El décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria no puede entenderse como un hito aislado en el tiempo, sino como la culminación de un proceso político, estratégico y social que se remonta al año 2015. En ese año llegamos al Gobierno de la isla con la firme intención de hacer de Gran Canaria una ecoísla. Este concepto no se limitaba únicamente al ámbito energético, sino que planteaba un modelo integral de desarrollo basado en la soberanía energética, la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria, la economía circular y azul, la movilidad sostenible, un turismo adaptado al medio y políticas sociales orientadas al bienestar.

Desde su origen, esta visión no fue un ejercicio retórico, sino una estrategia política clara orientada a reforzar la capacidad de decisión de la isla, reducir dependencias externas y aumentar la resiliencia del territorio. En ese contexto, la energía se situó como el eje central de la transformación, al entenderse como una herramienta clave para garantizar autonomía y estabilidad frente a un modelo energético previo que generaba vulnerabilidad estructural.

Veníamos de una fuerte oposición a la implantación de un modelo gasístico en la isla, que incluía infraestructuras como una regasificadora en Arinaga y el despliegue de redes de gas. Frente a ese planteamiento, defendimos un modelo alternativo basado en energías renovables, autosuficiencia y democratización del acceso a la energía. Este cambio de rumbo no fue sencillo, pero sentó las bases de una transformación profunda.

En este contexto, la creación del Consejo Insular de la Energía en 2016 representó un paso decisivo. No se trataba de establecer una estructura administrativa convencional, sino de diseñar una herramienta operativa con capacidad real de intervención, ejecución y transformación. Desde sus inicios, el Consejo se dotó de una hoja de ruta clara a través de la Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, complementada por la Estrategia de Economía Circular, con el objetivo de reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo bajo en carbono.

Diez años después, los resultados avalan esa apuesta. En 2015, Canarias contaba con apenas 360 megavatios de potencia renovable instalada, de los cuales solo 120 correspondían a Gran Canaria. En la actualidad, el archipiélago alcanza aproximadamente los 1.000 megavatios, mientras que Gran Canaria ha llegado a 440 megavatios. Esto supone haber multiplicado por más de tres la potencia renovable en la isla. Pero más relevante aún es el peso relativo dentro del sistema: Gran Canaria concentra el 44 % de la potencia instalada y el 47 % de la generación renovable de Canarias, a pesar de representar solo el 38 % de la demanda. Estos datos consolidan a la isla como el principal motor energético del archipiélago.

Otro indicador clave del éxito del modelo es el desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. A pesar del aumento de población y actividad económica, la demanda eléctrica se ha mantenido estable entre los 3.100 y 3.300 gigavatios hora. Esto refleja una apuesta efectiva por la eficiencia energética y demuestra que es posible crecer sin incrementar el consumo de recursos de forma proporcional.

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido el impulso al autoconsumo. Actualmente, una de cada tres instalaciones de autoconsumo de Canarias se encuentra en Gran Canaria, concentrando el 40 % de la potencia doméstica instalada. Este avance ha sido posible gracias a políticas de apoyo que han movilizado más de 3 millones de euros en subvenciones, permitiendo la instalación de alrededor de 1.800 sistemas en viviendas y más de 1.000 actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible. Más allá de las cifras, este proceso ha supuesto un cambio estructural: el paso de un modelo energético centralizado a uno distribuido, donde la ciudadanía adquiere un papel protagonista.

En paralelo, la movilidad eléctrica ha experimentado un crecimiento notable. El 51% de los vehículos eléctricos vendidos en Canarias se registran en Gran Canaria, y la red de puntos de recarga, que comenzó con una instalación pionera, alcanzará los 100 puntos operativos. 

La capacidad de ejecución ha sido otro elemento diferencial del modelo. El Cabildo ha desarrollado una red de instalaciones que supera los 5 megavatios en funcionamiento, ubicadas en espacios ya antropizados para minimizar el impacto territorial. Ejemplos como el Gran Canaria Arena, el Ecoparque Norte o diversas infraestructuras sociosanitarias y culturales evidencian una estrategia coherente de integración de energías renovables. Además, existen 15 megavatios adicionales en cartera, lo que garantiza la continuidad del proceso.

En un sistema insular aislado como el de Gran Canaria, el almacenamiento energético se ha convertido en un elemento estratégico. La naturaleza intermitente de las energías renovables exige soluciones que permitan equilibrar la oferta y la demanda. En este sentido, destacan proyectos clave como el Salto de Chira, con una capacidad de 200 megavatios, que funcionará como una central hidroeléctrica reversible capaz de almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando sea necesario. Esta infraestructura, desarrollada en colaboración con Red Eléctrica, representa un pilar fundamental para garantizar la estabilidad y autonomía del sistema energético insular. A este proyecto se suman iniciativas de almacenamiento distribuido, como las desarrolladas en el Gran Canaria Arena o en el Polígono de Arinaga, que combinan generación fotovoltaica con sistemas de almacenamiento. Estas actuaciones refuerzan la resiliencia del sistema y permiten una gestión más eficiente de la energía.

El avance estratégico más reciente ha sido la puesta en marcha de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria. Esta herramienta establece objetivos concretos: alcanzar entre un 60% y un 70% de generación renovable en 2030, reducir emisiones en más de un 40% y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040, con hasta un 100 % de generación renovable. 

Dentro de esta planificación, el desarrollo del almacenamiento a gran escala ocupa un lugar central, incluyendo sistemas de hidrobombeo con agua de mar adaptados a la realidad insular. Se ha impulsado la creación de una iniciativa público-privada para desarrollar estos proyectos, combinando la experiencia empresarial con el arraigo local.

Otro eje estratégico es la geotermia profunda, actualmente en fase de exploración. Este recurso, al no depender de condiciones climáticas, ofrece una fuente de energía constante y fiable que puede contribuir significativamente a la autonomía energética de la isla. El inicio de los sondeos en Telde marcará un hito en este ámbito.

La transición energética en Gran Canaria también se ha caracterizado por su dimensión social, especialmente a través del impulso de comunidades energéticas. Estas iniciativas, promovidas desde el Cabildo, permiten a ciudadanos, empresas e instituciones producir y gestionar su propia energía. Proyectos como los de Siete Palmas o Playa del Inglés ya están en funcionamiento, y se prevé que más de 6.500 usuarios participen en estas comunidades a corto plazo, con una potencia instalada superior a los 5 megavatios. Este modelo refuerza la democracia energética y fomenta la cohesión social.

A todo ello se suman otros proyectos estratégicos como el desarrollo de hidrógeno verde en Arinaga, con Megaturbinas, orientado a la descarbonización del transporte marítimo, lo que amplía el alcance de la transición energética hacia sectores clave de la economía.

Sin embargo, los logros alcanzados plantean nuevos retos que requieren decisiones políticas firmes. En este sentido, estamos formulando varias demandas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, se exige acelerar el desarrollo de la eólica marina, considerada una oportunidad estratégica que no puede retrasarse por falta de planificación. En segundo lugar, se reclama la garantía de los fondos europeos Next Generation, considerados esenciales para sostener el proceso de transición energética.

Asimismo, se plantea la necesidad de un régimen retributivo específico para Canarias que tenga en cuenta su condición ultraperiférica y facilite la descarbonización del sistema. También se solicita la convocatoria urgente de un nuevo concurso para la concurrencia competitiva que permita incorporar flexibilidad y almacenamiento al sistema energético, evitando riesgos como posibles apagones dada su fragilidad actual.

Otro aspecto clave es la coordinación territorial, destacando la importancia de la implicación de los 21 municipios de la isla a través de iniciativas como el Pacto de las Alcaldías por el Clima. La transición energética se concibe como un proceso colectivo que requiere la participación activa de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad.

Finalmente, el balance de estos diez años no se limita a cifras o infraestructuras, sino que pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, equipos técnicos, empresas, universidades y ciudadanía. La colaboración ha sido un elemento esencial para convertir una idea inicial en una realidad tangible. Gran Canaria no solo ha avanzado en la implantación de energías renovables, sino que se ha consolidado como referente en liderazgo energético dentro de Canarias, demostrando que la transición es posible cuando existe una visión clara, capacidad de ejecución y compromiso colectivo. 

Europa cuenta con un sector aeroespacial altamente desarrollado y estratégico, articulado en torno a la Agencia Espacial Europea (ESA) y grandes consorcios industriales como Airbus, ArianeGroup o Thales Alenia Space. Destaca por su capacidad en satélites, navegación (Galileo), observación de la Tierra (Copernicus), lanzadores (Ariane, Vega) y exploración científica. El sector combina una fuerte inversión pública con la cooperación internacional y una industria competitiva a nivel global.

Dentro del ecosistema europeo, España es un actor relevante. Participa activamente en programas de la ESA y cuenta con una industria sólida en fabricación, ingeniería, sistemas espaciales y servicios basados en satélites. Empresas como Airbus España, GMV, Indra o Sener lideran proyectos clave. Desde 2023, la Agencia Espacial Española (AEE) refuerza la coordinación, la estrategia nacional y el impulso al New Space, startups y aplicaciones duales (civiles y de defensa).

A este lado del Atlántico, Canarias ocupa una posición singular por su localización geográfica, por sus  condiciones atmosféricas y por sus infraestructuras científicas. Alberga centros de referencia mundial como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro Espacial de Canarias, los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos y, más recientemente, Fuerteventura está destacando como un lugar relevante, centrado en el uso de drones y pseudosatélites, con proyectos pioneros como el Stratoport. El archipiélago avanza y  se posiciona como plataforma para ensayos aeroespaciales, drones, estratosféricos, obervación de la Tierra, espacio cercano y economía azul-espacial (PLOCAN), con ventajas fiscales y regulatorias que favorecen la innovación.

En conjunto, Europa lidera la estrategia, España consolida capacidades industriales y tecnológicas, y Canarias aporta un enclave científico y experimental esencial para el desarrollo futuro del sector. Atravesamos, por lo tanto, un momento decisivo en el que Europa y España buscan garantizar su independencia tecnológica y asegurar sus niveles de producción industrial.

Si bien es fundamental proyectarnos hacia un futuro repleto de posibilidades resulta igualmente vital revisar nuestra trayectoria y nuestras capacidades actuales. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance de nuestro potencial. Canarias lleva décadas mirando al cielo. El Instituto de Astrofísica de Canarias y los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos nos han convertido en una de las grandes ventanas científicas del mundo.

En Maspalomas tenemos el Centro Espacial de Canarias, una estación histórica que colaboró con la NASA en los programas Mercury, Gemini y Apolo y que ha estado muy de actualidad en estos días porque ha jugado, de nuevo, un papel importante en el programa de exploración lunar de la NASA, Artemis II. Hoy opera con el INTA y la ESA para el seguimiento de satélites. Desde esa antena se siguen misiones de observación de la Tierra y se reciben datos de satélites de agencias como la NASA, la ESA o la JAXA. La estación participa incluso en sistemas internacionales de búsqueda y salvamento y sigue apoyando operaciones muy relevantes tanto para la defensa como para fines civiles. Resulta curioso cómo en el pasado Día de la Constitución la Delegación del Gobierno en Canarias entregó al Instituto Astrofísico de Canarias, en su cuarenta aniversario, una distinción  por su contribución a la ciencia, pero se olvidó de que el Centro Espacial de Canarias cumplía su cincuenta aniversario, a los que habría que añadir los quince años que estuvo dirigido por la NASA. Está muy olvidado también por el INTA, a pesar de que cuenta con profesionales extraordinarios y de que sus posibilidades de ensamblar con el ecosistema local están absolutamente desaprovechadas. Es necesario que amplíe su vinculación con las empresas y con el potencial de investigación de la isla.

Nuestra situación geoestratégica, unida a las excelentes condiciones naturales —clima, cielo y océano—, nos da una posición privilegiada para operaciones de satélites, comunicaciones, seguimiento de misiones, logística de lanzamientos y el despliegue de nuevas constelaciones que requieren una “ventana atlántica”. A eso se suma un clima suave todo el año y un amplio espacio aéreo sobre el océano ideal para la experimentación.

Desde Gran Canaria queremos contribuir a que España y Europa fortalezcan sus políticas aeroespaciales. Alineada con la Estrategia Aeroespacial Canaria, Gran Canaria quiere formar parte de ese esfuerzo colectivo y estratégico. Tienen el apoyo decidido del Cabildo de Gran Canaria para que nuestras fortalezas y las oportunidades se conviertan en proyectos empresariales y de investigación que favorezcan el crecimiento del talento local y atraigan el foráneo.

Desde luego, este apoyo sería más significativo si nuestra isla hubiese sido elegida como sede de la Agencia Espacial Española. Nos eliminaron en semifinales; no pudo ser, pero esa derrota no es óbice para que mantengamos nuestro interés en este campo.

Creo que es relevante destacar la importancia de nuestro baúl de talento y conocimiento, un factor esencial para este ámbito aeroespacial. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece una amplia y cualificada oferta de titulaciones STEM. Además, dispone de institutos de investigación reputados y consolidados en ámbitos de aplicación al sector aeroespacial, como el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI), el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC) y el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Centros con amplia experiencia en proyectos aplicados al sector que cuentan con aproximadamente 250 investigadores adscritos.

Conscientes de que debemos activar nuestro ecosistema, ya tenemos en marcha una serie de iniciativas para que la isla ofrezca un marco competitivo para el desarrollo aeroespacial. Detallo algunas de ellas: 1) Conjuntamente con el Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos en fase de construcción de un centro dotado de laboratorios, salas de ensayo y salas blancas para el desarrollo de proyectos y ensayos en ámbitos como la microelectrónica, la fotónica y otros de la industria aeroespacial. 2) Con otras entidades estamos impulsando áreas específicas aptas para la instalación de antenas de seguimiento satelital, así como de telepuertos y centros de datos, para el soporte de la actividad de observación. 3) Hemos presentado una candidatura conjunta con el IAC y los cabildos de Tenerife y Fuerteventura para que Canarias sea sede de una de las incubadoras de la Agencia Europea Espacial. 4) También la construcción de la estación de Temisas, en Agüimes, a incluir en la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, refuerza nuestras capacidades. Esta estación contará con un radiotelescopio de última generación, estaciones GNSS, un reloj atómico y un pabellón de gravimetría, lo que la convierte en un referente internacional para estudios de geodinámica y de observación espacial.

No debemos olvidarnos de que, además de todo lo anterior, ofrecemos un entorno fiscal altamente competitivo para la inversión, la investigación y la innovación, con deducciones fiscales de hasta el 75% en actividades de investigación y desarrollo. A ello se añade la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite operar con un tipo impositivo reducido al 4% del Impuesto de Sociedades.

La suma de estos factores, unida a nuestra estabilidad institucional y al paraguas de seguridad jurídica europea, conforma un entorno único. Si a ello añadimos la potencia logística de nuestros puerto y aeropuerto, junto con el dinamismo empresarial y nuestra calidad de vida, Gran Canaria se posiciona como un destino de primer orden para la inversión en el sector que nos ocupa.

El Cabildo de Gran Canaria seguirá apoyando decididamente este camino, fortaleciendo las alianzas con la universidad, el sector privado y las instituciones nacionales e internacionales que comparten esta visión de futuro para el sector aeroespacial.

El impacto más visible del actual modelo energético es el calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 °C desde la era preindustrial, lo que ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías prolongadas e inundaciones. A ello se suma la grave contaminación atmosférica: la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por exposición a aire contaminado, gran parte derivado de la quema de combustibles fósiles. Estos datos reflejan no solo un problema ambiental, sino también una crisis de salud pública global.

Además del impacto climático y sanitario, el modelo energético actual presenta una fragilidad estructural significativa. La dependencia de recursos concentrados en regiones geopolíticamente inestables ha generado tensiones económicas y políticas, especialmente en Europa. Durante años, el continente dependió en gran medida del gas procedente de Rusia, situación que quedó en evidencia tras la invasión de Ucrania en 2022. Este conflicto desencadenó una crisis energética sin precedentes recientes, en la que el precio del gas llegó a multiplicarse por más de cinco, afectando tanto al coste de la electricidad como a la economía de hogares e industrias.

A esta situación se han sumado tensiones en Oriente Medio, la última es la guerra de Irán, que han impulsado los precios del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent ha superado los 100 dólares en varios momentos recientes, mostrando la volatilidad de un sistema energético dependiente de factores externos. Esta inestabilidad impacta directamente en la inflación, el crecimiento económico y la seguridad energética de los países importadores. Por eso Europa acaba de lanzar un plan de diez puntos para reducir la demanda. 

En este contexto, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha advertido que “la guerra de Irán ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, y numerosos expertos coinciden en que un escenario con el petróleo a 200 dólares haría al mundo “infinitamente más pobre y con menos empleo”.

Ante este panorama, la transición hacia energías renovables aparece no solo como una respuesta ambiental, sino también como una estrategia de soberanía energética y estabilidad económica. Tecnologías como la solar, la eólica o la hidráulica ofrecen ventajas clave: son recursos autóctonos, abundantes y cada vez más competitivos. Los datos lo confirman: según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído cerca de un 85 % desde 2010, mientras que la eólica terrestre ha reducido sus costes en torno a un 55 %. En muchas regiones, estas tecnologías ya resultan más baratas que los combustibles fósiles incluso sin subsidios. Además, el sector de las renovables emplea a más de 13 millones de personas en todo el mundo, con previsión de duplicarse en las próximas décadas.

Sin embargo, el despliegue de estas energías no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos internacionales. El Acuerdo de París establece la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, lo que requiere una reducción drástica de emisiones en esta década. 

En Europa, el debate energético se ha intensificado tras las crisis recientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar que reducir la energía nuclear había sido un error, lo que refleja la complejidad del contexto actual. En Canarias la ultraderecha ha llegado a plantear la instalación de pequeñas plantas nucleares en el mar..

Pese a estas divergencias, responsables internacionales insisten en no desviar el foco de las energías renovables. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha señalado que los conflictos bélicos evidencian la urgencia de acelerar la transición energética. En sus palabras, “cada crisis es un recordatorio de que la dependencia de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista climático, sino también peligrosa desde una perspectiva geopolítica”.

El consenso científico es claro: la transición energética debe ser rápida, estructural y sostenida. No basta con aumentar la generación renovable, sino que es necesario transformar sectores clave como el transporte, la industria y el consumo energético. En este proceso, resultan fundamentales la electrificación verde y flexible, el almacenamiento mediante baterías, el hidrógeno verde y la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, la transición debe abordar las desigualdades globales en el acceso a la energía. Mientras en los países desarrollados el foco está en la descarbonización, en muchas regiones millones de personas aún carecen de electricidad. Garantizar una transición justa e inclusiva es esencial para que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan de manera equitativa. Desde el punto de vista económico, esta transformación representa una gran oportunidad: el Fondo Monetario Internacional estima que una transición acelerada podría generar millones de empleos y favorecer el crecimiento global a medio plazo.

En definitiva, la transición hacia energías limpias no es opcional, sino imprescindible. Las evidencias científicas, los datos económicos y la realidad geopolítica coinciden en señalar la insostenibilidad del modelo actual. Las crisis recientes han evidenciado las debilidades de un sistema dependiente de recursos finitos y concentrados en regiones conflictivas, reforzando la necesidad de avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y seguro.

En este contexto, uno de los debates más frecuentes es el impacto paisajístico de las energías renovables. Aunque es legítimo proteger el entorno, no puede priorizarse una visión estática del paisaje frente a la urgencia de la transición energética. Las infraestructuras renovables tienen un impacto en gran medida transitorio y reversible, mientras que los efectos del cambio climático son acumulativos y, en muchos casos, irreversibles. Por tanto, avanzar hacia energías limpias es también una forma de preservar el entorno a largo plazo.

Otra fuente de oposición a las renovables surge cuando la población local no percibe beneficios directos. Para reducir este rechazo, es fundamental repartir mejor el valor generado. Esto implica ofrecer beneficios económicos como participación en proyectos o descuentos en la factura eléctrica, así como promover modelos comunitarios que aumenten la implicación ciudadana. También son importantes las compensaciones visibles, como inversiones en infraestructuras, y una participación real desde las fases iniciales de los proyectos.

La percepción de justicia resulta determinante: cuando los beneficios se distribuyen de manera equilibrada, disminuye el conflicto social. Finalmente, una comunicación clara, centrada en impactos concretos como ahorro, empleo o mejoras locales, es más eficaz que los argumentos abstractos. En conjunto, la clave para el éxito de la transición energética radica en pasar de un modelo percibido como impuesto a uno basado en la implicación activa de la ciudadanía.

España ha afrontado mejor la crisis energética derivada de las tensiones en torno a Irán que otros países de la Unión Europea gracias a su mix energético. La alta penetración de energías renovables, como la solar y la eólica, ha reducido su dependencia de combustibles fósiles importados, más expuestos a la volatilidad internacional. Esto ha permitido contener mejor los precios de la electricidad y mitigar el impacto sobre hogares y empresas, favoreciendo una mayor estabilidad económica y un crecimiento superior al de otras economías europeas.

Igualmente, ha reforzado su apuesta por las renovables con el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que destaca por ampliar el radio del autoconsumo compartido hasta los 5 km y ofrecer deducciones fiscales del 20% en instalaciones solares y aerotermia. Además, se han movilizado 2.000 millones de euros en ayudas para la industria limpia y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 16.000 MW en almacenamiento por baterías. Todo esto se enmarca en la actualización del PNIEC, tras haber logrado el hito histórico de cubrir el 100% de la demanda peninsular con fuentes limpias en abril de 2025.

Pero se siguen olvidando de dar un paso importantísimo, comprometido además con Gran Canaria: poner en marcha cuanto antes la subasta para hacer posible la implantación de la eólica marina en nuestra isla. Esto, Salto de Chira y su ampliación a Las Niñas, la geotermia y un nuevo concurso de concurrencia competitiva donde se premie la generación de un sistema flexible y almacenamiento, garantizaría nuestra soberanía energética. Están tardando.

El Club Baloncesto Gran Canaria constituye uno de los casos más singulares de desarrollo deportivo en el contexto del baloncesto español. Su evolución desde una iniciativa educativa hasta convertirse en una entidad consolidada en la élite nacional y con proyección europea refleja un proceso complejo en el que han intervenido factores deportivos, económicos e institucionales. En este recorrido, la capacidad de adaptación a las exigencias del deporte profesional, junto con el respaldo público y una gestión orientada a la estabilidad, han sido elementos determinantes.

El origen del club se sitúa en 1963, en el seno del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. En este contexto, el baloncesto se introduce como una actividad formativa, vinculada a los valores educativos propios del centro. Durante más de dos décadas, el equipo, conocido como Claret Club de Baloncesto, desarrolla su actividad en competiciones escolares y regionales, evolucionando progresivamente hacia el ámbito federado. El crecimiento del nivel deportivo y la consolidación organizativa del club propiciaron su transición hacia estructuras más profesionalizadas.

El proceso de transformación se intensifica a partir de la década de 1980. El club se desvincula formalmente del entorno escolar, adoptando una estructura independiente que le permite competir en categorías superiores del baloncesto nacional. Este cambio supone el inicio de su profesionalización, aunque no exento de dificultades. Durante estos años, el equipo logra su primer ascenso a la Liga ACB, máxima categoría del baloncesto español, pero no consigue consolidarse de forma inmediata. La alternancia entre ascensos y descensos, unida a la dependencia de patrocinadores y a la limitada capacidad económica, refleja la fragilidad del proyecto en esta etapa

La conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992 responde a la necesidad de adaptarse al nuevo marco legal del deporte profesional en España. Este proceso implicaba dotar al club de una estructura económica más sólida y transparente. No obstante, también puso de manifiesto las limitaciones estructurales a las que debía enfrentarse la entidad. La insularidad de Gran Canaria supuso un lastre brutal. Estas circunstancias derivaron en una situación económica delicada que amenazaba la viabilidad del club a medio plazo.

Ante este escenario, la intervención del Cabildo de Gran Canaria a mediados de la década de 1990 resultó determinante. La institución insular adquirió la mayoría accionarial del club, convirtiéndose en su principal sostén económico e institucional. Esta decisión respondió a una estrategia orientada a preservar un activo deportivo de gran valor social para la isla, así como a garantizar la presencia de Gran Canaria en la élite del baloncesto español. Se proporcionó al club una base de estabilidad imprescindible para su desarrollo.

A partir de la temporada 1994-1995, en la que el equipo logra el ascenso a la Liga ACB, se inicia una etapa de consolidación - con aciertos y errores como en toda obra humana- que se prolonga hasta la actualidad. Desde entonces, el Club Baloncesto Gran Canaria ha permanecido de forma ininterrumpida en la máxima categoría, lo que constituye uno de sus principales logros estructurales. Esta permanencia no solo evidencia la estabilidad del proyecto, sino también su capacidad para competir de manera sostenida en un entorno altamente exigente.

Durante este periodo, el club ha desarrollado un modelo de gestión basado en la eficiencia en el uso de recursos, la detección de talento y la apuesta por la continuidad. A diferencia de otras entidades con mayores presupuestos, el Gran Canaria ha construido su competitividad a partir de la optimización de sus capacidades, lo que le ha permitido mantenerse en una posición relevante dentro del baloncesto español. En el ámbito deportivo, esta estrategia se ha traducido en participaciones recurrentes en los playoffs por el título de la Liga ACB y en presencias habituales en la Copa del Rey.

Un nuevo punto de inflexión en la evolución institucional del club se produce con la llegada de Sitapha Savané a la presidencia. Su nombramiento supuso un cambio de paradigma en la gestión, al incorporar una visión más moderna, profesionalizada y alineada con las dinámicas actuales del deporte de élite. Exjugador y figura emblemática de la entidad y querida por la afición, Savané aportó un profundo conocimiento interno del club, reforzando la cultura organizativa y la conexión con la grada. Bajo su liderazgo, se ha impulsado una mayor estabilidad en la toma de decisiones, así como una clara apuesta por proyectos a largo plazo, tanto en el ámbito deportivo como institucional. También ha mimando la inclusión social con el Proyecto Suma y la cantera con formación integral, desarrollo progresivo y seguimiento individual. Él estaba en otras tareas, pero lo convencimos y aceptó el reto. Se merece todo el apoyo.

Paralelamente, el club ha consolidado su proyección internacional mediante su participación en competiciones europeas. A lo largo de los años, el Gran Canaria ha sido un participante habitual en torneos continentales, lo que ha contribuido a reforzar su visibilidad y a elevar su nivel competitivo. Este proceso culmina con su participación en la Euroliga en la temporada 2018-2019, un hito que representa el reconocimiento al crecimiento sostenido de la entidad. Aunque su desempeño en esta competición fue limitado, su presencia en la máxima categoría europea supuso un avance significativo en la historia del club.

El mayor éxito deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria se produce en la temporada 2022-2023, con la conquista de la EuroCup. Este título no solo constituye el logro más importante de su trayectoria, sino que también simboliza la consolidación de un modelo basado en la estabilidad institucional y la gestión eficiente. La obtención de este campeonato sitúa al club en una posición destacada dentro del baloncesto europeo, reforzando su prestigio y proyección internacional.

En este contexto de crecimiento, la llegada de Jaka Lakovic al banquillo en 2022, coincide con la llegada también de Savané, marca el inicio de una etapa especialmente relevante en el plano deportivo. De hecho esta ha sido la mejor temporada en la historia de entidad. Desde su incorporación, el técnico ha logrado imprimir al equipo una manera de juego definida. Este enfoque ha permitido al Gran Canaria competir con solvencia frente a equipos de mayor capacidad económica, consolidando su posición en competiciones nacionales e internacionales.

Durante la etapa de Lakovic, el club ha experimentado una notable mejora en su rendimiento. En su primera temporada, el equipo logra conquistar la EuroCup, alcanzando así el mayor éxito de su historia reciente. En las campañas posteriores, el Gran Canaria ha mantenido una presencia constante en fases avanzadas de competiciones europeas, llegando a disputar nuevas finales y demostrando una continuidad competitiva destacable. En el ámbito nacional, el equipo ha recuperado protagonismo, con clasificaciones recurrentes para la Copa del Rey y presencia en los playoffs de la Liga ACB.

Más allá de los resultados, la etapa de Jaka Lakovic se caracteriza por la consolidación de un proyecto deportivo coherente y orientado al largo plazo. En este sentido, la apuesta del club por su continuidad resulta especialmente significativa. La renovación de su contrato, respaldada tanto por la dirección deportiva como por las instituciones y por la afición se debió no solo a los éxitos obtenidos, sino también a la confianza en un modelo de trabajo que prioriza la estabilidad y la planificación estratégica. Él también lo entendió así: se pudo ir al Baskonia, pero se quedó en la isla.

Esta decisión reflejó la voluntad clara de consolidar un proyecto sostenible en el tiempo, alejándose de la volatilidad que caracteriza a menudo al deporte profesional. La continuidad de Lakovic ha permitido reforzar la identidad del equipo, favorecer el desarrollo de jugadores y mantener una línea de trabajo coherente. En el momento actual no hay nadie a la vista en el mercado que se acerque a sus méritos y valía.

La trayectoria del Club Baloncesto Gran Canaria pone de manifiesto la importancia de la combinación entre apoyo institucional, gestión eficiente, estabilidad deportiva y comunión con la afición. Desde sus orígenes en el ámbito escolar hasta su consolidación como referente del baloncesto español y europeo, ha sabido adaptarse a las exigencias del entorno competitivo sin perder su idiosincracia. Y así debe seguir.

Hoy este club, al que queremos tanto, está atravesando un mal momento deportivo. No se libra de esto ningún equipo de referencia en algún momento de su historia. El presidente y la directiva que lo han llevado a lo más alto son los mismos que los de la temporada pasada, donde el equipo llegó a la final de la Eurocup y jugó los cuartos de final de la ACB y las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador es el mismo, por tanto, que lo ha situado en la élite del baloncesto español. Habrá tiempo de evaluar lo sucedido esta temporada, ahora solo cabe la unidad, el apoyo y el ánimo. Habrá tiempo de analizarlo todo, pero no ayuda nada estar solo para las maduras y no para las duras. Podemos seguir pitando y pidiendo el cese de todo el mundo o animar e intentar elevar la moral de los jugadores y entrenador y abrigar e impulsar al equipo. Me parece que lo más justo y responsable es esto último. Siempre me dijeron que en las pasiones desatadas el baloncesto es distinto a otros deportes de masas. Insisto, es la hora de la unidad. Lo pido encarecidamente, porque nos jugamos mucho.

En 1965, el Cabildo de Gran Canaria tomó una decisión que contribuiría a afianzar el futuro económico de la isla: crear la primera institución ferial del archipiélago canario. Así nació Infecar, un recinto concebido para convertirse en punto de encuentro entre empresas, instituciones y ciudadanía. Seis décadas después, aquel proyecto pionero se prepara para una nueva etapa de transformación con el objetivo de consolidar a Gran Canaria como un referente internacional en el ámbito de ferias, congresos y eventos profesionales. 

Su historia comenzó oficialmente el 15 de marzo de 1966 con la celebración de la primera edición de la Feria Española del Atlántico. En aquel contexto histórico, marcado por los procesos de descolonización en África y la apertura a nuevos mercados internacionales, Gran Canaria se presentaba como una plataforma estratégica para impulsar relaciones comerciales. Su ubicación geográfica, entre Europa, África y América, favorecía el intercambio económico y empresarial. El éxito de aquella primera feria fue inmediato. Durante los quince días que permaneció abierta al público, el recinto —que entonces contaba con unos 36.000 metros cuadrados— recibió a más de 320.000 visitantes y reunió a 272 expositores.

A partir de entonces, vivió una evolución constante. Lo que inicialmente fue un lugar dedicado al intercambio comercial se transformó progresivamente en un espacio multifuncional capaz de acoger ferias sectoriales, congresos profesionales, encuentros empresariales y eventos de diversa naturaleza. A lo largo de sus más de sesenta años de historia, ha acompañado el crecimiento económico de Gran Canaria y su progresiva apertura al exterior.

Desde sus inicios, ha contribuido a reforzar el papel de la isla como puente entre continentes. Si en sus primeros años el objetivo principal era fortalecer las relaciones comerciales con África, con el paso del tiempo amplió su proyección hacia otros mercados, especialmente en el ámbito iberoamericano. Esta vocación internacional se ha convertido en uno de los rasgos que definen su trayectoria.

Coincidiendo con su 60 aniversario, afronta ahora una nueva etapa marcada por la modernización. El Cabildo de Gran Canaria ha impulsado un ambicioso proyecto de renovación destinado a adaptar el recinto a las nuevas exigencias del sector ferial y congresual, cada vez más competitivo, tecnológico y globalizado. La transformación no se limita únicamente a la mejora de las instalaciones. El objetivo es llevar a cabo una renovación integral que refuerce su papel como motor económico y social de la isla. Además de modernizar las infraestructuras, el proyecto pretende generar un impacto positivo en su entorno urbano, especialmente en los barrios de Ciudad Alta.

La iniciativa busca que Infecar no sea solo un lugar donde se celebran eventos, sino también un escenario que contribuya a dinamizar la actividad económica de su espacio de influencia. De esta forma, se pretende beneficiar tanto al comercio local como a los residentes de la zona. Para ello, el proyecto se ha diseñado mediante un proceso participativo en el que han intervenido distintos actores sociales y profesionales, entre ellos la ciudadanía del lugar, profesionales del sector de ferias y congresos, empresas proveedoras y representantes institucionales.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa es el impulso del turismo MICE, un segmento que engloba reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Este tipo de turismo se ha convertido en una de las áreas con mayor crecimiento dentro del sector turístico internacional. A diferencia del turismo vacacional tradicional, el de congresos atrae visitantes con mayor poder adquisitivo y genera actividad económica durante todo el año. En Canarias, el impacto económico del sector MICE es notable: las actividades vinculadas a congresos y eventos generan más de 168 millones de euros de impacto directo, a los que se suman más de 218 millones de impacto indirecto y cerca de 28 millones de impacto inducido. En conjunto, esta industria supera los 414 millones de euros de actividad económica en el archipiélago.

Además del impacto económico, contribuye a diversificar la economía y a generar empleo. Se estima que más de 2.800 puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de estas actividades, desde pequeñas empresas proveedoras de servicios hasta sectores como el transporte, la restauración o la hostelería. Otro de los aspectos destacados del turismo de congresos es su capacidad para equilibrar la actividad turística a lo largo del año. Muchos eventos se celebran en temporadas medias o bajas, lo que permite mantener la ocupación hotelera y la actividad económica incluso fuera de los periodos de mayor afluencia turística.

La modernización de Infecar responde precisamente a esta evolución del sector y a la necesidad de contar con instalaciones más modernas, flexibles y adaptadas a las nuevas tecnologías. Aunque el recinto ha experimentado diversas mejoras a lo largo de su historia, muchas de sus instalaciones fueron concebidas hace más de medio siglo, en un contexto muy distinto al actual.

Por este motivo,  el Cabildo de Gran Canaria inició en 2021 los trámites para impulsar una renovación profunda de esta institución ferial. Esta renovación  contempla la construcción de un nuevo pabellón, la creación de un edificio de usos complementarios y la urbanización de los espacios exteriores, incluyendo plazas, zonas de servicio y nuevas áreas públicas. La inversión prevista supera los 72,6 millones de euros, lo que refleja la apuesta institucional por fortalecer una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico de la isla. El objetivo es dotar a Gran Canaria de un recinto capaz de competir con otros espacios feriales y congresuales tanto a nivel nacional como internacional.

El elemento central de esta transformación será el nuevo pabellón de Infecar. Este edificio sustituirá a los actuales pabellones 3 y 7 y contará con una superficie aproximada de 9.490 metros cuadrados. En su interior se habilitará un gran espacio principal de unos 7.500 metros cuadrados con capacidad para más de 3.500 personas en formato ferial o congresual. Una de sus características más destacadas será su versatilidad. Gracias a un sistema de tabiques móviles con aislamiento acústico, el espacio podrá dividirse en cuatro subpabellones independientes que permitirán celebrar distintos eventos de forma simultánea o adaptar el recinto a diferentes formatos según las necesidades de cada organización.

El edificio también incluirá salas polivalentes, espacios de trabajo, zonas de descanso, áreas de restauración y salas destinadas a prensa y reuniones. Todo ello está pensado para ofrecer un entorno funcional y moderno que responda a las demandas actuales de organizadores, empresas y asistentes. La sostenibilidad constituye otro de los ejes principales del proyecto. Su fachada incorporará un revestimiento elaborado con aluminio reciclado que permitirá mejorar el aislamiento térmico y acústico. Asimismo, la cubierta contará con paneles fotovoltaicos capaces de generar más de 900.000 kilovatios hora al año.

Esta ampliación llega en un momento de crecimiento para la actividad de Infecar. En 2025 el recinto registró cifras históricas, con la celebración de 181 eventos y la asistencia de más de 328.000 visitantes, lo que supuso un incremento notable respecto al año anterior. Si se analiza la evolución de la última década, el crecimiento resulta aún más significativo. Entre 2015 y 2025 el número de eventos celebrados ha aumentado un 285%, mientras que el número de expositores ha crecido un 671% y el de visitantes un 271%. Estos datos reflejan su consolidación como uno de los principales espacios de encuentro económico y social de Gran Canaria. Y todo ello hermanado con el recinto que gestiona la SPEGC que dispone de dos grandes platós para rodajes, el edificio Pasarela, el Incube o el CDTIC.

Sesenta años después de su creación, Infecar afronta una nueva etapa marcada por la transformación, la innovación y la ambición de seguir creciendo, con un extraordinario equipo detrás.  La ampliación del recinto ferial permitirá reforzar, insisto, su capacidad para acoger grandes eventos y consolidar a Gran Canaria como un destino competitivo en el ámbito internacional de ferias y congresos. Más allá de la infraestructura, el proyecto representa también una apuesta por el futuro económico de la isla.  Un espacio pensado para conectar ciudadanía,  empresas, ideas y oportunidades, tal como ocurrió en aquella primera Feria del Atlántico de 1966.

Se cumplen ahora en la Villa de Agüimes treinta y cinco años de una conversación ininterrumpida. Desde 1991, cada invierno el municipio se transforma en territorio de historias, con teatros en penumbra, aulas expectantes y plazas donde la palabra vuelve a ocupar el centro. El Festival Internacional de Narración Oral de Agüimes, al que me estoy refiriendo, no nació como espectáculo de masas, sino como un acto de fe en algo más íntimo, en la capacidad de una voz para reunir a una comunidad.

Con el paso del tiempo, aquel sueño se convirtió en el más veterano de su género en España, en un referente estatal de la narración oral y en un punto de encuentro entre generaciones. Abuelos y nietos, alumnado y profesorado, público fiel y nuevos oyentes comparten cada edición el mismo ritual de ver a alguien contando, a alguien escuchando, y entre ambos un puente invisible que se renueva año tras año. 

Detrás de aquella primera edición estaba la mirada inquieta de Antonio Lozano. Como la estuvo tres años años antes para hacer posible el Festival del Sur. Encuentro Teatral Tres Continentes. Para hablar del Sur desde el Sur. Era el concejal de Cultura el aquel momento y fue muchas más cosas: escritor, profesor y, ante todo, un humanista convencido de que la cultura debía servir para encontrarnos, para derruir muros, para romper la oscuridad. De que la palabra dicha en voz alta tiene la capacidad de derribar prejuicios, de acercar a los pueblos y de mantener viva la memoria.

Lozano entendía el Atlántico como un espacio de diálogo. Su obra literaria —centrada a menudo en la inmigración, la frontera y la identidad— dialoga con la misma idea que impulsó los festivales, la de que escuchar al otro es un acto político y poético al mismo tiempo.

Como fundador y director durante décadas, defendió que la narración oral no era un entretenimiento menor, sino un arte escénico completo, situado entre la literatura y el teatro. Creó un festival que no solo programaba funciones nocturnas, sino que entraba en colegios, institutos y barrios. Para él, la palabra tenía que circular y arraigar.

Quienes lo conocimos - era además mi amigo-  no podemos dejar de destacar siempre  su coherencia y su pasión contagiosa. Supo tejer redes internacionales cuando aún no era habitual y convirtió a Agüimes en un espacio de referencia para narradores y público de distintos continentes. Su apuesta fue siempre ética además de estética.

Fue una decisión valiente confiar en la palabra desnuda, sin artificios, sin más tecnología que la voz y la escucha. Parecía un gesto contracorriente apostar por el silencio compartido, por el ritmo de la respiración colectiva, por el encuentro íntimo entre quien cuenta y quien escucha. Y lo fue también porque nos lanzamos al ruedo - aquí me incluyo, porque yo era alcalde en aquel momento- cuando la cultura se concentraba solo en las grandes ciudades, apenas teníamos presupuesto para hacerlo y casi ni disponíamos de espacios culturales para acoger la programación.

Tras su fallecimiento en 2019, cada nueva edición es también un eco de su intuición original, la de que contar historias es una manera de resistir al ruido, de recuperar el tiempo compartido, de recordar que venimos de la tradición oral mucho antes que de las pantallas. Que el diálogo con Europa, África y América es el eje sobre el que gira nuestra atlanticidad.

Treinta y cinco años después, el Festival de Narración Oral de Agüimes es memoria y no solo una programación cultural. Y en el centro de esa memoria permanece la figura de Antonio Lozano, como quien encendió una lámpara que otros siguen cuidando.

Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la palabra seguirá encontrando su lugar. La palabra como puente invisible que une orillas que no se tocan. Porque antes de los mapas y las fronteras, fue la voz la que trazó caminos. Contar es un acto de hospitalidad, es abrir la puerta de la propia experiencia para que otro la habite. Cada historia compartida reduce la distancia entre desconocidos, porque en el relato descubrimos que el dolor, la esperanza y el amor tienen acentos distintos, pero un mismo latido.

La palabra no solo nombra el mundo sino lo crea en común. Cuando un pueblo escucha al otro, deja de verlo como extraño y empieza a reconocerlo como espejo. Narrar es tender la mano; escuchar es aceptarla. Y en ese gesto sencillo se funda la posibilidad de convivir. Y la convivencia hoy está amenazada por la peste negra que se expande por el planeta quebrando los derechos humanos, el derecho internacional y los cimientos de la democracia.

Para resistir a la barbarie “nos queda la palabra”, como cantó Celaya. Porque nos permite preservar la memoria y la dignidad. Porque nos abre camino para denunciar la injusticia y convocar a la comunidad para combatirla. Porque mientras haya alguien dispuesto a hablar y alguien dispuesto a escuchar, existe la posibilidad de cambiar las cosas y con ello abrigar la esperanza de un futuro mejor. 

Por eso, en Agüimes, la palabra sigue tomando las casas, las calles, las plazas, las aulas y los escenarios cada año.

En las últimas semanas se ha producido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un debate legítimo sobre laconcesión del título de doctora “honoris causa” a Sofía de Grecia, la reina emérita española. No quiero que la valoración por mi parte de esa decisión nos distraiga de lo que pretendo plantear en este artículo. Sí quiero destacar el mensaje positivo que transmite el que 57 profesoras y profesores firmantes de una carta crítica trasladen a la ciudadanía su opinión contraria y expresen así su inquietud e interés por  asuntos que afectan a nuestra universidad pública.

Este manifiesto firmado por más de medio centenar de profesores refleja un malestar en el corazón de una institución que vive, como tantas otras en España, un momento de dificultad estructural. He manifestado en los últimos meses mi preocupación por el debilitamiento de la financiación de las universidades públicas canarias, la limitación de sus potencialidades investigadoras y la aprobación de una Ley de Consejos Sociales que las ha obligado a acudir al Constitucional.

Aplaudo el espíritu crítico del profesorado, pero deseo fervientemente que esta reacción reavive el compromiso de toda la comunidad universitaria con el objetivo de combatir las políticas neoconservadoras que están ahogando a las universidades, que son las que hacen posible que la educación sea la auténtica impulsora de la igualdad en el acceso a los estudios superiores en esta tierra.

La discrepancia no debe convertirse en una discusión estéril sobre honores, sino en una oportunidad para poner sobre la mesa una cuestión central: la universidad pública española atraviesa una crisis profunda que va mucho más allá de un reconocimiento académico. No es solo una cuestión de Canarias, es una realidad que afecta a todo el Estado y pone en riesgo la igualdad de oportunidades, la investigación de calidad y la propia cohesión social de nuestra sociedad.

La comunidad académica lleva años alertando de que la financiación estructural de las universidades públicas es insuficiente, de que las infraestructuras presentan deterioro, de que la valoración del profesorado no está a la altura de su contribución y de que cada vez es más difícil competir con universidades privadas que acumulan un número mayor de recursos. Esta tendencia no responde a una casualidad, sino a decisiones políticas que han dejado de ver a la universidad pública como un proyecto de país y la han tratado como un presupuesto más a ajustar.

Un ejemplo claro y reciente de esta deriva se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid, la principal universidad pública de España. Ante una situación de déficit acumulado —superior a 33 millones de euros en el último ejercicio— la Complutense se ha visto obligada a aprobar un plan de recortes para el periodo 2025-2028 que incluye ajustes presupuestarios drásticos que impactan directamente en la calidad académica y de la vida universitaria, como la reducción de materias optativas, la restricción de contratación docente, la supresión de plazas por jubilación sin reposición y la contención de inversiones en investigación y servicios básicos. Estas medidas, aprobadas por el propio Consejo de Gobierno, reflejan la asfixia financiera que sufre la institución tras años de infrafinanciación crónica por parte de la Comunidad de Madrid, lo que  la ha obligado, incluso, a solicitar préstamos para poder pagar salarios y mantener el funcionamiento ordinario del centro.

Estas decisiones no solo repercuten en el profesorado y el alumnado de la Complutense, sino que ilustran una tendencia preocupante: cuando una universidad pública ve limitadas sus posibilidades de ofrecer una enseñanza amplia, diversa y crítica, no solo se debilita su estructura, también se restringen las oportunidades de miles de jóvenes, especialmente de aquellos y aquellas  que no pueden permitirse estudiar en la universidad privada. Este no es un fenómeno aislado de Madrid: es parte de una política más amplia que, bajo la apariencia de ajustes económicos, va erosionando la función social de la educación superior pública.

En la Comunidad de Madrid, los estudiantes, docentes y sindicatos han levantado la voz en defensa de sus universidades públicas. Las protestas y amenazas de movilizaciones no son simples expresiones de disconformidad pasajera, sino respuestas a un modelo que ha convertido la educación universitaria, que debe ser accesible para todos y todas, en un bien cada vez más difícil de sostener desde lo público..

Esto no debe confundirnos: no estamos hablando únicamente de problemas de gestión o de déficit contable. Estamos hablando de un modelo de sociedad donde la educación superior, en lugar de construirse como un derecho colectivo, se concibe cada vez más como un privilegio susceptible de someterse a las leyes del mercado. En ese modelo, las universidades públicas quedan relegadas, con menos recursos, menos oferta académica y menos capacidad de formar a las generaciones que España necesita para afrontar los retos del presente y del futuro.

La crisis de la Complutense también pone de manifiesto algo más profundo: la falta de un marco de financiación plurianual, estable, digno, suficiente y acorde a las necesidades reales de las instituciones públicas. Sin esa estabilidad, las universidades quedan expuestas a fluctuaciones políticas y presupuestarias que dificultan la planificación a largo plazo, la consolidación de proyectos de investigación y la renovación de infraestructuras. No se trata de gastar más por gastar, sino de asegurar que la universidad pública pueda cumplir con su misión sin depender de préstamos o ajustes que ponen en riesgo su viabilidad académica y social.

Poner el foco en la universidad pública —sus problemas, su valor y su futuro— es poner el foco en el propio futuro de nuestra sociedad. Instituciones como la ULPGC, la ULL o la Complutense, no son entes aislados: son centros de creación de conocimiento, de desarrollo humano y de justicia social. Debilitar la universidad pública equivale a debilitar la igualdad de oportunidades, la investigación orientada al bien común y la capacidad de un país para pensar críticamente y avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas y todos.

Está bien celebrar o cuestionar honores aislados, pero, fundamentalmente, debemos apoyar ideas, debate, conocimiento y compromiso con lo público. El Cabildo de Gran Canaria apoya que la universidad sea un espacio de libertad, reflexión crítica y transformación social. Por eso, animo a quienes han levantado la voz dentro de la comunidad académica a permanecer unidos y movilizados para señalar con claridad lo que está en juego: la calidad y el futuro de la universidad pública en España. Les animo a ellos a ellas, pero también, al resto del profesorado, al alumnado, al personal de administración y servicios, a la sociedad civil y a los gobiernos locales.

La defensa de la universidad pública no es una batalla sectorial, sino una apuesta por un proyecto de país más justo, equitativo y sostenible. No podemos generar posibilidades reales de futuro para las generaciones venideras si no garantizamos que la educación superior cumpla su misión esencial: formar personas, generar conocimiento y fortalecer nuestra sociedad frente a los desafíos del siglo XXI.

Artenara no es solo el municipio más alto de Gran Canaria. Es uno de los lugares donde la isla conserva su memoria más profunda. En su paisaje abrupto, en sus cuevas blancas abiertas a los riscos, en el pinar que abraza la cumbre, late una forma de entender la vida basada en la resistencia, el equilibrio y el respeto por la tierra.

Mucho antes de la conquista, las poblaciones indígenas eligieron estas alturas por razones estratégicas y vitales. La cumbre ofrecía control del territorio, defensa natural y cercanía a los recursos del monte. Durante los episodios finales de la conquista castellana, los parajes de Artenara, Acusa y los riscos cercanos a Tejeda se convirtieron en refugio de quienes resistían. La geografía escarpada no era un obstáculo, sino una aliada. Las cuevas excavadas en la roca y el conocimiento profundo del terreno permitían una defensa basada en la adaptación y la integración en el paisaje.

Esa forma de habitar no desapareció. Las cuevas-vivienda que aún hoy siguen ocupadas son la expresión tangible de una continuidad histórica singular. Representan una manera de vivir sin herir la tierra, de protegerse del frío y del calor aprovechando lo que el entorno ofrece, de integrarse en el paisaje en lugar de imponerse a él. Artenara no se construyó contra la montaña, sino con la montaña. 

La identidad de la cumbre está profundamente ligada a la relación con el campo y el monte. Durante siglos, la vida dependió casi exclusivamente de la agricultura de secano y de la ganadería. En ese contexto se consolidó la devoción a San Matías, especialmente a partir de los siglos XVII y XVIII. No fue una fe ornamental, sino una espiritualidad vinculada a lo esencial: la lluvia que asegura la cosecha, la protección del ganado, el cuidado del pinar. Que su festividad se celebre en febrero no es casual. Es el momento en que el campo espera la lluvia decisiva, cuando la semilla necesita agua para brotar y el futuro del año agrícola aún está en suspenso. San Matías se convirtió así en símbolo de esperanza y protección, profundamente integrado en el calendario agrícola y en la vida cotidiana del pueblo.

En la cumbre, la fe nunca estuvo asociada a la abundancia desmedida, sino a la supervivencia digna. Se pedía equilibrio, no exceso. Se pedía agua, no riqueza. Se pedía cuidado para el monte, no dominio sobre él. Esta visión revela una conciencia ecológica anterior a cualquier formulación técnica moderna.

El pinar canario es mucho más que un elemento paisajístico. Retiene la humedad, protege el suelo de la erosión, regula el ciclo del agua y hace posible la vida en barrancos y valles. Cuidarlo ha sido siempre, aunque no se expresara con términos científicos, una forma de cuidar a toda la isla. Los mayores sabían cuándo entrar al monte y cuándo dejarlo descansar. Sabían aprovechar la madera sin arrasar el bosque. Entendían que la tierra no se exprime, se acompaña.

Esa cultura del uso responsable constituye el antecedente de lo que hoy llamamos gestión sostenible. No era teoría, era práctica cotidiana transmitida de generación en generación. El equilibrio entre aprovechamiento y conservación formaba parte del sentido común de la cumbre.

Sin embargo, la historia reciente ha recordado la fragilidad de ese equilibrio. Los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de Gran Canaria. El fuego mostró que el monte no es invulnerable y que su protección exige planificación, prevención e implicación colectiva. Desde entonces, la gestión forestal, la vigilancia y la educación ambiental han adquirido un papel prioritario.

En esa tarea desempeñan un papel esencial las trabajadoras y trabajadores del medio ambiente: brigadas contra incendios, guardas forestales, técnicos, agentes, personal de mantenimiento, educadores ambientales, agricultores y ganaderos que cuidan la tierra día a día. Su labor, muchas veces silenciosa y realizada en condiciones difíciles, sostiene la resiliencia del territorio. Gracias a ellos, el pinar sigue en pie y la cumbre conserva su capacidad de regeneración.

Artenara forma parte hoy del corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estos reconocimientos no son simples distinciones simbólicas. Representan una responsabilidad. Significan que el equilibrio logrado durante siglos posee un valor que trasciende lo local y adquiere dimensión universal.

Pero antes de que llegaran los títulos y las declaraciones oficiales, ya existía en la cumbre una cultura del cuidado. Antes de que se hablara de sostenibilidad, ya se practicaba. Antes de que la UNESCO mirara hacia estas montañas, ya eran sagradas para quienes las habitaban. En realidad para toda Gran Canaria.

El verdadero patrimonio de Artenara no son solo las cuevas, los pinares o los riscos. Es la gente que mantiene viva esa herencia. Sin población no hay conservación posible. La cumbre no puede convertirse en un museo vacío. Necesita escuelas, proyectos, agricultura, ganadería, comercio y oportunidades para que las nuevas generaciones puedan quedarse sin renunciar a su identidad.

Tradición y sostenibilidad no son enemigas. Son aliadas. Preservar la identidad no significa anclarse en el pasado, sino proyectar hacia el futuro lo mejor de lo aprendido. La devoción a San Matías puede leerse también como una forma de memoria ecológica: el recordatorio de que dependemos del medio y de que nuestra supervivencia siempre estuvo ligada al buen estado del monte y del campo.

Artenara es un lugar donde el paisaje invita a levantar la mirada. Desde sus miradores, el mundo parece latir más despacio. El abismo enseña humildad; la altura obliga a reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza natural. Sin embargo, esa sensación no empequeñece, sino que integra y nos hace conscientes de que formamos parte de algo mayor. En la cumbre, la isla recuerda quién es. Recuerda que su carácter se forjó en la relación entre piedra, agua y pinar. Recuerda que el equilibrio no es una consigna moderna, sino una práctica antigua. Recuerda que defender el árbol es defender la vida.

Celebrar la identidad de Artenara es, en definitiva, renovar un compromiso: con el pinar, con el agua, con la gente que trabaja el territorio y con una forma de vivir que ha sabido resistir siglos de aislamiento, escasez y transformación sin perder su vínculo con la tierra. Porque en estas montañas no solo se contempla el paisaje: se aprende de él. Y mientras el pino siga esperando la lluvia y la mano humilde sepa cuándo cortar, la cumbre seguirá siendo memoria viva de Gran Canaria.

Muchas gracias, Artenara, por el reconocimiento que han hecho al Cabildo de Gran Canaria y a los trabajadores y trabajadoras de Medio Ambiente. Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero su papel es imprescindible para mantener ese ecosistema. Muchas gracias por invitarme a pregonar las fiestas de San Matías.

La diversificación económica es clave para las islas porque reduce la dependencia del exterior, aumenta la resiliencia ante crisis externas y genera empleo más estable. Además, permite aprovechar mejor los recursos propios, protege el territorio y favorece un desarrollo sostenible con mayor equilibrio social y capacidad de futuro. En Gran Canaria, el modelo de ecoísla que defendemos avanza en este sentido. Más allá del modelo turístico, que representa el 35% del PIB insular, impulsamos la economía circular, la movilidad sostenible, la economía verde, el sector audiovisual, las políticas de cuidados, deportivas y culturales, la innovación y la digitalización, la industria y el comercio, la soberanía alimentaria, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático o la economía azul.

Los datos avalan en estos momentos el papel de Gran Canaria como motor de la economía azul en Canarias. Según el Informe de Economía Azul en Gran Canaria elaborado por la SPEGC, con el aporte fundamental del Informe del CETECIMA de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2024, la producción total desee sector en Canarias alcanzó en 2022 los 3.521,8 millones de euros, lo que equivale al 7,18% del PIB regional.

De esa cifra, Gran Canaria genera 1.901,3 millones de euros, es decir, el 54% de toda la producción azul del archipiélago, y un 3,87% del PIB regional canario atribuible exclusivamente a la isla. Muy por detrás se sitúan Tenerife, con el 19%, y Lanzarote, con el 13% de la producción regional.

En términos insulares, la producción de la economía azul en Gran Canaria (1.901,3 millones de euros, sobre un PIB insular de 18.786,4 millones de euros) supone un peso directo del 10,12% del PIB. Incorporando estimaciones conservadoras de actividades no plenamente cuantificadas —desalación, biotecnología marina y energías renovables offshore—, la aportación se sitúa entre el 10,5% y el 11% del PIB insular. Además, la isla concentra el 90% de la producción regional en reparación naval, el 71,7% en puertos y servicios portuarios y el 69,8% en pesca, liderando prácticamente todos los subsectores de la economía azul.

Para que nos hagamos una dimensión real de este salto importante de la economía azul, recuerden que la industria en Canarias representa un 2,8% del PIB y que si sumamos industria+construcción llegamos a un 5,8% del PIB

Las actividades económicas vinculadas al mar son ya un pilar estructural de la economía de Gran Canaria, con un nivel de especialización muy superior a la media regional y un papel central como motor logístico, industrial y portuario del archipiélago. La isla se consolida así como el principal nodo azul en Canarias y como un referente en el ámbito atlántico. En un momento en el que los territorios buscan modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes y menos dependientes de sectores volátiles, el mar se ha convertido en una de las grandes oportunidades del siglo XXI. Esta economía, basada en el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros, ha pasado de ser un concepto emergente a un pilar estratégico para regiones con fuertes vínculos con el oceáno. En Canarias, y de manera muy destacada en Gran Canaria, esta transformación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad económica medible.

Este modelo económico propone una visión integral del mar como fuente de riqueza, empleo, innovación y conocimiento, pero también como un ecosistema que debe ser protegido. Bajo este enfoque conviven actividades tradicionales como la pesca o los servicios portuarios con sectores altamente tecnológicos como la biotecnología marina, las energías renovables offshore o la investigación oceanográfica. En un contexto global marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, este modelo se presenta como una alternativa necesaria y estratégica.

Gran Canaria es, ante todo, un territorio oceánico. Más del 90 % de su superficie es mar, un dato que explica su historia, su cultura y su posición geoestratégica. El océano ha sido durante siglos vía de comunicación, fuente de alimento y espacio de intercambio comercial. Hoy, además, se ha convertido en uno de los principales ejes de diversificación económica de la isla.

La economía azul en Gran Canaria engloba un amplio abanico de actividades vinculadas directa o indirectamente al mar, desde la logística portuaria y la reparación naval hasta el turismo náutico, la acuicultura sostenible o la investigación científica. Este ecosistema productivo, como ya señalé anteriormente, no solo genera riqueza, sino que contribuye a reforzar el músculo de la economía insular frente a condicionantes geoestratécios o geopolíticos.

Uno de los grandes pilares de este modelo es el Puerto de Las Palmas, una infraestructura clave en el Atlántico medio. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un nodo fundamental para las rutas marítimas entre Europa, África y América, consolidando a Gran Canaria como plataforma logística de primer nivel.

En torno al puerto se concentra un potente tejido empresarial ligado a los servicios a buques, la reparación y construcción naval, el suministro energético, el transporte marítimo y las actividades offshore. Este conjunto de sectores genera miles de empleos y explica buena parte del liderazgo de la isla en la economía azul regional.

Otro ámbito esencial es la desalación de agua de mar y la gestión del ciclo integral del agua. En un territorio con escasos recursos hídricos naturales, esta actividad resulta estratégica para garantizar el abastecimiento a la población, al sector turístico y a la agricultura. Gran Canaria ha sido y es pionera en el desarrollo de tecnologías de desalación, impulsando mejoras en eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.

Las energías marinas y las renovables vinculadas al mar representan, además, uno de los grandes campos de futuro. Las condiciones oceánicas y climáticas de la isla favorecen el desarrollo de la energía eólica marina, la energía de las olas y otros sistemas experimentales. Más allá de la generación eléctrica, este sector abre oportunidades en investigación, ensayo, mantenimiento y transferencia tecnológica, contribuyendo a la transición energética y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. ¡Cuánto está tardando el gobierno central para hacerla posible en nuestra isla!

La acuicultura marina sostenible se ha consolidado como una actividad complementaria a la pesca tradicional. Gestionada bajo criterios ambientales rigurosos, permite producir alimentos de calidad, generar empleo local y fomentar la innovación tecnológica. La pesca artesanal, por su parte, mantiene un papel relevante no solo por su aportación económica, sino también por su valor social, cultural y patrimonial.

El turismo costero y las actividades náutico-deportivas constituyen otro de los ejes de la economía azul en Gran Canaria. Deportes como el surf, la vela o el buceo, junto al turismo náutico o los cruceros, diversifican la oferta turística y generan oportunidades ligadas al ocio, la formación especializada y los servicios avanzados.

Gran Canaria destaca también como polo de conocimiento vinculado al mar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alberga centros de referencia como el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) o el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). A ellos se suman infraestructuras estratégicas como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), situada en Taliarte, el gran espacio estratégico de desarrollo azul que impulsa el Cabildo de Gran Canaria

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) completan este ecosistema impulsando proyectos de biotecnología azul, acuicultura sostenible y emprendimiento innovador, como la plataforma Bioasis o la Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima.

Salto de Chira es una infraestructura clave para profundizar en la economía azul de Gran Canaria. Gracias a esta central hidroeléctrica, la isla podrá integrar de forma segura energías marinas como la eólica offshore superando el problema de la intermitencia. Además, facilita que la desalación de agua de mar, actividad estratégica de este modelo económico, funcione con mayor peso de energías limpias, reduciendo costes y emisiones. Hará de infraestructura habilitadora para hacer posible una economía azul más sostenible, innovadora y fuerte.

Más allá de los datos, el reto ahora es mantener este liderazgo con una visión de largo plazo. Apostar por la economía azul implica coordinación institucional, inversión en conocimiento, apoyo al tejido empresarial y una ciudadanía consciente del valor del mar. En Gran Canaria, el océano no solo define su geografía: se perfila como una de las claves más sólidas para construir un futuro sostenible, innovador y competitivo.

El sector primario canario atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Agricultura, ganadería y pesca se encuentran en una encrucijada marcada por decisiones que se están tomando fuera del archipiélago, principalmente en el ámbito europeo aunque también en el del Gobierno español, pero cuyas consecuencias recaen de forma directa sobre un territorio ultraperiférico con marcadas singularidades económicas, sociales y ambientales.

Las posibles modificaciones del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el debate en torno a la pesca del atún mediante redes de cerco y la entrada en vigor de nuevas normas de control pesquero que afectan a la flota artesanal configuran un escenario de gran incertidumbre para el campo y el mar canarios.

El POSEI ha sido, desde su creación, una de las principales herramientas de compensación de los sobrecostes estructurales que sufren las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En el caso de Canarias, este programa -que inyecta 300 millones anuales al sector- ha permitido sostener producciones agrarias y ganaderas que, sin ese apoyo, difícilmente podrían competir en un mercado único diseñado para territorios continentales. La insularidad, la fragmentación del territorio, la lejanía de los principales mercados y la dependencia del transporte marítimo encarecen tanto la producción como la comercialización, situando a los productores canarios en clara desventaja frente a competidores de otras regiones europeas. Así está reconocido expresamente en el artículo 349, que costó tanto conseguir, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante años, el POSEI ha servido para garantizar el abastecimiento del mercado interior, apoyar cultivos estratégicos como el plátano, el tomate o la vid y mantener viva una actividad económica que cumple también una función social, territorial y ambiental. No obstante, en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, han surgido propuestas que apuntan a una posible integración del POSEI dentro de instrumentos más generales de la Política Agrícola Común. Esta opción supondría diluir el carácter específico del programa y poner en riesgo su financiación directa, vinculada precisamente al reconocimiento de las desventajas permanentes de las regiones ultraperiféricas.

Cualquier debilitamiento del POSEI tendría consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de miles de explotaciones. En un contexto de aumento de los costes energéticos, encarecimiento de los insumos y presión creciente sobre los precios en origen, perder un instrumento diseñado a medida del archipiélago aceleraría el abandono del campo, aumentaría la dependencia exterior y comprometería la ya frágil soberanía alimentaria de las islas. Es necesario, igualmente, que se extienda una filosofía similar al ámbito pesquero, con un POSEI específico para la pesca y la acuicultura que tenga en cuenta los costes particulares de la flota canaria.

Paralelamente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur supone una amenaza adicional. Aunque el pacto persigue la liberalización del comercio entre ambos bloques y se presenta como una oportunidad para determinados sectores industriales y exportadores, el sector primario europeo, y especialmente el de las regiones más vulnerables, se verá seriamente afectado con la apertura del mercado comunitario a productos agrarios procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia ambiental, sanitaria y laboral.

En el caso canario, la inquietud es doble. Por un lado, la entrada de productos agrícolas a precios más bajos ejercerá una presión a la baja sobre los precios locales, haciendo inviable la producción en un territorio donde los costes son estructuralmente superiores. Por otro, no genera ninguna confianza la aplicación de “cláusulas espejo”, para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.

La combinación de un POSEI debilitado y un acuerdo comercial de gran alcance como el de Mercosur es un cóctel extremadamente peligroso. La pérdida de ayudas específicas, unida a una mayor presión competitiva en el mercado, acelerará la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas, con efectos en cascada sobre el empleo, el paisaje, la cohesión territorial y la economía rural. En este contexto, es imprescindible que Canarias, en su condición de región ultraperiférica, sea tenida en cuenta no solo en las políticas de cohesión, sino también en los grandes acuerdos comerciales de la Unión.

En el ámbito pesquero, el debate se intensifica en torno a la posible introducción o ampliación de técnicas de pesca industrial, especialmente el uso de redes de cerco para la captura de atún. La pesca del atún es una actividad estratégica para la flota artesanal canaria, que tradicionalmente ha utilizado métodos altamente selectivos, como el anzuelo, con un impacto ambiental reducido y una elevada calidad del producto. La entrada de flotas industriales o la autorización de técnicas como el cerco con grandes redes supone una amenaza directa a este modelo y elimina la zafra de la pesca del atún que es la que mantiene viva en la actualidad a nuestra flota pesquera artesanal. La utilización de pescado de la zona para alimentar a las crías de atún, con ratios de 15:1 sería realmente insostenible y realmente dañina para la fauna local.

Las organizaciones de pescadores y también el Cabildo de Gran Canaria han alertado de que la pesca industrial del atún altera los equilibrios del caladero, reduce la disponibilidad del recurso para la flota local y provoca un impacto ecológico significativo, especialmente si se utilizan dispositivos de agregación de peces. Más allá del daño ambiental, el riesgo principal es socioeconómico: la flota artesanal no puede competir con la capacidad extractiva ni con la escala de la pesca industrial, lo que podría llevar a la desaparición de un sector que genera empleo y forma parte de la identidad cultural de Canarias.

A esta preocupación se suman las nuevas normas europeas de control pesquero que han entrado en vigor recientemente con el objetivo de reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de los recursos y luchar contra la pesca ilegal. Aunque el principio de sostenibilidad es compartido por el sector, la aplicación práctica de estas normas ha generado un fuerte malestar entre los pescadores artesanales canarios. Muchas de las obligaciones administrativas y tecnológicas que se exigen, como el registro electrónico detallado de capturas o los avisos previos de llegada a puerto, están diseñadas para flotas de mayor tamaño y no se adaptan a la realidad de pequeñas embarcaciones de bajura.

Para la pesca artesanal, estas exigencias suponen un aumento de los costes y una carga burocrática difícil de asumir. La falta de adaptación normativa a las particularidades de Canarias puede convertir una actividad tradicional y sostenible en económicamente inviable. Las cofradías advierten de que, si no se introducen excepciones o ajustes específicos, muchas embarcaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con la consiguiente pérdida de empleo y de conocimiento tradicional.

En conjunto, las tensiones actuales reflejan un problema de fondo: la dificultad de encajar políticas europeas de carácter general en territorios con características excepcionales como Canarias. La defensa del sector primario no pasa por rechazar la sostenibilidad, la modernización o el comercio internacional, sino por exigir que estos procesos tengan en cuenta la singularidad insular y ultraperiférica. El futuro del campo y del mar canarios depende de que la Unión Europea mantenga instrumentos específicos, escuche a los territorios afectados y diseñe políticas que no sacrifiquen a los sectores más frágiles en nombre de un mercado globalizado.

Y como señalé en mi artículo de la semana pasada, pasados los años, la UE y el Gobierno español de turno, se darán cuenta del error y del daño producido, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquíes. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran. Lo mismo que hicieron con la pesca artesanal situándola al borde del precipicio.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, comprometido con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a unas medidas que ponen en riesgo el presente y el futuro del campo canario. De esta manera reafirmamos el compromiso del Gobierno de la isla con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria, el producto local y el mantenimiento de un medio rural vivo y sostenible.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la rentabilidad económica de unas actividades productivas, sino un modelo territorial, social y cultural que ha dado forma a Canarias durante siglos. Preservar el sector primario significa también comer más fresco y más sano y proteger el paisaje, la biodiversidad, la lucha contra los incendios, la reducción de la huella ecológica en el consumo de alimentos, la identidad y la capacidad del archipiélago para decidir sobre su propio abastecimiento y su relación con el entorno. No podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. La respuesta que se dé hoy a estos desafíos marcará el rumbo del sector primario canario durante las próximas décadas.

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria me debo a la defensa del interés general de esta isla y me siento en la obligación, por tanto, de manifestar mi opinión -ya lo he hecho en otras ocasiones- sobre el marco de relaciones que se nos propone para con Marruecos y sus derivas para Canarias, para Gran Canaria y, especialmente, para el puerto de La Luz y Las Palmas. Lo hago días después de que una delegación de nuestra Comunidad Autónoma, encabezada por su presidente, Fernando Clavijo, visitara Marruecos para, según se nos dijo, generar espacios de colaboración económica entre el país alauita y Canarias.

El diálogo entre los pueblos y establecer relaciones de buena vecindad es siempre bueno. Pero no es de recibo que se haga con las cartas marcadas y con la espada de Damocles de las exigencias marroquís de anexión de nuestros minerales y tierras raras del Monte Tropic, nuestras aguas territoriales y la seguridad aérea del Sáhara Occidental. Por eso es más necesario que nunca que los resultados de este viaje último a Agadir y su zona de influencia se trasladen a la sociedad canaria con total transparencia. Se nos debe mostrar nítidamente los beneficios reales que se han producido para nuestra tierra.

Y me preocupa, además de esa “visión atlántica” de Marruecos y sus ambiciones sobre Canarias, la estrategia portuaria diseñada por el país vecino en el Atlantico Oriental. Dice Fernando Clavijo que los puertos canarios y marroquís “deben actuar de manera complementaria y no competitiva”, repitiendo los mismos argumentos que las autoridades andaluzas expresaron en relación a los puertos de Algeciras y Tánger, hasta que este último ha terminado por fagocitar buena parte de la actividad del puerto gaditano. Curiosamente, en esos mismos días el expresidente de la autoridad portuaria de Santander, Jaime González, nos dejó claro, en declaraciones a este medio, que los puertos marroquís son la principal amenaza para los “hubs” portuarios de Canarias.

El Atlántico oriental vive una reconfiguración silenciosa pero profunda. Los flujos marítimos, las decisiones de las grandes navieras y las estrategias estatales están redefiniendo el equilibrio logístico entre Europa y África. En ese proceso, Marruecos ha emergido como un actor central, utilizando sus puertos no solo como infraestructuras económicas, sino como instrumentos de política geoestratégica. Esta transformación plantea riesgos reales de competencia para el Puerto de Las Palmas, riesgos que no son meramente comerciales, sino profundamente políticos. 

Al mismo tiempo, el impacto de este fenómeno es claramente asimétrico dentro de Canarias, afectando mucho más al Puerto de La Luz y de Las Palmas que al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Quizás sea por esto que a algunos les preocupe poco esa competencia real con el puerto grancanario. Quizás por eso no se esté valorando en toda su dimensión el daño que se le hace.  

El contraste con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es significativo. Su perfil es marcadamente distinto: tráfico regional, cabotaje, cruceros y mercancía con origen o destino canario. No aspira a ser un hub intercontinental ni compite por el gran transbordo o el bunkering a escala global. Esta menor ambición internacional actúa, paradójicamente, como un factor de protección. Santa Cruz no es un objetivo estratégico para Marruecos, ni un elemento central en la disputa logística entre la UE y el norte de África. Su exposición a la competencia marroquí es indirecta y limitada, y en segmentos como el turismo de cruceros incluso puede beneficiarse de una especialización más clara dentro del sistema portuario canario. 

A diferencia de otros países donde el desarrollo portuario responde principalmente a dinámicas de mercado, Marruecos ha construido un modelo portuario de Estado. Tánger Med, Agadir y el emergente Puerto Atlántico de Dajla no compiten entre sí, sino que forman parte de una arquitectura planificada, con funciones diferenciadas y un objetivo común: posicionar al país como plataforma logística clave entre Europa, África y las grandes rutas marítimas globales.

Tánger Med es el ejemplo más evidente. En poco más de una década se ha convertido en uno de los mayores hubs del Mediterráneo y de África, superando en volumen de contenedores a puertos históricos del sur de Europa. Su éxito se explica por una combinación de factores: fuerte inversión pública, costes laborales y regulatorios más bajos que los europeos, zonas francas altamente competitivas y una integración estratégica con las grandes navieras internacionales, que han redibujado sus rutas para priorizar escalas en el enclave marroquí. Un ejemplo claro es el de la naviera noruega Maersk que dejó Algeciras para irse a ese puerto..

Agadir refuerza este sistema desde un perfil más sectorial, vinculado a la exportación agro-pesquera y a la logística regional. Representa una amenaza más acotada, pero es el proyecto del Puerto Atlántico de Dajla el que introduce una dimensión nueva y más inquietante para Canarias. Concebido como puerto de aguas profundas y orientado a África Occidental y el Sahel, Dajla -en contra del derecho internacional al estar construyéndose en territorio ocupado- aspira a captar tráficos que históricamente han encontrado en Las Palmas un punto natural de escala, redistribución y servicios.

El Puerto de Las Palmas ha sido, durante décadas, una pieza clave en el Atlántico medio. Su valor no reside únicamente en el volumen de mercancías, sino en su función como nodo de servicios marítimos avanzados: bunkering, reparaciones navales, apoyo a flotas pesqueras y offshore, y redistribución logística hacia África Occidental. Esta centralidad lo ha convertido en un activo estratégico para España y para la Unión Europea.

Sin embargo, esa misma posición explica su vulnerabilidad. Los segmentos en los que Las Palmas es fuerte coinciden exactamente con aquellos que Marruecos busca desarrollar y captar. La consolidación de Tánger Med ya ha reducido la importancia relativa de algunos puertos españoles en las grandes rutas, y la futura operatividad de Dajla introduce una presión adicional sobre el papel histórico de Las Palmas como hub atlántico intermedio.

No se trata de una amenaza inmediata ni de un “sorpasso” automático, pero tampoco que tarde en suceder veinte años. Estamos ante un auténtico riesgo estructural. A medio plazo, la combinación de menores costes, mayor respaldo estatal y creciente atractivo para las navieras puede erosionar la centralidad de Las Palmas si no se adoptan medidas estratégicas claras.

Uno de los elementos más delicados de este escenario es el marco europeo. Los puertos comunitarios operan bajo regulaciones ambientales y sociales cada vez más exigentes. Medidas como el sistema ETS aplicado al transporte marítimo o las normativas FuelEU incrementan los costes operativos, especialmente en puertos periféricos como los canarios. Los puertos marroquíes, por el contrario, no están sujetos a estas obligaciones en la misma medida. Esto genera una distorsión competitiva evidente: competir en el mismo mercado global con reglas diferentes. La paradoja se acentúa cuando se constata que parte del desarrollo portuario marroquí cuenta con financiación de entidades en las que participa la propia UE.

Luego se darán cuenta del error, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria: el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquís. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran, al igual que hicieron con la pesca artesanal.

Desde la perspectiva europea, Marruecos es un socio estratégico para la estabilidad regional y la proyección hacia África. Pero esa lógica tiene un efecto colateral: externalizar funciones logísticas fuera del territorio comunitario, debilitando puertos europeos que cumplen un papel geoestratégico clave, como Las Palmas.

La posición española no es sencilla. Las relaciones con Marruecos se han convertido en un eje central de la política exterior, especialmente en ámbitos como la migración, la seguridad y la energía. En ese contexto, la defensa activa de los intereses portuarios canarios no siempre aparece como una prioridad explícita. El resultado es una sensación de desprotección estratégica: Las Palmas es un activo europeo de primer orden, pero no siempre es tratado como tal en las decisiones políticas de mayor alcance.

El ascenso portuario marroquí no es un fenómeno coyuntural, sino parte de una transformación profunda del Atlántico oriental. Las Palmas está en el centro de esa transformación y por ello afronta riesgos reales que combinan economía, geopolítica y regulación europea. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, permanece relativamente al margen de esta disputa estratégica. Y vuelvo a repetir que quizás sea por eso que en algunos ámbitos políticos eso importe menos.

El verdadero desafío para Canarias no es elegir entre cooperación o confrontación con Marruecos, sino definir una estrategia portuaria coherente y diferenciada, que reconozca el valor geopolítico de Las Palmas como activo europeo. Si esa estrategia no se articula con claridad, el riesgo no es el debilitamiento del principal puerto canario sino algo más sutil y preocupante: la pérdida progresiva de centralidad estratégica de Canarias en el Atlántico oriental en un momento en que el control de las rutas marítimas vuelve a ser, como tantas veces en la historia, una cuestión de poder.

Gran Canaria ha construido durante décadas un ecosistema científico, tecnológico y empresarial vinculado al mar que hoy es referencia en el Atlántico. En torno a Taliarte se ha consolidado un polo de conocimiento y economía azul en el que conviven centros de excelencia, universidad, empresas innovadoras e infraestructuras singulares que sitúan a la isla en una posición estratégica para afrontar retos globales como la transición energética, la adaptación al cambio climático y la soberanía tecnológica.

En el corazón de ese ecosistema se encuentra la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), una Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) única en España, clave para el desarrollo de la eólica marina flotante, las energías marinas, la robótica submarina, la observación oceánica, los nuevos vectores energéticos y la investigación aplicada al medio marino

Sin embargo, mientras el contexto internacional acelera la inversión en tecnologías oceánicas y energías renovables marinas, PLOCAN permanece atrapada en una hibernación institucional prolongada que amenaza seriamente su viabilidad futura.

Esta situación no es coyuntural ni accidental. Es el resultado de una congelación presupuestaria sostenida, de la ausencia de inversiones estructurales, del abandono del mantenimiento de sus instalaciones y de la parálisis de su estructura de personal, con consecuencias directas sobre su capacidad científica, tecnológica y de innovación.

De manera especialmente grave, la masa salarial de la Plataforma Oceánica de Canarias permanece estancada desde, al menos, el año 2014, sin que se haya producido desde entonces una actualización estructural de las retribuciones, ni adaptación al incremento del coste de la vida, ni equiparación con otras infraestructuras científico-técnicas singulares del sistema estatal de I+D+i. Este estancamiento salarial, que se prolonga ya más de una década, sitúa al personal investigador, técnico y de gestión de PLOCAN en una clara desventaja comparativa frente a otras ICTS y tiene efectos directos sobre la capacidad de la institución para retener talento, captar perfiles altamente cualificados y consolidar equipos estables.

El contraste con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) resulta evidente. Mientras PLOCAN mantiene salarios congelados desde 2014 y financiación estructural estancada, el IAC ha visto incrementados de forma progresiva sus presupuestos y su capacidad de consolidación de personal, permitiendo atraer talento, estabilizar equipos y planificar estratégicamente su crecimiento. Este diferente tratamiento no se explica por resultados ni por impacto, ya que PLOCAN ha atraído a Gran Canaria más de 100 millones de euros en inversión apalancada, lidera ensayos internacionales de eólica marina y forma a especialistas de decenas de países.

Resulta especialmente llamativo que, mientras el Instituto de Astrofísica de Canarias cuenta en su Consejo Rector con la participación de los cabildos insulares de Tenerife y La Palma, garantizando respaldo territorial, coordinación institucional y alineamiento estratégico, el Ministerio de Ciencia, Innovación, y Universidades y el Gobierno de Canarias impidan al Cabildo de Gran Canaria su presencia en el Consejo rector de la Plataforma Oceánica de Canarias pese a estar ubicada en Gran Canaria y a estar situada físicamente en un terreno cedido por el Gobierno insular. Conviene subrayar, además, que el Cabildo de Gran Canaria ha invertido directamente 1,45 millones de euros en la PLOCAN entre 2017 y 2024, a través de distintas actuaciones vinculadas a la investigación marina, la explotación sostenible de recursos y programas educativos como EDUROV, sin haber formado parte en ningún momento de su Consejo Rector.

Por otro lado, lejos de encontrarse inactiva, la Plataforma Oceánica de Canarias mantiene en la actualidad un volumen muy elevado de actividad internacional, gestionando más de cuarenta proyectos de investigación e innovación en curso, en su mayoría financiados por programas europeos como Horizon Europe, Interreg, CINEA y otras iniciativas comunitarias, tal y como se recoge en su propia página web institucional. Estos proyectos abarcan ámbitos estratégicos como la eólica marina flotante, las energías del mar, la observación oceánica, la restauración de ecosistemas marinos, la robótica submarina, los sistemas multipropósito mar-energía-acuicultura y las infraestructuras de ensayo offshore.

Este elevado número de proyectos europeos en ejecución demuestra que PLOCAN conserva prestigio científico, capacidad técnica y reconocimiento internacional, y que su situación actual no responde a una falta de actividad ni de resultados, sino a una infrafinanciación estructural deliberada de su núcleo institucional. En la práctica, Europa está sosteniendo la actividad de PLOCAN, mientras el Estado y el Gobierno de Canarias mantienen congelada su estructura básica.

La consecuencia directa de esta situación no es únicamente un problema laboral o presupuestario: es un riesgo estratégico para Gran Canaria y para Canarias. La pérdida de investigadores altamente cualificados, la dificultad para atraer nuevos perfiles especializados y la dependencia excesiva de contratos temporales ligados a proyectos competitivos debilitan la capacidad institucional de PLOCAN y comprometen su liderazgo internacional.

A esta situación se suma, repito, un problema institucional de fondo, a pesar de que PLOCAN está ubicada en Gran Canaria y constituye uno de sus principales activos científicos, el Cabildo de Gran Canaria ha sido excluido reiteradamente de su Consejo Rector, pese a haber solicitado formalmente su incorporación en distintos mandatos autonómicos y estatales. Esta negativa resulta aún más difícil de justificar si se tiene en cuenta que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sí ha sido incorporado al Consejo Rector sin que ello haya supuesto ningún obstáculo ni conflicto institucional.

La pregunta es inevitable: si se permitió sin problema la entrada de un organismo estatal, ¿por qué se veta sistemáticamente la presencia del Cabildo de Gran Canaria, administración del territorio donde se asienta la infraestructura? ¿Acaso no se quiere que haya testigos institucionales de una degradación progresiva que amenaza con convertirse en una muerte lenta y silenciosa? Todo ello se produce, además, en un contexto de deterioro físico de las instalaciones, con problemas de mantenimiento no resueltos desde hace años impropios de una ICTS de primer nivel, lo que refuerza la percepción de una estrategia de dejación sostenida. Es necesario que se acometa un plan urgente de inversiones para la rehabilitación, mantenimiento y modernización de las instalaciones de PLOCAN y que se apruebe un plan de recursos humanos y de actualización salarial que permita corregir el estancamiento de la masa salarial existente desde 2014, estabilizar equipos y evitar la fuga de talento.

La PLOCAN no es un lujo prescindible ni una infraestructura secundaria. Es un pilar de la estrategia energética, científica y económica de Gran Canaria y de Canarias. Permitir su degradación silenciosa equivale a renunciar al futuro. El Cabildo de Gran Canaria no puede ni va a ser cómplice de este proceso.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias deben poner fin de manera inmediata a la hibernación institucional de la Plataforma Oceánica de Canarias, garantizando una financiación estructural suficiente, estable y acorde a su condición de Infraestructura Científico-Técnica Singular y Estratégica. De la misma manera, el Cabildo de Gran Canaria debería acceder al Consejo Rector de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) en igualdad de condiciones que otras administraciones públicas ya integradas en dicho órgano, tal y como se hace en otros territorios insulares y en otras entidades e instituciones de la misma dimensión. La discriminación y el abandono son flagrantes.

La historia de Canarias no puede entenderse sin el mar y, desde hace poco más de un siglo, sin el aire. La posición geográfica del archipiélago, situado entre Europa, África y América, ha sido mucho más que una simple circunstancia: ha determinado su poblamiento, su economía, su estructura social y su papel como territorio estratégico en las grandes redes de comunicación del Atlántico. A lo largo de su historia la isla ha actuado como escala, puente y plataforma logística. La insularidad jamás impidió una constante integración en los grandes procesos de la historia global.

El primer asentamiento humano de Canarias fue posible gracias al mar. La ausencia de técnicas navales y de una navegación regular entre islas y con el exterior provocaron un aislamiento casi total durante siglos. Este aislamiento condicionó profundamente el desarrollo social y cultural de las sociedades indígenas, que evolucionaron de forma autónoma en cada isla. El mar fue, por tanto, un elemento ambivalente: permitió el poblamiento inicial, pero también reforzó el aislamiento posterior. Esta dualidad —la conectividad como oportunidad y como límite— será una constante en la historia canaria.

La situación cambia de forma radical a partir del siglo XIV con la expansión marítima europea. Las islas reaparecen en los mapas como punto de referencia para navegantes genoveses, portugueses, mallorquines y castellanos. La conquista de Canarias, culminada en 1496, marca el inicio de una nueva etapa: el archipiélago deja de ser un espacio marginal para convertirse en una pieza estratégica del Atlántico. Tras el descubrimiento de América, Canarias se integra tempranamente en las rutas marítimas que conectaban Europa, África occidental y el Nuevo Mundo. Su localización, favorecida por los vientos alisios y las corrientes marinas, la convirtió en escala casi obligada para las flotas transatlánticas. Desde sus puertos se abastecían naves, se organizaban expediciones y se articulaban intercambios comerciales. La conectividad marítima fue clave para el desarrollo económico del archipiélago. Productos como el azúcar, el vino o la cochinilla encontraron salida hacia mercados europeos y americanos y, al mismo tiempo, Canarias se convirtió en un espacio de tránsito de personas, ideas, tecnologías y capitales. Su papel fue tan relevante que sirvió como laboratorio de modelos agrícolas, sociales y administrativos que luego se exportaron a América.

Durante los siglos XVI al XVIII, la sociedad canaria se configuró como una sociedad atlántica, abierta y dependiente del comercio marítimo. Los puertos se consolidaron como centros económicos y demográficos, atrayendo población diversa. Pero esta dependencia también generó fragilidad: guerras, piratería, crisis comerciales o restricciones impuestas por la Corona de Castilla provocaron ciclos de auge y declive estrechamente ligados al grado de conectividad con el exterior. A pesar de estas dificultades, el mar siguió siendo el principal eje de desarrollo. En el siglo XIX, la mejora de las infraestructuras portuarias, en paralelo a la revolución industrial y al auge de la navegación a vapor, reforzó el papel de Canarias como estación técnica y energética del Atlántico.

A comienzos del siglo XX, el Puerto de La Luz ya estaba plenamente integrado en las grandes rutas marítimas. Su desarrollo estuvo vinculado al tráfico de buques de vapor y a su función como estación carbonera, especialmente ligada al comercio británico. La ampliación de muelles, diques y almacenes permitió aumentar su capacidad y consolidar su valor estratégico. Las guerras del siglo XX reforzaron este papel y el  puerto se convirtió en enclave de abastecimiento, reparación y refugio de buques, además de ser un importante foco de empleo. Su crecimiento contribuyó decisivamente al desarrollo urbano y social de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte marítimo internacional vivió una profunda transformación tecnológica. El abandono del carbón obligó al Puerto de La Luz a redefinir su función tradicional, pero lejos de suponer un declive, este cambio impulsó la diversificación: reparación naval, servicios logísticos, pesca industrial y tráfico de mercancías generales.

La llegada de la contenedorización en los años sesenta supuso una revolución. El puerto supo adaptarse mediante la modernización de infraestructuras y la especialización de terminales, manteniendo su competitividad frente a otros puertos atlánticos. También en las últimas décadas del siglo XX, se consolidó como plataforma logística tricontinental, conectando Europa, África y América.

Hoy, el Puerto de La Luz y de Las Palmas es uno de los principales del sistema portuario español y un pilar estructural del desarrollo económico de Gran Canaria. De enero a diciembre de 2025, el tráfico total acumulado fue de casi veintisiete millones de toneladas, un crecimiento de casi un 17% frente al mismo periodo de 2024. Supone casi un millón y medio de contenedores (TEU), de los que 867.000 son de tránsito internacional. Un 27% más que en 2025. Los pasajeros totales fueron 3.117.561, casi un 3% mayor.

El siglo XX introduce una transformación decisiva: la conectividad aérea. Aunque el mar siguió siendo esencial, la aviación redujo de forma drástica el aislamiento geográfico de un territorio ultraperiférico como Canarias. Los primeros vuelos experimentales tuvieron lugar a principios del siglo, pero fue la hidroaviación la que permitió la integración inicial del archipiélago en las redes aéreas. En los años veinte, la bahía del Puerto de La Luz se convirtió en escala de hidroaviones que operaban rutas postales y comerciales atlánticas.

La habilitación del aeródromo de Gando en 1930 marcó un punto de inflexión. Pronto se consolidó como el principal nodo aéreo de las islas orientales y desplazó progresivamente a la hidroaviación. Durante los años treinta, Gran Canaria se integró en rutas aéreas intercontinentales que conectaban Europa con África occidental y América del Sur, reforzando su valor estratégico. Tras la Segunda Guerra Mundial, la navegación aérea entró en una fase de consolidación. La modernización de infraestructuras y la introducción de aviones de mayor capacidad generalizaron los vuelos regulares de pasajeros, reduciendo tiempos de desplazamiento y sentando las bases del crecimiento económico posterior.

La década de 1960 supuso un cambio radical con la expansión del turismo internacional. El Aeropuerto de Gran Canaria se convirtió en una infraestructura clave. El avión pasó a ser el principal medio de entrada de personas, desplazando definitivamente al barco en el transporte de pasajeros. Millones de turistas comenzaron a llegar cada año, impulsando una economía basada en la conectividad, los servicios y la hospitalidad. Este proceso transformó el territorio, modernizó infraestructuras y generó empleo, pero también incrementó la dependencia del exterior y la presión sobre el medio ambiente.

En las últimas décadas, el aeropuerto ha vivido una profunda modernización y se ha consolidado como hub interinsular y nodo internacional. Hoy es el aeropuerto con mayor tráfico de Canarias y uno de los más importantes de España, reforzando el papel de la isla como punto de conexión entre Europa, África y América, con conexiones a más de 160 aeropuertos y presencia en 30 países.

Tras la caída de actividad debido a la pandemia, el Aeropuerto de Gran Canaria ha recuperado su tráfico e incluso establecido récords de pasajeros, superando niveles de 2019 -13,3 millones de pasajeros-. En 2024 Gran Canaria registró aproximadamente 15,2 millones de pasajeros. Esta tendencia de crecimiento, que parece confirmarse con los datos de 2025, indica que Gran Canaria ha recuperado e incluso superado su tráfico aéreo histórico, reforzando su papel principal en Canarias como nodo de conectividad intercontinental. Además, en noviembre de 2025 se realizaron en nuestro aeropuerto 12.600 operaciones y una media de 2,6 -2,8 t de transportes de carga.

Más allá del transporte, la conectividad marítima y aérea es hoy un factor clave para la diversificación económica. El Puerto de La Luz y el Aeropuerto de Gran Canaria funcionan como plataformas logísticas, tecnológicas y de servicios avanzados. Impulsa actividades como la logística internacional, la reparación naval, la economía azul y la cooperación con África occidental. El aeropuerto facilita la movilidad profesional, la atracción de talento y el desarrollo de sectores intensivos en conocimiento, como la economía digital, la investigación científica o la industria audiovisual. La coexistencia de ambas infraestructuras genera sinergias estratégicas que refuerzan el papel de Gran Canaria como plataforma de servicios avanzados.

Sin embargo, este modelo plantea importantes retos. La elevada dependencia del transporte marítimo y aéreo genera vulnerabilidad ante crisis energéticas y logísticas, además de impactos ambientales significativos. La descarbonización del transporte con combustibles alternativos, la eficiencia energética y la necesidad de compatibilizar crecimiento y sostenibilidad son desafíos centrales. No se trata de reducir la conectividad, sino de  transformarla. Hacerla más limpia, eficiente y diversificada es clave para el futuro de la isla.

Asimismo, la gestión de las infraestructuras, especialmente aeroportuarias, ha generado un debate político y social. Dada la condición ultraperiférica de Canarias, las instituciones canarias, -Gobierno de Canarias y cabildos- reclamamos una mayor participación en la gobernanza aeroportuaria para adaptar la gestión a las singularidades territoriales y alinearla con las estrategias de desarrollo regional.

Y por último, planteo que tenemos que estar especialmente atentos a los movimientos geoestratégico que se producen en el planeta, en Europa y en nuestro entorno, especialmente los relacionados con Marruecos, con el que competimos de manera desigual en exigencias medioambientales, derechos laborales o costes salariales. Desde luego, lo que no pueden seguir haciendo España, Europa y algunas empresas es convertirse en sus financiadores y colaboradores de facto. O renunciar a la seguridad aérea del Sáhara Occidental, que se hace desde Gran Canaria, porque nos pondría en una peligrosa situación de fragilidad.

La historia demuestra que el mar y el aire han sido, y siguen siendo, los grandes motores de Gran Canaria. Comprender esa trayectoria es esencial para afrontar los desafíos del presente y construir un modelo económico más resistente y sostenible.

La acuicultura, definida como el cultivo de organismos acuáticos bajo control humano, es una actividad clave para afrontar los retos alimentarios, económicos y ambientales del siglo XXI. Su expansión responde al aumento de la demanda de productos marinos, la presión sobre las pesquerías tradicionales y la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible. Actualmente, es un pilar de la seguridad alimentaria global y del desarrollo económico.

Según la FAO, la producción acuática mundial alcanzó en 2022 los 223,2 millones de toneladas, un 6,6 % más que en 2020, superando por primera vez la acuicultura a la pesca extractiva. Este organismo impulsa el sector mediante la iniciativa de Transformación Azul, promoviendo prácticas sostenibles orientadas a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Los productos acuícolas aportan proteínas de alta calidad (de menor impacto medioambiental que las de la carne) y nutrientes esenciales como omega-3, vitaminas y minerales. Ante una población mundial que superará los 9.700 millones en 2050, la acuicultura destaca por su eficiencia, al requerir menos recursos que la ganadería terrestre.

Más allá de su valor nutricional, la acuicultura refuerza la seguridad alimentaria local y preserva tradiciones en comunidades costeras. Al mismo tiempo, el sector avanza hacia modelos más sostenibles gracias a la innovación tecnológica, la automatización, la biotecnología y el desarrollo de viveros offshore con menor impacto ambiental. En un contexto de cambio climático y agotamiento de los recursos pesqueros, la acuicultura se consolida como una herramienta estratégica, complementaria a la pesca extractiva, capaz de satisfacer la demanda global sin comprometer los ecosistemas marinos.

Gran Canaria desde los años ochenta del siglo pasado ha sido el motor productor e investigador de la acuicultura en mar abierto de Canarias, con la aparición de las primeras empresas de viveros marinos en Arguineguín y su posterior desarrollo en la Bahía de Melenara, Castillo del Romeral y Arinaga. Y ha tenido que ver también en ello la existencia de centros investigadores de reconocimiento internacional como el instituto universitario ECOAQUA-ULPGC, entre otros.

Según la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la cosecha de acuicultura en España en 2024 fue de 268.564 toneladas (t), con un valor en primera venta de 856,5 millones de euros. La especie más abundante fue la de mejillón, con 184.593 t y un valor estimado de 138,1 M€. Le siguen la lubina con 27.376 t y un valor de 138,1 M€, la trucha arco iris con 16.693 t y un valor de 54,6,7 M€, la dorada con 10.765 t y con un valor de 72,0 M€ y el atún rojo con 10.312 t, con un valor de 184,4 M€. En Europa, la producción fue de casi tres millones de toneladas.

 La cosecha de lubina en España en 2024 fue de un 11,4% más que en 2023 (24.580 t) y un valor de 123,7 M€. La Comunidad Valenciana ha encabezado la producción con 8.592 t (el 31,4% del total), seguida por la Región de Murcia (6.692 t, el 24,4%), Canarias (6.594 t, el 24,1%), Andalucía con 4.797 t (el 17,5%) y Cataluña con 701 t (el 2,6%).

Las cifras hablan por sí mismas: Gran Canaria genera actualmente más del 65% de la producción acuícola de Canarias, con un enfoque especial en la producción de lubina, representando un impresionante 88,5% de la producción regional. Estos logros demuestran no solo nuestra capacidad productiva, sino también el compromiso y la visión de un futuro próspero y sostenible de la isla.

Dos empresas copan la producción insular de manera preferente: AQUANARIA, que hasta 2023 contaba con dos instalaciones en mar abierto, en Melenara y Castillo del Romeral, donde producían y comercializaban 3.200 t/año, con un valor comercial de 35 M€, empleando para ello, de forma directa, a unas ciento ochenta personas. Además, dispone, en Castillo del Romeral, de una instalación en tierra de “preengorde”, donde se crían las lubinas antes de ser llevadas a las instalaciones en mar abierto, y una planta comercializadora en Las Majoreras (Ingenio). 

Con una presencia menor opera también en la isla CANEXMAR,  con una instalación de viveros en el mar en Tufia, Telde. Producen 550 t/año, con un valor comercial de 3,3 M€. Cuenta igualmente con una planta de procesado de pescado en Castillo del Romeral y emplea a una veintena de personas.. 

Las dos comercializan hasta la fecha un total insular de 3.750 toneladas /año, con un valor comercial de 38,3 M€ y unos doscientos empleos directos.

Tras la aprobación en 2018 del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canaria (PROAC), las instalaciones de AQUANARIA en Salinetas y de CANEXMAR en Tufia se quedaron “fuera de ordenación”, debiendo por tanto reubicarlas a una zona de interés para la acuicultura (ZIA), a través de concurso público para el otorgamiento de nuevas concesiones en ese espacio. Tras los correspondientes concursos y otorgamientos, la empresa AQUANARIA consiguió en 2022 autorizaciones de producción de una máxima anual total de 9.150 t/año, entre las tres concesiones: Castillo del Romeral, Arinaga y Melenara (para trasladar más al sur, más lejos de la costa y a más profundidad la situada frente a la Playa de Salinetas). Cada una con una autorización de producción de hasta 3.050 t/año.

La inversión de estas dos ampliaciones y de una nueva instalación superan los 41 M€. En ello se incluye además una inversión importante de ampliación de sus instalaciones en tierra para el preengorde de alevines que luego irán al mar. El personal necesario para la gestión de las actuales y futuras instalaciones será de unas 400 personas.

Esta estrategia empresarial de crecimiento se inicia en 2015, decidiendo orientar toda su producción a un producto gastronómico selecto como es la lubina de gran tamaño, de entre 2 y 4 kilos cada pez, que tardan 42 meses en conseguir. Actualmente esta empresa comercializa un 50% fuera de España, en más de 24 países, a través de una red de 200 distribuidores, lo que la hace ser el mayor exportador por vía aérea de producto fresco de Canarias, ya que tienen envío por avión todos los días de la semana.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Sector Primario y de la SPEGC, ha apoyado este proceso, promoviendo y apoyando activamente el desarrollo de la acuicultura sostenible a través de iniciativas como BIOASIS Gran Canaria. Este programa, en colaboración con entidades públicas de investigación, proporciona apoyo especializado y soluciones concretas para los promotores y empresas que buscan invertir en nuestra isla.

Bioasis Gran Canaria no solo ha asesorado y acompañado a los promotores de proyectos acuícolas en la isla, sino que, además, a través de la Incubadora de Alta Tecnología en Biotecnología Azul y Acuicultura del Cabildo de Gran Canaria (en las instalaciones del ITC de Pozo Izquierdo) ha apoyado a más de 30 empresas emergentes que desarrollan proyectos innovadores. Y se ha hecho en procesos de investigación de tecnología para la cría y cultivo de algas, con aplicaciones en sectores como la alimentación, cosmética y biomedicina, en biotecnología azul que ha trabajado en innovación en la producción de bioplásticos a partir de recursos marinos, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de plásticos convencionales y, por último, en acuicultura de especies marinas, optimizando la acuicultura de de alto valor comercial mediante prácticas sostenibles y eficientes.

La polémica suscitada, tras la contaminación de diversas playas grancanarias por la muerte masiva de peces provenientes de la acuicultura, ha generado un importante debate social y cierto cuestionamiento de la acuicultura. Es un error, un tremendo error, demonizar a la acuicultura. Es una enorme irresponsabilidad el que desde las administraciones públicas se aliente el ataque y el rechazo a una práctica sostenible, clave para la alimentación del futuro y para la diversificación económica de Gran Canaria. Hace falta una política rigurosa de apoyo y desburocratización por parte de la administración responsable.

Gran Canaria ha conseguido ser pionera y puntera en el desarrollo científico, empresarial y económico del cultivo de peces y microalgas, haciendo de este sector una actividad compatible con otros usos de nuestro mar. Ha logrado una plena convivencia con la pesca artesanal de la que demanda servicios, conocimientos e infraestructuras para sus actuaciones.

Pero no es menos cierto que se hace urgente e imprescindible el conocer las causas de las muertes de los peces para que se asuman las responsabilidades a las que haya lugar. Y no se ha actuado con diligencia ni con transparencia por parte de las instituciones competentes. Está claro también que los viveros deben estar alejados lo más posible de la población para evitar alarmas sociales innecesarias, y en eso estaba la empresa. En cualquier caso, la mesura, la transparencia y la rigurosidad en las actuaciones deben ser el eje central sobre el que gire la necesaria convivencia entre la acuicultura, las instituciones y la sociedad grancanaria.

A principios de diciembre de 2025 escribí un artículo, que se publicó en este mismo medio, titulado “Dajla, una expansión que compromete a Canarias”. Lo hacía en el contexto de una misión comercial al citado puerto, diseñada por PROEXCA (Gobierno de Canarias) con la federación empresarial portuaria FEDEPORT, para animar al empresariado local a invertir en ese espacio del Sáhara Occidental.  Denunciaba en aquel artículo la inoportunidad y la ilegalidad flagrante de la propuesta, al plantearse en un territorio ocupado y sometido a un proceso de descolonización, y porque supone, de facto, potenciar un puerto llamado claramente a competir con el Puerto de la Luz y de Las Palmas.

En el brindis de Navidad celebrado por FEDEPORT unos días después, su presidente hizo frente a estas críticas planteando que detrás de ellas se encontraban deslealtades empresariales y rechazando cualquier “manipulación pública”.

Unas semanas más tarde, y dejo para otro momento el análisis y sus posibles consecuencias, se hizo pública la adquisición del 45% de Boluda por parte de la empresa semipública marroquí Marsa Maroc. Dudo de que eso no afecte a Canarias ni a la seguridad del Estado. Entiendo que pasará por el control de la Junta de Inversiones Exteriores y el Consejo de Ministros. Insistiré en ello y ya he encargado un  informe para valorar su alcance.

En medio de todo esto, Fernando Clavijo ha anunciado que viaja este mes a Marruecos para impulsar la cooperación con ese país en sectores sensibles como el turismo, entre otros. Más de lo mismo, de nuevo se anima a invertir en un sector que compite directamente con Canarias. No creo en las casualidades. Y me preocupa que muy pocos alcen la voz  frente a hechos consumados que ponen en riesgo nuestro futuro.

Yo sigo en mis treces y así lo planteé en la última Junta de la Autoridad Portuaria. Potenciar Dajla, llamar a invertir en Dajla, supone un atentado al derecho internacional y también al Puerto de la Luz y de Las Palmas, especialmente. Y me pregunto si todo sería igual si el perjudicado fuera otro puerto canario. Pongo un ejemplo real: fíjense en  lo que ha sucedido en los último años con el Puerto de Algeciras.

El desarrollo del puerto  Tánger Med se ha presentado durante años como un éxito logístico incuestionable y como una oportunidad de cooperación regional en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, desde la orilla norte, la lectura es necesariamente distinta. Para el puerto de Algeciras, el impulso sostenido de Tánger Med ha supuesto una pérdida progresiva de centralidad, tráfico y capacidad de influencia, con efectos económicos y laborales que no pueden seguir considerándose daños colaterales inevitables. Más preocupante aún es que este proceso se haya producido con la aquiescencia —cuando no con la colaboración indirecta— de España y de la Unión Europea, sentando un precedente que amenaza con repetirse en otros enclaves estratégicos como el del puerto grancanario.

Algeciras fue durante décadas el gran puerto de transbordo del Mediterráneo occidental, un nodo esencial de las rutas Asia-Europa y un pilar económico del Campo de Gibraltar. Hoy, ese liderazgo ha sido desplazado por Tánger Med, un puerto que ha crecido al calor de inversiones masivas, una estrategia de Estado claramente definida y un marco regulatorio mucho más permisivo que el europeo. La consecuencia es clara: tráficos que antes recalaban en Algeciras se concentran ahora en la orilla sur, atraídos por menores costes operativos, mayor capacidad instalada y la ausencia de determinadas exigencias normativas.

La aplicación del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE al transporte marítimo ha actuado como un acelerador de esta dinámica. Mientras los puertos comunitarios asumen nuevos costes ambientales —legítimos desde el punto de vista climático, pero mal calibrados desde el estratégico—, puertos no comunitarios como Tánger Med compiten sin esa carga adicional. A ello se suman los costes salariales más bajos, la normativa de seguridad más laxa, las tarifas más reducidas… El resultado es una competencia desequilibrada que penaliza a Algeciras no por ineficiencia, sino por pertenecer al espacio europeo. Desde la Bahía de Algeciras se ha advertido reiteradamente del riesgo de desvío de tráficos, ingresos y empleo, sin que hasta ahora se haya articulado una respuesta eficaz a escala estatal o comunitaria.

Lo ocurrido con el puerto de Algeciras no puede seguir presentándose como un simple ajuste del mercado ni como una consecuencia inevitable de la globalización. Ha sido, en gran medida, el resultado de decisiones políticas concretas, de omisiones estratégicas deliberadas y de una colaboración europea mal entendida que ha fortalecido a un gran hub portuario extracomunitario —Tánger Med— a costa de debilitar uno de los puertos más estratégicos del sistema portuario español y europeo.

Desde Algeciras se alertó. Se advirtió del riesgo de pérdida de tráficos, de empleo y de centralidad estratégica. No se escuchó. Hoy, el puerto sigue siendo relevante, pero ya no lidera  y el Campo de Gibraltar paga las consecuencias de una política que sacrificó soberanía logística en nombre de una supuesta cooperación regional.

Lo más inquietante es que este patrón amenaza con reproducirse casi punto por punto en el Atlántico. El Puerto de La Luz y de Las Palmas, uno de los grandes hubs logísticos de África occidental y pieza clave para Canarias, debe observar con  inquietud el impulso al puerto de Dajla (Dakhla) en el sur de Marruecos. Dajla aspira a convertirse en un gran nodo logístico y energético entre Europa, África y América, replicando el modelo de Tánger Med: grandes infraestructuras, fuerte respaldo estatal y un entorno regulatorio más flexible que el europeo.

Si no se extraen lecciones del caso de Algeciras, el riesgo es evidente. Las Palmas podría verse sometido en los próximos años a la misma presión competitiva: desvío de tráficos de transbordo, pérdida de servicios marítimos, reducción de actividad logística y debilitamiento de su papel estratégico. Y, de nuevo, no por falta de capacidad, experiencia o posición geográfica, sino por competir desde un marco normativo más exigente frente a un puerto extracomunitario diseñado expresamente para captar esos tráficos.

Existe además, insisto en ello,  un elemento político que no puede ignorarse. El desarrollo de Dajla no es solo una cuestión portuaria, sino que se inserta en una estrategia geoeconómica y geopolítica más amplia de Marruecos. Que España y la UE miren hacia otro lado —o incluso faciliten indirectamente esta dinámica mediante acuerdos comerciales, inversiones o regulaciones asimétricas— supondría repetir el error cometido con Algeciras, esta vez con consecuencias potencialmente graves para Canarias.

Pero hay un elemento que hace el caso de Dajla cualitativamente más grave y que no puede ser soslayado: Dajla se proyecta en un territorio ocupado, el Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según el derecho internacional. España, potencia administradora de iure reconocida por la ONU, no puede alegar ignorancia. Impulsar, respaldar o tolerar el desarrollo de un gran puerto estratégico en ese enclave supone normalizar una ocupación ilegal y convertir la logística, el comercio y la inversión europea en instrumentos de consolidación de un hecho consumado contrario a resoluciones internacionales.

Si con Algeciras el daño fue económico y estratégico, con Dajla el error sería además jurídico y ético. Facilitar —directa o indirectamente— que Dajla compita con Las Palmas significa no solo poner en riesgo uno de los pilares económicos de Canarias, sino también legitimar un modelo de desarrollo asentado sobre la negación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. No es una cuestión ideológica: es una cuestión de legalidad internacional.

El Puerto de La Luz y de Las Palmas es hoy un nodo esencial para el suministro, el transbordo y la proyección atlántica de España y de la UE. Si se permite que Dajla crezca bajo las mismas condiciones que hicieron de Tánger Med un competidor imbatible para Algeciras —y, además, en este caso  un territorio ocupado—, el mensaje será demoledor: Europa está dispuesta a sacrificar sus propios puertos estratégicos y sus principios jurídicos a cambio de estabilidad aparente y ventajas a corto plazo.

Algeciras fue el aviso. Las Palmas puede ser la repetición y si no se actúa a tiempo, podría convertirse en el siguiente eslabón de una cadena de pérdidas estratégicas. Dajla, en estas condiciones, debería ser la línea roja. Porque cuando un Estado renuncia a defender sus puertos, renuncia a su economía; pero cuando renuncia a defender el derecho internacional, renuncia también a su credibilidad y pone en peligro su soberanía. Y eso, a largo plazo, no se compensa con ningún contenedor más movido al sur del Atlántico.

La lección es clara: no puede haber una política portuaria europea que fortalezca hubs extracomunitarios a costa de debilitar sus propios puertos estratégicos. La transición ecológica, la cooperación regional y la apertura comercial son objetivos legítimos, pero deben ir acompañados de mecanismos que eviten la deslocalización de actividad portuaria y logística fuera de la UE.

Si se pierde un puerto no se pierde solo tráfico: se pierde empleo, capacidad industrial, autonomía logística y peso geopolítico. Y eso, a largo plazo, es un precio demasiado alto para cualquier país y para Europa en su conjunto. Imagínense lo que supondría para Gran Canaria y para Canarias, aunque a algunos interlocutores políticos y empresariales les preocupe poco el puerto grancanario.

En este contexto difícil, María Jesús Melián Alvarado, una rica hacendada agüimense, aconsejada por sus albaceas, tomó una decisión trascendental: destinar recursos a la construcción de un colegio en lugar de un hospital. Esta elección buscaba acercar la educación a los niños del pueblo, una iniciativa que marcaría el futuro de la comunidad.

La llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) en 1949, para cumplir ese objetivo supuso una revolución educativa, social y cultural. Primero impartieron clases en las Casas Nuevas -hoy Complejo Parroquial- y, desde 1952, en el colegio Jesús Sacramentado. La pedagogía lasaliana, fundada en la inclusión, la gratuidad y la formación integral, se enfocaba especialmente en los más desfavorecidos. Su labor rompió el aislamiento secular de Agüimes, abriendo horizontes y formando en diversos oficios y disciplinas a profesionales que nunca imaginaron que se pudieran acoger a un ascensor social de esa magnitud en aquellos momentos.

Yo tuve la fortuna de ser educado por ellos hasta su marcha en 1968. Con ellos viví mis primeras experiencias culturales: cine, teatro, conciertos y deportes. También participé en un teleclub autogestionado por los alumnos. Estas vivencias, únicas en la Gran Canaria de la época, ampliaron nuestra mirada crítica y transformaron nuestro futuro, aunque hay que decir también, que todo este desarrollo estaba limitado a los niños, puesto que era un colegio masculino y que por tanto, las niñas quedaron excluidas. Ahora, afortunadamente, eso sería impensable.

De ese espíritu transformador nació, impulsada por la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, la Cabalgata-Auto de los Reyes Magos de Agüimes. La Asociación se creó para mantener los vínculos con el colegio y continuar la labor cultural iniciada por los hermanos. Su consolidación fue posible gracias a la voluntad de un maestro, el Hermano Lorenzo Martín González, y al impulso de más de un centenar de antiguos alumnos como Bernardino Romero Melián (presidente) y Orlando Hernández Martín (secretario).

El 5 de enero de 1956, con un texto de Orlando Hernández, se celebró por primera vez la Magna Cabalgata de Reyes. Hernández, Hijo Predilecto de la Villa, es un novelista, poeta, periodista y dramaturgo que renovó el teatro religioso en Canarias, adaptando la tradición medieval del auto sacramental a un lenguaje cercano y comunitario. Esta obra, junto al auto de Pasión “... y era el Hijo del Hombre”, creada también por él, forman un eje cultural central en la identidad de Agüimes, compartiendo origen, autor y raíz dramática.

La Cabalgata-Auto no es un desfile convencional, sino una profunda manifestación cultural que embelesa, ilusiona y crea complicidad en la comunidad. Representa un mecanismo de cohesión social, identidad local y transmisión intergeneracional. Cientos de vecinos y vecinas participan voluntariamente como actores, figurantes o técnicos, haciendo de esta una obra colectiva donde el pueblo es creador, protagonista y transmisor.

Manteniendo la estructura de la Epifanía, el Auto combina devoción, teatro y participación popular. Los espectadores recorren con la comitiva las calles del casco histórico, convertidas en escenario, siguiendo el camino narrativo hacia el Nacimiento. Esta ritualización refuerza el valor patrimonial de Agüimes y atrae a miles de visitantes cada año, potenciando su visibilidad cultural sin perder su esencia comunitaria.

El auto es poesía viva. Cerremos los ojos y veamos cómo el desfile avanza por las calles del pueblo como una visión que entrelaza historia, tradición y sueño. Desde lejos se escucha el rumor de los pasos, el tintineo de los adornos y el murmullo expectante de quienes esperan cada año este momento. Vemos desfilar a los pastores y pastoras y a las hebreas, con sus telas suaves que se mecen al ritmo de la marcha, portando cántaros y lámparas que parecen traer consigo el eco de tierras antiguas. Sus rostros serenos y su caminar pausado abren la puerta a un tiempo remoto, casi sagrado.

Detrás irrumpen los romanos, imponentes y solemnes, con sus armaduras que reflejan la luz de las farolas y sus estandartes ondeando como lenguas de fuego. A su paso, se siente un leve estremecimiento, como si el pavimento recordara historias de poder y disciplina. Las cornetas y tambores nos llevan en volandas, con las mejores notas, a espacios celestiales. Los gladiadores, vigorosos y orgullosos, completan este bloque con su fuerza simbólica, representando la dureza del mundo que rodeaba el misterio del nacimiento.

Y entonces llega el corazón del desfile: los Reyes Magos. Se acercan montados en sus camellos, envueltos en capas que brillan con tonos de oro, púrpura y esmeralda. Melchor, Gaspar y Baltasar avanzan con una dignidad luminosa, saludando a los niños que levantan las manos con una mezcla de inocencia y veneración. Repartiendo caramelos, recogiendo cartas, encendiendo miradas. Cada gesto suyo parece sembrar un pedacito de ilusión en el aire. A su alrededor, los pajes tejiendo un puente entre la nobleza de los Reyes y la emoción del público.

La Noche de Reyes en Agüimes brilla con luz propia. Es una noche de ilusión para los niños y niñas, que dejan agua y alfalfa para los camellos y sus zapatos en la ventana, y de emoción revivida para los adultos. Porque la Noche de Reyes no es sólo el brillo de un milagro antiguo; es el mapa íntimo de nuestros deseos, la ventana por donde la inocencia vuelve a entrar, y la música secreta que cada corazón escucha cuando decide creer. Cada regalo al amanecer representa mucho más que un objeto: es un gesto de afecto, un símbolo de sueños compartidos y el eco de esa leyenda antigua que sigue viva.

Y para hacerlo posible, los Reyes Magos llegan hasta las casas de Agüimes en la madrugada del 6 de enero. Sí, realmente, físicamente. No estoy expresándome en lenguaje figurado. Nos lo anuncian de madrugada las cornetas y los tambores. Imaginen ese instante como un destello suspendido en el tiempo. El niño, la niña, aún envueltos en la tibieza del sueño, abren los ojos, y de pronto descubren una silueta majestuosa inclinada sobre ellos: un Rey Mago, con su aroma a noche estrellada y viaje largo, sus ropajes que parecen traer consigo un murmullo de campanas lejanas. En sus manos, un juguete que brilla como si guardara dentro una promesa.

Primero llega la sorpresa, pura y desbordante: el corazón se acelera, los ojos se agrandan, la respiración se corta por un segundo. Luego asoma la incredulidad maravillada, esa mezcla de querer creer y no atreverse, hasta que el Rey sonríe y todo se vuelve cierto, tangible, inevitablemente mágico. Y finalmente, un torrente de emoción: alegría que sube desde el pecho, una ternura que lo envuelve todo, la sensación de que el mundo es más grande y más hermoso de lo que imaginaban. Ese instante se clava para siempre en la memoria: no es solo un juguete, es el descubrimiento íntimo de que los sueños pueden tocarse, de que lo imposible puede entrar en la habitación a media noche y pronunciar su nombre. Es el tipo de emoción que, aun cuando pasan los años, sigue iluminando desde dentro.

Esta tradición no es un mero recuerdo del pasado, sino una forma de caminar juntos hacia el futuro sin olvidar los orígenes. Agüimes ha sabido equilibrar el progreso con el respeto a sus raíces, manteniendo vivas sus tradiciones como herencia activa y compartida. El Auto de Reyes, la Semana Santa y sus remates (donde La Salle también tiene un papel fundamental), el Carnaval y otras festividades son encuentros que fortalecen la identidad colectiva y el sentido de pertenencia.

La Asociación La Salle, con setenta años de trayectoria, es el pilar de esta continuidad. Su capacidad para reinventarse sin perder sus raíces, superando desafíos de espacio, recursos y nuevos tiempos, es admirable. Como alcalde, he compartido sus retos y he visto su compromiso inquebrantable.

Por ello tenemos que dar las gracias siempre a quienes trajeron a los Hermanos de La Salle, a los hermanos que educaron, a los antiguos alumnos y a todos los que mantienen viva esta tradición. A quienes ensayan, organizan y participan año tras año. A cada agüimense que aporta su grano de arena para que Agüimes siga siendo un lugar auténtico, con alma. Mientras nuestras tradiciones vivan, vivirá lo mejor de nosotros. Honrando legados como este, en tantos lugares de nuestra isla, es la manera de afianzar el futuro de cada municipio, de Gran Canaria entera.

Las actuaciones alrededor del patrimonio son un latido permanente en el Cabildo. Y no estamos solos. Valga el dato de que más de 7.000 personas están inscritas en la plataforma del Servicio de Patrimonio Histórico para seguir sus contenidos y actividades

“El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado”. Estas palabras de William Faulkner invitan a reflexionar sobre la resonancia en el presente de acontecimientos y procesos sociales que tuvieron lugar tiempo atrás. En Gran Canaria lo sabemos bien porque nuestra fuerte identidad atlántica es resultado de la cristalización a lo largo de los siglos de una realidad construida con diversos materiales, como la fusión de culturas y la adaptación al territorio. Si se evaporara el mar, quedaría la sal. Si se desvaneciera el tiempo, permanecería la cultura. La huella.

Seguimos adelante porque tenemos un horizonte, pero sobre todo un punto de partida. El Cabildo de Gran Canaria es consciente de la importancia de preservar el legado histórico y arqueológico. Y actúa en consecuencia. Lo hacemos porque preservar un edificio, una fachada o un yacimiento aborigen es mucho más que proteger un espacio o un material determinado. El bien superior que amparamos es la memoria. Y también las enseñanzas que entrañan momentos, lugares y episodios que nos hablan de resistencia y evolución, al tiempo que ponen sobre la mesa aspectos tan trascendentes y actuales como las migraciones humanas, la relación con el entorno, la sostenibilidad, la identidad, el sentimiento de comunidad, la condición insular o la resiliencia.

Además, descubrimos que ese hilo ininterrumpido que llamó la atención de Faulkner enhebra pasado, presente y futuro. El Cabildo ha dado recientemente una puntada muy significativa en este sentido con la segunda pieza de su plan de apoyo al gran proyecto de modernización del Museo Canario con la adquisición, por cuatro millones de euros, del antiguo hogar infantil de Santa Rosalía, en Telde, propiedad hasta ahora de la sociedad científica. La compra permitirá a la entidad culminar el proceso de reforma y ampliación de su sede en Vegueta y se suma a la inyección financiera inicial de otros cuatro millones, dinero que resultó crucial para romper con el bloqueo del proyecto tras más de una década.  

La compra de Santa Rosalía cumple con un triple objetivo en el que vemos con claridad cómo se dan la mano el ayer, el hoy y el mañana, en este caso con una mejora para la sociedad grancanaria. Por un lado, damos el impulso definitivo al Museo Canario, guardián de nuestra historia y del fondo concertado insular de arqueología. En segundo lugar, contribuimos a la salvaguarda de un inmueble de elevado valor patrimonial en Telde, que fue propiedad del doctor Gregorio Chil y Naranjo, fundador de la sociedad científica, y que sirvió desde principios del siglo XX como hospital, orfanato y centro de acogida. Y, por último, convertiremos a Santa Rosalía en un espacio de uso sociosanitario. 

Con ello, respetamos el deseo del doctor y su familia de que este inmueble fuera destinado en todo momento a las personas que precisan de cuidados. Insisto en un concepto: protegemos el patrimonio, pero respetamos ante todo la idea, el espíritu, en este caso plasmado en piedra y en la voluntad de quien deseó mejorar las condiciones de vida de los grancanarios y grancanarias. Proyectamos a los días que están por venir lo mejor que nos entrega el pasado.

La indudable visión del Cabildo que entiende el patrimonio como argamasa de la construcción social ha alentado la articulación y desarrollo de una estrategia que destaca su valor y que abarca conservación, investigación y acciones de sensibilización. En la última década hemos impulsado nuevas excavaciones, restaurado estructuras, reforzado la labor de inspección y mejorado los sistemas de documentación. Prueba de ello es también la activación del programa de Protección del Patrimonio Cultural, que agilizará las declaraciones y delimitaciones de los Bienes de Interés Cultural, además de sentar las bases del Centro de Documentación del Patrimonio Cultural y planificar el cuidado del patrimonio religioso, trascendental junto a los 1.400 yacimientos arqueológicos distribuidos por el mapa insular. Esta diversidad refleja las capas históricas superpuestas en la isla. 

La isla es una pirámide de memoria. Bloque a bloque, persona a persona, se ha levantado sobre el Atlántico y alcanza su cima en la cumbre, declarada Patrimonio Mundial. Es un cofre, una llave y a la vez una enorme responsabilidad. La creación del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con la que convive en el territorio, se ha confirmado como una herramienta esencial para su preservación. Su existencia se ha traducido en múltiples hitos, como la puesta en marcha de los Senderos de Gran Recorrido o las líneas de apoyo directo a proyectos de los ayuntamientos y de las entidades sin ánimo de lucro enraizadas en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. También la reciente ampliación de la red de centros de interpretación con la apertura del nuevo espacio en Degollada de Becerra, que se suma al de Artenara o el Bentayga, así como la apertura del Centro de Información y Gestión de Tejeda. Son igualmente espacios que propician la dinamización social, cultural y económica. 

Hemos buscado también la complicidad del conocimiento científico. Actualmente se ejecuta la segunda fase del convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para estudiar el origen y evolución del poblamiento humano en la cumbre, proyecto que en su primera etapa abrió nuevas líneas de investigación apoyadas en técnicas de última generación y que ha revelado, por ejemplo, la complejidad del asentamiento de la Sierra del Bentayga. Escuchamos la voz del pasado indígena y contribuimos a escribir un relato todavía incompleto. Y hace apenas unos días, presentamos las nuevas instalaciones del Laboratorio de Arqueología de la ULPGC, el más importante del archipiélago y cuya dotación ha financiado el Cabildo. 

Otro convenio, en este caso con la Universidad de La Laguna, nos permite contar con instrumental de última generación y personal para interpretar los datos que recogen los sensores instalados en los espacios, evaluar la evolución de manifestaciones pictóricas en enclaves sensibles mediante obtención de imágenes en infrarrojo, el escaneo láser o la caracterización de la evolución natural de esos lugares, desde la visera rocosa de Risco Caído a las Cuevas del Rey. 

A veces la memoria equivale a justicia. A veces el patrimonio es el eco de un disparo, el rastro de una infamia, el casquillo de una bala, una moneda o un peine sepultados en las entrañas de la tierra. Es lo que encontramos, entre otros ejemplos, en el fondo de la chimenea volcánica de la Sima de Jinámar en el transcurso de la intervención arqueológica que tendrá continuación próximamente y en la que se documentaron restos pertenecientes a varios varones adultos con evidencias de impactos craneales. Constituyen una prueba de valor científico en el contexto de la represión franquista. Pasado el 20N, y ante el avance del negacionismo de la democracia, el rescate de la verdad se alza como tarea prioritaria de las políticas de patrimonio histórico. 

Las actuaciones alrededor del patrimonio son un latido permanente en el Cabildo. Y no estamos solos. Valga el dato de que más de 7.000 personas están inscritas en la plataforma del Servicio de Patrimonio Histórico para seguir sus contenidos y actividades. Hace unas semanas se exhibió en el Patio del Cabildo una recopilación de los numerosos materiales arqueológicos que se documentan y estudian cada año gracias a notificaciones de la ciudadanía. Su título es elocuente: ‘Un compromiso común. Patrimonio Arqueológico y Participación Ciudadana’. Revela que nunca sobran manos para guarecerlo. La memoria es una criatura tan prodigiosa como frágil. Si recibe el cuidado que merece, se torna en un poderoso instrumento de transformación. Porque el legado no es un ancla. Es una vela que propulsa. Y una brújula. Y de las más fiables. Es, de hecho, la adecuada para que el futuro contenga lo mejor del pasado, y no lo peor.  

Celebramos en estos días el 75 aniversario del inicio de la repoblación forestal de Gran Canaria. Setenta y cinco años de un recorrido compartido que se ha convertido en una parte esencial de la historia de esta isla. No lo planteamos como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de memoria útil, que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad.

La repoblación forestal iniciada a finales de los años cuarenta supuso una de las transformaciones territoriales más profundas del siglo XX en Gran Canaria. En una isla muy castigada por siglos de deforestación, aquella política pública alteró de manera decisiva el paisaje, los usos del suelo y del bosque y la relación de la población con su entorno natural.

Hoy, cuando miramos nuestras cumbres, medianías y barrancos, vemos masas forestales consolidadas que forman parte de nuestra identidad colectiva. Pero nada de eso fue espontáneo. Fue el resultado de decisiones humanas, planificación técnica y un enorme esfuerzo colectivo que se prolongó durante décadas.

Es importante situar aquel proceso en su contexto histórico real. La repoblación se desarrolló en un tiempo muy distinto al actual: en plena dictadura, en una sociedad profundamente empobrecida, con una economía de subsistencia frágil y con una relación entre las administraciones y la población completamente diferente a la que hoy defendemos. Las políticas se imponían desde estructuras centralizadas, sin participación de las comunidades que habitaban los territorios y sin los espacios de diálogo social que hoy consideramos esenciales.

Entender ese contexto no resta valor al esfuerzo realizado. Al contrario, nos permite comprenderlo con mayor profundidad, reconocer sus aciertos y también sus límites, así como extraer aprendizajes fundamentales para el presente. Por eso días atrás se rindió un homenaje, con nombre y apellido, a quienes representan esa historia plural de la repoblación forestal de Gran Canaria. A Milagrosa Marrero Mayor, viverista, por el trabajo silencioso y paciente de cuidar cada planta desde su origen, haciendo posible que los árboles llegaran vivos y fuertes al monte. A Antonio González Herrera y Orlando Guillén Díaz, jornaleros, por el esfuerzo físico sostenido durante años en condiciones extremas, abriendo hoyos en laderas imposibles y levantando con su trabajo buena parte de los bosques que hoy conocemos. A Mariano Domínguez Gutiérrez, del Grupo Montañero Gran Canaria, por su compromiso continuado con la mejora, la defensa y la protección social del monte. A Domingo Moreno Moreno, pastor, por representar una actividad tradicional inseparable del paisaje insular y hoy reconocida como aliada imprescindible en la gestión del territorio y la prevención de incendios. A Pedro Herminio Santiago Henríquez, “Mino”, trabajador de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, porque sin agua no hay bosque, y porque la gestión colectiva del agua ha sido uno de los pilares invisibles que han hecho posible la repoblación y la vida en las medianías y cumbres. A los herederos de Pedro Suárez Suárez, en representación del Monte Consorciado, reflejo de una etapa histórica compleja de nuestra política forestal que hoy abordamos desde el conocimiento, la justicia territorial y la corresponsabilidad. Y a Manuel Cardona Sosa, divulgador, por haber sembrado cultura forestal, conciencia ambiental y compromiso cívico durante generaciones.

Todas estas personas representan saberes distintos pero complementarios: el saber del trabajo, el saber del territorio, el saber comunitario y el saber de la transmisión cultural. Sin ninguno de ellos, la repoblación forestal de Gran Canaria habría sido posible tal y como hoy la conocemos.

Este proceso tampoco se entiende sin el trabajo técnico que lo hizo viable. Es de justicia reconocer el papel de los ingenieros y técnicos forestales que planificaron y dirigieron la repoblación en condiciones extremadamente difíciles. Queremos recordar de manera expresa al ingeniero de montes Juan Nogales Hernández, que llegó a Gran Canaria en 1949 para organizar la Brigada del Patrimonio Forestal del Estado y dirigir los primeros trabajos de repoblación. Y al ingeniero Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna, primer responsable de la Sección Forestal del Cabildo, cuya labor fue decisiva para estructurar viveros, planificación y coordinación institucional.

Ellos, junto a las personas homenajeadas, forman un mismo relato colectivo: el de una transformación territorial construida a partir del conocimiento, el esfuerzo y la implicación de muchas personas distintas. Setenta y cinco años después, la realidad de Gran Canaria es muy diferente. Vivimos en una sociedad democrática, con mayor conocimiento científico, con instituciones cercanas y con una ciudadanía cada vez más consciente del valor del territorio.

Hoy sabemos que no existe política ambiental eficaz sin la implicación activa de las personas que viven y trabajan en el territorio.Y, sin embargo, el desafío vuelve a ser enorme. La emergencia climática se manifiesta ya en forma de sequías más intensas, aumento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos y riesgo creciente de grandes incendios forestales.

En este nuevo contexto, los montes de Gran Canaria han pasado a ser una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad, la protección del suelo y el bienestar colectivo. De esta lectura nace Gran Canaria Mosaico. Un programa que entiende el territorio como un paisaje diverso, vivo y habitado, donde la gestión forestal, la agricultura, la ganadería, el pastoreo y la conservación se integran para reducir riesgos y aumentar su fortaleza.

Gran Canaria Mosaico rompe con la idea del monte como espacio aislado. Apuesta por mosaicos de usos del suelo que reducen la continuidad del combustible vegetal, previenen grandes incendios, generan oportunidades en el medio rural y fortalecen la adaptación al cambio climático. Es una política territorial basada en ciencia, conocimiento local y participación social. Ese enfoque es el que nos permite hablar hoy de territorio resiliente. Un territorio capaz de responder mejor al fuego, a la sequía y a los impactos del cambio climático. Un territorio gestionado con visión de largo plazo, sin imposiciones, aprendiendo de la historia y actuando desde la corresponsabilidad.

Y esto es, en el fondo, lo que define nuestro proyecto de ecoísla. No un lema, sino una visión política clara: entender que el futuro de Gran Canaria depende del equilibrio entre naturaleza, economía y cohesión social. Que no hay desarrollo duradero sin territorio cuidado. Y que no hay justicia social sin sostenibilidad ambiental. Si hace 75 años la repoblación forestal fue una respuesta a una isla empobrecida y degradada, hoy la respuesta tiene que ser distinta: más democrática, más participativa, más integrada y más consciente de los límites del territorio. El reto ya no es solo plantar árboles, sino construir resistencia, reducir riesgos y garantizar bienestar para las generaciones presentes y futuras.

Este aniversario no es un punto final. Es un punto de apoyo. Nos recuerda que Gran Canaria ha sabido afrontar desafíos enormes cuando ha actuado con visión colectiva y sentido público. Y nos invita a hacerlo de nuevo, ahora desde el conocimiento, la democracia y la implicación compartida.

Que este 75 aniversario de la repoblación forestal sirva para honrar a quienes nos trajeron hasta aquí y para reafirmar un compromiso claro: seguir construyendo una Gran Canaria resistente, justa y sostenible, una Gran Canaria que convierte su territorio en fortaleza compartida y proyecto común.

El deporte para un grancanario o grancanaria forma parte de nuestra forma de ser, de la manera en que nos relacionamos con nuestras amistades y con la naturaleza que nos acoge. Nos anima a disfrutar de unas condiciones únicas que nos permiten practicarlo durante los doce meses del año

El pasado jueves participé en un reconocimiento a tres deportistas canarios que simbolizan la excelencia, la resistencia y la humanidad que caracterizan a nuestro pueblo y que se amplifican en el deporte. Carla Suárez, Kirian Rodríguez y Juan Espino representan el esfuerzo, la habilidad y la  positividad de las personas jóvenes por alcanzar sus metas, obtener resultados óptimos en la competición y practicar el juego limpio que distingue a quienes son referencia para el conjunto de la sociedad. 

El deporte para un grancanario o grancanaria forma parte de nuestra forma de ser, de la manera en que nos relacionamos con nuestras amistades y con la naturaleza que nos acoge. Nos anima a disfrutar de unas condiciones únicas que nos permiten practicarlo durante los doce meses del año.

Los deportistas reconocidos encarnan fielmente estos valores. Con Carla hemos subido a la red, hemos defendido bolas desde el fondo de la pista y, siempre, siempre, hemos admirado su combinación de resistencia y calidad humana y deportiva. Kirian es la expresión del exquisito y apreciado fútbol canario. Es el portador de la pausa, de la sutileza y de la capacidad del isleño para imprimir su sello en todas las manifestaciones de la vida. También de una enorme capacidad de recuperación. Juan Espino es la raíz en el terrero y la prolongación de la isla al mundo. Es el puntal canario y es el león blanco africano. Es la Gran Canaria que alcanzó sus metas porque no permitió que nadie le pusiera límites.

Estoy seguro de que Carla, Kirian y Juan estarán de acuerdo en que nadie gana en solitario, ni tan siquiera el corredor de fondo. Detrás de cada trayectoria deportiva de éxito siempre hay alguien más que, en algún momento del camino, entregó su comprensión y apoyo incondicional. El Cabildo asume el respaldo al deporte como parte intrínseca de sus obligaciones con la sociedad insular a la que sirve.

Esta identificación del deporte y Gran Canaria la entendió desde siempre el Cabildo cuando tomó la iniciativa de construir instalaciones decisivas como el histórico estadio insular, la ciudad deportiva Gran Canaria o el Centro Insular de Deportes. Y a lo largo de la historia ha modernizado esos equipamientos y ha incrementado el apoyo a los clubs de élite, al deporte base, a los deportes autóctonos y a los ayuntamientos, hasta el punto de  que hoy en día es el sostén fundamental de la práctica deportiva en la isla.

 La confluencia entre características naturales de nuestros deportistas, cultura deportiva de nuestro pueblo y condiciones de nuestra tierra ha generado una pasión por el deporte compartida por la mayoría de nuestra población y,  a la vez, ha impulsado la proyección de deportistas excepcionales que simbolizan el carácter de nuestro pueblo.

Este sentimiento de pasión colectiva, perseverancia y trabajo solidario es uno de los innumerables elementos de inspiración que el deporte entrega a la acción pública. Son ejemplos que perduran cuando se apagan el clamor de la grada y las luces de la pista. Porque, como nos recordó Jorge Luis Borges, “cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito”. 

Para mantener el pulso de ese ritual, el Cabildo de Gran Canaria ha apostado de manera decidida en la última década por el deporte, elevado a parte esencial de las iniciativas del Gobierno de la isla. Es una actuación que refuerza objetivos esenciales de una sociedad de progreso y sostenible como la que queremos afianzar desde el gobierno insular. Consolida nuestra apuesta por la salud para todas y todos, afianza el arraigo y el sentimiento de pertenencia en todas las personas que lo practican o se identifican con los equipos representativos, mejora las relaciones sociales y supone un atractivo para miles de personas que encuentran en Gran Canaria un espacio incomparable para la práctica de todos los deportes durante todo el año. Por añadidura, impulsa la industria deportiva, la cual supone un revulsivo económico muy relevante. Contamos para ello con un Instituto Insular de Deportes altamente cualificado para hacerlo posible y con profesionales implicados , de la mano del responsable del área, Aridany Romero.

La importancia de estos objetivos reclama una actuación exigente en distintas direcciones y respaldada por unos presupuestos que hemos duplicado y que justifican el incremento de participación y de actividad deportiva. Una línea fundamental es la renovación de instalaciones y equipamientos que nos permiten aspirar a celebrar las mayores competiciones internacionales. Nuestra estrategia pasa por modernizar el Estadio de Gran Canaria para disponer de unas instalaciones polivalentes que acogerán los partidos del Mundial de Fútbol 2030, que seguirá siendo la sede estable de la Unión Deportiva Las Palmas y que hará posible acoger cualquier actividad social, cultural, gastronómica, tecnológica, etc,  con un equipamiento del máximo nivel internacional. Lo mismo ocurre con la rehabilitación del Centro Insular de Deportes, el acondicionamiento de la Ciudad deportiva Gran Canaria o el avance enmascaramiento la autosuficiencia energética  del Gran Canaria Arena y el Estadio Gran Canaria. 

Esta línea ambiciosa se complementa con las obras de los campos municipales de Maspalomas o de Telde, que serán sedes complementarias durante el mundial de fútbol. Y también con actuaciones en infraestructuras deportivas en todos los municipios de la isla bajo el principio de la democratización del deporte. Porque el deporte no es una ‘maría’. Es una asignatura de primer orden. 

Sabemos el papel que representan los equipos de alta competición en el fútbol, baloncesto, voleibol, hockey,  automovilismo, natación o vela para identificar y animar al conjunto de la población a practicar los valores que el deporte encarna. Como expresan los propios representantes de estos clubs, su participación y continuidad se deben fundamentalmente a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Lo mismo ocurre con el deporte base y con los deportes autóctonos. El Cabildo sirve a menudo  de catalizador de la enorme vocación colectiva para que nadie se quede sin practicar el deporte que elige y que le ayuda a crecer. Y lo mismo pasa con los deportes autóctonos como la lucha, la vela o el juego del garrote, que encuentran en nuestra institución el apoyo permanente para su continuidad y crecimiento.

El deporte, en efecto, habita en nuestro interior. Y en el caso de las islas, supone una extensión de la historia, la evolución, la adaptación al entorno, la resiliencia y la nobleza de esta tierra. Con esta lógica, es evidente que sociedad insular y deporte son un espejo frente a frente que devuelve un reflejo constante.

Priorizamos el deporte porque nos identifica. Lo hacemos porque permite proyectar a la isla internacionalmente, siempre en base a principios éticos, democráticos y de defensa de los derechos humanos y la paz. Lo dijo Nelson Mandela: “El deporte tiene el poder de transformar el mundo y de unir a la gente como muy pocas cosas”. Por ello, hay que hacer lo imposible para que esta afirmación no se convierta en una frase hecha, desterrando cualquier manifestación o acto que atente contra la dignidad de las personas o la diversidad que nos enriquece.

Lo hacemos también porque es un factor de diversificación económica y generación de empleo. Pero lo hacemos, sobre todo, porque resulta esencial en el engranaje de la cohesión y la justicia social que tratamos de consolidar para el conjunto de la población. Por eso es tan importante un título de baloncesto o tener una sede mundial como garantizar que las instalaciones deportivas de nuestros barrios y pueblos reúnan las condiciones que necesita la ciudadanía, en especial nuestros niños y niñas, así como las personas con necesidades especiales. Ese, y no otro, es el partido más importante que tenemos que ganar día tras día.

El pasado miércoles se inauguró en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el Congreso de la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines. Se trata de un encuentro científico de primer nivel que refleja la pujanza de un sector que desempeñará un papel importante en el futuro tecnológico y econó mico de l Estado español.

La elección de Gran Canaria como sede de este foro no es casual: responde al reconocimiento de nuestra isla como un territorio capaz de acoger y promover proyectos estrat é gicos de innovación y desarrollo industrial. Aquí se está construyendo, con paso firme, un marco de trabajo en el que la ciencia, la empresa y la administració n cooperan de manera decidida para generar oportunidades de negocio sostenibles y de alto valor añ adido.

La industria tecnológica es uno de los sectores con mayor crecimiento mundial. Con altos niveles de inversión y rentabilidad, creación constante de nuevos mercados e incremento de la productividad en otros ámbitos económicos y sociales como los de la salud, el transporte, la educación o el sector primario. Su desarrollo, motor de innovación, profundiza en una enorme transformación social, supone un potencial para el bienestar y adquiere una dimensión estratégica y geopolítica de primer orden.

Vivimos una etapa apasionante y compleja en la que Europa se ha propuesto reforzar su soberaní a tecnol ógica y su autonomía industrial. En ese contexto, la industria de los semiconductores y la microelectrónica ocupa una posición central como base de la digitalización, la transició n energ é tica y la modernizació n productiva.

Gran Canaria quiere formar parte de ese esfuerzo colectivo. Queremos contribuir a que Canarias, España y Europa fortalezcan sus capacidades científicas e industriales, mediante la conjunción de la cooperación, la especialización y el talento, con el objetivo de favorecer un desarrollo sostenible integral.

Un ecosistema de estas características en territorios insulares cambia completamente el tipo de desarrollo posible: menos dependencia del turismo y del transporte, más empleo altamente cualificado, acceso a cadenas de valor globales, impulso a la innovación local, mejora del equilibrio territorial y c onexi ón con el talento y la ciencia ya presentes. De la misma manera, reequilibra el mapa tecnológico estatal, fortalece la presencia científica y tecnológica fuera de la península y aumenta el peso político y económico en programas de soberanía tecnológica como el PERTE chip y otras iniciativas europeas.

En este marco queremos y estamos en condiciones de aportar las capacidades y las ventajas de nuestro ecosistema. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aporta a este esfuerzo un valor incalculable. En primer lugar, la variada y cualificada oferta de titulaciones STEM: en el ú ltimo curso, más 3.300 estudiantes accedieron a ellas, lo que supone, sin lugar a dudas, una potente cantera de profesionales para empresas tecnoló gicas.

La ULPGC, dispone, igualmente, de institutos de investigación reputados y consolidados en estos á mbitos : el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Num é ricas en Ingeniería (SIANI) y el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC). Desde hace años, con má s de 200 investigadores e investigadoras adscritos, realizan una labor de investigació n aplicada , reconocida nacional e internacionalmente, en áreas relacionadas con las Tecnologí as Avanzadas de la Información.

Para reforzar todo este engranaje, y de la mano del Cabildo, a través de la sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha puesto en marcha un proceso de diseño y construcción de un centro dotado de laboratorios y salas blancas para la localización de empresas y proyectos de los ámbitos de la microelectró nica, la óptica y la fotó nica, as í como de la industria aeroespacial.

Este edificio, que estará ubicado en el Parque Cientí fico Tecnol ógico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá 7.000 metros cuadrados de espacios e infraestructuras adaptados a las necesidades de las empresas y sus proyectos y estarán disponibles para el acogimiento de empresas en 2027. Desde ya se puede contactar con la SPEGC o con el Parque Tecnológico de la Universidad para evaluar las posibilidades de uso o de instalación en este nuevo centro que marcará un antes y un despu é s en la consolidación de Gran Canaria como un enclave de referencia para la industria de la microelectrónica y la industria aeroespacial.

No debemos olvidarnos de que, además de nuestras capacidades, ofrecemos un entorno fiscal altamente competitivo para la inversión, la investigación y la innovación. El R é gimen Econ ómico y Fiscal de Canarias (REF) proporciona instrumentos únicos en Europa para impulsar la I+D+i, con deducciones fiscales de hasta el 75% en actividades de investigación y desarrollo, así como otros incentivos para la implantación de empresas de base industrial y tecnológica. A ellos se suman los de la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite n operar con un tipo impositivo reducido al 4% del Impuesto de Sociedades.

Todas estas condiciones, junto con la estabilidad institucional, la seguridad jurídica europea, la conectividad internacional, la calidad de vida y el creciente dinamismo de nuestro tejido empresarial, hacen de Gran Canaria un lugar excepcional para invertir e innovar. El Cabildo de Gran Canaria seguirá apoyando decididamente este camino, fortaleciendo las alianzas con la universidad, el sector privado y las instituciones nacionales e internacionales que comparten esta visió n de futuro.

Mi agradecimiento más sincero a la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines por su confianza a la hora de elegir a Gran Canaria como sede de este encuentro y por permitirnos avanzar juntos en este camino. Y tambi é n mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en la investigación, la ingenier ía, la empresa o la representación pública y que impulsan cada d í a una industria tecnol ó gica m ás fuerte, más sostenible y má s humana. Estoy convencido de que, desde la unidad, avanzaremos con rumbo fijo en pos de ese objetivo estratégico.