Las grandes transformaciones nunca avanzan en línea recta. Exigen visión, voluntad política, capacidad para sumar y, sobre todo, determinación para superar los obstáculos que inevitablemente aparecen en el camino. Conseguir que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 ha sido uno de esos retos. Transformar el Estadio de Gran Canaria para estar a la altura de ese acontecimiento es el siguiente.

Nada de lo conseguido hasta ahora ha sido fruto de la casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol las gestiones y los procedimientos necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En el actual mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando a instituciones públicas y a organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un objetivo común. Y se consiguió.

En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. En diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación.

Es difícil exagerar la dimensión de ese logro. Un Mundial no son solamente unos partidos de fútbol. Es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y capacidad para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero es también algo menos cuantificable y no menos importante: sentimiento de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.

Desde el principio entendimos, además, que la oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos tienen verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, recogida ya en nuestro programa electoral, responde a una ambición que va mucho más allá de cumplir las exigencias del Mundial. Se trata de dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.

El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del estadio. El proyecto seleccionado plantea una transformación integral del recinto: cerca de 42.000 localidades, las gradas aproximándose al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de los accesos, las instalaciones, la tecnología y los servicios.

No estamos ante una reforma menor. Es una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizadas en Canarias. La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios realizados determinaron que las características del terreno sobre el que se asienta el estadio exigen importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una actuación de estas dimensiones. Esa circunstancia, junto a la evolución de los costes de construcción debido a la inflación y a los conflictos bélicos internacionales, obligó a revisar la previsión económica inicial.

La primera estimación se situaba en torno a los 100 millones de euros. Posteriormente, el Cabildo realizó la correspondiente modificación presupuestaria y la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, asimismo, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones de euros.

El procedimiento establecía un plazo de ejecución de 36 meses, dentro del calendario necesario para llegar al Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas ninguna empresa había concurrido a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo importante y debe ser abordado con diligencia. Pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la realidad de la contratación pública y la legislación establece mecanismos para afrontar estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con la máxima agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permita la ley. Eso es lo que está haciendo el Cabildo. Lo que no correspondía era inflar los precios fraudulentamente.

Las razones que pueden explicar la ausencia de ofertas son diversas. El contexto bélico internacional está alterando los precios de la energía, el transporte, las materias primas, el coste de la mano de obra especializada y los materiales de construcción. A ello se suman las dificultades derivadas de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad para afrontar simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales. También las penalizaciones, acordes con la dimensión del destino inicial de la obra.

El sector de la construcción ha expresado también sus reservas sobre el presupuesto, los plazos, las penalizaciones y la complejidad de la ejecución. Esas consideraciones deben ser escuchadas y estudiadas. El diálogo con quienes conocen el mercado y tienen que ejecutar las obras no solo es razonable: es necesario. Pero conviene establecer una distinción esencial. Escuchar no significa que una administración pública deba asumir automáticamente todas las posiciones de un determinado sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses y las organizaciones empresariales cumplen su función cuando trasladan las preocupaciones de sus asociados. El Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y tomar las decisiones que mejor respondan al interés general de Gran Canaria.

Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones similares. En otras grandes actuaciones promovidas por el Cabildo - la última, la del futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico- se cuestionaron inicialmente por los constructores grancanarios los presupuestos o las condiciones de las licitaciones. En el caso señalado las obras encontraron una UTE, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutarlas. Los constructores grancanarios pusieron el grito en el cielo, pero la obra se está ejecutando. La experiencia aconseja escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.

Resulta, por eso, llamativa la rapidez con la que algunos han querido transformar una incidencia en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación comenzaron los juicios definitivos, los reproches y las dudas sobre la capacidad del Cabildo para sacar adelante el proyecto. La crítica es legítima y necesaria en una democracia. Pero también lo es preguntarse por qué determinados sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en una oportunidad de desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla. Se dejan ver también en estos casos los que envidian el progreso de Gran Canaria.

El Mundial no pertenece a un gobierno. Pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política. Será una infraestructura pública que quedará al servicio de la isla durante décadas. Por eso convendría no confundir la fiscalización con el deseo de que las cosas salgan mal.

Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial. Hemos trabajado durante años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que nos descubran ahora la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud. La conocíamos cuando asumimos el reto y la conocemos mejor después de los estudios técnicos y del trabajo desarrollado. Este Cabildo tiene experiencia en la gestión de proyectos extraordinariamente complejos. El Salto de Chira constituye una de las mayores actuaciones energéticas que se ejecutan en España. Hemos impulsado la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, con nuevos centros para afrontar un déficit acumulado durante décadas. Avanzamos en la transformación del Centro Insular de Deportes, en la inauguración del Museo de Bellas Artes, en el nuevo INFECAR y en otras infraestructuras estratégicas para el futuro de la isla.

Ninguno de esos proyectos ha sido sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Surgen imprevistos, cambian las condiciones del mercado y aparecen obstáculos que obligan a modificar decisiones. La diferencia no está en que existan problemas. Está en la capacidad para resolverlos. Eso es gobernar.

Ahora corresponde determinar por qué la licitación del estadio quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si es necesario revisar aspectos del procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas con capacidad técnica y solvencia suficientes, se utilizarán los mecanismos previstos. Si los informes objetivos aconsejan adoptar otras decisiones, se estudiarán y se explicarán con transparencia.

No habrá improvisación, pero tampoco parálisis. Sabemos, además, que cualquier decisión generará críticas. Si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica y de poner en riesgo la celebración del Mundial. Si realizamos la inversión necesaria, porque haya aumentado el coste de los materiales, habrá quienes contrapongan ese esfuerzo a otras necesidades sociales.

Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar las urgencias del presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas.

El mismo Cabildo que impulsa el estadio está desarrollando la mayor inversión sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, liderando la adaptación y la mitigación del cambio climático, la transición energética y la soberanía alimentaria, garantizando la seguridad hídrica, impulsando la diversificación económica -multiplicando el PIB en economía azul, disparando el uso del transporte público, potenciando la economía circular, convirtiéndose en referencia en economía verde y lucha contra los incendios…-, y afrontando importantes necesidades sociales en materia de vivienda y de equipamientos sociales, culturales y deportivos. También medioambientales, industriales y comerciales. O de creación de empleo, de políticas de igualdad y de cuidados. El progreso de una sociedad no se construye eligiendo permanentemente entre unas políticas y otras, sino generando los recursos y la capacidad pública necesarios para avanzar en distintos frentes.

El estadio tampoco se transforma para unas pocas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá después de que termine el último partido. Será parte del patrimonio público de Gran Canaria y un equipamiento deportivo, económico y social para las próximas generaciones.

Por eso afrontamos la situación actual con responsabilidad y determinación. Sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo. Analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas que ofrece la legislación y tomando las decisiones que correspondan.

Una licitación desierta no borra los años de trabajo que permitieron traer el Mundial a Gran Canaria. No invalida la necesidad de transformar el estadio. Y no convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico. Las grandes decisiones se miden, precisamente, cuando aparecen las dificultades.

Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había ninguna garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades, construyó una candidatura sólida, sumó voluntades y alcanzó un objetivo que durante años parecía lejano. Ahora tenemos delante otro desafío. Lo afrontaremos con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.

Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba. Y este Cabildo no ha llegado hasta aquí para detenerse ante el primer tropezón que aparezca.

Las paredes del antiguo Hospital Psiquiátrico acumulan veinte años de silencio. Dos décadas en las que ese edificio singular, concebido por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre como una de las referencias del racionalismo en España, ha permanecido mudo entre la arboleda de Tafira, como una imagen congelada en el tiempo. Hoy, ese silencio termina. El Cabildo de Gran Canaria ha dado inicio a las obras de rehabilitación del inmueble para convertirlo en el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana, un equipamiento llamado a convertirse en pieza clave de las políticas de atención y justicia social de la isla.

Colocar la primera piedra de este proyecto hace un par de días fue mucho más que un acto protocolario. Es la culminación de años de planificación, de voluntad política sostenida y de la convicción de que los cuidados no son un gasto, sino una inversión en derechos y en cohesión social. Es también el reconocimiento de que Gran Canaria tiene una deuda pendiente con este edificio y con las personas que un día lo habitaron.

El racionalismo nació del principio de poner la arquitectura al servicio de una función a través de la pureza de las líneas y las formas. Ese precepto fundacional encontrará ahora su expresión más plena. Tras la intervención impulsada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo, con una inversión de algo más de 40 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de dos años, el edificio no será una infraestructura más: será, en palabras que me permito tomar prestadas del propio lenguaje arquitectónico, un gran abrazo protector.

La rehabilitación preservará los valores patrimoniales del inmueble y eliminará los añadidos que distorsionaban la obra original. Los jardines serán regenerados con especies propias del Paisaje Protegido de Tafira, y el conjunto alcanzará una eficiencia energética prácticamente plena. La vocación racionalista del edificio —ajustarse con precisión a un objetivo— encontrará así su razón de ser en un proyecto que esquiva la lógica operativa de los grandes centros hospitalarios para apostar por un modelo más personalizado y humano.

El futuro centro dispondrá de 242 plazas residenciales, organizadas en 17 unidades convivenciales y 2 viviendas tuteladas, destinadas fundamentalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física, y a usuarios y usuarias con enfermedad mental. Se suman 30 plazas de día, completando una oferta que pondrá las necesidades y la autonomía de las personas en el centro de cada decisión.

Hay algo en este proyecto que va más allá de los metros cuadrados y de las plazas residenciales, y quiero detenerme en ello. El nuevo centro llevará el nombre de la doctora Carlota de la Quintana: pionera de la medicina en el archipiélago, primera mujer médica especialista de Canarias y tercera de España, conocida por muchos como la doctora de los pobres.

Parecía que el destino tenía reservado un lugar conjunto para este edificio y para la doctora De la Quintana. Ella dedicó su profesión y gran parte de su vida al auxilio de las personas más necesitadas; fue la mano sanadora que llegó donde prácticamente nadie llegaba, luz de la medicina en la oscuridad de la injusticia social, la combinación perfecta de ciencia y humanidad. Nos dejó en el año 2011 a los 102 años, pero Doña Carlota pertenece a esa clase de personas eternas que permanecen gracias a su legado, tan sólido como los cimientos de estos pabellones.

Quienes creemos en la igualdad sentimos la obligación de continuar ese camino. El nombre del centro no es un homenaje decorativo: es un compromiso. Del mismo modo que el Centro Benedicta Ojeda, inaugurado hace unos meses, honra a la gran referente de la enfermería en Gran Canaria, el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana incorpora a su misión institucional el ejemplo de una mujer que entendió los cuidados como un acto de justicia.

Esta actuación se enmarca en el mayor esfuerzo inversor en el ámbito sociosanitario del Cabildo de las últimas dos décadas. El Segundo Plan Sociosanitario del Cabildo prevé la creación de 1.600 nuevas plazas públicas y cerca de 400 más impulsadas por el tercer sector con financiación insular. Nació con una dotación de 90 millones de euros y, gracias a una aportación adicional de 110 millones de fondos propios, alcanza una inversión total de 200 millones. Más de la mitad de las plazas ya están en servicio.

A ello se suma el Convenio de Dependencia 2025-2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, que moviliza 604 millones de euros para garantizar la estabilidad de los servicios, atender cada año a más de 5.300 hombres y mujeres y consolidar un modelo de cuidados centrado en la persona. En la última década, Gran Canaria ha duplicado el número de personas atendidas, diversificando los recursos con centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria y dispositivos especializados.

Las cifras no son retórica. Son el resultado de años de planificación y de acuerdos institucionales complejos, sostenidos por una voluntad política que rechaza mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia. Nadie, absolutamente nadie, puede quedar al margen del futuro al que aspiramos.

La experiencia de la pandemia nos confirmó que invertir en planificación y cuidados fortalece la protección de toda la sociedad. Por eso, mientras se ejecutan las obras del Centro Carlota de la Quintana y continúan desarrollándose otras infraestructuras, el Cabildo ya trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario. Las demandas crecen y no admiten pausas.

Me gusta pensar que un edificio, una ciudad, una isla, están hechos sobre todo de emociones: las líneas trazadas en los planos deben determinar el punto de encuentro entre la arquitectura y las aspiraciones colectivas. El antiguo Hospital Psiquiátrico fue en su día un barco varado en un océano de olvido. Hoy reflota y marca el rumbo. Estoy convencido de que este edificio hablará alto y claro de todo aquello que podemos lograr cuando Gran Canaria trabaja unida. El silencio ha terminado.

Gran Canaria vive un momento singular. Así lo evidenció el tercer Debate sobre el Estado de la Isla de este mandato -celebrado los días 22 y 23 de este mes-, un ejercicio de rendición de cuentas que retrata a una institución con proyecto definido, rumbo claro y resultados tangibles. Lejos del discurso autocomplaciente, y más allá del todo está mal de la oposición, los datos que emergen del balance del último año, por parte del gobierno de la isla, dibujan una isla que crece en valor, que crea empleo a ritmo histórico y que consolida un modelo ecosocial orientado al horizonte Gran Canaria 2050.

En un contexto de profunda decepción ciudadana con la política estatal e internacional, desde el gobierno insular —sostenido por las fuerzas progresistas del Cabildo durante once años consecutivos— nos sentimos orgullosos de haber contribuido a construir un clima de respeto institucional y diálogo alejado de la polarización. Esa estabilidad política, poco frecuente en el panorama actual, ha permitido planificar a largo plazo y ejecutar transformaciones estructurales que ya están dando frutos.

El Cabildo se presenta hoy como una institución solvente, con capacidad de alzar la voz cuando es necesario —frente a la conversión de Gran Canaria en zona de internamiento de migrantes, reclamando inversiones estatales justas o ante decisiones autonómicas discriminatorias— y a la vez capaz de tender puentes con los 21 municipios de la isla y con todos los sectores económicos y sociales. La visita del papa León XIV el pasado 11 de junio, acogida con madurez y orgullo por la ciudadanía, fue la última expresión pública de esa identidad grancanaria en plena forma.

El primer indicador de la salud de cualquier sociedad es el empleo, y aquí Gran Canaria ofrece su mejor cara. En 2025, la isla cerró con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superó por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, situándose en torno a las 63.000 personas y en una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla.

Pero más relevante que el número es la transversalidad de esa mejora. El desempleo femenino cae con fuerza y, de forma especialmente significativa, el paro juvenil cerró 2025 por debajo del 20%, frente al 45% que registraba la isla cuando comenzó este periodo de gobierno, en 2015. Una isla que ofrece oportunidades a sus jóvenes es una isla que construye futuro.

Los datos de 2026 consolidan esta tendencia. El primer trimestre del año fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas, y la tasa de paro ha bajado ya al 14,5%. Al mismo tiempo, crecen las empresas medianas —entre 10 y 250 trabajadores— y aumenta la presencia de grandes empresas que eligen Gran Canaria para proyectos de mayor envergadura.

En materia turística, la estrategia cualitativa demuestra su eficacia. En 2025, Gran Canaria recibió 4.856.485 turistas, un 2,97% más, con un gasto diario de 180,66 euros por visitante —un 3,4% más— y una facturación turística que creció un 4,3%, alcanzando los 6.280,8 millones de euros al cierre del año. 

Con un crecimiento moderado del número de turistas, la rentabilidad se ha duplicado. Esta es la esencia del modelo que defiende el Cabildo: consolidar un turismo de mayor valor añadido, con menor presión sobre el territorio, el medioambiente y la convivencia social. La posición es clara y contrapuesta a la que sostienen los partidos de la derecha canaria: Gran Canaria tiene límites territoriales, ambientales y sociales, y superarlos sería un suicidio económico y social.

Los primeros meses de 2026 confirman la senda: el gasto diario crece un 3,3% y la facturación turística sube un 6,2%. Una estrategia correcta que el Consorcio Turístico de Maspalomas refuerza con 7,3 millones de euros movilizados para la renovación del destino.

Las cifras del aeropuerto y el puerto certifican el liderazgo estratégico de la isla. El Aeropuerto de Gran Canaria cerró 2025 con 15.826.553 pasajeros, convirtiéndose en el primer aeropuerto de Canarias por tráfico, con un crecimiento del 4%. El Puerto de Las Palmas superó los 32 millones de toneladas movidas, un 15,7% más, consolidándose por primera vez como el cuarto puerto de la red estatal. El puerto no es solo una infraestructura logística: es una plataforma para la economía azul, la reparación naval, la internacionalización y la generación de empleo cualificado. El sector azul ya representa el 11% del PIB insular, muy por encima, casi cinco puntos, de la media canaria.

En movilidad interior, el récord también es histórico: 107 millones de viajes en transporte público en el último año. El Cabildo contribuye con 40,6 millones de euros a la gratuidad del transporte, y ha acometido una renovación de flota con 7,3 millones de euros adicionales. Aportaremos 15 millones más en las próximas semanas. La inauguración del Intercambiador de Tamaraceite y el Centro de Control de la Movilidad —con una inversión de 10,7 millones— así como el avance decisivo del proyecto del tren de Gran Canaria, con la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y el inicio de las expropiaciones, completan un cuadro de movilidad sostenible e integrada en plena construcción.

Las energías renovables alcanzaron el 28,17% del mix energético insular en 2025, situando a Gran Canaria a la cabeza de las islas en penetración de renovables. La pieza central de esta transformación es el Salto de Chira, con más del 65% del proyecto ya ejecutado. En pocos meses, el agua desalada comenzará a entrar en la presa de Soria, abriendo un nuevo horizonte de soberanía energética e hídrica.

El modelo se completa con instalación de renovables en infraestructuras públicas, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y comunidades energéticas, con una inversión de 25 millones de euros. En materia hídrica, se mejoran y amplían depuradoras en todo el arco de la isla, garantizando abastecimiento y uso agrícola. Una apuesta por la soberanía alimentaria que se refuerza con ayudas directas a más de 1.200 agricultores, 19 obras en caminos rurales y 26 eventos de promoción del producto kilómetro cero.

El área de servicios sociales registra la inversión más alta que jamás ha realizado el Cabildo. El Plan Sociosanitario supera los 120 millones de euros en infraestructuras, a los que se suman las subvenciones directas a entidades del tercer sector, acercando el total a los 140 millones. Más de dos mil plazas nuevas en centros sociosanitarios —muchos ya inaugurados, otros a punto de abrirse—, además de la reforma del antiguo psiquiátrico para convertirlo en un gran centro sociosanitario que pasará a llamarse Carlota de la Quintana.

En educación, las becas alcanzan los 2,15 millones de euros, con casi 1.500 estudiantes beneficiados. En empleo, más de 1.000 personas han accedido a empleos fomentados directamente desde el Cabildo con una inversión de 27 millones. En vivienda, se han activado convenios para la construcción de más de seiscientas viviendas públicas en alquiler asequible, superando las competencias estrictas de la institución.

La inversión en infraestructuras deportivas se acerca a los 200 millones de euros en el conjunto del mandato: el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva consolidan a la isla como sede de grandes eventos internacionales. La próxima inauguración del CAAM renovado, el apoyo al Museo Canario y la apertura de nuevos centros de interpretación del patrimonio arqueológico refuerzan la apuesta por la identidad y la memoria colectiva de Gran Canaria.

Salto de Chira, estadio, pabellón ferial, centros sociosanitarios, Museo de Bellas Artes, tren, Centro Insular de Deportes: 600 obras que transforman el territorio. Una hacienda saneada, con unos presupuestos que han superado los mil millones de euros por primera vez en la historia del gobierno de la isla, con un periodo medio de pago a proveedores de 5,25 días, y 1.208 millones de euros tramitados en pagos durante el año.

Gran Canaria no está exenta de retos. La incertidumbre internacional —las guerras, la tensión geopolítica y el proteccionismo comercial— obliga a la prudencia. La mejora del empleo debe ir acompañada de mayor calidad y formación. Pero la tendencia es clara. Once años de proyecto político sostenido, de inversión pública inteligente, de diálogo y de apuesta por las personas antes que por el crecimiento desmedido están dando sus frutos. Gran Canaria progresa, y lo hace con el esfuerzo de todas y de todos.

Diez días después de la visita del Papa a Gran Canaria, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la unidad nos hace más fuertes para alcanzar las metas que nos propongamos. La visita de León XIV a esta isla alcanzó una notable proyección en medios internacionales, llegando a más de quince millones de personas. Las imágenes de su llegada a la Base Aérea de Gando, el encuentro con los migrantes en Arguineguín, los actos en la Catedral de Santa Ana y la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria se distribuyeron mediante señal internacional, reforzando la visibilidad global de la isla, tanto como territorio turístico como punto neurálgico de las rutas migratorias hacia Europa.

El tono dominante que percibo en la opinión pública es de satisfacción y orgullo por el hito histórico y por el trabajo conjunto en la organización de la visita de diócesis, administraciones y entidades sociales en la organización. La isla fue capaz de absorber el incremento de tráfico, visitantes y ocupación hotelera, potenciando su imagen como territorio preparado para grandes eventos complejos.

Y es que hay momentos en la vida de un pueblo que trascienden la mera anécdota y se convierten en espejo donde una sociedad se reconoce a sí misma, donde descubre de qué está hecha, cuáles son sus valores más profundos y hasta dónde llega su capacidad colectiva cuando decide actuar como un solo cuerpo.

La visita del papa León XIV a Gran Canaria fue, sin duda, uno de esos momentos. No solo por su dimensión religiosa o por el peso simbólico que entraña recibir al líder espiritual de más de mil millones de católicos en el mundo, sino porque reveló algo más íntimo y quizás más perdurable: la extraordinaria potencia que emerge cuando una isla entera decide hablar con una sola voz, moverse con un solo propósito y mostrar al mundo lo mejor de sí misma.

Esa fuerza no nació de la improvisación ni del azar. Fue el resultado de un proceso de convergencia en el que instituciones, organizaciones sociales, ciudadanía y administraciones de distinto signo y competencia se alinearon en torno a un objetivo común. Y ese alineamiento, esa suma de voluntades, es precisamente la lección más valiosa que nos deja este acontecimiento histórico, más allá de las imágenes impactantes, las cifras de asistencia o los titulares que recorrieron el mundo.

Gran Canaria es una isla compleja. Como cualquier sociedad moderna, alberga en su interior tensiones, debates, diferencias de criterio y pluralidad de intereses. Esa diversidad es, en sí misma, una riqueza. Pero la diversidad sin capacidad de articulación puede convertirse en fragmentación, y la fragmentación debilita. Lo que demostró la visita papal es que esta isla ha madurado lo suficiente como para sostener la pluralidad y, al mismo tiempo, construir unidad cuando la ocasión lo exige.

Las instituciones que habitualmente operan en ámbitos separados -el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno de España, la Diócesis de Canarias- trabajaron en coordinación estrecha para diseñar y ejecutar un dispositivo de una complejidad extraordinaria. Cada engranaje cumplió su función. Cada actor asumió su responsabilidad sin intentar protagonismos estériles ni trasladar sus cargas al vecino. El resultado fue una maquinaria que funcionó, como dije en algún momento, “como un reloj”. No es una metáfora menor: un reloj solo funciona cuando todas sus piezas, por pequeñas que sean, cumplen su papel en el momento exacto.

Pero la coordinación institucional, siendo imprescindible, no habría bastado por sí sola. Lo que verdaderamente infundió vida al dispositivo fue el civismo y la implicación de la ciudadanía. Decenas de miles de personas se desplazaron con orden, con paciencia, con sentido de la responsabilidad colectiva. Priorizaron el transporte público sobre el vehículo privado. Respetaron los protocolos. Siguieron los itinerarios previstos. Y lo hicieron, no porque fueran obligadas, sino porque entendieron que, en esa jornada, ser parte de la solución era también una forma de ser parte de la historia. Eso es civismo en su expresión más genuina: la conciencia de que el espacio colectivo nos pertenece a todos y a todas; que cuidarlo es también cuidarnos.

La logística de un evento de esta magnitud es, en sí misma, un relato elocuente sobre las capacidades de un territorio. Gran Canaria recibió en pocas horas a una cantidad de personas que transformó por completo la fisonomía urbana de su capital y de varios puntos neurálgicos de la isla. Las paradas en el puerto de Arguineguín, en la Catedral y Plaza de Santa Ana y en el Estadio de Gran Canaria configuraron un recorrido que exigió una planificación milimétrica en materia de movilidad, seguridad, comunicación y gestión de espacios.

El hecho de que la zona de Siete Palmas -donde se congregaron cerca de cuarenta mil personas entre el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el Anexo -quedara totalmente despejada apenas hora y media después de la conclusión de la misa multitudinaria no es un dato menor. Es una demostración palpable de eficiencia, de anticipación y de profesionalidad. Las lanzaderas y servicios especiales de Global, los aparcamientos disuasorios, la coordinación de flujos… todo fue trazado con precisión y ejecutado con solvencia. Y todo ello, en última instancia, es el producto de instituciones que confían las unas en las otras, de equipos técnicos que se sienten respaldados y de una ciudadanía que cumple su parte del contrato social.

Este tipo de demostraciones no son gratuitas. Tienen un valor que va mucho más allá del evento concreto. Proyectan una imagen de solvencia ante el mundo, refuerzan la autoestima colectiva y sientan un precedente sobre el que construir futuros retos. Una isla que es capaz de gestionar con garantías absolutas un acontecimiento de esta envergadura está enviando un mensaje inequívoco a propios y extraños: estamos preparados, somos capaces, podemos.

Más allá de la logística y la coordinación, lo que late en el fondo de todo lo acontecido es algo más difícil de medir pero igualmente real: la conciencia de identidad compartida. Lo definí en los medios de comunicación como “un momento de cohesión social y de expresión de la grancanariedad”. Esa palabra, cargada de significado, apunta a algo que va más allá de la geografía o la administración. Habla de un nosotros que se reconoce en valores comunes: el encuentro, la integración, la paz, el entendimiento.

Gran Canaria lleva décadas construyendo esa identidad desde su peculiar posición en el mundo, en el cruce de rutas entre continentes, en la encrucijada entre Europa, África y América. Una isla que ha sido históricamente lugar de paso, de mezcla y de acogida. Y esa tradición no es un accidente geográfico: es una forma de ser que se ha ido sedimentando en la cultura, en las actitudes, en la manera de relacionarse con el otro. La visita papal fue una oportunidad para que esa identidad se expresara con toda su potencia ante la mirada del mundo.

Y el mundo miró. El papa León XIV lo percibió y transmitió su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla. Cuando el máximo representante de una de las instituciones más antiguas del planeta reconoce en un territorio una capacidad especial para el encuentro y la integración, está validando algo que los grancanarios y grancanarias llevan mucho tiempo construyendo en silencio, con la perseverancia discreta de quien sabe que los valores verdaderos no se proclaman, se practican.

Porque la unidad de una sociedad no se forja solo en los momentos de celebración y orgullo colectivo. Se forja, sobre todo, en la capacidad de mirar juntos las realidades más duras, de asumir la incomodidad moral que genera la injusticia y de comprometerse colectivamente con respuestas a la altura de los desafíos. Una isla que puede hacer ambas cosas a la vez -organizarse con eficiencia y mantener viva la conciencia ética- es una isla verdaderamente fuerte.

En definitiva, lo que nos enseña este acontecimiento histórico es que la unidad no es solo un valor abstracto ni un eslogan para tiempos de crisis. Es una ventaja concreta, una capacidad real que se cultiva, que se ejercita y que, cuando llega el momento, marca la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta excepcional.

Gran Canaria demostró que puede. Demostró que cuando sus instituciones se coordinan, cuando su ciudadanía responde con civismo y cuando su identidad colectiva se pone al servicio de un propósito compartido, no hay reto demasiado grande. Y esa demostración, más que cualquier titular o imagen, es el legado más duradero de la visita del papa León XIV a esta isla atlántica que supo estar, en el momento decisivo, a la altura de la historia.

El puerto pesquero se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes

Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”. 

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores - “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente sobre todo ello en estos tiempos convulsos. 

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos - de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV. Su llegada a Gran Canaria, a este archipiélago atlántico, constituye un acontecimiento de enorme trascendencia que desborda lo estrictamente religioso para situarse en un plano mucho más amplio, profundamente humano, social y político. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y un preocupante retroceso de valores democráticos, su presencia en Canarias adquiere un significado especial. Estas islas, históricamente situadas en la encrucijada entre continentes, se convierten hoy en un escenario privilegiado desde el que proyectar un mensaje de paz, convivencia y diálogo entre culturas.

Canarias ha sido, desde sus orígenes, un territorio de encuentro. Su posición geográfica entre Europa, África y América ha favorecido el intercambio constante de personas, ideas y tradiciones, configurando una sociedad diversa y abierta. Esa diversidad no ha estado exenta de desafíos, pero ha sabido transformarse en una de sus mayores fortalezas. El pluralismo cultural y religioso que caracteriza a las islas es hoy un ejemplo de convivencia que merece ser reconocido y reforzado. En este sentido, su visita no solo tiene un valor simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el ecumenismo y el diálogo interreligioso como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas.

La presencia de un líder espiritual de su dimensión en Canarias invita a reflexionar sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un elemento de división, la fe puede y debe actuar como un punto de encuentro, como un espacio común desde el que impulsar valores universales como la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana y el respeto mutuo. En un tiempo en el que proliferan los discursos excluyentes, los nacionalismos cerrados y las políticas del miedo, su mensaje adquiere una relevancia aún mayor. Canarias, con su tradición de convivencia, está en condiciones de proyectar al mundo esa visión integradora que usted defiende con firmeza.

Junto a esta dimensión cultural y espiritual, existe otra profundamente arraigada en la identidad canaria: su vocación de paz. A lo largo de su historia reciente, la sociedad de las islas ha manifestado de forma reiterada su rechazo a la guerra y a la militarización del territorio. Episodios como la oposición a la instalación de bases militares o el posicionamiento diferenciado en debates de alcance estatal reflejan una conciencia colectiva orientada hacia la neutralidad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Canarias ha defendido, con claridad, que su papel en el mundo no debe ser el de plataforma estratégica para la confrontación, sino el de espacio de cooperación entre pueblos.

Este compromiso conecta de manera directa con las posiciones que usted ha expresado desde el inicio de su pontificado. Su denuncia de la guerra como una derrota de la humanidad y su insistencia en la necesidad de apostar por la negociación, el desarme y la diplomacia resuenan con especial fuerza en esta tierra. En un momento en el que los conflictos internacionales parecen enquistarse y la lógica de bloques vuelve a imponerse, su voz representa una llamada urgente a recuperar el sentido común, la responsabilidad compartida y la centralidad de la vida humana por encima de cualquier interés geopolítico.

Su firmeza frente a los discursos autoritarios y su defensa de los derechos humanos han marcado un punto de inflexión en el debate global. En un escenario donde algunas de las principales potencias del mundo optan por el enfrentamiento, la exclusión y el debilitamiento de las instituciones internacionales, su posición supone un contrapunto ético de gran relevancia. Canarias, que ha vivido históricamente las consecuencias de las decisiones tomadas lejos de su territorio, comprende bien la importancia de defender un orden internacional basado en la justicia, la cooperación y el respeto mutuo.

Sin embargo, si hay un ámbito en el que su visita adquiere una dimensión especialmente significativa es el de la migración. Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano. La llamada ruta atlántica representa una de las travesías más peligrosas del mundo, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y, en demasiadas ocasiones, la tragedia. Detrás de cada llegada hay historias de vida que interpelan directamente a la conciencia colectiva y que obligan a replantear las políticas migratorias desde una perspectiva más humana.

Su compromiso con las personas migrantes ha sido claro y constante. Ha defendido la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar, denunciando con contundencia la “globalización de la indiferencia” y cuestionando aquellos modelos que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. Este mensaje encuentra en Canarias un espacio especialmente sensible, donde la realidad migratoria no es una abstracción, sino una experiencia cotidiana. Las islas conocen bien las dificultades de la acogida en un territorio limitado, pero también han demostrado una enorme capacidad de solidaridad.

En este contexto, su presencia contribuye a situar en el centro del debate europeo la dimensión humanitaria de la migración. La Unión Europea se encuentra en un momento clave, con reformas en marcha que buscan redefinir su política de asilo y migración. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre el riesgo de que estas medidas refuercen el papel de los territorios fronterizos como espacios de contención. Canarias, por su ubicación geográfica, podría verse especialmente afectada por este enfoque, lo que plantea desafíos importantes tanto desde el punto de vista logístico como ético.

Su visita ofrece una oportunidad única para amplificar este debate y para recordar que detrás de cada política hay personas concretas, con derechos, con dignidad y con aspiraciones legítimas. Su voz aporta legitimidad a una crítica necesaria sobre aquellos modelos que deshumanizan y que erosionan los valores fundamentales sobre los que se construye la convivencia democrática. Canarias, en este sentido, no quiere ser un límite, sino un puente; no un espacio de retención, sino un lugar de acogida y de tránsito digno.

Más allá de estas dimensiones, su presencia tiene también un impacto simbólico de gran alcance. En un momento en el que el mundo parece avanzar hacia la fragmentación, su visita a un territorio como Canarias lanza un mensaje poderoso: la importancia de los espacios de encuentro, de las periferias que conectan, de los lugares donde es posible construir alternativas basadas en la cooperación y el entendimiento. Estas islas, alejadas de los grandes centros de poder, representan precisamente esa otra forma de estar en el mundo.

Canarias le recibe, por tanto, con una mezcla de respeto, esperanza y responsabilidad. Respeto por la figura que representa y por el liderazgo moral que ejerce en un momento especialmente complejo. Esperanza porque su mensaje y compromiso pueden contribuir a abrir caminos de diálogo y a reforzar valores que hoy más que nunca necesitan ser reivindicados. Y responsabilidad porque esta visita también interpela a la propia sociedad canaria, que debe estar a la altura de los principios que dice defender.

No se trata únicamente de acogerlo como líder religioso, sino de asumir el reto que su presencia plantea: seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la dignidad humana. Canarias tiene la oportunidad de mostrarse al mundo como lo que es: un territorio diverso, abierto, profundamente humano y con una firme vocación de paz.

Y todo esto condicionado por las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Canarias representa así el desafío de compatibilizar desarrollo económico, justicia social y protección ambiental en un territorio limitado y vulnerable.

Esta isla, León XIV, le abre sus puertas como tierra de encuentro, de diálogo y de esperanza. Aquí encontrará un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la convivencia, en la justicia y en la necesidad de construir un futuro compartido donde nadie quede atrás.

En la última década, España ha vivido graves casos de corrupción que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones. El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas destaparon una trama de financiación ilegal vinculada al Partido Popular y precipitaron la caída del gobierno de Mariano Rajoy en 2018. En medio, el caso ERE reveló un sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía durante gobiernos socialistas. También el exministro del PP Rodrigo Rato fue condenado por un delito contra la hacienda pública y Cristóbal Montoro, otro exministro del PP, está siendo juzgado por montar presuntamente una red clientelar para hacer leyes al dictado de intereses empresariales. Los casos Kitchen, Púnica y Lezo, de corrupción urbanística y de utilización de la policía con fines torticeros, afectaron al PP, mientras que el caso Koldo ha golpeado al PSOE por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia y posibles pagos irregulares vinculados al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En mayo de 2026, la UCO se personó en la sede del PSOE en Ferraz dentro de nuevas investigaciones judiciales sobre presunta financiación irregular y el denominado caso Leire Díez.

La corrupción constituye una de las amenazas más profundas y persistentes para cualquier sistema democrático. Más allá de los delitos concretos, de los nombres propios o de los escándalos que periódicamente ocupan titulares, su verdadero impacto se produce cuando erosiona la confianza colectiva y debilita la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La degradación ética de la vida pública termina generando desapego, frustración y desafección política.

Y no puede interpretarse únicamente como un problema judicial o administrativo. Su alcance es mucho más profundo, porque afecta directamente a la calidad democrática y a la cohesión social. Cuando la ciudadanía percibe que quienes ejercen responsabilidades públicas utilizan el poder para beneficio personal, cuando observan privilegios, clientelismo o impunidad, se instala una sensación de desconfianza que acaba extendiéndose sobre el conjunto de las instituciones.

Esa percepción provoca que muchas personas terminen alejándose de la política, convencidas de que sus problemas reales quedan subordinados a intereses particulares o económicos.

El gran riesgo es que termine normalizándose. Cada nuevo escándalo parece generar una indignación inmediata que, con el paso del tiempo, acaba diluyéndose sin que se produzcan transformaciones profundas. Las promesas de regeneración democrática se suceden, pero la ciudadanía observa con frecuencia cómo determinadas prácticas vuelven a repetirse bajo distintas formas. Ese ciclo permanente de decepción provoca cansancio social y alimenta la idea de que la corrupción forma parte inevitable del sistema político. Y ahí reside uno de los mayores peligros para la democracia: la resignación colectiva.

Cuando la corrupción deja de sorprender y comienza a asumirse como algo cotidiano, el deterioro institucional se vuelve mucho más grave. El problema ya no afecta únicamente a quienes protagonizan conductas ilícitas, sino que contamina la percepción global de la política. Se instala entonces un discurso simplificador según el cual “todos son iguales”, una idea que erosiona el prestigio de las instituciones y favorece el crecimiento del cinismo político. Esa visión indiscriminada resulta especialmente dañina, porque termina debilitando la confianza en la propia democracia y favoreciendo la desmovilización ciudadana.

El avance de la corrupción tiene que ver con un modelo económico global que prioriza el beneficio económico y el poder de determinados intereses privados sobre el interés general. Durante décadas el neoliberalismo ha ido imponiendo una lógica política en la que lo público pierde valor frente a las dinámicas del mercado, reduciendo la política a una simple herramienta de gestión y debilitando su dimensión ética y transformadora. Cuando el dinero y la rentabilidad inmediata se convierten en referencias dominantes, aumentan las posibilidades de que surjan comportamientos corruptos y redes clientelares.

El individualismo extremo, el consumismo y la pérdida de referentes colectivos han contribuido a debilitar la conciencia cívica. En una sociedad donde el éxito personal parece situarse por encima de cualquier consideración ética, resulta más difícil defender valores como la honestidad, la responsabilidad pública o el compromiso con el bien común. Por eso la corrupción no puede combatirse solo mediante leyes o mecanismos judiciales, sino también recuperando una ética pública sólida y fortaleciendo la educación democrática.

Y es muy fácil entonces que prendan los discursos que utilizan la corrupción para desacreditar globalmente la política y las instituciones públicas. Y se hace preciso en este punto distinguir entre la crítica legítima y necesaria a los abusos de poder y el intento de fomentar una visión antipolítica que presente toda acción pública como inútil o sospechosa. Determinados sectores económicos, mediáticos o ideológicos alimentan deliberadamente esa desconfianza generalizada porque una ciudadanía desencantada y desmovilizada resulta más fácil de controlar.

El riesgo de esa deriva es que el vacío dejado por la desconfianza democrática puede ser ocupado por opciones autoritarias o populistas. Cuando las personas dejan de creer en las instituciones, en la representación política o en la capacidad de la democracia para resolver problemas colectivos, emergen discursos basados en el miedo, la confrontación y la simplificación extrema de la realidad. El crecimiento de la extrema derecha en distintos lugares del mundo está relacionado con el malestar social, la precariedad y la pérdida de confianza en los sistemas democráticos.

En ese contexto, la corrupción actúa como un factor especialmente corrosivo porque destruye la credibilidad moral de quienes deben defender las instituciones democráticas. Si quienes representan el interés público aparecen asociados a privilegios, abusos o falta de ejemplaridad, aumenta la frustración ciudadana y se fortalece la idea de que las reglas no son iguales para todos. Esa sensación de injusticia resulta devastadora para la convivencia, porque rompe uno de los principios básicos de cualquier democracia: la confianza en la igualdad ante la ley y en la honestidad de las instituciones.

Pero no podemos quedarnos en una visión derrotista. El diagnóstico sobre el deterioro democrático es preocupante, pero la política democrática es una herramienta imprescindible para transformar la sociedad. Frente al descrédito y el cinismo, se hace necesario fortalecer las instituciones públicas y recuperar la participación ciudadana. La solución no pasa por aborrecer la política, sino precisamente por exigirle más transparencia, más ética y más compromiso con las necesidades reales de la población.

La democracia, insisto en ello, requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida con la defensa de lo común. La participación social, la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son elementos esenciales para evitar que las instituciones se alejen de la sociedad. Una democracia sana necesita hombres y mujeres capaces de implicarse en los asuntos públicos y de defender los valores democráticos frente a quienes intentan degradarlos.

Y aquí juega un papel clave el fortalecimiento de los servicios públicos como garantía de cohesión social y legitimidad democrática. Unas instituciones eficaces, cercanas y orientadas al bienestar colectivo contribuyen a recuperar la confianza ciudadana. Cuando la política demuestra capacidad para mejorar la vida de las personas, disminuye el espacio para el desencanto y para los discursos que cuestionan el valor de lo público.

La lucha contra la corrupción, por tanto, debe abordarse desde una perspectiva integral. No basta con endurecer penas o aprobar nuevas normas si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen los abusos de poder. Frente a los populismos excluyentes, los totalitarismos, la antidemocracia o el pasotismo es preciso avanzar hacia modelos institucionales más transparentes, con mayores mecanismos de control y con una relación mucho más limitada entre intereses económicos y decisiones políticas. Solo así podrá recuperarse la credibilidad democrática.

Pretendo con este texto seguir reflexionando y advirtiendo sobre la fragilidad de la democracia. Las sociedades democráticas no se destruyen únicamente mediante rupturas abruptas; también pueden deteriorarse lentamente a través de la corrupción, la desigualdad, la pérdida de valores colectivos y el descrédito permanente de las instituciones. Cuando la ciudadanía deja de confiar en la política y se instala la idea de que nada puede cambiar, la democracia comienza a resquebrajarse desde dentro.

Frente a ese riesgo no cabe otra opción que recuperar la ética pública, fortalecer la participación ciudadana y defender el valor de las instituciones democráticas. Porque, en última instancia, la corrupción no solo roba recursos o vulnera leyes: también erosiona la esperanza colectiva y debilita el vínculo que sostiene la convivencia democrática. Y sin confianza, sin compromiso cívico y sin defensa activa de lo público, ninguna democracia puede mantenerse sólida en el tiempo.

Una inestabilidad política, profunda y caótica en la República de Weimar, unida a una crisis económica devastadora y a la desconfianza y el rechazo de la ciudadania hacia la democracia sirvió a Hitler para ocupar el poder en Alemania y destruir el sistema democrático desde dentro. Amplios sectores del gran capital industrial y financiero apoyaron sin fisuras una solución autoritaria para defender sus intereses económicos. La historia del ascenso del nazismo - sucedió lo mismo con el franquismo y el fascismo - demuestra que los regímenes totalitarios se terminan afianzando con la complicidad de las élites sociales y económicas. 

En los primeros años del nazismo, importantes empresarios alemanes abrazaron el nacionalsocialismo cuando tuvieron la certeza de que supondría un dique eficaz contra el comunismo, los sindicatos y la inestabilidad política. A partir de 1931, y de forma decisiva en 1933, grandes corporaciones comenzaron a financiar al Partido Nazi y a facilitar su acceso al poder.

Entre las empresas implicadas se encontraban IG Farben, el mayor conglomerado químico europeo,que integró sus objetivos empresariales con los del Estado racial y de guerra. Krupp, pilar de la industria armamentística; Siemens, líder en ingeniería eléctrica; Daimler-Benz y BMW, fundamentales para la motorización y la aviación militar; Thyssen y Hoesch AG, gigantes del acero y Deutsche Bank, que desempeñó un papel clave en la financiación del régimen y en los procesos de “arianización” de empresas judías. Hace unos días, Lufthansa, al cumplir su centenario, admitió su pasado nazi y encargó un informe para revisar su papel durante el régimen nacionalsocialista.

Un momento simbólico de esta alianza fue la reunión del 20 de febrero de 1933, en la que Hitler y Hermann Göring se entrevistaron con los principales industriales alemanes con el objetivo de recaudar fondos para la campaña electoral que precedió al establecimiento definitivo de la dictadura y sirvió para sellar la convergencia entre el poder político autoritario y el gran capital industrial. A cambio de apoyo financiero, el régimen garantizó la destrucción del movimiento obrero, la eliminación de derechos laborales y el acceso privilegiado a contratos estatales masivos. Un encuentro clave de las élites empresariales alemanas con este fin lo describe magistralmente -a mí me conmocionó- Éric Vuillard en su novela “El orden del día”.

Los grandes empresarios alemanes creyeron que podrían domesticar el totalitarismo emergente para garantizar su actividad empresarial sin riesgos y con menos costes sociales, pero terminaron convirtiéndose en cómplices activos de la represión, el trabajo esclavo y el exterminio. 

Da miedo pensarlo y escribirlo, pero la relación entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y el proyecto político totalitario de Donald Trump transmite las mismas sensaciones y sugiere la misma deriva. La realidad actual tiene más tintes de fascismo que de nazismo, pero vuelve a hacerse patente la disposición de determinadas élites económicas altamente concentradas a respaldar liderazgos autoritarios cuando perciben que la democracia liberal limita su poder o sus beneficios.

Como señaló Lluís Bassets en El País, el pasado 8 de febrero, en su artículo “Hegemonismo depredador, monarquía absoluta e ilustración oscura”, estamos ante un imperialismo sin más límites “que los que encuentre su inmenso poder coercitivo, ya sea por las armas o por los aranceles”, que “concibe la fuerza como el único fundamento del derecho”, dejando sin significado “los valores universales, la igualdad, la democracia y los derechos fundamentales” y que apela a la Ilustración Oscura, pretendiendo que la humanidad entera “regrese a la minoría de edad de quien no se atreve a pensar por sí mismo, para someterse sumisamente al poder feudal de las grandes tecnológicas”.

En estos momentos, compañías como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft, junto con influyentes magnates tecnológicos, han intensificado su actividad de lobby y su acercamiento a proyectos políticos como el de Trump que prometen desregulación, centralización del poder ejecutivo y debilitamiento de organismos de control, especialmente en ámbitos clave como la inteligencia artificial, la fiscalidad y el derecho laboral. Algunos de ellos abrazan directamente símbolos, mensajes y prácticas fascistas que alientan la subversión del orden del sistema democrático. Recuerden el brazo en alto de Elon Musk. También la cruzada apocalíptica en la que vaticina la llegada del anticristo, de Peter Thiel, el dueño de Palantir y PayPal, que proclama que la libertad es incompatible con la democracia y que deben ser los magnates tecnológicos los que gobiernen el mundo.

Desde ámbitos políticos, filosóficos y científicos no dejan de surgir voces que alertan acerca de la concentración de poder tecnológico y de datos que crean formas de dominación incompatibles con una democracia real. En este marco, estudios recientes sobre tecnofascismo señalan que la combinación de plataformas privadas, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la extrema derecha están erosionando la soberanía democrática sin necesidad de instaurar un régimen totalitario clásico. Y cada vez se debilitan más los controles sobre los autoritarismos algorítmicos y los “ tecno-tiranos” que utilizan toda la capacidad de la IA para controlar a los pobres, los migrantes o los movimientos sociales democráticos.

No nos puede extrañar entonces los ataques a lideres democráticos como Pedro Sánchez de los dueños de X o de Telegram cuando planteó límites de edad para el uso de sus plataformas. Lo han hecho también contra Thierry Bretyon, impulsor de la regulación europea digital. La UE, los parlamentos democráticos, las organizaciones internaciones deben actuar en consecuencia. Se trata de poner límites, de establecer normas y de plantear alternativas alejadas de los poderes salvajes y totalitarios.

A diferencia de la Alemania de 1933, las instituciones democráticas se mantienen aparentemente operativas. No existe todavía un partido único ni un proyecto totalitario coherente. Pero, como se nos viene advirtiendo desde hace un par de décadas, las democracias rara vez colapsan de forma abrupta sino que se van vaciando desde dentro cuando élites políticas y económicas normalizan la degradación de las normas, la captura de las instituciones y la concentración de poder.

La historia nos sitúa ante una analogía que nos debe hacer reaccionar. El precio que terminamos pagando al aceptar el debilitamiento de la democracia, por pasotismo, complicidad o puro interés económico termina siendo siempre muy caro.  

Sucedió en la Alemania de Hitler y lo estamos viendo repetirse ahora, las élites económicas sacrifican contrapesos democráticos, derechos y regulación pública a cambio de ventajas inmediatas. Esa alianza terrible, con escasos controles democráticos, de “tecno-tiranos” con la extrema derecha totalitaria supone un ataque en la línea de flotación de la democracia liberal. Y tras el debilitamiento será siempre algún tipo de autoritarismo el que tome las riendas.

Por eso ha sido especialmente relevante la presentación, el pasado 25 de mayo, de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV. En ella, el papa nos advierte sobre el “tecnofascismo”: el colonialismo de datos, la concentración del poder tecnológico y de la inteligencia artificial en manos de élites políticas y empresariales que nos pueden conducir a nuevas atrocidades. Sostiene que la IA no es neutral, porque refleja los intereses de quienes la controlan, y puede aumentar la desigualdad, manipular democracias y deshumanizar el trabajo. 

El obispo de Roma habla de la existencia de un nuevo colonialismo de la IA al apropiarse de los datos, reivindica el multilateralismo y el papel de la ONU en el orden mundial, plantea un rechazo firme al transhumanismo y pide “desarmar la IA” mediante regulación ética, supervisión pública y un uso orientado al bien común, la dignidad humana y la justicia social. 

Y considero que fue significativo que contara en su presentación con la participación de Christopher Olah, ateo y cofundador de Anthropic, una de las principales compañías de IA, que plantó cara a Donald Trump impidiéndole el uso de su tecnología en el Pentágono. 

Hacen falta más voces así.

El Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, el pasado 29 de abril, instaurar el 10 de diciembre como Día de las Ciencias Canarias. Se trata, según el texto consensuado, de un reconocimiento al legado del físico lanzaroteño Blas Cabrera, uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y, a la vez, de refuerzo “del compromiso de Canarias con la  divulgación, la investigación y el conocimiento”. 

Rendir homenaje a uno de nuestros más grandes científicos es loable, y también que la cámara legislativa canaria plantee la necesidad de reforzar el desarrollo científico de nuestro archipiélago, pero hablar del estado de la ciencia en Canarias obliga a abandonar ciertos lugares comunes y afrontar una realidad incómoda y estructural. No se trata simplemente de invertir más en investigación o de formar más talento, sino de entender cómo encaja —o más bien, cómo no encaja todavía— la ciencia dentro del modelo económico del archipiélago.

Y eso no parece entenderlo el Gobierno de Canarias que tramita en estos momentos el proyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Rectores de la ULL y la ULPGC, partidos opositores y sectores universitarios han denunciado en los últimos meses la escasa participación de las universidades públicas canarias en la elaboración del texto, pese a concentrar gran parte de la I+D+i del archipiélago. También cuestionan la falta de financiación estable y la ausencia de medidas claras para fortalecer la carrera investigadora. Reclaman una normativa más inclusiva, consensuada y orientada al interés público y científico.

Es lo que plantea el último informe anual, presentado por el Consejo Económico y Social de Canarias el pasado día 15 de mayo: nuestra comunidad, para luchar contra las altas tasas de pobreza y exclusión social,  necesita transformar su modelo económico apostando más por la ciencia, la innovación, la formación y por sectores de alto valor añadido como la economía azul, la biotecnología, la digitalización o las renovables.

El dato más revelador en torno a la ciencia en nuestra comunidad autónoma es también el más repetido: Canarias destina en torno al 0,5 % de su PIB a I+D, muy por debajo de la media española ( 1,50%)  y lejísimos  -cuatro veces por debajo- de los estándares europeos (2,2%). Además, mientras en España creció el gasto en el último año en un 6,9%, en esta comunidad cayó un 1,1%. Pero reducir el análisis a estas cifras sería simplificar en exceso. La cuestión clave no es solo cuánto se invierte, sino quién invierte, para qué y con qué consecuencias.

En las economías más avanzadas, la mayor parte del gasto en investigación proviene del sector privado. Las empresas investigan porque necesitan innovar para competir. En Canarias, sin embargo, el peso de la I+D recae de forma desproporcionada en el sector público y en las universidades, más de un 85%. Esto genera un sistema científicamente digno en ciertos ámbitos, pero débil en su conexión con la economía real.

La razón fundamental es que el tejido productivo canario está dominado por sectores de bajo valor añadido, especialmente el turismo y los servicios asociados. Son actividades que, por su propia naturaleza, no demandan grandes niveles de investigación tecnológica. Y cuando la economía no demanda ciencia, la ciencia queda inevitablemente aislada.

Es lo que explica que Canarias cuente con investigadoras e investigadores cualificados, infraestructuras científicas relevantes en áreas concretas y universidades consolidadas, pero que, aun así, no logre traducir ese conocimiento en desarrollo económico significativo. La ciencia existe y produce resultados, pero no transforma el sistema.

A esta desconexión se suman otros factores estructurales. La insularidad, por ejemplo, limita la creación de ecosistemas empresariales densos. La lejanía de los grandes centros industriales europeos dificulta la aparición de empresas tecnológicas de gran tamaño y reduce las oportunidades de colaboración y crecimiento.

Otro obstáculo importante es la falta de financiación especializada para proyectos innovadores. Muchas iniciativas con potencial terminan dependiendo de inversores externos o trasladando parte de su actividad fuera para poder crecer.

El talento, por su parte, representa otra pieza crítica. Canarias forma profesionales cualificados, pero no siempre es capaz de retenerlos. Muchos acaban marchándose en busca de mejores oportunidades o permanecen en el sistema público sin posibilidad de desarrollar carreras vinculadas a la innovación empresarial.

Esta tierra necesita construir un modelo propio basado en la especialización inteligente. El archipiélago posee una serie de ventajas únicas que, bien aprovechadas, pueden convertirse en pilares de un sistema científico-tecnológico sólido. La astrofísica es quizá el ejemplo más evidente: las condiciones naturales de las islas han permitido desarrollar infraestructuras de referencia mundial. Lo mismo ocurre con las ciencias marinas, la vulcanología o el estudio del cambio climático en entornos insulares.

Estos ámbitos no son solo campos de investigación académica sino que pueden convertirse en nichos económicos si se articulan correctamente con el sector productivo. El desafío no consiste únicamente en producir conocimiento científico, sino en lograr que parte de ese trabajo termine generando actividad económica, tecnología útil y oportunidades empresariales. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas, pero con un enfoque distinto al tradicional, concentrando recursos en áreas concretas donde Canarias tenga ventajas comparativas reales.

Además, es fundamental activar la participación del sector privado. Canarias cuenta con un régimen fiscal singular (REF) que no se está utilizando suficientemente de manera estratégica, a tenor de los datos,  para atraer empresas tecnológicas y fomentar la inversión en I+D. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados reales, no convertirse en simples herramientas de optimización fiscal, una de sus grandes rémoras.

Otro elemento clave es la creación de centros tecnológicos orientados a la transferencia. No basta con investigar; hay que conectar esa investigación con las necesidades de las empresas. Esto implica cambiar incentivos, estructuras y, en muchos casos, mentalidades. La colaboración público-privada no puede ser un eslogan, debe convertirse en el núcleo del sistema.

También hay margen para aprovechar el auge de la economía digital. A diferencia de la industria tradicional, muchas actividades tecnológicas no dependen tanto de la proximidad geográfica. El desarrollo de software, la inteligencia artificial o los servicios digitales pueden operar desde Canarias hacia el mundo. En este terreno, factores como la calidad de vida, el clima o la fiscalidad juegan a favor del archipiélago. La posición geoestratégica del archipiélago abre otra vía interesante: actuar como plataforma entre Europa, África y el Atlántico. Esto no implica convertirse en un gran centro logístico tradicional, sino en un nodo de servicios, conocimiento y tecnología vinculado a ese espacio geográfico.

El futuro de la ciencia en Canarias dependerá de su capacidad para integrarse en la economía. No basta con tener buenos investigadores o infraestructuras destacadas. La ciencia solo despliega todo su potencial cuando se convierte en motor productivo, cuando genera actividad, empleo y valor.

El reto, por tanto, no es menor. Implica repensar y diversificar de manera real el modelo económico. Pero también abre una oportunidad: la de construir un sistema propio, adaptado a las características del archipiélago y centrado en aquello que realmente puede hacer bien.

Canarias no será un gigante tecnológico global. Pero tampoco necesita serlo. Su camino pasa por ser algo diferente: un territorio especializado, eficiente y conectado, donde la ciencia deje de ser un elemento periférico y pase a ocupar un lugar central en su desarrollo. Ese es el verdadero desafío. Y también, si se aborda con realismo, su mayor oportunidad.

La  visita del papa León XIV a Canarias tiene un valor religioso, social, político y económico relevante en el contexto actual, marcado por conflictos internacionales y tensiones geopolíticas. Y es también definitivamente simbólica. Su presencia en este archipiélago atlántico va a permitir proyectar a las islas como un espacio históricamente vinculado a la convivencia, a la paz y al encuentro entre continentes y culturas, lo que contrasta con el clima de confrontación global.  Tiene un especial significado para la comunidad católica en Canarias, pero va más allá.

Me gustaría destacar tres aspectos que me parecen de especial significado para nuestra tierra y que la visita papal proyecta al mundo: el ecumenismo y la multiculturalidad que nos representa, nuestra vocación de territorio de paz y la realidad de las personas migrantes que han llegado a Canarias -una ruta que le quitó el sueño a su predecesor, que llegó a recibir a migrantes que la habían cruzado-  y las aviesas intenciones de Europa con respecto a la migración.

El ecumenismo y el pluralismo religioso son, sin el menor género de dudas, vías fundamentales para fomentar el diálogo entre culturas y avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. En territorios como Canarias, caracterizados por su posición estratégica entre continentes, la diversidad cultural y religiosa se convierten en una oportunidad para promover la convivencia, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. En este contexto, la presencia de un líder religioso de la dimensión de León XIV debe servirnos  para proyectar y reforzar valores como la paz, la justicia social y la sostenibilidad. Lejos de ser un elemento de división, la dimensión religiosa puede actuar como un punto de encuentro capaz de unir a distintas comunidades en torno a objetivos comunes. Así, el diálogo interreligioso y cultural - el templo ecuménico de Maspalomas es un ejemplo pionero que singulariza la realidad multicultural de Gran Canaria-, no solo enriquece a la sociedad, sino que contribuye a construir espacios compartidos donde la fraternidad y el respeto se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo de la humanidad.

Canarias ha protagonizado, también, diversos hitos históricos que reflejan una arraigada cultura de paz  marcada por la negación de la guerra, la exigencia de una neutralidad real, la defensa del territorio y una clara voluntad popular de mantenerse al margen de confrontaciones bélicas. Uno de los momentos más significativos fue el referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN: mientras que en el conjunto del Estado ganó el “sí”, en Canarias se impuso el “no” de forma clara, evidenciando una posición diferenciada y un fuerte rechazo a la integración en estructuras militares internacionales. Este resultado reflejaba, además, el temor a que el archipiélago se convirtiera en un enclave estratégico en conflictos globales debido a su posición geopolítica.

Años antes, durante el final del franquismo y la transición, ya se había producido una importante movilización social contra la posible instalación de una base militar en Arinaga, en Gran Canaria. La población local, junto a distintos colectivos sociales, protagonizó protestas y acciones de presión que lograron frenar el proyecto. Esta oposición no solo respondía a la defensa del territorio, sino también a un rechazo más amplio a la militarización de las islas y a la imposición de un modelo ajeno a las necesidades de la población.

Asimismo, la sociedad canaria ha mostrado su compromiso con la paz a través de movilizaciones contra conflictos internacionales, como la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. Estas protestas han estado siempre acompañadas de críticas al uso estratégico del archipiélago por parte de potencias militares, reforzando la idea de que Canarias no debía ser una plataforma para la guerra, sino un espacio de convivencia y cooperación.

Este enfoque está en línea con numerosas declaraciones del papa Francisco en los últimos años y de León XIV en este año de papado. Han denunciado reiteradamente la guerra como una “derrota de la humanidad” y han advertido sobre el auge de actitudes autoritarias, criticando los nacionalismos excluyentes y la política del miedo. En el contexto de conflictos como el de Ucrania o Gaza, han insistido en la necesidad de negociación, diálogo y desarme, rechazando la lógica de bloques y la escalada militar.

Durante los últimos años hemos vivido choques importantes, sobre todo en temas como la inmigración, el cambio climático o el papel del capitalismo, donde los sumos pontífices defendían posturas más sociales y humanitarias frente a las posiciones de muchos líderes mundiales.

Sin embargo, ahora el conflicto ha dado un paso más con el actual obispo de Roma y ha pasado a ser un enfrentamiento abierto con el autoritarismo desbocado y su figura insigne, Donald Trump. El presidente estadounidense lanzó críticas muy duras contra el papa, acusándolo de ser “débil”, de “complacer a la izquierda radical” y de meterse en política en lugar de centrarse en su papel religioso. Estas declaraciones llegaron en un contexto especialmente sensible, marcado por desacuerdos sobre conflictos internacionales y el uso del discurso religioso en política.

La respuesta de León XIV fue inusualmente clara y firme: afirmó que “no tiene miedo de Trump” y que seguirá defendiendo sus posiciones, especialmente en contra de la guerra y a favor de la paz. Dejó  meridianamente claro que no le tiene ningún miedo y que no piensa callarse ante lo que considera una distorsión del mensaje cristiano.

En su última visita a África, el papa afirmó con rotundidad que “el mundo está siendo devastado por una pandilla de tiranos… los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, mientras que a menudo no basta toda una vida para reconstruir. Se gastan miles de millones en matar y devastar, mientras que los recursos necesarios para curación, la educación y la reconstrucción no se encuentran en ninguna parte”.

En conjunto, lo que estamos viendo no es solo un cruce de declaraciones, sino un choque de visiones mucho más profundo: por un lado, una política basada en la fuerza, el totalitarismo, la antidemocracia, el desprecio a la multilateralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional y, por otro, una autoridad moral que insiste en la justicia social, la acogida, la diplomacia y el diálogo entre las naciones. Esa tensión, que ya existía en tiempos de Francisco, ahora se ha convertido en un enfrentamiento mucho más explícito con León XIV, marcando uno de los episodios de enfrentamiento más directos entre un papa y un líder estadounidense en la historia reciente.

Además, y por último, la presencia del papa en el Archipiélago va a visibilizar ante Europa y ante la comunidad internacional la realidad migratoria en Canarias, una de las principales puertas de entrada de la migración africana hacia la Unión Europea. Su estancia en Canarias va a poner el foco en la dimensión humanitaria del fenómeno y, por tanto, en la situación de miles de personas que llegan por la ruta atlántica y las dificultades de acogida en territorios insulares. Es nítida también su denuncia de la pobreza, el hambre,la desigualdad y la inacción - o la explotación- del mundo rico con los países pobres del  mundo.

En materia migratoria, su posición ha sido especialmente clara y constante: ha pedido acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, denunciando la “globalización de la indiferencia” y cuestionando políticas que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. También ha criticado duramente la externalización de fronteras y los sistemas que convierten a ciertos territorios en espacios de contención, alertando de que eso deshumaniza a las personas y erosiona los valores democráticos.

En ese sentido, su presencia en las islas  servirá para amplificar el debate sobre las políticas europeas que tienden a convertir  territorios fronterizos en lugares de retención, y para dar mayor legitimidad a una crítica ética de esas prácticas que pretenden convertir a Canarias en un contenedor de personas que han atravesado el océano a la intemperie, aterrorizadas. Por eso, los sarpullidos que han provocado en Abascal y Vox las palabras del obispo José Mazuelos - que tiene todo mi apoyo y solidaridad- a favor de la regularización de las personas migrantes o los circunloquios del PP que dice apoyar al obispo pero, al mismo tiempo, que se deben reforzar las fronteras.

Es especialmente significativo el momento. La Unión Europea está desarrollando el Pacto de Migración y Asilo, una reforma amplia que busca endurecer el control de fronteras exteriores, agilizar los procedimientos de asilo y facilitar las devoluciones de personas migrantes sin derecho a protección. También plantea un sistema de “solidaridad flexible”, donde los países pueden elegir entre acoger migrantes o aportar recursos.

Aquí, en Canarias, lo vivimos con una enorme preocupación porque este modelo podría reducir la distribución efectiva de personas entre Estados y reforzar el papel de los territorios fronterizos. Esto implicaría, en la práctica, insistir en convertir a las islas en  espacios de contención o retención, dada su posición geográfica como frontera sur de Europa.

En conjunto, más allá del componente religioso, que lo tiene para miles de canarios y canarias, una visita así supone un fuerte impacto como gesto de denuncia, visibilización y reafirmación de valores como la paz, la dignidad humana y la solidaridad en un momento especialmente delicado para este planeta y para la humanidad.

El pasado 5 de mayo las “Económicas” de Gran Canaria y Tenerife, en colaboración con una representación cualificada de la sociedad civil de Canarias presentaron, al unísono, un manifiesto de apoyo a la universidad pública canaria y solicitaron a la ciudadanía su firma en señal de respaldo. Desde el Cabildo de Gran Canaria quiero expresar mi aliento firme a cada una de sus reivindicaciones. La actualidad trepidante de las islas, marcada por la saturación turística y las urgencias migratorias, no puede seguir dejando en un segundo plano el debate sobre las decisiones de singular calado que el gobierno autonómico está adoptando contra nuestro sistema universitario público. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. La aportación de la ULPGC y la ULL es fundamental para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlas o desmantelarlas es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo.

Hablar en Gran Canaria de la universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha recordado en muchas ocasiones el ex rector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. Han pasado 36 años desde su creación, y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que es una herramienta imprescindible para generar conocimiento cualificado, favorecer la igualdad de oportunidades y democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad: la universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico. El manifiesto, y la amplia presencia de la ciudadanía en su presentación,  nos recuerda que la sociedad que conquistó la ULPGC no está dispuesta a permitir su deterioro. Desde el Cabildo nos mantendremos firmes en la colaboración y en la denuncia de cualquier actuación que debilite o cuestione su papel trascendental.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que el manifiesto ha puesto negro sobre blanco. Constituyen una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la potenciación de las universidades privadas. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo. Demuestran un diseño claro para debilitarlas.

La asfixia económica. La ULPGC nunca ha estado correctamente financiada, pero en los dos últimos años la situación ha empeorado hasta extremos insostenibles. En 2025, el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal ni los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permiten ni el mantenimiento básico. Llevamos años sin un contrato programa que establezca un marco de financiación estable. Según el último informe del Ministerio de Universidades, Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, frente al 1% estatal y el 1,3% europeo. Somos la comunidad que menos invierte por estudiante y en investigación. Las plantillas envejecen y se precarizan. No podemos seguir a la cola. Es absolutamente de justicia reclamar ese 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas canarias.

El control político. La nueva Ley de Consejos Sociales se aprobó contra el parecer de los órganos de gobierno de ambas universidades. Los rectores, que han acudido al Tribunal Constitucional para recurrir la ley,  denuncian falta de diálogo, imposición e invasión de la autonomía constitucionalmente garantizada. Lo que han manifestado públicamente es muy grave: “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Con el paraguas de la participación social, lo que se esconde es el interés por controlar la universidad pública, limitar el disenso y promover visiones  partidistas de la historia, la economía o la cultura.

La exclusión científica. El proyecto de Ley de la Ciencia alcanza niveles irracionales. Se ha empezado a tramitar sin consultar a las dos universidades, que concentran más del 95% de la investigación del archipiélago. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas quedan en minoría. Este maltrato frustra una progresión investigadora en la que estábamos esperanzados.

La apuesta por lo privado. En los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En el último curso, a las privadas se les aprobaron 15 grados y a las públicas ninguno. No se trata de prohibir la competencia, sino de exigir que no sea tramposa. La universidad privada supone una selección social: no toda la población puede pagar matrículas elevadas. El manifiesto que está siendo firmado por una amplia mayoría denuncia con claridad esta deriva.

Esta ofensiva no es un fenómeno aislado canario. Responde a una estrategia global de las derechas para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas. Desde Trump presionando a Harvard o Columbia por sus posturas sobre el genocidio en Gaza o el cambio climático, hasta Macron creando un observatorio contra “derivas ideológicas” en Francia; desde Ayuso estrangulando financieramente a la Complutense —con un plan de recortes de 33 millones de euros que elimina optativas y no repone jubilaciones— hasta la criminalización de la protesta estudiantil. En todas partes se repite el mismo guion: se desgasta la autonomía con recortes, se potencia a las privadas, se controlan los consejos sociales. Lo que ocurre en Canarias es un espejo de esa corriente mundial.

Por eso hoy cobra tanta importancia el manifiesto de las sociedades económicas de Tenerife y Gran Canaria. Es la voz de una sociedad civil que no ha olvidado cómo se conquistó la ULPGC. Sin embargo, debo decir con sinceridad que la respuesta de la comunidad universitaria en los últimos meses no había estado a la altura de la gravedad del momento. El malestar de los equipos rectorales no llegaba con suficiente claridad a la calle. Tampoco había percibido una movilización del profesorado, los sindicatos o el estudiantado acorde con la situación. El manifiesto corrige ese rumbo. Es el primer paso de una respuesta plural y proporcional que necesitamos urgentemente.

Reclamo con la mayor energía un nuevo pacto por la educación superior en Canarias. Necesitamos cinco líneas fundamentales. Primera: mejorar e incrementar la financiación pública con un marco plurianual estable. Segunda: estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional del profesorado y del personal de administración y servicios. Tercera: mejorar la empleabilidad del estudiantado y fomentar la colaboración empresarial. Cuarta: visibilizar la relevancia social del conocimiento que se genera en nuestras aulas. Quinta: incentivar el acceso de toda la población juvenil, especialmente de aquella con menos recursos.

Desde el Cabildo de Gran Canaria sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible para todas y todos. Hoy, con el respaldo del manifiesto ciudadano, reafirmo mi compromiso. Si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles. La universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo. No permitamos que languidezca el gran sueño nacido en el siglo XX. Lo necesitamos para ganar el siglo XXI.

Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos tenido siempre claro que la revisión y actualización del Plan Insular de Ordenación (PIO) no era solo una tarea pendiente, sino una prioridad estratégica para el presente y el futuro de nuestra isla. Desde que asumimos la responsabilidad de gobierno en 2015, impulsamos este documento con la convicción de que estábamos trabajando por el desarrollo social, económico y medioambiental de Gran Canaria, y siempre guiados por un principio fundamental: la defensa del interés general.

El PIO aprobado en 2022 es el resultado de ese compromiso. Se trata de un documento plenamente ajustado a la legalidad vigente, que cumple con la Ley del Suelo de 2017 y se adapta a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como al conjunto de normativas que han ido surgiendo en materia territorial, ambiental y urbanística, tanto en el ámbito autonómico como estatal. Lejos de ser un instrumento desfasado, el plan sitúa a Gran Canaria en la vanguardia de la planificación territorial. Ningún Cabildo de Canarias ha dado este paso.

Con este PIO se ha apostado por un modelo de isla que mira al futuro. Se han incorporado medidas innovadoras en materia energética, avanzando en la descarbonización, en la penetración de energías renovables y en el desarrollo de sistemas de almacenamiento. También se ha trabajado en la mejora de la conectividad, en la limitación de la carga turística y en la construcción de un modelo turístico más diversificado y sostenible. Al mismo tiempo, se refuerzan sectores clave como el primario, se impulsan políticas de vivienda, se ordena  el suelo industrial y se planifican las infraestructuras estructurantes.

Todo ello sin renunciar a uno de nuestros mayores compromisos: la protección del territorio. Con este plan garantizamos la preservación del 85,4% de la superficie de la isla y reforzamos el número y la protección de nuestros espacios naturales, entendiendo que el equilibrio entre desarrollo y conservación es esencial para nuestro futuro.

Nada de esto ha sido fruto de la improvisación. Durante más de diez años se ha desarrollado un trabajo riguroso, liderado por el funcionariado de esta casa, cuya profesionalidad y solvencia queremos reivindicar.  Se ha seguido un procedimiento impecable, participativo y garantista, respaldado por casi un centenar  de informes favorables emitidos tanto por los servicios técnicos del Cabildo como por otras administraciones. Se han dedicado miles de horas y elaborado un documento de enorme complejidad, con 35.000 folios, que fija un horizonte de desarrollo para Gran Canaria hasta el año 2050.

Por eso, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el PIO nos obliga a alzar la voz con claridad. Nos obliga a explicarlo bien a la ciudadanía grancanaria y a insistir en trasladar  la consideración del Gobierno de la isla sobre esta decisión judicial. Consideramos que se trata de una resolución injusta, errónea, superficial y desproporcionada, que atenta directamente contra el desarrollo económico y social de nuestra isla.

Es errónea porque parte de una premisa que no se sostiene: que la Ley de Directrices de Ordenación está derogada. No es así. La propia sentencia reconoce que siguen vigentes las directrices de ordenación del turismo y determinadas directrices generales sobre suelo rústico, además de otras normativas sectoriales. Nuestro plan no se basa en una ley inexistente, sino en un marco jurídico plenamente vigente.

También es errónea porque ignora que el principal sustento del PIO es la Ley del Suelo de 2017. Esta norma permite, a través de su disposición transitoria, continuar procedimientos ya iniciados, como ha sido nuestro caso. Durante los años de elaboración del plan se produjeron múltiples cambios legislativos y,  si hubiésemos reiniciado el proceso en cada ocasión, nunca habríamos podido culminarlo. Actuamos conforme a la ley, utilizando las herramientas que esta nos ofrece y siguiendo las recomendaciones de los equipos técnicos.

Rechazamos igualmente la afirmación de que el PIO esté vacío de contenido. Nada más lejos de la realidad. Se han mantenido íntegramente las directrices de ordenación turística, que nos obligan a delimitar áreas de renovación, establecer criterios de especialización del suelo turístico y planificar su rehabilitación y equipamientos. Hemos definido un modelo turístico insular claro, determinando zonas de uso exclusivo y analizando la capacidad de carga del territorio.

Además, se han  incorporado las directrices de ordenación del suelo rústico, fundamentales para proteger nuestras zonas agrícolas y preservar los suelos fértiles frente a procesos de urbanización. El PIO contiene, por tanto, determinaciones esenciales para el desarrollo de la isla, y resulta incomprensible que se afirme lo contrario.

Es injusta, porque perjudica al interés general y no beneficia ni a quiénes lo recurrieron. No se atiende a ninguna reclamación particular. Nadie gana y todos perdemos.

Nos preocupa especialmente el carácter superficial de la sentencia. No es razonable que un documento de ocho folios pueda invalidar un trabajo de más de una década, sustentado en miles de páginas y en numerosos informes técnicos. No se identifica con claridad qué disposición concreta incumple el plan y se basa en una interpretación que consideramos equivocada. Tenemos la sensación de que no se ha analizado el contenido normativo en profundidad, sino que se ha pasado por encima del texto, que se ha quedado en una lectura parcial.

Esta decisión daña gravemente el interés general de Gran Canaria y cuestiona nuestra capacidad como institución para planificar el territorio. Además, nos sitúa en una posición de indefensión, al limitar las posibilidades de recurso a un complejo procedimiento de casación.

Aun así, queremos ser claros: vamos a defender el PIO en todas las instancias necesarias. Recurriremos ante el Tribunal Supremo y ante el propio TSJC en casación, acudiremos al Tribunal Constitucional y estudiaremos la vía europea. No vamos a renunciar a un instrumento que consideramos clave para el futuro de nuestra isla.

En el ámbito político, también debo responder a las críticas que se han vertido. La decisión de continuar con la tramitación del plan en 2017 no fue arbitraria ni excepcional. En 2014, el propio Partido Popular hizo exactamente lo mismo tras la aprobación de la Ley de Armonización, optando por dar continuidad a los trabajos en curso. Nosotros actuamos con la misma responsabilidad institucional, siguiendo las recomendaciones técnicas y dentro del marco legal.

No hemos tomado ninguna decisión política contraria a los informes técnicos. Al contrario, nos hemos apoyado en ellos en todo momento, garantizando la seguridad jurídica del documento. Por eso, nuestra posición es firme: defendemos el trabajo del funcionariado de esta casa, que ha demostrado su profesionalidad y su compromiso con Gran Canaria, pero también la orientación política que respalda un modelo de desarrollo ecosocial para nuestra isla.

Hoy, más que nunca, nuestra decisión política es clara. Estamos del lado del interés general, del lado del progreso de Gran Canaria y del lado de un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible. Creemos firmemente que el PIO aprobado en 2022 ofrece, infinitamente, mejores garantías para el futuro que su anulación.

Contamos, además, con el respaldo de una amplia mayoría de la corporación, que valora el rigor de los informes técnicos y el trabajo realizado durante todos estos años. Frente a quienes cuestionan las instituciones y el trabajo público, reafirmamos nuestra confianza en los profesionales que han hecho posible este plan y en la defensa de la casación de una sentencia limitante  de derechos y competencias.

El Cabildo de Gran Canaria no va a renunciar a su responsabilidad de planificar el futuro de la isla. El PIO sigue en vigor y vamos a defender su legalidad, su coherencia y su oportunidad histórica en todos los ámbitos necesarios. Porque tenemos el convencimiento de que este plan no solo es válido, sino imprescindible para construir una Gran Canaria más sostenible, más equilibrada y mejor preparada para los retos del futuro. Y seguirá siendo, además, un documento vivo sujeto a revisión y actualización permanente para adaptarse en cada momento a la realidad social, económica y ambiental de la isla.

En primer lugar, apoya la expansión internacional de las empresas locales, facilitando su acceso a mercados exteriores mediante asesoramiento, formación, misiones comerciales y acompañamiento estratégico. Esto resulta especialmente relevante en un territorio fragmentado, donde muchas empresas parten de mercados internos reducidos y necesitan proyectarse al exterior para crecer, diversificarse y ganar competitividad

La proyección exterior constituye un elemento estratégico fundamental para cualquier archipiélago, especialmente en un contexto como el de Canarias, caracterizado por su condición de territorio separado por el océano, ultraperiférico y dependiente en gran medida de los flujos exteriores. En este sentido, las políticas de internacionalización no solo refuerzan la posición global del archipiélago, sino que también permiten a cada isla superar las limitaciones derivadas de su escala y aislamiento físico.

La empresa pública Proexca desempeña un papel central en la estrategia de proyección exterior del archipiélago canario, actuando como instrumento clave del Gobierno autonómico para impulsar tanto la internacionalización de la economía como la atracción de inversiones hacia las islas. Su función se articula en torno a tres grandes ejes que conectan directamente con las necesidades de cada isla.

En primer lugar, apoya la expansión internacional de las empresas locales, facilitando su acceso a mercados exteriores mediante asesoramiento, formación, misiones comerciales y acompañamiento estratégico. Esto resulta especialmente relevante en un territorio fragmentado, donde muchas empresas parten de mercados internos reducidos y necesitan proyectarse al exterior para crecer, diversificarse y ganar competitividad.

Este tipo de acciones permiten que territorios insulares participen activamente en dinámicas globales, incrementando su visibilidad y capacidad de influencia, algo clave en un mundo interdependiente donde la “presencia global” es un indicador del peso internacional .

En segundo lugar, la entidad desarrolla una intensa labor de captación de inversiones extranjeras, promoviendo a Canarias como un destino atractivo para la implantación empresarial. Para ello, hace hincapié en ventajas como su localización geoestratégica entre Europa, África y América, su régimen fiscal diferenciado y su estabilidad institucional. Esta labor contribuye a dinamizar el tejido productivo de cada isla, generando empleo cualificado y favoreciendo la transferencia de conocimiento. La llegada de capital, tecnología y conocimiento externo  acelera procesos de modernización.

En tercer lugar, impulsa la proyección institucional del archipiélago, participando en redes internacionales y posicionando a Canarias en sectores estratégicos como la sostenibilidad, la economía azul, el sector aeroespacial o la innovación tecnológica. De este modo, no solo refuerza la visibilidad exterior de las islas, sino que también facilita oportunidades de cooperación y desarrollo. El impulso a la exportación, la innovación y la apertura a nuevos mercados contribuyen a mejorar la competitividad y la resiliencia económica, generando empleo y valor añadido.

En conjunto, estas tres dimensiones —proyección institucional, expansión empresarial y atracción de inversiones— resultan interdependientes y esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible en cada isla, reforzando su integración en la economía global sin perder su identidad territorial.

Proexca actúa como un puente entre lo local y lo global, alineando los intereses de cada isla con las dinámicas internacionales y contribuyendo a un modelo económico más abierto, resiliente y sostenible.

En estos momentos, el control político y ejecutivo de Proexca está concentrado solo y únicamente en Tenerife. Depende directamente del presidente de Canarias Fernando Clavijo y su presidente es Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia, su vicepresidente Gustavo González de Vega y su consejero delegado, Pablo Martín Carvajal. Los cuatro son  de Tenerife. Y es igualmente de esa isla, el director general David Pérez-Dionis, responsable de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, adscrita también a la Presidencia de Gobierno.

Dependiendo de esta dirección general, y vinculada a Proexca, se crea en junio de 2025 la Oficina de Proyectos Estratégicos. Un poco más atardeceres, durante la segunda mitad de 2025, Proexca, con los pronunciamientos en contra de los representantes de la SPEGC y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria,  en su órgano de gobierno, lanzó un proceso selectivo para siete puestos de trabajo, localizados en Santa Cruz de Tenerife, con los siguientes perfiles profesionales: un director/a de área de proyectos, cuatro gestores de proyectos -que actúan como facilitadores y que se encargan del trato directo y del acompañamiento personalizado a los inversores para agilizar trámites y resolver cuellos de botella burocráticos-, una persona experta en comunicación y  una plaza de  perfil jurídico necesaria para brindar soporte y seguridad técnica en el laberinto normativo, redactar informes legales y asumir la carga administrativa del departamento.

Esta oficina estará, por tanto, ubicada solo en Tenerife, obviando el necesario equilibrio territorial. Consideramos injustificable que una oficina de estas características destinada a empresas y proyectos con potencial de implantación en todo el archipiélago, se centralice en una única isla. Se ignora flagrantemente la realidad económica y geográfica de Canarias.

Desde la perspectiva empresarial, resulta ineficiente e inconveniente que los proyectos que requieran atención presencial dependan de una oficina centralizada en una sola isla, lo que limita gravemente la accesibilidad y la agilidad del servicio.

A nivel de promoción exterior, esta decisión proyecta una imagen negativa, al transmitir que la toma de decisiones, las opciones de localización y el apoyo a la inversión extranjera se monopolizan exclusivamente en Tenerife.

De la misma manera, esta medida contraviene el principio político y administrativo de descentralización que debe regir los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma y más si le sumamos  el agravante de que todos los cargos de responsables políticos y de dirección  de la promoción exterior son  de Tenerife, lo que acentúa la percepción de desequilibrio territorial.

Desgraciadamente esto  sucede también con Canary Islands Film, que cumple una función estratégica muy alineada con la proyección exterior del archipiélago. pues no solo impulsa el crecimiento del sector audiovisual local, sino que también actúa como herramienta de internacionalización económica y de captación de inversión, conectando a Canarias con los principales circuitos globales de la industria audiovisual.

El diseño y la ejecución de las políticas de promoción exterior y atracción de inversiones, debe tener un  enfoque archipielágico que garantice la participación equilibrada de todas las islas, tanto en la ubicación de los servicios como en la representación institucional y la toma de decisiones. Y no nos vale la milonga de que da lo mismo a qué islas representan las personas que gestionan Proexca. No solo hay que aparentar que existe el mismo interés por el desarrollo de las islas, hay que demostrarlo. En este caso,  ni se aparenta ni se demuestra.

Esta semana, de la mano del Consejo Insular de la Energía, del área de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, de Infecar, de la SPEGC y de Island Innovation, celebramos en Gran Canaria la Cumbre Global de las Islas Sostenibles con el objetivo de abordar en profundidad algunos de los grandes retos estructurales que comparten las islas del mundo.

A lo largo de la historia, las islas han sido mucho más que territorios en medio del mar.. Han sido refugio, frontera y promesa. Han sido, en la literatura, el espacio donde imaginar otros mundos posibles. Desde la Utopía de Tomás Moro hasta La isla del tesoro, han representado ese lugar donde lo conocido termina y comienza lo posible. Hoy, esa intuición literaria se ha convertido en una realidad política: las islas ya no son solo espacios donde imaginar el futuro, sino lugares donde ese futuro se está construyendo.

El poeta canario Arturo Maccanti escribió que “el horizonte es nuestra medida”, y quienes vivimos en islas sabemos bien lo que eso significa. Vivimos en un espacio condicionado por límites físicos, por la distancia y por la dependencia, pero también por una relación constante con el horizonte. Como señaló el Nobel caribeño Derek Walcott, “el mar es historia”, y en nuestras islas el mar es historia, pero también presente y, sobre todo, futuro.

Durante demasiado tiempo, las islas han sido percibidas como regiones periféricas, aisladass o vulnerables. Sin embargo, hoy sabemos que esa mirada es incompleta. Las islas no estamos en el margen del cambio, estamos en su primera línea. Representamos entre el uno y el dos por ciento de la población mundial, pero concentramos algunos de los mayores desafíos del planeta en términos de vulnerabilidad climática, dependencia energética y limitación de recursos.

Y precisamente por eso, este encuentro adquiere todo su sentido. Durante estos días se han abordado cuestiones decisivas para el presente y el futuro de las islas en el planeta: la transición energética, la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la economía azul, la biodiversidad, la financiación de la sostenibilidad y la innovación en la gobernanza.

No ha sido un congreso convencional, sino un verdadero espacio de trabajo global donde las islas del mundo se reconocen entre sí, comparten experiencias y construyen soluciones comunes. Lo demuestra la diversidad de quienes han participado, representando a más de cincuenta países y territorios insulares de todos los continentes: desde Tuvalu, en el Pacífico, hasta Jeju, en Corea; desde el Caribe hasta la Macaronesia; desde África hasta Europa, pasando por América y Asia. Esta diversidad es la mejor prueba de que las islas, en cualquier parte del mundo, comparten desafíos… y también la voluntad de construir soluciones conjuntas.

Este encuentro tiene además una trayectoria que merece ser destacada. La Cumbre Global celebra en Gran Canaria su cuarta edición. La primera tuvo lugar en Madeira, la segunda en Prince Edward Island (Canadá) y la tercera en Saint Kitts and Nevis (en el norte antillano). Tres territorios distintos, tres contextos diferentes, pero con una misma vocación: construir un espacio global para el diálogo entre islas.

A lo largo de estas ediciones se han abordado algunos de los grandes retos estructurales de los territorios insulares: la transición energética en sistemas aislados, el desarrollo de energías renovables y almacenamiento, la descarbonización de las economías y la seguridad energética. También han ocupado un lugar central la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la resiliencia frente a fenómenos extremos y la protección de los ecosistemas, especialmente en entornos costeros y marinos.

La economía azul, el turismo sostenible, la economía circular y la diversificación económica han sido igualmente ejes fundamentales, junto con la financiación de la transición, la gobernanza multinivel y la innovación tecnológica. En definitiva, la Cumbre ha ido construyendo una visión compartida: la de unas islas que no solo afrontan desafíos, sino que lideran respuestas.

Porque, aunque estemos en distintos océanos, compartimos una misma realidad. Compartimos la dependencia energética —que en muchos casos supera el 80% de combustibles fósiles importados—, la vulnerabilidad frente al cambio climático, con buena parte de nuestras poblaciones e infraestructuras en zonas costeras, y la presión sobre el territorio y los recursos hídricos. Pero también compartimos algo esencial: la capacidad de adaptarnos, de innovar y de anticiparnos.

Hay, además, una paradoja que merece ser destacada. A pesar de su tamaño, los territorios insulares han desempeñado un papel decisivo en la agenda climática global, situando el cambio climático en el centro del debate internacional y elevando la ambición de los acuerdos. Cuando una isla habla de cambio climático, no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Pero hay una idea aún más importante: las islas no son solo zonas vulnerables, son auténticos laboratorios vivos del planeta. En ellas, los efectos del cambio climático o de la presión sobre los recursos se manifiestan antes, de forma más intensa y más visible. Lo que en otros lugares ocurre de manera gradual, en las islas ocurre de forma acelerada. Por eso, lo que sucede hoy en las islas no es una excepción, es una anticipación de lo que sucederá en el resto del mundo.

Esta condición nos sitúa en una posición única: no solo estamos afrontando los impactos, estamos desarrollando soluciones. Y ese es precisamente el valor de este foro: conectar esas soluciones, compartirlas y proyectarlas a escala global. Esa ha sido la experiencia de Gran Canaria. Hace una década tomamos una decisión política clara: entender la transición energética no solo como un reto técnico, sino como una cuestión de soberanía energética, alimentaria y de seguridad hídrica. Esa visión se concretó en un modelo que hoy guía nuestra acción pública: Gran Canaria Ecoísla.

Diez años después, ese modelo está dando resultados. Hemos multiplicado por más de tres nuestra potencia instalada en energías renovables y hoy concentramos una parte muy significativa de la generación renovable del archipiélago. Hemos avanzado hacia un modelo más eficiente, desacoplando el crecimiento económico del aumento del consumo energético, uno de los cambios estructurales más relevantes para un territorio insular. Hemos impulsado comunidades energéticas que sitúan a la ciudadanía en el centro del sistema y desarrollamos infraestructuras estratégicas de almacenamiento como el Salto de Chira, clave para integrar renovables. También hemos desplegado una red de recarga para movilidad eléctrica y apostamos por nuevos vectores energéticos como la geotermia o el hidrógeno verde.

Pero esta transformación no se limita al ámbito energético. Estamos redefiniendo nuestro modelo económico desde una perspectiva insular. Hemos desarrollado una estrategia de economía circular orientada a reducir la dependencia exterior, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades, y a esto le hemos añadido programas formativos en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta visión conecta directamente con el turismo sostenible. El reto no es reducir el turismo, sino transformarlo en un modelo más resiliente, eficiente e integrado en el territorio, capaz de generar valor sin comprometer los recursos. El futuro pasa por modelos regenerativos adaptados a los límites físicos. En esta línea, desarrollamos proyectos como MasDunas o ImpulsaMaspalomas.

Junto a ello, estamos impulsando de forma decidida la economía azul como uno de los grandes vectores de futuro. El mar no es solo un límite, es una oportunidad. En Gran Canaria desarrollamos proyectos vinculados al hidrógeno verde en entornos portuarios, a la descarbonización del transporte marítimo y a nuevas cadenas de valor asociadas al océano. En este camino, iniciativas como BIOASIS Gran Canaria representan un paso más: convertir la isla en un espacio de experimentación donde integrar economía circular, bioeconomía, innovación y sostenibilidad.

Pero también sabemos que no basta con mitigar. El cambio climático ya está aquí. Por eso hemos situado la adaptación en el centro de nuestras políticas públicas. Un ejemplo es el sistema ALERTAGRAN-5, una herramienta inteligente de alerta temprana ante inundaciones, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, que mejora nuestra capacidad de anticipación y respuesta y que se suma a lo sistemas ya existentes.

Este tipo de actuaciones refleja un cambio de enfoque. Estamos pasando de una lógica reactiva a una lógica de anticipación, utilizando datos, tecnología e inteligencia pública para proteger mejor a la ciudadanía y al medio natural. 

El foro ha servido para mucho más que debatir. Ha sido un instrumento clave para consolidar alianzas entre territorios que comparten desafíos, ambición y compromiso. Y por eso, lo que hagamos aquí importa. Importa mucho.

El pasado martes 7 de abril, representantes del sector energético, del ámbito marítimo y portuario, del tejido empresarial, de las universidades, de los centros de investigación, de las organizaciones profesionales y sindicales  y de las administraciones públicas, nos reunimos en el Cabildo de Gran Canaria para firmar una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que  recoge una posición compartida en la que se solicita avanzar, sin más dilaciones, en la convocatoria de la primera subasta de eólica marina y que informa a la sociedad grancanaria de esta unidad de acción para conseguirlo.

El acto se convocó, de esta manera plural, en colaboración estrecha con el Clúster Marítimo de Canarias, como una expresión firme de que esta isla está preparada para dar ese paso adelante. Y refleja algo muy importante: que estamos ante una oportunidad que solo puede abordarse desde una visión compartida y desde una acción conjunta. Nos reunimos para exigir la eólica marina para Gran Canaria, pero en realidad estamos hablando de algo más profundo: estamos planteando cómo queremos que sea el futuro económico, energético e industrial de Gran Canaria, porque la eólica marina no es una tecnología más dentro del mix energético, es una de las pocas herramientas que tenemos para avanzar simultáneamente en tres objetivos que son clave para nosotros: reducir nuestra dependencia energética, diversificar nuestra economía y generar empleo cualificado vinculado a sectores de futuro. Por eso este no es un debate técnico, es una decisión política en el sentido más amplio del término.

En los últimos años se han producido avances importantes en España en este ámbito. Se han aprobado los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), se ha definido un marco regulatorio básico y se han delimitado las zonas donde esta tecnología puede desarrollarse. Todo eso era necesario y lo valoramos. Pero también debemos decir con claridad que no es suficiente si no se traduce en decisiones concretas, porque a día de hoy, la eólica marina en España no ha comenzado y, mientras tanto, el resto de Europa avanza, consolida industria, genera empleo y captura inversión. Y en este tipo de procesos, el tiempo no es neutro: quien llega tarde pierde posiciones que luego son muy difíciles de recuperar.

Gran Canaria no quiere llegar tarde, y no lo decimos desde una lógica de reivindicación, sino desde una lógica de coherencia. Nuestra isla cuenta con una planificación energética clara, definida en la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria, que reconoce que en un sistema aislado como el nuestro no basta con aumentar la potencia renovable, sino que es imprescindible incorporar tecnologías que aporten estabilidad.

La eólica marina flotante responde exactamente a esa necesidad, porque ofrece una generación más constante, complementaria a la solar y capaz de reducir de forma efectiva nuestra dependencia de combustibles fósiles. Pero además, y esto es fundamental, la eólica marina es también una oportunidad económica de primer nivel. 

Los estudios disponibles, y en particular el análisis elaborado por el Clúster Marítimo de Canarias en el marco del proyecto aliSEAos, ponen cifras a esa oportunidad. Un despliegue de eólica marina  de en torno a 500 megavatios puede generar miles de millones de euros de impacto económico en Canarias y miles de empleos vinculados a una nueva industria. No hablamos de expectativas teóricas, sino de escenarios construidos con rigor que muestran el potencial real de esta actividad. 

Igualmente,  la universidad de Comillas ha señalado en un estudio reciente que la eólica marina en Canarias es más competitiva que en cualquier espacio marítimo peninsular. Que en este archipiélago es viable económicamente a corto plazo.

Pero también debemos ser honestos: ese impacto no está garantizado y depende de cómo se diseñe el desarrollo de esta tecnología y, sobre todo, de la capacidad que tengamos para integrar a nuestro tejido empresarial en la cadena de valor. Porque la eólica marina no es solo la instalación de aerogeneradores en el mar, sino una cadena industrial compleja que abarca desde la ingeniería y la fabricación hasta la logística, la instalación, la operación y el mantenimiento, y que abre oportunidades también en ámbitos como la economía circular.

Gran Canaria tiene capacidades en muchos de esos espacios: cuenta con un sector marítimo-portuario con experiencia, con empresas preparadas, con conocimiento técnico y con una posición estratégica en el Atlántico que puede convertirla en un nodo logístico de referencia, lo que permite hablar de diversificación económica real y no de una oportunidad abstracta.

Este desarrollo, además, no se plantea de forma aislada, sino integrado en un modelo energético que ya estamos construyendo, en el que la generación renovable debe ir acompañada de almacenamiento, de gestión inteligente de la demanda y de electrificación de distintos sectores productivos. Por eso pedimos también un nuevo concurso de concurrencia competitiva que se cimiente en la flexibilidad del sistema y en el almacenamiento e, igualmente, insistimos en crear un marco retributivo propio para las islas. Infraestructuras como el Salto de Chira forman parte de ese modelo y refuerzan la viabilidad de integrar nuevas fuentes de generación como la eólica marina. Y lo queremos ampliar sumando la presa de Las Niñas.

Hay otro asunto de enorme calado que no podemos obviar. La guerra de Irán nos sitúa en un escenario de inseguridad brutal. Se puede producir un “shock” mundial de imprevisibles consecuencias. Por eso la necesidad de avanzar en un mix energético de eólica marina, de eólica en tierra, de fotovoltaica, de autoconsumo, de geotermia, de hidrógeno verde…apoyado en almacenamiento hidráulico y en baterías. En las cotas más altas que podamos de soberanía energética.

Conviene recordar también que Gran Canaria ya ha participado activamente en la fase de planificación. Durante la elaboración de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, el Cabildo trabajó con el Gobierno de España y con el Gobierno de Canarias para adaptar las zonas a la realidad insular, introduciendo ajustes relevantes como el alejamiento de las zonas a seis kilómetros de la costa aproximadamente para reducir el impacto paisajístico y mejorar la compatibilidad con otras actividades. No fue fácil, pero llegamos a un acuerdo. Es decir, la planificación ya se ha hecho, ha habido diálogo y se han alcanzado equilibrios. Por eso, lo que hoy planteamos no es abrir un nuevo debate, sino avanzar.

El ministerio ha iniciado recientemente una consulta pública, y queremos decir con claridad que valoramos ese paso y entendemos su utilidad, pero también debemos señalar que la eólica marina en España no necesita solo consultas, sino decisiones.  Entendemos igualmente que en un momento como el actual se haya querido trasladar una señal en vísperas de un encuentro internacional relevante como WindEurope, pero precisamente por eso creemos que esa señal debe ir acompañada de decisiones concretas.

La eólica marina necesita calendario, necesita seguridad para el sector y necesita que se convoque la primera subasta, porque sin ese paso todo lo demás se queda en planificación y la planificación por sí sola no genera ni energía, ni empleo ni actividad económica.

Por ello hemos querido trasladar al Gobierno de España una petición clara: que se dé ese paso sin más dilaciones y que se convoque la primera subasta incorporando a Gran Canaria en ese primer impulso, no como una excepción, sino como una oportunidad para demostrar que este modelo puede funcionar. Proponemos que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en Gran Canaria: un proyecto real, operativo y replicable, que permita activar la cadena de valor y generar un efecto demostrador para el conjunto del país.

Y junto a ello, queremos plantear una cuestión que consideramos fundamental, porque este no es solo un debate sobre energía, sino sobre modelo económico: para que el desarrollo de la eólica marina flotante genere el impacto socioeconómico que Gran Canaria necesita, la integración de nuestro tejido empresarial en la cadena de valor debe ir más allá de una declaración de intenciones. Aunque valoramos positivamente el objetivo de diseñar un modelo que favorezca la integración local, consideramos imprescindible establecer metas cuantificables, porque solo garantizando un porcentaje mínimo de participación de la industria local podremos asegurar que este sector se convierta en un verdadero motor de desarrollo para nuestras empresas y para la isla.

En definitiva, estamos ante una decisión que va más allá de la energía, una decisión sobre el papel que queremos que tenga Gran Canaria en el futuro y sobre nuestra capacidad para aprovechar una oportunidad que ya está en marcha en otros territorios. Y lo que hoy queremos trasladar, con serenidad, pero también con claridad, es que esta isla está preparada, que ha hecho su parte de la tarea y que ha llegado el momento de que esa preparación se traduzca en decisiones concretas por parte del MITECO. Pedimos alto y claro, por tanto, la eólica marina para Gran Canaria, ya.

El décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria no puede entenderse como un hito aislado en el tiempo, sino como la culminación de un proceso político, estratégico y social que se remonta al año 2015. En ese año llegamos al Gobierno de la isla con la firme intención de hacer de Gran Canaria una ecoísla. Este concepto no se limitaba únicamente al ámbito energético, sino que planteaba un modelo integral de desarrollo basado en la soberanía energética, la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria, la economía circular y azul, la movilidad sostenible, un turismo adaptado al medio y políticas sociales orientadas al bienestar.

Desde su origen, esta visión no fue un ejercicio retórico, sino una estrategia política clara orientada a reforzar la capacidad de decisión de la isla, reducir dependencias externas y aumentar la resiliencia del territorio. En ese contexto, la energía se situó como el eje central de la transformación, al entenderse como una herramienta clave para garantizar autonomía y estabilidad frente a un modelo energético previo que generaba vulnerabilidad estructural.

Veníamos de una fuerte oposición a la implantación de un modelo gasístico en la isla, que incluía infraestructuras como una regasificadora en Arinaga y el despliegue de redes de gas. Frente a ese planteamiento, defendimos un modelo alternativo basado en energías renovables, autosuficiencia y democratización del acceso a la energía. Este cambio de rumbo no fue sencillo, pero sentó las bases de una transformación profunda.

En este contexto, la creación del Consejo Insular de la Energía en 2016 representó un paso decisivo. No se trataba de establecer una estructura administrativa convencional, sino de diseñar una herramienta operativa con capacidad real de intervención, ejecución y transformación. Desde sus inicios, el Consejo se dotó de una hoja de ruta clara a través de la Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, complementada por la Estrategia de Economía Circular, con el objetivo de reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo bajo en carbono.

Diez años después, los resultados avalan esa apuesta. En 2015, Canarias contaba con apenas 360 megavatios de potencia renovable instalada, de los cuales solo 120 correspondían a Gran Canaria. En la actualidad, el archipiélago alcanza aproximadamente los 1.000 megavatios, mientras que Gran Canaria ha llegado a 440 megavatios. Esto supone haber multiplicado por más de tres la potencia renovable en la isla. Pero más relevante aún es el peso relativo dentro del sistema: Gran Canaria concentra el 44 % de la potencia instalada y el 47 % de la generación renovable de Canarias, a pesar de representar solo el 38 % de la demanda. Estos datos consolidan a la isla como el principal motor energético del archipiélago.

Otro indicador clave del éxito del modelo es el desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. A pesar del aumento de población y actividad económica, la demanda eléctrica se ha mantenido estable entre los 3.100 y 3.300 gigavatios hora. Esto refleja una apuesta efectiva por la eficiencia energética y demuestra que es posible crecer sin incrementar el consumo de recursos de forma proporcional.

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido el impulso al autoconsumo. Actualmente, una de cada tres instalaciones de autoconsumo de Canarias se encuentra en Gran Canaria, concentrando el 40 % de la potencia doméstica instalada. Este avance ha sido posible gracias a políticas de apoyo que han movilizado más de 3 millones de euros en subvenciones, permitiendo la instalación de alrededor de 1.800 sistemas en viviendas y más de 1.000 actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible. Más allá de las cifras, este proceso ha supuesto un cambio estructural: el paso de un modelo energético centralizado a uno distribuido, donde la ciudadanía adquiere un papel protagonista.

En paralelo, la movilidad eléctrica ha experimentado un crecimiento notable. El 51% de los vehículos eléctricos vendidos en Canarias se registran en Gran Canaria, y la red de puntos de recarga, que comenzó con una instalación pionera, alcanzará los 100 puntos operativos. 

La capacidad de ejecución ha sido otro elemento diferencial del modelo. El Cabildo ha desarrollado una red de instalaciones que supera los 5 megavatios en funcionamiento, ubicadas en espacios ya antropizados para minimizar el impacto territorial. Ejemplos como el Gran Canaria Arena, el Ecoparque Norte o diversas infraestructuras sociosanitarias y culturales evidencian una estrategia coherente de integración de energías renovables. Además, existen 15 megavatios adicionales en cartera, lo que garantiza la continuidad del proceso.

En un sistema insular aislado como el de Gran Canaria, el almacenamiento energético se ha convertido en un elemento estratégico. La naturaleza intermitente de las energías renovables exige soluciones que permitan equilibrar la oferta y la demanda. En este sentido, destacan proyectos clave como el Salto de Chira, con una capacidad de 200 megavatios, que funcionará como una central hidroeléctrica reversible capaz de almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando sea necesario. Esta infraestructura, desarrollada en colaboración con Red Eléctrica, representa un pilar fundamental para garantizar la estabilidad y autonomía del sistema energético insular. A este proyecto se suman iniciativas de almacenamiento distribuido, como las desarrolladas en el Gran Canaria Arena o en el Polígono de Arinaga, que combinan generación fotovoltaica con sistemas de almacenamiento. Estas actuaciones refuerzan la resiliencia del sistema y permiten una gestión más eficiente de la energía.

El avance estratégico más reciente ha sido la puesta en marcha de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria. Esta herramienta establece objetivos concretos: alcanzar entre un 60% y un 70% de generación renovable en 2030, reducir emisiones en más de un 40% y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040, con hasta un 100 % de generación renovable. 

Dentro de esta planificación, el desarrollo del almacenamiento a gran escala ocupa un lugar central, incluyendo sistemas de hidrobombeo con agua de mar adaptados a la realidad insular. Se ha impulsado la creación de una iniciativa público-privada para desarrollar estos proyectos, combinando la experiencia empresarial con el arraigo local.

Otro eje estratégico es la geotermia profunda, actualmente en fase de exploración. Este recurso, al no depender de condiciones climáticas, ofrece una fuente de energía constante y fiable que puede contribuir significativamente a la autonomía energética de la isla. El inicio de los sondeos en Telde marcará un hito en este ámbito.

La transición energética en Gran Canaria también se ha caracterizado por su dimensión social, especialmente a través del impulso de comunidades energéticas. Estas iniciativas, promovidas desde el Cabildo, permiten a ciudadanos, empresas e instituciones producir y gestionar su propia energía. Proyectos como los de Siete Palmas o Playa del Inglés ya están en funcionamiento, y se prevé que más de 6.500 usuarios participen en estas comunidades a corto plazo, con una potencia instalada superior a los 5 megavatios. Este modelo refuerza la democracia energética y fomenta la cohesión social.

A todo ello se suman otros proyectos estratégicos como el desarrollo de hidrógeno verde en Arinaga, con Megaturbinas, orientado a la descarbonización del transporte marítimo, lo que amplía el alcance de la transición energética hacia sectores clave de la economía.

Sin embargo, los logros alcanzados plantean nuevos retos que requieren decisiones políticas firmes. En este sentido, estamos formulando varias demandas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, se exige acelerar el desarrollo de la eólica marina, considerada una oportunidad estratégica que no puede retrasarse por falta de planificación. En segundo lugar, se reclama la garantía de los fondos europeos Next Generation, considerados esenciales para sostener el proceso de transición energética.

Asimismo, se plantea la necesidad de un régimen retributivo específico para Canarias que tenga en cuenta su condición ultraperiférica y facilite la descarbonización del sistema. También se solicita la convocatoria urgente de un nuevo concurso para la concurrencia competitiva que permita incorporar flexibilidad y almacenamiento al sistema energético, evitando riesgos como posibles apagones dada su fragilidad actual.

Otro aspecto clave es la coordinación territorial, destacando la importancia de la implicación de los 21 municipios de la isla a través de iniciativas como el Pacto de las Alcaldías por el Clima. La transición energética se concibe como un proceso colectivo que requiere la participación activa de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad.

Finalmente, el balance de estos diez años no se limita a cifras o infraestructuras, sino que pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, equipos técnicos, empresas, universidades y ciudadanía. La colaboración ha sido un elemento esencial para convertir una idea inicial en una realidad tangible. Gran Canaria no solo ha avanzado en la implantación de energías renovables, sino que se ha consolidado como referente en liderazgo energético dentro de Canarias, demostrando que la transición es posible cuando existe una visión clara, capacidad de ejecución y compromiso colectivo. 

Europa cuenta con un sector aeroespacial altamente desarrollado y estratégico, articulado en torno a la Agencia Espacial Europea (ESA) y grandes consorcios industriales como Airbus, ArianeGroup o Thales Alenia Space. Destaca por su capacidad en satélites, navegación (Galileo), observación de la Tierra (Copernicus), lanzadores (Ariane, Vega) y exploración científica. El sector combina una fuerte inversión pública con la cooperación internacional y una industria competitiva a nivel global.

Dentro del ecosistema europeo, España es un actor relevante. Participa activamente en programas de la ESA y cuenta con una industria sólida en fabricación, ingeniería, sistemas espaciales y servicios basados en satélites. Empresas como Airbus España, GMV, Indra o Sener lideran proyectos clave. Desde 2023, la Agencia Espacial Española (AEE) refuerza la coordinación, la estrategia nacional y el impulso al New Space, startups y aplicaciones duales (civiles y de defensa).

A este lado del Atlántico, Canarias ocupa una posición singular por su localización geográfica, por sus  condiciones atmosféricas y por sus infraestructuras científicas. Alberga centros de referencia mundial como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro Espacial de Canarias, los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos y, más recientemente, Fuerteventura está destacando como un lugar relevante, centrado en el uso de drones y pseudosatélites, con proyectos pioneros como el Stratoport. El archipiélago avanza y  se posiciona como plataforma para ensayos aeroespaciales, drones, estratosféricos, obervación de la Tierra, espacio cercano y economía azul-espacial (PLOCAN), con ventajas fiscales y regulatorias que favorecen la innovación.

En conjunto, Europa lidera la estrategia, España consolida capacidades industriales y tecnológicas, y Canarias aporta un enclave científico y experimental esencial para el desarrollo futuro del sector. Atravesamos, por lo tanto, un momento decisivo en el que Europa y España buscan garantizar su independencia tecnológica y asegurar sus niveles de producción industrial.

Si bien es fundamental proyectarnos hacia un futuro repleto de posibilidades resulta igualmente vital revisar nuestra trayectoria y nuestras capacidades actuales. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance de nuestro potencial. Canarias lleva décadas mirando al cielo. El Instituto de Astrofísica de Canarias y los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos nos han convertido en una de las grandes ventanas científicas del mundo.

En Maspalomas tenemos el Centro Espacial de Canarias, una estación histórica que colaboró con la NASA en los programas Mercury, Gemini y Apolo y que ha estado muy de actualidad en estos días porque ha jugado, de nuevo, un papel importante en el programa de exploración lunar de la NASA, Artemis II. Hoy opera con el INTA y la ESA para el seguimiento de satélites. Desde esa antena se siguen misiones de observación de la Tierra y se reciben datos de satélites de agencias como la NASA, la ESA o la JAXA. La estación participa incluso en sistemas internacionales de búsqueda y salvamento y sigue apoyando operaciones muy relevantes tanto para la defensa como para fines civiles. Resulta curioso cómo en el pasado Día de la Constitución la Delegación del Gobierno en Canarias entregó al Instituto Astrofísico de Canarias, en su cuarenta aniversario, una distinción  por su contribución a la ciencia, pero se olvidó de que el Centro Espacial de Canarias cumplía su cincuenta aniversario, a los que habría que añadir los quince años que estuvo dirigido por la NASA. Está muy olvidado también por el INTA, a pesar de que cuenta con profesionales extraordinarios y de que sus posibilidades de ensamblar con el ecosistema local están absolutamente desaprovechadas. Es necesario que amplíe su vinculación con las empresas y con el potencial de investigación de la isla.

Nuestra situación geoestratégica, unida a las excelentes condiciones naturales —clima, cielo y océano—, nos da una posición privilegiada para operaciones de satélites, comunicaciones, seguimiento de misiones, logística de lanzamientos y el despliegue de nuevas constelaciones que requieren una “ventana atlántica”. A eso se suma un clima suave todo el año y un amplio espacio aéreo sobre el océano ideal para la experimentación.

Desde Gran Canaria queremos contribuir a que España y Europa fortalezcan sus políticas aeroespaciales. Alineada con la Estrategia Aeroespacial Canaria, Gran Canaria quiere formar parte de ese esfuerzo colectivo y estratégico. Tienen el apoyo decidido del Cabildo de Gran Canaria para que nuestras fortalezas y las oportunidades se conviertan en proyectos empresariales y de investigación que favorezcan el crecimiento del talento local y atraigan el foráneo.

Desde luego, este apoyo sería más significativo si nuestra isla hubiese sido elegida como sede de la Agencia Espacial Española. Nos eliminaron en semifinales; no pudo ser, pero esa derrota no es óbice para que mantengamos nuestro interés en este campo.

Creo que es relevante destacar la importancia de nuestro baúl de talento y conocimiento, un factor esencial para este ámbito aeroespacial. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece una amplia y cualificada oferta de titulaciones STEM. Además, dispone de institutos de investigación reputados y consolidados en ámbitos de aplicación al sector aeroespacial, como el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI), el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC) y el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Centros con amplia experiencia en proyectos aplicados al sector que cuentan con aproximadamente 250 investigadores adscritos.

Conscientes de que debemos activar nuestro ecosistema, ya tenemos en marcha una serie de iniciativas para que la isla ofrezca un marco competitivo para el desarrollo aeroespacial. Detallo algunas de ellas: 1) Conjuntamente con el Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos en fase de construcción de un centro dotado de laboratorios, salas de ensayo y salas blancas para el desarrollo de proyectos y ensayos en ámbitos como la microelectrónica, la fotónica y otros de la industria aeroespacial. 2) Con otras entidades estamos impulsando áreas específicas aptas para la instalación de antenas de seguimiento satelital, así como de telepuertos y centros de datos, para el soporte de la actividad de observación. 3) Hemos presentado una candidatura conjunta con el IAC y los cabildos de Tenerife y Fuerteventura para que Canarias sea sede de una de las incubadoras de la Agencia Europea Espacial. 4) También la construcción de la estación de Temisas, en Agüimes, a incluir en la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, refuerza nuestras capacidades. Esta estación contará con un radiotelescopio de última generación, estaciones GNSS, un reloj atómico y un pabellón de gravimetría, lo que la convierte en un referente internacional para estudios de geodinámica y de observación espacial.

No debemos olvidarnos de que, además de todo lo anterior, ofrecemos un entorno fiscal altamente competitivo para la inversión, la investigación y la innovación, con deducciones fiscales de hasta el 75% en actividades de investigación y desarrollo. A ello se añade la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite operar con un tipo impositivo reducido al 4% del Impuesto de Sociedades.

La suma de estos factores, unida a nuestra estabilidad institucional y al paraguas de seguridad jurídica europea, conforma un entorno único. Si a ello añadimos la potencia logística de nuestros puerto y aeropuerto, junto con el dinamismo empresarial y nuestra calidad de vida, Gran Canaria se posiciona como un destino de primer orden para la inversión en el sector que nos ocupa.

El Cabildo de Gran Canaria seguirá apoyando decididamente este camino, fortaleciendo las alianzas con la universidad, el sector privado y las instituciones nacionales e internacionales que comparten esta visión de futuro para el sector aeroespacial.

El impacto más visible del actual modelo energético es el calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 °C desde la era preindustrial, lo que ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías prolongadas e inundaciones. A ello se suma la grave contaminación atmosférica: la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por exposición a aire contaminado, gran parte derivado de la quema de combustibles fósiles. Estos datos reflejan no solo un problema ambiental, sino también una crisis de salud pública global.

Además del impacto climático y sanitario, el modelo energético actual presenta una fragilidad estructural significativa. La dependencia de recursos concentrados en regiones geopolíticamente inestables ha generado tensiones económicas y políticas, especialmente en Europa. Durante años, el continente dependió en gran medida del gas procedente de Rusia, situación que quedó en evidencia tras la invasión de Ucrania en 2022. Este conflicto desencadenó una crisis energética sin precedentes recientes, en la que el precio del gas llegó a multiplicarse por más de cinco, afectando tanto al coste de la electricidad como a la economía de hogares e industrias.

A esta situación se han sumado tensiones en Oriente Medio, la última es la guerra de Irán, que han impulsado los precios del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent ha superado los 100 dólares en varios momentos recientes, mostrando la volatilidad de un sistema energético dependiente de factores externos. Esta inestabilidad impacta directamente en la inflación, el crecimiento económico y la seguridad energética de los países importadores. Por eso Europa acaba de lanzar un plan de diez puntos para reducir la demanda. 

En este contexto, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha advertido que “la guerra de Irán ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, y numerosos expertos coinciden en que un escenario con el petróleo a 200 dólares haría al mundo “infinitamente más pobre y con menos empleo”.

Ante este panorama, la transición hacia energías renovables aparece no solo como una respuesta ambiental, sino también como una estrategia de soberanía energética y estabilidad económica. Tecnologías como la solar, la eólica o la hidráulica ofrecen ventajas clave: son recursos autóctonos, abundantes y cada vez más competitivos. Los datos lo confirman: según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído cerca de un 85 % desde 2010, mientras que la eólica terrestre ha reducido sus costes en torno a un 55 %. En muchas regiones, estas tecnologías ya resultan más baratas que los combustibles fósiles incluso sin subsidios. Además, el sector de las renovables emplea a más de 13 millones de personas en todo el mundo, con previsión de duplicarse en las próximas décadas.

Sin embargo, el despliegue de estas energías no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos internacionales. El Acuerdo de París establece la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, lo que requiere una reducción drástica de emisiones en esta década. 

En Europa, el debate energético se ha intensificado tras las crisis recientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar que reducir la energía nuclear había sido un error, lo que refleja la complejidad del contexto actual. En Canarias la ultraderecha ha llegado a plantear la instalación de pequeñas plantas nucleares en el mar..

Pese a estas divergencias, responsables internacionales insisten en no desviar el foco de las energías renovables. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha señalado que los conflictos bélicos evidencian la urgencia de acelerar la transición energética. En sus palabras, “cada crisis es un recordatorio de que la dependencia de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista climático, sino también peligrosa desde una perspectiva geopolítica”.

El consenso científico es claro: la transición energética debe ser rápida, estructural y sostenida. No basta con aumentar la generación renovable, sino que es necesario transformar sectores clave como el transporte, la industria y el consumo energético. En este proceso, resultan fundamentales la electrificación verde y flexible, el almacenamiento mediante baterías, el hidrógeno verde y la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, la transición debe abordar las desigualdades globales en el acceso a la energía. Mientras en los países desarrollados el foco está en la descarbonización, en muchas regiones millones de personas aún carecen de electricidad. Garantizar una transición justa e inclusiva es esencial para que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan de manera equitativa. Desde el punto de vista económico, esta transformación representa una gran oportunidad: el Fondo Monetario Internacional estima que una transición acelerada podría generar millones de empleos y favorecer el crecimiento global a medio plazo.

En definitiva, la transición hacia energías limpias no es opcional, sino imprescindible. Las evidencias científicas, los datos económicos y la realidad geopolítica coinciden en señalar la insostenibilidad del modelo actual. Las crisis recientes han evidenciado las debilidades de un sistema dependiente de recursos finitos y concentrados en regiones conflictivas, reforzando la necesidad de avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y seguro.

En este contexto, uno de los debates más frecuentes es el impacto paisajístico de las energías renovables. Aunque es legítimo proteger el entorno, no puede priorizarse una visión estática del paisaje frente a la urgencia de la transición energética. Las infraestructuras renovables tienen un impacto en gran medida transitorio y reversible, mientras que los efectos del cambio climático son acumulativos y, en muchos casos, irreversibles. Por tanto, avanzar hacia energías limpias es también una forma de preservar el entorno a largo plazo.

Otra fuente de oposición a las renovables surge cuando la población local no percibe beneficios directos. Para reducir este rechazo, es fundamental repartir mejor el valor generado. Esto implica ofrecer beneficios económicos como participación en proyectos o descuentos en la factura eléctrica, así como promover modelos comunitarios que aumenten la implicación ciudadana. También son importantes las compensaciones visibles, como inversiones en infraestructuras, y una participación real desde las fases iniciales de los proyectos.

La percepción de justicia resulta determinante: cuando los beneficios se distribuyen de manera equilibrada, disminuye el conflicto social. Finalmente, una comunicación clara, centrada en impactos concretos como ahorro, empleo o mejoras locales, es más eficaz que los argumentos abstractos. En conjunto, la clave para el éxito de la transición energética radica en pasar de un modelo percibido como impuesto a uno basado en la implicación activa de la ciudadanía.

España ha afrontado mejor la crisis energética derivada de las tensiones en torno a Irán que otros países de la Unión Europea gracias a su mix energético. La alta penetración de energías renovables, como la solar y la eólica, ha reducido su dependencia de combustibles fósiles importados, más expuestos a la volatilidad internacional. Esto ha permitido contener mejor los precios de la electricidad y mitigar el impacto sobre hogares y empresas, favoreciendo una mayor estabilidad económica y un crecimiento superior al de otras economías europeas.

Igualmente, ha reforzado su apuesta por las renovables con el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que destaca por ampliar el radio del autoconsumo compartido hasta los 5 km y ofrecer deducciones fiscales del 20% en instalaciones solares y aerotermia. Además, se han movilizado 2.000 millones de euros en ayudas para la industria limpia y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 16.000 MW en almacenamiento por baterías. Todo esto se enmarca en la actualización del PNIEC, tras haber logrado el hito histórico de cubrir el 100% de la demanda peninsular con fuentes limpias en abril de 2025.

Pero se siguen olvidando de dar un paso importantísimo, comprometido además con Gran Canaria: poner en marcha cuanto antes la subasta para hacer posible la implantación de la eólica marina en nuestra isla. Esto, Salto de Chira y su ampliación a Las Niñas, la geotermia y un nuevo concurso de concurrencia competitiva donde se premie la generación de un sistema flexible y almacenamiento, garantizaría nuestra soberanía energética. Están tardando.

El Club Baloncesto Gran Canaria constituye uno de los casos más singulares de desarrollo deportivo en el contexto del baloncesto español. Su evolución desde una iniciativa educativa hasta convertirse en una entidad consolidada en la élite nacional y con proyección europea refleja un proceso complejo en el que han intervenido factores deportivos, económicos e institucionales. En este recorrido, la capacidad de adaptación a las exigencias del deporte profesional, junto con el respaldo público y una gestión orientada a la estabilidad, han sido elementos determinantes.

El origen del club se sitúa en 1963, en el seno del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. En este contexto, el baloncesto se introduce como una actividad formativa, vinculada a los valores educativos propios del centro. Durante más de dos décadas, el equipo, conocido como Claret Club de Baloncesto, desarrolla su actividad en competiciones escolares y regionales, evolucionando progresivamente hacia el ámbito federado. El crecimiento del nivel deportivo y la consolidación organizativa del club propiciaron su transición hacia estructuras más profesionalizadas.

El proceso de transformación se intensifica a partir de la década de 1980. El club se desvincula formalmente del entorno escolar, adoptando una estructura independiente que le permite competir en categorías superiores del baloncesto nacional. Este cambio supone el inicio de su profesionalización, aunque no exento de dificultades. Durante estos años, el equipo logra su primer ascenso a la Liga ACB, máxima categoría del baloncesto español, pero no consigue consolidarse de forma inmediata. La alternancia entre ascensos y descensos, unida a la dependencia de patrocinadores y a la limitada capacidad económica, refleja la fragilidad del proyecto en esta etapa

La conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992 responde a la necesidad de adaptarse al nuevo marco legal del deporte profesional en España. Este proceso implicaba dotar al club de una estructura económica más sólida y transparente. No obstante, también puso de manifiesto las limitaciones estructurales a las que debía enfrentarse la entidad. La insularidad de Gran Canaria supuso un lastre brutal. Estas circunstancias derivaron en una situación económica delicada que amenazaba la viabilidad del club a medio plazo.

Ante este escenario, la intervención del Cabildo de Gran Canaria a mediados de la década de 1990 resultó determinante. La institución insular adquirió la mayoría accionarial del club, convirtiéndose en su principal sostén económico e institucional. Esta decisión respondió a una estrategia orientada a preservar un activo deportivo de gran valor social para la isla, así como a garantizar la presencia de Gran Canaria en la élite del baloncesto español. Se proporcionó al club una base de estabilidad imprescindible para su desarrollo.

A partir de la temporada 1994-1995, en la que el equipo logra el ascenso a la Liga ACB, se inicia una etapa de consolidación - con aciertos y errores como en toda obra humana- que se prolonga hasta la actualidad. Desde entonces, el Club Baloncesto Gran Canaria ha permanecido de forma ininterrumpida en la máxima categoría, lo que constituye uno de sus principales logros estructurales. Esta permanencia no solo evidencia la estabilidad del proyecto, sino también su capacidad para competir de manera sostenida en un entorno altamente exigente.

Durante este periodo, el club ha desarrollado un modelo de gestión basado en la eficiencia en el uso de recursos, la detección de talento y la apuesta por la continuidad. A diferencia de otras entidades con mayores presupuestos, el Gran Canaria ha construido su competitividad a partir de la optimización de sus capacidades, lo que le ha permitido mantenerse en una posición relevante dentro del baloncesto español. En el ámbito deportivo, esta estrategia se ha traducido en participaciones recurrentes en los playoffs por el título de la Liga ACB y en presencias habituales en la Copa del Rey.

Un nuevo punto de inflexión en la evolución institucional del club se produce con la llegada de Sitapha Savané a la presidencia. Su nombramiento supuso un cambio de paradigma en la gestión, al incorporar una visión más moderna, profesionalizada y alineada con las dinámicas actuales del deporte de élite. Exjugador y figura emblemática de la entidad y querida por la afición, Savané aportó un profundo conocimiento interno del club, reforzando la cultura organizativa y la conexión con la grada. Bajo su liderazgo, se ha impulsado una mayor estabilidad en la toma de decisiones, así como una clara apuesta por proyectos a largo plazo, tanto en el ámbito deportivo como institucional. También ha mimando la inclusión social con el Proyecto Suma y la cantera con formación integral, desarrollo progresivo y seguimiento individual. Él estaba en otras tareas, pero lo convencimos y aceptó el reto. Se merece todo el apoyo.

Paralelamente, el club ha consolidado su proyección internacional mediante su participación en competiciones europeas. A lo largo de los años, el Gran Canaria ha sido un participante habitual en torneos continentales, lo que ha contribuido a reforzar su visibilidad y a elevar su nivel competitivo. Este proceso culmina con su participación en la Euroliga en la temporada 2018-2019, un hito que representa el reconocimiento al crecimiento sostenido de la entidad. Aunque su desempeño en esta competición fue limitado, su presencia en la máxima categoría europea supuso un avance significativo en la historia del club.

El mayor éxito deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria se produce en la temporada 2022-2023, con la conquista de la EuroCup. Este título no solo constituye el logro más importante de su trayectoria, sino que también simboliza la consolidación de un modelo basado en la estabilidad institucional y la gestión eficiente. La obtención de este campeonato sitúa al club en una posición destacada dentro del baloncesto europeo, reforzando su prestigio y proyección internacional.

En este contexto de crecimiento, la llegada de Jaka Lakovic al banquillo en 2022, coincide con la llegada también de Savané, marca el inicio de una etapa especialmente relevante en el plano deportivo. De hecho esta ha sido la mejor temporada en la historia de entidad. Desde su incorporación, el técnico ha logrado imprimir al equipo una manera de juego definida. Este enfoque ha permitido al Gran Canaria competir con solvencia frente a equipos de mayor capacidad económica, consolidando su posición en competiciones nacionales e internacionales.

Durante la etapa de Lakovic, el club ha experimentado una notable mejora en su rendimiento. En su primera temporada, el equipo logra conquistar la EuroCup, alcanzando así el mayor éxito de su historia reciente. En las campañas posteriores, el Gran Canaria ha mantenido una presencia constante en fases avanzadas de competiciones europeas, llegando a disputar nuevas finales y demostrando una continuidad competitiva destacable. En el ámbito nacional, el equipo ha recuperado protagonismo, con clasificaciones recurrentes para la Copa del Rey y presencia en los playoffs de la Liga ACB.

Más allá de los resultados, la etapa de Jaka Lakovic se caracteriza por la consolidación de un proyecto deportivo coherente y orientado al largo plazo. En este sentido, la apuesta del club por su continuidad resulta especialmente significativa. La renovación de su contrato, respaldada tanto por la dirección deportiva como por las instituciones y por la afición se debió no solo a los éxitos obtenidos, sino también a la confianza en un modelo de trabajo que prioriza la estabilidad y la planificación estratégica. Él también lo entendió así: se pudo ir al Baskonia, pero se quedó en la isla.

Esta decisión reflejó la voluntad clara de consolidar un proyecto sostenible en el tiempo, alejándose de la volatilidad que caracteriza a menudo al deporte profesional. La continuidad de Lakovic ha permitido reforzar la identidad del equipo, favorecer el desarrollo de jugadores y mantener una línea de trabajo coherente. En el momento actual no hay nadie a la vista en el mercado que se acerque a sus méritos y valía.

La trayectoria del Club Baloncesto Gran Canaria pone de manifiesto la importancia de la combinación entre apoyo institucional, gestión eficiente, estabilidad deportiva y comunión con la afición. Desde sus orígenes en el ámbito escolar hasta su consolidación como referente del baloncesto español y europeo, ha sabido adaptarse a las exigencias del entorno competitivo sin perder su idiosincracia. Y así debe seguir.

Hoy este club, al que queremos tanto, está atravesando un mal momento deportivo. No se libra de esto ningún equipo de referencia en algún momento de su historia. El presidente y la directiva que lo han llevado a lo más alto son los mismos que los de la temporada pasada, donde el equipo llegó a la final de la Eurocup y jugó los cuartos de final de la ACB y las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador es el mismo, por tanto, que lo ha situado en la élite del baloncesto español. Habrá tiempo de evaluar lo sucedido esta temporada, ahora solo cabe la unidad, el apoyo y el ánimo. Habrá tiempo de analizarlo todo, pero no ayuda nada estar solo para las maduras y no para las duras. Podemos seguir pitando y pidiendo el cese de todo el mundo o animar e intentar elevar la moral de los jugadores y entrenador y abrigar e impulsar al equipo. Me parece que lo más justo y responsable es esto último. Siempre me dijeron que en las pasiones desatadas el baloncesto es distinto a otros deportes de masas. Insisto, es la hora de la unidad. Lo pido encarecidamente, porque nos jugamos mucho.

En 1965, el Cabildo de Gran Canaria tomó una decisión que contribuiría a afianzar el futuro económico de la isla: crear la primera institución ferial del archipiélago canario. Así nació Infecar, un recinto concebido para convertirse en punto de encuentro entre empresas, instituciones y ciudadanía. Seis décadas después, aquel proyecto pionero se prepara para una nueva etapa de transformación con el objetivo de consolidar a Gran Canaria como un referente internacional en el ámbito de ferias, congresos y eventos profesionales. 

Su historia comenzó oficialmente el 15 de marzo de 1966 con la celebración de la primera edición de la Feria Española del Atlántico. En aquel contexto histórico, marcado por los procesos de descolonización en África y la apertura a nuevos mercados internacionales, Gran Canaria se presentaba como una plataforma estratégica para impulsar relaciones comerciales. Su ubicación geográfica, entre Europa, África y América, favorecía el intercambio económico y empresarial. El éxito de aquella primera feria fue inmediato. Durante los quince días que permaneció abierta al público, el recinto —que entonces contaba con unos 36.000 metros cuadrados— recibió a más de 320.000 visitantes y reunió a 272 expositores.

A partir de entonces, vivió una evolución constante. Lo que inicialmente fue un lugar dedicado al intercambio comercial se transformó progresivamente en un espacio multifuncional capaz de acoger ferias sectoriales, congresos profesionales, encuentros empresariales y eventos de diversa naturaleza. A lo largo de sus más de sesenta años de historia, ha acompañado el crecimiento económico de Gran Canaria y su progresiva apertura al exterior.

Desde sus inicios, ha contribuido a reforzar el papel de la isla como puente entre continentes. Si en sus primeros años el objetivo principal era fortalecer las relaciones comerciales con África, con el paso del tiempo amplió su proyección hacia otros mercados, especialmente en el ámbito iberoamericano. Esta vocación internacional se ha convertido en uno de los rasgos que definen su trayectoria.

Coincidiendo con su 60 aniversario, afronta ahora una nueva etapa marcada por la modernización. El Cabildo de Gran Canaria ha impulsado un ambicioso proyecto de renovación destinado a adaptar el recinto a las nuevas exigencias del sector ferial y congresual, cada vez más competitivo, tecnológico y globalizado. La transformación no se limita únicamente a la mejora de las instalaciones. El objetivo es llevar a cabo una renovación integral que refuerce su papel como motor económico y social de la isla. Además de modernizar las infraestructuras, el proyecto pretende generar un impacto positivo en su entorno urbano, especialmente en los barrios de Ciudad Alta.

La iniciativa busca que Infecar no sea solo un lugar donde se celebran eventos, sino también un escenario que contribuya a dinamizar la actividad económica de su espacio de influencia. De esta forma, se pretende beneficiar tanto al comercio local como a los residentes de la zona. Para ello, el proyecto se ha diseñado mediante un proceso participativo en el que han intervenido distintos actores sociales y profesionales, entre ellos la ciudadanía del lugar, profesionales del sector de ferias y congresos, empresas proveedoras y representantes institucionales.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa es el impulso del turismo MICE, un segmento que engloba reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Este tipo de turismo se ha convertido en una de las áreas con mayor crecimiento dentro del sector turístico internacional. A diferencia del turismo vacacional tradicional, el de congresos atrae visitantes con mayor poder adquisitivo y genera actividad económica durante todo el año. En Canarias, el impacto económico del sector MICE es notable: las actividades vinculadas a congresos y eventos generan más de 168 millones de euros de impacto directo, a los que se suman más de 218 millones de impacto indirecto y cerca de 28 millones de impacto inducido. En conjunto, esta industria supera los 414 millones de euros de actividad económica en el archipiélago.

Además del impacto económico, contribuye a diversificar la economía y a generar empleo. Se estima que más de 2.800 puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de estas actividades, desde pequeñas empresas proveedoras de servicios hasta sectores como el transporte, la restauración o la hostelería. Otro de los aspectos destacados del turismo de congresos es su capacidad para equilibrar la actividad turística a lo largo del año. Muchos eventos se celebran en temporadas medias o bajas, lo que permite mantener la ocupación hotelera y la actividad económica incluso fuera de los periodos de mayor afluencia turística.

La modernización de Infecar responde precisamente a esta evolución del sector y a la necesidad de contar con instalaciones más modernas, flexibles y adaptadas a las nuevas tecnologías. Aunque el recinto ha experimentado diversas mejoras a lo largo de su historia, muchas de sus instalaciones fueron concebidas hace más de medio siglo, en un contexto muy distinto al actual.

Por este motivo,  el Cabildo de Gran Canaria inició en 2021 los trámites para impulsar una renovación profunda de esta institución ferial. Esta renovación  contempla la construcción de un nuevo pabellón, la creación de un edificio de usos complementarios y la urbanización de los espacios exteriores, incluyendo plazas, zonas de servicio y nuevas áreas públicas. La inversión prevista supera los 72,6 millones de euros, lo que refleja la apuesta institucional por fortalecer una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico de la isla. El objetivo es dotar a Gran Canaria de un recinto capaz de competir con otros espacios feriales y congresuales tanto a nivel nacional como internacional.

El elemento central de esta transformación será el nuevo pabellón de Infecar. Este edificio sustituirá a los actuales pabellones 3 y 7 y contará con una superficie aproximada de 9.490 metros cuadrados. En su interior se habilitará un gran espacio principal de unos 7.500 metros cuadrados con capacidad para más de 3.500 personas en formato ferial o congresual. Una de sus características más destacadas será su versatilidad. Gracias a un sistema de tabiques móviles con aislamiento acústico, el espacio podrá dividirse en cuatro subpabellones independientes que permitirán celebrar distintos eventos de forma simultánea o adaptar el recinto a diferentes formatos según las necesidades de cada organización.

El edificio también incluirá salas polivalentes, espacios de trabajo, zonas de descanso, áreas de restauración y salas destinadas a prensa y reuniones. Todo ello está pensado para ofrecer un entorno funcional y moderno que responda a las demandas actuales de organizadores, empresas y asistentes. La sostenibilidad constituye otro de los ejes principales del proyecto. Su fachada incorporará un revestimiento elaborado con aluminio reciclado que permitirá mejorar el aislamiento térmico y acústico. Asimismo, la cubierta contará con paneles fotovoltaicos capaces de generar más de 900.000 kilovatios hora al año.

Esta ampliación llega en un momento de crecimiento para la actividad de Infecar. En 2025 el recinto registró cifras históricas, con la celebración de 181 eventos y la asistencia de más de 328.000 visitantes, lo que supuso un incremento notable respecto al año anterior. Si se analiza la evolución de la última década, el crecimiento resulta aún más significativo. Entre 2015 y 2025 el número de eventos celebrados ha aumentado un 285%, mientras que el número de expositores ha crecido un 671% y el de visitantes un 271%. Estos datos reflejan su consolidación como uno de los principales espacios de encuentro económico y social de Gran Canaria. Y todo ello hermanado con el recinto que gestiona la SPEGC que dispone de dos grandes platós para rodajes, el edificio Pasarela, el Incube o el CDTIC.

Sesenta años después de su creación, Infecar afronta una nueva etapa marcada por la transformación, la innovación y la ambición de seguir creciendo, con un extraordinario equipo detrás.  La ampliación del recinto ferial permitirá reforzar, insisto, su capacidad para acoger grandes eventos y consolidar a Gran Canaria como un destino competitivo en el ámbito internacional de ferias y congresos. Más allá de la infraestructura, el proyecto representa también una apuesta por el futuro económico de la isla.  Un espacio pensado para conectar ciudadanía,  empresas, ideas y oportunidades, tal como ocurrió en aquella primera Feria del Atlántico de 1966.