La costa del Campo de Gibraltar conserva desde hace décadas un paisaje silencioso que muchos vecinos observan casi sin reparar en él. Entre playas, montes y acantilados sobreviven decenas de búnkeres y fortificaciones semienterradas, castigadas por la erosión y ocultas por la maleza, vestigios de una gigantesca red defensiva levantada durante el franquismo con mano de obra esclava de miles de presos republicanos. Ahora, ante el deterioro progresivo de esas construcciones y la ausencia de actuaciones institucionales, un movimiento ciudadano ha decidido intervenir directamente para evitar que este patrimonio termine desapareciendo.

La chispa que ha provocado esa movilización ha sido el documental “La Muralla de los Prisioneros”, una obra audiovisual que reconstruye la historia de los batallones disciplinarios que levantaron las defensas del Estrecho y que ha ido recorriendo distintos puntos de Andalucía, además de festivales y espacios culturales nacionales e internacionales. Tras varias proyecciones celebradas en Algeciras y San Roque, numerosos asistentes comenzaron a contactar con la asociación Tierra y Olvido para preguntar cómo podían colaborar en la recuperación de los búnkeres.

De aquella inquietud surgió la limpieza voluntaria del Fortín 323, situado en la zona de Getares, una actuación organizada por ciudadanos del Campo de Gibraltar que decidieron retirar basura, maleza y escombros acumulados durante años en el interior de la estructura. La escena sorprendió incluso a algunos vecinos de la zona, poco acostumbrados a ver iniciativas populares vinculadas a unas construcciones que durante décadas han permanecido prácticamente olvidadas.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido y representante en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, explica que el origen de todo se encuentra precisamente en la repercusión que ha tenido el documental. “Nosotros ayudamos a un proyecto documental que es ‘La Muralla de los Prisioneros’ y empezamos a moverlo por institutos y todos los sitios donde podíamos”, relata. Según explica, tras las proyecciones celebradas en la sede del PSOE de Algeciras y posteriormente en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, comenzaron a recibir llamadas de personas interesadas en actuar directamente sobre el terreno.

“La gente se movilizó. Nos decían: ‘Queremos limpiar los búnkeres’”, recuerda. A partir de ahí, la asociación decidió informarse sobre los límites legales de una actuación de este tipo. “Nos dijeron que mientras limpiáramos y no se hiciera ninguna obra, ni se pusiera una ventana, ni una puerta, ni se tocara nada estructuralmente, no había problema”, sostiene García.

La jornada de limpieza se desarrolló sin incidentes y sin presencia de ninguna administración. “Pensábamos que podía aparecer Guardia Civil o Policía Nacional porque es una zona vigilada, pero no vino nadie”, explica. Los participantes retiraron residuos y vegetación acumulada durante años con la intención de devolver visibilidad a unas estructuras que muchos ciudadanos apenas conocen pese a encontrarse a pocos metros de zonas muy transitadas.

El dirigente memorialista lamenta que el patrimonio defensivo de la comarca continúe atrapado en una especie de vacío administrativo que dificulta cualquier actuación de conservación. “Hay un lío de competencias tremendo. Unos dicen que es de la Junta, otros que de Costas, otros del Ministerio de Defensa, otros del Ejército. Nadie termina de aclararlo y todo queda en silencio”, denuncia.

Ese abandono institucional es precisamente uno de los aspectos que más indignación genera entre quienes participan en estas iniciativas. Luis García insiste en que no se trata únicamente de conservar restos militares, sino de proteger una parte fundamental de la memoria histórica del Campo de Gibraltar. “Todo esto fue realizado con mano esclava de personas que estuvieron presas aquí en la zona”, subraya.

El representante de Tierra y Olvido recuerda que por estos campos de trabajo pasaron represaliados procedentes de numerosos puntos de España. “Había presos de Santander, Madrid, Barcelona, del País Vasco… Los trasladaban de una punta del país a otra para que no se conocieran ni tuvieran vínculos”, explica. Según añade, todavía existen numerosos aspectos sin investigar sobre aquellos campamentos y sobre las personas que murieron en ellos.

“Hay que pensar que toda esta costa se levantó con trabajos forzados”, insiste. A su juicio, adecentar los fortines y darles una utilidad cultural o divulgativa sería también una forma de rendir homenaje a quienes construyeron aquellas infraestructuras en contra de su voluntad. “Sería una buena manera de que no quedaran en el olvido”, afirma.

García considera además que el potencial patrimonial y turístico de estos enclaves está completamente desaprovechado. “Muchos están en sitios espectaculares. Podrían ser miradores, rutas históricas o espacios de interpretación”, señala. El activista sostiene que la red de fortificaciones del Campo de Gibraltar posee un valor excepcional. “Estamos hablando de más de 500 o 600 búnkeres. Es un patrimonio enorme”, asegura.

El documentalista José Luis Tirado, director de “La Muralla de los Prisioneros”, observa con satisfacción cómo el trabajo audiovisual ha servido para activar una conciencia colectiva sobre este patrimonio. El documental, explica, continúa ampliando su recorrido internacional. “Ahora se va a proyectar en Gibraltar y también se ha pasado en Francia. Además estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en el Festival de Cine por la Memoria de Pamplona”, detalla.

Tirado cree que las actuaciones ciudadanas son necesarias, aunque advierte de que cualquier proceso de recuperación debe realizarse desde la perspectiva de la memoria democrática y no únicamente desde el interés por la arquitectura militar. “No tiene sentido reivindicar solo la arquitectura militar. Lo importante es explicar quién construyó estos búnkeres y en qué condiciones”, sostiene.

El cineasta compara la situación andaluza con la de Navarra, donde sí existen proyectos institucionales consolidados para recuperar y señalizar las fortificaciones del Pirineo levantadas también por presos franquistas. “Allí hacen rutas, restauraciones y señalización desde el punto de vista de la memoria histórica. Aquí, en cambio, el tema está abandonado”, lamenta.

En su opinión, la conservación de estos espacios debería ir acompañada de paneles explicativos, señalización histórica y rutas divulgativas que permitan contextualizar lo sucedido durante aquellos años. “Se sabe incluso qué batallones construyeron cada fortín”, explica. Tirado destaca especialmente el trabajo desarrollado durante años por el historiador José Manuel Algarbani, uno de los mayores especialistas en esta materia.

Precisamente Algarbani considera que las asociaciones memorialistas están cubriendo una labor que correspondería directamente a las administraciones públicas. “Es un patrimonio que habría que poner en valor y llevo muchísimos años peleando con políticos de uno y otro color sin resultados”, lamenta.

El historiador recuerda que alrededor de 30.000 prisioneros pasaron por los campos de trabajo del Campo de Gibraltar. Muchos familiares siguen contactando con él desde distintos lugares de España para intentar reconstruir el recorrido de sus antepasados. “Hay personas que me escriben preguntando por sus abuelos o bisabuelos porque saben que estuvieron aquí destinados”, explica.

Algarbani insiste en que el valor histórico de estas construcciones trasciende el ámbito local. “No hablamos solo de búnkeres. Hablamos de miles de personas sometidas a condiciones de semiesclavitud”, afirma. Según detalla, gran parte de los caminos y carreteras de la comarca fueron abiertos o mejorados por aquellos presos republicanos.

“Cuando haces senderismo por el Campo de Gibraltar, muchas veces estás caminando por caminos construidos por ellos”, señala. A eso se suma una red defensiva que se extiende desde Conil hasta Guadiaro y que tuvo especial concentración en la zona de Tarifa, Algeciras y La Línea por su proximidad estratégica a Gibraltar.

Aunque muchas de estas estructuras están catalogadas como Bien de Interés Cultural, el deterioro continúa avanzando. “Cada vez quedan menos. Algunos ya se han caído por la erosión y el abandono”, advierte el historiador.

Mientras tanto, las asociaciones y los vecinos que han impulsado estas limpiezas anuncian que continuarán organizando nuevas actuaciones sobre otros fortines de la costa gaditana. Consideran que, aunque sea de manera modesta, estas intervenciones sirven para llamar la atención sobre un patrimonio olvidado y para abrir un debate sobre la necesidad de preservar uno de los escenarios más desconocidos de la memoria democrática española.

Tres años después de que su médico de familia solicitara una ecografía abdominal de control, una mujer de Cádiz recibió finalmente la cita para realizarse la prueba en el Hospital Puerta del Mar. La petición permanecía registrada desde julio de 2023 y no fue hasta mayo de 2026 cuando recibió una llamada telefónica desde el sistema sanitario público preguntándole si seguía interesada en hacerse la exploración.

La historia vuelve a poner el foco sobre las listas de espera diagnósticas en Andalucía, una situación que pacientes y profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando por las demoras acumuladas para acceder a determinadas pruebas médicas. En este caso, además, no se trataba de una intervención quirúrgica ni de una consulta especializada, sino de una ecografía abdominal solicitada como seguimiento rutinario dentro de un control médico.

La paciente explica a este periódico que la prueba estaba relacionada con el seguimiento de un tratamiento con estatinas. “Era un control que me pidió el médico de familia, un control rutinario”, relata. Según cuenta, la ecografía derivaba de una revisión anterior y con el paso del tiempo llegó incluso a olvidarse de que seguía pendiente. “A mí hasta se me olvidó”, reconoce.

La sorpresa llegó cuando recibió una llamada para preguntarle si continuaba interesada en realizarse la prueba. “Lo que más me llamó la atención y lo que me molestó es que me preguntaran: ”¿Sigue usted interesada?“, explica. La mujer asegura que en ese momento recordó la solicitud y pidió que le confirmaran cuándo había sido registrada. ”Me dijeron que en septiembre del 23. Y claro que seguía interesada, porque me la había mandado mi médico de familia“, señala.

“Se están cargando la sanidad pública”

Según relata, durante esa conversación llegó incluso a preguntar si podían darle la cita a primera o última hora para no interferir con su trabajo, pero la persona que la llamó le respondió que únicamente estaba comprobando si mantenía el interés en la prueba. “Era para que corriera el turno”, afirma ahora la paciente, que considera incomprensible que una ecografía abdominal pueda acumular semejante demora.

La mujer decidió entonces comentar lo ocurrido con un responsable del área de calidad sanitaria para pedir orientación sobre cómo actuar. “Yo decía: ‘¿Qué hago, pongo una reclamación o denuncio?’”, recuerda. Finalmente, tras trasladar el caso, recibió la cita a través de WhatsApp y pudo realizarse la ecografía.

Afortunadamente, la prueba no detectó ninguna patología importante. Aun así, la paciente admite que la situación habría sido muy distinta si hubiera existido un problema de salud relevante. “Si hubiera sido algo importante, hubiera removido cielo y tierra o habría acabado haciéndomela en la privada, aunque soy contraria a eso”, afirma.

Pese a disponer de seguro médico privado, insiste en que apenas recurre a él y se define como “pro pública totalmente”. Reconoce, eso sí, que en otras ocasiones sí ha terminado acudiendo a la sanidad privada ante determinadas demoras. “Con una resonancia de la rodilla, por ejemplo, me la terminé haciendo fuera”, explica.

La paciente gaditana asegura que, pese a lo ocurrido, seguirá confiando en la sanidad pública. “Sé que se la están cargando y desgraciadamente la van a seguir deteriorando”, lamenta. Aun así, insiste en que su intención continúa siendo utilizar el sistema público siempre que sea posible.

Según la versión trasladada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico, se asegura que la mujer ha sido atendida y sometida a distintas actuaciones diagnósticas y asistenciales durante este periodo conforme al criterio médico. Asimismo, el SAS sostiene que la cita a la que se hace referencia corresponde a una revisión programada vinculada a un circuito asistencial concreto y no a una situación de falta de atención sanitaria durante estos años.

Demoras para pruebas diagnósticas

El médico que ha gestionado el caso recuerda que una ecografía abdominal no se solicita de manera arbitraria. “Cuando su médico de cabecera determinó que había que hacerle esta exploración es porque la sintomatología o el seguimiento clínico requerían de esta prueba diagnóstica”, sostiene. A su juicio, esperas tan prolongadas hacen que muchas pruebas “pierdan parte de su utilidad clínica”.

El facultativo asegura además que las demoras para pruebas diagnósticas se han convertido en una situación habitual en numerosos centros sanitarios andaluces. “Hay personas que llevan diez, doce o hasta dieciocho meses esperando determinadas pruebas”, afirma. También relaciona esta situación con el incremento de los tiempos de espera en Atención Primaria y con la falta de refuerzo de personal sanitario.

El problema, añade, no se limita únicamente a las consultas médicas. También afecta a extracciones sanguíneas, derivaciones y pruebas vinculadas a patologías graves. “Se están produciendo cuellos de botella en cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata”, afirma, recordando que en las últimas semanas distintos medios gaditanos habían informado ya de retrasos en pruebas torácicas relacionadas con posibles diagnósticos oncológicos.

El médico describe además una sensación de descoordinación creciente dentro del sistema sanitario. Como ejemplo, relata que tanto él como su mujer recibieron mensajes automáticos para participar en el cribado de cáncer de cuello de útero pese a circunstancias médicas que hacían imposible esa convocatoria. “Hay un descontrol”, resume. Para este profesional, el problema de fondo pasa por la falta de refuerzo de personal sanitario en la atención directa al paciente.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

La noche electoral más celebrada en Jerez se ha vivido en el centro social La Yerbabuena. El cuartel general de Adelante Andalucía ha podido disfrutar con el mayor crecimiento de las elecciones autonómicas. Un sorpasso en toda regla para adelantar por la izquierda a Por Andalucía.

José Ignacio García, conocido como 'el gafa', ha sido capaz de multiplicar los resultados del partido con respecto a los últimos comicios y esa campaña basada en la alegría ha terminado siendo un éxito.

El líder del partido ha asegurado que los resultados obtenidos por Adelante Andalucía consolidan a la formación como un espacio político con recorrido en la comunidad y ha defendido que el andalucismo de izquierdas “ha llegado para quedarse”, al considerar que existe una parte de la sociedad andaluza que busca una alternativa “soberanista, feminista y vinculada a la clase trabajadora”. “Se han puesto las bases para echar a la derecha de Andalucía”, ha afirmado García.

Cuando Adelante presentó en Jerez en la víspera del día de Andalucía su candidatura no habrían sido muchos los politólogos que aventuraran este resultado. Pero el mensaje de García ha ido calando y ha ayudado mucho su participación en los debates electorales, donde el jerezano se siente como pez en el agua.

José Ignacio García llegó a la sede pasadas las 20:30 ya se veía que iba a ser una noche de alegría y de sonrisas, pero nadie quiso cantar victoria antes de tiempo. Los abrazos y las buenas sensaciones eran la constante mientras se iba conociendo el resultado de los sondeos.

En esa izquierda fragmentada, este partido ha sido capaz de llevarse muchos votos de ese electorado que ha dado la espalda parcialmente a Maíllo y Por Andalucía. “Sumar lo ha hecho muy mal en el Gobierno, por eso la gente ha confiado en nosotros, que somos la fuerza realmente andaluza”, decía un simpatizante.

Los militantes esperaban con expectación fuera del local, mientras que el candidato vivía esos momentos en la intimidad en una de las dependencias de La Yerbabuena. Estaba acompañado por Teresa Rodríguez, que recibió el cariño de todos los presentes, así como de sus compañeros más próximos en la lista: Leti Blanco y David de la Cruz.

Cuando el escrutinio iba por el 50% ya se empezaron a oír las primeras voces de cierta euforia. La pequeña barra donde se despachaban caracoles era un hervidero de caras felices. Adelante llegaba a ocho escaños y eso ya casi garantizaba poder constituir grupo parlamentario propio.

Pasadas las 10 de la noche se iba confirmando que el partido era la tercera fuerza más votada en Sevilla y Cádiz. Y alguno empezaba a celebrar que el subidón incidía directamente en la complicación del PP para conseguir la mayoría absoluta.

“La alegría es contenida, pero verás tú cuando salgan”, comentaba un votante de Andalucía cuando ya se empezaba a caldear el ambiente pasado el 90% del recuento. “Esto se está haciendo eterno”, confesaba un integrante del partido que no paraba de darle al F5 en el ordenador para actualizar los números. Al final ya se gritaba “se nota, se siente, el gafa presidente”.

En una comparecencia ante simpatizantes tras conocerse los resultados, García ha agradecido el respaldo de los “casi 400.000 andaluces y andaluzas” que, según ha dicho, han apostado por “el andalucismo” y por “rebelarse ante lo injusto”.

“Han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza”, ha afirmado el dirigente andalucista, que ha garantizado a sus votantes que su formación no les “va a fallar”.

El candidato de Adelante Andalucía también ha asegurado que su formación ha contribuido a que el PP pierda la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. “Hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular”, ha afirmado.

Además, ha destacado que una “fuerza de izquierda, alternativa y soberanista” haya logrado superar a Vox en dos provincias andaluzas, algo que ha presentado como un avance político de cara al futuro.

“Es posible superar a Vox desde la izquierda y nosotros y nosotras lo estamos demostrando”, ha señalado García, que ha confiado en extender ese resultado “a todas las provincias”.

El dirigente de Adelante Andalucía ha defendido que ese crecimiento político llegará “desde el soberanismo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde la lucha LGTBIQ, desde el anticapitalismo y desde la lucha de la juventud”.

La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios de la Base Naval de Rota afronta un nuevo episodio de tensión laboral tras la comunicación del inicio de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de sus trabajadores durante casi dos meses, entre el 25 de mayo y el 15 de julio. La medida, anunciada a la representación legal de los trabajadores el pasado 9 de mayo, ha generado preocupación en un conflicto enquistado desde hace más de ocho años.

La compañía, VERSAR VGS —denominada anteriormente Louis Berger— justifica el expediente por “causas organizativas y operativas” derivadas de las obras de mantenimiento previstas en la pista de vuelo de la base naval. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la decisión no responde a motivos económicos reales y temen que pueda convertirse en la antesala de nuevos recortes o despidos.

“El anuncio ha sido una sorpresa”, explica David Real, presidente del comité de empresa. “Sabíamos que se iban a acometer obras de mejora en la pista de vuelo, pero en los 70 años de funcionamiento de la instalación nunca se había planteado un ERTE por este motivo”. El representante sindical recuerda además que durante las últimas décadas se han realizado intervenciones de diversa índole “sin necesidad de aplicar medidas de este tipo”.

El expediente afectaría, en principio, a prácticamente toda la plantilla. Según detalla Real, la empresa cuenta actualmente con entre 130 y 140 trabajadores, aunque el número llegó a rondar los 170 antes del inicio del conflicto laboral. “La empresa ha despedido a cerca de 50 personas durante estos años, se han producido jubilaciones y, al mismo tiempo, han vuelto a contratar trabajadores mientras externalizaban servicios”, sostiene. A ello se suma la situación del personal del servicio de autobuses subcontratado, formado por alrededor de una veintena de empleados que también podrían verse afectados por la medida.

Desde el comité insisten en que el problema de fondo se arrastra desde finales de 2016, cuando comenzaron los primeros despidos y las movilizaciones sindicales. El conflicto derivó en una huelga indefinida iniciada en 2018 mediante paros parciales de cuatro horas en distintos turnos de trabajo. Desde entonces, los trabajadores reclaman un convenio colectivo propio adaptado a las funciones que desempeñan en la terminal aeroportuaria militar.

“Nuestro conflicto con la empresa se remonta a más de ocho años intentando negociar un convenio colectivo que responda a la realidad de nuestro trabajo”, señalan desde la representación sindical. Según denuncian, la compañía aplica un convenio pensado para aeropuertos civiles españoles que “no tiene nada que ver” con las características del servicio que prestan en la Base Naval de Rota.

Lejos de encauzarse, la situación “se ha ido enquistando”, lamenta Real. “Ahora mismo lo que tememos es que este ERTE sea una medida puente para un futuro ERE o nuevos despidos”. El presidente del comité rechaza además el argumento empresarial de una supuesta sobredimensión de plantilla. “No sobra personal. De hecho, durante las huelgas los servicios mínimos se fijaban en el 90% alegando cuestiones de seguridad militar. Somos muy importantes para algunas cosas, pero luego para otras no tanto”, critica.

La comunicación oficial del expediente también ha sido recibida con inquietud porque, según los representantes sindicales, nunca antes la dirección había planteado esta posibilidad en las conversaciones mantenidas con la plantilla. “No nos hace augurar nada bueno el historial de actuaciones antilaborales y de hostigamiento que venimos denunciando desde hace años”, sostienen.

El comité de empresa ya ha avanzado que se opondrá al expediente “con todas las actuaciones legales y protestas públicas necesarias” para intentar frenar su aplicación. Mientras tanto, los trabajadores esperan el inicio del periodo formal de consultas para conocer los detalles concretos del ERTE y el alcance definitivo de una medida que amenaza con recrudecer aún más uno de los conflictos laborales más prolongados vinculados a la Base Naval de Rota.

En una nave de La Línea de la Concepción donde durante años se han cosido velas, tensado jarcias y reparado aparejos para embarcaciones en una cooperativa andaluza que ha encontrado la manera de convertir la tradición náutica en innovación medioambiental. Se trata de Velería y Jarcias Sociedad Cooperativa Andaluza – Al Rolo Azul, una empresa especializada en fabricación y reparación artesanal de velas náuticas y jarcias que en 2025 fue reconocida entre las iniciativas empresariales más innovadoras de Andalucía por su apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la economía social.

Bajo la dirección de Alejandro Rodríguez, gerente y CEO de la firma, la compañía lleva cuatro años operando bajo la marca comercial Al Rolo, una evolución empresarial nacida de la estrecha vinculación de su fundador con el mar. La actividad inicial se centró en servicios náuticos especializados en rigging y acastillaje —esto es, mástiles, botavaras, cableados de acero, sistemas de navegación eléctrica y seguridad embarcada—, pero pronto la empresa comenzó a explorar nuevas aplicaciones para sus materiales y conocimientos técnicos.

Ese proceso derivó en una línea de negocio que hoy constituye su principal apuesta diferencial: la fabricación de estructuras de sombra sostenibles para espacios públicos y privados mediante tecnología náutica avanzada.

La empresa ha adaptado tejidos y sistemas de anclaje diseñados originalmente para soportar condiciones extremas en el mar a instalaciones terrestres en puertos, colegios, parques y zonas urbanas abiertas. Según explican desde la cooperativa, el uso de materiales náuticos permite ofrecer estructuras con una resistencia muy superior a la de los sistemas convencionales, preparadas para soportar fuertes vientos, altas tensiones y exposición prolongada al sol y la humedad.

Pero el verdadero salto innovador llegó con la incorporación de una nueva generación de lonas fotocatalíticas, tejidos impregnados con iones de titanio capaces de purificar el aire al entrar en contacto con la luz solar. Su funcionamiento, comparable al efecto de la fotosíntesis de los árboles, permite que las superficies de sombra contribuyan activamente a mejorar la calidad ambiental del entorno.

Protección del entorno marino

Desde la empresa subrayan que esta tecnología puede tener especial impacto en espacios como patios escolares, parques infantiles o zonas portuarias, donde grandes superficies de sombra podrían contribuir a reducir contaminantes atmosféricos en áreas especialmente expuestas a emisiones.

“Un colegio con 500 metros cuadrados de sombra deja de tener una simple cubierta para disponer de una infraestructura que ayuda a depurar el aire que respiran los niños”, explican desde la compañía, donde consideran que esta innovación representa un cambio real en la propuesta de valor del sector.

La iniciativa forma parte de un concepto más amplio que la empresa ha bautizado como “Al Rolo Azul”, una estrategia corporativa vinculada a la economía azul y a la protección del entorno marino. Dentro de esta línea se integran también proyectos de reutilización de materiales náuticos, economía circular y gestión de residuos marinos, así como la fabricación y reparación de embarcaciones y plataformas flotantes.

Además, la firma trabaja con proveedores especializados en tejidos y cordelería elaborados a partir de plástico reciclado recuperado del medio marino, materiales que —según destacan— ya ofrecen prestaciones técnicas equivalentes a los productos náuticos convencionales en términos de resistencia, tracción y durabilidad.

Aunque actualmente su cartera de clientes está formada principalmente por particulares y empresas privadas, la cooperativa confía en que la progresiva incorporación de criterios medioambientales en la contratación pública permita extender este tipo de soluciones a más espacios institucionales y urbanos.

Por ahora, compañías privadas y operadores portuarios ya han comenzado a interesarse por estas instalaciones, atraídos tanto por su funcionalidad como por el valor añadido en sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

En Al Rolo Azul mantienen su apuesta por seguir investigando y desarrollando nuevas aplicaciones para materiales sostenibles vinculados al sector marítimo. “No responde a una obligación normativa, sino a una convicción propia”, sostienen desde la firma, convencidos de que la suma de pequeñas iniciativas empresariales puede generar un cambio real en la protección del medio ambiente.

Con esta filosofía, la cooperativa linense se ha consolidado como uno de los ejemplos más singulares de cómo la industria tradicional puede reinventarse desde la innovación, demostrando que el conocimiento técnico del mar también puede servir para transformar las ciudades.

Las graves inundaciones registradas en febrero en la Sierra de Cádiz han vuelto a poner en primer plano una realidad que los municipios de la comarca llevan años denunciando: la fragilidad de sus infraestructuras y una sensación persistente de abandono institucional. Los daños provocados por el tren de borrascas —carreteras cortadas, caminos rurales intransitables y problemas en suministros básicos— no solo han generado una situación de emergencia, sino que han evidenciado carencias estructurales previas.

“Es raro el municipio que no tiene un problema en alguna de sus carreteras comarcales”, advierte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. Su diagnóstico apunta directamente al estado de la red secundaria: “Hay un deterioro permanente por el escaso mantenimiento. Eso significa que las carreteras sufren el doble cuando viene una inclemencia de estas características”. Las consecuencias son inmediatas y tangibles para la población. “Un trayecto que se hace en diez minutos, pues ahora se hace en unos cuarenta o cuarenta y cinco”, explica, en referencia a conexiones habituales que han quedado inutilizadas o gravemente afectadas.

La situación no es puntual ni aislada. La red de carreteras comarcales —competencia en muchos casos de la Diputación, que ha destinado 20 millones en contratos de emergencia para las vías afectadas— constituye la principal vía de conexión entre municipios en la sierra, un territorio donde las distancias, la orografía y la dispersión poblacional hacen que cualquier incidencia tenga un impacto directo en la vida cotidiana. A ello se suma la falta de desarrollo de infraestructuras estratégicas. La Junta ejecuta en la provincia de Cádiz 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, recuerda un proyecto largamente esperado que nunca llegó a materializarse: “Cuando se planteó la autovía Jerez-Antequera se quedó paralizada en Arcos y lo que se ha ido haciendo es parcheo sobre parcheo”. Ese “parcheo”, como lo define, afecta especialmente a la carretera A-384, uno de los ejes fundamentales para la movilidad en la comarca y su conexión con Málaga. “Tiene un tráfico impresionante y cuando lo que se hace es parcheo sobre parcheo, pues pronto se le ven las costuras, sobre todo cuando las circunstancias son tan complicadas como estas últimas”, señala. Las lluvias han agravado una situación ya delicada, provocando cortes totales y desvíos provisionales que generan incertidumbre. “Estamos siempre con las carnes abiertas de que se vuelva a ir el desvío provisional”, añade.

La imagen turística

Las consecuencias trascienden el ámbito de la movilidad y afectan a servicios esenciales. “Nuestro hospital de referencia es el de Ronda y hay pacientes que tienen que ir tres días a la semana a diálisis”, explica Acuña, quien también menciona el impacto en estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente fuera del municipio. En una comarca donde muchos vecinos trabajan en la Costa del Sol, la conectividad no es solo una cuestión de comodidad, sino de acceso al empleo.

A esta situación se suma el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para el sector primario, que sigue siendo el principal sustento económico en buena parte de la sierra. “El que no está cortado le falta un telediario”, resume el alcalde de Algodonales. Los desprendimientos y movimientos de tierra, favorecidos por la naturaleza arcillosa del terreno, han dejado aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, dificultando el acceso a fincas y poniendo en riesgo la actividad diaria de muchos profesionales.

“Esto es una postal, pero no es un decorado”, insiste la alcaldesa de Olvera, en referencia a la imagen turística de la sierra. “Aquí vive gente, que tiene que ir a hospitales, a trabajar, a estudiar”. La reivindicación no es nueva: distintos análisis sobre el medio rural andaluz llevan años señalando déficits en transporte público, infraestructuras viarias y conectividad, factores que contribuyen a la desigualdad territorial y a la pérdida de población.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, sitúa el foco en esa dimensión estructural del problema. “Ha quedado patente la necesidad de un plan de inversiones real, cierto, y acompasado con las necesidades reales que tiene la sierra”, afirma. A su juicio, los daños provocados por el temporal no pueden desvincularse de la falta de mantenimiento e inversión acumulada durante años. “Algunos de estos daños probablemente eran evitables si hubiera habido una mayor intervención presupuestaria en un entorno históricamente abandonado desde el punto de vista de las inversiones”, sostiene.

Aunque reconoce la respuesta de emergencia por parte de las administraciones, García Ramírez insiste en la necesidad de ir más allá: “Entendemos la situación de urgencia, pero también hacen falta compromisos a futuro”. La reclamación, compartida por otros alcaldes de la comarca, apunta a un modelo de financiación que, según denuncian, prioriza los grandes núcleos urbanos frente a los territorios interiores. “Al final estaremos como siempre castigando a esos entornos rurales”, advierte.

Cortes eléctricos “reiterados”

Las carencias no se limitan a las carreteras. Los problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones forman parte también de la realidad cotidiana de la sierra. “La semana pasada tuvimos un corte a las once de la mañana. No es algo puntual, es algo reiterativo”, explica Palma. Incidencias de este tipo afectan directamente a empresas, servicios y vecinos, en una comarca donde la calidad de las infraestructuras básicas sigue siendo una asignatura pendiente.

En Grazalema, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el alcalde reconoce que los problemas persisten en otros municipios de mayor tamaño. “Hay entornos urbanos que no tienen dimensionada la necesidad en comunicaciones y son muy habituales este tipo de situaciones de cortes”, señala García Ramírez, quien resume la percepción generalizada con una frase contundente: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tras el impacto de las inundaciones, las administraciones trabajan en la reparación de daños y en la habilitación de pasos provisionales. Sin embargo, los alcaldes coinciden en que la solución no puede limitarse a la emergencia. “Tenemos que reponer, pero también tiene que haber un plan de mantenimiento permanente”, reclama Palma. En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la resiliencia del territorio dependerá, en gran medida, de que esas reivindicaciones históricas dejen de serlo y se traduzcan en inversiones sostenidas en el tiempo.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

La escalada militar en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán ha vuelto a situar a las bases militares andaluzas de uso conjunto hispano-estadounidense en el centro del debate internacional. Las instalaciones de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) han sido señaladas en distintos análisis estratégicos como posibles puntos de apoyo logístico para la operación militar, una circunstancia que ha provocado tensiones diplomáticas después de que el Gobierno español haya vetado que se utilicen para ese fin, amparándose en el tratado bilateral de defensa con Washington.

La decisión ha abierto un pulso político con la administración de Donald Trump, que ha anunciado posibles represalias contra España aún sin concretar. Sin embargo, a muchos kilómetros de los despachos donde se toman esas decisiones, la vida cotidiana en torno a las bases sigue su curso con relativa normalidad.

En Rota, donde la presencia militar estadounidense forma parte del paisaje desde hace décadas, la sensación predominante entre los trabajadores es de calma vigilante. María José Milán, representante de CCOO en el comité de trabajadores del personal laboral de la base naval, asegura que la actividad diaria no ha cambiado.

“Estamos trabajando con normalidad. Las circunstancias ahora mismo no han cambiado en nada. Seguimos cada uno en nuestro sitio, sin restricciones ni cambios en el trabajo”, explica. Según relata, dentro de las instalaciones no se perciben alteraciones en los turnos ni en la organización habitual.

Acostumbrados a la tensión internacional

La sindicalista reconoce que las noticias sobre el conflicto internacional generan conversaciones y cierta inquietud, pero insiste en que, al menos por ahora, esa preocupación no se ha trasladado al funcionamiento cotidiano de la base. “Lo que comenta la gente es lo que puede pasar, porque cada día salen declaraciones o noticias sobre Trump o sobre la guerra, pero la realidad es que seguimos trabajando con total normalidad”, señala.

La experiencia acumulada por décadas de presencia militar también contribuye a rebajar la sensación de alarma. Milán recuerda que no es la primera vez que la base vive momentos de tensión internacional.

“Llevo treinta años trabajando aquí y estos episodios se repiten cada cierto tiempo”, afirma. A su juicio, lo que sí introduce un elemento nuevo es la figura del actual presidente estadounidense. “La incertidumbre viene más por tener a un presidente tan impulsivo. Eso sí es diferente a lo que recordamos en otras etapas”, comenta.

En Morón de la Frontera, donde se ubica la base aérea que también comparten España y EEUU, el diagnóstico es similar. José Armando Rodríguez Ardila, presidente del comité de empresa de KBR y representante de UGT, explica que el contexto internacional no ha generado, de momento, una preocupación directa en el ámbito laboral.

“No es la primera vez que hay incertidumbre”, apunta. La plantilla, dice, ha atravesado en el pasado otras etapas de dudas relacionadas con la actividad militar o con cuestiones laborales. Desde su punto de vista, la gravedad del escenario internacional no se ha traducido en una alteración de la rutina dentro de las instalaciones. “Si hablamos de actividad laboral, preocupación o inquietud ninguna”, resume.

Una economía ligada a las bases

Mientras tanto, en el municipio gaditano de Rota, la actividad económica ligada a la base tampoco ha sufrido cambios significativos. Comercios, bares y pequeños negocios mantienen el ritmo habitual, aunque algunos comerciantes reconocen que en determinados momentos se producen descensos puntuales de actividad cuando parte del contingente militar abandona temporalmente la zona. Son situaciones que los vecinos consideran habituales en una localidad donde la economía está estrechamente ligada a los movimientos de personal militar.

La propia Milán subraya hasta qué punto la presencia de la base está integrada en la vida económica de la ciudad. “Rota y muchos municipios de alrededor vivimos directa o indirectamente de la base”, explica. Según detalla, no solo los trabajadores del recinto militar dependen de su actividad, sino también empresas auxiliares y grandes compañías industriales vinculadas al mantenimiento de buques o a servicios logísticos.

La sindicalista advierte de que el debate político sobre la presencia militar suele ignorar esa realidad económica. “Es muy fácil decir desde una gran ciudad que se vayan las bases, pero aquí no hay industria y la provincia de Cádiz sigue teniendo una de las tasas de paro más altas”, señala. Para muchas familias, añade, la base representa una garantía de estabilidad laboral difícil de sustituir. “¿Cuál sería el plan B? Porque decir que se vayan está muy bien, pero después hay que explicar de qué vamos a vivir”, plantea.

En Morón, las preocupaciones laborales se orientan en otra dirección. Rodríguez Ardila explica que el comité de empresa lleva años reclamando mejoras en las condiciones de los trabajadores españoles que prestan servicio en la base aérea.

Un tratado que se revisa en mayo

“Desde 2013 hemos presentado diversos informes reclamando la equiparación laboral con la base de Rota”, explica. Según detalla, la petición se ha trasladado a distintos gobiernos sin que hasta ahora haya habido avances significativos.

A su juicio, España debería aprovechar las renovaciones del acuerdo bilateral con EEUU para introducir mejoras laborales para la plantilla. “El Gobierno español, gobierne quien gobierne, debería velar por los intereses de los trabajadores españoles”, sostiene.

El sindicalista considera que la próxima revisión del tratado puede ser una oportunidad para abordar esa cuestión. “Ahora que el tratado bilateral se revisa en mayo, hay tiempo para introducir una enmienda al convenio”, propone.

Rodríguez Ardila critica que las modificaciones realizadas en el acuerdo desde finales de los años ochenta hayan respondido fundamentalmente a las necesidades estratégicas de EEUU. “Las únicas enmiendas que ha habido desde 1988 han sido a propuesta de EEUU y siempre para recoger necesidades de EEUU”, afirma. Incide en que “es el momento de que España recoja a toda la plantilla de ambas bases de manera que estemos equiparados en derechos ya que, actualmente, estamos en un limbo jurídico que nos deja indefensos”.

Tranquilidad y prudencia

Más allá de los trabajadores de las bases, entre los vecinos de Rota se percibe una mezcla de tranquilidad y prudencia. José Antonio Lucero, docente y escritor roteño, explica que en las conversaciones cotidianas del municipio no se detecta una sensación de alarma generalizada.

“En las charlas del parque o al recoger a los niños del colegio se percibe bastante tranquilidad”, comenta. A su juicio, el municipio está acostumbrado a convivir con el foco mediático cada vez que se produce un conflicto internacional en el que interviene EEUU.

Sin embargo, Lucero sí detecta un matiz diferente en esta ocasión. “Quizá lo que genera cierta incertidumbre es la discrepancia política entre el Gobierno español y el estadounidense”, explica. Según apunta, ese choque institucional introduce una variable nueva en un contexto que la población local conoce bien.

También menciona la figura del presidente estadounidense como elemento que alimenta las dudas. “Nunca una situación así había estado en manos de alguien como Donald Trump, que es impredecible”, reflexiona.

Pese a ello, insiste en que la percepción general en la localidad es de estabilidad. “La base se percibe como algo muy consolidado, con inversiones millonarias en marcha, como la ampliación de los muelles”, señala.

Menos actividad en Morón

En Morón, Jacobo Vázquez, vecino del municipio e integrante también del comité de empresa, describe un ambiente igualmente tranquilo en el día a día.

“A nivel de ciudadano de Morón la situación es normal. La base ahora mismo tiene incluso menos actividad que en otras épocas”, afirma. Según explica, no se han detectado movimientos extraordinarios ni incrementos significativos de vuelos militares.

El propio Vázquez señala que algunas alarmas que circulan en redes sociales responden más a confusiones que a hechos reales. “A veces se oye un avión y la gente piensa que es de la base, pero muchas veces son Eurofighters españoles”, aclara.

Donde sí existe preocupación, admite, es en el terreno laboral. “La incertidumbre que tenemos es por los puestos de trabajo”, explica. Según relata, la plantilla española ha ido disminuyendo en los últimos años sin que se haya producido un relevo con nuevas contrataciones.

La situación se agrava, añade, por la falta de tejido industrial en la comarca. “Aquí en la campiña sevillana prácticamente solo tenemos campo: olivo, aceituna… y poco más”, señala. En ese contexto, muchas familias dependen directa o indirectamente de la base.

Familias que comen de la base

“Hay muchas familias que comen de la base y tenemos miedo de que peligran nuestros puestos de trabajo”, explica. Vázquez también critica que las reivindicaciones laborales de la plantilla no hayan sido atendidas por los distintos gobiernos.

“Estamos cediendo terreno para el uso de estas bases y lo mínimo es que se garantice trabajo y condiciones dignas para la gente de aquí”, concluye.

Entre la normalidad cotidiana de sus calles y la incertidumbre que llega desde el tablero geopolítico internacional, Rota y Morón continúan con su ritmo habitual. En ambos municipios, acostumbrados a convivir con las bases desde hace décadas, la sensación dominante es que la vida sigue igual… al menos por ahora.

Adelante Andalucía ha arrancado su precampaña electoral en una bodega del centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) con un acto que quiso alejarse del mitin tradicional y presentarse como un festival político y cultural coincidiendo con el Día de Andalucía.

La formación andalucista apostó por un ambiente festivo, con actuaciones de Albertucho, Carme Xía, Abocajarro, la chirigota Las Matacharis y DJ David Abad, además de exposiciones y stands de una veintena de artistas gráficos, artesanos y diseñadores que, según la organización, representan “lo mejor de la construcción cultural andaluza”. El objetivo era trasladar desde el primer momento la idea de campaña que quieren impulsar: abierta, participativa y vinculada a la cultura popular.

Ante un público diverso, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a las próximas elecciones, defendió el formato escogido como una declaración de identidad política. “En Adelante Andalucía somos esto, somos esto que veis, no engañamos a nadie”, aseguró desde el escenario, subrayando que su organización no es “el partido que más dinero tiene” ni el que dispone de más recursos institucionales, pero sí uno formado por “manos, pies, corazón, cabeza y una gente maravillosa”.

En su intervención agradeció la asistencia de personas que no pertenecen al partido y afirmó que la campaña que comienza ahora será “100% abierta”, insistiendo en que cualquiera puede participar sin necesidad de militar porque, según dijo, “nadie quiere militar en un partido, no pasa nada, se puede echar una mano”.

El candidato explicó que iniciar la campaña en un festival responde a una decisión política consciente y no a un gesto anecdótico. Relató que en el Parlamento le preguntaron por qué no optaban por “un mitin serio, gente de orden, con el ceño fruncido”, y respondió que la razón es sencilla: “La derecha y la extrema derecha nos quieren enfadados, nos quieren aburridos, nos quieren regañando a nuestro pueblo”.

Frente a eso, defendió que su respuesta será la contraria: “Nosotros le vamos a responder como más le fastidia, con alegría”, reivindicando una campaña construida junto a músicos, artesanos y agentes culturales porque, afirmó, “somos la izquierda alegre, la izquierda divertida, la izquierda joven”.

A lo largo de su discurso, García insistió en que la confrontación política no debe limitarse al terreno institucional y sostuvo que “a la derecha y a la extrema derecha se le echa con propuestas y con ideas”, pero también creando comunidad. “Se les combate cantando, bailando, comiendo cosas ricas, construyendo comunidad”, afirmó, defendiendo que la campaña de Adelante Andalucía sale “a combatir el aburrimiento” y a disputar el concepto de libertad a quienes, según dijo, solo quieren a la ciudadanía “trabajando de sol a sol y pagando el alquiler”.

En ese tono, añadió que su formación se reivindica como “el partido de la alegría” y que esa será una de las claves de su estrategia política.

El dirigente andalucista dedicó parte de su intervención a criticar a la extrema derecha, sobre la que afirmó que hay que reírse porque, aunque la considera peligrosa, cree que el humor es una herramienta política eficaz. “No porque no sean peligrosos, son peligrosos, pero la herramienta más eficaz es reírnos de ellos”, dijo, asegurando que cuando los observa en el Parlamento “no dais miedo, dais risa”.

aSegún García, estos partidos buscan dividir a la sociedad enfrentando colectivos para evitar que se hable de problemas estructurales como la sanidad, la educación o la vivienda. “Quieren que hablemos de sus tonterías para que no hablemos de que en Andalucía se han dado 4.700 millones de euros a la sanidad privada”, denunció, acusándolos de representar intereses económicos concretos y de utilizar la confrontación como estrategia política.

Coincidiendo con el 28 de febrero, el candidato vinculó su discurso al significado político del Día de Andalucía, que definió como una jornada de memoria y reivindicación social más allá de los símbolos. “Andalucía no es simplemente el día del mollete con aceite”, afirmó, sino el recuerdo de las luchas de generaciones anteriores para conquistar derechos que hoy, según dijo, deben defenderse y ampliarse.

En ese contexto cargó contra el Gobierno andaluz, al que acusó de practicar un “gobierno del postureo”, criticando cuestiones como la vivienda protegida, el acceso a la formación profesional o la situación de la sanidad pública, y sostuvo que “el pueblo andaluz se merece algo mucho mejor”.

García también quiso marcar distancias con etapas políticas anteriores y defendió que la alternativa no pasa por regresar a gobiernos pasados, sino por construir “una izquierda diferente, una izquierda nueva, joven, valiente, feminista y andalucista”. En la recta final del acto afirmó que su formación no solo compite contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, sino también contra “todo el poder económico y mediático”, asegurando que, aunque otros tengan recursos y altavoces, Adelante Andalucía cuenta con “la gente trabajadora y honesta de Andalucía”.

Cerró su intervención apelando a la movilización colectiva y al optimismo, asegurando que quieren hacer “la campaña más bonita de la historia” y que afrontan el proceso electoral como “David contra Goliat”, convencidos de que sus principales herramientas serán “la valentía y la alegría”.

Entre los asistentes destacó la presencia de Pilar González, histórica dirigente andalucista y ex candidata de Adelante al Congreso por Cádiz, que siguió el acto desde el público y mostró su respaldo al proyecto. González, que forma parte de la dirección del partido, afirmó sentirse “muy contenta porque el andalucismo arraiga con fuerza de nuevo en Andalucía” y aseguró que José Ignacio García es “el mejor portavoz que se puede tener ahora mismo en el Parlamento de Andalucía”, destacando que ha sabido encontrar la manera de confrontar políticamente al presidente de la Junta. 

Según explicó, el andalucismo vive un momento de reagrupación tras años de dispersión y considera que Adelante Andalucía puede convertirse en un espacio común para quienes comparten esa identidad política. Las encuestas, dijo, son “esperanzadoras”, aunque advirtió de que deben tomarse con prudencia porque solo representan “una fotografía de un instante”.

También tomó la palabra Carlos Fernández, portavoz local de Adelante Andalucía en Jerez, quien reivindicó el papel histórico del andalucismo y aseguró que “los andaluces y las andaluzas no podemos seguir siendo el patio trasero de Despeñaperros para abajo”.

Fernández recordó la trayectoria de Pilar González y quiso dedicar un reconocimiento a Teresa Rodríguez, a la que definió como una figura clave para mantener vivo el proyecto andalucista, antes de presentar a José Ignacio García como “el mejor candidato” para la nueva etapa que la formación aspira a abrir.

Catalina apenas puede contener las lágrimas al entrar en su casa. “Yo no me lo termino de creer”, dice. La calle Laguneta del municipio gaditano de Grazalema está como la dejaron hace 11 días, pero el pueblo todavía no ha recobrado la vida. Junto a su marido, Luis, ha estado todo ese tiempo desalojada en Ronda (Málaga), y no se queja de cómo los han tratado, todo lo contrario.

Pero volver a casa era algo muy deseado para ellos y para el resto de los vecinos, que ya este lunes recibieron la luz verde por parte de los técnicos que el pasado 5 de febrero, tras comprobar que la cantidad de agua que dejó la borrasca había penetrado por todos los orificios de la roca kárstica sobre la que se erige Grazalema, ordenaron el desalojo completo del pueblo por riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra.

Los 1.600 vecinos abandonaron, apresurados, sus casas, pensando que el municipio entero podía sucumbir al peso del agua. Que podía desaparecer por completo.

La de este lunes, bajo el sol, ha sido una jornada en la que los grazalemeños han ido volviendo a cuentagotas: unos en coches particulares, otros en taxi y unos cuantos en autobuses. La mayoría ha retornado por la carretera de Gaidovar, ya que el acceso por la A-372 sigue cerrado. A las cuatro de la tarde todavía era una ciudad fantasma. Solo había guardias civiles, policías locales y periodistas. El realojo, tutelado por los agentes, ha empezado poco después de las cuatro de la tarde y ha concluido a las seis.

No se ha producido la marabunta que se podría pensar, a pesar de que más de 1.300 viviendas ya contaban con el visto bueno para ser de nuevo habitadas. “El pueblo huele raro, como a humedad”, decía una vecina que no paraba de saludar caras conocidas en la plaza del Ayuntamiento.

“Por la cabeza nos ha pasado de todo, incluso el apocalipsis. Algunos creían que el pueblo se había hundido y por eso da tanta alegría ver que todo está bien”, comenta Margarita mientras abraza a un familiar al salir del coche.

El regreso ha sido lento. Muchos vecinos no entraban directamente en sus casas, primero se detenían en la puerta, observaban fachadas y ventanas y respiraban antes de girar la llave. Después llegaba el gesto repetido en todo el pueblo: abrir balcones y ventilar once días de silencio, de humedad acumulada y de incertidumbre.

Juan ha pasado este tiempo fuera, en un pequeño piso familiar. “Hemos estado bien dentro de lo que cabe, pero echábamos de menos esto, porque esto es nuestro pueblo”, explica mientras mira su calle como si comprobara que sigue siendo la misma. Durante los días de desalojo la preocupación fue creciendo. “Cuando te dicen que te vayas y pasan once días sin volver, piensas que ha pasado algo raro. Mucha gente imaginó lo peor. Pero ahora lo que ves es alegría. Sonrisas, abrazos… volver a la rutina era lo que queríamos todos”.

La escena se repite en cada esquina. Saludos largos, conversaciones interrumpidas por otro vecino que también quiere preguntar cómo está todo. Nadie habla primero de daños, sino de personas. El alivio precede a cualquier balance.

También regresan los negocios. Francisco sube la persiana del bar El Copeo y la luz entra sobre la barra todavía vacía. “Vuelve el negocio y a ver qué nos encontramos. No sé cuánto hemos perdido en estos días fuera, pero una cantidad alta. Espero que pronto se le quite el miedo a la gente y vuelvan a visitarnos como antes”. Pero incluso este día ya se veían turistas sin el menor atisbo de algo parecido a miedo. Durante los primeros días de la borrasca, con Andalucía en alerta roja, prácticamente todos los accesos por carretera a Grazalema estuvieron cortados.

La memoria del lugar relativiza la sorpresa. Un vecino veterano recuerda historias heredadas: “Ya pasó en el año 63, mi padre lo contaba. Cuando dicen que hay que irse, hay que hacerlo. Vivimos encima de una piedra”. La frase se repite entre los mayores como explicación sencilla de la convivencia con la sierra: el terreno sostiene, pero también obliga a marcharse cuando se satura.

No todos han podido volver. En la calle Corrales Terceros permanecen viviendas precintadas y algunos vecinos solo han regresado para recoger objetos personales. La normalidad, para ellos, tardará más en llegar. En otras casas falta la electricidad durante las primeras horas y técnicos municipales revisan contadores para restablecer el suministro antes de la noche.

Antes del desalojo completo de los vecinos, el agua brotaba masivamente de la tierra -incapaz de absorber tal cantidad- salía de los azulejos del suelo de las casas, manaba de los agujeros de los enchufes, se filtraba por las paredes, y los dueños tenían que agujerear los muros a martillazos para que no se desplomaran del peso...

El propio Ayuntamiento también sufrió daños en su planta baja por las inundaciones y habilitará dependencias alternativas mientras se reparan los espacios afectados. En la fachada cuelgan dos pancartas: “bienvenidos a casa” y “gracias por vuestra ayuda”, un mensaje sencillo que resume once días de acogida fuera del municipio.

Al caer la tarde vuelven los sonidos cotidianos: escobas arrastrando barro seco, puertas que se abren y se cierran, televisores encendiéndose al mismo tiempo. No hay celebración ni euforia, sino algo más contenido. La tranquilidad de comprobar que la vida sigue donde se dejó.

Catalina termina de ordenar el salón y vuelve a mirar su casa. “Está igual”, dice, todavía sorprendida. En Grazalema el acontecimiento extraordinario del día no es la catástrofe ni el regreso, sino recuperar la rutina. Después de once días desalojados, quedarse vuelve a ser lo importante.

La Guardia Civil mantiene un refuerzo de vigilancia en Grazalema tras el regreso de la práctica totalidad de los vecinos a sus domicilios, con un dispositivo especial para la zona en la que no se ha podido realizar la vuelta de los residentes. Este lunes, los agentes acompañaron y atendieron a los vecinos de la localidad. Solo han quedado fuera de Grazalema una docena de familias que por sus circunstancias particulares han decidido permanecer fuera hasta que puedan organizar su traslado.

Al llegar al bar Las Dunas, en los Caños de Meca, se acaban las construcciones y empieza un paraje natural con el icónico Faro de Trafalgar al fondo. Ya no se puede avanzar con el coche porque lo impide una barrera. Se supone que ese será el punto de recogida en coches eléctricos de los clientes del restaurante que está proyectado para construirse en el mismo Faro. Ya se ha producido una movilización para impedirlo y hay casi 9.000 firmas para protegerlo de la explotación privada, pero al visitar in situ la zona, las opiniones de los lugareños son diversas. El cabo de Trafalgar, con su faro, pertenece a la Red Natura 2000 y es además, desde 2001, una Zona Especial de Conservación y un Monumento Natural, ambos reconocidos por la Junta de Andalucía.

Nadie quiere que ese kilómetro mágico que hay hasta llegar al Faro cambie. Una carretera que se cubre de arena por el viento de levante y que se puede transitar andando hasta llegar hasta esa linterna imponente en unos 15 minutos. La playa queda a la izquierda en un paraíso que algunos sienten amenazado por ese proyecto anunciado por la Autoridad Portuaria de Cádiz.

No es el primero de España que puede contar con un uso alternativo. El faro de Formentor, en Baleares, cuenta con un restaurante, o el de Fisterra (Galicia) alberga una sala de exposiciones. En la actualidad, 28 faros de España acogen usos como centros de interpretación, arte y exposiciones; 12 faros son utilizados como centros culturales y de formación; cinco como centros de investigación y laboratorios, y otros siete faros disponen de cafeterías y restaurantes.

No todos gozan en su entorno, eso sí, del elevado grado de protección ambiental que durante décadas ha conseguido preservar al cabo de Trafalgar de la presión turística de otras zonas del litoral de Cádiz.

Según Puertos del Estado, el objetivo es “contribuir a una mayor conservación” del edificio del faro. Un inmueble singular que forma parte del patrimonio histórico, a la par que supone “un elemento de atractivo para la inversión y la consiguiente creación de empleo asociada a su explotación, así como la potenciación de sinergias con otras actividades turísticas ya existentes en la zona o que podrán desarrollarse, como rutas turísticas”.

Estas ideas se ven con mucho escepticismo entre los colectivos que se muestran contrarios al proyecto de montar en Trafalgar un centro de interpretación y un restaurante. “Esto no sólo limitaría el acceso público a este monumento histórico, sino también podría poner en peligro su conservación. El patrimonio histórico debe ser preservado para las generaciones futuras y no explotado por intereses comerciales privados. Por lo tanto, pedimos a las autoridades competentes que intervengan para proteger el Faro de Trafalgar contra cualquier tipo de explotación comercial y garantizar su conservación como patrimonio histórico abierto al público”, dicen en la petición de Change.org que se abrió a primeros de diciembre.

“Le puede venir bien a todo el mundo”

Vecinos y trabajadores de la zona echan de menos algo más de información. Les ha llegado que el proyecto será respetuoso con el medio ambiente y que se crearán algo más de 20 puestos de trabajo, pero no las tienen todas consigo. “Dicen que van a poner un restaurante para un máximo de 50 comensales o algo así y se llevarán a los clientes en carritos como los de los campos de golf porque esto es arena todo. No creo que habiliten una carretera solo para los que vayan a comer allí. No se ha hecho nunca y no se debe hacer porque entonces es cuando se le echaría la gente encima”, dice Manuel, un vecino de la zona. Nada se dice de cómo llegarían al faro los suministros que a diario requiere una instalación así (bebida, alimentos, combustible) y que habitualmente se realiza en furgones y camiones de reparto.

Se palpa entre los visitantes y los propios del lugar que no se termina de ver mal el proyecto, si se cumplen ciertas normas. “Yo veo bien que la gente se manifieste para que esto no pierda su esencia, pero realmente el Faro está muerto y se puede echar a perder. Con lo que quieren hacer, aquella parte se mantendría mejor. Siempre que no abusen y no hagan cosas raras, yo creo que le puede venir bien a todo el mundo”, comenta una trabajadora de un bar cercano.

La sensación que dan las instalaciones del Faro cuando se llega es de cierto abandono. Un cartel recuerda que está prohibido el paso y los turistas disfrutan rodeándolo con un camino habilitado que muestra la belleza del entorno. Hay un farero que pasa por todos los faros de la zona y que visita el de Trafalgar semanalmente, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Ya no hay uno viviendo específicamente ahí porque ya está todo informatizado. “Yo he tenido la suerte de poder entrar y tiene casi dos metros de altura de azulejos sevillanos. Eso no tiene precio y está desaprovechado”, lamenta un barbateño que pasea junto a su perro.

La posición del alcalde de Barbate

Más dudas tiene Marta, una activista que estuvo presente en la concentración realizada para protestar contra el proyecto. “No me creo que vayan a dar trabajo a gente de aquí. Dicen muchas cosas y vete a saber lo que van a hacer de verdad. Se supone que esto está protegido al ser un tómbolo. Yo estaba en la manifestación y no sabíamos muy bien ni qué estábamos reclamando. Estamos desinformados”.

Hasta ahora, la gente que llegaba hasta el Faro era por darse el paseo y ver el atardecer. La zona pertenece al Ayuntamiento de Barbate y el alcalde se muestra partidario de que vaya adelante el proyecto. “No vamos a poner ningún tipo de problema a desarrollar un faro que debería estar como valor turístico predominante, con un centro de interpretación que rememore la Batalla de Trafalgar, y realce la historia, la cultura y todos los elementos que tenemos alrededor, como las ruinas romanas y todo lo que se ha ido encontrando en estos tiempos y que sabemos que están ahí. La mayoría de la gente que se queja no es ni de la zona”, afirma Miguel Molina (AxSí).

Restricciones a vehículos y mejoras en la torre

En el proyecto de la Autoridad Portuaria se especifica que la zona de aparcamiento es exterior a la concesión, por lo que se restringe el acceso de vehículos, a excepción del servicio de traslado en determinadas temporadas que ofrecerá la propia empresa con vehículos en su mayoría eléctricos.

El proyecto, con una inversión total de 838.850 euros, plantea la contratación de 22 personas residentes en el ámbito de influencia del faro para la temporada baja, una cifra que puede llegar a 41 en temporada alta, y la posibilidad de contratación de personas mayores de 50 años, en situación de riesgo de exclusión social y paridad en la plantilla.

Además, según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, entre las mejoras ofrecidas por el concesionario destaca un plan específico de limpieza de arenas en la carretera del faro y mejoras en la torre. La concesión se otorga por un plazo de 15 años con posibilidad de prorrogarlo por cinco más.

El Vaticano ha dado a conocer una decisión que se ha considerado histórico en el entorno de la Iglesia. Ha anunciado que permitirá a los sacerdotes bendecir parejas homosexuales o divorciados vueltos a casar, aunque la declaración, sancionada este lunes por el papa Francisco, no equipara estas uniones con el matrimonio y tampoco prevé un ritual específico.

Es un avance significativo que ha encontrado una respuesta en la figura de Antonio Diufaín, que durante ocho años fue la mano derecha del polémico Obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. En ese tiempo fue ecónomo diocesano y ahora es el párroco de San Severiano, en la capital gaditana.

Diufaín ha querido dejar claro que está en contra de la decisión del Santo Padre y lo ha hecho a través de su blog personal y también de las redes sociales de su parroquia. Ha usado textos del Antiguo y Nuevo Testamento, así como del Catecismo de la Iglesia Católica para mostrar su disconformidad con la decisión anunciada desde el Vaticano.

“Son pecados graves las uniones y prácticas homosexuales y otras fuera del matrimonio. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio; fuera de éste constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental”, señala. Y va intercalando fragmentos de las sagradas escrituras como “si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación: morirán sin remedio; su sangre caerá sobre ellos” o “ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados (malakoí), ni los homosexuales (arsenokoítai)… heredarán el Reino de Dios”.

“Los actos homosexuales son desordenados”

“La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, muestra también en su blog en una publicación aparecida después del anuncio lanzado desde el Vaticano.

Nada que ver el posicionamiento de Diufaín con la postura de la Santa Sede , que abre una puerta hasta ahora cerrada. “No se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición”.

Hombre fuerte de Zornoza

Diufaín es actualmente párroco de San Severiano y es el que coordina Santa Marta Servicios de Administración SL, la empresa que gestiona los cementerios parroquiales de Cádiz. En 2020 se produjo un relevo en la cúpula del Obispado de Cádiz y fue destituido como ecónomo diocesano, pero sigue teniendo una estrecha relación.

En el círculo cristiano contrario a la gestión del Obispado no se ha entendido en los últimos años la política seguida con las parroquias en el control económico de las mismas. Y también por cambiar la titularidad de inmuebles que habían sido donados en su momento con fines benéficos y que ahora pertenecen al Obispado de Cádiz.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz es noticia por la denuncia que ha realizado UGT sobre la suspensión de autopsias por falta de auxiliares. Según el sindicato, de los 30 cadáveres que cuenta en sus instalaciones 16 de ellos no han sido identificados ni reclamados y algunos se encuentran en pésimo estado de conservación. Cadáveres pudriéndose e infecciones de gusanos conforman la imagen dantesca que se denuncia por parte de UGT.

“El servicio de patología forense debería contar con cuatro auxiliares, pero uno se ha jubilado, otra plaza está vacante y no se cubre desde hace años, había una persona de baja por estrés y el único que quedaba tenía que hacer frente a todos los turnos, hasta el punto que ha llegado a su límite y también ha enfermado. Así las cosas, los forenses no pueden realizar su labor y las autopsias en Cádiz se suspenden hasta nuevo aviso”, aseguran desde UGT en una publicación de Diario de Cádiz.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de Cádiz, que niega la versión del sindicato: “No es cierto que se hayan dejado de hacer autopsias. No había cadáveres para practicar autopsia, puesto que el domingo no se produjo ningún levantamiento. Este martes sí se habían recibido cuerpos de los levantamientos realizados ayer [martes] y se han practicado las autopsias”.

Desde la Junta de Andalucía se puntualiza que el IML de Cádiz tiene tres auxiliares de autopsias, que uno de ellos se ha jubilado y dos están de baja. “La última se produjo este mismo lunes y la Consejería ha intentado cubrir estas bajas, pero nos hemos encontrado que en varios casos han renunciado al puesto antes o tras la incorporación. Mañana mismo [miércoles] está prevista la incorporación de un interino para cubrir una de las bajas y se continúan con las gestiones para cubrir las bajas tras las renuncias que hemos tenido”.

UGT señala que algunos candidatos renunciaban al puesto por lo que se encontraban: “Algunos candidatos llegan sin saber si quiera a lo que se enfrentan. Cuando ven el cadáver, cuando se les dice lo que tienen que hacer, los hay que renuncian directamente. Otros necesitan el empleo y lo intentan, pero carecen de formación y los forenses no tienen tiempo de formar a nadie. Ese, además, no es su cometido. Los forenses tienen una labor fundamental en el sistema judicial y los auxiliares son sus manos, así que sin ellos no queda más remedio que suspender las autopsias de momento. Es muy triste que un servicio que funcionaba a la perfección, que debía tener cuatro auxiliares, se quede con ninguno”.

Titulación de graduado escolar

El sindicato ha llegado a mandar un escrito para que se haga la cobertura con función pública, porque hasta el momento cualquiera que tenga simplemente la titulación de graduado escolar puede acceder a ese puesto de auxiliar de autopsias. “Para este puesto no está capacitado todo el mundo”, señala el sindicato.

La Junta responde sobre la elevación de categoría del personal de autopsias y la exigencia de una formación específica que “es un problema que viene arrastrándose durante años y que este Gobierno ha solucionado”. Afirman desde la Consejería que en los últimos meses se ha mantenido una negociación con los sindicatos que ha permitido la modificación del VI Convenio del personal laboral de la Junta.y que ahí se ha elevado la categoría profesional, lo que implica la exigencia de titulación específica para dicho puesto. “Sólo resta la inscripción y registro del VI Convenio para que se puedan aplicar estas modificaciones. Incluso en los presupuestos de 2024 contemplarán el incremento salarial que supone este incremento de categoría”, añaden.

No niegan desde la Junta de Andalucía que haya una acumulación de cadáveres en el tanatorio de Servisa de Cádiz. “Es una situación que llevamos denunciando desde hace meses y que incluso nos ha obligado a ampliar el número de plazas para cadáveres con la funeraria con la que tenemos contrato”.

La Consejería de Justicia señala que el IML tiene la obligación de custodiar los cadáveres hasta que el juzgado que corresponda dé la orden de que puede ser enterrado o incinerado. Por ello, la Delegación Territorial solicitó al TSJA que instara a los jueces de Cádiz a revisar y a emitir dichas resoluciones. Pone como ejemplo que este martes han recibido una certificación de la Sala de Gobierno del TSJA en la que se acuerda instar a los magistrados de Cádiz a revisar estos casos para que en aquellos que sea posible se acuerde la salida del cadáver de las instalaciones del IML para su entierro o incineración.

El Faro de Trafalgar (Barbate) albergará un restaurante y un centro de interpretación en la edificación. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha otorgado una concesión administrativa a la empresa Pentágono Colón, S.L, aunque por el momento únicamente se trata del inicio de la tramitación de la concesión, que puede llevar bastante tiempo.

Sin embargo, desde que ha trascendido la noticia se han producido movimientos de varios colectivos para frenar esta iniciativa. Ecologistas en Acción y Podemos han realizado una manifestación para mostrar su desacuerdo con el proyecto. El colectivo ecologista asegura que la concesión pretende ser por 15 años y que se lleva a cabo basándose en al Art. 72 de la Ley de Puertos y la marina mercante, que indica que “se podrán utilizar los faros con usos y actividades distintas de la señalización marítima”.

“Aunque la concesión no es contraria a esta ley, los ciudadanos de la zona quieren que el Faro se mantenga como está hoy, con su sistema dunar limitante bien conservado y con vegetación característica, insertado en el Tómbolo de Trafalgar con sus lagunas temporales y su avifauna y con acceso no motorizado”, explica Ecologistas en Acción.

Este colectivo recuerda que el Tómbolo de Trafalgar es Monumento Natural (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía), es Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 europea, con su propio Plan de Gestión, y es parte del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate según ha aprobado hace más de un año su Junta Rectora.

Podemos Conil, por su parte, se opone a la concesión al considerar esta zona como un monumento natural y de especial protección en la Red Natura 2000 Europea, además de estar inmersa en unos estudios arqueológicos por la Universidad de Cádiz (UCA). Aseguran que los que conocen la zona aprecian “el gran valor paisajístico y natural del Tómbolo de Trafalgar, aparte del valor simbólico, rodeado de un sistema dunar y lagunas temporales con su avifauna característica”, por lo que creen que se debe proteger el entorno y su belleza.

Tanto la asociación ecologistas como el partido local van a estar fiscalizando que la empresa que ha sido elegida reciba la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Barbate, que cuente con el informe positivo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que habrá de considerar los yacimientos romanos y nuevos descubrimientos arqueológicos que realiza la Universidad de Cádiz, que reciba la aprobación de la Demarcación de Costas de Cádiz, ya que la zona se encuentra en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y el informe positivo de la Consejería de Medio Ambiente al Estudio de Impacto Ambiental.

“No queremos que el Faro se privatice. Queremos que siga siendo lo que es, un sitio no solo precioso y simbólico. Ya está bien de comercializarlo todo, de privatizar todo lo que es público. No queremos que vaya en beneficio de unos pocos o de una empresa en concreto”, explica a este periódico Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción.

Las claves del proyecto

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha publicado que el proyecto contará con una inversión total de 838.850 euros y que plantea la contratación de 22 personas residentes en el ámbito de influencia del faro para la temporada baja, que en temporada alta puede llegar a 41, así como la posibilidad de contratación de personas mayores de 50 años en situación de riesgo de exclusión social y paridad en la plantilla. Además, entre las mejoras ofrecidas por el concesionario destaca un plan específico de limpieza de arenas en la carretera del faro y mejoras en la torre.

El centro de interpretación se divide en dos espacios: uno interior con una superficie de 10 m², donde se distribuirán varias salas expositivas relativas al propio faro y a la histórica batalla de Trafalgar; y otro exterior complementario, donde también se analizarán la flora y fauna autóctonas, entre otros conceptos.

El proyecto de restauración, por su parte, tiene al frente al chef Germán Franco, fundador de varios restaurantes en Sevilla. Plantea una carta con productos propios de la zona y de Andalucía, con especialidad en arroces y variedad de carnes y pescados. El restaurante dispondrá de terraza exterior, comedor interior y barra para aperitivo. La zona de aparcamiento es exterior a la concesión, por lo que se restringe el acceso de vehículos, a excepción del servicio de traslado en determinadas temporadas que ofrecerá la propia empresa con vehículos en su mayoría eléctricos.

“No se privatiza, se explota”

El inicio de la tramitación de la concesión responde al plan de Puertos del Estado con el Ministerio de Fomento, que en 2015 puso en marcha al proyecto que era Faros de España, donde se instaba a los propietarios, que son las autoridades portuarias a poner en valor y uso estos faros que suelen estar situados en puntos muy emblemáticos.

En la web Puerto del Estado se afirma al respecto que el proyecto Faros de España ya está contribuyendo a “una mayor conservación de estas tradicionales ayudas a la navegación, muchos de ellos auténticos inmuebles históricos, a la par que supone un elemento de atractivo para la inversión y la consiguiente creación de empleo asociada a su explotación, así como la potenciación de sinergias con otras actividades turísticas ya existentes en la zona o que podrán desarrollarse, como rutas turísticas, entre otras alternativas”. Puertos del Estado remarca que no se privatiza nada, que se explota, pero no se vende y sigue siendo público.

El Faro de Trafalgar ya fue objeto de licitación para una concesión administrativa como centro de interpretación, hostería y hostelería acogiéndose al programa del Ministerio de Fomento “Faros de España” en el año 2015, pero por problemas burocráticos con la línea de deslinde marítimo terrestre, la concesión no prosperó y hubo que desestimarla en 2018. En 2019, la Autoridad Portuaria volvió a licitar un concurso de concesión, pero como centro de interpretación y uso hostelero exclusivamente, cuya resolución se ha visto demorada debido al contencioso iniciado por la empresa adjudicataria del primer concurso.

El 28 de septiembre se produjo la agresión de un alumno a compañeros y profesores del IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera. El presunto agresor es menor y lleva desde finales de septiembre internado después de que la Fiscalía de Menores adoptara medidas cautelares de internamiento en un centro cerrado, previo acuerdo del juez que instruye el caso.

Había sido detenido el mismo día de los hechos y comenzaba la investigación de lo sucedido. De una posible tragedia se pasó a un susto porque los heridos se recuperaron de las heridas, pero se abrió una investigación porque había un rumor constante entre los padres y madres sobre el acoso que había sufrido el presunto agresor.

A primeros de octubre, tras una reunión mantenida por toda la comunidad educativa, se activó el protocolo de oficio. Normalmente, es un proceso que se inicia después de que se reciba en el centro alguna denuncia por acoso, algo que no había sucedido todavía en el colegio jerezano. Se activó debido a la gravedad de los hechos.

“A día de hoy no ha llegado ninguna denuncia formalmente. Hay declaraciones de personas que dicen que el presunto agresor ha estado sufriendo acoso durante dos años. Si eso es así y se ha vivido de manera impasible, no sé a qué hijos estamos criando”, se planteaba en aquel momento el presidente del AMPA del centro, Alejandro Castilla.

Han pasado las semanas y al inicio de esta última publicaba la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger una novedad. “Hoy se ha cerrado el protocolo de acoso escolar (abierto tras los hechos) concluyendo que no ha existido tal cosa. Se ríen en nuestra cara. El centro es juez y parte. El chico en centro penitenciario y todos tan tranquilos”.

El desmentido de la Junta

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha salido al paso de esta publicación asegurando que el protocolo sigue abierto y que no se ha tomado ninguna decisión por el momento. “La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz quiere informar de que el protocolo de actuación abierto por un supuesto caso de acoso escolar en el IES García Armada de Jerez, en relación con la agresión por parte de un menor a tres docentes y un alumno del centro sigue abierto y continúa su curso, mientras se instruye el caso en la vía judicial”.

La Delegación ha hecho hincapié en que la actuación desarrollada en el centro a través de este protocolo ha ido de forma paralela a las investigaciones que la propia Fiscalía realiza en el centro, dentro del proceso judicial que se abrió desde el primer momento que se produjeron los hechos.

El objetivo de la investigación es el de “restablecer la normalidad de los centros, para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo y detectando medidas educativas y de concienciación, que incidan en el bienestar emocional del alumnado”, según la Delegación. Y la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, ruega “no entorpecer el proceso garantista que supone la aplicación de todas y cada una de las fases del protocolo con el objetivo de asegurar que se adecúa a la intervención que la administración educativa realiza en los centros cuando activa un procedimiento de estas características”.

Las dudas que despierta el protocolo

Pero detrás del anuncio de la Federación de Asperger se esconde la información que circula en el centro educativo de Jerez. Entre muchos padres y madres del centro hay muchas dudas de que el protocolo llevado a cabo haya sido el adecuado para que la situación del menor fuera considerado acoso y no un simple problema de convivencia.

Este periódico ha intentado hablar con la directora del IES Elena García Armada, Rosa Coca, pero ha declinado esta posibilidad remitiendo a la Delegación Territorial. La figura de la directora es discutida entre algunos padres, que consideran que el centro no ha tomado las medidas necesarias en éste y en otros casos de posible acoso escolar.

Aunque desde la Junta de Andalucía se diga que el protocolo sigue abierto, en la última Comisión de Convivencia llevada a cabo en el instituto se dijo que ya se había cerrado sin que se encontraran pruebas para determinar que el presunto agresor había sido víctima de acoso. Ahora queda el trabajo de la Fiscalía dentro de un proceso judicial que permanece abierto.

La última actualización de los tiempos de espera publicada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que corresponden a junio de 2023 reflejan un colapso importante en la sanidad pública gaditana. Algunos datos: la lista de espera para intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz se ha incrementado un 65,07% en el último año.

En el Hospital de Jerez llevan esperando más de un año una intervención quirúrgica 2.717 personas frente a las 145 de hace un año, casi 2.500 más. El Punta Europa de Algeciras pasa de 1.845 personas esperando la intervención a 4.115 inscritos en esas listas. Si el año pasado había 258 personas fuera de plazo, que son los llevan más de un año esperando, en Algeciras hay ahora 1.719 pacientes, y la media de espera ha pasado de 130 días a 168.

En el Puerta del Mar llevan esperando más de un año una intervención quirúrgica 2.097 personas frente a las 865 de hace un año. Desde junio de 2022 al mismo mes de 2023, se ha pasado de 5.886 a 9.716 pacientes esperando una intervención, con una espera de media de 165 días y algún pico por encima de 400 días en procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama.

En este mismo hospital casi 1.800 personas están a la espera de una intervención relacionada con la salud dental y unas 800 en procedimientos sobre cataratas. En las consultas externas del Puerta del Mar de Cádiz hay 18.402 pacientes que esperan una primera cita, con una demora media de 111 días.

El caso de Jerez

A poco más de 30 kilómetros, en Jerez, en doce meses se ha pasado de 5.109 a 8.385 personas las que están en una lista de espera para ser operadas, con una demora media de 138 días, casi el doble que el año anterior, cuando había una espera media de 75 días. Casi 2.000 personas están esperando en Jerez una intervención de cataratas y 900 de estos pacientes llevan más de un año en la lista. Casi 500 pacientes están esperando una artroplastia de rodilla, y la mitad de personas lleva más de un año en esta lista de espera.

En el caso de las consultas externas del Hospital de Jerez, hay 31.465 personas que están pendientes de una primera consulta. Casi 5.000 personas llevan más de un mes esperando una cita con oftalmología, y más de 2.000 pacientes llevan ese tiempo esperando una cita con alergología.

Más espera quirúrgica, menos en consultas externas

Otro de los hospitales más saturados de la provincia de Cádiz es el de Puerto Real. Allí llevan esperando más de un año una intervención quirúrgica 294 personas por las 20 de hace un año. En la lista de espera para ser operado se ha pasado de los 3.200 de 2022 a los casi 4.500 de junio de 2023, con una demora media de 98 días, mientras que el año anterior era de 70 días.

En el centro hospitalario puertorrealeño, 17.580 pacientes esperan una primera cita en las consultas externas, una cifra inferior a los 20.300 de 2022. 5.110 personas esperan para ser atendidos en las especialidades de medicina física y rehabilitación y 1.730 en dermatología y venereología.

Algo más de 1.000 personas están esperando en el Punta Europa de Algeciras para ser intervenidos de cataratas de los que 600 llevan más de un año esperando. Esperan una primera consulta casi 21.000 personas con una demora de 113 días, mientras que hace un año fueron casi 25.000. Unos 1.400 pacientes llevan más de 60 días esperando para cirugía ortopédica y traumatología.

En el vecino hospital de La Línea llevan esperando más de un año para ser intervenidas 380 personas, mientras que en 2022 solo eran dos personas. De 1.321 pacientes con una demora de 57 días se ha pasado a 1.753 con demora de 131 días. En las consultas externas del hospital linense esperan una primera cita unas 19.000 personas con una demora de días de 132, cuando el año pasado eran 20.500, con demora de 229.

En Cádiz capital también está el hospital concertado San Rafael, donde no hay tanta aglomeración como en el Puerta del Mar. La lista de espera para operaciones es baja, según los datos del SAS, algo similar a lo que sucede en el hospital Virgen de las Montañas de Villamartín.

El Ayuntamiento de Chipiona ha dado a conocer los nombres de las personas que representarán a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente estas próximas navidades en la localidad y son nombres de mujer. Por primera vez las personas elegidas son mujeres y ningún hombre llevará esa preciada corona en unas fechas tan señaladas.

Mercedes Rodríguez Mendoza encarnará a Melchor, Tere Benítez Franco a Gaspar y Mercedes Camacho Torreño a Baltasar. Tres mujeres ilusionadas que han hecho historia sin pretenderlo. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, del partido Unidos por Chipiona (UxCH), explica a este periódico que no hay que buscar un elemento feminista en la decisión, sino únicamente “dentro de la igualdad, ya que muchas veces han sido tres los hombres elegidos para esta función”.

“En Chipiona (19.000 habitantes) es la primera vez que son tres las mujeres. En muchas ocasiones ha habido una mujer y este año se ha dado esa coincidencia sin ningún motivo en especial. Dos Reyes los elige el Ayuntamiento y el otro lo propone la Asociación de Belenistas porque trabaja mucho por la Navidad. Las otras dos personas han solicitado a nivel individual ser Rey Mago y las hemos aprobado. No hay más”, explica el alcalde.

“Uno de mis sueños ya se ha hecho realidad”

Las tres elegidas se lo toman con total naturalidad. Se sienten privilegiadas por cumplir un sueño personal y por regalar ilusión a muchos niños, pero lo ven igual de normal que cuando son tres hombres los que se suben a las carrozas el día 5 de enero. Mercedes Rodríguez dice que “por suerte las cosas van cambiando. Antes decían que las mujeres no podían ser costaleras, por ejemplo, y ahora ya no es así. Yo, con 62 años, sigo teniendo mucha ilusión por los Reyes Magos y estoy muy feliz por haber sido elegida”.

Mercedes no se presentó como candidata. Fueron sus hijos los que lo hicieron y se ha llevado una gran sorpresa: “En mi caso siempre he tenido la ilusión de representar un Rey Mago y mis hijos me inscribieron en el mes de febrero porque yo siempre les he dicho que me habría encantado estar ahí lanzando caramelos. Un día mis hijos me dijeron que tenían una sorpresa y yo pensé que iba a ser abuela de nuevo. Me dijeron que había sido elegida y qué lote de llorar me pegué”.

“Es muy bonito alcanzar un sueño. Uno de mis sueños ya se ha hecho realidad y si llega a ser por mí, no me habría salido nunca. Toda la familia está implicada con todo el trabajo que supone esto y los niños ya saben que yo voy a representar a sus majestades”, explica Mercedes, una persona muy conocida en la ciudad por tener una frutería en el mercado de abastos de Chipiona.

“Lo importante es tener ilusión, seas hombre o mujer”

Otra empresaria chipionera es Mercedes Camacho, que se dedica al mundo de la flor cortada. Dará vida a Baltasar y también agradece la confianza para asumir esa responsabilidad. “Me llamó el concejal para preguntarme si quería ser elegida y estoy muy contenta porque llevaba mucho tiempo ilusionada. Aquí un año hubo dos mujeres, pero tres, nunca. Ha dado la casualidad, pero no tiene más importancia. Hay muy buenas profesionales del maquillaje y del vestuario en Chipiona y seguro que harán muy bien su trabajo en la cabalgata”.

Tere es una persona muy comprometida con cuestiones solidarias. Pertenece a la Asociación de enfermos de Fibromialgia (Asefichi), entre otras, y ha sido elegida como representante de los belenistas chipioneros, aunque paralelamente ya está ensayando para salir en una chirigota en el próximo Carnaval. Como sus compañeras, comenta que “no es una decisión basada en el feminismo. Aquí lo importante es tener ilusión por hacer esto lo mejor posible, seas mujer o seas hombre. Las tres estamos muy contentas con esta decisión”.

La Fundación Franz Weber ha denunciado la participación de niños de muy corta edad en un tentadero taurino, una actividad que se anunciaba con “paella gratis” en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. Los naturalistas han obtenido las imágenes a través de una conocida red social, donde se difundió la participación de varios menores, advirtiendo que además se refuerza el ejercicio y exposición a la violencia a los niños.

La Escuela de Tauromaquia El Volapié, de Sanlúcar, anunciaba con un cartel un “tentadero en clase práctica” a finales del mes de octubre, donde se tentaban cuatro vacas y pregonaban la “actuación” de los alumnos de las escuelas de Sanlúcar y de Chiclana.

El colectivo animalista asegura que, al revés que en las “clases prácticas” organizadas por instituciones públicas y escuelas taurinas y donde la participación mínima se establece en los 14 años, en el caso de los tentaderos, el control de la implicación de personas menores de edad “brilla por su ausencia” y supone una “grave vulneración” de las objeciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al respecto de la tauromaquia.  

Rubén Pérez, portavoz de la Fundación, explica a este periódico que “hay un reglamento en Andalucía desde 2022 que dice que en los tentaderos públicos y en las clases prácticas pueden participar niños a partir de los 14 años. Luego entramos en la nebulosa de los eventos a puerta cerrada, que pueden ser tentaderos o cualquier otra actividad que ellos consideren formativa dentro de la actividad regular de la escuela taurina. Ahí es donde nosotros constatamos que no hay un control real de la edad. Hay casos en los que ponen al hijo del dueño de la finca con cuatro años a dar capotazos con el riesgo que eso puede tener y sin ninguna medida de control sobre ello”.

Reglamentos “a medida” de los empresarios o las escuelas

“Muchas veces los reglamentos están hechos a medida de lo que piden los empresarios o las escuelas taurinas, que reciben subvenciones importantes. Muy pocas escuelas en Andalucía o en el resto de España no tienen algún tipo de subsidio público. Salvo alguna excepción, están cumpliendo la ley. El problema es que las administraciones públicas, teniendo competencia en materia de protección de la infancia y de la adolescencia, no toman medidas más allá de lo que siempre se ha hecho. Lo ven como una actividad cultural e incluso formativa y no hay una medida adicional, que sería prohibir la presencia y la participación de menores de edad”, añade Rubén Pérez.

Los responsables de la escuela taurina de Sanlúcar se han mostrado remisos a hablar sobre lo acontecido en este tentadero y sobre la actividad con niños en general. Manuel Soto, que ha sido profesor durante cinco años en la escuela, sí ha hablado con transparencia. “Esto es una historia de política porque los alumnos tienen un seguro y actúan con el profesor. Es verdad que había niños menores de 14 años en ese tentadero, pero siempre con un profesor por delante y lo que hay enfrente es una becerrita que es una añoja, con menos de un año, y que tiene más orejas que pitones. En el toreo siempre hay un riesgo, pero se hace con animales acordes a la edad del niño y con profesores que están al lado. Yo cogía a los niños en brazos y si la becerrita le daba a alguien era a mí, porque me ponía delante”, explica.

“Para ser profesor me han pedido ir a la policía para ver si estaba fichado”

Sobre los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, Soto desea aclarar que “en la escuela ni se pica, no se pincha, no hay sangre por ningún lado. Las escuelas tienen unos seguros para que los niños estén atendidos. Para montar una escuela, la Junta de Andalucía pide muchísimos papeles. A mí para ser profesor me han pedido ir a la policía para ver si estaba fichado o si era pederasta”.

Rubén Pérez dice sobre el tamaño de las vaquillas que “ellos siempre usan la excusa de que tienen que ser animales de hasta determinada edad, como fija el reglamento de festejos y que no hay riesgo. Pero no se puede saber si hay riesgo o no porque no puedes prever la reacción que puede tener un animal. Es una vía de acceso muy temprana a un contexto de violencia sobre los animales con comentarios positivos y los chavales consideran que eso es lo correcto porque es lo que les dicen los padres o los profesores”.

José Antonio Sumariva es el padre de un niño que ha estado en la escuela sanluqueña hasta hace poco tiempo y ha intervenido en eventos como el que ha denunciado la Fundación Franz Weber. “Los niños están sobradamente preparados para saber desenvolverse delante de ese tipo de animales. Además, tienen a los profesores todo el tiempo pendientes de los chicos. Me parecen más peligrosos los videojuegos de armas, el internet y sus derivados y los propios telediarios”, señala.

“Ellos no ejercen ninguna violencia”

Sumariva cree que “no se puede jugar con la ilusión de unos niños que tienen los mismos derechos que cualquier otro a desarrollar sus inquietudes y aficiones. Ellos no molestan a nadie, ellos no ejercen violencia ninguna. No ponen banderillas, no se le hace la suerte de varas, no se le da muerte al animal, solo se utiliza el capote y la muleta”. Y sobre las ayudas públicas replica diciendo “¿acaso no se subvenciona el fútbol de base por los ayuntamientos y las instituciones? Pues también tenemos el mismo derecho a recibir alguna ayuda, aunque tengo que matizar que en esa escuela todo funciona con la ayuda de los padres”.

La Junta, en contra de los “ataques políticos” al toreo

La Junta de Andalucía impulsa su apoyo a la tauromaquia a través del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA). El Gobierno andaluz ha impulsado un reglamento taurino común para todas las provincias y ha creado la Red de Municipios Taurinos con el objetivo de blindar y proteger a la fiesta de “los ataques políticos e institucionales que sufre”, según señala en su web oficial.

En 2022, aprobó la Junta de Andalucía un nuevo reglamento para escuelas taurinas en el que hacía hincapié para que se incidiera sobre los aprendices en el conocimiento sobre la historia de la tauromaquia, la legislación taurina, la morfología y los diferentes encastes del toro de lidia.

Desde la Fundación Franz Weber se busca abrir el debate sobre diferentes escuelas taurinas y sobre estos tentaderos. “Aunque sean privados, muchos los difunden en redes sociales y pierden también ese carácter familiar.”

La deuda del Ayuntamiento de Jerez es de 1.126 millones de euros una vez cerrado el ejercicio 2022. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda un año antes, el Consistorio jerezano (PP) cerró 2021 con una deuda financiera de 918.418.503 euros, un importe al que solo le superaba Madrid, con un pasivo de más de 1.600 millones de euros.  

La cantidad ha ido subiendo y es una de las grandes preocupaciones de la alcaldesa, María José García-Pelayo (Partido Popular), que ha denunciado que en los ocho años en los que ha gobernado el PSOE en la ciudad hasta las últimas elecciones, la deuda aumentó en 128 millones.

Antes de llegar a final de año, se ha cerrado un acuerdo entre Consistorio y Ministerio de Hacienda: medidas aprobadas por el Ministerio que contemplan la eliminación de la bonificación del IVTM a los vehículos históricos, que supone un ingreso adicional de 823.000 euros; otra de las medidas viene obligada por una sentencia del TSJA en la que se exige al Ayuntamiento a revisar el callejero fiscal de la ciudad lo que va a permitir hacer variaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, IAE; la tercera medida afecta al Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, ICIO, que se tratará con el sector. Esta actualización será puntual, del 0.3%, por debajo del IPC y supondrá unos ingresos al Ayuntamiento de 786.000 euros.

Semanas de enfrentamiento

Sin embargo, este acuerdo llega después de semanas de desencuentros entre ambas administraciones públicas. La situación económica del Ayuntamiento jerezano ha sido noticia porque desde el Consistorio se acusó al Gobierno de España de instarle a subir los impuestos para poder acordar el Plan de Sostenibilidad, a lo que el gobierno municipal se negó, dice, porque considera que hay otras vías para cumplir con la previsión de ingresos para refinanciar la deuda.

En una comunicación de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial del Ministerio de Hacienda se instaba al Ayuntamiento a “explorar el recorrido fiscal existente como, por ejemplo, en el IBI de Urbana, así como el que podría derivar del ajuste de las tasas y precios públicos al coste de los servicios municipales prestados”, según ha mostrado el gobierno jerezano en sus redes sociales.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz salió al paso de esa publicación y negó la mayor. “El Gobierno de España niega que haya instado al Ayuntamiento de Jerez a subir impuestos”, fue el titular de la nota de prensa institucional. “El Ayuntamiento de Jerez tiene que presentar el plan de ajuste tal y como establece la ley y ejerciendo su autonomía local. Corresponde al Ayuntamiento de Jerez definir los elementos del plan, y fijar el necesario equilibrio entre ingresos y gastos. Por tanto, se trata de una decisión que compete exclusivamente al Ayuntamiento”, añade.

“Resulta paradójico que García-Pelayo, que debe conocer bien las cuentas municipales de su anterior etapa, se escude en buscar culpables en otras administraciones para evadir su responsabilidad respecto a las cuentas municipales”, finalizaba el escrito del Gobierno nacional.

A raíz del comunicado de la Subdelegación del Gobierno en el que aseguraba que el Ministerio de Hacienda no había instado al Ayuntamiento de Jerez a subir impuestos, la diputada socialista y exalcaldesa, Mamen Sánchez, declaró que “es muy grave que la señora Pelayo, también como Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mintiese sobre una negociación con Hacienda”, por lo que aseguraba que debía aclarar lo sucedido. Y consideró que la mejor forma de hacerlo era mostrando el escrito del Ministerio y la propuesta de plan de ajuste que el Consistorio le ha remitido a este, por lo que le instó a hacerlo “con urgencia”. Y fue eso lo que hizo el Ayuntamiento jerezano, que publicó en la red social X un extracto del escrito donde aparecía, textualmente, esa petición, aunque no publicó el escrito completo.

El Gobierno de Jerez ha trasladado al Ministerio de Hacienda en una reciente reunión la posibilidad de poner en marcha medidas alternativas que en ningún caso pasen por subir impuestos o recortar servicios. En este sentido, la alcaldesa ha confirmado que “entre estas medidas se contempla el control del gasto o buscar vías alternativas para generar inversión en la ciudad” poniendo como ejemplo la reciente subvención de Diputación de cuatro millones y medio o el presupuesto inversor de la Junta en Jerez, “el mayor de su historia en la ciudad”, ha dicho. Todo dinero público, en cualquier caso.

Un acuerdo para reducir el 70% de lo que debía pagar antes de final de año

Tras estas semanas de enfrentamientos, incluso a nivel público, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha informado que se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que permitirá al Ayuntamiento de Jerez mantenerse en el Plan de Sostenibilidad y poder seguir recibiendo pagos del Fondo de Ordenación para abonar sentencias y el pago a proveedores.

Según anuncia el Consistorio jerezano, el acuerdo no implica ninguna subida de impuestos directos a los ciudadanos y conseguirá reducir en un 70% los 30 millones de euros que el Ayuntamiento debe pagar a Hacienda antes del 30 de diciembre.

García-Pelayo, que ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía, ha adelantado que pedirá formalmente al Gobierno de España que, como ha hecho con Cataluña, también incluya a los ayuntamientos en la propuesta de condonación de deuda.