El turismo necesita una transformación profunda para dejar de ser una actividad basada en la explotación ilimitada de los recursos naturales. Es una de las principales reflexiones que ha dejado Enrique Álex, embajador de Turismo Responsable de Naciones Unidas y creador de contenido especializado en sostenibilidad y viajes con propósito, durante su participación en el Blue Zone Forum Innovazul 2026, celebrado en Cádiz. “Tenemos que empezar a entender que en este sistema capitalista extractivista no podemos tratar todo como si fuese una fuente infinita de diversión y entretenimiento”, ha advertido.

Álex, que inició en 2016 un viaje alrededor del mundo que marcaría el comienzo de su trayectoria como divulgador, habla con este periódico sobre la necesidad de replantear la relación entre turismo y medioambiente, especialmente cuando la actividad turística tiene como escenario el mar. Desde su experiencia recorriendo destinos y conociendo proyectos vinculados a la conservación, ha cuestionado el uso que se hace actualmente del concepto de sostenibilidad. “Ahora mismo la sostenibilidad ha pasado de ser una palabra con muchísima carga a ser un apellido de marketing que se le pone a todo, desgraciadamente”, ha afirmado.

El creador de contenido defiende que no basta con establecer normas para proteger los espacios naturales si después no existen mecanismos que garanticen su cumplimiento. Como ejemplo, ha aludido a la protección de los fondos marinos y las praderas de posidonia, donde las embarcaciones pueden provocar daños con sus anclas. “De nada sirve decir no puedes tirar el ancla sobre unos corales cuando en medio del mar lo pueden tirar quien sea y no hay forma de vigilar”, ha señalado, antes de insistir en la importancia de combinar legislación, vigilancia activa y educación ambiental.

En su opinión, una de las transformaciones necesarias pasa por limitar la presión turística en aquellos lugares cuya capacidad de acogida se encuentra comprometida. En este sentido, ha defendido medidas como las tasas turísticas y los cupos de visitantes, tanto en ciudades como en destinos naturales. “Igual que vamos a un concierto y hay equis cupos, los lugares tienen una capacidad de carga concreta, teniendo además en cuenta que en estos lugares viven personas, viven animales”, ha explicado.

Álex ha advertido de que el debate sobre el turismo responsable debe abordar también cuestiones que generan controversia, como la pesca industrial, la acuicultura y los cruceros. Sobre la primera, ha criticado la contradicción entre el rechazo social a determinadas prácticas de captura de animales marinos y la normalización de un consumo masivo de pescado. “Nos escandaliza ver cómo en Japón se cazan ballenas, o en las Islas Feroe, de repente, dos veces al año, el mar se tiñe de rojo porque hacen esta caza de delfines. Pero luego nos parece normal la macropesca y el consumo sin límite de peces porque hay que dar ingresos al sistema”, ha apuntado.

El divulgador ha puesto el foco en el impacto de la macropesca sobre los ecosistemas y ha recordado que la contaminación marina no puede abordarse exclusivamente desde la responsabilidad individual de los consumidores. “Hablamos mucho de la responsabilidad individual que tenemos nosotros al utilizar plásticos de un solo uso, pero nada como consumir productos de macropesca y de acuicultura, que es algo que muchas veces nos olvidamos, pero también produce una acidificación del mar terrible”, ha afirmado.

En esta línea, ha cuestionado que se considere radical plantear alternativas al consumo de proteína animal mientras se mantiene una actividad pesquera que, a su juicio, compromete la supervivencia de los ecosistemas. “Parece radical hablar de proteínas vegetales, pero no parece radical estar cargándonos el mundo en el que vivimos”, ha lamentado. También ha criticado el impacto de los grandes cruceros, una actividad que considera difícilmente compatible con un modelo turístico que genere beneficios reales para los territorios que los reciben.

“El turismo, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, no es un turismo que deje huellas positivas. No es un turismo social, es un turismo extractivista”, ha manifestado. Para Álex, el problema reside en un modelo económico que prioriza los resultados inmediatos frente a las consecuencias ambientales y sociales de la actividad. “Las administraciones tienen una visión a cuatro años, con lo cual es muy difícil hacer cambios, y las empresas tienen una visión de que tienen que crecer, tienen accionistas y tienen que generar ingresos. Es muy difícil hablar, ya no de decrecimiento, es muy difícil hablar de sostenibilidad de verdad”, ha reflexionado.

Andalucía, en el primer paso de la sostenibilidad

En el ámbito turístico andaluz, ha cuestionado que la sostenibilidad se limite en ocasiones a pequeños cambios en los establecimientos hoteleros, sin abordar otros aspectos de mayor impacto, como la alimentación o el desperdicio de comida. “La sostenibilidad llega hasta el envase del cepillo de dientes que te damos. Ya no es de plástico, es de cartón. Después las opciones de alimentación que hay en los restaurantes son las de siempre, con el impacto de siempre. Seguimos con los buffets libres, con el derroche que eso significa”, ha expuesto.

Su diagnóstico, no obstante, ha querido alejarlo de una visión pesimista para situarlo en el terreno de la exigencia. “Yo no querría que parezca que tengo una visión negativa, pero sí que tengo una visión exigente. Me parece que aquí todo el mundo se da muchas palmaditas en la espalda diciendo qué bien lo hacemos, qué sostenibles somos y en realidad estamos en el paso uno de mil”, ha afirmado.

El escenario futuro que dibuja si no se modifica el actual modelo resulta especialmente preocupante. Álex ha recordado las conversaciones mantenidas con científicos durante su estancia de un mes y medio en la Antártida, donde convivió con investigadores en distintas bases científicas. “Vamos a un colapso total”, ha advertido. Entre los escenarios más preocupantes que ha conocido ha mencionado un posible colapso de la corriente atlántica, con consecuencias climáticas de enorme magnitud. “Son cosas bastante fuertes y, en el mejor de los casos, el planeta va a seguir aquí, los ecosistemas se adaptarán, pero seguramente nosotros no estemos en esa fotografía tal y como estamos ahora”, ha señalado.

Frente a este horizonte, ha defendido que las decisiones económicas deben incorporar una perspectiva de largo plazo y abandonar la búsqueda permanente de beneficios inmediatos. “Es mucho más rentable, pero es verdad que a medio y largo plazo, no a corto plazo, tomar decisiones correctas, dejar esa avaricia y esas cuentas de resultados inmediatas a un lado y pensar en qué mundo queremos”, ha concluido. Y ha lanzado una última advertencia: “Es que es una amenaza muy real que ya vemos, con catástrofes climáticas cada vez más frecuentes, con desapariciones de especies diarias. Quien no lo quiera ver es un temerario”.

Carolina Marín pone el broche final

La última jornada del Blue Zone Forum Innovazul 2026 ha contado con la participación de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín. La deportista onubense ha compartido con el público, mayoritariamente joven, las experiencias que han marcado su trayectoria deportiva y personal, con un mensaje centrado en la perseverancia, la confianza y la superación. “Puedo porque pienso que puedo” ha sido una de las frases que ha resumido su intervención.

Marín también ha recordado la lesión que la obligó a abandonar las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha explicado que, pese a no conseguir la medalla por la que había trabajado, regresó con algo que considera todavía más valioso. “Yo de París me volví con una medalla. No con la que yo había trabajado y la que quería, sino con una medalla mejor. Una medalla en forma de cariño, amor y mucho apoyo y empatía de toda la gente, de toda la sociedad española, y esa medalla me la guardo en mi corazón y nadie me la puede quitar”, ha expresado.

La jornada ha incluido también el foro Blue Women, dedicado a reivindicar la incorporación del talento femenino a los sectores vinculados a la Economía Azul y a la necesidad de incrementar la presencia de mujeres en carreras científicas e ingenierías. El encuentro ha abordado las oportunidades profesionales relacionadas con el conocimiento marino, las energías renovables y la innovación, así como las barreras que todavía dificultan la igualdad en estos ámbitos.

La cuarta edición del Blue Zone Forum Innovazul cierra así una semana de actividad marcada por el éxito de participación y el nivel de sus ponencias, aunque también por el luto tras el accidente ferroviario de Toledo, que obligó a suspender y modificar parte de la programación prevista. El encuentro ha servido además para reforzar el posicionamiento de Cádiz como referente de la Economía Azul, en una semana de especial relevancia para la Zona Franca con la celebración de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas.

Blue Zone Forum InnovAzul 2026 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027, a través de la Fundación INCYDE.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de Zona Franca de Cádiz.

“En el plazo de mi vida he visto esa transformación. Me ha tocado ser testigo de esa degradación fuerte en estos últimos 30 o 40 años”. Manu San Félix, biólogo marino, explorador y documentalista submarino, lleva más de cuatro décadas observando los océanos y ha comprobado cómo la actividad humana ha transformado sus ecosistemas. Sin embargo, considera que el deterioro del Mediterráneo no tiene por qué ser irreversible. “Si lo hacemos bien, el Mediterráneo puede volver a ser lo que era”, defiende.

San Félix, que acumula cerca de 15.000 inmersiones y ha participado en decenas de expediciones junto a National Geographic, ha abordado la recuperación del Mediterráneo durante la segunda jornada del Blue Zone Forum Innovazul 2026, que se celebra hasta este viernes en el Palacio de Congresos de Cádiz. Su propuesta pasa por establecer reservas marinas efectivas, recuperar los hábitats dañados y demostrar que la conservación puede beneficiar tanto a la biodiversidad como a las comunidades que viven de la pesca.

“El Mediterráneo es un mar muy especial porque es pequeño y casi cerrado”, explica. Esa configuración hace que las consecuencias de la contaminación y la sobreexplotación se manifiesten antes, pero también permite que los efectos de las medidas de recuperación sean visibles en menos tiempo. “Lo que hacemos mal se nota antes. Tenemos que verlo desde otro ángulo. Si lo hacemos bien, se notará antes”, sostiene.

La dimensión del problema quedó especialmente clara para el biólogo durante la preparación de Salvemos nuestro Mediterráneo, el documental que realizó para National Geographic. Al investigar sobre el estado de este mar, se encontró con datos sobre contaminación, plásticos y sobrepesca que le hicieron tomar conciencia de la magnitud del deterioro. “Me puse a mirar y a buscar el mar más contaminado del mundo, el Mediterráneo. El que más plásticos tiene, el Mediterráneo. El más sobrepescado, el Mediterráneo. Me quedé hecho polvo”, recuerda.

Para entender cuánto se ha perdido, San Félix considera necesario recuperar la memoria de los ecosistemas marinos. Ha mostrado imágenes históricas de la pesca en el litoral mediterráneo muestran capturas y ejemplares de un tamaño que hoy resultan difíciles de encontrar. En una película rodada en 1944 en Tossa de Mar, por ejemplo, aparecen pescadores que lanzaban sus redes desde pequeñas embarcaciones y las recogían desde la playa.

“Esto ahora ya es ciencia ficción”, señala al comparar aquella abundancia con la situación actual. Durante una expedición a las Azores en 2018 también encontró documentación sobre las antiguas pesquerías de Terranova, a bordo de un viejo bacaladero portugués. Esos registros refuerzan su convicción de que la riqueza marina de otras épocas se ha perdido en buena medida.

“No tenemos ni idea de cómo eran mares y océanos”, afirma. El problema, a su juicio, está relacionado con una explotación creciente de los recursos que ha ignorado sus límites. “Mares y océanos son superproductivos, pero no son infinitos”, advierte.

San Félix compara ese proceso con disponer de una cuenta bancaria y gastar sin controlar el saldo. “Nos pusimos a gastar, a gastar, a gastar, a consumir, a consumir, sin mirar, sin administrar”, explica. La expansión de la actividad industrial y de la capacidad de captura ha acelerado, en su opinión, el agotamiento de unos recursos que durante mucho tiempo parecieron inagotables.

Proteger a los grandes reproductores

La recuperación de los océanos exige cambiar la forma de gestionar la pesca. San Félix considera que capturar los ejemplares de mayor tamaño puede comprometer la reproducción de las especies, porque son precisamente esos animales los que tienen una mayor capacidad reproductiva.

Para explicar esta contradicción, compara la actividad pesquera con la ganadería, donde conservar los animales reproductores resulta esencial para garantizar la continuidad de las explotaciones. En el mar, sin embargo, se capturan ejemplares que podrían contribuir a recuperar las poblaciones.

“Un mero de 30 kilos de esos grandes puede liberar un millón de huevos, dos millones de huevos. No es inteligente lo que estamos haciendo”, afirma. Por ello, defiende que las medidas de conservación deben prestar especial atención a los ejemplares reproductores y permitir que las especies completen sus ciclos biológicos.

La solución pasa por establecer reservas marinas donde la pesca esté realmente restringida. Para el biólogo, no basta con declarar un espacio protegido si después se permite que continúe la presión que ha provocado su degradación.

El objetivo internacional de proteger el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030, respaldado por 186 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad celebrada en Montreal en 2022, supuso un compromiso relevante. Sin embargo, San Félix advierte de la distancia que existe entre las declaraciones de protección y las zonas donde se prohíbe efectivamente pescar.

En Baleares, donde reside desde hace más de tres décadas, señala que alrededor del 22 % de las aguas cuenta con alguna figura de protección, pero solo el 0,1 % está cerrado a la pesca. Para el conjunto del Mediterráneo, las cifras que maneja sitúan esa superficie entre el 0,04 % y el 0,2 %.

“Tenemos que proteger de verdad, tenemos que cambiar, seguir viviendo como nos gusta vivir, disfrutando del confort de lo que comemos, pero sin dejar la huella que hemos estado dejando en los últimos 50 años”, defiende.

El explorador rechaza que la conservación sea incompatible con los intereses de los pescadores. Al contrario, sostiene que recuperar los ecosistemas puede mejorar la disponibilidad de recursos y contribuir a la continuidad de la actividad. Como ejemplo, cita Papahānaumokuākea, en Hawái, una de las mayores áreas marinas protegidas del mundo, y asegura que en cuatro años la pesca de atún aumentó un 54 % en el contexto que ha expuesto.

“Hay que poner en letras enormes: proteger es bueno para la pesca local”, afirma. Su planteamiento es que las reservas bien gestionadas pueden favorecer la recuperación de las poblaciones marinas y generar beneficios que se extiendan más allá de sus límites.

De Ibiza al resto del Mediterráneo

Esta idea está detrás de Regal Mediterráneo, el proyecto con el que San Félix busca demostrar que la restauración de los ecosistemas marinos puede ofrecer resultados visibles y convertirse en un modelo para otros lugares.

La iniciativa ha comenzado en la bahía de Talamanca, en Ibiza, donde pretende recuperar una zona en la que, según explica, ha desaparecido más de la mitad de la posidonia existente. Esta planta marina forma auténticos bosques submarinos que sirven de refugio a cientos de especies y desempeñan una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos.

El proyecto contempla actuaciones de restauración con voluntarios y la implicación de las administraciones y las empresas locales. La intención es desarrollar una fórmula que pueda reproducirse en otros enclaves y demostrar que la recuperación del mar puede aportar beneficios ambientales, sociales y económicos.

“Queremos proteger lo que tenemos cerca para que las personas normales, los políticos, las empresas, la sociedad, vean que proteger es bueno para todos”, explica San Félix. La elección de espacios próximos a la población responde a la necesidad de que los resultados de la conservación sean visibles y permitan comprobar que los ecosistemas pueden recuperarse.

El explorador prevé extender el modelo a partir de 2027 a un enclave de Mallorca todavía por determinar y, posteriormente, a Barcelona. Su objetivo es crear refugios para la vida marina que sirvan de referencia para otras iniciativas de conservación.

El proyecto pretende también implicar al tejido económico y evitar que dependa exclusivamente de la financiación pública. San Félix explica que, cuando presentó la iniciativa al alcalde de Ibiza, planteó una condición: “No queremos un solo euro de dinero público porque tiene que ser real”.

Regal Mediterráneo forma parte de una estrategia más amplia, la campaña Reserva 30, con la que busca sumar apoyos ciudadanos a la protección efectiva de los océanos e impulsar cambios en las políticas de conservación.

La dimensión de los problemas ambientales exige, en su opinión, actuar con ambición. “Somos una ONG pequeña, pero con un proyecto con una misión muy ambiciosa”, señala. Su propósito es demostrar que la restauración de los ecosistemas no solo permite conservar lo que queda, sino también recuperar parte de la riqueza perdida.

Tras más de cuatro décadas de inmersiones, San Félix considera que todavía hay margen para revertir el deterioro del Mediterráneo. Su propuesta pasa por proteger de verdad los espacios marinos, permitir que las especies se reproduzcan y extender las experiencias de recuperación a otros puntos del planeta.

La segunda jornada del Blue Zone Forum Innovazul ha incluido también la Feria de Empleo de Economía Azul, impulsada por la Universidad de Cádiz, que ha reunido a más de 200 personas y ha ofrecido más de 30 oportunidades de empleo y prácticas. La iniciativa ha conectado a estudiantes, recién titulados y profesionales con doce empresas y entidades de sectores como la ingeniería naval, la investigación científica, la consultoría ambiental y la robótica submarina.

El Blue Zone Forum Innovazul es un evento del programa Blue Core de la Zona Franca de Cádiz y está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de Zona Franca de Cádiz.

El Palacio de Congresos de Cádiz ha abierto sus puertas este miércoles a una nueva edición de Blue Zone Forum Innovazul, un encuentro que reúne a empresas, investigadores e instituciones vinculados a la economía azul y que este año ha superado los 2.000 inscritos. La inauguración ha tenido un nombre propio en el escenario, el de la investigadora Sara García Alonso, primera mujer española astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, que ha tendido puentes entre la exploración espacial y el conocimiento de los océanos.

El delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha mostrado su satisfacción con la acogida de este año al Blue Zone Forum InnovAzul 2026. “Sin duda, las cifras hablan por sí solas y los más de 2.000 personas reflejan claramente la expectativa que se ha generado en el marco de la Economía Azul, la investigación y la transferencia de conocimiento”.

“Estamos hablando de un evento consolidado en el tiempo que en su programación despierta el interés y el entusiasmo de un público muy amplio”, ha asegurado González. El delegado ha destacado el perfil internacional de la cita de este año, al coincidir con la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, y el alto número de jóvenes de institutos de Secundaria y Bachillerato y de la Universidad con el fin de incentivas nuevas vocaciones en el sector de la Economía Azul.

Por su parte, el rector de la UCA, Casimiro Mantella, ha destacado “el papel extraordinario del talento universitario para la transformación y la mejora del entorno. Es esta la verdadera esencia de la prestación de servicio a la sociedad que, como institución universitaria pública, tenemos que priorizar cada día. Ser útiles para, desde el conocimiento y la innovación, generar oportunidades y consolidar un modelo compartido entre la universidad, la sociedad, las instituciones y la empresa”.

En este sentido, Casimiro Mantell ha subrayado “el compromiso de la Universidad de Cádiz con la estrategia andaluza y española en torno a la Economía Azul. La planificación estratégica de nuestro mapa de titulaciones y la proyección de nuestra investigación tienen esta vocación por la Economía Azul, la sostenibilidad, el emprendimiento y la internacionalización que son, sin duda, las ideas impulsoras de Blue Zone Forum InnovAzul 2026”.

Pero, entre las voces que han acudido a esta cita, hay otra que invita a mirar hacia el mar más cercano, el de la costa gaditana, para entender hasta qué punto su conservación afecta también al futuro económico de la provincia.

Es María Dolores Iglesias, fundadora de la Consultora Ambiental Trafalgar, una cooperativa de mujeres con sede en Barbate que trabaja en la defensa del litoral, el bienestar animal y la divulgación ambiental. Su preocupación tiene una dimensión muy concreta: la supervivencia de las orcas ibéricas, una población amenazada que, según explica, cuenta actualmente con apenas 22 ejemplares en Europa. “Estamos agotando su vida”, advierte durante una conversación en la que las amenazas al medio marino se entrelazan con la pesca, el turismo y la necesidad de que las administraciones escuchen a quienes viven y trabajan junto al agua.

La trayectoria de Iglesias comenzó mucho antes de la creación de la empresa. Su relación con el medio ambiente se remonta a 1997, cuando se incorporó a la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz, en una época en la que los varamientos de delfines y ballenas en la provincia de Cádiz despertaban su interés por la protección de los cetáceos. Desde entonces ha participado en tareas de seguimiento y atención a estos animales. Una actividad altruista que, con el paso de los años, ha terminado convirtiéndose también en una forma de vida.

“El año que viene haré 30 años como presidenta de la Agrupación de Voluntarios Ambientales Trafalgar”, explica. En ese recorrido ha pasado por la política municipal, donde fue teniente de alcalde y concejala en Barbate con responsabilidades en áreas como Medio Ambiente, Turismo y Playas. Sin embargo, su vocación terminó imponiéndose a otras formaciones y experiencias profesionales. Aunque es técnica superior en informática, integradora social y diseñadora gráfica, reconoce que lo que realmente le mueve es la naturaleza, especialmente las aves y los cetáceos.

Hace seis años decidió dar un paso más y crear la Consultora Ambiental Trafalgar, una Sociedad Cooperativa Andaluza que actualmente forma parte del ecosistema empresarial de la Zona Franca de Cádiz. El proyecto nació con una doble vertiente: desarrollar una actividad económica vinculada al turismo sostenible y mantener el compromiso con la conservación del entorno. Sus integrantes organizan rutas ecoturísticas y de observación de la naturaleza, respaldadas por sellos especializados y con el apoyo de la Universidad de Cádiz en buena parte de sus actividades.

Iglesias insiste en que la vocación ambiental no elimina las dificultades de mantener una empresa. La cooperativa tiene que afrontar sus gastos y cobrar por sus servicios, como cualquier otra actividad económica. La diferencia, sostiene, está en la red de iniciativas sociales y ambientales con las que colaboran y en la voluntad de que el conocimiento del territorio sirva también para protegerlo. Entre sus proyectos destaca la divulgación sobre las orcas ibéricas, una de las cuestiones que considera prioritarias por la situación crítica de esta población.

Las redes fantasma y el peligro para las orcas

La conservación de los cetáceos no es una preocupación abstracta para Iglesias. La muerte de Onyx, una orca ibérica que quedó atrapada en una red de pesca el año pasado, representa para ella una muestra de las consecuencias que puede tener la actividad humana sobre una población tan reducida. El seguimiento del animal no pudo evitar finalmente su muerte y dejó al descubierto uno de los problemas que más le preocupan: las llamadas redes fantasma, aparejos que quedan abandonados o enganchados en el fondo marino y continúan atrapando animales.

La pesca artesanal forma parte del patrimonio cultural y económico que la cooperativa quiere defender, pero Iglesias considera necesario abordar los riesgos que pueden derivarse de determinadas prácticas y de la falta de coordinación entre territorios. Los fondos marinos, recuerda, presentan relieves y arrecifes en los que las redes pueden quedar enganchadas durante las faenas. El problema se agrava cuando los aparejos siguen activos y se convierten en trampas para la fauna marina.

A ello se suma, según explica, la contaminación por plásticos, que ya alcanza a especies que forman parte de la alimentación humana. La actividad marítima, el tráfico de grandes barcos y los residuos que terminan en el agua añaden presión a unos ecosistemas que también sufren los efectos del cambio climático. Iglesias cita asimismo el impacto de las algas asiáticas sobre la pesca gaditana como otro ejemplo de las transformaciones que afectan al litoral.

Pero su principal advertencia se centra en la fragilidad de la población de orcas ibéricas. Estos cetáceos, que no deben confundirse con las poblaciones de otras regiones polares, tienen un papel relevante en el equilibrio del ecosistema marino. La pérdida de ejemplares, sostiene, no puede contemplarse como un problema aislado, sino como una amenaza que obliga a pensar en las consecuencias para el conjunto de la biodiversidad y las actividades económicas que dependen de ella.

En ese contexto, reclama que la protección deje de quedarse en las normas y se traduzca en medios sobre el terreno. La delimitación de zonas de reserva y las restricciones para evitar molestias a los cetáceos son medidas necesarias, pero, a su juicio, insuficientes si no existe vigilancia efectiva. “Si tú tienes que velar por algo, tienes que velar in situ”, resume.

Turismo sí, pero sin convertir el mar en un zoológico

La defensa del litoral no implica, para Iglesias, renunciar al turismo. Al contrario, considera que el patrimonio natural gaditano ofrece oportunidades para desarrollar actividades sostenibles siempre que se establezcan límites y se evite convertir la observación de animales en una experiencia sometida a las expectativas del visitante.

“Es compatible siempre y cuando haya respeto”, afirma al referirse al turismo marinero y a la observación de cetáceos. Ese respeto pasa por mantener las distancias establecidas por la normativa, evitar las zonas sensibles y adaptar las actividades a los periodos críticos para los animales, incluidos aquellos relacionados con su reproducción.

La responsable de Trafalgar defiende también la necesidad de explicar a los visitantes cómo funciona el medio natural. En el mar no hay garantías de avistar una especie determinada ni de contemplar un comportamiento concreto. La naturaleza no funciona como un espectáculo programado y esa idea, considera, debe formar parte de la experiencia turística.

“Esto no es un zoológico, esto no es un jardín botánico, esto no es un espacio acotado donde tiene el sí o sí”, señala. La propuesta pasa por ofrecer información rigurosa, fomentar la educación ambiental y enseñar a valorar el conjunto del paisaje, desde las marismas hasta las zonas oceánicas. La situación geográfica de Cádiz, frente al continente africano, y la diversidad de sus ecosistemas son, en sí mismas, un atractivo que no necesita promesas exageradas.

La misma filosofía se aplica a la convivencia entre la conservación y la pesca tradicional. Iglesias apuesta por reforzar la colaboración entre los pescadores, las universidades y las organizaciones ambientales para mejorar el conocimiento sobre los efectos de la actividad humana y reducir los daños que puedan evitarse. A su juicio, muchas situaciones se producen por desconocimiento y pueden corregirse cuando la información científica llega a quienes trabajan diariamente en el mar.

Los pescadores, aliados de la conservación

María Dolores Iglesias defiende que los pescadores deben convertirse en aliados fundamentales de la conservación del medio marino. Para ello, propone que los profesionales del sector participen como observadores marinos y colaboren en la vigilancia de las especies y la recogida de datos. “Una forma de conciliar la vida de los marineros en zonas tan importantes como esta es tenerles en cuenta desde el principio”, sostiene. La iniciativa, que asegura haber planteado junto al Ayuntamiento de Barbate y varias organizaciones ambientales francesas y alemanas, busca aprovechar el conocimiento de quienes salen al mar cada día.

La fundadora de la Consultora Ambiental Trafalgar considera que los pescadores pueden desempeñar un papel esencial en la protección de los cetáceos si reciben formación y cuentan con el respaldo de las administraciones y la comunidad científica. “Si tú tienes a todos los hombres en el mar que salen cuando el mar lo permite y están todos los días en su actividad, están ahí, les tienes en cuenta, les das un sitio, van a respetar al animal y van a hacer otros que lo hagan”, afirma. Su propuesta pasa por establecer una colaboración entre el sector pesquero, las organizaciones conservacionistas y la Universidad de Cádiz para que las observaciones realizadas en el mar se traduzcan en información útil para proteger la biodiversidad.

Iglesias también reclama más medios para garantizar la protección efectiva de las zonas marinas, especialmente en el caso de las orcas ibéricas. “Estamos protegiendo, por ejemplo, la protección de la orca de 2017 y no tiene ni un barco, ni un barco de protección”, denuncia. A su juicio, la vigilancia no puede limitarse a establecer normas desde los despachos, sino que debe realizarse sobre el terreno y contar con la participación de quienes conocen el litoral. Por eso, lanza un mensaje directo a las administraciones: “Que se acerquen al territorio y se crean de verdad que somos importantes, válidos, porque la provincia de Cádiz es única”.

Su actividad también está vinculada a la defensa del papel de las mujeres en el sector marítimo. La cooperativa trabaja junto a asociaciones relacionadas con el mar y la pesca y participa en redes de mujeres empresarias de la provincia. Su socia, Ana Isabel Lorenzo, es redera y forma parte de un ámbito profesional tradicionalmente masculinizado, una realidad que refleja las dificultades y oportunidades de quienes intentan abrirse camino en actividades ligadas a la costa.

Blue Zone Forum InnovAzul 2026 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027, a través de la Fundación INCYDE.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de Zona Franca de Cádiz.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce ha acudido esta mañana al Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer para declarar como investigado por un supuesto delito contra la libertad sexual tras la admisión a trámite la denuncia de una joven militante del PP que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio.

Han sido unas tres horas de declaración y ha salido acompañado por su esposa y sus hijas. Le ha hecho una foto a todos los periodistas que estaban apostados a la salida y ha hablado sobre su situación. Ha asegurado que es “inocente” y ha reconocido que se encuentra agotado por un proceso en el que, a su juicio, están en juego su imagen pública y su trayectoria política. “Te estás jugando tu imagen, el conocimiento de tus vecinos, te estás jugando esa muerte política y esa muerte social que tienen los titulares que los medios pueden, algunos de ellos, presentar”, ha manifestado ante los periodistas.

Landaluce ha explicado que ha acudido a declarar preocupado por las posibles consecuencias del procedimiento. “Te estás jugando 43 años de vida pública y te estás jugando muchas cosas”, ha señalado, antes de añadir que “quien no esté serio, quien no esté preocupado y que no esté agotado en esta situación, es porque no tiene dos dedos de frente”.

Sobre el contenido de su declaración, el alcalde ha indicado que la jueza le ha pedido que relatara los hechos. “He relatado los hechos tal y como ocurrieron”, ha asegurado, aunque ha evitado entrar en cuestiones jurídicas. También ha hecho referencia a las 110 páginas de la denuncia, de las que, según ha manifestado, tuvo conocimiento el pasado martes. “Lógicamente ahí hay mucho de inteligencia artificial que repite, repite y vuelve a repetir hasta la saciedad”, ha afirmado.

Uno de los aspectos en los que más ha insistido el regidor ha sido en las amenazas que, según ha denunciado públicamente, habría recibido durante este tiempo. Landaluce ha asegurado que se siente más tranquilo al encontrarse ya dentro del procedimiento judicial porque, según sus palabras, sabe que no tendrá que afrontar la situación en los términos en los que considera que se ha desarrollado hasta ahora.

“Uno se encuentra más tranquilo, lógicamente, cuando está ya dentro del paraguas de la Administración de Justicia, de la Justicia, porque ahí sabes que no vas a entrar en los juegos que han hecho contra ti, en las amenazas que ha habido durante todos estos tiempos”, ha manifestado. El alcalde ha añadido que esas amenazas forman parte de una situación que considera especialmente grave y ha vinculado su preocupación con las informaciones difundidas sobre el caso.

En sus declaraciones también ha cargado contra el tratamiento informativo de la denuncia. “El juego de algún medio de comunicación está siendo terrible”, ha afirmado. Landaluce ha sostenido que algunas informaciones se publicaron antes de que él tuviera acceso a la documentación completa. “Yo he tenido los 110 folios este martes, hoy es viernes, este martes, cuando el periódico ha ido sacando lo que ha dado la gana, como ha querido y troceado con los titulares que le da la gana”, ha dicho.

El regidor también ha cuestionado las referencias publicadas sobre una posible denuncia relacionada con unos hechos que, según ha indicado, se remontarían a hace seis años. “No he sido capaz de encontrarlo”, ha señalado sobre esa información, al tiempo que ha reclamado que el procedimiento judicial avance con rapidez. “Lo que deseo es que siga avanzando rápido, que no se pierdan tiempos”, ha afirmado, al advertir de las consecuencias de una investigación prolongada sobre la imagen pública de una persona investigada.

Preguntado por su continuidad como alcalde si el caso se prolonga hasta las elecciones municipales del 23 de mayo, Landaluce ha reconocido que está valorando esa posibilidad. “Estoy en ello, dándole vueltas a la cabeza si esto se alarga justo para las elecciones municipales”, ha respondido. No obstante, ha indicado que no considera que su situación sea incompatible con el ejercicio del cargo.

Landaluce ha anunciado, además, que estudiará posibles acciones judiciales una vez que concluya el procedimiento. “Cuando todo termine, empieza la segunda fase”, ha afirmado. “La segunda fase, como es lógico, es tratar de que todo el mundo pague los daños que hace. Es que si no se escapan”. El alcalde ha argumentado que una denuncia puede ocasionar perjuicios personales, laborales y económicos, incluso por los gastos de defensa jurídica, y ha defendido que esas consecuencias no deben quedar sin respuesta si se acredita una actuación irregular.

“Cuando todo esto termine, será el momento de que la Justicia también actúe contra los que han actuado de una manera irregular o de una manera injusta”, ha añadido. El regidor ha insistido en que espera que el caso se aclare y ha reiterado su inocencia. “Cuando esto acabe, y deseo que acabe pronto, como es lógico y por supuesto, que se aclare perfectamente lo que soy, que soy inocente”.

La dimisión de José Ignacio Landaluce, anunciada por él mismo para este próximo domingo 25 de octubre, abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Algeciras, pero no despeja las incógnitas sobre la gobernabilidad de la ciudad. El Partido Popular se encamina a recuperar la alcaldía con el mencionado Muñoz como candidato y los cuatro votos de Vox, aunque el acuerdo no contempla la entrada de la formación de Santiago Abascal en el gobierno municipal. El resultado apunta a un ejecutivo popular en minoría, pendiente de cómo se articule el respaldo del resto de la corporación.

La dimisión de José Ignacio Landaluce, anunciada este lunes por él mismo para el próximo 25 de octubre, abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Algeciras, pero no despeja las incógnitas sobre la gobernabilidad de la ciudad. El Partido Popular se encamina a recuperar la Alcaldía con Jacinto Muñoz como candidato y los cuatro votos de Vox, aunque el acuerdo no contempla la entrada de la formación de Santiago Abascal en el gobierno municipal. El resultado apunta a un ejecutivo popular en minoría, pendiente de cómo se articule el respaldo del resto de la corporación.

La primera certeza es que la renuncia de Landaluce, que declara este viernes imputado por agresión sexual, no impedirá la votación de la moción de censura. El pleno extraordinario está convocado para el 28 de octubre y se celebrará aunque el actual alcalde formalice su dimisión tres días antes. La legislación electoral establece que la renuncia del regidor no suspende la tramitación de una moción de censura ya registrada, por lo que el relevo podrá consumarse conforme al calendario previsto. Este domingo, Landaluce entregará el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, “un gesto de profunda fe, respeto y amor a nuestras tradiciones”, según ha dicho este lunes.

El PP cuenta con los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa junto a Vox. De los 27 concejales que componen la corporación, 14 constituyen la mayoría absoluta. Los populares han optado por sumar los cuatro votos de Vox, que bastan para alcanzar esa cifra con sus propios ediles, pese a que el PSOE también había ofrecido sus siete concejales para respaldar una moción alternativa. La decisión política del PP ha sido, por tanto, apoyarse en la formación de derecha, pero sin compartir con ella el gobierno municipal.

Esta fórmula deja una cuestión fundamental por resolver: cómo gobernará el PP después de la moción de censura. Si Vox mantiene su compromiso de limitarse a apoyar el relevo y no asume responsabilidades municipales, el nuevo ejecutivo no dispondrá de una mayoría propia garantizada para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. El respaldo que permita investir al nuevo alcalde no implica necesariamente un acuerdo estable para aprobar presupuestos, ordenanzas o las principales decisiones municipales.

A ese escenario se añade la posición de los tres concejales del PP que continúan respaldando a Landaluce, cuya situación en la nueva etapa todavía no está aclarada. Aún está por ver si Landaluce mantiene el acta como concejal raso, junto a los otros tres ediles del PP que le mantienen el apoyo, o si renuncia al acta. Su papel puede resultar relevante para determinar la capacidad del futuro gobierno para sacar adelante sus iniciativas, aunque por ahora no se ha definido cómo se integrarán políticamente tras la salida del alcalde. La composición definitiva del ejecutivo y las alianzas con las que contará siguen, por tanto, abiertas.

Un sucesor con el respaldo del PP

Jacinto Muñoz, antiguo primer teniente de alcalde y ahora candidato del PP a la Alcaldía, se perfila como el encargado de pilotar esta transición. Los populares mantienen su apuesta por él y el objetivo es recuperar la estabilidad institucional tras la crisis que ha fracturado el equipo de gobierno.

Mano derecha de Landaluce, responsable de Recursos Humanos y del protocolo antiacoso, el juez ha citado a Jacinto Muñoz como testigo un día antes de tomar declaración a Landaluce. En el PP no contemplan que Muñoz pase a ser investigado y apuntan que será alcalde con absoluta seguridad, si bien en la oposición aseguran que lo sabía todo y lo tapó.

Muñoz se reunió este lunes con militantes del partido para explicar los motivos de la moción de censura contra el actual regidor, José Ignacio Landaluce. Durante el encuentro, defendió que había sido una decisión “dolorosa pero necesaria” ante los hechos que estaban ocurriendo en los juzgados.

Muñoz explicó que la iniciativa respondía a la necesidad de cambiar el foco de la actualidad política de la ciudad. “Creemos que Algeciras necesita seguir avanzando, necesita que los titulares de Algeciras sean otros, que los titulares de Algeciras sean el progreso y los avances y los grandes proyectos que estamos haciendo”, afirmó. También señaló que la reunión pretendía aclarar a los afiliados algunas informaciones difundidas en redes sociales que consideraba incorrectas y explicarles el posicionamiento de los concejales que habían firmado la moción.

El futuro alcalde reconoció que la decisión había provocado inquietud entre los militantes, al suponer una ruptura con una etapa política de larga duración. “Es una ruptura, una situación que la gente tiene que saber porque es evidente que produce gran inquietud, en un sentido y en otro”, manifestó. No obstante, rechazó que se estuviera produciendo una salida masiva de afiliados y aseguró que, según los datos que manejaba, solo ocho personas habían solicitado la baja de los algo más de mil afiliados del partido. “No creo que sean esas avalanchas que se han dicho en algún medio”, añadió.

Preguntado por el anuncio de dimisión de Landaluce, Muñoz aseguró que, personalmente, le habría gustado que esa decisión se hubiera tomado antes de llegar a la moción de censura. “A mí personalmente me hubiera gustado que esa decisión se hubiera tomado con anterioridad y no haber llegado al punto de la moción de censura”, afirmó, aunque recordó que el procedimiento debía continuar.

Incógnita de apoyos

La operación de relevo se produce después de que 12 de los 15 concejales que formaban parte del equipo de gobierno de Landaluce hayan abandonado ese núcleo de confianza. La crisis ha dividido al PP local en dos sectores: quienes mantienen su fidelidad al alcalde saliente y quienes consideran que su continuidad resultaba insostenible. La fractura también ha alcanzado a la militancia, con afiliados próximos a Landaluce que han solicitado la baja del partido.

El trasfondo de esta ruptura es la causa judicial abierta contra el alcalde. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha admitido a trámite una denuncia presentada por una mujer contra Landaluce por un presunto delito contra la libertad sexual. El regidor está citado a declarar como investigado el 23 de octubre, dos días antes de la fecha en la que ha anunciado que dejará la Alcaldía.

En la misma resolución, la jueza ha citado como testigo a Jacinto Muñoz, que deberá declarar sobre los hechos denunciados. Su comparecencia tendrá lugar antes del pleno en el que aspira a convertirse en alcalde, lo que añade un elemento de incertidumbre política a una sucesión que el PP quiere cerrar cuanto antes. La formación no contempla por ahora que Muñoz pase a tener la condición de investigado.

Así, la salida de Landaluce resolverá quién ocupa la Alcaldía, pero no necesariamente la crisis de gobernabilidad que ha dejado tras de sí. El PP podrá recuperar el bastón de mando con los votos de Vox, aunque sin incorporar a sus concejales al ejecutivo y con la incógnita de los apoyos que tendrá a partir de entonces.

Algeciras ha convivido durante años con historias que reunían todos los elementos de un escándalo sexual y político pero, hasta hace 48 horas, no han adquirido la envergadura de la crisis que ha acabado con la carrera de José Ignacio Landaluce, el todopoderoso alcalde de la décima ciudad más poblada de Andalucía (125.000 habitantes) y un bastión de la derecha en Cádiz desde hace 15 años.

Landaluce era un tótem en el PP andaluz, lo era en tiempos de Javier Arenas, lo fue con Teófila Martínez, con Juan Ignacio Zoido y con Juanma Moreno. Ha sido diputado en las Cortes y senador, de hecho, hasta hace nada era miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta. Tenía (y tiene) línea directa con el vicepresidente de la Junta, mano derecha de Moreno y expresidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, que sabe todo lo que se cuece en su provincia.

Una de las cosas que el PP sabía –porque se ha publicado, se ha denunciado y se ha debatido en el Parlamento andaluz– son las sospechas de abuso sexual y de poder de Landaluce con mujeres de su entorno, del Ayuntamiento y del partido.

Las denuncias presentadas por dos mujeres vinculadas al PP han situado ahora esa controversia en el centro de la vida municipal y han desencadenado una crisis política que vaticina el final de la larga etapa del regidor al frente del Ayuntamiento, tras una moción de censura firmada este miércoles por el propio PP, con respaldo de Vox y apoyo de los concejales socialistas, aunque estos últimos no la han rubricado.

En una entrevista con Onda Cero, Landaluce ha insistido en su inocencia, pero ha admitido que “la situación no tiene vuelta atrás” porque tiene “perdida” la moción de censura, aunque seguirá en el cargo “trabajando” hasta ese día “por respeto a los vecinos” que lo eligieron. “Yo no sé si hay una o dos denuncias, ni dónde están, ni si son verdad. Ningún documento me ha llegado y eso me produce mucha indefensión, eso es una injusticia”, ha asegurado.

El terremoto político se ha producido después de que 12 de los 15 concejales del PP en el Gobierno local renunciaran a sus responsabilidades ejecutivas, aunque conservaron sus actas, tras el ultimátum de la dirección provincial del partido. Landaluce se ha negado a dimitir y decidió seguir al frente de la Alcaldía, acompañado por los tres ediles que mantenían su apoyo. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, terminó anunciando desde Bruselas que la formación impulsaría una moción de censura, que horas después empezó a concretarse en Cádiz.

El presidente del PP gaditano y alcalde de la capital, Bruno García, cerró un acuerdo con los 12 concejales fieles al partido para designar sustituto a Jacinto Muñoz, concejal y exdiputado en el Parlamento andaluz. A partir del registro de la moción de censura, la votación para culminar con la destitución de Landaluce será el próximo 29 de octubre.

El PP de Moreno se ha resistido hasta el último minuto a dejar caer al todopoderoso senador y alcalde de Algeciras, una ciudad cuyo peso político en la provincia de Cádiz es fundamental para conservar la Diputación en las próximas elecciones municipales. No hace ni un año que el presidente de la Junta elogiaba a Landaluce delante de los 500 compromisarios en el congreso regional del PP que le reeligió como líder del partido.

Pero, además de la cicatriz política, esta crisis ha reabierto una pregunta incómoda en la ciudad: cómo se llegó hasta aquí y qué sabían quienes durante años escucharon comentarios sobre los supuestos abusos sexuales del alcalde. En los círculos políticos y periodísticos de Algeciras, el asunto llevaba mucho tiempo presente en las conversaciones. Había informaciones publicadas. Había denuncias en los tribunales (que no prosperaron), había conversaciones grabadas y la oposición a Moreno llevó el caso de Landaluce hasta el Parlamento andaluz.

Durante meses, en el Pleno municipal y la prensa local, habían aparecido referencias al supuesto acoso sexual del alcalde con trabajadoras del partido y del Ayuntamiento, pero ninguna mujer había denunciado en los tribunales. En una ciudad donde las relaciones personales, políticas y profesionales se entrecruzan, la frontera entre lo que se comentaba en privado y lo que podía hacerse público resultaba especialmente delicada.

Nuevas denuncias

La difusión en octubre de 2024 de unos mensajes privados atribuidos a concejalas del PP hizo aflorar una dimensión pública a aquella controversia. En las conversaciones aparecían referencias a presuntos tocamientos y comentarios machistas del alcalde. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo delante de todo el mundo...”, escribió una concejala popular en su WhatsApp. Y contestaba: “Ya me ha metido mano por debajo de la mesa, se ha dado cuenta todo el mundo”. Y otra: “Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavándome las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis, y me dijo: 'A ver, que quiero mirar'. Cerré la puerta de un golpe”, detalla también esa segunda concejala.

Las concejalas aludidas negaron posteriormente haber sufrido acoso o abusos sexuales por parte de Landaluce. Pero el PSOE utilizó después esos antecedentes para presentar, en diciembre de 2025, una denuncia poco trabajada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos de acoso o abuso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La Fiscalía archivó las diligencias en enero de 2026 al no apreciar indicios suficientes para continuar con aquella investigación.

Ese archivo correspondió a aquella denuncia concreta, que no suscribían las propias afectadas, pero la crisis actual se sustenta en dos denuncias posteriores distintas, presentadas por mujeres afiliadas al PP, que atribuyen al alcalde presuntas agresiones sexuales. Una de ellas pidió hace dos meses amparo a la dirección del PP pero, al no obtener respuesta, optó por denunciar en los tribunales.

La primera denuncia recoge dos episodios que la víctima sitúa en 2020 y 2021: uno en un consultorio médico y otro en su despacho municipal. La segunda se refiere a un supuesto episodio ocurrido el 10 de julio de 2026 en el despacho de la Alcaldía. La denunciante, vinculada laboralmente al Ayuntamiento como cargo de confianza, sostiene que Landaluce le tocó los senos con el pretexto de examinarle un lunar.

La aparición de las nuevas denunciantes ha provocado también una revisión de la actitud mantenida por parte de quienes consideraban que las acusaciones anteriores respondían a una operación política. “Una cortina de humo”, lo llamó el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, que confrontó la denuncia del PSOE contraatacando con el caso Koldo y Ábalos. La sucesión de los acontecimientos ha cambiado el escenario y ha reabierto el debate sobre la nula credibilidad que se concedió a los primeros indicios.

Equilibrio político quebrado

El temor a las consecuencias personales y profesionales de denunciar a una persona con poder institucional constituye otra de las claves del caso. En una localidad donde las redes familiares, laborales y políticas pueden coincidir, dar el paso de denunciar públicamente puede tener consecuencias que van más allá del procedimiento judicial. La posibilidad de quedar señalada, sufrir represalias o afrontar el cuestionamiento del entorno más próximo puede influir en la decisión de acudir a la Justicia.

Ese contexto ayuda a comprender por qué no basta con reclamar que las posibles víctimas denuncien: en el entorno se reclama también que es necesario garantizar que puedan hacerlo sin verse sometidas a un juicio paralelo. Las descalificaciones y los comentarios difundidos en redes sociales durante los últimos días muestran hasta qué punto las acusaciones pueden convertirse en una disputa pública sobre la credibilidad de las mujeres, antes incluso de que los tribunales hayan examinado los hechos.

La crisis del PP en Algeciras se libra ahora en tres pistas: el propio municipio, donde la moción de censura abrirá en canal a los vecinos afines a Landaluce y a los fieles al partido, con visos de chocar en dos candidaturas enfrentadas en las municipales de mayo de 2027. Segundo, el riesgo de que este escándalo haga perder al PP la Diputación de Cádiz, que depende mucho de sus votantes en Algeciras.

Y tercero, el silencio de la dirección regional del partido de Juanma Moreno, al que la oposición en bloque de izquierdas le reprocha ya su “complicidad” y le afea que la única referencia al caso Landaluce que hizo tras ser denunciado y dejar el partido es que se había enterado “por un teletipo”.

José Antonio Barroso vuelve a la política. El que fuera alcalde de Puerto Real durante 28 años —entre 1979 y 1995 y entre 1999 y 2011— ha confirmado su candidatura para recuperar la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Fue el primer alcalde democrático de la localidad y uno de los políticos más singulares que ha dado la izquierda gaditana en las últimas décadas.

Su trayectoria política está ligada al movimiento obrero, a los astilleros y al comunismo, pero también a algunas de las posiciones más controvertidas del panorama político español. Su relación con Cuba y con Fidel Castro fue una de sus señas de identidad durante años.

Su enfrentamiento con la monarquía terminó incluso en los tribunales. En 2008 calificó de “corrupto” a Juan Carlos I durante un acto republicano. La Audiencia Nacional lo condenó en 2009 a pagar una multa de 6.840 euros por un delito de injurias graves al rey al considerar que había traspasado los límites de la crítica política. Años después, lejos de retractarse, mantuvo su posición. En 2020, tras la salida de España del rey emérito, afirmó que no tenían que resarcirle a él, sino “al pueblo de España por todo lo que han hecho los Borbones”.

Ahora, con 74 años, regresa con una candidatura que quiere ser local, independiente y transversal. Y eso le permite formular una de las afirmaciones más llamativas de esta entrevista: “Ya aspiro a que me vote la gente de derecha de Puerto Real”. Barroso sostiene que su antigua base electoral no estaba formada únicamente por votantes de izquierda y reivindica una política alejada de las etiquetas ideológicas.

Vuelve a la política después de 15 años. ¿Qué ha cambiado para que haya tomado esta decisión?

A mí me han hecho cambiar de opinión los ciudadanos. Cuando yo terminé mi etapa política en 2011, después de aquel resultado electoral, me aparté. Después me fui a Cuba, tuve una vida diferente y durante mucho tiempo no contemplaba volver. Pero cuando regresé empecé a encontrarme con muchísima gente que me decía que Puerto Real había perdido relevancia, que el pueblo estaba peor, que había dejado de tener aquella capacidad de iniciativa que tuvo durante muchos años. Y yo empecé a preguntarme si realmente había llegado el momento de volver. No por una cuestión personal, sino porque tengo la sensación de que puedo aportar todavía cosas.

Usted fue alcalde durante 28 años. ¿No es difícil volver después de tanto tiempo?

Yo no vuelvo para vivir de la política. Vuelvo porque creo que tengo conocimiento, experiencia y capacidad para hacer determinadas cosas. Además, tengo una ventaja y es que conozco perfectamente los instrumentos administrativos y políticos que existen. Sé cómo funciona un Ayuntamiento, sé cómo funciona la Diputación, sé cómo funciona la Junta de Andalucía y sé cómo hay que relacionarse con el Gobierno central. Eso no se aprende en un curso de formación.

Pero usted procede claramente de la izquierda. ¿Cómo encaja eso con su discurso actual?

A mí me ha votado mucha gente de derecha. A mí empiezan a dejarme de votar tanto la gente de izquierda como la gente de derecha, tanto la gente conservadora como la gente que se considera progresista, cuando sencillamente la sensación que traslado es de que no me estoy preocupando por Puerto Real como lo hacía antiguamente. Ya aspiro a que me vote la gente de derecha de Puerto Real. Y la gente de derecha de Puerto Real son gente de a pie, normales: gente jubilada, trabajadores de astilleros también de un cierto nivel, pequeños empresarios, propietarios de negocios. Gente de a pie.

¿Qué quiere decir cuando habla de gente de derechas “normal”?

Que no tiene una adscripción ideológica resultado de una defensa a ultranza de unos intereses espurios.Hay gente conservadora que quiere que su pueblo funcione. Y esa gente también tiene derecho a votar una opción política que se preocupe por Puerto Real.

Su discurso sobre Podemos es muy crítico. ¿Nunca se sintió cercano a aquel movimiento?

Nunca me vi reflejado ni en la política ni en el pensamiento de Podemos. Entre otras razones porque yo le veo a Podemos más bien un comportamiento que tiene que ver con las poses que con una política realmente transformadora.

¿Se refiere a Pablo Iglesias?

Yo me acuerdo cuando Pablo Iglesias dijo que estaba orgullosísimo de haber nacido y vivido en Vallecas y terminó a los seis meses diciendo que sus hijos tenían derecho a tener un jardín de 2.500 metros y una casa de 300 metros edificados. Entonces, lo que digo es que la gente tiene el valor de la palabra de la gente y la garantía que le dan sus hechos.

¿Qué cree que ha fallado en Podemos?

Que muchas veces se ha sustituido la política transformadora por una determinada puesta en escena. Y yo creo que la izquierda necesita volver a hablar de las estructuras económicas, de la propiedad, de la banca, de la vivienda, de la industria, del empleo. No solamente de determinados discursos que pueden tener una gran repercusión mediática.

Precisamente la vivienda es uno de los grandes problemas actuales. ¿Qué está haciendo mal la izquierda?

Estoy siguiendo con muchísimo interés todo este fenómeno que ha saltado a los medios de comunicación a partir del drama de una señora de 87 años. Lo sigo con muchísimo interés. Pero noto, quizá porque hay un cierto control ideológico de ese movimiento y que se expresa en la voz de quienes se consideran portavoces de ese movimiento, una carencia absoluta de soluciones estructurales. No he oído todavía a nadie decir que el origen de lo que estamos sufriendo tiene que ver también con el proceso de privatización del sector financiero público de este país.

¿A qué se refiere?

No me estoy refiriendo a las cajas de ahorros. Me refiero a Argentaria, al Banco de Crédito Agrícola, al Banco de Crédito Hipotecario, al Banco de Crédito a la Construcción. Todo ese proceso de privatización empieza a mediados de los ochenta de la mano de Felipe González Márquez. Y Felipe González ha sido, para mí, el mayor y más despreciable presidente que ha tenido este país.

Es una acusación muy contundente. ¿Por qué?

Porque fue el iniciador, el gran demiurgo, el gran hacedor en negativo del desmantelamiento progresivo de las industrias españolas más señeras. De la construcción naval, de la industria y de una determinada estructura productiva que tenía España. Y además puso en almoneda, como posteriormente completó Aznar, la estructura pública financiera de este país.

¿Qué consecuencias tiene, a su juicio, aquella privatización?

¿Cómo puede estar un Estado al pairo del mercado? No nos olvidemos de que la Constitución dice que esto es una economía social de mercado. No es un mercado desregulado. Bueno, pues las políticas supuestamente de izquierda del PSOE, y luego el PP lo que hace es completarlas, han ido siempre en la dirección de desregular, no de regular y, por tanto, de condicionar el mercado.

¿Y qué debería hacer el Estado?

Tener instrumentos. No es posible invocar el artículo 47 de la Constitución, que dice que los poderes públicos deben arbitrar las condiciones que permitan que todos los españoles y españolas podamos acceder a una vivienda, si no se invoca también la declaración de principios de esta Constitución, que entre otras cosas establece que España es una economía social de mercado. Si tú no tienes instrumentos que permitan condicionar el mercado, en este caso el mercado financiero, porque los liquidaste, tú no puedes influir en él. No puedes llevar a cabo políticas propias.

¿Está defendiendo recuperar una banca pública?

Naturalmente. Y por eso pregunto: ¿qué ocurre con Podemos cuando se oferta a la opinión pública española que vamos a crear de nuevo la banca pública? ¿Dónde está eso? A ver, Izquierda Unida, ¿dónde está eso que también te comprometiste? A ver, Pablo Iglesias, ¿vas a volver a hablar de la necesidad de la banca pública? Es una necesidad objetiva. En este caso es una necesidad para la supervivencia, para que el Estado pueda al menos condicionar el mercado.

¿Y qué papel juega en todo esto el pequeño propietario?

Hay un error enorme en la manera de abordar el llamado rentismo. Porque esto que llaman rentista al pequeño propietario que tiene un piso y lo tiene alquilado. Mi familia tiene un piso de 44 metros cuadrados donde nos criamos todos. Ahora lo tenemos alquilado a una familia latinoamericana por 400 y pico de euros para ayudar a la pensión de mi madre y permitir que esté en una residencia a cuerpo de reina. Entonces, eso que llaman rentismo me parece absolutamente deleznable. Porque no puedes meter en el mismo saco al pobre propietario de una vivienda que alquila para mantenerse o para mejorar su magra, muy magra, muy escuálida renta pasiva, que es su pensión, y a quien tiene grandes patrimonios inmobiliarios.

¿Su crítica es entonces también hacia la izquierda que gobierna actualmente?

Sí. Porque yo creo que la izquierda está perdiendo capacidad para explicar cuáles son las causas estructurales de los problemas. No basta con decir que el mercado está mal. Hay que preguntarse quién tiene capacidad para intervenir en ese mercado. Si el Estado se ha desprendido de instrumentos financieros, ¿cómo pretende intervenir? Eso es lo que hay que explicar.

Su relación con Cuba y Fidel Castro forma parte de su personaje político. ¿Sigue siendo una parte importante de su pensamiento?

Cuba forma parte de mi vida política y personal. Yo tengo una relación histórica con Cuba y con su proceso revolucionario. Pero yo no estoy volviendo a Puerto Real para hablar de Cuba. Estoy volviendo para hablar de Puerto Real. Tuve con Fidel muchos encuentros, todos ellos cargados de emociones, todos ellos cargados de intercambio de opiniones, todos ellos afectados por ese influjo que tenía, esa capacidad de seducción, ese carisma que tenía.

¿Y cree que esa relación le perjudicó electoralmente?

Sin ninguna duda. Hubo momentos en los que parecía que yo estaba más preocupado por Fidel Castro que por Puerto Real. Y eso fue utilizado políticamente. Pero yo creo que la gente ha terminado entendiendo que una cosa es mi relación personal y política con Cuba y otra cosa es mi trabajo como alcalde.

Y llegamos al otro elemento más polémico de su trayectoria: el enfrentamiento con Juan Carlos I. Fue condenado por llamar “corrupto” al entonces rey. ¿Se arrepiente?

No. Aquello se produjo en un contexto en el que defendíamos un referéndum sobre el modelo de Estado, republicano o monárquico. Además, coincidió con la crisis económica, el cierre de Delphi, la crisis naval y la crisis inmobiliaria. La gente estaba sufriendo las consecuencias de la crisis y percibió que yo estaba más preocupado por meterme con el rey y pasearme con Fidel Castro que por solucionar los problemas que tenía Puerto Real.

Acabó condenado por la Audiencia Nacional.

Sí. Me senté en el banquillo por llamar “corrupto” al jefe del Estado. Lo único que le tengo que agradecer a Grande-Marlaska fue que, cuando me solicitó una fianza de 12.000 euros antes del juicio para cubrir cualquier responsabilidad, yo no tenía 12.000 euros ni de loco, ni tenía patrimonio. Vivía en ese momento con mi mujer en una casa de su familia. Tuvo la deferencia de emitir un informe diciendo que yo era absolutamente insolvente, que ni tenía patrimonio ni tenía dinero.

Tiene 74 años. ¿Es una mala señal que políticos de su edad o mayores sigan en activo?

En este país se jubila demasiado pronto a la gente. ¿Por qué yo con 74 años no puedo demostrar que tengo la cabeza en la ciudad y que conozco los instrumentos? ¿Dónde está el inconveniente? ¿En el carnet de identidad, en el número de años? El conocimiento, la experiencia y el sentido político práctico deberían convertirse en un valor.

¿Qué le diría a quienes consideran que su regreso supone volver al pasado?

Yo lo único que les digo es que no entiendo por qué no podemos volver a aquello que funcionaba. La gente me está pidiendo volver al pasado, al Puerto Real que existió desde 1979 hasta 2011. Tengo 74 años, voy a cumplir 75 en abril, y estoy decidido a dar los mejores años, que en mi caso son los que vienen.

¿Por qué partido se va a presentar?

Por un partido independiente, propio de Puerto Real. Será una candidatura absolutamente local, porque lo que me preocupa es Puerto Real y recuperar el protagonismo que ha perdido.

Hay responsabilidades que se reciben con ilusión y otras que, además, obligan a tomar conciencia de lo que representan. Pilar Alcina y Verónica Sánchez afrontan este año la presidencia de los jurados del COAC de adultos y cantera, respectivamente, dos puestos que llevan aparejada una enorme responsabilidad y que también son el reflejo de una realidad que ha cambiado dentro del Carnaval de Cádiz: las mujeres ocupan cada vez más espacios de decisión en una fiesta que durante mucho tiempo tuvo una presencia masculina mucho más evidente en sus estructuras.

Para ellas, sin embargo, el cargo no se resume en lo que pueda representar que dos mujeres estén al frente de los jurados. Lo primero es el trabajo que tienen por delante. Conocer las reglas, coordinar a los vocales, garantizar que el sistema de puntuación se aplique correctamente y asumir unas decisiones que, en un concurso tan seguido como el del Falla, estarán siempre bajo la mirada de las agrupaciones y de la afición.

Es una tarea que no empieza cuando se encienden las luces del teatro. La preparación es una parte fundamental de su cometido, especialmente porque el sistema de puntuación tiene una complejidad que obliga a conocer perfectamente cómo debe trasladarse cada valoración a la clasificación final. “El sistema de puntuación es muy particular porque se puntúan muchas cosas. Hay que conocerlo muy bien y el trabajo previo en estos meses es fundamental para que todo salga bien”, dice Pilar.

La presencia de Pilar Alcina y Verónica Sánchez no pretende convertir el concurso en una cuestión de hombres y mujeres. Su función es la de cualquier presidencia de un jurado: garantizar que el concurso se desarrolle conforme a las normas y que las agrupaciones sean valoradas de acuerdo con los criterios establecidos.

El papel de la mujer en la fiesta

Pero su presencia sí permite detenerse en cómo ha evolucionado el papel de la mujer dentro del Carnaval. Y ahí la cantera ofrece uno de los ejemplos más claros. “En la cantera, por ejemplo, sí salen muchas más niñas que mujeres en adultos. Sobre todo, que es de lo que se trata, sin ningún tipo de distinción”, explica Verónica.

La normalidad de esa imagen es precisamente uno de los cambios que destacan. Las niñas llegan al Carnaval con menos condicionantes y con una visión más abierta sobre los espacios que pueden ocupar.

Ese cambio, sin embargo, no significa que todas las barreras hayan desaparecido. Cuando se llega al Carnaval adulto todavía existen ámbitos donde la presencia femenina es menor, especialmente en la autoría. “No ha habido por el momento una chirigota en la que haya mayoritariamente mujeres y una autora de chirigotas para el concurso, sí para el Carnaval de la calle”, dice Pilar.

Pero detrás del cargo hay también una historia personal con el Carnaval. Pilar ha llegado a ser presidenta desde el estudio de su historia y su patrimonio. Su vinculación con la Biblioteca de Temas Gaditanos la llevó durante años a investigar el paso de las antiguas fiestas típicas gaditanas al Carnaval y a colaborar en trabajos y publicaciones sobre la fiesta. Verónica ha vivido el Carnaval desde dentro, desde su infancia en La Viña, pasando por la cantera y los coros hasta la radio y la divulgación.

Por eso, cuando llegó la propuesta, la reacción fue más emocional que protocolaria. “Cuando me lo ofrecieron pedí tres días para pensarlo. No me lo esperaba, pero esto es una oportunidad que no se me va a presentar más. Es un honor, es una responsabilidad muy grande, pero en Cádiz esto es un honor”.

Y es precisamente ese vínculo con la ciudad y con el Carnaval el que hace que el nombramiento tenga una dimensión especial. No se trata únicamente de sentarse en una mesa y poner notas. Detrás está la historia de una fiesta que ambas conocen desde perspectivas diferentes y que ahora tendrán que observar desde uno de sus puestos de mayor responsabilidad.

Verónica ha tenido una vinculación más directa con el Carnaval. “Soy muy carnavalera, he salido en muchas chirigotas ilegales, escribo las letras y he salido en el Falla”. Su infancia transcurrió en La Viña, “de la calle de la Palma”, en una familia donde el Carnaval estaba presente desde pequeña. “Recuerdo que de pequeñita en el balcón de mi casa yo escuchaba a mis hermanas, que son mucho más mayores que yo, decir: esto es un pasodoble, esto es un cuplé. Y yo decía: ojalá yo sepa eso algún día”.

Después llegó su propia trayectoria: la cantera, la Semana Cultural de La Viña, los coros y, posteriormente, la radio. “Me estrené con el coro de La Viña y ya después pasé a formar parte del coro de Luis Rivero y he estado allí hasta el año 2017”. Su vinculación continúa desde distintos ámbitos, entre ellos Canal Sur Radio, donde ejerce como comentarista, además de su trabajo relacionado con la pedagogía del Carnaval.

Presidir el jurado de cantera tiene además una dificultad añadida. No se trata solamente de valorar letra, música, afinación o puesta en escena. También hay que tener presente que quienes están sobre el escenario son niños.

“Nosotros, la gente de la cantera, tenemos una gran responsabilidad que yo creo que además de valorar lo mismo que vamos a valorar en adultos, que es letra, música, afinación, puesta en escena, creo además hay que preservar los valores de la cantera”, explica Verónica. “Es más complicado porque hay temas que son impensables y hacer humor con un humor blanco es mucho más complejo que en adultos”.

Pilar recuerda cómo eran las cosas hace años. “En el primer Carnaval había muchísimas normas. Yo recuerdo que además con los coros tuve un problema con el Quini porque decía que más de dos mujeres no podía haber”.

La responsabilidad de Alcina y Sánchez no termina en aplicar un reglamento y poner una puntuación. También entienden que el jurado tiene una función pedagógica respecto al propio Carnaval. Esa idea adquiere especial importancia ante la creciente apertura del concurso. “Al final quien viene a concursar tiene muy claro que la tendencia es lo que se premia. Entonces creo que al final una manera de cuidar nuestro patrimonio y nuestra cultura es premiar lo que verdaderamente sí va acorde con el Carnaval de Cádiz”, señalan.

No significa cerrar las puertas a quienes llegan desde fuera. De hecho, reconocen que “las puertas se han abierto al teatro de Cádiz para que vengan”. El debate está en cómo preservar una identidad propia sin limitar la libertad de participar. “Eso es el Carnaval de Cádiz, la libertad”, resume Verónica.

Máximo rigor en el jurado

Cuando llegue el concurso, el trabajo será también emocional. Las sesiones serán largas y habrá momentos en los que el cansancio o el ambiente del teatro podrían condicionar la percepción. “Cuando tú estás en esa posición tienes que ser muy intuitivo y quitarte mucho de los condicionantes externos, del tipo que sean. Por ejemplo, patio de butacas vacío, eso no va contigo. Tú tienes que juzgar lo que se esté cantando”, dice Pilar.

Y añade Verónica: “Ni aplauso, ni gente que esté allí, ni la hora. Ahí tú tienes que abstraerte y juzgar lo más objetivamente posible, que creo que es de lo que se trata”. Para prepararse han decidido incluso modificar algunos hábitos durante las largas jornadas. “Este año he quitado el alcohol”, explica Pilar. “Mientras se come o algo, allí no hay alcohol. Nosotros en la cena no tenemos ya alcohol para nada”. Todo forma parte de una misma idea: llegar al final de cada sesión con la cabeza despejada para tomar decisiones que consideran de enorme responsabilidad.

Pilar Alcina y Verónica Sánchez llegan al Falla desde dos historias diferentes, pero con una misma sensación ante el cargo: la de haber recibido una oportunidad que no se presenta todos los días. Para una, fue una llamada inesperada que necesitó varios días de reflexión. Para la otra, una responsabilidad ligada a una fiesta que forma parte de su vida desde que era niña.

Y ambas saben que su presencia también cuenta una historia sobre el propio Carnaval. Una fiesta en la que las mujeres han ido ganando espacio, en la que la cantera crece con una mirada diferente y en la que todavía queda camino por recorrer.

Barbate empieza a poner precio al eclipse solar total que atravesará parte de la provincia de Cádiz el 2 de agosto de 2027. A casi un año de que se produzca el fenómeno, algunos alojamientos de la localidad ya se ofrecen en el mercado por cantidades muy alejadas de las habituales en la zona. Uno de los anuncios localizados fija en 11.500 euros el precio de un paquete cerrado de tres noches para un piso de 57 metros cuadrados. En otro caso localizado en Barbate se llega a pedir 40.000 euros por una sola noche.

El anuncio de los 11.500 euros corresponde a una vivienda situada a unos 100 metros de la playa, con dos dormitorios, un baño, terraza de 14 metros cuadrados, garaje, aire acondicionado y conexión a internet. El propietario no oculta el motivo del precio: el alojamiento se comercializa expresamente como “ECLIPSE 2027 BARBATE” y se presenta como un “palco VIP” para contemplar el eclipse.

Las condiciones tampoco dejan lugar a dudas sobre el público al que se dirige. El precio de 11.500 euros corresponde a tres noches, desde el sábado 31 de julio hasta el martes 3 de agosto de 2027, aunque el propietario especifica que la cantidad será la misma aunque los huéspedes necesiten únicamente dos noches. La reserva se plantea mediante un contrato de alquiler de temporada, con un 50% para formalizarla y el resto antes del 1 de junio de 2027, además de una fianza de 500 euros.

El alojamiento está pensado incluso para profesionales que quieran cubrir el fenómeno. El anuncio destaca que la terraza está cubierta y orientada para permitir la observación del sol, que dispone de enchufes exteriores para telescopios y ordenadores y que la conexión wifi permitiría realizar retransmisiones en directo o enviar archivos. También se ofrece plaza de garaje en el mismo edificio y capacidad para hasta cinco o seis personas.

El reclamo principal es, precisamente, la posibilidad de observar el eclipse desde la propia vivienda. El anuncio asegura que se ha realizado un estudio de la visibilidad y sostiene que la terraza permitirá contemplar el fenómeno sin obstáculos durante todo su recorrido. El propietario calcula que el eclipse podrá observarse en Barbate desde aproximadamente las 09:40 hasta las 12:01 horas y destaca los cuatro minutos y 16 segundos de totalidad.

La competencia de Vejer en un mercado todavía parado

La vivienda no es un caso aislado. En los últimos meses, han aparecido otros anuncios en Barbate que utilizan directamente el eclipse como reclamo comercial. Otro apartamento de dos dormitorios situado junto a la playa se ha llegado a ofrecer por 15.000 euros para las fechas del fenómeno. No hace falta bucear mucho para localizar otro alojamiento de dos dormitorios en Barbate cuyo propietario pide 40.000 euros por la noche del 1 al 2 de agosto de 2027. En localidades próximas como Vejer también se han detectado precios de entre 25.000 y 30.000 euros para esas fechas.

La dimensión de estas cantidades se entiende mejor si se tiene en cuenta que todavía falta casi un año para el eclipse. Los precios que aparecen actualmente en las plataformas de alquiler no significan necesariamente que esas cantidades hayan sido ya pagadas por los visitantes. En algunos casos se trata de tarifas fijadas por los propietarios para unas fechas extraordinariamente demandadas y, además, un alojamiento que aparece como no disponible puede estar simplemente bloqueado por su propietario. Por eso conviene diferenciar entre los precios que se están anunciando y las operaciones que finalmente se hayan cerrado.

En Barbate, las inmobiliarias ya perciben el interés que está despertando la cita astronómica. Nuria Aragón Servicios Inmobiliarios, una empresa que lleva más de diez años trabajando en la localidad, explica que el fenómeno se suma a una tendencia previa de incremento de visitantes. “Aquí cada año hay más afluencia de público y circula el comentario de que el eclipse de 2027 se verá en esta zona mejor que en otros muchos sitios y hay una gran demanda”, señala.

La inmobiliaria apunta además a una dinámica que todavía está en una fase inicial y que puede intensificarse a medida que se acerque la fecha. “De momento serán los particulares los que se están moviendo ya y habrá que ver el efecto de la oferta y la demanda. Yo no empezaré a cerrar nada para el verano próximo hasta primeros de año”, explica. Es precisamente ese comportamiento el que puede determinar hasta dónde llegan finalmente los precios: una cosa es la tarifa que un propietario decide publicar ahora y otra el importe que los visitantes estén dispuestos a pagar cuando la fecha se aproxime.

Una franja privilegiada

El atractivo de Barbate tiene una explicación astronómica. El 2 de agosto de 2027 la franja de totalidad atravesará distintos puntos de la provincia de Cádiz y permitirá contemplar durante varios minutos cómo el día se convierte temporalmente en noche. La localidad se encuentra dentro de esa franja y se ha convertido, junto a otros municipios de la costa gaditana y de La Janda, en uno de los lugares que concentran el interés de quienes ya están preparando el viaje.

El fenómeno ha empezado así a modificar incluso la forma de comercializar los alojamientos. Ya no se trata únicamente de alquilar un apartamento durante el verano: algunos propietarios venden la ubicación, la terraza, las vistas, la orientación o incluso las condiciones técnicas para fotografiar y retransmitir el eclipse.

La carrera por encontrar alojamiento no se limita además a Barbate. Plataformas como Booking y Airbnb muestran ya alojamientos en distintos puntos de la franja de totalidad con precios extraordinariamente elevados para las fechas del eclipse. Algunas búsquedas han permitido localizar tarifas superiores a 40.000 euros por una noche y anuncios que rebasan incluso los 50.000 euros en determinadas zonas. La comparación debe hacerse, no obstante, con cautela, porque no todos esos alojamientos se encuentran en Barbate y algunos precios pueden responder a estancias mínimas o a condiciones particulares de cada propietario.

Lo que sí parece claro es que el eclipse ha dejado de ser un acontecimiento reservado al mundo de la astronomía para convertirse también en un fenómeno turístico. Hoteles, viviendas turísticas y particulares tienen por delante un periodo de meses para comprobar hasta dónde llega la demanda. Y Barbate o Vejer, que ya reciben cada verano a miles de visitantes atraídos por playas como los Caños de Meca, o El Palmar, se preparan para un día en el que la demanda de alojamiento puede alcanzar niveles desconocidos hasta ahora.

Cuatro años después de que la Junta de Andalucía frenara por motivos ambientales uno de los mayores desarrollos urbanísticos proyectados en el litoral andaluz, el futuro de Següesal Golf Resort vuelve a estar sobre la mesa. El Ayuntamiento de Barbate ha continuado la tramitación urbanística adaptando el expediente a la normativa vigente y el proyecto espera ahora una nueva decisión ambiental del Gobierno andaluz. El escenario ha reabierto un viejo enfrentamiento entre quienes defienden la iniciativa como una oportunidad económica y quienes la consideran incompatible con la conservación del entorno y con la realidad hídrica de la comarca.

En noviembre de 2022, la Consejería de Sostenibilidad emitió una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) desfavorable que supuso un duro revés para una actuación que llevaba más de una década de recorrido administrativo. Aquella resolución entendía que la modificación urbanística necesaria para desarrollar el complejo podía provocar impactos relevantes sobre la biodiversidad, especialmente por su proximidad al Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y por su afección a hábitats y especies protegidas. El informe también cuestionaba aspectos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos.

Aquella decisión obligó a los promotores a replantear una iniciativa de enormes dimensiones. El proyecto contempla transformar 312 hectáreas de suelo no urbanizable en un complejo turístico con un campo de golf de 18 hoyos, tres hoteles de cuatro y cinco estrellas, 635 apartamentos turísticos, 450 viviendas residenciales y la regularización de otras 49 edificaciones existentes. Se trata de una superficie de más de tres millones de metros cuadrados situada entre Barbate y Vejer, junto a uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Cádiz.

Una prórroga para volver a intentarlo

Sin embargo, el expediente nunca quedó definitivamente archivado. La propia resolución ambiental dejaba abierta la posibilidad de mantener su vigencia mediante una prórroga. Esa vía fue la que siguió el Ayuntamiento de Barbate. Según confirma a este periódico la Consejería de Sostenibilidad, tras la declaración ambiental desfavorable de 2022, el Consistorio solicitó en 2024 la prórroga de dicha resolución, que fue concedida. Posteriormente, presentó la documentación correspondiente a la Aprobación Provisional II de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana, incorporando diversas modificaciones respecto a la propuesta anterior.

Fuentes de la Consejería explican que toda esa documentación “se encuentra actualmente en estudio y análisis por los servicios competentes dentro de la correspondiente tramitación administrativa”. Es decir, la Junta vuelve a examinar el expediente antes de decidir si las modificaciones introducidas permiten superar los obstáculos ambientales detectados hace casi cuatro años o si, por el contrario, mantiene los reparos que motivaron el rechazo inicial.

La nueva fase administrativa ha despertado la preocupación de Ecologistas en Acción. Lola Yllescas, portavoz del grupo Enebro de la organización en Cádiz, recuerda que el rechazo de 2022 obedecía fundamentalmente a dos grandes cuestiones. “Hubo una declaración ambiental desfavorable por dos cosas: por temas de agua y por temas relacionados con la Red Natura 2000 y los hábitats de interés comunitario”. A su juicio, la posibilidad de prorrogar aquella declaración permitió mantener vivo un proyecto que muchos daban por amortizado.

Problemas “históricos”

La activista sostiene además que el Ayuntamiento ha optado por tramitar una nueva aprobación provisional sin volver a someter el documento a información pública. “Hay un informe del arquitecto municipal que dice que las modificaciones no son sustanciales y por eso no se ha abierto otra exposición pública. Pero si realmente no son modificaciones esenciales, entonces una de dos: o la declaración ambiental volverá a ser desfavorable o habrá que explicar por qué ahora se considera aceptable algo que antes no lo era”, argumenta.

Ecologistas en Acción asegura observar con inquietud el cambio de escenario político en la Consejería de Sostenibilidad. “Con el anterior responsable hubo bastante rigor técnico pero en este momento no tenemos demasiada confianza en cuál será la actuación de la Consejería”, afirma Yllescas, que insiste en que las circunstancias ambientales incluso se han agravado desde 2022. La organización considera especialmente preocupante que el proyecto mantenga un campo de golf en un contexto de sequía estructural y junto a un parque natural que recientemente ha sufrido incendios forestales.

Para explicar la magnitud de la actuación, Yllescas recurre a una comparación muy gráfica. “La urbanización que se plantea es más grande que el propio pueblo de Barbate”, señala, y eso que hablamos de una localidad con más de 22.000 habitantes. Desde su punto de vista, resulta difícil justificar un desarrollo de estas características cuando el municipio sigue arrastrando problemas históricos en materia de depuración y reutilización de aguas. “La depuradora no funciona adecuadamente y seguimos teniendo un problema que incluso ha generado sanciones europeas. En estas condiciones nos parece absolutamente disparatado plantear un nuevo campo de golf en un entorno con escasez de agua y lindando con un parque natural”.

Otros dos grandes desarrollos en preparación

La organización ecologista también cuestiona el principal argumento utilizado históricamente por los defensores del proyecto: la creación de empleo. Yllescas considera que el discurso sobre los puestos de trabajo responde a un modelo ya superado. “Siempre se habla de riqueza y empleo, pero la realidad del litoral gaditano es muy distinta. Ahora mismo faltan trabajadores en numerosos sectores y no creemos que este tipo de macroproyectos responda a las necesidades reales de la población”.

Següesal no constituye, además, un caso aislado. Según denuncia Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Barbate mantiene en tramitación otros dos grandes desarrollos turísticos pendientes de aprobación definitiva: Trafalgar-San Ambrosio y Sierrezuela Playa. Entre los tres sumarían más de cuatro millones de metros cuadrados destinados a nuevos usos turísticos y residenciales. La organización sostiene que comparten características similares: afectan a suelos no urbanizables, se sitúan alejados de los núcleos urbanos consolidados, lindan con espacios de elevado valor ambiental y, a su juicio, siguen sin ofrecer respuestas suficientes sobre el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de las futuras instalaciones.

Mientras el Ayuntamiento guarda silencio sobre la evolución del expediente y evita realizar valoraciones públicas, al igual que la promotora Bogaris, la decisión vuelve a estar en manos de la Junta de Andalucía. La nueva evaluación determinará si Següesal Golf Resort consigue superar el obstáculo ambiental que en 2022 parecía haber paralizado definitivamente el proyecto o si, por el contrario, vuelve a encontrarse con el mismo muro que frenó entonces una de las mayores operaciones urbanísticas previstas en el litoral gaditano.

Pedro Pacheco espera una decisión que puede cambiar su futuro político. El exalcalde de Jerez aguarda la resolución de la petición de indulto que presentó en mayo de 2021 y que, si prospera, le permitiría volver a presentarse a unas elecciones tras años apartado de la primera línea institucional.

El veterano dirigente andalucista, de 77 años, fue condenado a cinco años y medio de prisión por la contratación ilegal de dos antiguos compañeros de partido, una pena que comenzó a cumplir en el centro penitenciario Puerto III en octubre de 2014. Posteriormente recibió otra condena por el pago con fondos municipales de la remodelación de la Casa Hermandad de Jerez en El Rocío, aunque asumió el reintegro de los 120.000 euros.

Tras obtener la libertad condicional en 2019, después de cumplir 70 años y reunir los requisitos previstos para internos con buena conducta y tercer grado, Pacheco mantiene que su inhabilitación es desproporcionada y defiende que su caso no puede equipararse al de otros condenados por corrupción.

En esta entrevista, analiza la posibilidad de recibir el indulto, carga contra la actuación de la Justicia, defiende su regreso a la política jerezana y repasa la actualidad andaluza y nacional.

El Gobierno acaba de conceder los indultos al exalcalde de Linares, Juan Fernández, y a la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs. ¿Cree que esos precedentes aumentan las expectativas sobre su caso?

Yo presenté mi petición de indulto hace ya cinco años, en mayo de 2021. El expediente se reimpulsó para evitar que caducara y ahora resulta que, después de las elecciones andaluzas, se están moviendo los asuntos pendientes. Hemos visto que el Consejo de Ministros, antes de irse de vacaciones, ha concedido varios indultos y creo que eso es una señal positiva para el mío. Mi situación, además, es distinta. Ellos buscan evitar la entrada en prisión y yo ya he pasado por ella. Mi petición no pretende eludir una condena, sino poner fin a una inhabilitación que considero absolutamente excesiva. Son circunstancias diferentes, pero entiendo que estos movimientos pueden favorecer que el Gobierno resuelva también mi expediente.

¿Confía en que esa decisión llegue después del verano?

Por la información que manejo y por lo que estoy viendo, creo que puede ser después del verano. La Unión Europea ha dado el visto bueno a la ley de amnistía y el Consejo de Ministros ha empezado a mover expedientes que llevaban tiempo pendientes. Sinceramente, creo que sería una tremenda injusticia que el mío siguiera paralizado después de tantos años.

Si finalmente recibe el indulto, ¿lo interpretará como una corrección de una injusticia o simplemente como una medida de gracia?

Siempre he dicho que los gobiernos no están para impartir justicia. Esa obligación corresponde a los tribunales. El problema es que, en mi caso, los tribunales no solo no me hicieron justicia, sino que me hicieron la vida imposible. Ahí es donde el Gobierno puede aplicar una medida de gracia que, en cierto modo, también corrija una situación injusta. Quienes tenían que haber actuado con justicia eran los magistrados y no lo hicieron. Yo sigo pensando que conmigo hubo una enorme desproporción.

¿Le ha pesado mucho la frase de que “la justicia es un cachondeo”?

Ahora es peor, ahora la justicia es un sistema casi corrupto y el peor servicio público del que disponen los españoles. Y no lo digo únicamente yo. Las encuestas reflejan desde hace tiempo la escasa confianza de los ciudadanos en la Justicia. Los que conocemos el mundo del Derecho estamos viendo cómo los tribunales europeos corrigen resoluciones españolas una y otra vez. Eso debería hacer reflexionar a muchos jueces. Hay una diferencia muy grande entre la forma de actuar de muchos magistrados europeos y algunos españoles. Además, existe un problema evidente: si un ciudadano se equivoca, paga las consecuencias; si un político se equivoca, los ciudadanos pueden dejar de votarle. Pero cuando se equivoca un juez, normalmente no ocurre nada. Son prácticamente intocables y eso no puede seguir siendo así.

Usted habla de una justicia politizada. ¿Cree que fue víctima de lawfare?

Sí, absolutamente. En mi caso existió. Se me condenó por la contratación de dos asesores cuyos contratos habían sido redactados por el propio secretario municipal. Se consideró que había una irregularidad administrativa, pero al mismo tiempo existían más de un centenar de contrataciones similares. Yo no me llevé un solo euro y, sin embargo, acabé cumpliendo cinco años y medio de prisión. Creo que eso demuestra que hubo una actuación desproporcionada.

¿Ha hablado directamente con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para interesarse por el estado de su expediente?

No. He hablado con personas cercanas, con profesionales que conocen el asunto y que han transmitido la preocupación por la tardanza, pero nunca directamente con el ministro.

Mirando atrás, ¿qué ha sido lo más duro de todo este proceso?

Sin ninguna duda, el ingreso en prisión. Yo tenía 64 años, una familia consolidada y toda una vida dedicada a la política. Había sido 24 años alcalde de Jerez, diputado europeo y parlamentario andaluz. Estaba tranquilamente en mi casa y, de repente, me arrancan de esa vida y me meten en Puerto III. Hay una letra flamenca que siempre recuerdo y que dice: “Estaba tranquilo en su mata, viene un hijo de puta, arranca la mata, la mete en una lata y la manda para Caracas”. Esa sensación tuve yo. Me arrancaron de mi vida cuando, además, existían otras alternativas penales como los trabajos en beneficio de la comunidad.

¿Cómo consiguió sobrellevar aquella etapa?

Mucha gente me decía cuando salí que me veía muy fuerte. Yo respondía que estaba preocupado. Es lógico. Después de vivir una situación así uno guarda resentimiento. Si no lo sintiera habría que tratarme. Lo importante es seguir adelante, pero nadie puede pretender que una experiencia de ese tipo no deje huella.

¿Qué le diría a quienes sostienen que una persona condenada por corrupción no debería volver a ocupar un cargo público?

Lo primero que les diría es que distingan los casos. Yo no me he llevado ni un euro, y eso lo reconoce la propia sentencia. Si hubo un error administrativo, se responde por ese error, pero no se puede equiparar mi situación con la de quien roba dinero público. Siempre he defendido que, si realmente existía una irregularidad, podían haberse aplicado otras penas. Mandarme a prisión fue una respuesta absolutamente desproporcionada.

Si recibe el indulto, ¿ha decidido ya que volverá a presentarse a la alcaldía de Jerez?

Sí. Lo tengo decidido. Si me conceden el indulto, me presentaré. Me encuentro bien física y anímicamente. Tengo ilusión, experiencia y fuerza. Además, he visto encuestas que reflejan que mucha gente sigue valorando positivamente mi etapa al frente del Ayuntamiento. Creo que puedo hacer un gran papel y tengo la impresión de que algunos adversarios políticos ya están preocupados ante esa posibilidad.

¿Con qué Jerez se encontraría si regresara al Ayuntamiento?

Con una ciudad muy distinta. Cuando dejé la Alcaldía, la deuda municipal rondaba los 213 millones de euros. Hoy supera ampliamente los 1.400 millones. A mí eso me produce vergüenza. Las tres alcaldesas que han gobernado después siempre hablan de la herencia recibida, pero la verdadera herencia fue la ciudad que nosotros dejamos. Creo que Jerez se ha deteriorado y que todavía hay margen para hacer cosas muy importantes. Por eso me anima intentar volver. Estoy jubilado, pero me encuentro con fuerza, con ilusión y con una experiencia que antes no tenía. Esa experiencia te evita cometer errores.

Cada vez hay más dirigentes veteranos que siguen en primera línea política. ¿La experiencia es un valor añadido?

Claro. La esperanza de vida está aumentando y eso significa que vamos a ver cada vez a más personas mayores desempeñando responsabilidades. El problema es que la sociedad todavía no está preparada para esa longevidad, ni siquiera desde el punto de vista de los servicios públicos. En mi caso, creo que la experiencia acumulada durante tantos años puede ser muy útil. Si tengo la oportunidad, intentaré ponerla al servicio de Jerez.

También ha sido muy crítico con el nivel de la política actual.

Porque no tiene nada que ver con la generación que surgió durante la Transición. Nosotros teníamos otra actitud ante el cargo público, otra forma de entender el servicio a los ciudadanos y otra perspectiva de ciudad. Hoy muchos políticos están todo el día mirando el reloj para ver cuándo termina la jornada y hablando de conciliación. En mi época eso no existía. El político local se ha convertido muchas veces en una especie de funcionario mediocre y ha olvidado que su función es hacer política. Un político no es un funcionario; está para liderar, transformar y resolver problemas.

También critica el sistema con el que se eligen los dirigentes.

Ese es uno de los grandes problemas. No existe una verdadera democracia interna en los partidos. Son el líder y quienes le rodean quienes deciden quién ocupa los cargos públicos. Yo no digo que tengan que gobernar los aristócratas o una élite, pero sí las personas que tengan más mérito para desempeñar esa responsabilidad, no quienes simplemente agradan al líder o le son más fieles.

¿Detrás de una posible candidatura habría ya unas siglas políticas?

Ahora mismo solo hay dos voluntades: la de obtener el indulto y la de presentarme. Todo lo demás vendrá después.

En las últimas elecciones andaluzas, ¿le sorprendió el crecimiento de Adelante Andalucía?

Sí, me sorprendió, igual que no me sorprendió la bajada del Partido Popular. Adelante Andalucía tendrá ahora que madurar y resolver las contradicciones internas que tiene, porque conviven andalucistas, anticapitalistas, sectores procedentes de Izquierda Unida... Tendrán que ver cómo encajan todas esas sensibilidades.

¿Cómo analiza la situación política nacional?

Creo que Alberto Núñez Feijóo lo tiene muy difícil para llegar al Gobierno mientras mantenga esa dependencia de Vox. Va a tener muchos problemas para conservar el voto de centro. En cambio, Pedro Sánchez está demostrando bastante más habilidad política de la que muchos le reconocen. Lleva mucho tiempo soportando una enorme presión y, sin embargo, sigue manteniéndose al frente del Gobierno.

También ha sido muy crítico con Isabel Díaz Ayuso.

Me parece que la Comunidad de Madrid no está bien gobernada. A veces se busca más el impacto mediático que resolver los problemas reales. Hay actuaciones que me parecen más propaganda que gestión.

¿Qué opinión le merecen los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno?

La corrupción es un problema que existe en cualquier sistema democrático porque la democracia está formada por personas. Lo importante es detectarla cuanto antes y actuar con rapidez. Hay que reforzar los mecanismos de transparencia y de control, evitar que determinadas personas permanezcan demasiado tiempo acumulando poder y seleccionar mucho mejor a quienes ocupan responsabilidades públicas. No puede acceder a un cargo alguien que reincide o que ya ha demostrado determinadas conductas.

El Campo de Gibraltar se ha convertido en el escenario de una nueva controversia en torno a cómo se interpreta y se convierte en producto turístico su pasado más sensible. La reciente puesta en marcha de 'La ruta de los italianos', un itinerario histórico impulsado por la empresa GuiaTour, ha abierto un choque de lecturas sobre el papel de la memoria democrática, el rigor histórico y los límites del turismo cultural.

La propuesta plantea un recorrido por distintos enclaves de la Bahía de Algeciras y su entorno vinculados a las operaciones clandestinas de la Décima Flottiglia MAS, una unidad de buceadores de combate de la Marina italiana durante la Segunda Guerra Mundial, asociada al régimen fascista de Benito Mussolini.

El itinerario se articula alrededor de varios puntos clave. En el Puerto de Algeciras, según la documentación del proyecto, se encontraba uno de los principales centros de operaciones encubiertas, con el buque mercante Olterra como base secreta desde la que partían los torpedos tripulados conocidos como maiales. En La Línea de la Concepción y distintos puntos de la bahía se situaban áreas de apoyo logístico y vigilancia utilizadas por la red de espionaje que facilitaba estas incursiones. Y en Gibraltar, objetivo estratégico de las operaciones y lugar de actualidad por la caída de la Verja, se conservan vestigios de la presencia militar aliada durante la guerra, entre ellos los conocidos túneles excavados en el Peñón.

La ruta se apoya en trabajos de divulgación como Tras las huellas de los italianos. Guía del Campo de Gibraltar, del investigador Alfonso Escuadra, además de referencias literarias como la novela El italiano, de Arturo Pérez-Reverte, que ha contribuido a popularizar estos episodios históricos entre el gran público.

La empresa defiende una lectura “histórica, no ideológica”

El responsable de Guíatour, José Luis Benítez, rechaza que la ruta pueda interpretarse como una exaltación del fascismo o una banalización del contexto histórico.

“No estamos banalizando nada, sino haciendo una ruta por los lugares donde ocurrieron hechos históricos”, sostiene. El empresario insiste en que el objetivo es puramente divulgativo: “Simplemente estamos explicando lo que ocurrió en estos sitios en una época determinada”.

Benítez defiende que se trata de una lectura histórica sin carga política: “No es que estemos haciendo fascismo ni nada parecido”, afirma, y añade que el proyecto se limita a poner en valor episodios poco conocidos de la comarca.

También cuestiona las críticas por el enfoque del itinerario: “Es como decir que por visitar ruinas romanas se está haciendo apología de las conquistas”, señala, defendiendo que la ruta se basa en documentación histórica y en investigaciones previas.

“No podemos permitir que se idealicen ese tipo de unidades militares”

Frente a esta visión, el movimiento memorialista ha expresado su rechazo al enfoque del proyecto y ha advertido del riesgo de trivializar episodios vinculados a regímenes totalitarios.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido, y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democráticca (FAMD), es especialmente crítico con la iniciativa y rechaza que pueda presentarse como un simple producto turístico desvinculado del contexto político de la época. “Están blanqueando la historia porque esto fue bajo el mandato de Mussolini, Hitler y Franco”, afirma.

García insiste en que el problema no es la existencia de la ruta, sino la forma en la que se narra: “La historia es para aprender, no para hacer caja despojando a los hechos de su gravedad ética y política”, sostiene.

En su opinión, el proyecto corre el riesgo de transformar un episodio ligado al fascismo europeo en una experiencia turística descontextualizada: “No estamos hablando de una historia neutra ni de aventuras, sino de una unidad militar de un régimen fascista que operaba en suelo español gracias al amparo de otra dictadura”, recalca.

El dirigente socialista va más allá y cuestiona el enfoque general del relato histórico que plantea la ruta: “La historia debe estudiarse con rigor científico, pero no puede convertirse en un reclamo turístico que despoje a los hechos de su gravedad”, insiste.

García advierte además de la necesidad de vigilar el tipo de público al que se dirige la iniciativa, especialmente si incluye a jóvenes o centros educativos. “Lo que no podemos permitir es que se idealicen este tipo de unidades militares ni que se conviertan en un reclamo atractivo sin el contexto adecuado”, subraya.

Un debate sobre cómo narrar el pasado reciente

El PSOE de Algeciras anuncia que seguirá de cerca el desarrollo del proyecto y reclama que cualquier actividad de este tipo se ajuste estrictamente a la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).

Al mismo tiempo, la formación insiste en que el Campo de Gibraltar posee un patrimonio histórico relevante que puede y debe ser difundido, pero siempre desde una perspectiva crítica que evite la romantización de los regímenes totalitarios.

La propuesta de GuiaTour se enmarca en el crecimiento del llamado turismo histórico o “turismo oscuro”, que recorre escenarios vinculados a guerras, dictaduras o conflictos del siglo XX.

Mientras la empresa defiende el rigor documental y el interés divulgativo del proyecto, el PSOE insiste en que el relato debe contextualizarse políticamente para evitar interpretaciones que, a su juicio, puedan suavizar la naturaleza del fascismo europeo.

El resultado es un nuevo foco de debate en una comarca marcada históricamente por su papel estratégico en la Segunda Guerra Mundial y que ahora vuelve a situar su pasado en el centro de la discusión pública.

Paca tenía nueve años cuando la guerra le cambió la vida para siempre. Nació y creció en San Pablo de Buceite, una pedanía de Jimena de la Frontera (Cádiz), donde su infancia quedó marcada por una huida desesperada, una familia rota y la ausencia de un padre al que nunca volvió a ver. Francisca Saraiba Acedo ha muerto a los 99 años sin haber podido cerrar la herida que la acompañó durante casi nueve décadas: saber dónde estaba enterrado José Saraiba Saraiba, su padre.

Su historia es la de muchas familias que todavía buscan respuestas sobre la represión franquista. Paca fue una de las últimas supervivientes que conservaba en primera persona el recuerdo de aquellos días de 1936 y 1937, cuando el miedo obligó a miles de personas del Campo de Gibraltar a abandonar sus casas ante el avance de las tropas sublevadas.

“Paca salió con su familia cuando tenía nueve años. Se fueron con lo puesto, como muchas otras personas, camino de Málaga”, explica a elDiario.es Andalucía el periodista e investigador Juan León Moriche, integrante del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. “Ella recordaba perfectamente aquel camino, cómo llegaron hasta San Pedro de Alcántara y cómo después tuvieron que regresar”.

La caída de buena parte del Campo de Gibraltar en septiembre de 1936 provocó uno de los primeros grandes desplazamientos de población vinculados a la Guerra Civil en Andalucía. Jimena de la Frontera resistió algo más que otros municipios de la comarca, al encontrarse en una zona de sierra, pero finalmente las tropas sublevadas entraron en la localidad. Muchas familias que habían huido regresaron después a sus pueblos pensando que podrían recuperar una vida normal. Para muchas de ellas comenzó entonces una nueva pesadilla.

Entre quienes volvieron estaba la familia de Paca. Su padre, José Saraiba, era zapatero y ejercía también como guardia municipal en San Pablo. Fue detenido y fusilado en 1937 junto a otros vecinos de Jimena. Su mujer, Josefa Acedo, estaba embarazada y tenía varios hijos a su cargo.

“La historia de Paca es la de una mujer que sobrevivió desde niña a una situación durísima”, señala Moriche. “Su madre se quedó viuda, embarazada y con varios hijos pequeños. Fue una superviviente en unas condiciones de absoluta precariedad, como tantas otras mujeres de aquella época”.

La búsqueda de José Saraiba comenzó muchas décadas después de aquel asesinato. Como otras familias de represaliados, los descendientes querían recuperar no solo unos restos, sino también una parte de una historia que durante años permaneció silenciada. El Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar inició en 2019 una investigación previa a los trabajos arqueológicos en el cementerio de Jimena, con la recopilación de testimonios de familiares.

En ese proceso entrevistaron a Paca. Su relato quedó recogido, junto al de otras familias, en el libro Jimena de la Frontera, 1936-1945. Testimonios. Hablan las personas que buscan a sus familiares asesinados, elaborado por Juan Miguel León Moriche y Jesús Román Román.

“Cuando la entrevistamos en 2020 ella tenía muy presente todo lo que había ocurrido. No era un recuerdo lejano, era algo que había formado parte de toda su vida”, cuenta Moriche. “Siempre estuvo vinculada a los actos de memoria que organizábamos en Jimena. Para ella no era una cuestión del pasado, era una búsqueda que seguía abierta”.

Los trabajos de exhumación realizados en el cementerio municipal durante los veranos de 2020 y 2021 permitieron localizar restos de 19 personas. Treinta familias aportaron muestras de ADN con la esperanza de que las comparaciones genéticas permitieran identificar a sus familiares desaparecidos. Entre ellas estaba Paca, que lo hizo en 2020.

Pero la respuesta nunca llegó. Los análisis quedaron pendientes y las familias continúan esperando los resultados que puedan confirmar si alguno de esos restos pertenece a sus seres queridos.

“Es muy frustrante porque las familias han hecho todo lo que tenían que hacer. Han aportado sus muestras, han dado sus testimonios y siguen esperando”, lamenta Moriche. “El problema es que el proceso está bloqueado. La Universidad de Granada es la que tiene que realizar los análisis comparativos y no se está avanzando”.

Paca, pese a su avanzada edad y sus problemas de movilidad, siguió participando en los homenajes. En octubre de 2022 acudió al cementerio de San Pablo, donde fueron depositados los restos recuperados durante las exhumaciones, aunque todavía sin identificar. Llegó en silla de ruedas, pero quiso levantarse para fotografiarse junto a otros familiares de víctimas.

Aquel día volvió a recordar a su padre. Lo hacía como había hecho durante toda su vida: sin olvidar su nombre y reclamando que su historia no quedara enterrada junto a él.

Paca deja cinco hijos, que han recibido de ella el testigo de continuar una búsqueda que empezó cuando era una niña y que nunca abandonó. Su muerte supone la desaparición de una voz directa de aquella generación que sufrió la represión, pero también deja un legado: el de quienes mantuvieron viva la memoria cuando durante décadas no hubo respuestas.

Casi 90 años después del asesinato de José Saraiba, la pregunta continúa sin resolver. Paca se marchó sin conocer la verdad completa, pero sus hijos y las familias que siguen esperando mantienen pendiente una deuda con quienes fueron asesinados y enterrados en silencio.

La historia de Paca no termina con su muerte. Continúa en una muestra de ADN, en una fosa todavía sin identificar y en la memoria de una familia que sigue esperando recuperar el nombre y los restos de un hombre que desapareció en 1937.

El Alcázar de Jerez ha acogido este jueves el encuentro “Capitalidad Gastronómica de Jerez: unidos por la sostenibilidad y el compromiso con la hostelería”, una jornada impulsada por Coca-Cola Europacific Partners junto a ECODES, Hostelería de España y la Junta de Andalucía para abordar el papel del sector hostelero en la lucha contra el cambio climático.

La cita se enmarca en los actos de la Capitalidad Gastronómica de la ciudad, un reconocimiento que refuerza el posicionamiento de Jerez como destino gastronómico y turístico, pero también como escenario de debate sobre el futuro de la hostelería en un contexto de transición ecológica.

El objetivo del encuentro ha sido doble: por un lado, reforzar el vínculo entre gastronomía, producto de proximidad y sostenibilidad; por otro, analizar las herramientas disponibles para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética en bares y restaurantes, un sector que, por su capilaridad, concentra tanto un alto impacto económico como un potencial significativo de transformación.

Durante la jornada se han celebrado tres mesas de debate en las que han participado representantes institucionales, organizaciones del sector, expertos en sostenibilidad y empresas.

En la primera de ellas, centrada en la respuesta institucional al reto climático, la jefa de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, Inmaculada Tola, defendió el papel de la huella de carbono como herramienta clave para medir y transformar el impacto ambiental de la hostelería.

Tola recordó que el turismo es uno de los sectores más relevantes de la economía andaluza, pero también uno de los más expuestos a los efectos del cambio climático. “La huella de carbono no es más que un indicador que permite cuantificar las emisiones”, explicó, subrayando que su principal utilidad es que “lo que no se mide no se puede mejorar”.

A partir de esa medición, añadió, es posible identificar oportunidades de ahorro energético y económico, especialmente en consumos vinculados a climatización, iluminación o combustibles. En su intervención insistió en que la sostenibilidad debe entenderse como una herramienta de competitividad: “No es una moda ni un requisito administrativo, es una forma de mejorar la gestión de los negocios”.

Desde la administración autonómica se destacó también la necesidad de integrar herramientas técnicas con registros oficiales y avanzar en la visibilización de los establecimientos que ya están midiendo su huella de carbono, además de abrir nuevas líneas de trabajo en compensación de emisiones y formación.

Ahorro económico

En el plano municipal, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, defendió la necesidad de implicar al sector privado en las políticas climáticas locales. Recordó que la ciudad partía de indicadores por debajo de la media andaluza y nacional en reciclaje, lo que obligó a rediseñar la estrategia ambiental.

“Nosotros solos no podemos”, afirmó, subrayando que la hostelería es “una verdadera industria que genera riqueza en la ciudad” y que su papel es clave en cualquier estrategia de sostenibilidad. Espinar insistió en que la transición ecológica debe combinar exigencia con acompañamiento: “Si pedimos a los hosteleros que reciclen más o consuman menos recursos, tenemos que darles medios para hacerlo”.

En este sentido, destacó la puesta en marcha del primer Plan de Acción por el Clima de la ciudad y la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos en el sector hostelero, además de medidas específicas para grandes eventos como la Feria del Caballo o la Zambomba, donde la gestión de residuos supone un desafío añadido.

Según los datos aportados por el edil, estas políticas ya han permitido a Jerez situarse en la media andaluza en materia de reciclaje, tras años por debajo de los indicadores regionales.

Desde el ámbito de la sostenibilidad aplicada al negocio, el director de Clima y Mercado de ECODES, Pablo Barrenechea, puso el acento en la necesidad de abandonar las medidas aisladas y avanzar hacia estrategias planificadas.

A su juicio, la hostelería no necesita acciones puntuales, sino “planes y estrategias que permitan ser más eficientes”. Barrenechea advirtió además de que buena parte del debate sobre cambio climático está condicionado por desinformación o percepciones no basadas en datos.

Frente a ello, defendió ejemplos concretos de ahorro económico vinculados a la eficiencia energética. Citó el caso de la sustitución de un congelador o la implantación de iluminación LED como medidas que pueden amortizarse en pocos años y reducir significativamente tanto el consumo como las emisiones.

“El cambio climático es también una cuestión de cuenta de resultados”, resumió, defendiendo que la sostenibilidad, lejos de ser un coste añadido, puede convertirse en una ventaja competitiva directa para los negocios.

Implicación del sector

En la segunda mesa, centrada en la hostelería como motor de la Capital Gastronómica, representantes del sector destacaron el papel de bares y restaurantes como embajadores del territorio, la cultura culinaria y los productos de proximidad.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, señaló que el sector ha incorporado progresivamente la sostenibilidad a su gestión habitual. “No es una moda, es una oportunidad”, afirmó, subrayando la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y asociaciones para acelerar el cambio.

El encuentro concluyó con una tercera mesa en la que se expusieron modelos de éxito ya en marcha en establecimientos andaluces, con medidas orientadas a la reducción del impacto ambiental y la mejora de la eficiencia energética.

Según los datos de Hostelería #PorElClima, Andalucía cerró 2025 con 2.932 establecimientos adheridos, un 38,7% más que el año anterior, lo que refleja el crecimiento de la implicación del sector en la transición ecológica.

La jornada se cerró con un mensaje compartido: la sostenibilidad en la hostelería ya no se plantea como una meta futura, sino como un proceso en marcha en el que la eficiencia, la rentabilidad y el compromiso ambiental empiezan a caminar en la misma dirección.

La costa del Campo de Gibraltar conserva desde hace décadas un paisaje silencioso que muchos vecinos observan casi sin reparar en él. Entre playas, montes y acantilados sobreviven decenas de búnkeres y fortificaciones semienterradas, castigadas por la erosión y ocultas por la maleza, vestigios de una gigantesca red defensiva levantada durante el franquismo con mano de obra esclava de miles de presos republicanos. Ahora, ante el deterioro progresivo de esas construcciones y la ausencia de actuaciones institucionales, un movimiento ciudadano ha decidido intervenir directamente para evitar que este patrimonio termine desapareciendo.

La chispa que ha provocado esa movilización ha sido el documental “La Muralla de los Prisioneros”, una obra audiovisual que reconstruye la historia de los batallones disciplinarios que levantaron las defensas del Estrecho y que ha ido recorriendo distintos puntos de Andalucía, además de festivales y espacios culturales nacionales e internacionales. Tras varias proyecciones celebradas en Algeciras y San Roque, numerosos asistentes comenzaron a contactar con la asociación Tierra y Olvido para preguntar cómo podían colaborar en la recuperación de los búnkeres.

De aquella inquietud surgió la limpieza voluntaria del Fortín 323, situado en la zona de Getares, una actuación organizada por ciudadanos del Campo de Gibraltar que decidieron retirar basura, maleza y escombros acumulados durante años en el interior de la estructura. La escena sorprendió incluso a algunos vecinos de la zona, poco acostumbrados a ver iniciativas populares vinculadas a unas construcciones que durante décadas han permanecido prácticamente olvidadas.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido y representante en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, explica que el origen de todo se encuentra precisamente en la repercusión que ha tenido el documental. “Nosotros ayudamos a un proyecto documental que es ‘La Muralla de los Prisioneros’ y empezamos a moverlo por institutos y todos los sitios donde podíamos”, relata. Según explica, tras las proyecciones celebradas en la sede del PSOE de Algeciras y posteriormente en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, comenzaron a recibir llamadas de personas interesadas en actuar directamente sobre el terreno.

“La gente se movilizó. Nos decían: ‘Queremos limpiar los búnkeres’”, recuerda. A partir de ahí, la asociación decidió informarse sobre los límites legales de una actuación de este tipo. “Nos dijeron que mientras limpiáramos y no se hiciera ninguna obra, ni se pusiera una ventana, ni una puerta, ni se tocara nada estructuralmente, no había problema”, sostiene García.

La jornada de limpieza se desarrolló sin incidentes y sin presencia de ninguna administración. “Pensábamos que podía aparecer Guardia Civil o Policía Nacional porque es una zona vigilada, pero no vino nadie”, explica. Los participantes retiraron residuos y vegetación acumulada durante años con la intención de devolver visibilidad a unas estructuras que muchos ciudadanos apenas conocen pese a encontrarse a pocos metros de zonas muy transitadas.

El dirigente memorialista lamenta que el patrimonio defensivo de la comarca continúe atrapado en una especie de vacío administrativo que dificulta cualquier actuación de conservación. “Hay un lío de competencias tremendo. Unos dicen que es de la Junta, otros que de Costas, otros del Ministerio de Defensa, otros del Ejército. Nadie termina de aclararlo y todo queda en silencio”, denuncia.

Ese abandono institucional es precisamente uno de los aspectos que más indignación genera entre quienes participan en estas iniciativas. Luis García insiste en que no se trata únicamente de conservar restos militares, sino de proteger una parte fundamental de la memoria histórica del Campo de Gibraltar. “Todo esto fue realizado con mano esclava de personas que estuvieron presas aquí en la zona”, subraya.

El representante de Tierra y Olvido recuerda que por estos campos de trabajo pasaron represaliados procedentes de numerosos puntos de España. “Había presos de Santander, Madrid, Barcelona, del País Vasco… Los trasladaban de una punta del país a otra para que no se conocieran ni tuvieran vínculos”, explica. Según añade, todavía existen numerosos aspectos sin investigar sobre aquellos campamentos y sobre las personas que murieron en ellos.

“Hay que pensar que toda esta costa se levantó con trabajos forzados”, insiste. A su juicio, adecentar los fortines y darles una utilidad cultural o divulgativa sería también una forma de rendir homenaje a quienes construyeron aquellas infraestructuras en contra de su voluntad. “Sería una buena manera de que no quedaran en el olvido”, afirma.

García considera además que el potencial patrimonial y turístico de estos enclaves está completamente desaprovechado. “Muchos están en sitios espectaculares. Podrían ser miradores, rutas históricas o espacios de interpretación”, señala. El activista sostiene que la red de fortificaciones del Campo de Gibraltar posee un valor excepcional. “Estamos hablando de más de 500 o 600 búnkeres. Es un patrimonio enorme”, asegura.

El documentalista José Luis Tirado, director de “La Muralla de los Prisioneros”, observa con satisfacción cómo el trabajo audiovisual ha servido para activar una conciencia colectiva sobre este patrimonio. El documental, explica, continúa ampliando su recorrido internacional. “Ahora se va a proyectar en Gibraltar y también se ha pasado en Francia. Además estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en el Festival de Cine por la Memoria de Pamplona”, detalla.

Tirado cree que las actuaciones ciudadanas son necesarias, aunque advierte de que cualquier proceso de recuperación debe realizarse desde la perspectiva de la memoria democrática y no únicamente desde el interés por la arquitectura militar. “No tiene sentido reivindicar solo la arquitectura militar. Lo importante es explicar quién construyó estos búnkeres y en qué condiciones”, sostiene.

El cineasta compara la situación andaluza con la de Navarra, donde sí existen proyectos institucionales consolidados para recuperar y señalizar las fortificaciones del Pirineo levantadas también por presos franquistas. “Allí hacen rutas, restauraciones y señalización desde el punto de vista de la memoria histórica. Aquí, en cambio, el tema está abandonado”, lamenta.

En su opinión, la conservación de estos espacios debería ir acompañada de paneles explicativos, señalización histórica y rutas divulgativas que permitan contextualizar lo sucedido durante aquellos años. “Se sabe incluso qué batallones construyeron cada fortín”, explica. Tirado destaca especialmente el trabajo desarrollado durante años por el historiador José Manuel Algarbani, uno de los mayores especialistas en esta materia.

Precisamente Algarbani considera que las asociaciones memorialistas están cubriendo una labor que correspondería directamente a las administraciones públicas. “Es un patrimonio que habría que poner en valor y llevo muchísimos años peleando con políticos de uno y otro color sin resultados”, lamenta.

El historiador recuerda que alrededor de 30.000 prisioneros pasaron por los campos de trabajo del Campo de Gibraltar. Muchos familiares siguen contactando con él desde distintos lugares de España para intentar reconstruir el recorrido de sus antepasados. “Hay personas que me escriben preguntando por sus abuelos o bisabuelos porque saben que estuvieron aquí destinados”, explica.

Algarbani insiste en que el valor histórico de estas construcciones trasciende el ámbito local. “No hablamos solo de búnkeres. Hablamos de miles de personas sometidas a condiciones de semiesclavitud”, afirma. Según detalla, gran parte de los caminos y carreteras de la comarca fueron abiertos o mejorados por aquellos presos republicanos.

“Cuando haces senderismo por el Campo de Gibraltar, muchas veces estás caminando por caminos construidos por ellos”, señala. A eso se suma una red defensiva que se extiende desde Conil hasta Guadiaro y que tuvo especial concentración en la zona de Tarifa, Algeciras y La Línea por su proximidad estratégica a Gibraltar.

Aunque muchas de estas estructuras están catalogadas como Bien de Interés Cultural, el deterioro continúa avanzando. “Cada vez quedan menos. Algunos ya se han caído por la erosión y el abandono”, advierte el historiador.

Mientras tanto, las asociaciones y los vecinos que han impulsado estas limpiezas anuncian que continuarán organizando nuevas actuaciones sobre otros fortines de la costa gaditana. Consideran que, aunque sea de manera modesta, estas intervenciones sirven para llamar la atención sobre un patrimonio olvidado y para abrir un debate sobre la necesidad de preservar uno de los escenarios más desconocidos de la memoria democrática española.

Tres años después de que su médico de familia solicitara una ecografía abdominal de control, una mujer de Cádiz recibió finalmente la cita para realizarse la prueba en el Hospital Puerta del Mar. La petición permanecía registrada desde julio de 2023 y no fue hasta mayo de 2026 cuando recibió una llamada telefónica desde el sistema sanitario público preguntándole si seguía interesada en hacerse la exploración.

La historia vuelve a poner el foco sobre las listas de espera diagnósticas en Andalucía, una situación que pacientes y profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando por las demoras acumuladas para acceder a determinadas pruebas médicas. En este caso, además, no se trataba de una intervención quirúrgica ni de una consulta especializada, sino de una ecografía abdominal solicitada como seguimiento rutinario dentro de un control médico.

La paciente explica a este periódico que la prueba estaba relacionada con el seguimiento de un tratamiento con estatinas. “Era un control que me pidió el médico de familia, un control rutinario”, relata. Según cuenta, la ecografía derivaba de una revisión anterior y con el paso del tiempo llegó incluso a olvidarse de que seguía pendiente. “A mí hasta se me olvidó”, reconoce.

La sorpresa llegó cuando recibió una llamada para preguntarle si continuaba interesada en realizarse la prueba. “Lo que más me llamó la atención y lo que me molestó es que me preguntaran: ”¿Sigue usted interesada?“, explica. La mujer asegura que en ese momento recordó la solicitud y pidió que le confirmaran cuándo había sido registrada. ”Me dijeron que en septiembre del 23. Y claro que seguía interesada, porque me la había mandado mi médico de familia“, señala.

“Se están cargando la sanidad pública”

Según relata, durante esa conversación llegó incluso a preguntar si podían darle la cita a primera o última hora para no interferir con su trabajo, pero la persona que la llamó le respondió que únicamente estaba comprobando si mantenía el interés en la prueba. “Era para que corriera el turno”, afirma ahora la paciente, que considera incomprensible que una ecografía abdominal pueda acumular semejante demora.

La mujer decidió entonces comentar lo ocurrido con un responsable del área de calidad sanitaria para pedir orientación sobre cómo actuar. “Yo decía: ‘¿Qué hago, pongo una reclamación o denuncio?’”, recuerda. Finalmente, tras trasladar el caso, recibió la cita a través de WhatsApp y pudo realizarse la ecografía.

Afortunadamente, la prueba no detectó ninguna patología importante. Aun así, la paciente admite que la situación habría sido muy distinta si hubiera existido un problema de salud relevante. “Si hubiera sido algo importante, hubiera removido cielo y tierra o habría acabado haciéndomela en la privada, aunque soy contraria a eso”, afirma.

Pese a disponer de seguro médico privado, insiste en que apenas recurre a él y se define como “pro pública totalmente”. Reconoce, eso sí, que en otras ocasiones sí ha terminado acudiendo a la sanidad privada ante determinadas demoras. “Con una resonancia de la rodilla, por ejemplo, me la terminé haciendo fuera”, explica.

La paciente gaditana asegura que, pese a lo ocurrido, seguirá confiando en la sanidad pública. “Sé que se la están cargando y desgraciadamente la van a seguir deteriorando”, lamenta. Aun así, insiste en que su intención continúa siendo utilizar el sistema público siempre que sea posible.

Según la versión trasladada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico, se asegura que la mujer ha sido atendida y sometida a distintas actuaciones diagnósticas y asistenciales durante este periodo conforme al criterio médico. Asimismo, el SAS sostiene que la cita a la que se hace referencia corresponde a una revisión programada vinculada a un circuito asistencial concreto y no a una situación de falta de atención sanitaria durante estos años.

Demoras para pruebas diagnósticas

El médico que ha gestionado el caso recuerda que una ecografía abdominal no se solicita de manera arbitraria. “Cuando su médico de cabecera determinó que había que hacerle esta exploración es porque la sintomatología o el seguimiento clínico requerían de esta prueba diagnóstica”, sostiene. A su juicio, esperas tan prolongadas hacen que muchas pruebas “pierdan parte de su utilidad clínica”.

El facultativo asegura además que las demoras para pruebas diagnósticas se han convertido en una situación habitual en numerosos centros sanitarios andaluces. “Hay personas que llevan diez, doce o hasta dieciocho meses esperando determinadas pruebas”, afirma. También relaciona esta situación con el incremento de los tiempos de espera en Atención Primaria y con la falta de refuerzo de personal sanitario.

El problema, añade, no se limita únicamente a las consultas médicas. También afecta a extracciones sanguíneas, derivaciones y pruebas vinculadas a patologías graves. “Se están produciendo cuellos de botella en cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata”, afirma, recordando que en las últimas semanas distintos medios gaditanos habían informado ya de retrasos en pruebas torácicas relacionadas con posibles diagnósticos oncológicos.

El médico describe además una sensación de descoordinación creciente dentro del sistema sanitario. Como ejemplo, relata que tanto él como su mujer recibieron mensajes automáticos para participar en el cribado de cáncer de cuello de útero pese a circunstancias médicas que hacían imposible esa convocatoria. “Hay un descontrol”, resume. Para este profesional, el problema de fondo pasa por la falta de refuerzo de personal sanitario en la atención directa al paciente.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

La noche electoral más celebrada en Jerez se ha vivido en el centro social La Yerbabuena. El cuartel general de Adelante Andalucía ha podido disfrutar con el mayor crecimiento de las elecciones autonómicas. Un sorpasso en toda regla para adelantar por la izquierda a Por Andalucía.

José Ignacio García, conocido como 'el gafa', ha sido capaz de multiplicar los resultados del partido con respecto a los últimos comicios y esa campaña basada en la alegría ha terminado siendo un éxito.

El líder del partido ha asegurado que los resultados obtenidos por Adelante Andalucía consolidan a la formación como un espacio político con recorrido en la comunidad y ha defendido que el andalucismo de izquierdas “ha llegado para quedarse”, al considerar que existe una parte de la sociedad andaluza que busca una alternativa “soberanista, feminista y vinculada a la clase trabajadora”. “Se han puesto las bases para echar a la derecha de Andalucía”, ha afirmado García.

Cuando Adelante presentó en Jerez en la víspera del día de Andalucía su candidatura no habrían sido muchos los politólogos que aventuraran este resultado. Pero el mensaje de García ha ido calando y ha ayudado mucho su participación en los debates electorales, donde el jerezano se siente como pez en el agua.

José Ignacio García llegó a la sede pasadas las 20:30 ya se veía que iba a ser una noche de alegría y de sonrisas, pero nadie quiso cantar victoria antes de tiempo. Los abrazos y las buenas sensaciones eran la constante mientras se iba conociendo el resultado de los sondeos.

En esa izquierda fragmentada, este partido ha sido capaz de llevarse muchos votos de ese electorado que ha dado la espalda parcialmente a Maíllo y Por Andalucía. “Sumar lo ha hecho muy mal en el Gobierno, por eso la gente ha confiado en nosotros, que somos la fuerza realmente andaluza”, decía un simpatizante.

Los militantes esperaban con expectación fuera del local, mientras que el candidato vivía esos momentos en la intimidad en una de las dependencias de La Yerbabuena. Estaba acompañado por Teresa Rodríguez, que recibió el cariño de todos los presentes, así como de sus compañeros más próximos en la lista: Leti Blanco y David de la Cruz.

Cuando el escrutinio iba por el 50% ya se empezaron a oír las primeras voces de cierta euforia. La pequeña barra donde se despachaban caracoles era un hervidero de caras felices. Adelante llegaba a ocho escaños y eso ya casi garantizaba poder constituir grupo parlamentario propio.

Pasadas las 10 de la noche se iba confirmando que el partido era la tercera fuerza más votada en Sevilla y Cádiz. Y alguno empezaba a celebrar que el subidón incidía directamente en la complicación del PP para conseguir la mayoría absoluta.

“La alegría es contenida, pero verás tú cuando salgan”, comentaba un votante de Andalucía cuando ya se empezaba a caldear el ambiente pasado el 90% del recuento. “Esto se está haciendo eterno”, confesaba un integrante del partido que no paraba de darle al F5 en el ordenador para actualizar los números. Al final ya se gritaba “se nota, se siente, el gafa presidente”.

En una comparecencia ante simpatizantes tras conocerse los resultados, García ha agradecido el respaldo de los “casi 400.000 andaluces y andaluzas” que, según ha dicho, han apostado por “el andalucismo” y por “rebelarse ante lo injusto”.

“Han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza”, ha afirmado el dirigente andalucista, que ha garantizado a sus votantes que su formación no les “va a fallar”.

El candidato de Adelante Andalucía también ha asegurado que su formación ha contribuido a que el PP pierda la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. “Hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular”, ha afirmado.

Además, ha destacado que una “fuerza de izquierda, alternativa y soberanista” haya logrado superar a Vox en dos provincias andaluzas, algo que ha presentado como un avance político de cara al futuro.

“Es posible superar a Vox desde la izquierda y nosotros y nosotras lo estamos demostrando”, ha señalado García, que ha confiado en extender ese resultado “a todas las provincias”.

El dirigente de Adelante Andalucía ha defendido que ese crecimiento político llegará “desde el soberanismo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde la lucha LGTBIQ, desde el anticapitalismo y desde la lucha de la juventud”.

La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios de la Base Naval de Rota afronta un nuevo episodio de tensión laboral tras la comunicación del inicio de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de sus trabajadores durante casi dos meses, entre el 25 de mayo y el 15 de julio. La medida, anunciada a la representación legal de los trabajadores el pasado 9 de mayo, ha generado preocupación en un conflicto enquistado desde hace más de ocho años.

La compañía, VERSAR VGS —denominada anteriormente Louis Berger— justifica el expediente por “causas organizativas y operativas” derivadas de las obras de mantenimiento previstas en la pista de vuelo de la base naval. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la decisión no responde a motivos económicos reales y temen que pueda convertirse en la antesala de nuevos recortes o despidos.

“El anuncio ha sido una sorpresa”, explica David Real, presidente del comité de empresa. “Sabíamos que se iban a acometer obras de mejora en la pista de vuelo, pero en los 70 años de funcionamiento de la instalación nunca se había planteado un ERTE por este motivo”. El representante sindical recuerda además que durante las últimas décadas se han realizado intervenciones de diversa índole “sin necesidad de aplicar medidas de este tipo”.

El expediente afectaría, en principio, a prácticamente toda la plantilla. Según detalla Real, la empresa cuenta actualmente con entre 130 y 140 trabajadores, aunque el número llegó a rondar los 170 antes del inicio del conflicto laboral. “La empresa ha despedido a cerca de 50 personas durante estos años, se han producido jubilaciones y, al mismo tiempo, han vuelto a contratar trabajadores mientras externalizaban servicios”, sostiene. A ello se suma la situación del personal del servicio de autobuses subcontratado, formado por alrededor de una veintena de empleados que también podrían verse afectados por la medida.

Desde el comité insisten en que el problema de fondo se arrastra desde finales de 2016, cuando comenzaron los primeros despidos y las movilizaciones sindicales. El conflicto derivó en una huelga indefinida iniciada en 2018 mediante paros parciales de cuatro horas en distintos turnos de trabajo. Desde entonces, los trabajadores reclaman un convenio colectivo propio adaptado a las funciones que desempeñan en la terminal aeroportuaria militar.

“Nuestro conflicto con la empresa se remonta a más de ocho años intentando negociar un convenio colectivo que responda a la realidad de nuestro trabajo”, señalan desde la representación sindical. Según denuncian, la compañía aplica un convenio pensado para aeropuertos civiles españoles que “no tiene nada que ver” con las características del servicio que prestan en la Base Naval de Rota.

Lejos de encauzarse, la situación “se ha ido enquistando”, lamenta Real. “Ahora mismo lo que tememos es que este ERTE sea una medida puente para un futuro ERE o nuevos despidos”. El presidente del comité rechaza además el argumento empresarial de una supuesta sobredimensión de plantilla. “No sobra personal. De hecho, durante las huelgas los servicios mínimos se fijaban en el 90% alegando cuestiones de seguridad militar. Somos muy importantes para algunas cosas, pero luego para otras no tanto”, critica.

La comunicación oficial del expediente también ha sido recibida con inquietud porque, según los representantes sindicales, nunca antes la dirección había planteado esta posibilidad en las conversaciones mantenidas con la plantilla. “No nos hace augurar nada bueno el historial de actuaciones antilaborales y de hostigamiento que venimos denunciando desde hace años”, sostienen.

El comité de empresa ya ha avanzado que se opondrá al expediente “con todas las actuaciones legales y protestas públicas necesarias” para intentar frenar su aplicación. Mientras tanto, los trabajadores esperan el inicio del periodo formal de consultas para conocer los detalles concretos del ERTE y el alcance definitivo de una medida que amenaza con recrudecer aún más uno de los conflictos laborales más prolongados vinculados a la Base Naval de Rota.

En una nave de La Línea de la Concepción donde durante años se han cosido velas, tensado jarcias y reparado aparejos para embarcaciones en una cooperativa andaluza que ha encontrado la manera de convertir la tradición náutica en innovación medioambiental. Se trata de Velería y Jarcias Sociedad Cooperativa Andaluza – Al Rolo Azul, una empresa especializada en fabricación y reparación artesanal de velas náuticas y jarcias que en 2025 fue reconocida entre las iniciativas empresariales más innovadoras de Andalucía por su apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la economía social.

Bajo la dirección de Alejandro Rodríguez, gerente y CEO de la firma, la compañía lleva cuatro años operando bajo la marca comercial Al Rolo, una evolución empresarial nacida de la estrecha vinculación de su fundador con el mar. La actividad inicial se centró en servicios náuticos especializados en rigging y acastillaje —esto es, mástiles, botavaras, cableados de acero, sistemas de navegación eléctrica y seguridad embarcada—, pero pronto la empresa comenzó a explorar nuevas aplicaciones para sus materiales y conocimientos técnicos.

Ese proceso derivó en una línea de negocio que hoy constituye su principal apuesta diferencial: la fabricación de estructuras de sombra sostenibles para espacios públicos y privados mediante tecnología náutica avanzada.

La empresa ha adaptado tejidos y sistemas de anclaje diseñados originalmente para soportar condiciones extremas en el mar a instalaciones terrestres en puertos, colegios, parques y zonas urbanas abiertas. Según explican desde la cooperativa, el uso de materiales náuticos permite ofrecer estructuras con una resistencia muy superior a la de los sistemas convencionales, preparadas para soportar fuertes vientos, altas tensiones y exposición prolongada al sol y la humedad.

Pero el verdadero salto innovador llegó con la incorporación de una nueva generación de lonas fotocatalíticas, tejidos impregnados con iones de titanio capaces de purificar el aire al entrar en contacto con la luz solar. Su funcionamiento, comparable al efecto de la fotosíntesis de los árboles, permite que las superficies de sombra contribuyan activamente a mejorar la calidad ambiental del entorno.

Protección del entorno marino

Desde la empresa subrayan que esta tecnología puede tener especial impacto en espacios como patios escolares, parques infantiles o zonas portuarias, donde grandes superficies de sombra podrían contribuir a reducir contaminantes atmosféricos en áreas especialmente expuestas a emisiones.

“Un colegio con 500 metros cuadrados de sombra deja de tener una simple cubierta para disponer de una infraestructura que ayuda a depurar el aire que respiran los niños”, explican desde la compañía, donde consideran que esta innovación representa un cambio real en la propuesta de valor del sector.

La iniciativa forma parte de un concepto más amplio que la empresa ha bautizado como “Al Rolo Azul”, una estrategia corporativa vinculada a la economía azul y a la protección del entorno marino. Dentro de esta línea se integran también proyectos de reutilización de materiales náuticos, economía circular y gestión de residuos marinos, así como la fabricación y reparación de embarcaciones y plataformas flotantes.

Además, la firma trabaja con proveedores especializados en tejidos y cordelería elaborados a partir de plástico reciclado recuperado del medio marino, materiales que —según destacan— ya ofrecen prestaciones técnicas equivalentes a los productos náuticos convencionales en términos de resistencia, tracción y durabilidad.

Aunque actualmente su cartera de clientes está formada principalmente por particulares y empresas privadas, la cooperativa confía en que la progresiva incorporación de criterios medioambientales en la contratación pública permita extender este tipo de soluciones a más espacios institucionales y urbanos.

Por ahora, compañías privadas y operadores portuarios ya han comenzado a interesarse por estas instalaciones, atraídos tanto por su funcionalidad como por el valor añadido en sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

En Al Rolo Azul mantienen su apuesta por seguir investigando y desarrollando nuevas aplicaciones para materiales sostenibles vinculados al sector marítimo. “No responde a una obligación normativa, sino a una convicción propia”, sostienen desde la firma, convencidos de que la suma de pequeñas iniciativas empresariales puede generar un cambio real en la protección del medio ambiente.

Con esta filosofía, la cooperativa linense se ha consolidado como uno de los ejemplos más singulares de cómo la industria tradicional puede reinventarse desde la innovación, demostrando que el conocimiento técnico del mar también puede servir para transformar las ciudades.