Permítanme adoptar un tono solemne para arrancar con esta reflexión. Españolas y españoles: Franco no ha muerto. De acuerdo que en noviembre de 1975 las máquinas que mantenían sus constantes vitales no lograron evitar su extinción física. De hecho, el intento desesperado de alargar artificialmente la vida del dictador cuando su muerte era ya inevitable convirtió su cuerpo en una metáfora de la necesidad de mantener vivo a toda costa un régimen agonizante. Y, sin embargo, Franco no ha muerto, sino que, como toda persona que deja a sus espaldas un reguero de represión y violaciones masivas de derechos humanos, tiene una vida de ultratumba.

Para comprobar cómo este fenómeno se repite a lo largo y ancho del planeta, les recomiendo ojear la obra La muerte del verdugo (Miño y Dávila, 2016), dirigida por Sévane Garibian, donde queda patente que el fallecimiento de los responsables de atrocidades no es su final, sino que abre un nuevo escenario donde los muertos todavía tienen mucho que decir. Nos guste o no, se han hecho un hueco a codazos (por decirlo suavemente) en la historia, y de ahí no van a salir tan fácilmente aunque sus huesos se conviertan en polvo. No basta con que sople el viento. Hay que barrer.

El caso de Francisco Franco no es una excepción. Por el contrario, su fantasma no ha dejado de planear sobre la sociedad y la política españolas desde 1975. A mantener la vida de ultratumba de Franco coadyuvó decisivamente la Transición y los pactos adoptados por los partidos políticos en ese contexto, y se ha seguido alimentado durante décadas gracias al ninguneo a las víctimas por la clase dirigente. Y en esa perduración del mito ha sido clave la permanencia del Valle de los Caídos como un lugar de peregrinaje para los nostálgicos del régimen.

Conviene recordar que esta construcción megalómana de retorcido gusto acoge los restos del dictador con cargo a las arcas del Estado (las funciones de patronato y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en virtud de la disposición final tercera de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional, y del Real Decreto 496/1987, que aprobó el reglamento que la desarrolla), las mismas arcas que el gobierno del PP consideraba tan magras en los últimos años como para dejar a cero la partida presupuestaria destinada a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Más importante aún, constituye un monumento ignominioso a la represión franquista. Sus entrañas encierran los restos de miles de personas que durante la guerra civil lucharon por defender la República y que fueron exhumados con nocturnidad y alevosía, sin informar ni solicitar la autorización de sus familias, y trasladados al Valle de los Caídos para alimentar el colosal mausoleo que Franco se había hecho construir y que era imposible rellenar solo con los caídos de su bando. Las cifras oficiales hablan de 33.847 personas trasladadas allí, de las cuales siguen sin estar identificadas más de 12.400. Eso sin olvidar a los miles de presos republicanos que trabajaron en su construcción con la sola esperanza de lograr una reducción de sus condenas.

La decisión sobre qué tratamiento dar al cuerpo de un dictador fallecido de muerte natural tiene un enorme calado político, y –puesto que no ha podido elegir el momento de la muerte, porque la naturaleza manda más- es la primera en la que su fantasma participa, asegurándose de que se ejecuta lo que hubiera decidido en vida, aunque a veces los azares de esa vida determinan que el lugar de descanso eterno elegido no sea exactamente el que habría deseado. Pinochet aspiraba a reposar en un mausoleo al estilo del Valle de los Caídos o como el de Napoleón en los Inválidos, pero la urna con sus cenizas ha terminado en una capilla ubicada en la finca familiar de Los Boldos para eludir a los profanadores de tumbas. También para evitar escraches post-mortem, Videla y Massera yacen bajo lápidas con nombres falsos. Stroessner sigue enterrado en un cementerio de Brasilia, y los intentos de sus familiares de repatriar sus restos se han encontrado con la oposición de sus víctimas. Lejos quedaron los honores de Estado para los cuatro.

Por el contrario, Franco quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos (al menos así lo ha relatado el arquitecto de la basílica, Diego Méndez, y así lo afirmaba la Fundación Francisco Franco en un librito de 1976 titulado Razones por las que se construyó la Basílica del Valle de los Caídos. Templo erigido por un gran español), allí fue enterrado con su correspondiente funeral de Estado, y allí sigue, bajo el amparo de Patrimonio Nacional. ¿Por qué tanta diferencia entre el tratamiento dado al cadáver de aquellos y de este? Por una razón muy sencilla: su legado de violaciones de derechos humanos fue cuestionado por los órganos del Estado mientras estaban vivos. Dicho de otra forma, antes de su muerte se habían adoptado medidas oficiales (más o menos incisivas, pero todas relevantes) contra la impunidad de sus regímenes: juicios en Chile y Argentina, una Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay. En particular, el banquillo de los acusados tiene una fuerza demoledora sobre la omnipotencia de la que se ha revestido el dictador. Que el antaño todopoderoso ya no sea impune es un mensaje que libera de su yugo a la sociedad –y más en particular a sus víctimas-. De rebote, condiciona su descanso eterno, expulsándolo de la vida pública.

El cuerpo del dictador muerto por causas naturales tiene una alta carga simbólica tanto para sus seguidores como para sus detractores. Por ello, en una democracia, resulta esencial que el Estado actúe para atenuar ese simbolismo, relegando su recuerdo póstumo al ámbito privado, de manera que no interfiera con el impulso de los valores democráticos en la esfera pública. La existencia de lugares públicos de memoria que honren la figura del difunto dictador es una incoherencia: la comisión de graves violaciones de derechos humanos es, a todas luces, una práctica deshonrosa que no merece en modo alguno ser ensalzada. Tomar medidas para que aquel salga de una vez de la vida democrática es la única forma de evitar que la impunidad acompañe a su cuerpo hasta la eternidad.

Así pues, no está de más que los socialistas corrijan de una vez por todas la oportunidad que perdieron con la Ley de Memoria Histórica de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria realmente compartida. En cuanto a la familia Franco, lo mejor que puede hacer –si de verdad quiere hacer algo por España- es elegir un lugar privado al que llevar los restos. Que honren a su familiar en la más estricta intimidad, si lo desean, o que lo entierren en un cementerio público, si prefieren que su tumba esté expuesta al público. Lo que quieran, pero que sea en la esfera privada, porque este país necesita urgentemente que la vida post-mortem de Franco llegue de una vez por todas a su fin.

Las últimas observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a España recogen temas recurrentes que siguen sin resolverse.

El Comité cuestiona algunas de las iniciativas legislativas más controvertidas de los últimos años.

Después de que en mayo el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas diera un toque de atención a España por estar incumpliendo algunas de las obligaciones establecidas en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en julio ha sido el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la misma organización el que ha puesto sobre la mesa ciertas prácticas en el Estado español de dudosa compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras examinar el sexto informe periódico de España sobre su observancia de dicho tratado.

Pocas novedades

Para bien o para mal, hay pocas novedades. Como hace tiempo que pasa con las observaciones de los comités de las Naciones Unidas a los informes de España, las observaciones que se hacen suenan en su mayoría a conocidas. Entre las pocas novedades con respecto al anterior informe se encuentran las cuestiones de la trata de personas (en tanto que país de destino, tránsito y origen) y la esterilización forzada a personas con discapacidad, además de una dimensión concreta de un problema nada novedoso, la discriminación racial y étnica, como es la práctica de realizar controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos.

Por el contrario, una vez más, el Comité de Derechos Humanos tiene que repetir su preocupación por cuestiones que tanto él como otros comités (además de otros órganos de protección de derechos humanos, ya sean del sistema de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa) identificaron hace años sin que el Estado las haya solucionado. Es el caso de la falta de doble instancia penal en los delitos graves y el recurso al secreto del sumario: aunque España ha manifestado su intención de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicha reforma sigue sin llevarse a cabo. Tampoco son temas nuevos la violencia de género, cuya persistencia y la tendencia a no denunciar entre algunos colectivos de mujeres preocupa al CDH, o la situación de los menores extranjeros no acompañados y los métodos utilizados para la determinación de su edad.

Igualmente, el CDH ha puesto en cuestión el mantenimiento del régimen de incomunicación de detenidos; los malos tratos policiales y los indultos a policías condenados por el delito de tortura; el uso recurrente de la privación de libertad a extranjeros en situación irregular en Centros de Internamiento de Extranjeros que, además, están en malas condiciones; los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes documentados, prácticas todas ellas que han merecido similares comentarios y recomendaciones a las que ya hiciera el Comité contra la Tortura el pasado mayo.

También empieza a ser un clásico de los órganos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas el que se cuestione el inadecuado tratamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Así, se insiste en la necesidad de derogar o enmendar la Ley de amnistía de 1977, de manera que sean posibles las investigaciones de tales hechos, el enjuiciamiento y la sanción de los responsables, y la reparación de las víctimas. También se insta al Estado a revisar la legislación en relación con la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, y a establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Pese a que el CDH evalúa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no ha desaprovechado la oportunidad de abordar también las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en la medida en que suponen una lesión del derecho a la igualdad de todas las personas y la no discriminación. Así, ha puesto de manifiesto la persistencia de la discriminación racial y étnica que sufren inmigrantes, extranjeros y minorías étnicas (en particular la romaní) en relación con el acceso a la vivienda, el empleo la educación, la igualdad salarial y la atención a la salud. Asimismo, ha destacado las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, instando al Estado a “adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad”, lo que se une a la llamada de atención por la infrarrepresentación de las mujeres en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios.

Iniciativas legislativas cuestionadas

Pese al empecinamiento del partido en el gobierno por sacar adelante iniciativas legislativas fuertemente contestadas por la sociedad civil, aprovechando la mayoría parlamentaria, el CDH ha dado la razón a quienes las criticaban. En efecto, en sus observaciones finales cuestiona algunas de las iniciativas legislativas más controvertidas de la última legislatura, como son la reforma de la Ley del Aborto, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. Respecto de la primera, ha manifestado su preocupación por que la exigencia de consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad pueda aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana aparece mencionada en dos de las observaciones. En primer lugar, al igual que ya hiciera el Comité contra la Tortura, el CDH critica la disposición final primera de la misma, que permite las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en la frontera. El CDH aprovecha además para cuestionar las “deportaciones exprés” realizadas en vuelos de deportación, incluidos los vuelos conjuntos programados por FRONTEX, lo que supone un claro toque de atención a la política de inmigración de la Unión Europea. En segundo lugar, se dedica toda una observación en exclusiva a la ley y a las reformas del Código Penal para poner de relieve el riesgo de que tengan un efecto disuasorio para la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Para el CDH, resulta preocupante “el uso excesivo de sanciones administrativas” que excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales establecidas en el Pacto, el uso de términos vagos que dejan demasiado margen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas del orden.

Por último, la Ley de seguridad privada también es recibida con recelo por el CDH, ante “las amplias atribuciones” que otorga. Al respecto, se recomienda asegurar la subordinación de la seguridad privada a la pública, el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación para las víctimas de hechos cometidos por agentes de seguridad privada, y la capacitación de estos en derechos humanos.

En resumen, con los deberes mal hechos, con los derechos económicos, sociales y culturales tan bajo mínimos que hasta el órgano que verifica el respeto de los derechos civiles y políticos está preocupado por ellos, y con las iniciativas legislativas más contestadas por la sociedad civil puestas en tela de juicio, parece que el Estado tiene bastante trabajo de cara a los próximos años. Esperemos que quien gane las próximas elecciones tenga a bien aprobar el Segundo Plan de Derechos Humanos, ya que a este gobierno le ha parecido una cuestión secundaria cuando, desde luego, no lo es.

El Comité contra la Tortura publica sus observaciones finales al informe periódico de España.

Identifica prácticas que pueden contribuir a crear una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden en España.

El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT) publicó a mediados de mayo sus observaciones finales al sexto informe periódico presentado por España. En general, las cuestiones que suscitan la preocupación del Comité son viejas conocidas del Estado español, que sigue sin resolverlas satisfactoriamente. Así ocurre respecto de la configuración del delito de tortura en el ordenamiento jurídico español; el régimen de incomunicación (sobre todo para los delitos de terrorismo, respecto de los cuales puede extenderse la friolera de hasta trece días) y de aislamiento (que puede durar hasta cuarenta y dos días: para el CAT, más de quince días constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura en algunos casos); la expulsión y/o extradición de extranjeros a países donde pueden ser sometidos a tortura y la amenaza que el hacinamiento y las condiciones materiales de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en España suponen a la seguridad, salud e integridad física y psicológica; y los palos en las ruedas a la represión de los crímenes de la guerra civil y el franquismo.

Particularmente preocupante es el toque de atención que el CAT da a las autoridades españolas por favorecer ciertas dinámicas que podrían contribuir a la creación de una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden españolas respecto de la tortura. De partida, es innegable que el marco normativo coadyuva a que dicha cultura se pueda asentar: la tortura se castiga con penas de uno a tres años de prisión, o de dos a seis si es grave; penas irrisorias si se tiene en cuenta que estamos hablando de un acto de violencia del propio Estado contra los individuos, prohibido con carácter absoluto por el Derecho internacional, prohibición por lo demás inderogable incluso en las situaciones más excepcionales. Pero es que, además, la respuesta ante tales actos está lejos de tener la contundencia que los mismos merecen: el CAT manifiesta su seria preocupación ante las informaciones de que en España las denuncias de tortura y actos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no se investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa”. En particular, el Comité identifica expresamente dos supuestos en los que esa dejadez resulta manifiesta: en el régimen de incomunicación y en casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Poner coto a lo que pueda ocurrir a los detenidos durante el régimen de incomunicación en España -y exigir responsabilidades si, efectivamente, algo ocurre- es uno de los caballos de batalla de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. El propio CAT en observaciones a anteriores informes de España, diversos Relatores especiales contra la tortura (en especial Theo van Boven en el informe de su visita a España en 2003, pero también Manfred Nowak en su informe de seguimiento de 2006), el Relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos… todos han criticado el régimen de incomunicación en España y recomendado que se tomen medidas al respecto. Más novedoso (y, por ello, más alarmante: es un signo inequívoco de estar yendo a peor) es que el CAT incluya entre sus críticas el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, con mención expresa a la represión de las protestas contra las medidas de austeridad en 2011 y 2012.

Ante esta situación, el CAT insta a España a que “combata la impunidad velando por que un mecanismo independiente realice investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas de todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por agentes del orden”. Además, hace varias recomendaciones en relación con los aspectos que considera más preocupantes, por ejemplo:

1. Identificación de los agentes: ya que las dificultades para llevar a cabo la identificación de los responsables de malos tratos y torturas han obstaculizado a menudo las investigaciones, el CAT recomienda al Estado que asegure que los agentes de las fuerzas del orden puedan ser identificados en todo momento.

2. Asistencia médica durante la detención y evaluación forense: disponer de pruebas médicas es esencial para apoyar las denuncias. Sin embargo, hay constancia de dificultades para recibir atención médica durante la detención policial y de deficiencias en la evaluación forense. Así las cosas, el CAT pide que se garantice que se realizan exámenes médicos “exhaustivos e imparciales” a todos los detenidos y que las evaluaciones forenses son “de calidad y precisas”.

3. Penas e indultos: las penas leves y los indultos de personas condenadas por tortura son indultadas transmiten un mensaje claro: torturar no es tan grave, y el Ejecutivo lo perdona. El CAT también lo tiene claro: España contraviene sus obligaciones jurídicas internacionales en la materia, y el indulto de las personas condenadas por tortura debería estar prohibido en el Derecho español.

4. Estadísticas: la dejadez en la persecución de la tortura tiene una consecuencia adicional, como es la ausencia de datos detallados sobre denuncias, investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos y condenas en casos de tortura, malos tratos y uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía. Disponer de esas estadísticas, desglosadas por sexo, etnia o nacionalidad, edad y zona geográfica, ofrecería un estado de la cuestión a partir del cual tomar medidas adecuadas. Claro que para eso hay que querer, y no parece que las autoridades españolas tengan demasiadas ganas de llevar la cuenta de los excesos cometidos por los agentes del Estado.

Mención aparte merecen las víctimas, que se dan de bruces con la tolerancia normativa y represiva frente a los actos de tortura en España. El primer escollo es la denuncia, que puede traducirse en represalias. El CAT es contundente al respecto: el Estado debe ofrecer garantías efectivas en la práctica para proteger a los denunciantes de casos de tortura y malos tratos contra maltratos o intimidaciones a raíz de la denuncia. Pero la carrera de obstáculos no termina ahí, pues son notorias las dificultades de las víctimas para obtener reparación, una indemnización justa y adecuada y una rehabilitación lo más completa posible. Aunque España alardea ante el CAT del Estatuto de la víctima del delito aprobado en 2015, resulta muy ilustrativo que en el artículo 23 del mismo, sobre evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección a fin de evitarles perjuicios relevantes que se pudieran derivar del proceso, haga en su apartado 2.b) un listado de delitos que deben ser tenidos especialmente en cuenta por su naturaleza y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito, entre los cuales (terrorismo, violencia doméstica, desaparición forzada, trata de personas, delitos cometidos por una organización criminal, contra la libertad sexual y de odio) la tortura brilla por su ausencia. Será que la naturaleza del delito de tortura no es relevante, o que los perjuicios causados a la víctima no son graves, o quizás es que no hay riesgo de reiteración. O, tal vez, simplemente las autoridades españolas siguen teniendo una seria confusión sobre quiénes son los héroes y los villanos cuando se comete tortura. Y por ahí no vamos bien.

Sin tratado no hay jurisdicción, sería el lema. Así las cosas, casi habrá que agradecer que se hayan dejado los más graves crímenes internacionales dentro del ámbito de competencia de los tribunales penales españoles, teniendo en cuenta que los aspectos jurisdiccionales respecto de los mismos se regulan principalmente a través de la costumbre internacional y no hay, por tanto, tratado alguno que copiar.

Legislar al pie de la letra es, efectivamente, la tónica general en relación con la persecución y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos. Así ocurre con prácticas atroces como la tortura o las desapariciones forzadas: ni una concesión más allá de las obligaciones convencionales asumidas conforme a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Tampoco hay desviaciones significativas en relación con la trata de personas respecto del texto del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas, salvo la atribución de competencia en procedimientos contra extranjeros residentes habituales en España (y no sólo contra apátridas, como dispone el convenio). La inclusión de la trata de personas es una mejora respecto de la norma actual, pero a cambio desaparece el tráfico de personas y/o de inmigrantes: no habiendo tratado, ni se valora la utilidad de actuar en origen contra esta práctica.

Algo más flexible se muestra la proposición de ley orgánica en relación con los delitos recogidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Al margen de los supuestos obligatorios, la reforma incluye los procedimientos con víctimas españolas o residentes habituales en España, bases competenciales que el convenio pide que los Estados partes se esfuercen por recoger en su legislación (artículo 44.2), aunque condicionadas aquí a que el presunto autor se encuentre en España.

También se transige algo respecto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre menores de edad, al ampliar la competencia a procedimientos contra extranjeros residentes habituales en España o cuando la víctima tenga nacionalidad española (en este segundo caso, de nuevo a condición de que el presunto autor se encuentre en España), extensión permitida por el instrumento regulador de esta materia (que no es un tratado, sino la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil).

Como novedad criticable, desaparece la competencia sobre estos delitos cuando la víctima sea una persona con discapacidad: en ausencia de tratado que imponga ejercer competencia, el legislador se siente legitimado para desproteger a un grupo vulnerable.

Ahora bien, la presunta “autocontención” de la reforma se diluye en relación con el resto de delitos (a excepción de los contenidos en la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, estrictamente limitados al principio de personalidad activa).

Así, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988) y su Protocolo de 2005 permite a los Estados ampliar la jurisdicción sobre los delitos que contiene cuando –entre otros supuestos– “un nacional de ese Estado resulte aprehendido, amenazado, lesionado o muerto durante la comisión del delito” (art. 6.2.b); sin embargo, la proposición de ley lo formula en términos más amplios: habrá competencia cuando el delito se haya cometido contra un ciudadano español.

Tampoco es obligatorio instaurar jurisdicción, conforme al Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, en virtud del principio de personalidad activa, supuesto que la reforma incluye, y excesivamente genérico –por comparación– es el establecimiento de jurisdicción en “los supuestos autorizados” por el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil y su Protocolo complementario, que sí podría dar lugar al ejercicio de jurisdicción universal, opción permitida por el convenio (artículo 5.3).

En el caso del narcotráfico, el texto inicialmente propuesto se ajustaba a las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero la modificación introducida por el Ministerio del Interior para que el abordaje de naves no requiera cumulativamente autorización del Estado del pabellón y existencia de un acuerdo bilateral o regional hace que la atribución de competencia resulte bastante más laxa que en el convenio.

También se superan los criterios marcados por el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y por el Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, al permitir conocer de delitos cometidos por una persona natural (con independencia de su nacionalidad y del lugar donde se encuentre) vinculada a una entidad con sede o domicilio social en España.

Pero donde España aparece como adalid de la represión es en la lucha contra el terrorismo. En su profusa incorporación de los criterios de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, el legislador incurre en absurdos como otorgar competencia sobre actos terroristas cometidos fuera de España contra una institución u organismo de la Unión Europea por el mero hecho de que esta tenga sede en España (pregunta al legislador: ¿cuentan las oficinas de la Comisión Europea?).

Tampoco convence la jurisdicción sobre actos terroristas cometidos “para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española”, supuesto no obligatorio según la Decisión marco: España se arroga una jurisdicción que corresponde al Estado de comisión del delito, invadiendo competencias soberanas (aquí ya sí sin empacho) sobre la base de una motivación que debería ser probada durante el proceso, y no presupuesta para determinar la competencia.

Sin embargo, en ninguno de estos casos se puede decir que España contravenga los instrumentos internacionales de base, ya que todos ellos facultan para instaurar jurisdicción universal, al permitir que los Estados ejerzan otra jurisdicción de conformidad con su legislación nacional. Y, sobre esta base, la proposición de ley otorga competencia a los tribunales penales españoles más allá de las estrictas obligaciones jurídicas internacionales.

Dicho de otra forma, aprovecha el margen de acción que ofrece el principio de jurisdicción universal para establecer bases jurisdiccionales no previstas en los instrumentos internacionales a los que se remite. Queda claro entonces que el lema de la reforma no es el que antes se apuntaba, sino más bien este otro: cicatería jurisdiccional en materia de derechos humanos y lucha contra la impunidad, flexibilidad en el resto de delitos. ¿Recortes a la justicia universal? Sólo donde interesa.