En Orihuela, su pueblo y el nuestro, de Serrat por adopción y mío por nacimiento, Miguel Hernández impidió que la muerte borrara la vida de Ramón Sijé dedicándole una “loca elegía”, al decir de Juan Ramón Jiménez (El Sol, febrero, 1936). En 1972, cuando se cumplían treinta años de que el franquismo muriese a nuestro paisano y, contumaz en su saña contra el poeta, seguía secuestrando sus “vientos del pueblo”, lo rescató Serrat atreviéndose a publicar el disco 'Miguel Hernández'. Durante aquel año 72, la dictadura recrudeció aun más la represión: en marzo habían disuelto a tiros una manifestación de los trabajadores de la Bazán en Ferrol, mataron a Daniel Niebla y Amador Rey, hirieron a más de una docena y terminaron procesando a 23 militantes de CCOO; en junio detuvieron en Pozuelo de Alarcón a la dirección de Comisiones Obreras dando origen al que se conoció como Proceso 1001.

Sin embargo, Serrat les coló a los censores aquel disco, con foto incluida en la portada de un Miguel con uniforme del ejército republicano y puño en alto. Cuando fueron a darse cuenta, la gente canturreaba “para la libertad”, “menos tu vientre”, “la elegía” o “las nanas de la cebolla” de un confín a otro y, pese a las seguras ganas que le tenían, no pudieron retirarlo de la circulación. Paradójicamente, los poemas editados por Losada, Argentina, colección Austral, que se obtenían de extranjis y teníamos que leer forrándolos para ocultar su portada, se podían cantar a voz en grito gracias a Serrat.  No fue la tolerancia de Franco sino el coraje y la inteligencia del Nano, que supo catalizar los anhelos de libertad y desbordó a quienes nos la negaban por la fuerza y doctrinariamente (este fue el matiz que añadió el fascismo al autoritarismo; de reprimirla como había hecho, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, a dogmatizar que sólo un Estado Totalitario podía erigirse en intérprete de los intereses y aspiraciones de sus súbditos, como hicieron Hitler, Mussolini y Franco).     

Así, cuando solamente con soñar la libertad en España te convertías en delincuente, los cantautores contribuyeron a materializar el sueño con tanta o más determinación que quienes lo hacíamos desde las filas del movimiento sindical o de las organizaciones políticas clandestinas. No es minusvalorar a estos, sino reconocer justamente a aquéllos; porque tal vez se les haya considerado como simples compañeros en el viaje hacia la democracia, colaborando ocasionalmente con sus recitales, cuando en realidad fueron auténticos vectores continuos de aquella lucha. Gracias a que nos congregaban en mayor número que los que podíamos reunir en los “saltos” para cortar el tráfico, con la unidad sentimental que fraguábamos mientras escuchábamos y coreábamos sus canciones –que sin embargo rompíamos de vuelta a nuestros respectivos cenáculos ideológicos, con patética frecuencia–, fuimos materializando, pese a todo, lo que empezó preconizando Raimon: “(…) yo vengo de un silencio antiguo y muy largo, que la gente romperá (…)”. Siguió Víctor Manuel evocando al abuelo que “fue picador allá en la mina” y alentó tantas esperanzas de quienes luchaban por dignificar sus trabajos en las cuencas y en todos los tajos del país; después Ana Belén nos sacudía las conciencias para que no nos fueran indiferentes  las guerras ni las injusticias; Miguel Ríos puso todo su ingenio de viejo roquero  para hacer de Beethoven un agitador en pro del  “nuevo día” aventando su  Himno a la Alegría;  Elisa Serna nos devolvió, renovadas, muchas canciones de la resistencia antifranquista y Rosa León recreó a  Luis Eduardo Aute, quien nos alertó ante la “noche más larga” que nos podría sobrevenir tras el “alba” en la que Franco mandaba matar a cinco jóvenes, aunque se estuviese muriendo en la cama. Pero a su dictadura tuvimos que derrotarla en las calles, sin azuzar la ira. Con la convergencia entre ideas diversas pero coincidentes en la inaplazable necesidad de convivir libres en un país donde las victorias fuesen fruto de haber convencido con razones y no con pistolas, dejando definitivamente colgado en las paredes del museo de El Prado, el “duelo a garrotazos” de Goya. Además, según iban acumulando éxitos y fama, lejos de degenerar hacia el conservadurismo de quienes nadan y guardan la ropa cuando esta ya es de marca, los cantautores españoles se fueron arriesgando aun más en su compromiso con la libertad y en su empeño por lograr un mundo más justo.

A todos ellos y ellas (más la larga lista de cuantos no he sido capaz de nombrar) se les puede extender la encomiable consideración que ha tenido el jurado con Serrat al otorgarle por unanimidad el premio a las artes de la fundación Princesa de Asturias: “Aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”.

Y Joan Manuel siempre ha sabido que en la mezcla germina la sabiduría. Ha mezclado culturas, lenguas, identidades. Sin ella, la humanidad no habría llegado ni a las cavernas, en las que ya era imprescindible compartir el fuego, la comida y el arte rupestre para sobrevivir. Por el contrario, la pureza es infecunda; basta con mirar a la biología para convencerse de que si la guardas más tiempo de la cuenta ya no puedes fecundar la vida. La pureza, la ortodoxia de cualquier signo y condición, no es más que la coartada de la hipocresía. Del mismo modo que los nacionalismos, sean imperiales, del centro o de las periferias, son el pretexto de quienes no quieren compartir y han sido los provocadores de las mayores tragedias a lo largo de la historia. Se han ganado a fuerza de sembrar la desventura un destacado lugar en el museo… ¡de los horrores! Bien que los ha sufrido Serrat, aquí y en pagos latinoamericanos donde sufriesen dictaduras, por ejemplo, en Chile y en Argentina. 

Este perito agrícola por titulación académica se ha graduado vitalmente como Perito en Soles, esclareciendo con su poesía las perspectivas aun cuando nos las ensombrecían con las nubes más negras. Por mucho que admire y quiera a Miguel Hernández, reconozco que prefiero a este perito de la luz que a aquel joven que con apenas 22 años se enmarañó con los “acertijos poéticos” (Gerardo Diego) de Perito en Lunas. El mismo ha sabido superarse desde los “ojos llenitos de ayer” de la entrañable Penélope a decirnos en su despedida: “Dejamos aparte melancolías y nostalgias, porque solo nos queda el futuro. Es lo más alentador que podemos escuchar quienes detestamos, por estúpida y reaccionaria, la sentencia de los nostálgicos: ”cualquier tiempo pasado fue mejor“. Como sabiamente objetaron los Luthier y ha popularizado la admirable Nieves Concostrina: ¡cualquier tiempo pasado fue, sencillamente, anterior”.  Con Serrat seguiremos luchando por un futuro mejor que éste presente tan inquietante e irritante.

Nota. Solicité el premio de las Artes Princesa de Asturias para Serrat a partir de una idea original de Cecilia Sanz Fernández, secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CCOO 1984-2009. Con toda nuestra gratitud a D.  Carlos Hernández-Lahoz, director del área de Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Los resultados de las elecciones madrileñas son más que extrapolables; aún serán peores en las generales si la izquierda, singularmente el PSOE, no deja de sustituir la política por la politología. Desde Maquiavelo, la Ciencia Política es indisociable del ejercicio del poder si se quiere ejercer con prudencia; y el método empírico-analítico empleado por los politólogos en su labor de científicos sociales es aconsejable tenerlo en cuenta para no errar demasiado; pero esta metodología se nutre de las decisiones y acciones de los políticos y no al revés.

Endosarles a los académicos y asesores el diseño de las políticas a desarrollar en cada período y la toma de decisiones puntuales es, por definición, una irresponsabilidad política de variadas consecuencias, todas ellas graves. Así, las perspectivas estratégicas quedarán reemplazadas por la inmediatez a que induzcan las tendencias observadas -obviamente pasadas- y podrá caerse más fácilmente en comportamientos erráticos, pues hoy se hará lo que convenga en el momento y mañana lo contrario si es preciso porque pueda haberse percibido un cambio de tendencia coyuntural; los equipos serán cada vez menos grupos dirigentes que conjuguen sus saberes y experiencias a la hora de conformar las decisiones para ir quedándose como simples conglomerados de compartimentos estancos en la funciones que tengan asignadas respectivamente; y más amorfas todavía serán las organizaciones correspondientes, quedando relegadas al papel de simples terminales propagandísticas pero, paradójicamente, incapacitadas para permeabilizar a sus entornos sociales con ideas y propuestas convincentes que conciten  la participación de la ciudadanía en su proyecto político y su apoyo activo cuando llegan las contiendas electorales. 

Estas distorsiones no son recientes, pues de ganar “por el cambio” a realizar políticas intercambiables con las de la derecha según soplaban los vientos electorales hace ya mucho tiempo. Ahora es vital que la izquierda vuelva a la política, porque el pragmatismo vulgar es cooperador pasivo de la peor ideologización de la derecha que, aparte de las victorias electorales que pueda granjearle, es dinamitadora de la convivencia en democracia. No tiene nada de novedosa y sí muchos antecedentes históricos para temerla y combatirla consecuente y cabalmente. Es muy  saludable el debate entre las ideas y sus conjuntos que configuran las ideologías, con las que cada quien quiera conservar el modelo social o aspire a cambiar el mundo; pero deformar la realidad en el discurso político (que eso es ideologizar) para acentuar la frustración de las gentes en mitad de una crisis (más aún con dos concatenadas) y alentar el resentimiento contra lo que se tenga más a mano, ya sean minorías étnico-religiosas, emigrantes pobres o las restricciones para contener la pandemia, ni es nuevo ni inteligente: es deleznable.  

La derecha española lleva bastantes años derrapando por la pendiente de la  ideologización; al menos desde el segundo mandato de Aznar al frente del gobierno cuando abandonó el centro, al que se había visto obligado para formar su primer gobierno hablando catalán en la intimidad y disponiéndose a negociar con el “movimiento vasco de liberación nacional” (Aznar, dixit). Rompió el único y más amplio consenso político, social y sindical logrado para una Ley Orgánica de Extranjería; aún a costa de ser también el único gobierno que hasta la fecha ha sido derrotado en el Parlamento en la votación de una ley orgánica promovida y consensuada hasta la víspera de la votación por él mismo. Aznar fue el primero en utilizar la inmigración como amenaza para su instrumentalización electoralista. No unificó a las derechas, como ahora se atribuye, puesto que no había otra derecha más que el PP cuando llegó a presidirlo; muy al contrario, empezó a despeñarla por la xenofobia; la revisión reaccionaria y justificativa del golpe fascista del 36, involucionista pedrada contra la Reconciliación Nacional que propugnara el PCE desde 1956; y el neoliberalismo doctrinario generador de las mayores cotas de desigualdad alcanzadas hasta entonces… “sin complejos”.

En esa deriva se fueron engendrando políticamente los Casado, Abascal y Ayuso. Que nadie espere que esta última, tras su victoria reciente acentuando los peores rasgos derechistas, retorne al centro político en el que, por otra parte, nunca estuvo el PP. Ni lo hará Casado, quien “tiende la mano” al gobierno en la reciente crisis con Marruecos, sin remontarnos más atrás, pero dándole tantas patadas que se enreda en sus propias zancadillas acusándole de todos los males con las más disparatadas exageraciones.   

En “La Peste”, su alegoría del fascismo, Albert Camus advertía: “el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás…puede permanecer durante decenios dormido”; y Rob Riemen nos insta a llamar al bacilo por su nombre: fascismo; “porque llamarlo de otra manera no nos hará resistentes a él” (“Para combatir esta era”; Taurus, Madrid, 2018); en la misma obra nos recuerda que Thomas Mann pronunció una premonitoria conferencia en el Claremont College de Los Ángeles el 3 de octubre de 1940 en la que advirtió: “si alguna vez llega el fascismo a EEUU lo hará en nombre de la libertad”. Y sin embargo, la peor manera de combatirlo es caer en su juego enzarzándose en un debate polarizado ideológicamente, en el que a fin de cuentas todo se limita a cruzarse la cara con adjetivos. Como en el que se ha caído durante la campaña de las autonómicas de Madrid; fatalmente para la izquierda y provechosamente para la derecha. Pudo discutirse sustantivamente sobre las políticas del gobierno Ayuso nada más constatarse, a los pocos meses de pandemia, que era un peligro para la ciudadanía madrileña con su nefasta no-gestión de la crisis sanitaria y se debió emplazar al propio Casado a compartir como tarea de estado el inmediato relevo de aquel desastroso gobierno. Sánchez no quiso ponerse rojo una vez pero se puso en ridículo con el aquelarre de las banderas en la Puerta del Sol y ahora nos pondremos todos amarillos en los próximos años.

Hubo una encomiable excepción, la de Mónica García. Ojalá que en la piel que piensa dejarse liderando la oposición madrileña cohabiten todas las energías y saberes de la izquierda.

Pero en el plano nacional quienes tienen la principal responsabilidad para encauzar sinergias son el PSOE y el gobierno de coalición. Tarea en la que el primero brilla por su ausencia y el segundo queda ensombrecido por su descoordinación interna. Y lo uno y lo otro, quedan cristalizados a la vez en el pomposo plan “España 2050”. De entrada, la propia confección de tan ambiciosa estrategia entraña una inquietante confusión entre los cometidos propios de los partidos y los de los gobiernos; ya que son aquellos quienes, si tienen vocación de futuro, trazarán las perspectivas estratégicas a largo plazo hacia las que quieran llevar a la sociedad y en congruencia con esas ideas diseñarán las políticas más a corto plazo; esto es “hacer política” a diferencia del “estar en política” que se limita a hacer en cada momento lo que convenga para permanecer en el poder o para alcanzarlo si se está en la oposición, aunque contradiga los ideales que se pregonan. Así, parecería más coherente con su función que la España de aquí a 30 años hubiese sido concebida, en principio, por un partido político (el PSOE en este caso). Los gobiernos sin embargo siempre tienen las expectativas limitadas por algo tan ineludible y supremo como es la voluntad popular que se manifiesta en las urnas cada cuatro años; lo cual no impide que se tengan aspiraciones a más largo plazo, pero impone algo más de humildad y de realismo mientras se gobierna. Porque para llegar al 2050, habrá que pasar, al menos por el 2023. 

Suele ocurrir que quienes menos aciertan con los retos más inmediatos del presente y del futuro más próximo, se evadan hacia un futuro tan luminoso y prometedor como ingrávido. Y en los confines de la izquierda es donde más hemos reincidido en esa evasión. Ciertamente tenemos un pasado generalmente aciago y comprensiblemente saltamos desde la desdicha que queremos superar cuanto antes a la utopía que anhelamos y a la que (seriamente convencido lo afirmo) no debemos renunciar. Pero el nudo gordiano entre el pasado y el futuro es el presente; y cada vez que hemos saltado sobre el presente nos hemos caído al vacío. Acto seguido, las derechas de todos los tiempos nos han reproducido las injusticias del pasado con sus reformas “lampedusianas” y el ansiado futuro se nos ha alejado algo más. Los lugares comunes, frases hechas y tópicos en abundancia que componen la presentación publicada en un periódico nacional de “España 2050” agrandan los temores de reincidencia. 

Por otro lado, se quiere dar mayor solvencia a la mencionada estrategia porque se ha elaborado “por encima de partidos e ideologías”. Esa consideración tan apolítica ya explica por sí sola el ninguneo del principal partido que sustenta al Gobierno; aunque no se sabe si también ha puenteado al otro socio de coalición o si el Plan estratégico se presenta por una parte del gobierno totalizando su representatividad. Aparte de su escasa originalidad, puesto que ya se le adelantaron en la superación de las ideologías desde los teóricos de la globalización y del conductismo social hasta el más pedestre Gonzalo de la Mora quien con gran desfachatez predicaba del “Crepúsculo de las ideologías” ¡desde su ministerio en el gobierno de Franco!; es inaceptable que desde una oficina dependiente de la Presidencia del gobierno se transmita la idea de que lo bueno para el futuro del país es aquello en lo que los partidos no tienen arte ni parte. Estar por encima de los partidos es situarse extramuros de la Constitución, que en su artículo seis considera que “son instrumento fundamental para la participación política”. No hay necesidad de abundar más en el descrédito de la política sino de lo contrario: de recuperar su credibilidad demostrando su utilidad. Y para quienes nos reclamamos de la izquierda y desearíamos que siguiese gobernando en el futuro previsible, es determinante demostrar que, como vendría a decir Norberto Bobbio, cuanto más reafirma el mercado su victoria sobre la política, más razones tiene la izquierda para reivindicarse.  

El dictador murió en la cama, pero la dictadura tuvo que ser vencida con la lucha para que pudiera alumbrarse la democracia en España como, a fin de cuentas, nacieron y nacerán todas las democracias: concitando a la mayoría social y concertando entre la pluralidad de ideas e intereses. Los procesos han sido y serán tan diversos como peculiares son la cultura y la historia de cada país, pero sin aquellas bases, asentadas en la voluntad mayoritaria de los pueblos y en el acuerdo entre diferentes, no se fraguan regímenes democráticos sino de otro tipo que, cualquiera sea su sesgo ideológico, terminarán sucumbiendo ante las imparables ansias de libertad de los seres humanos; como la evidencia empírica se encargó de enseñarnos ya el pasado siglo XX en todas las latitudes, geográficas e ideológicas. 

Aquí se alcanzó la democracia a través del proceso conocido como la Transición democrática, catalizado por la “galerna de huelgas que recorría España” como reconoció el Conde de Motrico, José María de Areilza. No fue la “ruptura democrática” que anhelábamos los comunistas de entonces pero tampoco cristalizó la operación Fragamanlis como pretendieron Fraga Iribarne y buena parte de los poderes económicos y financieros del momento, hasta contar incluso con la aquiescencia de Felipe González. Remedando la transición griega, capitaneada por Karamanlis, propugnaban un proceso en dos fases, la primera limitando la legalización de partidos y sindicatos hasta el PSOE y la UGT, para en otra posterior, una vez celebradas las primeras elecciones generales y culminado el período constituyente, reconocer a los demás… Bueno, eran tan condescendientes que podrían haber tolerado que se presentasen listas de electores independientes aunque se supiese oficiosamente que pertenecían a alguno de los partidos todavía ilegales. Admitieron el XXX Congreso de UGT en abril de 1976, pero nos prohibieron hacer el nuestro por las mismas fechas y tuvimos que desafiar la legalidad yéndonos a Barcelona a realizar nuestra Asamblea en el mes de Julio. El pulso valió la pena porque el empeño irrenunciable de CC.OO. por conseguir una democracia plena y sin exclusiones, algo debió de contribuir a que Suárez y su Gobierno optasen finalmente por legalizarnos a todos. Más aún, cuando tras el asesinato de nuestros abogados laboralistas de la calle Atocha, demostramos que tal empeño era tan firme como exento de revanchismo. En aquellos trágicos momentos, tuvimos siempre muy claro que nuestro objetivo no era ganar la guerra que perdieron nuestros mayores, con cuya derrota perdió España por cuatro decenios, sino conquistar la democracia. Esa era la primera y principal reparación que queríamos conseguir para las víctimas de Atocha y de las muchísimas más que había causado el franquismo.

La Transición fue un equilibrio inestable para un objetivo tasado: restaurar las libertades y establecer un sistema democrático bajo la forma de un estado de monarquía parlamentaria. Insatisfactorio para quienes aspirábamos (y aspiramos) a ser una República; y para quienes querían continuar con el franquismo después de Franco. Pero no fue un “equilibrio de miedos”, como creo recordar que apuntó Juan Luis Cebrián; a la altura del 76-77 ningún miedo era comparable con el que se había tenido que superar desde que, tras la victoria de Franco, soñar la libertad en España se convirtió en delito; y algunos, pocos al principio, paulatinamente más hasta alcanzar la “debilidad” suficiente, quisimos ser delincuentes para que el sueño se realizase. La “correlación de debilidades”, como genialmente la definió Manuel Vázquez Montalbán, impregnó la Transición democrática.

Leo frecuentemente con atención y tanto respeto a Javier Pérez Royo que, incluso cuando no coincido con sus tesis, tiendo a dudar de mí antes que de él

Leo frecuentemente con atención y tanto respeto a Javier Pérez Royo que, incluso cuando no coincido con sus tesis, tiendo a dudar de mí antes que de él. Le leí hace unos días en este mismo periódico considerar que la Transición, aunque no fue un genocidio, sí fue un pacto para encubrir el genocidio franquista llegando a concluir que en tal operación de encubrimiento sí tuvo responsabilidades políticas Rodolfo Martín Villa. Si tuviésemos que aceptar esta hipótesis, deberíamos aceptar también que mayores responsabilidades tuvieron los primeros espadas del momento (Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, etc.) y menores, pero también corresponsables del encubrimiento, fuimos él y yo, entre otros muchos, ya que ambos éramos miembros del Comité Central del PCE por aquellos años y asumimos y defendimos con convicción los pactos políticos por la democracia.

Pero por una vez y felizmente Javier se equivoca. Porque ni él ni yo nos conjuramos con nadie para encubrir ninguna de las atrocidades del franquismo. Que la Ley de Amnistía sobreseyera los delitos no comportó pacto alguno de silencio ni menos aún de olvido. Interpretación que, paradójicamente, vienen repitiendo tan machaconamente los más recalcitrantes derechistas y sus entornos mediáticos que al parecer han hecho fortuna, logrando que terminasen asumiéndola algunos exponentes de la izquierda.

Tampoco osaría nadie acusar a Marcelino Camacho de haber pactado encubrimiento alguno, aunque releyese lo que dijo en su intervención parlamentaria el 14/10/1.977 defendiendo la Ley de Amnistía. Para empezar, recordó con orgullo que había sido la minoría comunista (PCE-PSUC) la que había presentado la primera proposición de Ley, para explicar que era “el resultado de una política coherente y consecuente con la política de reconciliación nacional de nuestro partido ya en 1956”; que “la pieza clave de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos matado los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre”; y terminó su alocución haciendo un llamamiento a Alianza Popular para que se incorporase a la “unanimidad nacional” (así quería Marcelino que se considerase la votación de la ley de amnistía) porque la derecha –sí, la derecha de Fraga Iribarne– se oponía a la ley y finalmente se abstuvo. Es verdad que algunos de sus herederos políticos dan la sensación de que siguen sin incorporarse a la “unanimidad nacional” que predicó Marcelino; pero quienes sí lo hicieron como Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa no pueden ser utilizados como chivos expiatorios del prolongado y sistemático plan represivo de la dictadura porque no se la pudiera sentar en el banquillo hace cuarenta y cuatro años. 

Soy lego y me avergonzaría pecar de leguleyo, pero me permito advertir que, si para poder imputar a personas concretas de delitos puntuales, que de haberlos cometido estarían sobreseídos por la ley de amnistía, se tiene que achacar el delito de genocidio, que no prescribe, a la Transición, cometido mediante la urdimbre de un  plan sistemático para aterrorizar con la persecución y asesinato de los opositores  como sugieren los querellantes ante la juez Servini, me temo que en lugar de una rendija en el muro de la impunidad que algunos dicen que levantamos en aquel proceso vamos a caer en un cenagal donde podemos terminar enlodados, embarrando la historia, cada vez más lejos de esclarecer la verdad y sin que las víctimas obtengan la reparación a la que tienen derecho. Si encima se admite que Martín Villa no es precisamente quien mejor representa los crímenes que se quieren juzgar y aún más, que si hubiese habido un encausamiento más general a la dictadura ni siquiera habría tenido que ir a declarar; va a ser muy parecido a los aquelarres y poco o nada a la justicia. Buscar chivos expiatorios siempre ha sido lo contrario a buscar justicia, puesto que los verdaderos culpables quedaban exentos y en lugar de juicio se hacían farsas.

Quede claro que no es la juez Servini la que ha redactado la querella sino la que decide iniciar el procedimiento apelando al concepto de justicia universal ante un supuesto delito de lesa humanidad denunciado en la querella española, que no argentina, que se le hace llegar a su juzgado bonaerense. Es por tanto encomiable la decisión de la juez de perseguir esos delitos allá donde se suponga que se han cometido. Razón por la que en la carta que le envié no le objeto en absoluto que haya querido investigar los delitos denunciados, limitándome simplemente a prestar testimonio a favor de Martín Villa, de acuerdo con mi conciencia y la experiencia que yo viví.  

Ciertamente, los vacíos que se dejaron en la explicación de todo lo que supuso el franquismo y no haber procedido a la condena unánime y extensiva en todos los estamentos del Estado y a la consiguiente reparación justa de las víctimas, los acaban rellenando otros… a su manera.

Por mi parte no dejo de insistir cada vez que tengo ocasión en señalar que la memoria histórica se atesora enseñando con honestidad y coraje (que se necesite todavía coraje para enseñar nuestra historia ya es muy revelador) lo que fue realmente el golpe de Estado del 36, la tragedia que desencadenó, el holocausto perpetrado por los golpistas, las atrocidades de la represión; en suma, que el de Franco no fue un régimen autoritario, sino fascista. El matiz que distingue al uno del otro es que el primero impide el ejercicio de la libertad por la fuerza, el segundo la niega doctrinariamente además de reprimirla. Porque en España, lamentablemente, hemos tenido de los dos, con el dictador Miguel Primo de Rivera antes y con Franco después, consideré y considero necesario explicar el matiz donde corresponda; ya fuese en asambleas de trabajadores, en conferencias, en la Real Academia de la Historia o ante el actual jefe del Estado cuando era Príncipe de Asturias y tuvo la inteligencia de recabar las opiniones de los agentes sociales sobre diferentes temas. Pero toda iniciativa particular, individual o colectiva, seguirá siendo insuficiente mientras no se asuma como tarea inexcusable del Estado educar a la ciudadanía en el sentido apuntado.  

Tampoco nos autoimpusimos dejar “inmaculada” la Transición. Otra paradoja, en mi opinión, es que la mejor valoración de los acontecimientos históricos más señalados siempre es la menos hagiográfica. Presentarla como un modélico proceso, sin tacha alguna, deforma la realidad y hasta su significado; generando tanto una reacción diametralmente opuesta, que impide cualquier debate cabal, como situaciones casi cómicas. Por ejemplo cuando por los países del Cono Sur americano recibían apologetas de nuestra Transición presentándosela como fotocopias a imitar; y tanto aquellos países que recuperaban la democracia tras sufrir atroces dictaduras como el pueblo español merecían mayor respeto; ellos para acometer sus transformaciones como mejor entendieran y tomando las referencias externas en la medida que estimasen oportuno y el nuestro porque los tribunos itinerantes volvían a dar la pretenciosa imagen de España, de tan ingrata memoria por aquellos pagos. Recuerdo una reunión con Líber Seregni, uno de los más destacados y honorables fundadores del Frente Amplio de Uruguay, en la que se quejaba porque tras la apabullante actividad propagandística de un prócer político español de la época, parecían abocados a construirse en Montevideo un Palacio de la Moncloa para reproducir los pactos de tal. En una reunión posterior con diversos grupos parlamentarios se pudo contribuir a rebajar la zozobra y a recuperar la confianza en ellos mismos. Experiencias parecidas pueden contarse de Argentina, Chile o Brasil.     

De la necesidad se hizo virtud durante la Transición, pero quienes permitieron que las coyunturales virtudes degenerasen en vicios de funcionamiento, y en lastres para el desarrollo de la democracia, fueron los gobiernos posteriores. También fuimos corresponsables cuantos tuvimos alguna responsabilidad al nivel que fuese, por no haber tenido la honestidad intelectual de reconocer que habían sido necesidades, no virtudes. Ni la valentía, unos; ni la capacidad y la fuerza, otros, para corregirlas. 

Por ejemplo, habría sido una temeridad (de imposible materialización por otra parte) renovar toda la cúpula militar durante el período constituyente, pero postergarla dejó el caldo de cultivo del 23F; cambiar el entramado del poder judicial tampoco era fácil, pero pasar a repartírselo entre el partido del Gobierno y el principal de la oposición ha resultado un negocio ruinoso que ha terminado sufriendo el ala más progresista de la judicatura y lo que es peor, para la democracia misma, ya que está facilitando el perverso juego de la derecha consistente en politizar la justicia cuando gobierna poniendo a sus afines y allegados en los lugares clave y judicializar la política cuando vuelve a la oposición, bloqueando indefinidamente la renovación de los órganos judiciales y así empantanar judicialmente cuantas políticas no consiga cambiar en el parlamento. Es tan inquietante este juego por el que el poder del Estado de derecho menos derivado directamente de la voluntad popular resulta ser el que más está determinando el devenir de los asuntos más cruciales del acontecer político del país, que puede engendrar una querencia de supremacía (más allá de la autonomía) respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo en algunos jueces. 

Fue necesario afrontar la crisis económica embalsada por el tardo-franquismo, porque como advirtió acertadamente Fuentes Quintana: “el principal peligro para una democracia frágil es una economía en crisis”. Y se firmaron los Pactos de la Moncloa a los cuatro meses de las primeras elecciones; pero no era cierto que los desequilibrios macroeconómicos en inflación y sector exterior estuviesen causados por los salarios, que fueron los que asumieron los mayores sacrificios. Sin embargo, la Concertación Social reprodujo el mismo esquema de competitividad basado en salarios bajos y precios (menos bajos, puesto que los empresarios siempre inflaron los márgenes en los precios finales), precarizando simultáneamente los empleos; hasta que con la Huelga General del 14D de 1988 cambiamos el modelo de concertación y combatimos tal esquema de competitividad; sin impedir no obstante que hayan descerrajado una reforma laboral tras otra hasta la 52 y más letal de todas para los derechos y el empleo que es la aún vigente de 2012.  

Podríamos examinar más deficiencias del entramado democrático actual y encontraremos raíces de cada uno de ellos en nuestro pasado, pero tendremos que admitir que tales déficits han de apuntarse en gran medida en el 'debe' de generaciones menos remotas

Hubo que suscribir conciertos educativos con los colegios privados, en su mayoría religiosos, para universalizar la Educación; pero la necesidad del momento se convirtió después en consustancial a la política educativa hasta crecer en términos relativos más la concertada que la pública.       

Con mayorías que no les llovieron del cielo, se permitieron por ejemplo levantar un monolito (se aprobó durante el último Gobierno de Felipe González y lo concluyó el primero de Aznar) en Nóvgorod a los caídos de la División Azul; mientras en España se negaba el digno reconocimiento institucional a los brigadistas internacionales que aún vivían y a los españoles que lucharon contra el nazismo en la IIª Guerra Mundial.

Podríamos examinar más deficiencias del entramado democrático actual y siempre encontraremos algunas raíces de cada uno de ellos en nuestro pasado, pero, a menos que se crea en el determinismo histórico, tendremos que admitir que tales déficits de la democracia española actual han de apuntarse en buena medida en el debe de generaciones menos remotas. Lo peor que podríamos hacer para superarlas sería guiarnos por el más triste de los sinos de la izquierda. Antes de librar batalla alguna, tratar de vencernos los unos a los otros para terminar derrotados todos a manos de la derecha… otra vez. Lo tenemos tan arraigado en nuestro ADN que ya en 1847, Marx y Engles se afiliaron a la Liga de los Justos, que ellos rebautizaron Liga de los Comunistas; al año siguiente aprobaron el Manifiesto Comunista en su segundo Congreso, por el camino no hicieron más que predicar que: “… los comunistas no deben aceptar ni estimular el sectarismo…. evitar las dicotomías entre la razón de unos y la sinrazón de otros, entre los que determinan la forma exacta del cambio revolucionario declarando ilegítimos a los demás…” ('Como cambiar el mundo', Eric Hobsbawm; ed. Crítica, 2011 Barcelona). Debieron aburrirse de predicar en el desierto y se desafiliaron al poco tiempo. 

Es fácil imaginar que, estando fuera de toda responsabilidad y sin que nadie me lo pidiera, podría haber encontrado varias excusas para escurrir el bulto; pero ninguna razón moral, ética ni política para hacerlo. De igual manera que seguiré batallando por esclarecer y difundir los crímenes del franquismo y porque se haga justicia con las víctimas (como indico claramente en la carta que envié a la juez Servini). Anhelos inalcanzables sin aunar todos los esfuerzos y voluntades posibles. Por esta razón no voy a contestar a quienes me siguen insultando.

Los sindicatos se enfrentan al Gobierno con la mayor carga ideológica reaccionaria de cuantas ha habido en democracia y la más involucionista en el campo de los derechos sociolaborales y civiles

A los 25 años de aquella Huelga General, la desigualdad y el autoritarismo vuelven a componer el binomio que instala en el fracaso a todo un país, abocándolo al conflicto social y a la degradación política.

Obviamente, los contextos son muy diferentes pero los paradigmas socio-económicos que hoy están extremando la inequidad y el cesarismo con el que se decretan tienen reconocibles precedentes en las políticas gubernamentales de entonces. Aquel Gobierno de Felipe González se dejó persuadir por la simpleza del esquema ideológico de la derecha según el cual se debía acrecentar la tarta primero para poder repartirla después.

Pero los modelos de crecimiento nunca han sido independientes de sus pilares. Si con uno de ellos se fragua la recomposición del beneficio reduciendo salarios y derechos socio-laborales y con el otro se restringe la capacidad redistributiva del Estado con políticas fiscales regresivas, cuando se alcance el deseado crecimiento no se podrá imprimir un cambio de 180 grados en la política económica para repartirlo equitativamente.

Si acaso podrán elevarse ocasionalmente algunas partidas de gasto público al disponer de mayores ingresos, pero la desigualdad relativa se mantendrá cuando no se agrande, porque también suelen aprovecharse las etapas iniciales de los ciclos expansivos para implementar reformas fiscales que las más de las veces ensanchan la brecha tributaria entre las rentas del trabajo y las de capital. Así ocurrió en España con los Gobiernos de González, lamentablemente volvería a suceder con los de Zapatero y está constatándose en grado sumo con Rajoy.

En tal dirección se estrenó el Gobierno socialista en 1983 con el “Decreto Boyer”, que provocó una caída de 4,7 puntos porcentuales de los costes laborales unitarios en 1984 y continuaron bajando en los cuatro ejercicios siguientes. Si las remuneraciones de los asalariados equivalían al 53% de la Renta Nacional en 1.982, seis años después apenas suponían el 48%, en contraste con el alza correspondiente de los excedentes netos de explotación.

Mientras los salarios perdían poder de compra año tras año, los beneficios empresariales se duplicaban y los de la banca (tras haber sido rescatada en 1982 de su descomunal crisis con dos billones de pesetas) crecieron un 45%.

Simultáneamente, diseñaron los primeros artilugios, como las SICAV, que catalizan la elusión fiscal de los más pudientes e introdujo la desgravación en la compra de viviendas (no sólo de la habitual) y, de paso, alentó la especulación inmobiliaria. Y sí, la tarta había crecido desde un exiguo 1,2% en 1982 (la recesión había durado hasta el año anterior con una tasa del -0,2%) hasta el 5,8% con que cerró 1988, gracias sobre todo a la afluencia desde 1985 de flujos de inversión directa extranjera hacia sectores especulativos como el inmobiliario y activos financieros.

Pero tan desequilibrado crecimiento no favoreció la creación de empleo, ya que de 1,1 millones de parados en 1982 se pasó a 3.023.646 al cerrar el 87 (la gran promesa electoral del PSOE fue la creación de 800.000 empleos en su primera legislatura); ni mucho menos mejoró el gasto social, puesto que de un incremento de siete puntos porcentuales en términos de PIB entre 1.977-1981 (gobernado por la UCD) contrajo su ritmo hasta elevarse tan sólo 1,64 p.p. en el intervalo 82-87 (del 36,74% al 38,38% del PIB).

Entre las partidas más significativas, cabría recordar que la cobertura al desempleo descendió desde el 33,64% en el 82 al 28,8% durante el 88 (la más baja hasta el presente en toda la historia del seguro de paro), segunda derivada de la reforma laboral impuesta en 1.984, por la que se legisló la panoplia de contratos temporales (que seguimos padeciendo), y que en poco tiempo triplicó la tasa de temporalidad, afectando al 30% de los asalariados cuyos contratos duraban en el 90% de los casos menos de seis meses (EUROSTAT, 1.989), periodo mínimo de cotización que devengaba derecho a la prestación.

Las pensiones tampoco siguieron mejor evolución y el 70% de ellas seguía estando por debajo del salario mínimo en 1988, sin que ninguna de las revalorizaciones habidas desde 1983 llegase siquiera al nivel del coste de la vida, y el gasto sanitario permaneció estancado desde su llegada al Gobierno, a pesar de haberse incrementado el número de usuarios en seis millones de personas.

Pese a los incumplimientos de programas electorales y aun de acuerdos anteriores, CCOO y UGT elevaron al Gobierno de Felipe González una propuesta para renovar la concertación social en su continente: negociar asuntos concretos por separado superando el esquema generalista que abocaba al acuerdo total o al rifirrafe; y en los contenidos, tratando de imprimir un giro social a la política económica, para que la dura contención salarial dejase de ser exclusivamente la compañera de viaje de la pura ortodoxia monetarista.

Pero el presidente González, que en los prolegómenos del Acuerdo Económico y Social (9/10/84) quería de los sindicatos “los mismos sacrificios para mi Gobierno que los que habéis hecho para los Gobiernos de la derecha”, no había entendido que los esfuerzos realizados desde los Pactos de la Moncloa respondieron a los intereses generales y, sobre todo, al más compartido por todos los demócratas, el de consolidar la democracia.

En lugar de acordar, quiso imponer desde una raquítica subida de las pensiones y de los sueldos públicos hasta el mal llamado Plan de Empleo Juvenil. Y la respuesta fue la convocatoria del 14D, forjándose así la unidad de acción entre UGT y CCOO, que decidió en su Ejecutiva del 8/11/88 proponer una huelga general pero, aprendiendo de su error cometido unos años antes cuando convocó otro paro unilateralmente, la condicionó a que fuese una decisión unitaria de ambos sindicatos.

Entonces se enfrentaron a un Gobierno socialista que, llevando las ideas de la derecha al Consejo de Ministros, terminó por cederle las carteras ministeriales en 1996 y ahora, tras otra oportunidad frustrada en 2011 que franqueó el acceso del PP al poder absoluto en el Parlamento, además de haberle facilitado copar casi todos los ámbitos locales y autonómicos, tienen enfrente al Gobierno con mayor carga ideológica reaccionaria de cuantos ha habido en democracia y más involucionista en el campo de los derechos sociolaborales y civiles.