Los filósofos medievales ya profetizaban con el fin del mundo, con la llegada del acontecimiento que destruiría la tierra. Tras la recesión iniciada en 2008, hemos asistido a las mismas advertencias, con la banca convirtiéndose en el nuevo dios al que hay que servir para mantener alejada la amenaza de nuestro final.

Esta banca, que hasta entonces carecía de rostro, trataba de convencernos de que, como cualquier poder, tenía sus necesidades, sus exigencias. Más adelante aprendimos que los “demasiado grandes para caer” no existían, pero sí los “demasiado grandes para ir a la cárcel”. Este tipo de denominaciones –procedentes principalmente del periodismo de investigación, las redes ciudadanas, los medios serios y devotos de la información– han permitido que la banca tome cuerpo, que exista para nuestros conciudadanos, que deje de ser una abstracción para ser restaurada en su humanidad falible y accesible.

El miedo nos lleva a aceptarlo todo. Tenemos que pagar una deuda, la de las entidades financieras, que no nos corresponde, tenemos que aceptar la impunidad de los criminales y sus cómplices. La opacidad persiste, como existe la materia oscura descubierta por los astrónomos. Hay que aclarar que una enorme parte de los activos, acciones y participaciones de empresas que cotizan en bolsa no aparecen en las estadísticas. Conforman eso que el economista Gabriel Zucman llama “la riqueza oculta de las naciones”, en referencia al famoso libro de Adam Smith. Estas anomalías estadísticas entre los activos y los pasivos declarados por los países son actualmente del orden de 5,8 billones de dólares. El dinero se oculta al abrigo de paraísos fiscales y gracias, precisamente, a los mecanismos de intermediación. Gracias a una red de actores financieros, perdemos progresivamente la pista de quién posee qué.

Esta crisis de confianza en nuestras instituciones financieras o políticas marca el paso de una época de creencias y de augurios a una de mejor conocimiento de nuestra sociedad y nuestras situaciones personales. Cualquier persona con cierta lucidez puede constatar su esclavitud, ya sea a un crédito inmobiliario, a un partido político o a la ausencia de una alternativa. Para ir más allá de esta observación, hay que, en primer lugar, confirmar algunas verdades fundamentales:

1.- La confianza ciega en el hombre sometido a la tentación o perversión del poder ya no es posible.

2.- Para esclavizar, desde los tiempos de los faraones, las estructuras jerárquicas han sido siempre los modelos más eficaces para permitir el control de un gran número de individuos por parte de un grupo reducido.

3.- Para resistir el control, internet demuestra la extrema eficacia de la red de malla, que se forma como un tejido en el que se entrecruzan los hilos. Hace falta desplegar un gran número de medios para controlarlo.

Así, para resistir el control, como en el caso del reciente escándalo de la manipulación del líbor, los operadores financieros han actuado en bloque para mantener artificialmente los tipos bajos. Este engranaje esencial de la banca, que afecta principalmente a dominios tan sensibles como los créditos –incluyendo los inmobiliarios–, se ha revelado en esta ocasión también como una mentira.

Hemos llamado a esta crisis la de las hipotecas subprime (alto riesgo), pero se trata únicamente de la acción de un grupo de financieros que se coordinan como lo hacen los lobos u otros depredadores sociales, en manada. Mientras que para vigilar al ciudadano se ha desarrollado un arsenal de sistemas de vigilancia, para la banca no se ha desarrollado ninguno. Más bien al contrario. Las decisiones políticas han preservado la independencia de las instituciones financieras, eso que se ha venido a llamar desregulación. Si comparamos la banca con la red de carreteras, la desrregulación quiere hacernos creer que no es realmente necesaria una policía para vigilarla. Ahora bien, ¿quién querría ir por una autopista en la que cualquiera pudiera ir en sentido contrario?

Para controlar internet, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU ha puesto en marcha un sistema jerárquico para reagrupar la información y analizarla. El mismo sistema se puede utilizar para las transacciones financieras, no es nada complicado ni inaccesible. En principio, cualquier banco tendría que estar encantado de recibir ayuda en su deber de controlar las actividades financieras. Pongamos en marcha un servicio de reagrupamiento de las transacciones financieras por países o, mejor aún, a nivel europeo, algo que se pueda llevar a cabo con medios muy sencillos para, al mismo tiempo, acabar con la impunidad y mantener la confidencialidad del ciudadano. La recogida de datos con el detalle de las transacciones, sin la identidad de los beneficiarios (los titulares de las cuentas), permitiría localizar los patrones de fraude distribuidos entre numerosos bancos, lo que es difícil de hacer hoy en día, ya que los bancos no tienen acceso más que a sus propias transacciones. Aunque protegiendo el anonimato de los datos, el análisis del flujo financiero haría posible compartir la información entre todas las administraciones, incluso con las universidades, para descubrir nuevos tipos de fraude. Permitiendo estos cambios, ninguna autoridad podrá obstruir ni limitar la cooperación entre administraciones, como ocurre en la actualidad.

Este volumen de datos que producimos cada uno de nosotros en cantidades ingentes (incluida la redacción de este artículo, realizada mediante un procesador de texto de una marca comercial a través de un ordenador enchufado a la red) son recabados por empresas y multinacionales sin pagar nada a los dueños de los mismos, es decir, a los ciudadanos, lo que les permite obtener gracias a ello, enormes ganancias, que no necesitan ser justificadas, del mismo modo que no se justifican ni su utilización ni su aprovechamiento. Estos datos alternativos o “alternative data” según su nombre en inglés, se encuentran, no solo detrás de nuestro manejo digital, sino que también se obtienen gracias a la información que nuestras actividades cotidianas, como ir a supermercado o comprar unos zapatos, genera sobre nosotros. Hoy el sesenta por ciento de nuestra actividad diaria pasa por instrumentos digitales. Si además se duerme con un instrumento de vigilancia del sueño, añádanle un veinte por ciento más.

¿Por qué ciertas tiendas, habitualmente de grandes empresas comercializadoras, nos preguntan un dato tan concreto como el código postal, cuando no además la edad o profesión? ¿Por qué sistemáticamente nos ofrecen tarjetas de descuentos e insisten en pedírnosla cuando hacemos compras para, supuestamente beneficiarnos de descuentos? La respuesta es evidente, porque gracias a este dato, relacionado con los datos de los productos comprados y tratados digitalmente mediante los códigos de barras (marca, calidad, cantidad, precio, día y hora de la compra y otras características) que regalamos sin negarnos ni demasiados aspavientos, esas empresas son capaces de determinar ventas futuras, ubicación de nuevas tiendas, crecimientos urbanos futuros, localización de colectivos con diferente poder adquisitivo, etc. y todo ello sin tener que dar nada a cambio.

A la vista del extraordinario valor económico que se deriva de los datos alternativos, ¿no resultaría razonable pedir al empleado que nos pregunta nuestro código postal que nos pague 10, 100 o 1000 euros a cambio de esos datos? Es obvio que los ciudadanos de modo aislado no pueden ejercer este tipo de exigencia sobre las grandes empresas y que solo si todos lo hiciéramos podríamos presionar y por tanto surtiría algún efecto. Pero quien sí puede hacerlo, porque tiene el monopolio del poder, es la administración pública, algo, que, por cierto, no hace. Es más, visto el reciente acuerdo del Instituto nacional de Estadística (INE) con las tres grandes compañías de telecomunicaciones, lo que parece es que hace exactamente lo contrario. Les paga y no poco, por unos datos que no les pertenecen, incluso en algunos casos en los que hemos negado la cesión de los mismos a terceros (anonimizados o no) y sin que los auténticos propietarios recibamos, nuevamente, nada a cambio.

A la vista de esto, las empresas de tratamiento de estos datos alternativos son los nuevos bancos de crédito que, en lugar de utilizar moneda de curso legal, utilizan datos de curso digital. Las tres compañías disponen de unidades de Big Data (llamado “Luca” en el caso de Telefónica; Vodafone Analytics la de Vodafone, y la de Orange, Flux Vision). Teniendo en cuenta las relaciones comerciales o dependencia empresarial de estas compañías con otras empresas (ONO, Movistar, O2, Jazztel, Amena, MasMovil, etc) es fácil pensar que disponen de todos los datos de todos los números. De hecho, los mismos tres operadores que se repartían todo el mercado hace doce años, hoy se siguen repartiendo el 80% del mercado móvil y el 90% del mercado de banda ancha fija. A esta situación se llega tras una oleada de concentración del mercado donde Ono pasó a manos de Vodafone; Jazztel, Simyo y República Móvil a manos de Orange; y Yoigo, Pepephone, llamaya y Happy Móvil a manos de MásMóvil. Además, los grandes grupos también lanzaron sus nuevas marcas low cost con las que han intentado frenar el éxodo hacia operadores más baratos, a través de O2 o Tuenti en el caso de Telefónica, Lowi en el caso de Vodafone y Amena en el caso de Orange. En total, encontramos que el 91% del mercado móvil y más del 95% del fijo se encuentran en manos de cuatro empresas, que prestan servicio a través de 16 marcas diferentes con el objetivo de captar diferentes públicos sin forzar demasiado la competencia y enmascarando así prácticas (casi) monopolísticas.

Por ejemplo, en el caso de las compañías de telefonía mencionadas, estas entregan al INE el recuento anónimo y agregado de posiciones de móviles en las 3.500 celdas en las que se divide el territorio nacional con un mínimo de 5.000 habitantes por cada cuadrícula. Y el INE solo puede conocer los movimientos entre esas celdas. Nada más, afirman, (ni nada menos podríamos decir) en teoría para garantizar la anonimización de los datos y la seguridad de su manejo. Esto se traduce en que ahora el INE no podrá obtener información de esos datos agregados, pero por ese mismo principio, las tres compañías y el resto de operadoras relacionadas comercialmente con ellas, sí que podrán. Es más, directa o indirectamente ya lo hacen, debido a que estas compañías comparten la cesión de datos con compañías de análisis de datos que, a su vez, trabajan con empresas o aplicaciones que solicitan nuestro número de teléfono para verificar que quien compra, usa una aplicación o entra en una página web, es la persona correcta. Pero mediante esta cesión se produce el cruzado de datos que se relaciona con nombre completo, DNI, domicilio, y dentro de poco con datos biométricos como huella digital o nuestra cara. Por cierto, aviso a navegantes, de nada sirve usar los buscadores en modo privado.

Esta realidad multiplica su complejidad y sus riesgos con el abusivo uso de los datos médicos que está haciendo Google en EEUU (Nightingale Project, Proyecto Ruiseñor) y que ha sido recientemente descubierto. Las consecuencias de este cruzado de datos producidos dentro y fuera de la organización sanitaria están por determinar pero, en primera instancia son una riqueza que, no solo no revierte a la población sino que se vuelve en su contra. Para evitar esos abusos y sus graves consecuencias se requiere de un marco legal muy estricto y específico que incluya, sí o sí, la participación de las entidades sociales en el control del manejo de estos datos.

Y no es que me oponga al Big Data ni al uso de los datos alternativos, al contrario. Lo que planteo aquí es que esta riqueza debe producir beneficios para aquellos que la genera, o sea, los dueños de los datos y que exista un control exhaustivo de la administración con participación de la sociedad. La Ley de Protección de Datos lo que realmente ha producido es que los usuarios de internet para poder utilizar un servidor o consultar cualquier página Web deban marcar un sinfín de autorizaciones a cosas que ni siquiera sabe lo que son porque de otro modo no se les permite navegar en las páginas que desean consultar. ¿De qué modo protege eso al usuario? O autorizas que utilice tus datos o no puedes navegar en mi página.

Por todo lo anterior, y a la vista de la recaudación indiscriminada de datos para su uso posterior, ¿no sería una cuestión de justicia social que estas empresas acaparadoras de “datos alternativos” contribuyeran al bienestar de la sociedad? ¿Qué revirtieran en el ciudadano las ganancias que los ciudadanos han producido?

Hoy en día, los datos suponen una riqueza que supera con creces a la del dinero. Son el oro del siglo XXI, motivo por el cual creo que sería justo que del mismo modo que el Estado cobra impuestos sobre los ingresos obtenidos por las actividades económicas de las empresas, para, en cierto modo, redistribuir la riqueza, resultaría razonable que se introdujera el Impuesto sobre los Datos, pagadero no en dinero sino en Datos. Un impuesto sobre datos, satisfecho en datos. Así, los ciudadanos, cuyos datos han sido recabados en numerosas ocasiones sin su consentimiento ni su conocimiento serían los beneficiarios indirectos de la riqueza que esos datos generan. Estos “alternative data”, pagados a la administración pública para satisfacer el impuesto de datos, podrían ser entregados o distribuidos entre PYMES, que representan el 95% de las empresas en España, para que estas disfrutaran también de la riqueza que esos datos generan y mejorar, como en el caso de las empresas financieras, su competitividad.

Además, permitir que este gran volumen de “alternative data” sea acumulado, analizado y aprovechado sólo por las empresas que cuentan con los medios para ello pone en peligro la libre competencia, generando situaciones de injusticia, ya que les sitúa en una posición privilegiada de conocimiento. Solamente, mediante la introducción de un Impuesto sobre los Datos, que debería ser pagado por las empresas en datos alternativos, se podría proteger la libre competencia creando un entorno en el que se ofrecerían y nivelarían los beneficios para aquellos que los generan. De este modo, gracias al Impuesto sobre Datos o Data Tax, se contribuiría a la economía sostenible permitiendo que todas las empresas, grandes o pequeñas, así como los ciudadanos puedan obtener valor de los mismos y beneficiarse de las grandes ventajas que este gran volumen de conocimiento genera gracias a la información que se puede extraer. Hoy en día los datos son la nueva fuente de riqueza por lo que también esta se debería redistribuir.

Podemos estar seguros de que Estados Unidos será el verdadero beneficiario a corto plazo de las revelaciones de los papeles de Panamá

Al añorado Umberto Eco le gustaba decir que la verdad es mucho más difícil de demostrar que la mentira. Lo veremos una vez más con el baile de los habituales de la palabrería, con los acostumbrados a la excusa fácil: “es legal, es mi padre el que...”. Incluso con los del “os lo dije”, como nuestros amigos de la OCDE, siempre dispuestos a tranquilizarnos con su capacidad de resolver una problemática que sin embargo es cada vez más difícil.

Por muy excepcional que sea el acontecimiento de los papeles de Panamá, la información importante solo se obtiene analizando lo que ocurre delante de nuestros ojos desde que empezó la última crisis económica. Es a partir de 2007 y 2008 cuando la competencia económica se acentuó. Y en esa competencia, con una economía que gira cada vez más en torno a la información, ha cobrado especial importancia la inteligencia económica, que es la que ha revelado buena parte de las últimas filtraciones, como las de Wikileaks.

Para un servicio de inteligencia de capacidad media, entrar en los servidores de una empresa no supone gran dificultad. El único obstáculo a este tipo de operaciones secretas, cuando lo hay, es político. ¿Cómo convencer a un jefe de Gobierno o a un ministro europeo de meterse en los ficheros de una empresa como Mossack Fonseca? El problema no es pequeño. Además de los riesgos de fuga, que a partir de ahora serán cada vez más probables, es cierto que una operación de “transparencia” contra Panamá o cualquier otro centro de opacidad supone para un Gobierno europeo o sudamericano dispararse en el propio pie.

En ese contexto, Estados Unidos ofrece la opción más fiable, y podemos estar seguros de que ese país será el verdadero beneficiario a corto plazo de estas revelaciones. Para evitar que lo sea también a medio o largo plazo, hay que protegerse a nivel local contra ese cáncer que suponen los paraísos fiscales para nuestras economías. Como todo cáncer, el económico tampoco se combate desde fuera, sino desde dentro. Estaría bien que pudiéramos curarlo con caricias, pero a priori es mejor optar por una vía sana y, de forma accesoria, como último recurso, por la cirugía.

En realidad existen iniciativas concretas contra ese cáncer. Empiezan a tomar forma terapias que previenen el dolor para evitar tener que curarlo. Al igual que pude generar asombro al declarar que la Administración judicial española era la mejor equipada de Europa, volveré a asombrar diciendo que en España existen innovaciones importantes para preservar nuestra economía, para mantener y apoyar a nuestras empresas en este contexto de guerra económica.

Les invito a consultar lo que han desarrollado los expertos de Keepy-I.com. Es uno de los proyectos que se inscriben totalmente en el marco de la preservación local de las actividades más sensibles y más importantes para nuestras empresas. Su actividad, sin reducirla a eso, forma parte del ámbito del GRC: Gobierno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento. A día de hoy, este mercado está casi de forma exclusiva en manos de empresas estadounidenses o australianas.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo