La onda expansiva de la deflagración financiera de 2008 ha provocado el endurecimiento de la regulación sobre los bancos, exigiéndoles mayor capital, fuentes de financiación más estables y un colchón de liquidez más sólido. Pero el impacto sísmico de la crisis ha sido más profundo. Los pilares de un sistema bancario fraguado hace más de dos siglos se han tambaleado. La pretensión de que gracias a la desregulación los mercados financieros corrigen ellos mismos los desequilibrios ha sido contundentemente desmentida. 

El proceso de creación del dinero ha quedado al descubierto y el diagnóstico es inapelable: el sistema financiero actual es intrínsecamente inestable, de ahí su tendencia cíclica a derrumbarse con consecuencias económicas y sociales dolorosas. Solo un cambio de modelo significaría una solución durable.

Para comprender la verdadera naturaleza del dinero conviene recordar que desde el 15 de agosto de 1971, el día en que Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, el dinero es íntegramente fiduciario, es decir, el valor de una moneda se basa en la fe o confianza que inspiran tanto el Estado que la respalda como la economía que sustenta dicho Estado. Como ha escrito el historiador Adam Tooze, ese día “el dinero fue reconocido abiertamente como una creación política”.

La moneda tiene un papel esencial en toda comunidad humana. Por tanto, si el dinero es una creación política es de esperar que la creación del mismo esté sometida a un proceso, unas reglas y unos actores que velen por el interés general. Es lo que a primera vista podríamos pensar cuando asociamos la creación de dinero al monopolio de los bancos centrales para imprimirlo, manifestación actual del viejo privilegio del soberano de acuñar moneda.

La realidad es bien diferente: más del 90% del dinero en circulación lo crean los bancos comerciales al otorgar créditos. Este “descubrimiento” ha desatado un intenso debate en la estela del choque político y económico que ha supuesto la crisis financiera de 2008. En respuesta al escepticismo de muchos economistas importantes, el Banco de Inglaterra publicó en 2014 un documento corroborando el hecho de que el crédito crea los depósitos y no al contrario, como intuitivamente pudiera parecer.

La sorpresa ciudadana al respecto está en el origen del referéndum suizo del 10 de junio pasado sobre la propuesta de arrebatar a los bancos privados el poder de crear dinero y confiarlo a un poder público. Se trataba de abolir el sistema bancario de reserva fraccionaria dominante desde el siglo XVIII. A pesar de su radicalidad, la propuesta fue aprobada por el 24% de los suizos. 

El debate no se ha cerrado con el referéndum suizo, antes al contrario. Como declaró Fran Boait, directora de Positive Money, la organización británica referente en esta materia, “este voto debe representar el principio de un debate global sobre si el control de la creación de dinero debe estar en manos públicas o privadas”.

Un acelerador de este debate es la reflexión en curso en la mayoría de los grandes bancos centrales sobre la emisión de moneda digital. El origen de esta reflexión es doble. Por un lado, está la reacción defensiva de los bancos centrales al auge de las criptomonedas, como el bitcoin, un desarrollo tecnológico que podría privarles del monopolio del que han disfrutado desde hace más de un siglo. Por otro lado, están los límites de las políticas monetarias no convencionales aplicadas tras la crisis, unos límites que podrían dejar sin munición a los bancos centrales en la próxima crisis. 

Entre dichas políticas está la aplicación de un interés negativo, aún vigente en la zona euro, Japón, Suiza o Suecia, al dinero que los bancos depositan en el banco central. El objetivo de los intereses negativos es empujar a los bancos a prestar dinero para reactivar la economía en vez de conservarlo en reserva. Pero cuando reina la incertidumbre, los bancos prefieren pagar un interés negativo sobre sus reservas a prestarlas. 

Ante la eficacia limitada de los intereses negativos como estímulo monetario, los bancos centrales han recurrido a otra política no convencional: la compra masiva de obligaciones (quantitative easing en inglés) con el fin de inyectar liquidez en el sistema. La experiencia está demostrando, sin embargo, que la canalización del estímulo a través del sistema financiero no asegura que este llegue a su destino en la economía real. 

La moneda digital abre nuevas perspectivas a los bancos centrales puesto que facilitaría que ciudadanos y empresas dispongan de una cuenta en el banco central, algo reservado hoy en día en exclusiva a los bancos. De esta manera, la transmisión de los intereses negativos sería más directa. En última instancia, el banco central podría transferir (crear) directamente dinero en nuestras cuentas para apoyar la economía. Es lo que Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, llamaba gráficamente helicopter money, comparándolo a la distribución de dinero a la población desde un helicóptero.

Solo que la moneda digital podría tener efectos colaterales revolucionarios. Como explica un estudio del Kiel Institute alemán para el Parlamento Europeo en julio de este año, “la moneda digital emitida por un banco central podría ser disruptiva y desafiar el sistema de reserva fraccionaria. Dado que dicho sistema es más inestable, la introducción de la moneda digital no sería necesariamente un desarrollo negativo, sino que podría sentar las bases de un sistema financiero más estable”.

Dos modelos

El modelo alternativo al sistema de reserva fraccionaria es el de reserva integral, es decir, que el 100% de los depósitos bancarios esté respaldado por reservas de dinero creado por el banco central o una garantía equivalente.

Una ventaja inmediata de un sistema de reserva integral o de dinero soberano es la desaparición de la necesidad de rescatar bancos. Además de disciplinar a los bancos, desaparece el coste político de asignar recursos públicos a los rescates bancarios, causante en gran parte de la indignación ciudadana que ha propiciado fenómenos como Trump, el Brexit y el desencanto europeo.

Otra beneficio directo, más abstracto a primera vista pero probablemente de mayor impacto estructural, es la simplificación drástica de la extraordinaria complejidad del sistema financiero internacional y de su regulación. Su complejidad es fruto en gran parte de la tensión permanente por la liquidez inherente al modelo de reserva fraccionaria y, a la vez, causante de la opacidad del sistema financiero, lo cual dificulta su supervisión así como la verificación de su contribución al interés general a través de instrumentos normativos o fiscales. 

Las propuestas de dinero soberano separan el dinero del crédito, confiando el primero a un poder público controlado democráticamente y dejando el segundo en manos de los bancos, ya sean públicos, privados, cooperativistas o mutualistas. Los bancos obtendrían el dinero acudiendo a los ahorradores y a los mercados de capitales como ya lo hacen actualmente. 

La pregunta clave no es pues si habría suficiente crédito sino cuál es la cantidad de dinero necesaria en cada momento para permitir el buen funcionamiento de la economía, es decir, generar suficiente empleo sin poner en peligro la estabilidad, ya sea financiera o de precios. La teoría económica dominante del equilibrio general y de agentes racionales es incapaz de responder a esta pregunta, puesto que hasta la crisis ha pretendido que el dinero era un factor neutral y, por tanto, el sistema financiero y las condiciones del crédito no desempeñaban un papel relevante en los modelos. Ahora empieza a reconocer el error, pero no dispone de modelos alternativos todavía.

El dinero soberano es un continente desconocido para la mayoría de economistas, políticos, periodistas o ciudadanos. Hace falta un armazón conceptual nuevo para cartografiarlo y navegar por él de manera segura. El ritmo de publicaciones sobre el mismo no deja de crecer y la vía práctica para la transición desde el sistema actual va tomando forma con la reflexión sobre la moneda digital. 

La pregunta ya no es solo cuál es la cantidad de dinero óptima para crecer sin inflación, sino también cuándo, en qué condiciones y hasta qué punto se puede o se debe respaldar la financiación de bienes comunes, como las infraestructuras y el conocimiento, y de objetivos de interés general, como la transición ecológica y la lucha contra la pobreza, con dinero creado por una autoridad pública, ya sea el banco central, el tesoro o un comité monetario.

En otras palabras, se trata de cómo financiar el interés general sin recurrir necesariamente al endeudamiento. No se parte de cero; a lo largo del siglo XX numerosos economistas consideraron esta cuestión, entre ellos Maurice Allais, premio Nobel de Economía en 1988, que defendía la financiación de la inversión productiva pública con dinero creado por el banco central. La vivienda y la deuda hipotecaria, por ejemplo, suscitan actualmente una atención particular por su papel significativo y recurrente en casi todas las crisis bancarias.  

Tan importante como la reflexión económica es la reflexión política y democrática sobre el ejercicio del poder de crear dinero. Si en las últimas décadas se ha arrebatado este poder a los Gobiernos no es tanto por razones de teoría económica como por la incapacidad de estos de gestionar la política monetaria sin ceder a las presiones electorales cortoplacistas. 

La separación del poder fiscal y presupuestario, que decide el destino del dinero público, del poder monetario que lo crea es seguramente una precaución constitucional sabia. El primero recae en los gobiernos elegidos periódicamente por los ciudadanos, mientras que el segundo debe pertenecer a una autoridad con un mandato constitucional que organice, a la vez, su blindaje frente a presiones de intereses particulares, ya sea el gran capital o pulsiones populistas, y su control democrático, en el sentido del término inglés de accountability. También es importante asegurar la pluralidad de pensamiento en el seno de la autoridad monetaria.

No hay que perder de vista que lo que está en juego es el futuro de la democracia entendida como la capacidad efectiva, no solo formal, de autogobierno de una comunidad. El dinero es poder, por lo que al delegar su creación al sector financiero no es de extrañar que el poder de los mercados sea superior al de los Estados. La reforma del dinero soberano no solo revierte esta relación, sino que devuelve a los Estados una capacidad de acción cuya pérdida en las últimas décadas ha alimentado el desencanto de la política y la aparición de sirenas populistas.

Veamos a continuación cómo funcionan los dos modelos de crear dinero.

El sistema bancario de reserva fraccionaria

En el modelo actual, cuando depositamos dinero en el banco ese dinero pasa a disposición de la entidad, ya no nos pertenece. Lo que poseemos es un “depósito” que, legalmente es una deuda del banco hacia nosotros. Es la promesa de que, en cualquier momento, podemos retirar el dinero. Como en general, los clientes no retiran su dinero al mismo tiempo, la ley permite a los bancos prestar más dinero del que disponen, exigiéndoles una reserva en el banco central de tan solo una fracción de sus depósitos (1% en la zona euro). 

El sistema de reserva fraccionaria permite a los bancos crear dinero. Supongamos que el banco A, creado con un capital de 10 euros, tiene un solo cliente que ha depositado 100 euros. El banco dispone de 110 euros. Supongamos que concede un crédito de 50 euros a un segundo cliente, inscribiendose en su cuenta. Con su saldo de 100 y 50 euros respectivamente, los clientes del banco A pueden comprar bienes por valor de 150 euros en total, a pesar de que inicialmente sólo había 110 euros. El  banco A ha creado 40 euros.

Esta creación de dinero es posible porque los depósitos  son considerados como dinero, al igual que un billete de banco. Ambos sirven para ejecutar pagos. El billete de banco es dinero creado por el banco central que lo imprime. El depósito bancario es dinero creado por el banco e inscrito en la cuenta del cliente. 

Cuando el segundo cliente devuelva al banco A su crédito de 50 euros, los 40 euros creados por el banco A desaparecerán, volviendo a la situación inicial de 110 euros. Pero hasta que suceda, los dos clientes del banco A pueden comprar bienes de vendedores cuyas cuentas estén, por ejemplo,  en el banco B. El banco A deberá transferir 150 euros al banco B, el cual podrá proseguir el mismo procedimiento de creación de dinero. Con este sistema resulta que más del 90% del dinero en circulación es creado por los bancos.

La reserva integral o el dinero soberano

El sistema de reserva integral y el de dinero soberano son técnicamente distintos pero comparten una misma finalidad, que la creación de dinero sea responsabilidad de una autoridad pública. En el primero sigue existiendo el dinero bancario, originado por los bancos al conceder crédito e inscribirlo como depósito, solo que su creación está limitada por la obligación de poseer dinero emitido por el banco central o una garantía equivalente (por ejemplo, una obligación del Estado) que lo respalde. En el modelo de dinero soberano desaparece el dinero bancario y solo el banco central puede crear dinero.

La diferencia entre el dinero del banco central o soberano y los depósitos o dinero bancario es que el primero está respaldado por el banco central, es totalmente seguro, mientras que el segundo es más arriesgado, pues consiste en una deuda respaldada solo por el banco que desaparece si este quiebra.

La principal propuesta de sistema de reserva integral fue el Plan Chicago trasladado al presidente Roosevelt en 1933 por un grupo de universitarios de dicha ciudad como respuesta a la Gran Depresión. Dicho plan fue defendido por Irving Fischer en su libro 100% Money de 1936. Tras la crisis de 2008 ha resurgido el interés por estas propuestas pero ya en forma de dinero soberano principalmente. Destacan los trabajos del economista alemán Joseph Huber y de dos antiguos economistas del FMI, Michael Kumhof y Jaromir Benes. La organización británica Positive Money, representada en España por Dinero Positivo, es la más activa en la promoción del dinero soberano. El referéndum suizo del 10 de junio fue promovido por la organización Vollgeld.

Un amplio plantel de economistas han sido duramente críticos con el sistema de reserva fraccionaria, desde David Ricardo hasta Milton Friedman o James Tobin. Antiguos gobernadores de bancos centrales o de autoridades financieras de regulación, como los btritánicos Mervyn King y Adair Turner o los españoles Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Carlos Arenillas, columnistas de prestigio del Financial Times, como Martin Wolf o John Kay, entre otros muchos expertos, defienden reformas como la del dinero soberano. El autor de estas líneas propone desde 2012 un Banco Ciudadano de Depósitos como instrumento para poder aplicar en un país de la zona euro un sistema de dinero soberano sin necesidad de modificar los tratados de la UE, lo cual requiere unanimidad de sus Estados miembros.

[Este artículo ha sido publicado en el número 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Reseña del importante libro de Thomas Piketty, quien augura para este siglo un regreso del capitalismo patrimonial: un futuro con crecimiento lento y desigualdades cada vez mayores, que solo podrían mitigarse mediante impuestos mundiales sobre el capital.

¿Han sido los últimos treinta años una pesadilla neoliberal de la que la crisis nos ha despertado y, en cuanto la socialdemocracia recupere la iniciativa política, volveremos a la época dorada de crecimiento y reducción de las desigualdades del Estado social de mediados del siglo XX? Thomas Piketty responde negativamente. No es pesimismo o una conjetura sobre la impotencia de la socialdemocracia, es el resultado de un análisis pormenorizado sobre la evolución de la riqueza y las desigualdades en los principales países desarrollados en los últimos doscientos años.

Los hechos son inapelables: el rendimiento del capital (r) ha sido sorprendentemente estable históricamente, en torno al 5 %, mientras que la tasa de crecimiento (g) ha oscilado entre el 1 y el 1,5 %. El crecimiento entre el 3 y el 5 % de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial es una excepción. En estas condiciones, donde r>g, los patrimonios tienden a acumularse a un ritmo mayor del efecto redistributivo del crecimiento por el aumento de la producción y los salarios, generándose desigualdades crecientes que, en los últimos años, han superado el pico de desigualdad que se produjo justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el stock de capital equivalía a entre seis y ocho años de la renta nacional total. Hicieron falta dos guerras mundiales y “el suicidio de los rentistas” entre las dos guerras (es decir, vivieron por encima de sus posibilidades en el sentido de que el gasto anual que les generaba su ritmo de vida era mayor que la renta que percibían de su patrimonio) para redistribuir las cartas y empezar casi de cero.

Tras la Segunda Guerra Mundial, precedida por la Gran Depresión y las políticas redistributivas que inspiró, el fuerte crecimiento de las economías en reconstrucción y expansión y la agresiva fiscalidad progresiva, con tipos marginales superiores de alrededor del 60-70 % en Europa y del 80-90 % en Estados Unidos, así como el acceso generalizado a la educación y los seguros por enfermedad, desempleo o vejez, aseguraron el acceso de las masas trabajadoras a un pequeño patrimonio, convirtiéndolas en clases medias. Si en 1913 un 10 % de la población acumulaba la práctica totalidad de la riqueza nacional, en la actualidad ese 10 % sigue poseyendo la mayor parte, pero ahora hay un 40 % que disfruta de un pequeño patrimonio, mientras que el 50 % restante cobra un sueldo o una prestación pero no acumula patrimonio y no deja casi nada a sus herederos. Esa emergencia de una “clase media patrimonial” es para Piketty la mayor transformación estructural del reparto de la riqueza en los países desarrollados. Con la ralentización del crecimiento y las rebajas fiscales de la revolución conservadora de los años 1980, la clase alta patrimonial vuelve a emerger: el patrimonio del 10 % más rico crece exponencialmente mientras que el del 1 % más rico lo hace estratosféricamente.

La perspectiva para el siglo XXI, una vez que las economías emergentes hayan alcanzado la madurez y la población mundial se estabilice, es una tasa de crecimiento del orden del 1 ó 1,5 %, mientras que el rendimiento del capital seguirá en torno al 5 %. La implicación evidente es que el reparto de la riqueza acentuaría su senda divergente hasta alcanzar cotas social y democráticamente inaceptables.

Esta radiografía completa del capitalismo patrimonial se encuentra en el imponente último libro de ThomasPiketty[1], Le capital au XXIe siècle. Sin haber sido todavía traducido a ningún otro idioma, esta obra de Piketty de casi mil páginas se haconvertido inmediatamente en una referencia de las ciencias sociales[2]. Ya antes de su publicación, Thomas Piketty, un brillante economista francés de 41 años, era unreferente mundial en el estudio de las desigualdades de renta. Junto con Emmanuel Saez, de la Universidad de Berkeley, y Anthony Atkinson, de la Universidad de Oxford, han construido una base de datos monumental sobre las rentas altas, la WorldTop Incomes Database, en la que también ha colaborado el joven economista argentino Facundo Alvaredo.

El fuerte impacto del libro de Piketty se explica por varias razones. La primera es el carácter inédito y exhaustivo de un estudio del capital, tanto de las rentas como del patrimonio, en los países desarrollados en la mayor escala temporal que permiten los archivos, es decir, prácticamente, desde la Revolución Francesa que instauró en Francia un censo patrimonial, la Revolución Industrial en Reino Unido y la independencia en Estados Unidos. Sobre otros países, como Alemania, Japón, Canadá o Suecia, las estadísticas fiables disponibles empiezan a finales del siglo XIX. Todos estos datos se pueden consultar en un anexo técnico en internet que constituye una auténtica mina documental. La segunda razón son las conclusiones empíricas que se extraen de este estudio y que contradicen, como veremos a continuación, axiomas de la teoría económica hasta ahora inamovibles. La tercera son las nuevas leyes del capitalismo que se deducen del análisis de los datos. Por último, Piketty, que pertenece a la estirpe de los intelectuales franceses preocupados por el devenir político del mundo en el que viven, ofrece una perspectiva inquietante sobre la evolución previsible del capitalismo patrimonial en el siglo XXI y se moja proponiendo soluciones.

El primer axioma que se derrumba a la luz de los datos es el de los rendimientos decrecientes de Ricardo, que serviría a Marx, aplicándolo al capital, para predecir la crisis del capitalismo por la caída de los rendimientos del capital a medida que éste se acumula. Ciento treinta años después de la muerte de Marx, el capital acumulado ha superado cualquier previsión imaginable en la época del ideólogo del socialismo, pero su rendimiento sigue siendo sorprendentemente estable en torno al 5 %. El progreso tecnológico, el crecimiento de la población, el acceso a la educación y, recientemente, la globalización y la sofisticación de los mercados financieros, han permitido al capital encontrar constantemente nuevas oportunidades de fructificar. Piketty no demuestra teóricamente de dónde procede esta sorprendente estabilidad del rendimiento del capital, pero su lectura de lo que nos enseña la historia económica deja poco lugar para la duda.

Otro mito que se derrumba es la visión optimista de Kuznets de una reducción de las desigualdades amedida que el desarrollo económico y humano avanza. Kuznets basó su predicción en una serie temporal de datos relativamente corta, entre 1920 y 1950. El paso a la escala del muy largo plazo operado por Piketty demuestra precisamente lo contrario, puesto que la relación r>g se muestra constante en la historia, y que la excepción es el breve periodo entre 1950 y 1970. En este sentido, los datos también hacen tambalearse otro supuesto básico de la economía neoclásica, que implicaría una tendencia hacia la igualación entre las rentas del capital (r) y el crecimiento económico (g).

El análisis frío y objetivo de los datos, así como de las dinámicas en juego que los arrojan, ofrece una perspectiva para el siglo XXI poco alentadora, con una economía mundial instalada, desde hace treinta años, en una senda firme de acumulación cada vez mayor de riqueza en lo alto de la pirámide. La ley de hierro de r>g conduce a la victoria del rentismo sobre la meritocracia, en la que “el pasado devora al futuro”. El capitalismo patrimonial ya conoció una evolución similar en el siglo XIX que desembocó en 1913 en niveles de desigualdad sin precedentes. Nadie puede desear un nuevo conflicto mundial devastador para deshacer esa desigualdad, por lo que Piketty se adentra al final con valentía en el terreno de las propuestas para atenuar o corregir dicha evolución. La principal de ellas es la instauración de un impuesto mundial progresivo sobre el capital, tanto de los activos inmobiliarios como mobiliarios y neto de deudas.

Piketty no se hace ilusiones sobre la viabilidad política de su propuesta, aunque argumenta convincentemente sobre su viabilidad en el seno de la Unión Europea si existiera la suficiente voluntad política (Piketty no esconde su optimismo relativo acerca de la deliberación democrática en base a los datos y las conclusiones a las que nos llevará la acumulación de riqueza más allá de lo socialmente soportable). Pero la considera una “utopía útil” en el sentido de que obliga a cualquier otra solución a medirse con respecto al ideal teórico que constituye dicho impuesto mundial progresivo sobre el capital. También demuestra los beneficios que comportaría, más allá de la recaudación, la cooperación fiscal internacional necesaria para su implantación.

No hay espacio aquí para mencionar otras cuestiones apasionantes tratadas por Piketty con una claridad pedagógica al alcance de cualquier ciudadano formado, desde la distribución de la renta hasta la historia de los sistemas impositivos, pasando por la causalidad entre el desmantelamiento de los tipos marginales superiores “confiscatorios” y la explosión de los sueldos de los altos ejecutivos. Tampoco cabe una crítica más detallada del hecho de que el análisis y las tesis de Piketty reposen sobre el estudio pormenorizado de las estadísticas pero no sobre una investigación de las fuentes y fuerzas capitalistas de creación de riqueza. Aún así, Le capital au XXIesiècle constituye una obra mayor no sólo por el amplísimo objeto de estudioque abarca y los múltiples frutos que otros investigadores podrán recoger del espectacular compendio de datos y análisis, sino por la lucidez y humildad con la que Piketty reconoce la pertenencia de la economía a las ciencias sociales y su deber de contribuir, desde la honradez intelectual, a enriquecer el debate democrático en aras de descubrir las políticas que producirán los resultados más acordes con los objetivos morales y sociales de una comunidad.

[1] Le Capital au XXIe siècle, Editions duSeuil, París, 2013, 972 páginas, 25 €.

[2] Sepuede encontrar un resumen en inglés en The return of “patrimonialcapitalism": review of Thomas Piketty’s Capital in the 21st century,de Branko Milanovic.