Dolor, angustia e incertidumbre. Y una sensación de déjà vu: ¿no habíamos pasado ya por esto? Un terremoto de 7.1 grados azotó la capital mexicana y los estados vecinos (Morelos, Puebla y Edomex), nuevamente en un 19 de septiembre. Otra vez las autoridades se vieron rebasadas; otra vez los ciudadanos tomaron el control.

El temblor se sintió a las 13:14 horas. No hubo alarma que sonara y, aunque nadie lo ha explicado todavía, algunas versiones indican que esta señal de alerta no ayudó por la cercanía del epicentro.

Decenas de edificios colapsaron, como en aquel 19 de septiembre de 1985. Y otros quedaron con severos daños estructurales, como aquel 19 de septiembre de 1985.

Civiles se organizaron por su cuenta en el corazón de la Condesa. Agua, medicamentos, tapabocas: todo vino de ellos mismos. Ni un policía, nadie de Protección Civil o del Ejército.

En el Parque México y en el España, mujeres y hombres se unieron para, codo a codo, ayudar en esta delegación que fue de las más golpeadas. Muchos jóvenes se unieron a las labores de rescate. Todavía en las primeras horas de hoy tomaban aire, agua, para continuar.

23 niños fallecidos bajo las ruinas de un colegio

La cifra de muertos supera los 200, mientras los rescates continúan. Quizás la tragedia que más hondo ha pegado al país ha sido dormirse con la idea de que 23 niños murieron bajo las ruinas de un colegio. Y con ellos, dos adultos. Quizás maestros, quizás padres o conserjes. No se conoce a ciencia cierta y por desgracia, la cifra de muertos podría crecer sólo en ese doloroso punto, porque 30 siguen desaparecidos.

A pesar de que el sismo de este martes fue menos intenso que el de hace unos días [8.2 grados], el epicentro estuvo más cerca. Fue en Axochiapan, Morelos, localidad limítrofe con el estado de Puebla. Eso, se podría suponer, hizo que fuera intenso.

La capital no está acostumbrada a que el sur, que es más sólido por los yacimientos de piedra volcánica, se sacuda con esa intensidad. Los sismos no se sentían con esa fuerza. Pero la tragedia descubrió que la vulnerabilidad de la capital va de norte a sur y no respeta territorios.

Las sirenas de los bomberos, ambulancias, policías y cuerpos de protección civil se entremezclaron con los gritos solidarios de personas que dirigían el tráfico y daban instrucciones a las personas para protegerse. Los civiles fueron autoridad durante ese tiempo.

En las colonias Del Valle Centro, Doctores, Jardines de Coyoacán, Juárez, Morelos y en Tlalpan hubo edificaciones colapsadas; en Bolívar y Chimalpopoca, se reportaron personas atrapadas en un edificio.

Miles de viviendas se quedaron luz e incluso sin servicio de agua. Las autoridades solicitaron a la población que verificaran las instalaciones de gas, por si había fugas. Las clases a nivel primaria y secundaria fueron suspendidas.

En las calles las personas se aglutinaron y el éxodo de peatones no cesó, varios regresaban a sus casas, otros buscaban a sus familiares y caminaban entre los autos de las avenidas principales de las colonias Condesa, Roma Sur, Roma Norte y Escandón.

El señor Adrián Romero caminaba con paso cansado y semblante muy preocupado sobre la avenida División del Norte, con sudor en su frente y unos zapatos rígidos de charol, se dirigía hacia Tacubaya.

Los más de 5 kilómetros que recorrerá se hacen eternos. No sabe cómo está su familia.

“Este terremoto se sintió casi igual que el del 85”

Don Adrián vivió el terremoto del 85 y ahora repitió la experiencia. “Este se sintió casi igual”, dijo el señor; sin embargo, ante la pregunta de si no lo sintió peor que el del 85, asintió con la cabeza.

El hombre se encontraba en una peluquería al momento del desastre y aunque los empleados le gritaron que se saliera, él decidió quedarse adentro.

En ese instante no sabía nada de su familia, lo cuenta con los ojos cristalinos. No había podido comunicarse con ellos y al pensar en el sismo de hace 32 años solo una idea pasaba por su mente: “Todo continúa igual”.

No muy lejos de allí, sentadas en el suelo y con las maletas listas, una madre, originaria de Francia y sus dos hijas esperaban un auto para ir a casa de una amiga que les otorgó refugio. Temían regresar al departamento en el que vivían porque quedó gravemente dañado.

“Estar aquí no es seguro, este edificio se puede caer. […] nos vamos a casa de una amiga que nos ofreció refugio”, confirmó la extranjera.

El caos no se alejó y la rapiña de algunos delincuentes aprovecharon la trágica situación. Los teléfonos de policía sonaban, no sólo para pedir auxilio por daños, sino por los asaltos que se cometían.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación y en las redes sociales, las personas reportaron atracos a mano armada en zonas como Santa Fe, Circuito Interior, Eje Central y Polanco.

El tiempo transcurrió y la noche llegó acompañada con una abrumadora oscuridad. Como si fuera una imagen casi apocalíptica se percibía incertidumbre y confusión en las múltiples calles que lucían oscuras. El temor se acogió entre los ciudadanos, que viajaban a sus casas aún con el miedo de ser asaltados.

La colonia del Valle fue una de las afectadas. El temblor no solo derribó dos edificios, sino que dejó sin vivienda a centenares de personas, y otros miles sin manera de llegar a su casa, porque el sistema de transporte colapsó.

Refugios levantados en escuelas

El Instituto SCIFI, una escuela de educación básica atendida por madres, había sido adaptada, de manera improvisada, como un albergue para los afectados.

María del Carmen Moreno García, madre superiora del colegio, relata que la idea surgió cuando diversos padres de familia, tras recoger a sus hijos, le comentaron a las monjas su preocupación porque no tendían donde pasar la noche.

En ese momento, les dijeron que podían quedarse allí, solo les pidieron que llevaran sus cobijas, según narró la religiosa.

Otro grupo de religiosas salieron a la calle a comprar agua y algo de comida. Otra comitiva salió hasta donde estaban totalmente caídos los dos edificios, en avenida Gabriel Mancera, en donde igualmente ofrecieron el refugio, comida, y material de curación. En los salones de la escuela colocaron colchonetas. Cuentan con 30 plazas, pero las monjas recibirán a todo el que llegue, enfatizaron.

El sencillo refugio de las madres es uno de tantos lugares ofrecidos por miles de capitalinos, y foráneos a las personas afectadas. No sólo eso, los ciudadanos se organizan para recopilar comida, ropa, agua y todo lo que sea necesario para ayudar.

“Aquí encontrarán agua, frijolitos, y café”, finalizó la mujer que invitó a quienes no se sientan seguras en su vivienda a acudir con ellas.

Hasta las 19:30 horas las clínicas y hospitales habían recibido a 136 personas que resultaron afectadas por el sismo y que en su mayoría son atendidos por contusiones, traumatismos y lesiones diversas en los hospitales de Lomas Verdes, Villa Coapa y Magdalena de las Salinas, así como en instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, habilitadas con traumatología.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en las áreas dañadas. También se desplegó a 3.428.000 efectivos militares, mujeres y hombres, así como 15 binomios canófilos, para la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo este jueves en una rueda de prensa que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de dar a conocer los resultados del tercer peritaje hecho en el basurero de Cocula “fue tomada de forma unilateral” por el organismo federal. Los investigadores denuncian que se vulneró un acuerdo de confidencialidad y que no se informó a los familiares. Así, advirtieron de que no seguirán colaborando en el caso Iguala si no hay condiciones que se ajusten a estándares internacionales.

Una fuente del GIEI consultada dijo a SinEmbargo que “se suspende la colaboración en el tema del fuego (incendio) aunque sigue en todo lo demás”.

El basurero de Cocula ha sido un punto de desencuentro entre los expertos independientes de la CIDH y el Ejecutivo de Peña Nieto. El Gobierno mexicano apuntó en su versión oficial, denominada “verdad histórica”, que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos fueron quemados en este punto. Un informe posterior del GIEI desautorizó esta investigación: “No existe ninguna evidencia” de que los jóvenes mexicanos fueran incinerados en el basurero, indicaron.

El 6 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también concluyó que ni el gobierno mexicano ni los expertos en fuego tenían evidencias de los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en Cocula.

Ricardo Damián Torres, el portavoz de los seis Expertos en Materia de Fuego que participaron en un nuevo peritaje de Cocula encargado por las autoridades mexicanas, dijo el pasado 1 de abril en una conferencia de prensa que podía establecerse que al menos 17 jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula en septiembre de 2014. Para determinar si el total de los 43 estudiantes sufrieron el mismo final sería necesaria “una prueba a gran escala”, apuntó en el encuentro ante los medios, en el que le acompañó Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de la PGR.

El GIEI afirma que la información difundida sobre el nuevo estudio no les fue explicada previamente ni tampoco se les informó sobre el “consenso de los expertos de fuego”. En cambio, la PGR respondió que sí respetó el acuerdo de confidencialidad e indicó que los resultados del tercer peritaje fueron abiertos en presencia del experto Carlos Martín Beristáin, miembro del GIEI. 

Los expertos niegan la explicación de las autoridades mexicanas: según declararon este jueves, es falso que no estuvieran en la presentación de este peritaje por decisión propia, e insistieron que ni siquiera fueron notificados. Indicaron que con anterioridad advirtieron a la PGR de que “no se podía hacer una comunicación pública de algo que es provisional”.

No se informó a las familias

La experta Ángela Buitrago lamentó que el peritaje se haya dado a conocer sin antes haber informado a las familias sobre su contenido. Dijo que después de la conferencia de prensa en la que Ricardo Damián Torres, el portavoz de los seis Expertos en Materia de Fuego, pidieron conocer el grado de consenso de los especialistas en torno al peritaje. La respuesta oficial fue que hay un contrato de confidencialidad que les impide informar sobre ello, por lo que desconocen el grado de consenso.

Por información filtrada a los medios de comunicación se supo de discrepancias entre los seis peritos que realizaron el tercer peritaje en el basurero de Cocula.

“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [en cuanto al basurero]”, zanjó Buitrago.

“Este estudio fue una iniciativa de la PGR, para ello firmamos en febrero un nuevo acuerdo, donde se determinaban elementos fundamentales: que se iba a trabajar en consenso y que cualquier resultado se iba a informar a las víctimas. Eso se rompió por parte de la Procuraduría”, explicó la experta Claudia Paz y Paz.

Los expertos indicaron que de ahora en adelante se centrarán en afinar su informe final, que será presentado al final de este mes, cuando termina su mandato en el país. Y lamentaron que las acciones de la PGR, de dar a conocer resultados preliminares sin consenso, hayan “revictimizado a las víctimas” del caso de los 43.

Cuando los expertos intentaron obtener información sobre estas discrepancias, recibieron por respuesta la existencia de un acuerdo de confidencialidad con la PGR, lo cual viola el acuerdo de coadyuvancia que faculta al GIEI, indicaron.

Campaña de desprestigio

Los expertos también afirmaron que han sido objeto de una campaña de difamación. Buitrago, detalló que los señalamientos de José Antonio Ortega Sánchez de la organización civil Paz y Justica quedarán documentados dentro del informe final.

“Nuestra prórroga se vence el 30 de abril, hoy 6 de abril podríamos decir que los objetivos siguen vigentes, en pie, no los hemos cumplido a la cabalidad, pero la posibilidad de la prórroga está en manos de la CIDH, el Estado y los familiares”, dijo Alejandro Valencia, también miembro del GIEI.

Los expertos reiteraron que su motivación para estar en México no ha sido más que la búsqueda de la verdad. Los objetivos por los cuales vinieron aún persisten, y lamentaron que a su trabajo se sumen obstáculos como las denuncias en contra de ellos.

“Esa denuncia se presentó en contra de Álvarez Icaza, pero también se nos incorporó dentro de los involucrados, aunque tenemos inmunidad”, dijo Claudia Paz y Paz. “Es importante mirar cómo todo lo descontextualizan para generar una campaña de desprestigio en contra de unas víctimas que han sufrido”, dijo Buitrago.

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La Fiscalía del Estado de Veracruz ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de la periodista mexicana Anabel Flores Salazar, desaparecida este lunes. La mujer, de 32 años, ha sido asesinada después de que varios hombres armados irrumpiesen en su casa para secuestrarla. Flores Salazar es la periodista víctima número 19 de asesinato o desaparición en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los datos de la organización internacional Artículo 19. La décima, según las cifras oficiales.

La periodista “fue raptada en el interior de su domicilio” por hombres armados vestidos como militares, con cascos, pasamontañas y chalecos, la sacaron de su casa, donde se encontraba su tía Sandra Luz Morales, quien al tratar de impedir que se la llevaran fue golpeada y tirada al suelo.

Los hombres alegaron tener una orden judicial para su arresto, según ha informado la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) de Veracruz. “Nos comentaron que era una reportera incisiva y daba información sobre la delincuencia organizada, trabajaba en varios periódicos en la zona centro”, ha afirmado a la prensa el titular de la dependencia, Jorge Morales.

Anabel era madre de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono y últimamente cubría la información policiaca como periodista freelance para El Sol de Orizaba.

Tenía a su cargo la cobertura en los municipios de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Ixtaczoquitlán, donde recogía informaciones tanto de accidentes automovilísticos como de homicidios y ejecuciones.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha solicitado a las autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación del delito y que se considere el ejercicio de su profesión como el motivo de su asesinato. El Gobiernador Duarte de Ochoa había informado en su cuenta de Twitter que “se activaron los protocolos para la búsqueda y localización de la reportera Anabel Flores Salazar”. De nada sirvieron los protocolos. Anabel está muerta.

Larga lista de asesinatos en un mandato

Desde que este gobernador tomó el poder en el estado de Veracruz, en 2010, se tienen contabilizados 19 periodistas asesinados y desaparecidos. Las cifras aportadas por la Procuraduría General de la República son inferiores: 16 asesinados desde el año 2000, 10 bajo el Gobierno de Javier Duarte.

Además, su mandato ha sido criticado por insinuar que dichos periodistas tenían vínculos con el narcotráfico o fueron víctimas de delitos comunes.

En este caso también ha ocurrido. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron el hecho de que en un primer comunicado la Fiscalía estatal vinculó a la víctima con la delincuencia organizada sin haber realizado las investigaciones. La criticada nota señalaba que en agosto de 2014 Flores Salazar había estado en compañía de un presunto miembro de un grupo del crimen organizado cuando éste fue detenido. Las autoridades dijeron que están investigando la posible relación entre Flores Salazar y este individuo.

Sin embargo, un familiar de la periodista aclaró al CPJ que no estaba al tanto de ninguna amenaza contra Flores Salazar. Sobre la supuesta conexión con el arrestado, aseguró que aquel día su sobrina cenó con su familia cuando el presunto delincuente, que estaba en el mismo restaurante pero no con ellos, fue detenido.

“La administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa tiene un triste historial de impunidad. Ha sido incapaz y está poco dispuesta a perseguir los delitos contra la prensa”, ha afirmado Carlos Lauría, coordinador senior del programa del CPJ para las Américas. Mientras las autoridades ministeriales inician una investigación por los hechos, los reporteros viven en medio de la zozobra y el temor, recibiendo llamadas de amenazas.

La Procaduría General de la República informó que ha requerido a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina información acerca de si sus miembros ingresaron en el domicilio de la reportera, “y en caso afirmativo que informen qué autoridad emitió la orden correspondiente, en qué circunstancias se llevó a cabo y qué elementos participaron”.

También ha solicitado una investigación a la Policía Federal Ministerial para que se trasladen al lugar de los hechos de manera inmediata y localicen cámaras de videograbación y testigos de los hechos.

Rubén Espinosa Becerril no quería que hubiera un periodista número 13 asesinado en el estado de Veracruz y por eso lo abandonó el pasado 9 de junio y huyó al Distrito Federal: salió huyendo de la entidad gobernada por el político del PRI Javier Duarte de Ochoa, a quien señaló de ser el autor de los acosos y amenazas que estaba recibiendo, le dijo al medio de comunicación SinEmbargo en su última entrevista, realizada el 1 de julio.

Ahora, Rubén es el número 13. Fue asesinado en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México junto a otras cuatro personas. Espinosa es también el periodista asesinado número 16 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En total en los últimos años suman 88. Lo asesinaron en las narices de las organizaciones en donde denunció las amenazas de las que era víctima y lo más grave, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un 'autoexilio' de Veracruz, obligado por el acoso y las amenazas de las fue víctima llegó al DF. El joven colaborador de los medios Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC huyó después de protagonizar varios episodios de acoso.

El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años estaba afincado en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que fueron ejecutados antes que él. Quería volver a la entidad que gobierna Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lidera el presidente Enrique Peña Nieto, pero tenía claro que regresar era jugarse la vida. Por eso mejor se quedó en el DF.

El día de la entrevista, Rubén llegó a la redacción ataviado con una camisa a cuadros, pantalón casual, unos tenis, su chaleco y la bolsa donde resguardaba su cámara fotográfica. Llegó listo para cubrir la marcha de los nueve meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esa sería su siguiente parada después de conversar en las oficinas de SinEmbargo.

A pesar de que se sentía nervioso, su gusto por la cobertura de movimientos sociales lo impulsaba a salir a la calle a tomar fotos. En el Distrito Federal se sentía seguro y aunque le estaba costando trabajo adaptarse de nuevo a la ciudad, la certeza de que en la capital del país podía resguardarse de las amenazas que había recibido, lo alentaba a continuar.

Sentado en una de las sillas de la sala de juntas, Rubén reveló el estado de la prensa y de la libertad de expresión en Veracruz; el modus operandi del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para mantener sometidos a los medios de comunicación y la vida que deben llevar los reporteros y fotógrafos que no quieren recibir dinero a cambio de no ejercer su libertad de expresión.

“La anarquía es tal, que todos la están pasando mal menos la corrupción” –dijo– “en un Veracruz que la muerte escogió para vivir, en brazos de un gobierno admirador del exdictador Francisco Franco”.

“Deja de tomar fotos o vas a terminar como Regina”

Rubén dijo a este diario digital que salió huyendo de Veracruz porque era acosado por el gobierno de Javier Duarte, debido a que publicaba fotos incómodas para el gobernador y porque cubría marchas y movimientos sociales.

En una de esas coberturas andaba –una manifestación de estudiantes que fue reprimida y que a él le tocó registrar a través de su lente–, cuando un hombre, al que identificó como una persona de “ayudantía del Gobierno del Estado”, lo amenazó con que terminaría como la periodista de la Proceso Regina Martínez Pérez, quien fue asesinada en su departamento en 2012.

Igual que Regina Martínez, Rubén Espinoza fue asesinado entre las cuatro paredes de un departamento, pero en la Ciudad de México.

– ¿Qué coberturas haces en Veracruz? ¿Crees que detonaron este acoso?

– Yo me especializo en movimientos sociales. Tengo una portada en la revista Proceso con el Gobernador, esa portada lastimó mucho, de hecho la compraron a granel…

– ¿Qué foto es?

– Es una fotografía donde el Gobernador sale con una gorra de policía y de perfil que va caminando.

El fotoperiodista aseguró que alrededor del 98% de la prensa en Veracruz, desde directivos de medios, hasta reporteros, recibe “chayote” como automóviles y dinero para publicar a gusto del Gobernador. Contó que hay unos desayunos llamados 'Desayunos de la Libertad de Expresión', donde se rifan vehículos, pantallas, iPads y teléfonos.

“Lo que ya no se quiere hacer en Veracruz, es periodismo de investigación, está prohibido, todos deben conformarse con el boletín. Estamos hablando de que van 12 compañeros asesinados, cuatro desaparecidos y del 2000 a la fecha, 17 exiliados. Y cada que llama un diputado y el mismo gobernador a sus desayunos se llena, porque desgraciadamente la prensa en Veracruz está al servicio de quien le echa de comer”, dijo.

Espinosa Becerril recordó el caso de Víctor Báez, director de Reporteros Policiacos, quien fue asesinado, descuartizado y “aventado” frente a las instalaciones del Diario de Xalapa, una semana después de recibir un automóvil como regalo.

“Le duró una semana su coche. Yo estoy muy en desacuerdo con que a la prensa se le tenga que dar dinero, no tiene que hacerlo. Entiendo que los sueldos son bajos, pero si exigimos prestaciones, seguro como gremio, posiblemente lo vamos a conseguir, pero para todos es más fácil recibir dinero”, expresó.

El D.F. dejó de ser seguro, según la ONG Article 19

La última vez que Darío Ramírez, director de la organización internacional Artículo 19, habló con Rubén, fue hace una semana. El joven fotoperiodista estaba más tranquilo y seguía en contacto con sus colegas de Veracruz. Preocupado por seguir difundiendo lo que sucedía en esa entidad, le dijo.

Hoy con Rubén muerto, Darío Ramírez está consternado. Artículo 19 le ayudó con el desplazamiento de Veracruz al Distrito Federal y ahora la organización está ante una terrible negligencia del gobierno de Veracruz y del gobierno federal.

“Es un dolor profundo, es un momento de frustración y cólera, por la indolencia de las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal. Esta muerte está en los hombros de funcionarios públicos del estado de Veracruz y del gobierno federal”, dijo Ramírez. Artículo 19 dio aviso al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación del peligro que sufría Espinosa.

“Hay un nuevo fondo y me refiero a que la violencia está mucho más cercana al Distrito Federal. Ya no es ese santuario a donde podían venir y sentirse tranquilos los periodistas. No podemos presumir que el DF es un santuario, sino que la violencia está en las calles. Seguimos hablando de un alto grado de esquizofrenia, de locura, porque las autoridades hablan de una protección inexistente, un mecanismo inútil”, dijo.

Hace un mes Espinosa Becerril aseguró que no confiaba en los mecanismos de protección del gobierno y que prefería acercarse a los organizaciones de defensa de periodistas: “En Veracruz no hay garantías. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada. El día de la golpiza del 14 de septiembre a un compañero le dieron con toletes eléctricos en el corazón y la misma Comisión le dijo: 'Mejor recibe dinero, no hagas escándalo, ya te pasó, ya te robaron'. He venido acá y me preguntan si ya me acerqué a la Comisión. No tienen idea de la corrupción que hay en esa Comisión. Yo no confío en ninguna institución del Estado, no confío en el gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí. No es nada más Rubén, es familia, amigos, yo no quiero perjudicar a nadie más con eso”, dijo.

Antes de despedirse, el joven fotógrafo auguró días difíciles para el estado del que huyó y pidió a la sociedad “voltear a ver a Veracruz”. “Viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día y recordemos que Javier Duarte al inicio de su mandato dijo que era admirador de Franco, es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Solo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando a toda libertad de expresión”, indicó.

Al final de la entrevista Rubén se acomodó la cámara fotográfica, saludó a sus colegas y se encaminó a la salida. Sonrió y se despidió con un abrazo. Minutos más tarde, el fotógrafo retrataba a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la marcha que salió a las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia y que concluyó con una lluvia a las afueras del Palacio

de Bellas Artes.

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Sobre ellos existen pocos datos. Se sabe de los que llegan, los que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, los que mandan remesas y contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Pero sobre los que se quedan en el camino, atrapados entre las fauces de un país que los sepulta en fosas clandestinas, mutila, recluta, viola y asesina, poco se conoce.

Desde hace casi una década, grupos de madres centroamericanas salen de sus países de origen para recorrer la Ruta del Migrante en México con la esperanza de encontrar a sus hijos, vivos o muertos.

Este año viajaron en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos alrededor de 40 mujeres de cuatro países: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Durante su travesía se dieron cinco encuentros. Uno de ellos surgió gracias a que una mujer migrante reconoció su rostro en una de las decenas de fotografías que viajaron desde Centroamérica.

Sin embargo, no todas tuvieron suerte y siguen en la búsqueda de sus hijos perdidos. Los que un día emigraron de sus países para conseguir un empleo digno en el país de los sueños, en la nación que paga en dólares, en la tierra prometida del “sueño americano”.

“Mamaíta nos vamos para comprarte una casita”

José Vinicio y Esteban Salvador Pérez Vázquez salieron de Guatemala un 21 de marzo de 2010 para emigrar a Estados Unidos y ya no regresaron. Se perdieron en tránsito por México y dejaron a Gabriela Vázquez, su madre, con las manos vacías y el recuerdo de aquella promesa: “mamaíta nos vamos a ir para ver si podemos lograr comprar una casita”.

Gabriela está destrozada y cansada. Ha viajado por varios estados de la República, sin conseguir el éxito esperado. Dejó Guatemala, se colgó del cuello las dos fotografías de sus hijos de 30 y 20 años y se dispuso a viajar por México de la mano de su hijo menor.

En Guatemala, José Vinicio y Esteban Salvador descargaban camiones de arena, trabajaban como ayudante de albañil y ayudante de camioneta para poder ganar unos cuantos quetzales. Pero los muchachos se cansaron de salarios miserables y de vivir en la pobreza y, por eso, decidieron emigrar hacia Estados Unidos. “Como toda persona que quiere salir de la pobreza en que estamos, me dijeron 'mamaíta nos vamos a ir para ver si podemos lograr comprar una casita', porque no vivimos en lo propio, vivimos en los ajeno. Usted sabe que, en lo ajeno, si uno no tiene para pagar es discriminado por las personas, los dueños de la casa. Por eso ellos tomaron la decisión de salir”, dice Gabriela.

La mujer asegura que sus hijos son buenos, humildes y no son criminales. Porque escuchó que hay quienes consideran a los migrantes unos delincuentes. “Me duele cuando dicen que son unos criminales, cuando no lo son. Diosito sabe que no es así, que mis hijos no son criminales, ellos emigraron para otras tierras por la necesidad, no porque vengan huyendo de algo”. Gabriela no volvió a saber nada de sus hijos desde 2010, cuando en una llamada, el mayor, José Vinicio, le dijo que ya estaban en la frontera.

Su hogar en Guatemala se ha quedado aún más empobrecido que cuando se fueron: la madre de los jóvenes todavía debe el dinero que pagó al coyote para que cruzaran la frontera con México. Durante su paso por México, algunos migrantes le dijeron que vieron a los dos muchachos. Con ello, Gabriela alimenta su esperanza de que siguen vivos.

“Me dijeron 'a estos muchachos los hemos visto, son muy humildes'. Así son mis hijos, muy serios, muy humilditos”, dice. “Los hijos es lo más bello que uno tiene. Y pensar que pasan navidades sin ellos, lamentablemente solo me queda pedirle a Dios que me dé paciencia, fuerza para vivir”.

Honduras: “El narco lo tiene”

Ana Enamorado llegó a México por primera vez en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos de octubre de 2012 y nunca más volvió a Honduras, su país de origen. Se mudó al Distrito Federal con lo único que traía: ropa, objetos personales y un par de zapatos. Dejó todo lo construído durante su vida de 42 años y, hoy, está dispuesta a morir por volver a ver a su único hijo, Óscar Antonio López Enamorado, quien desapareció en Guadalajara (Jalisco) en 2008.

Aunque perdió el contacto con su hijo de 17 años hace cinco, Ana sabe que fue reclutado a la fuerza por el crimen organizado. Óscar salió de Honduras huyendo de la violencia, la pobreza y problemas conyugales entre sus padres. Quería llegar a Estados Unidos, establecerse en un empleo y estudiar leyes. “Salió de allá porque no hay muchas oportunidades de empleo, la violencia es muy fuerte. Me dijo: 'me voy a ir a Estados Unidos, aquí está muy peligroso', porque igual que aquí cogían a los jóvenes, se los llevaban y los mataban. Me dijo 'yo me voy para allá, allá terminaré mis estudios', porque su meta era estudiar Derecho, pero no dejaron que acabara su sueño”, dice Ana Enamorado.

Óscar vivió un año en el país anglosajón. Durante ese tiempo hablaba con su madre a través de mensajes de texto diarios pero, un día, la comunicación se cortó. “Mi hijo llegó a Estados Unidos, estuvo un año viviendo allá, luego un día me llamó y me dijo que ya estaba en México, en Jalisco. No entiendo a qué vino a México, ni cómo llegó. Solo me dijo que se había regresado con un amigo de Jalisco”, dice. Ana recuerda que el contacto que mantenía con Óscar se fue reduciendo poco a poco, hasta que un día dejó de saber de él. “Pasados unos meses me llamó un tipo, me dijo que necesitaba dinero, porque mi hijo había chocado una camioneta. Entonces supe que se trataba del crimen organizado, me extorsionaron. Creo que mi hijo estuvo explotado, reclutado, y que se lo trajeron de Estados Unidos, quizás no a la fuerza, pero con engaños”, dice Ana.

La madre de Óscar asegura que tiene información que consta en una denuncia efectuada ante las autoridades de Guadalajara a principios de año. “Yo entregué mucha información a las autoridades de Guadalajara y no han hecho nada. Eso me indigna. Las autoridades no hacen nada por nosotros, ni por los centroamericanos, ni mexicanos, ni nada. Yo sé que el crimen tiene a mi hijo y no digo que lo busco muerto, lo busco vivo, porque vivo se lo trajeron y me lo tienen que entregar”.

Ana teme por su vida. Asegura, en la búsqueda de su hijo, ha empeñado su seguridad y tranquilidad. Pero no le importa. El dolor de la ausencia de Óscar la tiene muerta en vida. Las energías que le quedan, solo son para buscarlo. “Voy a buscar a mi hijo hasta el último día de mi vida. Doy mi vida con gusto. Yo sigo en esta lucha”.

Nicaragua: “Estará un hospital psiquiátrico o en la calle”

María Giselle González Márquez salió de Managua (Nicaragua) en 2005 con la intención de emigrar hacia Estados Unidos, pero el dinero que llevaba para pagar al coyote se le terminó y se quedó en el Distrito Federal a trabajar.

Julia Márquez, su madre, habló por última vez con Giselle el 31 de diciembre de ese año y hasta hoy, su paradero es un misterio. La joven es madre soltera y salió de Managua para conseguir un empleo mejor remunerado y así sostener a su hijo, que entonces tenía 14 años y deseaba estudiar. “Estuvo en Guatemala cuatro meses y luego cruzó a México y se vino al Distrito Federal. Aquí trabajó en casa de unas personas originarias de Israel. Luego salió de ahí y empezó a trabajar en otra casa”.

Aunque Julia indica que aquel trabajo fue el último que tuvo su hija, los giros de dinero que enviaba a través de un intermediario de nombre Óscar Raymundo Quiroz, se realizaron desde la ciudad de Toluca (DF) y Culiacán (Sinaloa). “Ese hombre era el que llamaba y le pasaba el teléfono. También el que ponía el dinero que ella mandaba. Iba a su nombre porque ella estaba ilegal, me mandaba unos 80 dólares cada mes”, añade.

Julia recuerda que su hija Giselle empezó a alejarse de su familia. Dice que el hombre que depositaba los giros se lo prohibió. “Se iba a traer a México a uno de sus hermanos, pero ese hombre le dijo que no. Él llamó a mi hijo y le dijo que era muy difícil pasar, que era peligroso, que mejor se quedara allá, porque la muchacha se ponía muy nerviosa. No sé, quizás le pudo dar una depresión. Yo me imagino que ese Óscar le prohibió hablar con nosotros. Estará en un hospital psiquiátrico o andará en la calle”, sostiene.

Actualmente el hijo que Giselle dejó de estudiar Contabilidad y trabaja en una agencia aduanera en su país. “Él me dice 'abuela no te preocupes tanto porque no la encuentras, vas a enfermar'. Pero sabe que no puedo rendirme. Necesito encontrar a mi hija para que estemos todos juntos de nuevo”.

El Salvador: “Los dólares no están en un palo”

Hace once años Rafael Alberto Rolín Celaya llamó a sus padres desde México. Decía que estaba a punto de emprender un viaje para cruzar el país con destino a la frontera entre México y Estados Unidos con la ayuda de un coyote.

El muchacho, originario de El Salvador, salió en busca de dinero y, también, siguiendo a su novia, quien, meses antes, había emigrado hacia ese país con éxito. “Mi hijo salió porque no tenía empleo. Había encontrado uno muy mal pagado. Su novia llevaba cinco meses fuera del país. Hay muchas razones por las cuales los migrantes, nuestra gente, nuestros hijos se van, de alguna manera obligados.

Me dijo 'me voy para reunirme allá con ella', entre sus sueños estaba ayudarnos, sentirse como una persona realizada“, dice Anita Celaya Galán, su madre. Antes de salir de El Salvador, Anita habló con su hijo. Le expuso los peligros que podía encontrar en Estados Unidos, ya que en aquel momento estaba reciente el atentado del 11 de septiembre de 2001. Pero Anita nunca imaginó que verdadero reto para su hijo fuese cruzar a salvo varios estados de la República Mexicana. ”Yo le dije 'no te vayas hijo, están matando a la gente, los están confundiendo con terroristas', mi muchacho no me hizo caso, le pudo más la necesidad de venirse.

Cuando estaba en la casa del coyote yo le dije que se viniese, que no nos íbamos a morir de hambre, que podríamos solucionarlo de cualquier forma. Pero no me hizo caso“, recuerda Anita. La mirada de la mujer se humedece. Prosigue: ”Creen que con llegar a Estados Unidos se cumple todo. Hay mucha gente que se decepciona al llegar y encontrarse con que los dólares no llegan solos, que hay mucha discriminación y explotación“.

Anita está segura de que Rafael no cruzó la frontera norte, porque otro de sus hijos vive en el estado de South Carolina. “Alguien llamó a mi otro hijo que vive en South Carolina y le dijo que tenían a su hermano. Le pedían 3.500 dólares. Consiguió lo que pudo y les mandó mil 800 dólares, pero nunca pudimos encontrarlo”, lamenta.

Desde entonces, Anita no descansa. En su país participa activamente en una red de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México. “Es como si ayer se hubiese ido mi muchacho. He dejado de llorar, hemos aprendido a caminar en este calvario con el amor de una madre. Hay una gran indignación por cómo están violando los derechos de nuestros hijos, pero eso nos hace caminar. A mí me ha hecho trabajar mucho”, continúa.

La madre de Rafael dirige el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Salvador desde 2006, a través del cual se han identificado 350 casos, de los cuales 180 están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). “Mandamos pruebas de ADN de 600 familiares a la PGR para poder compararlas con los restos de migrantes que están en las fosas. Yo no lo he visto muerto, así que no puedo cruzarme de brazos ni desistir de su búsqueda”.

Ambos tienen objetivos distintos: unos trafican con drogas y los otros persiguen el “sueño americano”. Y ambos viajan por rutas paralelas y, en el camino, se encuentran. Pero la balanza en este encuentro se inclina hacia los traficantes de drogas. Descubren todo un negocio aparte en los migrantes centroamericanos que cruzan por la República Mexicana con la esperanza de llegar a Estados Unidos: secuestro, extorsión, reclutamiento y trata.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha calificado la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta terrestre más peligrosa junto con el tránsito por el desierto en la parte occidental de África. ¿Qué es lo que la hace tan arriesgada? La situación se agravó desde que, hace siete años, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzara su guerra contra el narcotráfico. Una tragedia que algunos señalan como emergencia humanitaria.

“Ahora que el Estado Mexicano está diseñando estrategias de contención contra el crimen organizado, la migración se está convirtiendo en un esquema de diversificación de los propios narcotraficantes. Lo que está haciendo el narcotráfico cuando toma en sus manos al migrante es tener una alternativa adicional de ingresos, ahora que ha perdido gran parte del dinero recibido tradicionalmente por la compra, venta y traslado de drogas”, asegura Javier Urbano Reyes, de la Universidad Iberoamericana de México (UIA).

“Por un lado, en todos los casos el migrante, por las circunstancias, viaja por la mismas rutas que el tráfico de drogas y, por otro, se ha integrado como una fuente de recursos. Están saliendo dos tipos de productos: el migrante utilizado como mercancía y el reclutado como sicario, pero este último vínculo está muy forzado por el narcotraficante”, explica Urbano.

Según el experto, no existen cifras exactas del porcentaje de migrantes reclutados en las filas del narco. Tampoco las hay sobre los abusos a los que son sometidos durante su paso por la Ruta del Migrante a bordo de La Bestia, el tren de mercancía utilizado por estas personas para cruzar México y llegar a la frontera con EEUU. Lo que sí está demostrado es que el negocio masivo para los criminales en cuanto a los indocumentados es la extorsión y el secuestro. “Se sabe bien que la cuota para poder viajar sobre La Bestia oscila entre los 100 y los 500 dólares. Si la persona no tiene para pagar, es arrojado del tren. También se sabe que existe gran número de casas de seguridad donde llevan a los migrantes secuestrados, que desde allí se pide rescate a sus familiares y, si no pagan, los matan”.

Las mujeres son violadas y secuestradas para utilizarlas como esclavas sexuales. Sin embargo, para Urbano, esta realidad apenas se conoce por la falta de registro, atención y seguimiento de las autoridades mexicanas. San Fernando le dio rostro a una realidad que los activistas y expertos en el tema migratorio denunciaban desde hace tiempo.

La tragedia de San Fernando

La masacre que acabó con la vida de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, todavía está fresca en la memoria, pese a que ya pasaron tres años. Aquel 22 de agosto de 2010, México recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres maniatados, ejecutados por la espalda y apilados en un terreno baldío.

Los muertos provenían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil. El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de sus secuestradores y de la muerte (a pesar de que le dispararon) y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.

La funcionaria a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) era una mujer sin experiencia en el tema, con la única credencial de ser amiga del presidente. Después de presentar la renuncia de su cargo en la Secretaría General del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en una entrevista que la tragedia de San Fernando sería “una línea más” en su currículum.

Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique (Tabasco), un activista social que permanece amenazado de muerte, bautizó con ese nombre, en memoria de los masacrados en San Fernando, al lugar que hoy recibe alrededor de 150 indocumentados centroamericanos diarios. Para el sacerdote, la tragedia sólo puso sobre la mesa una realidad que sucedería todos los días a lo largo del país. “Cuando pasa una masacre, todos se vuelven a ver el problema. Esos 72 fallecidos son los que se conocen gracias a que uno logró escapar, pero cuántos hay como ellos en las fosas clandestinas”.

“Mientras Estados Unidos levanta fosas, aquí cavamos fosas para enterrarlos”

Fray Tomás está familiarizado con el drama que viven los migrantes. A lo largo de su trayectoria como defensor de los centroamericanos, ha sido testigo de toda clase de vejaciones. El sacerdote y otros activistas que lo apoyan, igual que el padre Alejandro Solalinde, han visto a estas personas muertas en las vías del tren. Los han descubierto en fosas. “Mientras Estados Unidos levanta fosas, aquí cavamos fosas para enterrarlos”, dijo Fray Tomás.

Hace apenas unas semanas, Alejandro Solalinde denunció el hallazgo de fosas clandestinas en Oaxaca con una cantidad “escandalosa” de cuerpos sin órganos, aparentemente de migrantes, en fosas clandestinas. El director del albergue Hermanos en el Camino afirmó que el hallazgo podría corroborar que “existen organizaciones que usan indocumentados para el tráfico ilegal de órganos”.

“Me preocupa porque sí hay tráfico de niños, me preocupa porque hay tráfico de órganos. Hay, en algún lugar que por ahorita no puedo revelar, yacimientos de cuerpos sin órganos y esto es grave. Fui informado por autoridades de un estado, no puedo decir en dónde porque necesitamos estudiarlo con las autoridades”, indicó Solalinde.

Sin embargo, el Estado mexicano parece permanecer estático ante la evidencia. Una semana después de la masacre de San Fernando, cometida por el crimen organizado, el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un programa para proteger a los inmigrantes en situación irregular que pasan por el país.

Consistía en cinco medidas: establecer convenios de colaboración con los Gobiernos de los estados de la Ruta del Migrante, desarticular a las bandas tratantes de personas, vigilar las vías férreas, un plan para informar sobre los peligros en el cruce por México y mejorar la atención a las víctimas extranjeras.

Pero el plan de Calderón Hinojosa sólo se quedó en buenos deseos, mientras que el nuevo Gobierno, bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, no hizo gran cosa por detener los asesinatos y secuestros que suceden todos los días a lo largo de las vías del tren.

“El Gobierno le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”

“En términos prácticos, no creemos que hayan servido los compromisos que se desprendieron después de la masacre, porque no se han cumplido. El programa se dio durante la administración anterior, pero la obligación de proteger a los migrantes y a los activistas sociales que luchan por ellos no se está cuidando tampoco en la presente administración. No se están dando los pasos adecuados para perseguir a quienes cometen abusos, asesinan y secuestran a los inmigrantes”, dijo Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México. Zapico agregó que la situación de estas personas en su paso por el país no es mejor que hace tres años. “Hay una enorme preocupación porque no sabemos cómo piensa el Gobierno Federal abordar este problema”.

Fray Tomás González Castillo critica que el Estado mexicano no aprendió nada de la masacre de San Fernando. “Al contrario, no se ha hecho nada. Estamos a tres años y no hay justicia ni reparación del daño. Hace unos días tuvimos contacto con dos familiares de los masacrados, una señora de Guatemala que perdió a su esposo y otros parientes, y una mujer de Brasil. La brasileña nos dijo que el Gobierno mexicano le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”. Fray Tomás estimó que el 70% de los migrantes centroamericanos que tratan de cruzar México son asaltados entre Tenosique y Coatzacoalcos y alrededor del 1% son asesinados.

Rubén Figueroa, un activista que se encuentra exiliado del país por las amenazas de muerte en su contra debido a su activismo en La 72, aseguró que diariamente tenía conocimiento de cuatro migrantes muertos sobre las vías del tren. Las mujeres centroamericanas son violadas y secuestradas para obligarlas a prostituirse y los niños son víctimas de trata de personas, según informa. “La tragedia humanitaria es enorme. Ahora el albergue se ha quedado vacío y qué crees que puede pasar con esa gente”.

Inexistencia de datos precisos

Desde Amnistía Internacional, advierten que el problema principal de México en torno al tema migratorio es que no cuenta con datos precisos de cuántos migrantes son secuestrados y asesinados en el país. “Si no hay información, si no hay datos oficiales, es difícil realizar políticas públicas. Nunca sabremos si mejora o no. Hay muy pocos datos disponibles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en su último informe sobre migración en 2011 que cerca de 11 mil migrantes fueron secuestrados en seis meses, es decir, si lo llevamos a un año, son 22 mil“, denuncia el director de Amnistía México. Pero a pesar de que existen esfuerzos de organizaciones civiles por darle datos duros al tema migratorio en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) carecen de estas cifras.

“La Segob y la PGR no dan esas cifras porque no se molestan en recoger los datos. No se molestan en saber lo que hay y difícilmente van actuar. Hay estudios que apuntan que hasta el 60% de las mujeres y niñas que atraviesan México sufren algún tipo de violencia sexual”, indica. Zapico recuerda que las mujeres centroamericanas antes de viajar a México se inyectan anticonceptivos de larga duración para evitar un embarazo ante la posibilidad de ser violadas en el trayecto de la Ruta del Migrante.

Sobre la cantidad de migrantes secuestrados, las cifras que las autoridades le reportan a la CNDH son marginales. Pero de acuerdo con el trabajo de campo que realizó la comisión que entrevistó a 68.095 personas, la violencia en contra de los migrantes no disminuye, sino que se incrementa y el crimen organizado se especializa para cometer sus delitos.

“En un periodo de seis meses se documentó un total de 214 casos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y de los testigos de hechos, resultaron 11.333 víctimas. Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”, dice el documento.