cambio climático, crecen los conflictos armados y la represión, y aumenta el flujo migratorio. La derecha se beneficia y aprovecha para seguir alimentando este círculo vicioso.

Ahora bien, siendo estos extremos evidentes, se plantean varias preguntas. ¿Cómo es que la sociedad sueca ha perdido la iniciativa, se ha dejado recortar su sistema y ha abandonado al resto del mundo, para su propia desgracia? ¿Y cómo se explica que el éxito del modelo nórdico, aún incompleto, haya sido el secreto mejor guardado en el resto de los países?

Desde el mismísimo momento en el que cristalizaba el pacto social que dio origen al Estado del bienestar, los poderosos ya estaban organizándose para revertir esa singular correlación de fuerzas en su contra. Los lobbies de intereses financieros, aparte de manejar ejércitos y policías, fueron creando los llamados think tanks privados y públicos (incluyendo la OCDE, creada en 1961 “para promover la democracia y la economía de mercado”), invadiendo los organismos internacionales, comprando medios de comunicación, cooptando a exgobernantes para consejos de administración de las multinacionales, etcétera.

Así, la comunidad científica se olvidó de todos los principios de la economía pública vigentes durante las décadas precedentes para volver a los viejos conceptos sin ningún reparo. Dando interesadamente la espalda a la experiencia acumulada, los dogmas neoliberales fueron avalados por los centros de investigación más prestigiosos a nivel mundial y gozaron de la necesaria colaboración de gran parte de los economistas mejor situados.

Golpes de timón

Una teoría muy extendida es la de que los gobiernos no abordan problemas importantes porque perderían votos. Según esta teoría, la población estaría más preocupada por las cuestiones coyunturales que por aquellas que no tienen un efecto inmediato vistoso, como las políticas ecologistas o la inversión en infraestructuras sociales.

Pero la historia demuestra que esto es falso. Los triunfos electorales más espectaculares han sido cosechados por partidos que han dado golpes de timón a favor de la solidaridad, como los laboristas en el Reino Unido en 1945, Olof Palme o Zapatero. Por otro lado, la ciudadanía va por delante de los Gobiernos. Por ejemplo, en el uso de energías renovables o en el cambio a una dieta vegetariana, a pesar de las trabas de los Gobiernos que deberían favorecer estos comportamientos en lugar de dificultarlos. El problema es que el poder ha sabido cooptar a una capa importante de la población. Una minoría está directamente pagada. Otra parte está embotada por la desinformación, el miedo y los cantos de sirena que le prometen mantener el confort contra los de más abajo.

Por ejemplo: ¿es necesario, y posible, universalizar el derecho a la atención a la dependencia, suficiente y de calidad, por parte de los servicios públicos? Una minoría con corbata repite que sería insostenible. Estos y muchos otros creen que no necesitarán la solidaridad y que siempre habrá mujeres a las que recurrir para que les cuiden gratis o por un módico precio.

En Suecia, al contrario que en nuestro país, los temas centrales en las campañas electorales son los relacionados con el Estado del bienestar. Otra espiral perversa: cuanto más débil es el Estado del bienestar de un país, menos se ocupa del tema la comunidad científica, periodística y política. Los hombres progresistas (sobre todo en los países familiaristas) son fans de los temas financieros, por ejemplo, pero están alejados de estos problemas tan determinantes en la vida de la mayoría.

No así las mujeres. En estas elecciones suecas se ha vuelto a evidenciar el llamado gender gap. El partido de extrema derecha ha obtenido el 24% de los votos entre los hombres y el 14% entre las mujeres. La brecha en el caso de los votos a Trump en 2016 fue similar (53% de los hombres y 42% de las mujeres). En todos los países, las encuestas revelan sistemáticamente que las mujeres son mucho más favorables a las políticas sociales. También están más preocupadas por el cambio climático y tienen comportamientos más ecológicos.

Pero el poder es masculino. Así, el capitalismo neoliberal encuentra una excelente muleta en esa capa de hombres que, en lugar de comprender que este sistema es insostenible y de trabajar por la ampliación de derechos a toda la población, se muestran insensibles ante los problemas reales de las personas.

Cuestión de confluencia de intereses: el poder económico está interesado en mantener un sistema patriarcal en el que las mujeres resuelvan los cuidados (de paso se ahorran impuestos) y sirvan de mano de obra barata, mientras los hombres están 100% disponibles para la empresa.

No es casualidad que, precisamente en esta situación de crisis extremas, se alce el movimiento feminista como el único articulado a escala mundial. Esta es la esperanza de la humanidad.

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, activista de la PPIINA y autora de Contra el patriarcado (Katakrak).

[Este artículo ha sido publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Por fin el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir la reforma de los permisos propuesta por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) y recogida en una Proposición de Ley por Unidos Podemos-En Comu-Podem-En Marea. La reforma es una demanda social y aparentemente no tiene detractores. Pero en la tramitación se evidenciará el modelo de sociedad que defiende cada partido, y de la atención pública a esas diferencias depende el resultado.

Tradicionalmente, bajo la asunción de que a nosotras se nos da de maravilla y a ellos se les da fatal, se nos ha adjudicado a las mujeres la tarea de “criar ciudadanos” (Rousseau); y por supuesto la ciudadanía plena a los hombres. Hoy hemos comprendido que, si queremos una sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad, debemos potenciar que los hombres cuiden tanto como las mujeres. Y para ello es crucial un sistema de permisos que se lo permita. No estamos hablando de obligar (cada persona es libre) sino de permitir. Permitir a los hombres ser corresponsables por encima de las presiones sociales, educacionales y empresariales que hoy empujan a las mujeres a ser las principales cuidadoras y a los hombres a ser “ayudantes”.

En nuestro país todos los partidos políticos reconocen de palabra estos principios, y ahí están las ya numerosas votaciones en el Congreso de los Diputados, algunas por unanimidad, en las que se ha admitido el principio propuesto por la PPIINA: los permisos deben ser, para cada persona progenitora, iguales, intransferibles y remunerados al 100% del salario. Hasta el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo al respecto.

La pregunta es: ¿por qué no se ha aprobado aún la Proposición de Ley que la PPIINA tiene escrita desde 2011? ¿Por qué, si ningún partido ha explicado públicamente qué es lo que rechaza de esa PL, hay ahora propuestas en el Congreso nada menos que 3 reformas diferentes del sistema de permisos?

Unidos Podemos-En Comu-Podem-En Marea ha asumido el diseño de la PPIINA, que es muy simple: un permiso, completamente intransferible y pagado al 100%, de 16 semanas para cada persona progenitora: dos a partir del nacimiento (“permiso parental inicial”) y las otras 14 dentro del primer año (“permiso parental para la crianza”).

Ciudadanos sigue proponiendo los permisos transferibles (o “de libre distribución entre progenitores”), que son lo contrario de la “libertad de elección”: las mujeres se ven presionadas a tomárselos y los hombres a no tomárselos. Un truco muy propio del actual “patriarcado de consentimiento”.

El PSOE nunca puso objeciones a la PL de la PPIINA, pero registró calladamente otra que, cambiando unos “pequeños detalles”, cambia el diseño en dos aspectos fundamentales: obliga a que las primeras 6 semanas sean simultaneas y abre la puerta a otro truco que llamaremos “el truco del tiempo parcial”. Esos dos aspectos, que también están presentes en la PL de C's, son dos líneas rojas para la PPIINA. ¿Por qué?

Sobre las semanas del padre que, al tener que ser “ininterrumpidas”, coinciden necesariamente con el permiso de la madre ya tenemos experiencia: es el caso de las 4 actuales de paternidad; y también de las 5 previstas en los PGE 2018, de las 10 intransferibles propuestas por Ciudadanos y de las 6 semanas propuestas por el PSOE a partir del nacimiento. ¿Por qué no permiten a los padres que lo deseen guardarse una parte para sustituir a la madre cuando ella vuelva a su puesto de trabajo? ¿Cómo es posible que los mismos partidos que hablan de libertad de elección sean los que impiden a las personas progenitoras turnarse para cubrir el máximo periodo de cuidado, si así lo deciden?

Por otro lado, el “truco del tiempo parcial” consiste en llamar “permiso a tiempo parcial” a un permiso el doble de largo con la mitad de paga; una modalidad que se toman las mujeres, y no los hombres (por ejemplo en Islandia). En España actualmente el reglamento impide esa opción, pero bastaría con cambiarlo para que muchas mujeres españolas se vieran atrapadas en ese modelo por mor de la falta de alternativas. ¿Por qué el PSOE se ha negado rotundamente a la propuesta de la PPIINA de blindar esa disposición del actual reglamento en la Ley, dejando así la puerta abierta a ese truco?

Los hombres, en cambio, se ven abocados al (genuino) permiso a tiempo parcial en los periodos necesariamente simultáneos. En España no se dan datos de cuántos padres se están tomando a tiempo parcial parte de sus 4 semanas, pero sabemos que son muchos y cada vez más. Es lógico: una vez pasada la emergencia familiar, y ya que no se pueden guardar las semanas restantes para sustituir a la madre cuando ella vuelva a su puesto de trabajo, ¿para qué van a estar los dos todo el tiempo? Así él se incorpora a la empresa, que ya le echaba de menos, y por las tardes “acompaña”, “ayuda” (si no da la casualidad de que ese día se le necesite para una importantísima misión; total, como en casa ya está ella al cuidado…). Este es el modelo: ella a tiempo completo y él simultáneamente a tiempo parcial “ayudando”.

En el cuadro siguiente se muestra el resultado esperado de cada una de las tres Proposiciones de Ley (contando con ese cambio del reglamento sobre el tiempo parcial).

* De acuerdo con la experiencia internacional. Ver explicación en este documento.

Estas trampas, y otras más que pueden colarse en la tramitación de la inminente reforma, vienen favorecidas por una legislación cada vez más engorrosa que resulta extremadamente difícil explicar y comprender, y que para aumentar la confusión está aderezada de disposiciones aparentemente favorecedoras de la igualdad. Por ejemplo, se diseñan los permisos de tal manera que su uso sea desigual, pero luego se echan unas semanitas de propina para quienes los usen igualitariamente. Nunca funciona, pero eso solo lo sabe quien ha estudiado las experiencias internacionales, incluyendo los partidos que diseñan esos “incentivos al uso igualitario”. Mucha gente se engaña.

Lo que nos jugamos es inmenso. Con reformas del mismo estilo, en la mayoría de los países europeos ya las madres están cuidando a tiempo completo (y completamente ausentes de sus puestos de trabajo) más de 10 meses (en gran medida mal pagados). Los padres, en cambio, se ausentan de sus empleos a lo sumo un par de semanas simultáneas con la madre, y no se quedan al cargo de sus bebés en ningún momento durante el primer año. Tal como sucederá en España si no se aprueba la PL de la PPIINA sin trampas.

Este es el modelo de “mujer cuidadora y hombre ayudante” que se pretende asentar. Muchas mujeres seguirán teniendo en el inconsciente esa asunción de que ellos no saben cuidar. Muchos hombres pensarán que no les viene nada mal. Muchas empresas pensarán que así se libran de tener que prescindir de los hombres, y así podrán seguir situándoles en las posiciones de responsabilidad. Los efectos sobre el empleo femenino de un uso tan desigual pueden ser demoledores, más en un país donde ya las mujeres están sometidas a extrema precariedad.

Pero tenemos la oportunidad de dar un gran salto que no ha dado aún ningún país del mundo. Un salto que consiste simplemente en conceder a cada persona sus derechos que ahora se les escamotean: a los hombres el derecho a cuidar en igualdad; a las mujeres el derecho a conservar su empleo y a ser económicamente independientes. A todas las personas el derecho a vivir de acuerdo con nuestros ideales de igualdad y de libertad.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrarnos a las mujeres españolas que está decidido a dar un golpe de timón para romper con la senda de desigualdad que las políticas públicas han transitado hasta ahora.

Un Ministerio de Igualdad no es mala noticia. Sin embargo, ya en 1995 en el Congreso de Pekín de la ONU se explicitó que no basta con organismos de igualdad que lleven a cabo las llamadas “políticas de igualdad”. Estas políticas siempre suponen menos del 1% del total del presupuesto público (el Ministerio de Igualdad en 2009 tuvo 81 millones de euros, el 0,47%). Por tanto, no se trata de que el Ministerio de Igualdad haga lo que pueda desde la marginalidad, sino de cambiar la corriente principal de las políticas públicas (la mainstream; de ahí el término mainstreaming de género).

Por eso, el hecho de que la competencia de Igualdad sea asumida por la Vicepresidencia del Gobierno es una fantástica noticia que posibilitaría ese cambio en todas las políticas si hubiera voluntad de hacerlo. El presidente Rodríguez Zapatero dio un enorme paso adelante (considerando de dónde veníamos). Pero se quedó a las puertas de los cambios estructurales, es decir, de esas reformas que terminarían con la actual estructura familiar y del mercado de trabajo basadas en la dominación y en la discriminación de las mujeres.

¿En qué debería cambiar la corriente principal de las políticas económicas? Es muy sencillo: se trata de restaurar y de ampliar derechos, así como de atender necesidades sociales ahora desatendidas; y todo ello dejando de excluir a las mujeres. Un cambio liberador para las mujeres y beneficioso para toda la sociedad.

Por ejemplo, no se puede hablar de ingresos dignos para todas las personas y, a la vez, mantener un sistema de cuidados basado en ofrecer a las mujeres quedarse sin ingresos propios cada vez que surgen necesidades de cuidados en la familia. Hasta ahora las excedencias, las reducciones de jornada o las paguitas para cuidadoras (Art. 18 de la Ley de Dependencia) se llamaban “derechos de las mujeres”. De las mujeres, sí, porque los hombres no se toman esos supuestos derechos, lo que es perfectamente comprensible: te dejan sin el derecho humano fundamental a un ingreso digno. Y, como consecuencia, te dejan sin una pensión digna. Actualmente el 73% de las mujeres mayores de 65 años se encuentran fuera del sistema de pensiones contributivas (frente a un 29% de los hombres mayores de 65 años). Y la pensión no contributiva (esa que te conceden cuando no tienes ningún otro ingreso personal ni familiar) asciende a 369 euros al mes.

Otro ejemplo: no se puede hablar de derechos laborales para todas las personas mientras haya un colectivo entero (las empleadas de hogar) que no llega a los mínimos derechos que garantiza el Estatuto de los Trabajadores. Pero estas trabajadoras no encontrarán empleos dignos mientras sigan estando empleadas por las familias. Por las familias ricas, hay que añadir: según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, solo en el 14% de los hogares con personas dependientes existe cuidado remunerado. ¿Y el resto? el 80% de las personas mayores con limitaciones funcionales graves son cuidadas de forma principal por las mujeres de su familia. Mujeres en situación de esclavitud, muchas de ellas cuidando 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año; algunas con paguita y otras sin ella. En cualquier caso, ¿quién dijo derecho al descanso diario, semanal, anual? Estos también son derechos humanos que se olvidan cuando se trata de mujeres.

La universalización del derecho a la atención a la dependencia suficiente por los servicios públicos y la educación infantil suficiente, pública y gratuita, desde los 0 años es la única manera de atender las necesidades de las familias y de incluir en el sistema de derechos humanos y laborales a las mujeres que ahora cuidan en condiciones infrahumanas.

Pero no basta con los servicios públicos. Hay que repartir equitativamente el cuidado en casa entre todas las personas, igual que hay que repartir el empleo. Para ello es clave la reforma de los permisos igualitarios que propone la PPIINA. Cuando los hombres se queden al cargo de sus bebés (al cargo, o sea en solitario) durante el mismo tiempo que las mujeres a lo largo del primer año, entenderán lo que es cuidar en igualdad, no ayudar. Y entonces se convertirán en personas de referencia para sus criaturas, y se darán cuenta de lo que se han perdido hasta ahora. Ese es el testimonio de muchos hombres que, por razones diversas, se han encontrado con esa oportunidad. Por otro lado, solo si los hombres se ausentan de sus puestos de trabajo tanto como las mujeres, podrán ellas incorporarse a sus puestos de trabajo en la misma medida que los hombres, dejando de ser para las empresas “mano de obra de alto riesgo”.

Pero tampoco basta con servicios públicos y con reparto del cuidado en casa. Tenemos que revertir las reformas laborales; recuperar la estabilidad en el empleo y extenderla a las mujeres. Para ello, la reducción de la jornada laboral máxima a tiempo completo a 35 horas semanales con cómputo semanal es fundamental. Y también es fundamental eliminar todos los actuales incentivos al empleo a tiempo parcial, tanto por el lado de la oferta (derechos especiales a reducción de jornada por cuidado) como por el lado de la demanda (incentivos a las empresas).

¿De dónde sacar el dinero para cambios tan radicales? En primer lugar, estos cambios no son tan costosos. Aquí algunas estimaciones de los incrementos presupuestarios respecto a la situación actual: 1.200 millones para los permisos igualitarios. Entre 3.000 y 5.000 millones para un sistema de educación infantil desde los 0 años con la calidad de Suecia. Otro tanto para un sistema de atención a la dependencia con la calidad de Suecia. 1.666 millones para la equiparación de las pensiones no contributivas al mínimo de las contributivas.

En segundo lugar, se puede sacar mucho dinero eliminando las partidas que actualmente se gastan en mantener este modelo desigual. Por ejemplo 3.000 millones de euros en la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF, o 2.400 millones de euros en las desgravaciones por cuidados en el entorno familiar a través del IRPF. Y también tendríamos mucho más dinero si no fuera por la pérdida de recaudación que están originando las sucesivas reformas fiscales (4.800 millones cada año solamente por la del IRPF de 2015). Todo esto sin meternos en cifras ajenas a la política social, como lo que no recuperaremos del rescate bancario (60.600 millones de euros según el Banco de España), o los 87.000 millones de euros anuales que nos quitan por la corrupción.

En tercer lugar, no se trata de llegar a la meta el primer año, sino de establecer un calendario, una hoja de ruta. En cuarto lugar, estas partidas son pequeñas comparadas con el aumento de recaudación y los gastos que se eliminarían a largo plazo. Por ejemplo, si las mujeres tuvieran empleos dignos no serían necesarios gran parte de los 28.432 millones de euros que en el Presupuesto de la Seguridad Social de 2017 se destinaron a pensiones no generadas por cotizaciones (de viudedad, complementos por mínimos y pensiones no contributivas).

En resumen, un cambio de orientación urgente que, una vez decidido, puede llevarse a cabo progresivamente según un plan de viabilidad. La sociedad no puede esperar. Y, sobre todo, las mujeres no pararemos hasta conseguirlo.

El día 16 de Octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos Podemos instando al Gobierno a adoptar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta noticia no tiene nada de novedosa; el pasado mes de febrero ya se aprobó, también por unanimidad, una moción similar presentada por el PSOE.

Pero lo peor es que la noticia tiene aún menos de esperanzadora. Claro que en principio no está mal que el Congreso de los Diputados reconozca que las mujeres cobran mucho menos que los hombres y que deberían tomarse medidas contra esta injusticia manifiesta. Sin embargo, reconocer un problema y decir que hay que hacer algo no es garantía de nada. Más aún, según lo que se haga puede terminar bien o mal.

El último ejemplo es el del pacto de Estado contra la Violencia Machista, que terminó mal, como se explica en este artículo. Es más, este resultado tan decepcionante de un proceso que ha tenido esperanzadas a tantas personas puede generar la falsa impresión de que, si después de tanto tiempo y energías no se ha arreglado nada, quizás será verdad que se ha hecho todo lo posible por eliminar “la lacra” de la violencia de género pero, ¡ay! quizás será que no tiene solución. Así, ahora solo quedaría pasar a la siguiente “lacra”, que después de mucho ruido puede terminar igualmente desactivada (que no eliminada).

Esta teoría de las lacras es precisamente la trampa en la que estamos. Porque ahora parece que se avecina todo un proceso contra “la lacra” de la desigualdad salarial. Y para ello se nos presenta como un gran salto adelante esa nueva ley de igualdad salarial que incorpore “medidas de transparencia” para las empresas, pero sin abordar las causas de las diferencias salariales. Tanto PSOE como Unidos Podemos están preparando sendas Proposiciones de Ley al respecto.

La directriz viene de Europa. De hecho, las medidas que ahora el Congreso reclama al Gobierno son las de la Recomendación de la Comisión Europea (CE) de 2014 “sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia”. Leer esa Recomendación es un ejercicio muy recomendable para todas las personas que hayan concebido alguna esperanza en este nuevo proceso que se avecina; la mejor prevención para luego no quedar decepcionadas cuando se convierta también en agua de borrajas.

Resumiendo, la CE “facilita orientaciones” a los Estados miembros y recomienda (que no insta ni obliga) que “apliquen al menos una de las medidas básicas para reforzar la transparencia que se establecen en esta Recomendación”. No se puede decir que, de entrada el objetivo sea muy ambicioso. Pero es que además, al estilo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, algunas de estas medidas ya están legisladas, como mejorar la disponibilidad de datos desagregados por sexos (en España ya tenemos esa obligación desde la Ley de Igualdad). Otras son bastante etéreas, como “animar a los empresarios y a los interlocutores sociales a introducir sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas”.

Otras, las medidas propiamente llamadas “de transparencia”, consisten en recomendar que se realicen auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores, con análisis de la proporción de mujeres y hombres en cada categoría; y que las empresas de más de 50 trabajadores informen de la remuneración media por categoría y por sexo.

Si estas medidas fueran de verdad algo más que balas de fogueo se encontrarían con grandes resistencias, lo que exigiría todo un ejército de inspectores y jueces para obligar a las empresas (repito: si hubiera algo verdaderamente obligatorio). Además, si después de tanto debate y esfuerzos se consiguiera realizar esas auditorías, descubriríamos lo que ya sabemos: los mozos cobran más que las limpiadoras. A nosotras nos parece que no debería ser así porque esos dos son trabajos de igual valor, pero hasta ahora no hay ninguna experiencia de que se haya obligado a una empresa a modificar su estructura salarial en ese sentido; y la Recomendación de la CE no lo propone.

Pero el problema más grave es que concentrarse en las “medidas de transparencia” tendrá el efecto boomerang de esconder la naturaleza del fenómeno y sus verdaderas causas, porque la realidad es que la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor no supone más que una parte pequeñísima de la brecha salarial.

Veamos. La primera componente de esta brecha es la diferencia entre los salarios medios por hora entre hombres y mujeres, que crece con la edad hasta situarse en un 20% a los 30 años, y permanece estable a partir de esa edad. Esto no se debe fundamentalmente a la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor sino a la enorme segregación laboral por sexos, tanto vertical como horizontal: las mujeres evolucionan menos que los hombres hacia categorías laborales mejor pagadas.

Dicho de otra manera: no tiene nada de ilegal pagar más a un director general que a una cajera; y se demuestra que las mujeres tienen más probabilidad de quedarse en cajeras, mientras que los hombres tienen más probabilidad de promocionarse a directores generales. Tampoco tiene nada de ilegal que en una empresa del metal se gane más que en una de la limpieza, y resulta que las mujeres están concentradas en la limpieza.

La segunda componente, que se añade a la diferencia en el salario medio por hora, es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres (el 27% de las asalariadas trabaja a tiempo parcial, frente al 8% de los asalariados). Además, las mujeres tienen más periodos de ausencias (su permiso de maternidad es 4 veces más largo que el de paternidad, y el 95% del total de las excedencias no pagadas son tomadas por mujeres). Todo esto tampoco tiene nada que ver con los trabajos de igual valor.

En resumen, si según la Agencia tributaria el monto total de los salarios percibidos por los hombres es un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres (en las pensiones esta diferencia es de un 47%), la inmensa mayor parte de esa brecha se debe a causas identificables y fáciles de atajar, pero no con esas medidas cosméticas que desvirtúan el problema.

La principal causa, la que nos coloca a todas las mujeres la etiqueta de “menos disponible para el empleo” es que los hombres no asumen su parte del cuidado. Y no lo van a hacer si lo que se les ofrece es asumir el cuidado familiar en las condiciones de esclavitud en las que ahora lo asumen las mujeres. Sin embargo, sí existen medidas efectivas para que todos y todas lo hagamos en igualdad y con condiciones dignas. La primera, la más emblemática, efectiva, barata, popular y fácil de implementar, es la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad (ambos intransferibles y pagados al 100%), tal como propone la PPIINA. ¿Por qué sigue paralizada en el Congreso la Proposición de Ley para esta reforma, si el Pleno ha votado a favor por unanimidad ya varias veces?

Además, es necesario proveer los servicios públicos cuyo escandaloso déficit están supliendo las mujeres con trabajo no pagado. Según el INE, solamente el 16,4% de los hogares españoles con alguna persona dependiente recibe cuidados a domicilio (el número de plazas de centros de día cubre menos del 3%, y el de plazas residenciales menos del 8%). Solamente el 43% de los menores de 3 años están escolarizados, y los horarios son más que insuficientes. ¿Para cuándo una Ley que establezca el derecho universal a la escolarización a partir de los cero años y un plan para un verdadero sistema de educación infantil de calidad? ¿Para cuándo una reforma de la Ley de Dependencia que establezca el derecho universal a la atención por parte de los servicios públicos, de calidad y suficiente para suplir la falta de autonomía funcional?

Finalmente, es necesario revocar las últimas reformas laborales y acabar con las interminables e inestables jornadas de trabajo (¡malditos cuadrantes semanales!), que hacen el empleo incompatible con la vida. Para ello es crucial la jornada máxima de 35 horas semanales a tiempo completo.

Estas son las principales medidas, aunque no las únicas. Sin ellas, ningún gobierno ni partido puede decir que tiene la voluntad política de erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres

En resumen: una nueva ley contra la igualdad salarial no solamente no arreglaría el problema sino que serviría como coartada para su permanencia. Sería muy triste que todos los partidos contribuyeran unánimemente a este nuevo maquillaje de la desigualdad, sin que ni uno solo denunciara esta nueva operación y opusiera a ella las medidas efectivas para combatirla.

En un reciente artículo, las Comisarias Europeas de Empleo y de Justicia presentan la nueva propuesta de Directiva de La Comisión Europea sobre Conciliación de la vida laboral y familiar. Constatando que hoy en día, “sigue siendo más probable que sean las mujeres las que se queden en casa cuidando de los hijos o de familiares mayores y no los hombres”, las comisarias declaran la necesidad de “mejorar la conciliación” y “asegurarnos de que la carga de las responsabilidades familiares no recaiga de manera desproporcionada en las mujeres”. Loables intenciones, ¿pero en qué se concretan?

La PPIINA explica en este comunicado las trampas que encierra esta nueva propuesta de Directiva europea; trampas que pueden pasar desapercibidas por venir inmersas en una regulación enmarañada que, además, declara como objetivo la igualdad. Por eso, conviene ver el asunto en su conjunto antes de entrar en los detalles que nos dificultan ver el bosque.

La propia CE reconoce, incluso en su propuesta de Directiva, la incontestable evidencia de que los hombres se toman masivamente los permisos cuando son intransferibles y pagados a tasas mayores del 80%, pero en general no se los toman cuando alguna de esas dos condiciones no se cumple. Así que, si la CE quiere conseguir un uso equilibrado de los permisos por parte de hombres y mujeres, basta con que conceda a los padres un derecho que ahora se les escamotea, estableciendo para cada persona progenitora un permiso de igual duración, intransferible y pagado al 100% durante el primer año de vida de su criatura, tal como propone la Plataforma internacional PLENT, y en España la PPIINA.

En lugar de ello, la CE ha mantenido hasta ahora 2 diferentes tipos de permisos: el de maternidad para la recuperación del parto (mínimo 14 semanas) y el parental (en España llamado excedencia) para cuidar (mínimo 4 meses). Y ahora propone añadir un tercero: el nuevo permiso de paternidad (2 semanas). ¿Por qué tanta complicación?

Hasta ahora, el argumento para mantener dos directivas separadas y desconectadas (una para el permiso de maternidad y la otra para los permisos parentales o excedencias) era que el permiso de maternidad es asunto de la DG de Salud, mientras que los permisos parentales (excedencias) son asunto de la DG de Empleo y de los sindicatos. Una ficción insostenible pero muy conveniente para eludir el objetivo de igualdad global en la práctica. Así, cuando se trata del permiso de maternidad solo se puede hablar de la madre, mientras que cuando se habla de permisos parentales se “olvida” que en la realidad estos son una prolongación del de maternidad. Así, la madre pasa de la DG de salud a la DG de empleo a las 14, 16 o 24 semanas según los países, aunque lo que ella note en su cuerpo no sea eso sino que disminuye o cesa su remuneración y que el padre no la sustituye. Estos detalles, y que las empresas toman nota de que las mujeres se ausentan más, no parecen concernir a ninguna DG de la CE.

El permiso de paternidad que la CE propone ahora será solamente de 2 semanas y solo estará pagado al nivel de la baja por enfermedad (75% en España). Un avance en comparación con nada, podríamos decir. ¿Pero por qué comparar con la nada en lugar de con el uso equilibrado de los permisos? 2 semanas están por debajo del permiso de paternidad existente ya en la mayoría de los países, y son la séptima parte del mínimo de 14 semanas establecido para el permiso de maternidad. Además, pagarlo a menos del 80% ni siquiera asegura que se lo tomen la mayoría de los padres. ¿Por qué no un permiso de paternidad de la misma duración que el de maternidad y también pagado al 100%?

El actual permiso de paternidad sirve para “ayudar” mientras la  madre se recupera del parto. Después ella se quedará cuidando en solitario, por mucho que la legislación y la jurisprudencia europeas sigan cerrando los ojos a este hecho elemental. En todo caso, existen evidencias de que la implicación del padre en el cuidado es beneficiosa para la salud de la madre, para su mantenimiento en el empleo y para su salario. Más detalles que la CE parece olvidar.

En un alarde de “igualitarismo parcial”, la CE propone reformar los permisos parentales de 4 meses para que sean iguales, intransferibles y pagados. Bueno, dirán muchas personas, al menos los padres se tomarán esos 4 meses.  Pero desgraciadamente no se los tomarán, porque vienen con trampa: también estarán pagados al nivel de la baja por enfermedad y, lo que es aún más grave, ¡se podrán tomar “al menos hasta los 12 años”! (Art. 5). Otros dos insignificantes detalles a ojos de la CE, claro.

Como colofón, olvidándose ya del objetivo de igualdad, el Artículo 9 de la propuesta de Directiva establece que se favorecerá la “flexibilidad”… también “al menos hasta los 12 años.... mediante (i) reducción de jornada, (ii) horarios flexibles, y (iii) teletrabajo”. ¡Pero si la propia CE reconoce que son las mujeres, y no los hombres, quienes recurren a estas tres “facilidades”! Aún más, en la mismísima explicación del Art. 9 se recuerda que “largos periodos de reducción de jornada pueden conducir (a las mujeres) a acumular menos cotizaciones sociales, viéndose abocadas a pensiones reducidas o inexistentes”.  Qué pena, pero la CE…. ¡adelante y hasta los 12 años por lo menos!

En resumen, podemos afirmar que la “nueva” propuesta de la CE, de aprobarse, aumentaría la presión a las madres para retirarse de sus puestos de trabajo (parcial y totalmente) por cuidar a las criaturas durante largos periodos, mientras que a los hombres les ofrecería la vía de “ayudar” un par de semanas y luego tomarse días sueltos a lo largo de 12 años. Como consecuencia, las mujeres seguiríamos siendo vistas por las empresas como “mano de obra de alto riesgo” a la hora de la contratación estable y de la promoción.

Está muy bien que las dos Comisarias, de Empleo y de Justicia, se hayan juntado para escribir; ahora falta que se junten para poner orden en tanta telaraña legislativa. Como reconoce esta nueva propuesta de Directiva: “una ley única e integral sobre el tema es la mejor opción por razones de transparencia, simplificación, seguridad jurídica y aplicabilidad de los derechos”. La CE recurre ahora a este argumento para derogar la antigua Directiva sobre Permisos Parentales negociada en su día con los sindicatos, lo que antes parecía imposible. Pues bien, ¿qué mejor momento para derogar también la antiquísima Directiva sobre permiso de maternidad y emitir una sola Directiva integral sobe permisos laborales y prestaciones, en caso de nacimiento o adopción, que establezca permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% durante el primer año de vida? Esta es precisamente la propuesta de la PLENT.

Si la madre necesita recuperarse del parto, el padre tendrá que cuidar mientras. Si la madre tiene que reincorporarse a su empleo, el padre tendrá que cubrir el mismo periodo al cargo de la criatura durante sus primeros meses de vida. Si hombres y mujeres tenemos que cobrar igual, los hombres tendrán que ausentarse exactamente durante el mismo tiempo continuado de sus puestos de trabajo. El objetivo es, tal y como reconoce la CE, el uso equilibrado de los permisos. ¡Y claro que se puede!

Con los vientres de alquiler podría parecer que estamos ante una cuestión nueva, de ahí los "hay que abrir el debate", pero se trata ni más ni menos que del viejo dilema sobre la mercantilización del cuerpo

Solo Ciudadanos aboga abiertamente por el derecho a alquilar el útero de una mujer para uso reproductivo, pero en todos los partidos políticos encontramos líderes que nos obsequian con la expresión “hay que abrir el debate”. Así lo ha declarado el reciente Congreso del PP, y muchos medios de comunicación se han lanzado a la tarea a bombo y platillo.

En este debate, la referencia principal parece ser el deseo, convertido en un supuesto derecho, de alquilar cuerpos de mujeres como vasijas para gestar óvulos y/o espermatozoides; y la ausencia principal es el deseo y los derechos de las mujeres objeto de esa operación. La pretensión de los arrendatarios es que se reconozca validez legal a los contratos privados por los que las madres se comprometen a entregar a sus futuros bebés; que se permita la reproducción asistida consecuente; y que los arrendatarios se consideren los padres de los bebés a todos los efectos desde el mismo momento de la firma, incluyendo la futura inscripción a su nombre en el registro civil, e independientemente de la voluntad posterior de la madre. Son muchas cuestiones, relacionadas pero diferentes.  

Junto a la afirmación “¡son nuestros hijos!”, nombre que hábilmente han elegido como nombre de su asociación, aparecen idílicas imágenes de niños. Esconden así el problema de cómo los han adquirido. Si comprar niños no es legítimo, ni por tanto legal. ¿Por qué debería serlo comprarlos en un mercado de futuros?

Esta podría parecer una cuestión nueva, de ahí la impresión de que “hay que abrir el debate”, pero se trata ni más ni menos que del viejo debate sobre la mercantilización del cuerpo. Es sabido que algunas personas con dinero intentan conseguir el uso o la apropiación del cuerpo de otras personas, parcial o totalmente. Por ello, los Estados de Derecho protegen a las posibles víctimas de abusos por encima de los argumentos de la parte interesada y por encima de sus propias declaraciones de voluntariedad o altruismo. El mejor test para saber si lo están haciendo con éxito es la existencia y/o tamaño del mercado correspondiente.

En España no hay negocio en torno a las adopciones simplemente porque la Ley se encarga de hacerlo imposible. En particular, la Ley de Adopción Internacional declara que “se pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños” y atribuye la responsabilidad de los procesos a la Administración Pública. Consulten internet y no encontrarán ofertas.

Tampoco hay un mercado significativo de compra de órganos, médula osea, sangre u otras partes del cuerpo humano. Ahí está para prevenirlo la Organización Nacional de Transplantes y la Ley: “El sistema español de trasplantes está basado en los principios de solidaridad, transparencia, equidad, anonimato y acceso universal” (así la Fundación Josep Carreras).

En cuanto a la donación de semen y óvulos, la Ley de Reproducción Asistida también se ocupa de evitar abusos, y para ello establece un Registro Nacional de Donantes, impidiendo la identificación y, por tanto, la donación directa entre particulares. En estos casos, no cabe ninguna duda de que la madre es la receptora, o sea la que da a luz.

El Artículo 10 de la Ley 14/2006 de Reproducción Asistida también previene contra la gestación por sustitución (a la que sus defensores llaman eufemísticamente “gestación subrogada”):

“1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.1.

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.2.

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales“.3.

En resumen: la única madre es la gestante, aún cuando ella haya dicho otra cosa. Sin embargo, en este caso sí hay un negocio floreciente de alquiler de úteros que se salta a la torera esa previsión legal tan clara. Las empresas operan en España y en otros países a la luz del día para captar clientes; alquilan úteros de mujeres pobres en países que sí lo permiten; y se presentan de vuelta exigiendo su paternidad por la política de hechos consumados. Todo supuestamente “en interés del menor”.

Algo falla si la Ley actual no alcanza a prevenir esta práctica fraudulenta. ¿Por qué, entonces, no se penaliza al comprador? Y, si la Ley establece que la madre es la mujer gestante, ¿cuál es el argumento para reconocer como progenitores exclusivos a otras personas? ¿No debería negarse esa posibilidad a futuro, con la debida moratoria? Así se impediría, o reduciría al mínimo, este negocio de compra, tráfico y explotación de personas. Sin embargo, en lugar de avanzar en ese sentido, lo que se está intentando es “abrir el debate” para eliminar las escasas protecciones que hoy existen.

Evidentemente que debatir es saludable pero la cuestión es: ¿por qué abrir este debate y no otros igualmente relacionados con la mercantilización del cuerpo? Y, sobre todo, ¿por qué abrirlo sin poner los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico? Aunque se cometen abusos por doquier, no hay duda de que los derechos humanos son la línea roja que ninguna actividad debe traspasar. El problema es que estos criterios, que parecen estar claros en otros casos, no se aplican a los abusos contra los cuerpos de las mujeres.

Es muy curioso que, en países como el nuestro, la falta de rechazo a la mercantilización del cuerpo de las mujeres abarque todo el arco ideológico, afectando incluso a personas que en cuanto a otros fenómenos sí se declaran anti-neoliberales o anti-mercantilización de la vida. Los ingenuos argumentos en torno al alquiler de vientres o a la prostitución, que ignoran todas las evidencias empíricas y todos los principios, tienen su raíz en la insensibilidad colectiva hacia el sufrimiento y hacia los derechos humanos de las mujeres, mayor cuanto más patriarcal es la sociedad.

No es sorprendente que sean los países escandinavos, como Noruega o Suecia, los abanderados contra el alquiler de vientres y contra la compra de servicios sexuales. Debatamos, pues, pero sin perder el norte.

El 22 de febrero, Día por la igualdad salarial, es buen momento para recordar que la brecha salarial entre hombres y mujeres no ha disminuido en Europa durante las últimas décadas; y que en España ha aumentado sustancialmente desde 2010. Mucho después de que las mujeres se incorporaran masivamente al empleo formal, y cuando ya constituyen el 60% de las personas tituladas universitarias en Europa, ya pocas personas sostienen que la reducción de la brecha salarial es solo cuestión de tiempo.

Así, la Comisión Europea declara: “Las tareas de cuidado no están igualmente repartidas; el cuidado de personas dependientes es mayormente realizado por mujeres; las mujeres se toman muchos más permisos parentales; escasean las escuelas infantiles y los servicios de atención a la dependencia”. Y añade: “Estos fenómenos tienen un impacto negativo en el desarrollo laboral, en la promoción y en el salario”. ¡Excelente! Después de décadas promocionando el “derecho” de las mujeres a las reducciones de jornada y a las excedencias, nunca es tarde para llegar a la evidencia.

En cuanto a las soluciones, ha quedado atrás la confianza en que los empleos femeninos podrían protegerse con prohibiciones del despido durante los permisos de maternidad o las reducciones de jornada. Estas medidas no han evitado que el 45% de las madres españolas pierda su puesto de trabajo después del permiso de maternidad. Y, aunque esto es difícil de cuantificar, resulta obvio que estas “protecciones” acrecientan la desventaja comparativa de las mujeres frente a una mano de obra masculina cada vez más disponible. Por otro lado, se comprende que las exiguas subvenciones a la contratación no compensan ese factor, y desde luego no estimulan la promoción.

Hoy ya casi nadie duda de que la inclusión de los hombres en el cuidado, junto con servicios públicos suficientes y horarios laborales razonables, es una condición sine qua non para la igualdad salarial. Parecería, pues, que vamos por el buen camino. Pero no lancemos las campanas al vuelo, porque falla la otra premisa. Tanto la Comisión Europea como los gobiernos y muchas otras instituciones denuncian la desigualdad y reconocen sus causas, pero eso no quiere decir que se propongan eliminarlas.

Tomemos dos ejemplos recientes: el primero es un estudio sobre la brecha salarial de género de FEDEA, y el segundo un artículo sobre los permisos de Antonio Roldán y Claudia Hupkau en Hacienda Pública. Ambos documentos describen certeramente la relación entre la desigualdad laboral y el desigual reparto de los cuidados; y ambos señalan al desequilibrio entre los permisos de padres y madres como un factor crucial. Más aún, ambos destacan correctamente que los hombres no se toman las excedencias ni los permisos cuando son transferibles o “a compartir”, es decir, cuando pueden pasárselos a las mujeres.

Sin embargo, concluyen como si fuera lo lógico: “Por eso, creemos que además de las semanas compartidas debe de haber unas semanas intransferibles específicas para el padre”. ¿Cómo puede ser, si sus análisis les llevan inequívocamente a que esas semanas “compartidas” se las tomarían las mujeres masivamente? ¿No deberían concluir que los permisos deben ser iguales, intransferibles y pagados al 100%, para que hombres y mujeres se tomen el mismo tiempo?

Lo mismo sucede con la Comisión Europea. Sus informes también reconocen inequívocamente que los padres solo se toman generalizadamente los permisos cuando están bien pagados y son intransferibles (si no se los toman, los pierden). Sin embargo, la Comisión prepara una Directiva para conceder 2 semanas a los padres, cuando ya hay una directiva que concede 14 semanas a las madres. ¿Será que no se han dado cuenta de que 2 es exactamente la séptima parte de 14?  

Esta aparente incoherencia solo tiene una explicación: la falta de asunción del objetivo de igualdad. No es que estas fuentes declaren que su objetivo sea la desigualdad, por supuesto. Simplemente ignoran ese salto lógico como si no tuviera importancia. El problema es que tiene graves consecuencias.

En nuestro país estamos a las puertas de una reforma de los permisos. Nuestra situación de partida es ideal, pues al ser aún el permiso total corto (16 semanas de maternidad más 4 de paternidad), podemos llegar a la igualdad por el simple procedimiento de alargar el permiso del padre a 16 semanas, haciendo ambos totalmente intransferibles y pagados al 100%. 16 semanas para cada persona progenitora conjuga el objetivo de igualdad salarial con el derecho del padre y del bebé. Y no cabe duda de que las familias agradecerán aliviadas ese aumento del tiempo para cuidarlo el hogar.

La PPIINA lleva 11 años acumulando evidencias (esas que hoy ya se reconocen ampliamente) sobre el efecto de los distintos diseños de permisos parentales, y argumentando que este (permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%) es el único que conseguirá un uso igualitario. Tenemos los datos, los cálculos económicos y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de trabajar por una sociedad en igualdad.

Tenemos también, desde 2011, traducida nuestra propuesta a una Proposición de Ley. Desde entonces, el Congreso de los Diputados ha votado a favor de ella cuatro veces por unanimidad o amplia mayoría, aunque siempre en forma de Proposiciones “No de Ley”. Tenía que llegar el momento de que algún grupo parlamentario la presentara a tramitación, y el pasado 4 de enero lo hizo el grupo Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. Solo falta que esta Proposición de Ley llegue al Pleno y que sus Señorías vuelvan a votar tan unánimamente como en ocasiones anteriores, pero esta vez con consecuencias prácticas.

Explicitar el objetivo del uso igualitario de los permisos será la vacuna para que el diseño de la PPIINA no sea objeto de enmiendas que pudieran anular ese objetivo, bien introduciendo partes transferibles o con otros detalles que sin duda se intentarán presentar como menores, pero que pueden cambiarlo todo.

Ciudadanos propone 8 semanas intransferibles para cada progenitor/a y 10 semanas transferibles (que llaman engañosamente “de libre disposición dentro de la pareja”). Este diseño, como se deduce del propio análisis de Antonio Roldán, haría que las madres se tomaran 18 semanas y los padres 8. Aún estamos a tiempo de debatir sobre las consecuencias que tendría consolidar a las madres españolas como cuidadoras principales. ¿Es eso lo que quieren? Si no lo es, quizá cambien de postura.

Lo que nos jugamos es mucho: podemos dar un gran paso hacia la igualdad en la familia y en el empleo o, por el contrario, podemos consolidar la desigualdad con apariencia de igualdad, frustrando así esta oportunidad histórica.

Este martes se publicó en el Boletín del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley, registrada por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para la equiparación de los permisos de forma que, en caso de nacimiento o adopción, cada progenitor/a tenga su permiso individual, completamente intransferible, de la misma duración y pagado al 100%.

El permiso de 16 semanas intransferibles para cada persona progenitora se dividiría en dos partes:

– Permiso parental inicial: las dos primeras semanas a partir del nacimiento o la adopción. Si hay dos progenitores/as, ambos/as coincidirían en este periodo especial en el que la madre se está recuperando del parto.

– Permiso parental para la crianza: 14 semanas a disfrutar antes de transcurrido un año. Si hay dos progenitores/as, este permiso les permitiría turnarse para cubrir otras 28 semanas (aparte de las dos iniciales) de cuidado del bebé en casa durante el primer año.

Esta es exactamente la propuesta de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles (PPIINA). Podemos vaticinar con toda certeza que esta reforma, si se aprueba sin enmiendas que la desvirtúen, cambiará profundamente la sociedad y que la satisfacción de la ciudadanía será generalizada.

Sabemos que la inmensa mayoría de los padres que, generalmente abocados por las circunstancias, se quedan un tiempo a cargo de su bebé, desarrollan el vínculo afectivo con él (ese vínculo que antes se consideraba erróneamente reservado a las madres). Aunque antes de hacerlo suelen mostrar prevención e inseguridad, cuando lo hacen se sienten orgullosos y cambian radicalmente su comportamiento posterior hacia el cuidado. Pero estos casos seguirán siendo tan minoritarios como las circunstancias que los producen mientras no cambie la legislación.

La reforma que se propone dará a los padres la posibilidad efectiva de quedarse el mismo tiempo a cargo de su criatura que la madre (16 semanas); los padres la aprovecharán y se operará un vuelco en las relaciones familiares. Los estudios demuestran también que el permiso de los padres repercute en un aumento de la armonía familiar y en una reducción de la violencia hacia los menores. Al no ausentarse más que los hombres, las mujeres dejarán de ser etiquetadas por las empresas como “mano de obra menos disponible”, y con ello se reducirá sustancialmente la brecha salarial de género. Con el mantenimiento de las mujeres en el empleo de calidad, se reducirá el riesgo de pobreza infantil.

Tan claros son estos y otros efectos positivos de esta reforma que el Congreso de los Diputados ya ha votado unánimemente a favor. ¿Qué más se puede pedir? Con estas evidencias y antecedentes sería de esperar que todos los partidos se unieran para aprobar la Proposición de Ley por aclamación. Pero no cantemos victoria. Los peligros acechan dispuestos a convertirse en enmiendas que podrían trastocar el sentido de la reforma y convertirla en perjudicial. He aquí los dos principales.

Uno: introducir una parte transferible (que puede llamarse engañosamente “de libre distribución dentro de la pareja”). Engañosamente porque de libre no tiene nada: esta parte la madre se vería presionada a tomársela, y el padre se vería presionado a no tomársela. Esto es fácil de entender, y por eso es difícil colar esa parte transferible. Pero una vez establecida, en sucesivas reformas podría aumentarse sin escatimar. Este es el caso de Estonia, un país pobre en el que el permiso transferible (“de libre distribución dentro de la pareja”) es de más de un año y está pagado al 100%. Estonia es también el país con mayor brecha salarial de género de la UE.

Quienes defienden los permisos transferibles, como el partido Ciudadanos, suelen recurrir al ejemplo de Suecia, donde efectivamente también hay un largo permiso transferible. Hay que decir, en primer lugar, que Suecia fue el primer país que instauró el permiso transferible en la reforma de 1974, que paradójicamente tenía por objetivo la total individualización e igualdad de los permisos. A última hora y sin debate público, la Comisión que redactaba la Ley coló esa enmienda a sabiendas de que la inmensa mayoría de los padres le pasaría su parte a las madres. Suecia, en cuanto a diseño del sistema de permisos, es un ejemplo de mala práctica contra la que debemos estar ojo avizor.

Pero también hay que decir que, en cuanto a inestabilidad en el empleo y ausencia de servicios públicos de cuidado, España no es Suecia sino más bien Estonia. Mientras que en Suecia las mujeres se mantienen en el empleo estable durante toda la vida a pesar de su largo permiso, en España tal sistema hundiría a las mujeres aún más en la precariedad laboral, aunque eso sea ya difícil de imaginar. Por todo ello, la reforma de Ciudadanos no es “un paso adelante aunque insuficiente”. Sería un catastrófico paso atrás.

Dos: cambiar la estructura del permiso dificultando que el padre se quede al cargo del bebé durante una buena temporada del primer año; por ejemplo alargando el periodo en el que se pueda disfrutar del permiso a varios años; o disminuyendo la duración o el pago del permiso del padre; o incluso no permitiendo que el padre se pueda tomar su permiso fuera del tiempo correspondiente a la madre.

Parece difícil de creer que en la sociedad actual se pongan trabas a que un padre se quede al cargo de su hijo/a, pero esto es lo que ya se ha hecho al colocar la palabra “ininterrumpidamente” en la Ley de ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas que acaba de entrar en vigor. Parece una palabra inocente, pero con ella se impide a los padres tomarse dos semanas para la recuperación del parto y reservarse las otras dos para sustituir a la madre posteriormente.

Puede haber muchas más enmiendas que cambien el sentido y la utilidad de los permisos, como ya se ha hecho en otros países. En el último momento y sin publicidad, una palabra o un dígito pueden cambiarlo todo. Así, a pesar de que los gobiernos y la Comisión Europea reconocen la conveniencia de que los padres se tomen el mismo tiempo de permiso que las madres, en ningún país se ha llegado a instaurar un sistema de permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%.

Es raro que Podemos no haya iniciado aún su campaña de comunicación y debate ciudadano en torno a esta reforma que convertiría a España en el país pionero. Es raro que ni el Gobierno ni los demás partidos hayan expresado aún su acuerdo o su oposición. ¿Es este silencio generalizado un síntoma de que por fin la unanimidad tantas veces manifestada se va a concretar en Ley? ¿O es un presagio de una tramitación “a puerta cerrada” en la que estos peligros se colarían cómodamente?

No nos engañemos, cuando se trata de dar un paso importante para la sociedad, el principal aliado es el pueblo beneficiado, y el enemigo principal es la falta de debate social. Esta reforma la quiere más del 90% de la ciudadanía. ¡Necesitamos luz y taquígrafos/as!

El programa de Salvados del domingo pasado, que se anunciaba como “La carga de ser mujer”, fue una ocasión fallida de abordar con seriedad este tema. En él, el relato de mujeres acerca de las dificultades que se encuentran en el día a día se adereza con algunos datos, de los que se deduce que nos tratan mal las empresas, los medios de comunicación, los libros de texto, etc., etc. Esa simple puesta en común en torno a las preguntas ingenuas de si hay o no machismo, o de si hay o no desigualdad, podría haber sido novedosa hace 40 años, pero a estas alturas es como descubrir el Mediterráneo.

Resulta notoria la ausencia de profesionales feministas que podrían haber aportado una mirada más profunda. Por ejemplo, ¿tienen relación estos fenómenos entre sí y con otros no nombrados, a pesar de su sangrante importancia, como la violencia de género? ¿Son inevitables? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias? Porque no se trata solamente de recordar datos, ya de sobra conocidos, sino de analizar la naturaleza del problema y, como sugería Pierre Bourdieu, responder a la pregunta relevante en todo fenómeno social: ¿Cómo es que esto es así, y no de otra manera?

Pero lo más interesante es que para ilustrar, se supone, la vida de las mujeres en este país, se eligieran precisamente dos casos extremos: uno el de mujer con dos hijos y ama de casa a tiempo completo. El otro el de mujer altísimamente cualificada, cabeza de familia, sin hijos y con marido dependiente.

Según datos de la Agencia Tributaria, en 2014 había menos de 3 millones de mujeres casadas dependientes económicamente de sus esposos y aproximadamente 400.000 mujeres con esposos dependientes. Si comparamos estas cifras con los casi 11 millones de mujeres que había en el mercado de trabajo ese mismo año, podemos afirmar que los casos elegidos por Salvados son francamente minoritarios y no representan, ni de lejos, a la población femenina española. Como señaló en el programa la camarera de piso participante, la mayoría de las mujeres no podrían elegir ninguno de esos estatus, aunque quisieran.

Si quieren o no quieren es una pregunta que se presta a mucha manipulación. El sistema intenta hacer creer a las mujeres que “eligen” su situación a base de repetir ese cliché contrario a toda evidencia material, con el inestimable concurso de los medios de comunicación. Es curioso que todas las participantes en el programa coincidían en que ellas no han sacrificado nada: las profesionales sin hijos declaran que no han sacrificado nada; el ama de casa declara que lo suyo “no debe entenderse como sacrificio”; y la Práctica de puerto vive su renuncia a la maternidad como una elección que le hace feliz. Pero, ¿qué hubiera sucedido si ellas mismas hubieran intentado elegir otra cosa?

Los casos mostrados (ama de casa a tiempo completo y mujer profesional sin hijos) nos ofrecen una visión distorsionada de la sociedad española que no es inocua. Son, aunque ya minoritarios, los únicos para los que siguen estando diseñadas las actuales políticas públicas. Si eres madre y estás casada, lo vivas o no como elección, te verás empujada a renunciar a tu profesión por la ausencia de servicios públicos, el cortísimo permiso de paternidad y la jornada interminable de tu marido, la discriminación en el empleo y los múltiples incentivos como excedencias, tributación conjunta, promesa de pensión de viudedad, etc. Si, por el contrario, no tienes un marido que te mantenga o no quieres renunciar a tu profesión, te las tendrás que arreglar porque tu caso, aunque mayoritario, será invisible. La otra opción que el sistema te ofrece es, por supuesto, no ser madre.

Hace varias décadas aún se cuestionaba el derecho de las mujeres a elegir entre maternidad y vida profesional. Hoy, como ya se ha señalado, situar ahí la discusión conduce a ocultar que las mujeres aún no hemos conquistado el derecho a no tener que elegir entre vida personal y vida profesional; algo que se da por descontado en los hombres. A las mujeres se les niega el derecho fundamental a ser independientes económicamente durante toda su vida, pudiendo a la vez ser madres si así lo desean.

Este problema podría haber sido analizado por Salvados en otra de las ocasiones perdidas para tratar un tema con seriedad: el capítulo sobre conciliación. Este capítulo se centró en contrastar la situación española con la sueca, con importante acento en los permisos de maternidad/paternidad (parentales), pero una vez más bajo un prisma muy particular.

En Suecia, el único caso que se nos muestra es el de un hombre que se ha tomado tanto tiempo de permiso como su mujer. Para analizar el uso de los permisos parentales en ese país, en lugar de recurrir a personas expertas, se pregunta a ese ingeniero cuyo único contacto con el tema parece ser su propia vivencia, y que lógicamente incurre en importantes errores y contradicciones. Por ejemplo, nos dice que en la Universidad el uso de los permisos “es paritario”; o que el llamado “Bono de Paridad” hace que madres y padres se tomen “bajas más o menos iguales” (lo que contrasta con el dato, este cierto, de que los hombres suecos se toman, como media, únicamente el 25% del total de tiempo de permiso).

Es comprensible que este padre tienda a generalizar su propio caso; pero lo es menos que esa impresión se transmita sin filtros, confundiendo así a la audiencia. En Suecia, como en todos los países y en todos los periodos históricos, la inmensa mayoría de lo que se puede transferir de permiso, el padre se lo transfiere a la madre. No hay bonos o incentivos que hayan conseguido trastocar esta regla de oro. Por ello, los sucesivos gobiernos suecos han ido parcheando el perverso sistema de permisos transferibles instaurado en 1974, introduciendo y ampliando sucesivamente la parte intransferible, que ha llegado a ser de 3 meses desde el 1 de enero de 2016.

Es verdad que, en Suecia, la enorme disfuncionalidad del sistema de permisos parentales se compensa, en parte, con la universalidad del derecho a los servicios públicos de atención a la dependencia y de educación infantil desde la finalización del permiso, así como con un mercado de trabajo estable y con derechos laborales defendidos por potentes sindicatos. Así, a pesar de pagar su permiso mucho más largo que el de los hombres con una alta discriminación salarial, las mujeres suecas consiguen mantenerse en el empleo y ser económicamente independientes durante toda su vida.

En España, en cambio, las consecuencias de copiar los permisos transferibles de Suecia serían mucho más devastadoras. De aquí el grave perjuicio de presentar el sistema sueco de permisos parentales como idílico, tal como lo hizo Salvados y como lo siguen haciendo otros medios de comunicación. ¿Por qué esa insistencia en transmitir a nuestro país las supuestas bondades de un sistema que ya los sucesivos gobiernos suecos reconocen como un error a enmendar, aunque no lo estén haciendo con la suficiente diligencia?

No debemos dejarnos llevar por los discursos que, dándonos palmaditas en la espalda, colaboran a ocultar la realidad y, sobre todo, no plantean las medidas que necesitamos para avanzar hacia una sociedad igualitaria. Próximo hito: la reforma de los permisos que se avecina a corto plazo. Podemos conseguir que estos sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, como propone la PPIINA, o de lo contrario se instaurarán los permisos transferibles que propone Ciudadanos, y con ellos se consolidará la desigualdad por mucho tiempo.

El pasado 18 de Octubre, el Congreso de los Diputados aprobó (con solo dos votos en contra) una Proposición No de Ley (PNL), presentada por PODEMOS, que urge al Gobierno a establecer un calendario completo de aumento del permiso de paternidad desde las dos semanas actuales hasta las 16 que dura el de maternidad, haciendo ambos completamente intransferibles. Como consecuencia, por fin, ha saltado al debate público la necesidad de esta reforma por la que la Plataforma ciudadana PPIINA viene trabajando desde hace once años.

Si esta propuesta se aprobó casi por unanimidad es porque la sociedad ya no acepta el actual sistema, que se traduce en segregación sexual: si eres mujer te tocará la mayor parte de los cuidados y del trabajo doméstico; mientras que si eres hombre estarás alejado de esos menesteres “femeninos”. En el empleo, si eres hombre tendrás más probabilidad de ser jefe, electricista, metalúrgico o cualquier otra profesión “masculina”, mientras que si eres mujer es más probable que seas precaria, cuidadora, maestra o enfermera. ¿No es equivalente a la segregación racial o al sistema de castas?

Conceder al padre un permiso de igual duración que el de la madre, completamente intransferible y pagado al 100%, es un éxito asegurado para incorporar a los hombres al cuidado en igualdad con las mujeres. Aún más, solo con aprobarse tendría el efecto inmediato de reconocer que ese es el objetivo y que va en serio. En resumen, contribuiría significativamente a la disolución de la segregación sexual.

Todo esto está tan claro que pocas personas lo contradicen explícitamente. De hecho, la verdadera dificultad para que la PNL aprobada se convierta en ley efectiva es la ofensiva de Ciudadanos, que dice estar de acuerdo pero pretende desactivarla mediante una propuesta trampa. Esta propuesta, apoyada por medios de comunicación como El País y pactada con el PP, consiste en conceder permisos teóricamente iguales pero con una parte transferible que llaman “de libre distribución dentro de la pareja”. Y ahí está la trampa: esa parte transferible se la tomarían las mujeres mayoritariamente, convirtiéndose en las cuidadoras principales (y en precarias). Así, se mantendría esencialmente la segregación por sexos de las tareas y de los espacios.

No es de extrañar que los poderes dominantes se opongan a que los hombres asuman el cuidado en la misma medida que las mujeres. Pueden aceptar, si no queda más remedio, que una minoría de mujeres asuman puestos relevantes (menos mujeres y menos relevantes), pero son tremendamente refractarios a la idea de que los hombres se incorporen a las tareas de cuidados en igualdad con las mujeres.

No es solamente una cuestión ideológica sino de intereses económicos. El principio de equivalencia humana que se encuentra detrás de la equiparación de los permisos exige también poner los medios para que las mujeres se mantengan en el empleo ininterrumpidamente en igualdad con los hombres. Supone renunciar a un sistema en el que las mujeres son invitadas a abandonar el empleo en cuanto hay alguien a quien cuidar en la familia. Y de ahí, tirando del hilo, llegamos a la universalización del derecho a la educación infantil y a la atención a la dependencia, a las 35 horas de jornada semanal máxima, a otras medidas para la estabilidad del empleo, etc. Llegamos, en definitiva, a un estado del bienestar sólido, lo que exige un sistema impositivo potente y redistributivo; algo muy contrario a los intereses neoliberales.

¿Qué opina la izquierda de todo esto? ¿Habréis llegado a leer hasta aquí muchos compañeros y compañeras que, por lo demás, estáis en contra de toda discriminación? Una habla por experiencia porque, como suele suceder con las demás reivindicaciones feministas, la equiparación de los permisos se ha encontrado hasta ahora con grades dosis de indiferencia en los medios progresistas.

Reconozcamos que, en cuanto se roza algún tema que afecte al estatus separado de hombres y mujeres, muchos de nuestros compañeros comienzan a patinar. Así, como recuerda Soledad Gallego Díaz, muchos alardean de ser “un poquito machistas”, mientras preferirían caerse muertos antes de verse como “un poquito racistas”. O reconocen en público que no entienden nada de feminismo, mientras se ofenderían sobremanera si alguien insinuara que no saben lo suficiente de pobreza. O llegan a formular que “al ser hombres” están incapacitados para definirse (¿dirían que no se definen sobre la pobreza porque no son pobres?). Estas son solo algunas de las muchas variantes, que además pueden concurrir en las mismas personas.

El problema es que a muchos de esos compañeros se les olvida su autopregonada ignorancia a la hora de tomar decisiones. Así, podemos ver publicado en un medio solvente de izquierdas un artículo que, además de estar plagado de datos falsos y de afirmaciones contrarias a la evidencia empírica, se posiciona en contra de la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. Es más, en el colmo de su desvarío, la autora llega a afirmar ofensivamente que quienes queremos dicha equiparación estamos “dispuestos a dejar a madres y a criaturas a la merced del rodillo neoliberal”.

Estas resistencias se dan siempre ante cualquier avance social. Pero costaría imaginar que un medio progresista publicara, por ejemplo, un artículo en defensa de la segregación racial. Porque, ¿alguna persona progresista de este país se sentiría cómoda con la afirmación de que blancos y negros, o brahmanes e intocables, deben tener diferentes derechos?

Sin embargo, no es la primera vez, ni la última, que nuestros compañeros progresistas favorecen impasiblemente posturas proclives a la segregación sexual. Y es que esta es la única segregación que, aunque rechazada de palabra, sigue arraigada en nuestro inconsciente hoy en día.

Hay dos diferencias entre la segregación sexual o el sistema de castas y la segregación racial. Primera: que la segregación sexual está naturalizada aún por parte de las personas a quienes repugnan todas las demás segregaciones. Segunda: en consecuencia, que la segregación sexual se promueve con leyes, sin que muchas personas progresistas se vean ofendidas en su sensibilidad.

Ha llegado el momento de poner sobre la mesa que todos/as estamos inmersos en el sistema de castas de género. Todos/as podemos contribuir a mantenerlo o a erradicarlo. Compañeros, luchemos codo a codo contra este sistema injusto, por nosotras y por vosotros. Si consideráis que no os afecta, recordad lo que dijo Bakunin: “No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres”.

Recientemente se ha celebrado en Madrid el I Congreso de Empleo de Hogar y Cuidados. Hay que empezar felicitando al Ayuntamiento de Madrid por haber acogido, escuchado y servido de altavoz para el grito de las trabajadoras del sector del cuidado, y especialmente de las empleadas de hogar; lo que no habían hecho los gobiernos municipales anteriores.

Está muy bien que una institución pública se sume a la queja de las personas discriminadas, pero su función primordial es solucionar los problemas y asegurar los derechos dentro de su nivel competencial. ¿Y qué mejor ocasión que un congreso sobre cuidados organizado por un Ayuntamiento para abordar la actual desatención a las personas dependientes y a la infancia, así como la desesperada situación de las personas (mujeres) que están cuidando en el hogar sin derechos por falta de servicios públicos? ¿Acaso no es el objetivo más importante de un Ayuntamiento el bienestar de sus vecinos/as?

El Congreso se centró en los problemas de las empleadas de hogar y de las personas (mujeres) que están súper-explotadas por las empresas de cuidado a domicilio; pero no se trató la responsabilidad del Ayuntamiento en esa situación. Hubiera sido muy de agradecer, por ejemplo, alguna información sobre si se está intentando re-municipalizar y mejorar la atención a domicilio, que actualmente tiene en gran parte adjudicada la empresa EULEN. Más aún aprovechando la presencia de la Primera Teniente Acaldesa y Concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

La reivindicación estrella del Congreso fue que España debe suscribir el Convenio 189 de la OIT. Es cierto que esa ratificación acarrearía algunas mejoras, pero no concedería empleo digno a las actuales empleadas de hogar ni, por supuesto, resolvería los inmensos problemas de las demás cuidadoras, de las niñas y niños y de las personas dependientes. Y es que el empleo digno de las personas que cuidan y el reconocimiento de los derechos de las personas dependientes y de la infancia son dos caras de la misma moneda.

Primera cara de la moneda: el Convenio 189 de la OIT está muy por debajo de la protección que otorga el Estatuto de los Trabajadores y el Régimen General de la Seguridad Social al resto de los trabajadores en nuestro país, aunque sí intenta sacar a las empleadas de hogar de la condición de literal esclavitud en la que se encuentran en algunos lugares. Así, entre otros extremos, se establece la abolición del trabajo infantil y forzoso (Art. 3 y 4); el derecho a ser “informados sobre sus condiciones de trabajo” (Art. 7); y el derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad (Art. 9).

El Convenio también se refiere a la protección de la Seguridad Social (Art. 14.1), pero inmediatamente (Art. 14.2) matiza que esta protección se llevará a cabo “progresivamente” (o sea, le quita el carácter obligatorio). Un ejemplo: Italia ratificó el Convenio 189 en enero de 2013, lo que le obliga a cumplirlo desde enero de 2014. Sin embargo, las empleadas de hogar italianas siguen sin tener derecho alguno a prestación institucional por enfermedad ni por desempleo.

Entonces, ¿por qué no se reclama simplemente que se elimine el Art. 2.C del Estatuto de los Trabajadores, que excluye a las empleadas de hogar, y el “sistema especial para empleados de hogar”, que les recorta los derechos de Seguridad Social? No nos engañemos, mientras las empleadas de hogar sigan siendo contratadas por las familias, su relación laboral seguirá siendo “de carácter especial”: un empleo que, según el Art. 17 del Convenio 189 de la OIT, debe inspeccionarse “con el debido respeto a la privacidad”; un empleo que, si tuviera los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, no sería asequible para la inmensa mayoría de las familias españolas ni de ningún país. No es casual que lo único que se reclame sea la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Es muy interesante la ausencia de países como Suecia, Noruega o Dinamarca en la lista de países que han ratificado el Convenio 189 de la OIT. No están porque ese convenio no les es aplicable; y no les es aplicable porque ya han eliminado esa “relación laboral de carácter especial”.

Segunda cara de la moneda: ¿cómo han podido esos países eliminar el empleo precario de las empleadas de hogar sin convertirlo masivamente en empleo sumergido? Muy sencillo: reconociendo, y aplicando, la atención a la dependencia y la educación infantil como derechos universales. En estos países, los ayuntamientos tienen a su cargo los servicios públicos, que se prestan generalmente por empleados/as municipales.

En conclusión, la condición sine-qua-non para que las empleadas de hogar se equiparen al resto de los trabajadores es que esas mujeres dejen de estar empleadas por las familias y pasen a ser trabajadoras de los servicios públicos de cuidado. Y eso se consigue universalizando el derecho a los servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia, que deben ser prestados por los ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Madrid tiene en su mano indagar cuántas personas dependientes están desatendidas y qué servicios públicos se necesitan para eliminar esta desatención; cuántas plazas de escuelas infantiles se necesitan para que todos los niños y niñas estén escolarizados desde la finalización de los permisos de maternidad y paternidad. Y, a partir de ahí, puede trazar un plan para organizar los servicios públicos municipales de tal forma que ningún vecino ni vecina quede desatendido, y para que los servicios se proporcionen con empleo digno.

El Ayuntamiento de Madrid también puede cambiar su política de personal, y dejar así de utilizar el dinero de las arcas municipales para agudizar la desigualdad de los permisos. Sin embargo, después de un año de mandato, sigue suplementando el permiso de maternidad de sus trabajadoras en 8 semanas (hasta 24), mientras que el permiso de paternidad de sus trabajadores (u otra persona progenitora) solo lo suplementa en 2 semanas (hasta 4). Esta política, implantada por el anterior gobierno municipal, sería muy fácil de revertir por el simple procedimiento de suplementar el permiso de los trabajadores hasta igualar el que tienen las trabajadoras.

El Ayuntamiento de Madrid no es el único que no asume su responsabilidad en el cuidado. En nuestro país aún se ven estos servicios como dádivas más que como derechos y competencias. Pero es hora de que los ayuntamientos del cambio nos expliquen si quieren seguir por ese camino o quieren verdaderamente cambiar de rumbo.

Por el momento, ¡cuidadoras welcome!, el Ayuntamiento de Madrid os ha convertido en reinas por un día.

Hace 40 años, nuestros compañeros de izquierdas nos decían a las mujeres que debíamos esperar porque antes de abordar nuestros problemas había que resolver la "contradicción principal" (de clase). Ahora la respuesta es "sí, sí, tenemos que hablar pero ahora no tengo tiempo", o "de esos temas se encargan las compañeras de igualdad"

En la pasada campaña electoral ha tenido lugar un redescubrimiento de la socialdemocracia que, como explica Vicenç Navarro, no es ni más ni menos que la vía democrática al socialismo, aplicando a las políticas sociales el principio “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades”.

Qué bien, dijimos muchas, ahora van a entrar en campaña las políticas de reforma estructural que auparon a Suecia hasta los primeros puestos en igualdad social y de género, en renta per cápita, en competitividad, en buena demografía, etc. Ahora, por fin, todas y todos vamos a tener derechos y vamos a contribuir a la sociedad sin barreras ancestrales.

Pues no, por el momento todo eso no ha pasado. Y la clave está en que nuestros políticos siguen ignorando que este 50% de la población que somos las mujeres puede y debe incluirse en el empleo como los hombres; y que el 50% de la población que son los hombres puede y debe asumir su mitad de los cuidados. No es que nieguen este principio, es que simplemente se olvidan.

Así, cuando se les pregunta sobre cómo crear puestos de trabajo, los políticos que se reclaman de la socialdemocracia (de los demás ni hablamos) contestan que subiendo el salario mínimo o invirtiendo en I+D+I o en medio ambiente (por lo que, además, se refieren a actuaciones muy marginales). Sin negar estos extremos, resulta curiosísimo que no se acuerden de todos los empleos que se crearían abordando el mayor déficit de nuestro estado del bienestar: los derechos y servicios relacionados con el cuidado.

Según Vicenç Navarro, “si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar que tiene Suecia, se crearían casi seis millones más de puestos de trabajo, eliminando el paro”.

En efecto, Suecia universalizó el derecho a la educación infantil pública a tiempo completo (desde los 0 años) y el derecho de todas las personas dependientes a que los servicios públicos les garanticen la atención suficiente. Son empleos limpios, no deslocalizables, que solucionarían necesidades perentorias de las familias y resolverían injusticias manifiestas. ¿Por qué se olvidan?

Igualmente, cuando les preguntan cómo piensan financiar las pensiones en una sociedad envejecida, aluden a la diversificación de las fuentes de financiación o, a lo sumo, contestan “que venga gente de otros países”. Sí, que vengan, por supuesto, pero lo sorprendente es que no se acuerden de que tenemos ya aquí una población femenina altamente formada que podría estar cotizando y pagando impuestos para financiar las pensiones, y por supuesto para ganarse la suya propia.

Actualmente el 79% de las mujeres españolas mayores de 66 años no tiene pensión contributiva de jubilación (frente al 21% de los hombres mayores de 66 años). Esto quiere decir que un 79% de las mujeres no llegan a permanecer en el empleo formal ni siquiera el mínimo exigido (15 años, de los cuales 2 en los últimos 15), y por tanto pasan una gran parte de su vida sin pagar cotizaciones ni impuestos sobre la renta del trabajo. Muchas son paradas o trabajan en la economía sumergida, en parte potenciada por los beneficios fiscales a la permanencia en el hogar.

Es verdad que algunas de estas mujeres están cuidando en sus hogares, en general sin los más elementales derechos, pero ni siquiera su sacrificio es rentable para la sociedad. En efecto, según explica Gosta Esping Andersen, la educación infantil pública de 0 a 3 años se financiaría solamente con las mayores cotizaciones e impuestos pagados por las mujeres que ahora interrumpen su empleo para cuidar a las criaturas en casa. El mismo cálculo puede hacerse para la atención a la dependencia. Por cierto, quien tenga dudas sobre si las personas dependientes estarían contentas con el derecho a servicios públicos de calidad, que haga un viaje de inspección a cualquier país nórdico y verá cómo toda la ciudadanía los defiende frente a los recortes que también allí se están introduciendo.

Podría objetarse: los servicios públicos de cuidado crean puestos de trabajo, pero también liberan a muchas mujeres que se incorporarán a la población demandante de empleo. ¿Cómo, entonces, bajará el paro? Muy sencillo: porque el número de puestos de trabajo en otros sectores también crecerá.

Al pasar de tener un ingreso a tener dos, la renta disponible de las familias aumenta. Por otro lado, las familias con todos los miembros empleados compran en el mercado bienes y servicios que las amas de casa antes producían en el hogar. Ambos fenómenos se complementan para aumentar la demanda interna, y por consiguiente la producción, y con ella el empleo. En particular, el sector servicios de Suecia aumentó enormemente como consecuencia de la práctica desaparición del sector amas de casa.

Este es el secreto del gran salto económico que se operó en Suecia, y en gran medida en otros países nórdicos. Este es también el secreto de su relativa inmunidad frente a las crisis económicas. Esta es también la vía por la que recuperaron unas tasas de fecundidad desastrosamente bajas, como las actuales de España, hasta tasas cercanas a la tasa de reposición poblacional: en lugar de proporcionar incentivos para que las mujeres permanecieran en el hogar, como hacen las políticas que aún siguen llamándose “natalistas”, pusieron los medios para que la maternidad fuera compatible con el empleo de calidad.

Es asombroso que actualmente se escriban ríos de tinta sobre la socialdemocracia nórdica sin destacar el gran cambio estructural que supuso la incorporación de las mujeres en general al empleo estable. Esa gran operación se hizo dando un giro copernicano a las políticas sociales para extender los derechos a toda la población, poniendo en primera línea el objetivo de que todas las personas (incluidas las mujeres) fueran independientes económicamente durante toda su vida.

Han pasado muchos años desde que Olof Palme tuviera la voluntad política que se necesitaba en aquel momento, y la ciudadanía sueca se lo agradeció profundamente. Todas las condiciones que se daban entonces en Suecia se dan ahora con creces en España y en Europa, y desde luego la división sexual del trabajo está ahora más deslegitimada que entonces. De hecho, los argumentos no se contradicen y algunas de las medidas necesarias ya están incluidas en los programas, pero corren el peligro de quedarse ahí, puesto que nuestros máximos líderes no parecen tener el tiempo de asumirlas y defenderlas.

Hace 40 años, nuestros compañeros de izquierdas nos decían a las mujeres que debíamos esperar porque antes de abordar nuestros problemas había que resolver la “contradicción principal” (de clase). Ahora la respuesta es “sí, sí, tenemos que hablar pero ahora no tengo tiempo”, o “de esos temas se encargan las compañeras de igualdad”.

Viendo todo esto, y el escandaloso déficit de paridad existente en las comparecencias públicas y en los puestos de responsabilidad de los partidos, muchas hemos callado y votado con el corazón encogido, con esa sensación de estar rememorando lo de siempre. Pero ahora ya no hay duda: ¡no podemos esperar más!

Según los últimos datos de la AEAT, en 2013 el monto total de los salarios percibidos por los hombres fue un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres; el de las pensiones un 48% mayor; y el de las prestaciones por desempleo un 42% mayor.

Aunque ya casi todos los partidos y gobiernos reconocen que la situación es intolerable, por mucho tiempo se alegaba que esa desigualdad se iría disipando conforme las mujeres se siguieran incorporando al empleo y aumentando su nivel de formación. Hoy está ampliamente demostrada la falsedad de esta hipótesis: las mujeres son ya el 46% de la población activa y, desde hace tiempo, tienen mayor nivel de formación que los hombres. Sin embargo, la brecha salarial no disminuye y la diferencia entre las pensiones es cada día mayor.

¿Qué hacer? En cuanto a las pensiones, la Secretaria de Empleo del PSOE responde en una reciente entrevista: “estamos pensando en que haya una especie de bonos de cotización para las personas que tienen hijos. Que cada vez que una persona tiene un hijo tenga un bono de cotización, por ejemplo, 24 meses de cotización extra por cada hijo”.

Conviene recordar, en primer lugar, que el reconocimiento de periodos cotizados por hijos/as no es ninguna novedad. En España se introdujeron en la Ley de Igualdad en 2007; se profundizaron en la reforma de las pensiones de 2011 y se ampliaron en 2015 en el Plan de Apoyo a la Familia (nótese que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han coincidido en esta orientación).

Estos reconocimientos nunca han compensado la pérdida de cotizaciones de las mujeres. Es más, no han impedido que la brecha entre las pensiones masculinas y femeninas siga aumentando, por la sencilla razón de que ni siquiera llegan a compensar la mayor penalización de las lagunas de cotización que se introduce en cada reforma (para un análisis detallado, ver el Capítulo 4 del libro Desiguales Por Ley).

No es difícil ver que, aunque en el futuro la compensación fuera tan generosa como propone el PSOE ahora, dos años por hijo/a es mucho menos de lo que pierde una madre cuando tiene que retirarse del empleo, puesto que aunque sólo se retirara durante dos años su carrera ya estaría dañada. De hecho, muchas no se reintegran nunca a su profesión anterior y se quedan sin pensión contributiva a la que añadir esos dos años que eventualmente podrían serles graciosamente otorgados. ¿Quién las compensará por ello?

Estos “reconocimientos” no son una particularidad española sino que existen desde hace tres décadas en los países que han optado porque las mujeres se retiren de sus empleos cuando haya personas a quienes cuidar. Así, están en boga en Alemania o Reino Unido; pero no en los países nórdicos, donde se trata de que las mujeres tengan ingresos propios suficientes durante toda su vida. Porque en efecto, junto a otros incentivos y ante la falta de alternativas para el cuidado, estas prometidas compensaciones favorecen que las mujeres permanezcan en el hogar, sin ingresos propios y por tanto sin capacidad para decidir sobre sus propias vidas. ¿Es esa una situación ideal según los partidos que proponen esas compensaciones, aunque solamente fuera durante un par de años?

En cuanto a la brecha salarial, Mari Luz Rodríguez nos propone: “lo primero es la transparencia salarial. Las empresas estarán obligadas a hacer públicos los salarios desagregados. Por sexo y por categorías”. Además, “los comités de empresa deben tener la misma proporción que tienen las mujeres de la plantilla”. Fácil decirlo e incluso puede sonar radical. Pero estas medidas, que tampoco son ninguna novedad, no han tenido nunca ningún efecto significativo ni lo tendrán. En primer lugar, son difíciles de hacer obligatorias en entidades privadas, como la misma entrevistada reconoce. Además, en algunos organismos aislados en los que se ha conseguido publicar esas diferencias, se ha constatado una vez más que el gran problema no proviene de remuneraciones individuales diferentes por puestos exactamente iguales, aunque casos quedan, sino de que las mujeres ocupan puestos más bajos y en profesiones peor remuneradas; y eso ni tiene nada de ilegal ni es posible eliminarlo mediante una norma directa.

A pesar de la experiencia negativa, estas medidas focalizadas en reclamaciones individuales son las que se siguen aconsejando desde los gobiernos (junto a otras aún más imaginativas como días conmemorativos contra la desigualdad salarial, videos para concienciar a la población, etc.). Tampoco aquí se ve diferencia de orientación entre partidos de distintos signos políticos.

Podríamos pensar que mal no hacen estos malabarismos y estas supuestas compensaciones, pero el problema es que sirven para ocultar el verdadero origen del problema, eludiendo así la responsabilidad en su solución. Recordemos: una causa importantísima de los menores salarios y pensiones radica en que las mujeres se ven obligadas a reducir su dedicación al empleo para cuidar a criaturas y dependientes, o tienen frente a los empresarios ese riesgo, mientras que los hombres se ven libres de semejantes riesgos y obligaciones.

Para saber si los partidos y los gobiernos están dispuestos a adoptar medidas efectivas, tenemos un test elemental. Porque una condición sine-qua-non para la igualdad salarial es que los padres se ausenten de sus puestos de trabajo en la misma medida que las madres, y esto es muy fácil de conseguir: basta con concederles una prestación contributiva de la Seguridad Social que ahora se les niega por mucho que hayan cotizado: el permiso de paternidad igual al de maternidad, igualmente pagado al 100%, e intransferible para que nadie pueda quitárselo, como propone la PPIINA.

Al igual que en España el 83% de los padres se toman su permiso intransferible de 2 semanas, y al igual que en otros países, los padres se tomarían en general todo su permiso y se iniciarían efectivamente en el cuidado, sustituyendo a las madres cuando ellas volvieran a sus puestos. Si además los servicios públicos de educación infantil y de cuidado fueran suficientes, y las jornadas razonables, las mujeres podrían mantenerse en sus empleos ininterrumpidamente y así veríamos eliminada una causa importante de la brecha en salarios y pensiones.

Nadie niega estas evidencias, pero a la hora de la verdad nos despistan con medidas “imaginativas” y desiderátums como que los hombres se tomen las reducciones de jornada o las excedencias que ahora se toman las mujeres en un 80%. Los hombres no lo harán, y con muchísima razón; esas vías nos conducen a la miseria y los partidos no deberían atreverse a proponérnoslas, ni a ellos ni a nosotras.

Quizás estas reflexiones sirvan para que algún partido nos ofrezca por fin medidas efectivas para acabar con la desigualdad social y de género. Pero por favor, con planes, plazos y fechas; no más brindis al sol, no más discursos. ¡Estaremos atentos/as a los programas electorales!

En la práctica el mensaje sigue siendo que los hombres deben cuidar la octava parte que las mujeres (dos semanas frente a 16). Este mensaje es clave para el mantenimiento de la sociedad en la que vivimos. Reflexionemos

Parece que tenemos servida una pequeña serpiente de verano: el debate en torno a la maternidad de Susana Diaz. Por mucho que ella diga que se toma mucho más permiso que otras (el mes de agosto), no se librará de figurar en la lista junto a Carme Chacón, Soraya Sáenz de Santamaría y las que se presenten, culpables todas de no atender suficientemente a sus criaturas. Por supuesto, si alguna se tomara las 16 semanas sería declarada culpable de abandonar el Gobierno. En cualquier caso, culpable. Culpable, en realidad, de pretender ser madre responsable y responsable política al mismo tiempo.

Con este estado de cosas, es muy comprensible que las ministras tengan muchas menos criaturas que los ministros. Sin embargo, he aquí un hecho que, a pesar de suceder profusamente, nunca es noticia: “El ministro X acaba de ser padre”.

Busquemos en Google “maternidad ministra” y encontraremos en primer lugar los permisos de maternidad de las ministras, que siempre se consideran escandalosamente cortos. Busquemos en cambio “paternidad ministro”, y lo que veremos fácilmente es que el ministro Pimentel admite ser padre 7 años después; o que el ministro Alonso fue abandonado por su padre en su más tierna infancia. Hay que buscar mucho más para llegar a los escasísimos ministros que se han tomado unos días de permiso de paternidad, y entonces descubriremos que sistemáticamente se les hace la ola por dedicar tanto tiempo (por ejemplo el consejero de Sanidad Güemes, que se tomó 10 días y arrancó de Esperanza Aguirre la declaración de que era “su ídolo”). En resumen: una ministra se toma 10 días y es una mala madre. Un ministro se toma 10 días y es un padre ejemplar. Efectivamente, los prejuicios de género existen.

No dudo de la buena intención con la que muchas mujeres piden a Susana Diaz que “desaparezca por mucho tiempo” para no traicionar los “derechos de las mujeres”. Pero estoy segura de que muchas de ellas no lo harían si reflexionaran sobre el alcance de ese estatus-quo que están defendiendo y cómo afecta a sus/nuestras propias vidas.

La oración “¿puede una presidenta volver al trabajo antes de los 4 meses?” inmediatamente se vuelve por pasiva: “Puede una mujer ser presidenta?”. Y esa eterna cuestión no es ni más ni menos que el cuestionamiento de todos nuestros empleos, también de las que se escandalizan. Todas las mujeres trabajadoras estamos siendo acusadas de abandono de hogar, y más en tiempos de crisis en los que existe un exceso de mano de obra masculina.

No debemos olvidar que ningún gobierno ha rebajado nunca el permiso de maternidad. Al contrario: no hacen más que aumentar esos llamados “derechos de las mujeres” a retirarse del empleo cuando hay necesidades de cuidado en la familia. Por ejemplo en España podemos decir que los únicos derechos laborales que han aumentado en los últimos años son los de excedencias y los de reducciones de jornada para el cuidado (estos últimos hasta los 12 años de la criatura), manteniendo la prohibición del despido durante todo ese tiempo. Así, cuanto más se flexibiliza el empleo en general, más se convierten esas supuestas protecciones y derechos en un boomerang contra todas las mujeres, en tanto en cuanto somos nosotras quienes presentamos ante los empresarios el riesgo de utilizarlas.

También es importante no perder de vista esta pregunta: ¿qué consecuencias tiene apostar por una sociedad en la que las mujeres sigamos siendo el grupo social que mayormente cuida, y los hombres quienes mayormente no cuidan? Al apartarse de sus empleos más que los hombres, muchas mujeres pierden sus posibilidades de promoción, se convierten en económicamente dependientes y terminan en la pobreza. Los padres no pueden ocuparse correctamente de sus criaturas, y estas no pueden disfrutar del cuidado de sus papás. La familia de un solo ingreso se convierte en una trampa de pobreza y de violencia; no solo porque la violencia de género es una consecuencia de esta estructura social sino porque, además, muchas veces la mujer es económicamente dependiente de su maltratador.

Estas consideraciones no suelen negarse, pero frecuentemente resultan sepultadas bajo reacciones inmediatas. Reacciones con apariencia de radicales o incluso de rabiosamente feministas, pero que curiosamente son más virulentas en los países con mayor desigualdad. Es el caso, por ejemplo, de la reivindicación del alargamiento del permiso de maternidad a más de un año, con el sacrosanto argumento de la lactancia materna.

La mitad de las mujeres españolas abandonan la lactancia materna a los tres meses, y a partir de los seis la misma OMS desaconseja la lactancia materna exclusiva. Así pues, para cuando termina el permiso de maternidad son pocas las madres que siguen lactando. Si el padre tuviera el mismo permiso que la madre, podría suplirla cuando se incorporase a su empleo, incluyendo en su caso la administración al bebé de leche materna o incluso su acercamiento a la madre para que esta lo hiciera en los descansos previstos legalmente.

A pesar de que este sería un escenario indudablemente más favorable al actual sin perjudicar los derechos de nadie, su sola mención saca de quicio a quienes hacen de la lactancia materna el derecho fundamental de la infancia. ¿Cómo es que estas personas no se acuerdan, por ejemplo, del derecho de la infancia a una vida libre de pobreza y de violencia? ¿Pueden asegurarse esos derechos en una familia en la que la mujer está apartada de su empleo durante mucho más tiempo que el hombre? Rotundamente no.

La equiparación del permiso de paternidad al de maternidad, tal como propone la PPIINA, es una medida emblemática de la apuesta por esa otra sociedad en la que todas las personas podamos ser sustentadoras y cuidadoras en igualdad. Es el método privilegiado para iniciar a los hombres en el cuidado de forma satisfactoria para ellos, para los bebés y para las mujeres. Junto con servicios públicos y jornadas a tiempo completo cortas (35 horas semanales), proporcionaría un escenario en el que la igualdad sería posible.

Así que sí se puede avanzar hacia otro modelo social, solo falta que reflexionemos y no nos dejemos llevar por la corriente del statu quo. También falta decisión para exigir a los gobiernos coherencia y voluntad política. El Congreso de los Diputados ha reconocido de palabra la necesidad de la equiparación de los permisos, pero en la práctica el mensaje sigue siendo que los hombres deben cuidar la octava parte que las mujeres (dos semanas frente a 16). Este mensaje es clave para el mantenimiento de la sociedad en la que vivimos. Reflexionemos.

El Plan de Apoyo a la Familia, recientemente aprobado por el Gobierno, empieza con datos escalofriantes sobre la situación: el 45% de los hogares no pueden irse de vacaciones ni una semana, el 38,5% de los hogares con menores son pobres (el 47,6% de los monoparentales), etc. También señala la extrema división sexual del trabajo y sus funestas consecuencias: “En la actualidad, las mujeres son las que, mayoritariamente, dejan de forma temporal su trabajo para atender a sus hijos... Es por esta mayor dedicación a la familia, en gran medida, por lo que las mujeres, en España, cobran una pensión un 37% inferior, de media, a la de los hombres (las negritas no son mías)”.

Pero no nos dejemos llevar por las primeras impresiones porque este no es un plan para resolver estos problemas ni para  ayudar a las familias reales sino para apoyar a la Familia del PP, y desgraciadamente en más de un sentido.

Primera trampa: el plan está valorado en un total de 5.394.125.528 euros durante el primer año, y algo más para cada uno de los dos años siguientes. Es curiosa tanta precisión global cuando ni una sola de las 225 medidas está cuantificada, pero la pregunta importante es: ¿significa esto que se va a incrementar el gasto público en política social por ese valor?  No, en primer lugar porque muchas medidas del plan no son nuevas, como por ejemplo las desgravaciones del IRPF ya incluidas en la última reforma fiscal; y son esas las que presumiblemente se llevarán la mayor parte de la cifra estimada. 

Hay que reconocer la jugada: inclúyanse medidas con coste aunque ya se hayan adoptado anteriormente (¿quizás afición por la doble contabilidad?); añádanse otras muchas hasta llegar a un número elevado… y resultará un plan espectacular. El problema es que se nota mucho. Es más, las alusiones del documento a la “recuperación económica en marcha” acentúan el olor a humo electoral, por no decir a quemado.

Segunda trampa: diagnóstico certero de un problema seguido de medidas para perpetuarlo en lugar de para resolverlo. Por ejemplo, ante el problema señalado de que son las mujeres quienes cuidan en el seno del hogar, ¿qué se ofrece? Justamente un conjunto de medidas para que lo sigan haciendo. Entre ellas, las dos estrellas del plan.

La primera estrella son las desgravaciones por descendientes, ascendientes incapacitados/as o familia numerosa, cada una de ellas por valor de 100 euros mensuales y acumulables. Como ya expliqué cuando esa medida se adoptó en la reforma fiscal de 2014, 100 euros mensuales solo pueden ser una “ayuda” (entiéndase más bien en el sentido de incentivo) a que una mujer se quede en casa cuidando a las criaturas y a las personas dependientes, sobre todo en ausencia de otras alternativas. En el plan no se habla de universalizar el derecho a la educación infantil; tampoco de garantizar la autonomía funcional de la persona dependiente mediante los servicios públicos, sino solo de “desarrollar programas de respiro familiar”. Eso sí, proclamando una y otra vez el supremo objetivo de que las personas dependientes permanezcan en el domicilio.

La segunda estrella del plan sí es nueva y, como reza la nota de prensa, “inédita en nuestro país”. Esta medida se ha analizado en artículos como este o este, demostrando que no reducirá significativamente la brecha de género en pensiones. Naturalmente, pero es que ni siquiera lo pretende; el plan mismo la presenta como un complemento para las nuevas pensiones “en reconocimiento a la aportación demográfica de las familias”.

En efecto, si se tratara de paliar la situación de las mujeres que han perdido derechos por haber estado cuidando, no se habrían olvidado de que esta medida no afecta a las que solamente han tenido una criatura, ni a las que no han tenido ninguna y también seguirán discriminadas por el solo hecho de poder tenerlas mientras los hombres sigan sin asumir su 50% del cuidado (lo que se conoce como “discriminación estadística”). Tampoco afectará a las mujeres que no llegarán ni siquiera a tener una pensión contributiva (el 79% de las mayores de 66 años, frente al 21% de los hombres), precisamente las más necesitadas.

Más ilustrativo aún, y coherente con la intención declarada: la medida no afectará a ninguna de las que ya están jubiladas sino solamente a las que se jubilen a partir de 2016. Es sencillo: una vez más se trata de ayudar a las mujeres, pero solo a que se metan por el camino del cuidado en solitario con la promesa de que van a ser compensadas.

¿Y qué hay de resolver la falta de implicación por parte de los hombres? Nada. No se incluye la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad, a pesar de que el Congreso de los Diputados ya la ha reclamado por unanimidad. Es más, ni siquiera se incluye la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, medida que ya fue aprobada por ley en 2009 y que sigue paralizada por el fraudulento mecanismo de incluir, año tras año, una disposición adicional en los PGE.

A la vez que se aprobaba este Plan, el PP votaba en el Parlamento Europeo por dos semanas más de permiso de maternidad, sin “acordarse” de que dos semanas de maternidad cuestan aproximadamente igual que las dos semanas de paternidad cuya aplicación sigue paralizando en su país con el argumento de que no hay dinero. ¿No es curioso?

¿Y qué hay de aumentar la dotación de los servicios públicos de cuidado? Prácticamente nada, excepto servicios sociales para casos extremos de “vulnerabilidad”.  O sea para cuando falle el plan diseñado de que las mujeres cuiden en casa, convenientemente incentivadas pero no por ello en condiciones menos inhumanas. Porque, debemos subrayar. ¿no son condiciones inhumanas cuidar 24 horas al día 365 días al año, por mucho que te ofrezcan un respiro de hasta 70 horas al mes para el máximo grado de dependencia? La otra alternativa, incompatible con el “respiro”, es que la cuidadora obtenga una “paguita”, que antes de los recortes de 2012, podía llegar hasta 442,59 euros/mes . ¿No es esto esclavismo? Está claro que el PP no trata bien ni siquiera a su Familia.

Este es el plan del PP, que en realidad consiste en consolidar el modelo actual. La pregunta decisiva, a mi entender, es si los demás partidos nos propondrán un cambio de rumbo. ¡El momento es ahora!  

El camino para igualar las pensiones pasa por que todas las personas, también las mujeres, puedan mantenerse en sus puestos de trabajo a tiempo completo de manera continuada

Según el dato que acaba de publicar la Agencia Tributaria sobre todas las pensiones públicas percibidas en 2013 (excluyendo orfandad), la pensión media masculina es un 41% superior a la femenina.

A estas alturas ya existe una amplia conciencia de que estos datos reflejan, en diferido, la desigual situación de las mujeres en el mercado de trabajo. La cuestión es qué hacer para arreglar semejante injusticia y si vamos por el buen camino. Para encontrar la respuesta, es necesario antes disolver dos malentendidos que flotan en el ambiente:

1) La desigualdad en las pensiones va disminuyendo en la medida en que más mujeres se van jubilando. Es decir existe un efecto de las cohortes. ¿Cierto o falso?

Esta creencia es lógica, pues solemos pensar que vamos evolucionando a mejor, y más en un país como España en el que la incorporación de las mujeres al empleo formal y la asunción del principio de igualdad son fenómenos relativamente recientes. Pero esta creencia, a pesar de ser comprensible, es radicalmente falsa: si comparamos cohortes según la Agencia Tributaria, en 2013 la brecha para el intervalo de 66 a 75 años es del 48%, y para mayores de 75 años es del 35%; es decir, la brecha es mayor para la cohorte más joven.

Los datos de la Seguridad Social sobre pensiones de jubilación nos ofrecen el mismo panorama: la brecha de género se amplía con el tiempo para todos los tramos de edad:

Este agravamiento de la desigualdad es fundamentalmente el resultado de las sucesivas reformas que han ido reforzando la contributividad, es decir, aumentando la penalización de las lagunas de cotización y endureciendo las reglas de cálculo de la pensión en función de las cotizaciones. La reforma de 2011 ha supuesto un salto cualitativo terrible en este sentido.

2) Existen países en Europa donde las mujeres interrumpen su permanencia en el mercado laboral por maternidad y no se les penaliza, reciben lo que se denomina créditos. ¿Cierto o falso?

Es vedad que en las últimas décadas muchos países han ido estableciendo nuevas figuras para la adquisición de derechos de pensión en base al cuidado (fundamentalmente reconocimiento de periodos cotizados por hijos/as y por cuidado de dependientes). España, aunque con cierto retardo, también va por el mismo camino.

Estos mecanismos atenúan en cierta medida las desigualdades, pero ni mucho menos las compensan porque en todos los países su importancia es ridícula en comparación con la pérdida de cotizaciones. Además, nada puede compensar a una mujer que nunca ha tenido criaturas ni piensa tenerlas por el letrero de “menos disponible para el empleo” que llevará en la frente al menos durante toda su vida fértil y mientras continúe el actual sistema.

Así pues, el problema no se solucionará mientras el sistema de cuidados siga basado en el abandono (total o parcial) del mercado de trabajo por parte de las mujeres, que es el determinante fundamental de la brecha de género en pensiones. En el gráfico siguiente se puede observar cómo la brecha es mayor precisamente en los países en los que estas medidas “compensatorias” tienen más protagonismo, como por ejemplo Alemania, mientras que es menor en los países en que las mujeres permanecen en el empleo durante toda su vida adulta, como Dinamarca o Suecia.

La conclusión es clara y meridiana: es necesario cambiar la organización social para que todas las personas, incluidas todas las mujeres, puedan mantenerse en sus puestos de trabajo a tiempo completo de manera continuada. Esto es lo que les concederá ingresos, derechos laborales y pensiones; suficientes y en igualdad.

El cuidado existe, pero se puede organizar de otra manera. Si los servicios públicos de atención a la dependencia alcanzaran cobertura universal, ninguna persona tendría que sacrificar su empleo por cuidados de larga duración. Si la jornada máxima fuera de 35 horas semanales con cómputo semanal, si la educación infantil desde los 0 años fuera un derecho universal y si se establecieran medidas para que los hombres asumieran su mitad del cuidado (como los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%), no serían necesarias las excedencias, las reducciones de jornadas o los abandonos del empleo por parte de las mujeres.

Es cierto que, además de periodos cortos por emergencias familiares, el nacimiento o adopción de una criatura requiere permisos por maternidad y paternidad, pero si estos estuvieran pagados al 100% (como lo está el permiso de maternidad y como es lo normal) no supondrían merma en las cotizaciones. Ese es el camino para igualar las pensiones, y la historia demuestra que no hay otros.

Los últimos datos de la EPA ponen nuevamente de manifiesto que el mercado laboral tiene sexo. Las cifras mejorarían si se optara por el reconocimiento de permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para madres y padres

Los datos de la última Encuesta de Población Activa tienen sexo: el número de hombres empleados aumenta este trimestre en 164.900, mientras que el número de mujeres empleadas disminuye en 13.900. Y esta solo es una instantánea general que podemos completar con las diferencias entre las tasas de empleo a tiempo parcial, de temporalidad, de precariedad, etc.

Estas diferencias tienen su reflejo en los ingresos: según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, el número de mujeres asalariadas tendría que crecer un 20% para alcanzar el número de hombres asalariados; y el salario anual medio de las afortunadas que lo tienen tendría que crecer un 32% para igualar el salario anual medio masculino. Contemplando el gráfico adjunto se observa claramente el descuadre.

Naturalmente que esto no son solo números. En los últimos tiempos la sociedad ha tenido la oportunidad de alarmarse ante noticias estrambóticas como el ofrecimiento de Apple y Facebook para congelar los óvulos de sus empleadas. Esta anécdota se ha añadido a las declaraciones de Mónica de Oriol. Todo contribuye a aumentar la alarma social provocada por un fenómeno intolerable e insostenible: las mujeres son rechazadas por las empresas debido al “riesgo” de maternidad. Con esta realidad de fondo resultan incompresibles las recientes declaraciones de la ministra Fátima Bañez. ¿Cómo es posible que la ministra de Empleo y Seguridad Social niegue un problema que sufren cada día millones de mujeres?

Para atajar el problema, aparte de no negarlo, debemos comprender. ¿Se trata de simple machismo de los empresarios o hay también causas evitables? El fenómeno se conoce con el nombre académico de “discriminación estadística”: las empresas, a la hora de la contratación y de la promoción, tienen en cuenta que, como regla general, las mujeres son quienes llevan la casa a cuestas, y más si hay criaturas. En cambio los hombres, en el caso de ser padres, aumentan su dedicación al empleo.

Muchas personas señalan que este fenómeno se compensa con el hecho de que, al mismo salario, las mujeres son más productivas que los hombres. Desgraciadamente, porque eso significa que a igual productividad las mujeres cobran menos, o sea la definición de discriminación salarial.

Pero hay una manera evidente de quitarle a las mujeres el cartel de “menos disponible para el empleo”: conceder a los hombres los mismos derechos para el cuidado, que por ahora no los tienen. En efecto, al nacimiento de una criatura, los hombres solo tienen derecho, por mucho que hayan cotizado, a dos semanas de permiso de paternidad, la octava parte del tiempo que las mujeres dedican al permiso de maternidad (16 semanas). Mensaje clarísimo por parte de los poderes públicos sobre quién tiene que cuidar y quién no.

Así pues, contemplemos conjuntamente las dos caras de la moneda: el empleo y el trabajo de cuidados.