Una de las notas más definitorias de nuestra historia reciente es el incremento acelerado de las desigualdades sociales y económicas. Como demuestran los tres indicadores que miden la desigualdad de distribución de renta que usa la OCDE, vivimos en una sociedad mucho más polarizada respecto a la de hace pocos años. Como consecuencia de esta agudización de la desigualdad, de la cada vez mayor brecha entre pobres y ricos, conviene fijarse en un hecho que necesariamente implicará cambios profundos. Si nos centramos en los colectivos con menor renta, observamos que se ha roto la relación, hasta hoy ineluctable, entre trabajo y subsistencia. Para una parte creciente de la sociedad trabajar ya no garantiza cubrir las necesidades materiales básicas: en España, un 12,3% de los trabajadores con contrato se encuentran en riesgo de pobreza.

Así, dentro de las múltiples formas de hacer frente a esta tendencia, existe una propuesta que ha ido ganando adeptos en los últimos tiempos y que supone una suerte de terapia de choque aplicada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su formulación, otrora ajena al público general, recientemente ha sido objeto de exposición en grandes medios generalistas. Hablamos de la Renta Básica.

Recogiendo la definición de la Basic Income Earth Network, la Renta Básica (RB) es un ingreso individual pagado por una administración pública a cada ciudadano de pleno derecho (universal) y sin importar si trabaja de manera remunerada o no (incondicional). Es, esencialmente, la consagración de un “derecho a la existencia”: el derecho incondicional como ciudadano de tener las necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna y, así, propiciar su participación en la sociedad.

La RB tiene un largo recorrido en el pensamiento político, enmarcada sobre todo en la tradición del republicanismo democrático («La primera ley social es, por tanto, aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existencia; todas las demás se subordinan a ésta», en palabras de M. Robespierre). Desde T. Paine a P. Van Parijs, autor éste último del ensayo que reimpulsó el concepto, los partidarios de la RB han ido robusteciendo y profundizando en argumentos favorables a su introducción. Así, se cree que la RB reduciría drásticamente la pobreza; haría más grande el poder de negociación de colectivos tradicionalmente desprotegidos (trabajadores, consumidores); remuneraría el trabajo socialmente útil pero no retribuido (trabajo del hogar); eliminaría los costes de inspección de las prestaciones condicionales actuales; tendría una incidencia favorable desde la perspectiva de género o reduciría enormemente la desigualdad, entre otros. Los detractores esgrimen, por un lado, el gran desincentivo al trabajo que supondría la propuesta, y por otro, el coste de oportunidad que para la financiación de servicios públicos supone un cheque de igual cantidad para un parado y para un banquero.

Desde el punto de vista de la política comparada, existen pocas manifestaciones explícitas de aplicación de la RB de manera generalizada en comunidades significativas. Una de ellas es Alaska, un ejemplo de aplicación de la RB stricto sensu (incondicional y universal): desde 1982, cada ciudadano residente recibe, por expresa previsión constitucional y por el mero hecho de ser ciudadano, 900$ anuales como parte líquida del Permanent Fund Dividend, fondo que depende de los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales, en especial del petróleo.

Pues bien, hoy Alaska es uno de los Estados con menor desigualdad de renta de los EE.UU. En Europa, la tradicional carencia de ejemplos prácticos de aplicación puede ser cuestión de tiempo, pues los movimientos sociales favorables a la RB han ganado terreno en el debate político, en especial en Suiza. Los organizadores de la iniciativa legislativa popular “Para una renta básica incondicional” entregaron recientemente más de las 100.000 firmas necesarias para iniciar los mecanismos legales que se prevé que culminen en la celebración de un referéndum. Paralelamente, desde enero de 2013, los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea para una renta básica universal recogen firmas para que la Comisión Europea estudie detenidamente su implementación en el territorio de la Unión Europea. En España, la plataforma Movimiento contra el Paro y la Precariedad registró recientemente una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular para promover el debate sobre la RB en el Congreso de los Diputados.

¿Habría margen para su implementación en España? Según J. Arcarons, D. Raventós y Ll. Torrens, sí. En un artículo reciente, que supone una parte ínfima del inmenso trabajo que han realizado la Red Renta Básica y la revista Sin Permiso en la investigación y difusión de la propuesta, los autores han analizado los datos de casi un cuarto de millón de declaraciones del IRPF de 2010 de ciudadanos residentes en Cataluña. Los resultados de la simulación son claros: (1) Sería factible una Renta Básica de 7.968 euros anuales por adulto y de 1.594 euros para los menores de edad. (2) Los ingresos provendrían de la supresión de todos los otros subsidios condicionados inferiores a la RB y de una reforma ambiciosa del IRPF. (3) Todo ello sin modificar partidas presupuestarias, dejando intacto el nivel de cobertura sanitaria o la inversión en educación.

Así pues, la triple confluencia del agravamiento de las problemáticas que la RB pretende combatir, la madurez de las discusiones académicas y de los trabajos de investigación sobre su factibilidad y la progresiva conformación de movimientos sociales favorables a la propuesta pueden suponer un terreno fértil para el rebrote de la idea (que, en parte, ya se está produciendo). Los partidos de izquierda minoritarios en el Congreso han sido pioneros en el planteamiento institucional de la propuesta con sendas iniciativas. Sin embargo, un debate en profundidad en la socialdemocracia europea posicionaría la idea en el centro del debate político, liberando a la RB de su prejuiciosa e injusta etiqueta utópica. Asegurar al ciudadano su derecho básico a la existencia de forma incondicional y universal puede suponer un auténtico giro copernicano en la concepción prestacionalista del Estado de Bienestar y, por qué no, un acicate para la renovación ideológica de la socialdemocracia.