Los dirigentes independentistas se han topado ante un dilema similar al de los bolcheviques en la I Guerra Mundial

Ante la aplicación del artículo 155, podían asumir su cese y participar en las elecciones, o enrocarse en sus cargos y movilizar la calle

Hace ahora un siglo, en diciembre de 1917, el gobierno bolchevique enfrentaba el siguiente dilema: retirarse de la I Guerra Mundial en Brest-Litovsk, con enormes pérdidas territoriales, o permanecer en ella, con un coste probablemente mayor. Las últimas semanas, los dirigentes independentistas se han topado ante un dilema similar. Ante la aplicación del artículo 155, podían asumir su cese y participar en las elecciones. O enrocarse en sus cargos, movilizar la calle y, en caso de que el Estado se pasara de frenada, confiar en que la condena y mediación internacionales compensaran de algún modo los costes civiles, económicos y penales de hacerlo.

La segunda opción, contemplada en el informe hallado en la vivienda del ex-secretario general de Economía, trataría de explotar lo que los teóricos de la secesión conocen como la vía remedial. Según esta, la secesión se legitima por la vulneración grave de derechos fundamentales –colonialismo, genocidio, crímenes de lesa humanidad– o de acuerdos de autogobierno por parte del Estado matriz, como hizo Milosevic en Kosovo. A tal vía responde la asidua denuncia de los supuestos agravios del Estado español, remotos y recientes: del Decreto de Nueva Planta a la sentencia del Estatut. El protagonismo reciente de la vía remedial, tras el uso de la fuerza el 1-O y los encarcelamientos cautelares, no puede entenderse, sin embargo, sin considerar dos vías alternativas y los escollos del bloque independentista para transitarlas.

La primera vía, la llamada plebiscitaria, no exige agravios previos para la secesión. Depende únicamente de la existencia de una voluntad democrática. Muy hábil fue, en este sentido, la rápida sustitución en el discurso secesionista del derecho de autodeterminación, que Naciones Unidas solo ha reconocido a colonias, por el derecho a decidir, que apela a la secesión como un derecho democrático, no remedial. “Naciste con la capacidad de decidir; ¿renunciarás a ella?”, rezaba el anuncio institucional del 1-O.

Los problemas de esta vía empiezan por las condiciones para recorrerla, que muchos independentistas niegan que se den. Tanto por la falta de garantías del referéndum del 1-O, así lo declaraba Ramona Barrufet ante el juez, como por la ausencia de una mayoría social suficiente, como ahora afirma Joan Tardà. Y no se avistan cambios. Tras triplicarse en pocos años, el apoyo a la independencia no crece desde 2013. Y la alternativa planteada, reagruparse en torno a la oposición al 155, ampliaría la base a costa de renunciar a la unilateralidad. Lo comido por lo servido.

A esto hay que añadir los problemas del enfoque plebiscitario para definir el sujeto de decisión. Uno: si son todos los afectados quienes deberían poder decidir, como muchos defienden, no olvidemos entonces que una eventual secesión afectaría al resto de españoles, al reducir sus derechos. Por ejemplo, los de un ourensano a ser tratado en el Instituto Catalán de Oncología. Que solo el 29% de los catalanes apoyara la DUI sugiere que, incluso para muchos independentistas, la secesión no es viable sin previa autorización del resto de españoles (un 57% de los cuales apoyaría un referéndum pactado). Otro problema: si la voluntad democrática es lo que legitima la secesión, entonces un referéndum a tal efecto debería autorizar que las partes del territorio con una mayoría contraria –quizá, por ejemplo, la provincia de Barcelona– siguieran formando parte del Estado matriz, tal como establece la Ley de Claridad canadiense.

Quienes, para sortear estas dos implicaciones, apelan a una identidad propia y compartida por todos los catalanes, se decantan por otra vía, la adscriptiva, según la cual cada nación merece un Estado propio, a fin de preservar su identidad. Dejando sus problemas generales de lado (22 lenguas minoritarias oficiales tiene India, 36 Bolivia, 15 Zimbabwe: ¿en otros tantos Estados deberían fragmentarse?), lo cierto es que la vía adscriptiva ha sido progresivamente marginada en el discurso secesionista. No por falta de alusiones a una identidad propiamente catalana –por genética, lengua o supuesta laboriosidad–, ni por el mestizaje de su clase política: en 2016 solo 32 de los 135 parlamentarios tenía alguno de los apellidos más frecuentes en Cataluña. Lo ha sido por la necesidad de atraer el apoyo castellanohablante y de clase en una sociedad en la que el 55% de la población tiene el castellano como lengua materna y en la que el 32% llega con dificultad o mucha dificultad a fin de mes. Con resultados modestos, sin embargo: castellanohablantes y clases bajas no solo siguen oponiéndose ampliamente a la independencia. Els altres catalans de Paco Candel están ahora movilizados.

El dilema Brest-Litovsk al que conduce la vía remedial no es, pues, meramente circunstancial. Se debe en parte a las dificultades del bloque independentista para recorrer otras vías. No debería sorprendernos que la estrategia remedial vaya a dominar la batalla ideológica sobre la secesión, durante y después de la campaña electoral. Y bien estaría que los no independentistas dieran esa batalla, más allá de su apelación a la ley.

En teoría la ayuda humanitaria se reparte según las necesidades, en la práctica se opera en base a otros criterios.

La comunidad internacional, cada vez más acostumbrada a la erupción de crisis humanitarias, ha respondido con celeridad a la última gran catástrofe, el tifón Haiya en Filipinas. Durante la primera semana después del desastre los principales donantes destinaron 130 millones de dólares. No es una cifra desdeñable pero es claramente insuficiente comparada con los 15 billones de pérdidas que ha causado la calamidad. Es necesario dar más, pero ¿cuánto más? La decisión acerca la cantidad de recursos que debemos dar a las víctimas de una crisis humanitaria no debe ser tomada de manera aislada sino teniendo en cuenta situaciones similares que, en otro rincón del planeta, sacuden las vidas de la gente con la misma violencia.

En la actualidad, la distribución de la ayuda humanitaria es muy poco equitativa. No todas las crisis reciben la misma atención y esto se traduce en diferencias abismales en la cantidad de recursos que se les destina. Algunos países como Afganistán, Palestina y Sudan son mucho más ayudados que, por ejemplo, Angola, Burundi o Chad. Haití es otro de los principales beneficiarios. Según un informe reciente de la red ALNAP, en 2010, después del seísmo, Haití obtuvo 3,5 billones de dólares. En el mismo año, las crisis de Libia y de Costa de Marfil, que afectaron a más de un millón de personas cada una, recaudaron 460 y 159 millones respectivamente. Esto significa que los haitianos recibieron 1,167 por cabeza, los liberianos 307 y los marfileños solo 159. Para comprender mejor las consecuencias de estas cifras deberíamos conocer el coste de las operaciones humanitarias en cada país. No obstante, es muy improbable que este dato elimine la desproporción ya que satisfacer las necesidades básicas de los haitianos difícilmente sea siete veces más caro que atender a los marfileños. La inequidad de la ayuda queda reflejada en este gráfico que indica las cantidades recibidas por los principales países receptores entre 2001 y 2010.

Este estado de cosas contrasta con el discurso de los países donantes y de las ONGs que coinciden en que la ayuda debe prestarse solo según las necesidades de los afectados. El Código de la Cruz Roja, adoptado en 1994, como guía para el resto de ONGs – más de cuatrocientas lo han firmado- establece que “el orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las necesidades”. De manera similar, la UE ha proclamado que “la ayuda humanitaria debe ser asignada únicamente según las necesidades, sin discriminación entre o dentro de las poblaciones afectadas” (2008/C 25/01).

En la realidad operan otros criterios distintos a la necesidad. A pesar de que el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza en Afganistán es la mitad que en Burundi - según datos del Banco Mundial- la cantidad de ayuda destinada a los afganos es cuatro veces superior. Para juzgar la inequidad existente en la distribución de la ayuda debemos indagar en sus causas principales que son las siguientes.

La primera explicación es la información limitada. Evaluar las necesidades de individuos que viven en contextos muy distintos a los nuestros no es una tarea sencilla y los métodos para identificar el mejor modo de satisfacerlas son todavía precarios. A estas dificultades debemos añadir la falta de coordinación entre las agencias administradoras de ayuda que tienden a desconocer los proyectos existentes en una zona afectada y duplican - o triplican- los servicios. La inequidad derivada de estos defectos puede ser subsanada con una mejor comunicación con los beneficiarios de la ayuda y entre las agencias.

Más difícil de erradicar es la inequidad generada por los intereses políticos. La decisión de destinar recursos a una crisis humanitaria tiende a estar influida por la existencia de relaciones especiales con el país afectado – e.g. es una excolonia- y por consideraciones relativas a la seguridad del país donante que se puede ver amenazada por la proximidad de una crisis o un conflicto. Las disparidades generadas por estas razones pueden ser enormes. Después de la guerra de Kosovo, Naciones Unidas destinaba a cada kosovar 25 veces más de lo que daba a un congoleño.

La construcción del desastre por parte de los medios de comunicación también juega un papel decisivo. Las emergencias que reciben más publicidad son las que atraen más la atención de los gobiernos, que quieren preservar su reputación como donantes, y de los individuos, cuyas conciencias son eficazmente sacudidas a golpe de titular. Aunque este fenómeno, conocido como el efecto CNN, movilice cantidades importantes de recursos condena al olvido a las víctimas de desgracias que no venden.

Un último factor que influye decisivamente en la distribución de la ayuda es la ratio coste – beneficio. Los donantes son reticentes a prestar ayuda en una crisis cuando saben que sus recursos van a tener un impacto mínimo comparado con el que podrían tener si fuesen destinados a otra situación de emergencia cuyas circunstancias son más favorables a la ayuda. Muchas veces, son miembros de la comunidad de beneficiarios los que dificultan la ayuda -como ha sucedido en Siria. Otras, sin embargo, los obstáculos se deben a condiciones geográficas o a la falta de infraestructuras –como pasa en los pueblos del Sahel.

Las tres primeras causas de la inequidad son, en general, condenadas por ONGs, activistas y muchos expertos en la materia. La cuarta, sin embargo, ha ganado aceptación. Thomas Pogge o Paul Collier, por ejemplo, proponen abandonar el estándar de las necesidades y concentrar la ayuda allí donde pueda tener mayor impacto – que no necesariamente es donde se encuentran quienes más sufren.

Este criterio maximizador ya está operando. Las necesidades de los individuos no son el principal criterio de asignación de la ayuda humanitaria. En la práctica, las víctimas que son más costosas –difíciles de ayudar- suelen recibir pocos recursos, con independencia de cuales sean sus necesidades. Sin embargo, las ONGs y los donantes siguen anclados en la retórica de las necesidades. Es momento de actualizar este discurso por dos razones. La primera es porque la transparencia es un valor que debe informar cualquier reparto de recursos. La segunda, porque solo así podremos tener una deliberación pública sobre la adecuación del estándar basado en el coste-beneficio y decidir si estamos dispuestos a aceptar las desigualdades en la distribución de la ayuda que genera.