El pasado domingo 27 de septiembre, Fernando Clavijo defendía, en una entrevista en Canarias7, que eran necesarias las misiones comerciales canarias en Marruecos, las inversiones en el puerto saharaui de Dajla, la colaboración de buena vecindad con el país alauita y aceptar las posiciones de Pedro Sánchez sobre el Sáhara. Trataba de populista el cuestionamiento de todo esto por parte de quién les escribe y que, además, lo hacía sin proponer alternativas. Obviamente lo que afirma es falso. Claro que propongo alternativas. Se las voy a resumir.

El Puerto de La Luz y de Las Palmas se encuentra ante uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. El Atlántico oriental está cambiando y lo está haciendo con rapidez. Marruecos desarrolla una estrategia portuaria ambiciosa, con Tánger Med como gran referencia, nuevas capacidades en Agadir y Nador y el proyecto de Dajla, mientras Canarias profundiza sus relaciones económicas y empresariales con el país vecino. Ante esta realidad, no podemos limitarnos a celebrar las oportunidades de la cooperación ni a contemplar pasivamente el crecimiento de nuestros competidores. Necesitamos una estrategia propia.

Vengo advirtiendo de esta situación y proponiendo medidas concretas para fortalecer la posición de La Luz y de Las Palmas. No se trata de levantar muros ni de cerrar Canarias al exterior. Tampoco de cuestionar la necesidad de mantener una relación de buena vecindad con Marruecos. Se trata de algo mucho más sencillo: cooperar no significa dejar de defender nuestros intereses.

Y aquí aparece una contradicción que merece ser abordada con claridad. Mientras desde el Gobierno de Canarias se impulsan misiones empresariales, acuerdos y proyectos de cooperación con Marruecos, algunas de esas iniciativas pueden terminar favoreciendo la consolidación de infraestructuras que compiten directamente con Canarias. Una cosa es ayudar a nuestras empresas a internacionalizarse y otra diferente es utilizar recursos públicos canarios para contribuir al desarrollo de plataformas que pueden restar actividad, tráfico e inversiones a nuestro propio sistema portuario. El gran error de la derecha nacionalista española y la derecha nacionalista canaria es pensar que el interés general lo definen los grandes grupos económicos y empresariales.

El caso de Dajla resulta especialmente significativo. La participación de empresas e instituciones canarias en iniciativas relacionadas con el futuro puerto plantea una pregunta legítima: ¿es razonable que Canarias contribuya a desarrollar infraestructuras que aspiran a disputar actividad al Puerto de La Luz y de Las Palmas? Repito, la internacionalización de nuestras empresas es necesaria, pero también lo es preguntarnos si cada operación exterior fortalece o debilita el ecosistema económico del que esas mismas empresas forman parte.

Y en Dajla existe, además, una dimensión que no puede ignorarse. El puerto se proyecta en el territorio del Sáhara Occidental, cuyo proceso de descolonización continúa pendiente y cuyo estatuto internacional no está resuelto. Por ello resulta particularmente inoportuno que instituciones o empresas canarias aparezcan como colaboradoras en la consolidación de infraestructuras de gran dimensión en ese territorio. No se trata de romper relaciones con Marruecos ni de negar oportunidades a nuestras empresas. Se trata de actuar con coherencia con el derecho internacional y de evitar que Canarias termine siendo partícipe de un proceso cuya dimensión política y jurídica excede ampliamente de una operación comercial.

La alternativa no es encerrarnos. La alternativa es fortalecernos. Por eso una de las propuestas que he planteado es actuar sobre los costes y la competitividad del Puerto de Las Palmas. Si nuestros puertos deben competir con grandes plataformas situadas en la fachada africana, no podemos pedirles que lo hagan con las mismas reglas económicas que un puerto situado en el continente europeo. Canarias tiene costes adicionales derivados de su condición ultraperiférica y necesita que el Estado y la Unión Europea los compensen adecuadamente.

No podemos exigir a nuestras empresas que compitan con una mano atada a la espalda. La respuesta debe ser una política decidida para abaratar costes portuarios, mejorar los servicios, agilizar procedimientos, atraer nuevas inversiones y consolidar las actividades que han convertido a La Luz en uno de los grandes nodos marítimos del Atlántico. Reparación naval, suministro, logística, economía azul, servicios offshore, bunkering y nuevas actividades vinculadas a la transición energética forman parte de un mismo objetivo: que el puerto gane capacidad para afrontar el nuevo escenario.

Pero hace falta algo más: una estrategia portuaria canaria y española que contemple el Atlántico oriental como un espacio geoeconómico único. Tánger Med, Agadir, Nador y Dajla no son proyectos aislados. Forman parte de una transformación de las rutas comerciales, de las cadenas logísticas y de los centros de distribución que afectan directamente a Canarias. Todo el tráfico portuario que capten será en detrimento de puertos españoles (Algeciras y Valencia ya lo han experimentado), canarios y mediterráneos.

No podemos responder a esa transformación puerto a puerto y decisión a decisión. Necesitamos anticiparnos. En este contexto adquiere también importancia la propuesta de reformar y modernizar el REBECA, el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias. Si otros registros europeos son capaces de ofrecer procedimientos más ágiles y condiciones más atractivas, Canarias no puede permitirse que una herramienta concebida precisamente para reforzar nuestra posición marítima pierda eficacia. Digitalización, reducción de plazos, recursos suficientes, seguridad jurídica y revisión de aquellos aspectos laborales y fiscales que permitan recuperar competitividad deben formar parte de esa reforma.

También debemos prestar atención a la protección de nuestras infraestructuras estratégicas. La entrada de capital público marroquí en empresas vinculadas a actividades portuarias españolas merece, como mínimo, un análisis riguroso por parte del Estado cuando pueda afectar a sectores o instalaciones estratégicas. No se trata de rechazar la inversión extranjera. Se trata de saber quién invierte, dónde invierte, qué posición adquiere y cuáles pueden ser las consecuencias estratégicas. He sido el único que lo ha denunciado -en enero de este año- y he pedido la intervención del Gobierno de España para que paralice la operación. Ahora parece que PP y CC en Tenerife lo van a hacer también. En Gran Canaria parece importarles menos. No puede ser que la empresa pública marroquí Marsa Maroc -nuestra competidora directa más importante- compre el 45% de Boluda y se siente de esta manera en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o de Tenerife. ¿Se nos ha ido el baifo, acaso? 

El mundo ha cambiado. Durante mucho tiempo hemos contemplado la actividad portuaria fundamentalmente desde una perspectiva económica. Hoy esa mirada resulta insuficiente. Los puertos son también instrumentos de poder económico, conectividad, seguridad, energía, logística y proyección geopolítica.

Por eso la relación con Marruecos debe ser madura. Tenemos intereses compartidos y existen enormes posibilidades de cooperación. Pero una buena relación de vecindad no puede significar que renunciemos a identificar y defender nuestros intereses cuando existe competencia. 

Y vuelvo a insistir en algo que el presidente de Canarias obvia y que me parece definitorio: Marruecos no es un socio fiable. ¿Tan pronto se le ha olvidado lo que ha sucedido en Ceuta y las puertas de la frontera que abre y cierra cuando le conviene? ¿Se ha olvidado también de sus continuas reclamaciones sobre nuestras aguas marítimas, el Monte Tropic y la seguridad aérea que controlamos desde Gando? ¿ Se le ha olvidado que muchos empresarios canarios han salido escaldados tras sus inversiones en Marruecos? Por cierto, atribuye al reino marroquí la disminución de la llegada de pateras a Canarias cuando la realidad es que zarpaban en su mayoría desde Mauritania y Portugal.

Las misiones empresariales deben servir para abrir mercados a las empresas canarias. Los acuerdos de cooperación deben generar oportunidades para Canarias. Y las relaciones económicas deben construirse desde la reciprocidad. Lo que no parece razonable es que, mientras reclamamos inversiones y medidas para fortalecer La Luz y Las Palmas, contribuyamos simultáneamente a consolidar infraestructuras que aspiran a competir con ella. Y estoy hablando de puertos, pero con las inversiones en turismo sucede exactamente lo mismo: también debemos preguntarnos si parte del conocimiento, del capital y de la capacidad empresarial que hemos acumulado durante décadas va a contribuir a construir, al otro lado del Atlántico, una oferta que mañana competirá con la nuestra.

Esa es la cuestión que deberíamos debatir. No se trata de elegir entre Marruecos y Canarias. Se trata de no obligar a Canarias a elegir entre cooperación y defensa de sus intereses. Ambas cosas son posibles. Y con las enormes dudas que he planteado. Pero requieren inteligencia estratégica, reciprocidad y una posición propia.

Canarias no puede ser únicamente un territorio desde el que se mira cómo otros construyen sus grandes infraestructuras. Tiene que decidir qué papel quiere desempeñar en el nuevo Atlántico. Y para ello necesitamos fortalecer La Luz y de Las Palmas, generar nuevas inversiones, modernizar el REBECA, mejorar nuestra competitividad, proteger nuestras infraestructuras estratégicas, atraer nuevas actividades, incentivar la innovación y la especialización, favorecer la competencia, la cooperación y la competición a escala local, regional e internacional y reclamar al Estado y a Europa una política específica para que nuestra condición ultraperiférica no sea una desventaja permanente. Y la eólica marina, ya, aunque no se defienda especialmente porque está en Gran Canaria.

Desde la debilidad, cualquier cooperación puede convertirse en dependencia. Desde la fortaleza, la cooperación puede convertirse en una oportunidad. Ese es el desafío. Y también la responsabilidad. Porque el futuro del Puerto de La Luz y de Las Palmas no se decidirá solamente en sus muelles. Se decidirá en las decisiones que tomemos ahora. En si somos capaces de entender que el Atlántico está cambiando y que, ante ese cambio, Canarias no puede limitarse a reaccionar. Tenemos que anticiparnos. Tenemos que defender nuestros intereses. Y tenemos que hacerlo sin cerrar ninguna puerta, pero sin abrir tampoco aquellas que puedan terminar cerrándonos las nuestras.

Hay decisiones que tienen un significado que va más allá de la propia decisión. Y creo que el nombramiento de José Miguel Álamo como nuevo presidente del Club Baloncesto Gran Canaria es una de ellas.

José Miguel Álamo era consejero del Partido Popular hasta el pasado lunes y forma parte de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria. Y, sin embargo, va a presidir un club que pertenece a esta institución y que está bajo la responsabilidad de un gobierno formado por Nueva Canarias y el Partido Socialista. Conviene no pasar por alto ese hecho. Porque, en un momento en el que la política parece vivir instalada demasiado a menudo en la confrontación, esta decisión representa exactamente lo contrario: la voluntad de sumar, de dialogar y de buscar espacios de encuentro allí donde existe un objetivo común.

Por eso quiero darle la bienvenida. No porque deje de ser quien es ni porque tenga que renunciar a sus convicciones políticas. Todo lo contrario. Precisamente el valor de esta decisión está en que las diferencias políticas permanecen. El gobierno mantiene sus posiciones y la oposición mantiene su función. Pero hay responsabilidades que exigen mirar más allá de las fronteras partidistas y poner por delante aquello que nos une.

Y el Gran Canaria es, sin duda, una de ellas. Un club deportivo no puede convertirse en una prolongación de la disputa política. Es una institución de la isla, una referencia para miles de personas y una parte importante de nuestra identidad deportiva. Necesita estabilidad, proyecto, capacidad de gestión y, sobre todo, la suma de voluntades.

La elección de su nuevo presidente expresa esa voluntad. También es una manera de entender la política. Una política en la que discrepar no significa descalificar; en la que estar en la oposición no convierte al adversario en enemigo; en la que el diálogo no se interpreta como una debilidad y en la que colaborar cuando lo exige el interés general no significa renunciar a las propias ideas.

Vivimos tiempos en los que resulta demasiado fácil construir trincheras. En los que cada diferencia se convierte en motivo de enfrentamiento y cada decisión del otro se interpreta desde la sospecha. Frente a esa dinámica, hay otra forma de hacer las cosas: reconocer que podemos pensar diferente y, al mismo tiempo, sacar adelante cosas juntos.

Creo que Gran Canaria necesita más de esa política. Y el deporte puede ser un magnífico territorio para practicarla. José Miguel Álamo asume, además, la presidencia en un momento especialmente importante para el Gran Canaria. El descenso de la pasada temporada puso fin a una larga presencia en la máxima categoría y abrió una etapa que obliga a reconstruir, corregir errores y recuperar la ilusión. El objetivo de regresar a la ACB está ahí, pero no debería reducirse todo a una cuestión de resultados.

Se trata de recuperar un proyecto deportivo sólido, fortalecer el club y volver a construir la confianza de una afición que durante tantos años ha acompañado al equipo. Se trata de mirar hacia adelante sin olvidar las lecciones de una temporada difícil.

Para afrontar ese reto hacen falta muchas cosas. Hace falta trabajo. Hace falta acierto. Hace falta estabilidad. Hace falta ambición. Y hace falta también que quienes tenemos responsabilidades diferentes alrededor del club seamos capaces de entender que hay algo que está por encima de nuestras respectivas posiciones: el Gran Canaria.

Por eso la llegada de José Miguel Álamo puede tener también ese valor añadido. Que un consejero del Partido Popular, desde la oposición, acepte asumir la responsabilidad de presidir una entidad dependiente de un gobierno de Nueva Canarias y el Partido Socialista demuestra que la política no tiene por qué ser siempre un juego de bloques enfrentados. Que un gobierno de una ideología diferente confíe esa responsabilidad a alguien que mantuvo públicamente sus posiciones políticas hasta hace un par de días, demuestra que la pluralidad no tiene por qué ser un obstáculo para encontrar personas capaces de trabajar por un proyecto común.

No se trata de borrar las diferencias. Se trata de saber convivir con ellas. Y quizá eso sea hoy más necesario que nunca. Gran Canaria puede convertirse así, incluso sin pretenderlo, en una pequeña expresión de algo mucho más grande: que una sociedad democrática no se construye únicamente desde aquello en lo que coincidimos, sino también desde nuestra capacidad para trabajar juntos cuando no coincidimos.

José Miguel, por tanto, bienvenido. Bienvenido al Gran Canaria y a esta nueva responsabilidad. Con tus ideas, con tus convicciones y con tu trayectoria política. Pero también con la responsabilidad de representar a un club que es mucho más que quienes lo dirigen en cada momento. Ojalá esta nueva etapa sirva para devolver al Gran Canaria a la ACB.

Hay palabras que nacen en un rincón concreto de Europa y terminan describiendo algo que nos concierne a todos. El “rojopardismo” -del alemán “Rot-Braun-Allianz”, la alianza roja-parda- es una de ellas: la coincidencia, cada vez más frecuente, entre sectores de la extrema izquierda y de la extrema derecha en torno a un mismo repertorio de discursos y, en ocasiones, de votos. No hablo de una fusión ideológica, sino de algo más sutil y peligroso: la erosión compartida de los consensos que sostienen la democracia liberal europea desde 1945.

Alemania ofrece el ejemplo más nítido. El Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), escindido de Die Linke, combina banderas históricas de la izquierda -justicia social, crítica al poder económico- con posiciones hasta hace poco patrimonio casi exclusivo de la extrema derecha: rechazo a un sistema europeo de defensa propio, escepticismo ante las sanciones a Rusia y un discurso antiinmigración. En Sajonia y Turingia, la convergencia ya no es solo retórica: se han registrado coincidencias de voto entre el BSW y Alternativa para Alemania (AfD) en mociones concretas. No son coaliciones de gobierno, pero sí son grietas en un muro que parecía inquebrantable: el cordón sanitario frente a la extrema derecha.

Que esto ocurra en los länder del antiguo Este, donde AfD ya gobierna de facto en amplias zonas, no es casualidad. Ahí el desencanto con las élites, el abandono económico y la fatiga democrática han creado el caldo de cultivo para que los extremos, aun opuestos en su proyecto final, coincidan en muchos aspectos.

Las elecciones del domingo  6 de septiembre en Sajonia-Anhalt suponen un terremoto político para Alemania. AfD obtuvo alrededor del 44% de los votos y 39 de los 83 escaños, a solo tres de la mayoría absoluta. Es algo más que una victoria electoral: coloca a la extrema derecha a las puertas de gobernar por primera vez un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

El dato más inquietante es el posible papel del BSW. Aunque procede de la izquierda, comparte con AfD posiciones contra la inmigración, el establishment político y el apoyo militar a Ucrania, además de una mayor proximidad hacia Rusia. Su disposición a no excluir una cooperación con AfD podría romper el cordón sanitario que hasta ahora ha impedido a la extrema derecha acceder al poder y abrir, de hecho, una alianza tácita.

La trascendencia va más allá de Sajonia-Anhalt. El resultado refleja el desgaste de los partidos tradicionales y la capacidad de AfD para convertir el malestar económico, la inseguridad y la frustración migratoria en apoyo electoral, y puede anticipar una nueva correlación de fuerzas en Alemania. Si BSM facilita un gobierno de AfD, aunque sea desde fuera, se producirá una normalización histórica de la extrema derecha alemana y una fisura profunda en uno de los principales diques democráticos europeos.

El fenómeno que puede abrirse con una colaboración entre AfD y BSW no carece de precedentes en Europa. El más claro fue Italia, donde el Movimiento 5 Estrellas, de difícil clasificación ideológica pero de fuerte retórica antisistema, gobernó entre 2018 y 2019 en coalición con la Liga de Salvini, ya entonces una de las principales fuerzas de la derecha radical europea. Aquella experiencia demostró que el rechazo a las élites, la inmigración y ciertas políticas europeas podían generar cooperación entre fuerzas de tradiciones ideológicas distintas.

También en Eslovaquia se dio una combinación heterodoxa: el gobierno de Robert Fico incorpora al Partido Nacional Eslovaco, nacionalista radical, mientras Fico procede de una tradición socialdemócrata transformada en populismo nacional-conservador. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses participa en el Gobierno junto a fuerzas de centroderecha. En España, VOX gobierna junto al PP en muchas comunidades autónomas.

Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, gobierna desde 2022. En Croacia, el Movimiento Patriótico, nacional-conservador, forma parte del Gobierno. En República Checa, fuerzas de derecha radical y nacional-populista han ganado presencia en la nueva mayoría, junto al movimiento ANO. Suecia merece capítulo aparte: los Demócratas de Suecia no son formalmente partido de Gobierno, pero sostienen al Ejecutivo conservador, han conseguido una influencia decisiva y han desplazado su política migratoria hacia la derecha. Es esta fórmula -gobernar sin entrar en el Gobierno- la que se extiende. La extrema derecha puede convertirse en socio parlamentario indispensable y condicionar inmigración, seguridad, fiscalidad, energía o política europea sin asumir el coste de la gestión. Italia es el caso más importante:

A estos casos hay que añadir Hungría, donde Viktor Orbán y Fidesz representan desde hace años un nacional-populismo radicalizado. En otros países -Francia, Alemania, Portugal, España, Austria, Rumanía o Polonia- la derecha radical tiene una influencia electoral muy elevada, aunque no forme parte del Gobierno nacional. La dimensión del fenómeno es extraordinaria. Un estudio internacional de 2026 calcula que casi uno de cada cuatro votantes europeos respalda partidos de extrema derecha, una proporción multiplicada por casi cinco desde mediados de los noventa. Más de ciento veinte millones de europeos - más de una cuarta parte- están siendo gobernados por estos partidos. Eso ha hecho también que la derecha tradicional y algunos sectores de la socialdemocracia abracen posiciones de la derecha más extrema. También otros partidos europeos de izquierdas como los partidos comunistas de Portugal, Grecia, Chequia o Croacia coinciden con la derecha y la derecha radical en algunas posiciones sobre la migración. Es terrible que se profundice en esta coincidencia de hacer de las personas migrantes un arma arrojadiza.

Lo relevante, por tanto, no es solo cuántos gobiernos ocupa la extrema derecha, sino que ha pasado de ser una fuerza aislada mediante cordones sanitarios a un actor capaz de decidir quién gobierna y qué políticas se aplican. Ahí reside la trascendencia del posible precedente alemán: si una fuerza nacida de la izquierda antisistema facilita el acceso de la extrema derecha al poder, podría consolidarse una nueva lógica política europea basada menos en el eje izquierda-derecha y más en la confrontación entre sistema y antisistema. Ese desplazamiento sería mucho más profundo que un cambio de gobiernos: supondría una transformación del mapa político europeo.

El nacimiento del fascismo y del nazismo presenta paralelismos con las actuales convergencias entre extrema izquierda y extrema derecha, aunque las diferencias históricas son enormes. El fascismo italiano incorporó a antiguos socialistas y sindicalistas revolucionarios y combinó reivindicaciones sociales radicales con nacionalismo. El nazismo también usó un discurso obrerista y anticapitalista para disputar a socialistas y comunistas el voto popular. Sin embargo, ya en el poder, ambos movimientos destruyeron las organizaciones obreras y se enfrentaron violentamente a la izquierda.

La principal lección histórica es que el fascismo supo ocupar espacios ligados a la izquierda con un discurso contra las élites, la desigualdad y el capitalismo, combinado con nacionalismo y rechazo del extranjero. Hoy reaparece, en un contexto muy distinto, una posible zona de convergencia en torno al nacionalismo, el proteccionismo, la crítica a las élites y el rechazo del progresismo cultural.

La historia europea del siglo XX nos enseñó que las democracias no mueren solo por el asalto frontal de sus enemigos, sino por la erosión paciente de sus defensas, cuando los extremos -por vías y fines distintos- convergen en debilitar lo común.

Desde Canarias, territorio que es a la vez frontera sur de Europa y puente con África e Hispanoamérica, tenemos una responsabilidad añadida en este debate. Somos el lugar donde las tensiones migratorias, la desinformación y los discursos de emergencia identitaria encuentran terreno fértil para el extremismo. No podemos permitirnos creer que estos fenómenos son solo un problema centroeuropeo.

Frente a este riesgo, la respuesta no puede ser la resignación ni el simplismo de igualar cualquier crítica al sistema con extremismo. Debe ser firmeza democrática y, sobre todo, ejemplaridad institucional. Las administraciones públicas -también esta, el Cabildo de Gran Canaria- tienen la obligación de demostrar cada día que la democracia liberal funciona: resuelve problemas, rinde cuentas, protege a quien más lo necesita y no deja a nadie fuera del ascensor social. Es precisamente cuando las instituciones dejan de dar respuestas cuando los discursos que igualan extremos empiezan a sonar creíbles para parte de la ciudadanía.

Vigilar el “rojopardismo” no significa demonizar el debate político legítimo, ni cerrar la puerta a la crítica desde la izquierda hacia el orden establecido. Significa no perder de vista que hay líneas rojas que ninguna fuerza política debería cruzar, sea cual sea su origen ideológico: el respeto a las minorías, la aceptación del pluralismo, la defensa del marco europeo de derechos y libertades (necesitado de un cuestionamiento crítico constructivo). Cuando esas líneas se difuminan por conveniencia táctica, toda la sociedad pierde, gane quien gane la siguiente votación.

No son estos buenos tiempos para la democracia que nos va quedando. Desde Canarias, como frontera y laboratorio de convivencia, tenemos la obligación de estar alerta. No por alarmismo, sino por responsabilidad histórica: sabemos mejor que nadie lo que significa ser el punto donde convergen las tensiones de un continente entero. 

España ha construido en la última década un relato del que, con razón, nos sentíamos orgullosos: el de un país que lideraba en Europa la transición hacia las energías limpias, que multiplicaba su potencia renovable año tras año y que se diferenciaba de otros socios europeos, más rezagados o más dependientes de los combustibles fósiles, por su apuesta decidida por el sol, el viento y el futuro. El ejemplo más palpables es que en 2025 las renovables generaron el 55,5% de la electricidad y España terminó el año con saldo eléctrico exportador por cuarto año consecutivo. Ese relato se ha visto ahora seriamente comprometido. Mientras el Gobierno impulsa la renovación de la central nuclear de Almaraz, alargando la vida de una instalación que debería estar en la senda del cierre, mantiene paralizada, año tras año, la implantación de la eólica marina, precisamente la tecnología que más podría consolidar ese liderazgo renovable en la próxima década. Esta contradicción no es un matiz técnico. Es un cambio de rumbo que hay que señalar con toda claridad.

Alargar la vida de Almaraz no es, como se pretende presentar, una decisión neutra de garantía de suministro. Es una opción política que consolida un modelo energético del pasado en un momento en que Europa entera debería estar acelerando, no ralentizando, su tránsito hacia las renovables. Almaraz es una central que arrastra decisiones aplazadas durante años, que genera residuos radiactivos sin solución definitiva de almacenamiento, y que compite por los mismos recursos de inversión y de atención regulatoria que deberían destinarse a desplegar la potencia renovable que España necesita para cumplir sus propios compromisos climáticos. Es, sin duda alguna, una de las fuentes de generación de energía más caras, frente a la eólica y la solar, las mas baratas en estos momentos.

Además, no es cierto que aporte una seguridad real al sistema. Estamos viendo cómo en Europa se están produciendo paradas temporales y reducciones de potencia debido a la escasez de agua y las olas de calor extremo. Las centrales nucleares necesitan enormes cantidades de agua de los ríos o del mar para refrigerar sus reactores. Cuando hay sequía extrema, surgen dos problemas críticos: el caudal de los ríos baja demasiado (los sistemas no pueden succionar agua suficiente) o el agua está demasiado caliente (por ley no pueden devolverla al río a altas temperaturas para no destruir el ecosistema protegido). Este verano se han tenido que parar centrales en Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. El cambio climático y las sequías afectan directamente a su fiabilidad. Por otra parte, Europa importa el 100% del uranio que necesita y Rusia controla el 46% de la capacidad mundial de su enriquecimiento. China y Rusia controlarán el 60% en 2030.

Cada euro y cada hora de gestión política dedicados a prolongar el parque nuclear -siguiendo los dictados del oligopolio energético- son un euro y una hora que no se dedican a resolver los cuellos de botella que hoy frenan la eólica marina, el almacenamiento o la modernización de la red eléctrica.

Y ese frenazo es, precisamente, lo más grave de esta historia. La eólica marina lleva años atrapada en una maraña de planificación, informes ambientales, recursos administrativos y falta de decisión política que ha convertido a España, y de forma muy especial a Canarias, en un ejemplo de potencial desaprovechado. Tenemos en nuestras aguas algunas de las mejores condiciones de viento de toda Europa para el desarrollo de la eólica marina flotante, una tecnología en la que podíamos haber sido pioneros a nivel continental.

Las islas son un territorio especialmente vulnerable a la dependencia energética porque durante décadas han tenido que importar prácticamente todo el combustible necesario para generar electricidad y garantizar el transporte. Pero, al mismo tiempo, poseen algunos de los mejores recursos renovables de Europa. El sol, el viento y el océano pueden convertirse en una auténtica fuente de soberanía.

Gran Canaria puede ser un laboratorio avanzado de ese nuevo modelo. El desarrollo de la eólica marina, unido al almacenamiento energético, la desalación, la electrificación del transporte, la generación fotovoltaica distribuida y proyectos como Salto de Chira, puede permitir avanzar hacia un sistema mucho menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, la tramitación de proyectos se eterniza, y mientras tanto otros países de nuestro entorno, con condiciones de viento comparables o incluso peores, avanzan con parques operativos y cadenas industriales consolidadas. No es exagerado decir que estamos regalando a otros la ventaja competitiva que un día tuvimos.

El sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo de esta contradicción, y no lo hace desde la confrontación gratuita, sino desde el conocimiento profundo de lo que está en juego. Las principales asociaciones empresariales del sector eólico y solar, junto con organizaciones ambientales de referencia, han cuestionado con dureza esta decisión, señalando que prolongar la vida de una central nuclear mientras se mantiene bloqueada la eólica marina envía la peor señal posible a los inversores, a la industria y a los propios territorios que, como el nuestro, llevan años preparando proyectos, alianzas tecnológicas y expectativas de empleo verde en torno a esta tecnología. No hablamos solo de electrones. Hablamos de una cadena industrial completa, de puertos, de astilleros, de ingeniería especializada y de miles de empleos cualificados que podrían anclarse en nuestras costas si existiera la voluntad política de desbloquear los proyectos.

Conviene además desmontar el argumento con el que se suele justificar la prórroga nuclear: que es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras las renovables terminan de desplegarse. Ese argumento se sostiene mucho peor de lo que parece cuando se examina con rigor. La verdadera causa de la lentitud renovable no es una limitación tecnológica ni una falta de recursos naturales, sino precisamente la parálisis administrativa que arrastran los proyectos de eólica marina desde hace años. Es decir, se utiliza como justificación para mantener la nuclear el mismo problema que el propio Gobierno se ha negado a resolver: su persistente lentitud regulatoria. Es un argumento circular que convierte la inacción en pretexto para perpetuar el statu quo, en lugar de resolver de una vez la planificación marítima y agilizar las autorizaciones ambientales con las garantías necesarias, pero sin la parálisis actual.

El contexto en el que se toma esta decisión acrecienta, todavía más, su gravedad. El calentamiento global no da tregua: cada año que pasa sin acelerar la descarbonización es un año que acerca a Europa, y a Canarias de forma muy particular por nuestra condición de territorio insular y vulnerable, a los escenarios climáticos más severos que la ciencia lleva décadas advirtiendo.

Al mismo tiempo, la inseguridad energética europea, agravada por la dependencia histórica del gas - ahora especialmente de Rusia y EEUU- y por la inestabilidad geopolítica en nuestro entorno inmediato, exige precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo: menos dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables, y más despliegue rápido de generación renovable distribuida, que es, además, la que ofrece mayor autonomía estratégica frente a terceros países.

Apostar por prolongar el modelo nuclear mientras se frena la eólica marina no refuerza nuestra seguridad energética. La debilita, porque perpetúa la dependencia de infraestructuras rígidas, de larga construcción y de elevados costes de gestión, en lugar de construir un sistema flexible, diversificado y verdaderamente soberano.

Lo más preocupante, además, es lo que esta decisión dice sobre el liderazgo europeo de España. Durante años hemos defendido, con legitimidad ganada a pulso, que España podía y debía ser la locomotora renovable de Europa, el país que demostraba que la transición energética era compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo de calidad. Esa diferenciación, ese activo reputacional e industrial, se construyó con decisiones valientes y con inversión sostenida. Ahora, con este paso atrás, corremos el riesgo de diluir esa ventaja competitiva justo cuando más falta nos hace, en un momento en que la Unión Europea necesita ejemplos concretos de países capaces de acelerar, no de titubear, en su hoja de ruta climática.

Desde el Cabildo de Gran Canaria lo decimos con toda claridad: no se puede pretender liderar la transición energética en Europa mientras se bloquea, año tras año, la tecnología que más potencial tiene para consolidar ese liderazgo en el Atlántico. Exigimos que se desbloquee de manera definitiva la planificación de la eólica marina, con calendarios claros, seguridad jurídica para los proyectos e inversión decidida en la infraestructura portuaria e industrial necesaria para acompañar su desarrollo. Exigimos, igualmente, que cualquier decisión sobre el futuro del parque nuclear se tome con un horizonte de cierre ordenado y no como una prórroga indefinida que compita por los recursos y la atención política que las renovables necesitan. Canarias tiene la ambición, el viento y la vocación de ser protagonista de esa transición. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España recupere la valentía que un día nos diferenció, y que hoy, con esta decisión, empieza a ponerse en cuestión.

Hay un instante, cada año, en que Gran Canaria se detiene para mirarse a sí misma. Ese instante llega con la romería-ofrenda a Nuestra Señora del Pino, cuando miles de personas llegan hasta Teror cargadas de frutos, de música y de fe, y la isla entera se reconoce en un mismo gesto. Es una auténtica manifestación de cohesión social, de identidad compartida, de orgullo tranquilo, de sentimiento de pertenencia y de solidaridad. Es, sobre todo, un acto de fe en el sentido más amplio de la palabra: fe en la tierra, fe en la comunidad, fe en que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa.

Después llega la fiesta principal, la que se centra en los actos religiosos. Y ahí, en esa doble cita -la romería y la celebracion-, se condensa nuestra manera de entender la isla: desde la unidad. Gran Canaria no se explica sin ese pino centenario que ha visto pasar generaciones, sequías, bonanzas y crisis, y que sigue en pie como recordatorio de que las raíces, cuando son profundas, resisten cualquier temporal. Cada mes de septiembre, cuando el olor a pan de leña, a gofio, chorizo y dulces se mezcla con el sonido de las parrandas y el rumor de miles de pasos sobre el mismo camino, comprendo por qué esta fiesta ha sobrevivido intacta a todas las transformaciones de la isla: porque no celebra un momento, celebra una manera de ser.

Y entonces, como cada año, todo empieza a girar de nuevo. Los niños y niñas regresan a las aulas, los hombres y las mujeres retoman sus trabajos, y con ellos arranca un nuevo curso político. Este que ahora comienza tiene, sin embargo, un peso distinto: es el último de este mandato. Y eso lo cambia todo, porque en las instituciones -en cualquiera de ellas- la gestión de estos meses se verá inevitablemente mediatizada por la batalla electoral que se avecina.

Lo digo con la tranquilidad de quien ha aprendido, con los años, una convicción que no ha dejado de confirmarse: lo que no se ha hecho, o no se ha sabido transmitir durante un mandato entero, no se puede vender de manera precipitada en los últimos meses. La política no admite atajos de última hora. Por eso me produce cierta perplejidad -y hasta ternura, si soy sincero- ver a tantos compañeros y compañeras de la vida pública volcados estos días en TikTok, en Instagram, en pódcast, etc, vendiendo contenido en lugar de ofrecer respuestas. La ciudadanía no necesita más relato; necesita hechos que se puedan tocar, medir y comprobar.

Y los hechos, en Gran Canaria, están ahí. La isla va bien. En 2025 cerramos con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superamos por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, hasta situarse en torno a las 63.000 personas y una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla. Y 2026 confirma la tendencia: el primer trimestre fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas y una tasa de paro que ya baja al 14,5%. A ello se suma un turismo que no sostiene su éxito en el crecimiento, sino que aumenta gasto diario hasta 180,66 euros por persona y en una facturación total que alcanzó los 6.280,8 millones de euros. Son cifras frías, sí, pero detrás de cada una hay una familia que ha encontrado trabajo, un negocio que ha podido abrir, un futuro que se hace un poco más posible.

Los datos también nos dicen que se aprecia una evolución positiva de las condiciones sociales y económicas entre 2015 y 2026. Gran Canaria es hoy una sociedad algo más igualitaria y con mayores niveles de renta que hace una década, pero todavía persisten bolsas importantes de pobreza y vulnerabilidad. La renta media ha aumentado durante el periodo, mientras que se ha reducido la población situada por debajo del umbral de pobreza en un porcentaje que se sitúa en torno a un 7%. Al mismo tiempo, los indicadores de desigualdad muestran una mejora significativa: el índice de Gini pasó de 36,1 en 2015 a 31,6 en 2023, una reducción de 4,5 puntos, que refleja una distribución más equilibrada de la renta. También mejoró el indicador P80/P20, que mide la distancia entre el 20% de población con mayores ingresos y el 20% con menores ingresos: pasó de 3,1 a 2,4. En Gran Canaria, en 2023, la renta media por hogar fue de 37.010 euros, un 17,7 % más que en 2025.

Pero los números, por sí solos, no cuentan toda la historia. La cuenta también la cantidad importante de obra pública que se realiza en la isla. En estos momentos se ejecutan en Gran Canaria más de 2.000 millones de euros en obras e inversiones reales en proyectos estratégicos, la mayor inversión pública insular en toda la historia. Ahí están el nuevo Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA), que devolverá al viejo Hospital de San Martín su vocación de servir a la cultura, con una inversión que ronda los doce millones de euros, Salto de Chira, la obra que garantizará nuestra soberanía energética e hídrica, con una inversión fijada finalmente en 588,9 millones de euros; el nuevo INFECAR y la reordenación de su espacio (72 millones de euros), el Pabellón Insular de Deportes (18 millones de euros), los centros sociosanitarios(200 millones de euros -entre ellos la transformación del antiguo Hospital Psiquiátrico( 40,2 millones de euros), el Radiotelescopio de Temisas, que sitúa a Gran Canaria en el mapa de la ciencia mundial, y el nuevo Estadio de Gran Canaria, La Nube (233 millones de euros).

No son obras aisladas: son piezas de un mismo proyecto de isla, pensado a largo plazo, sin la urgencia del calendario electoral que a otros parece devorarles el discurso. Y ese proyecto no se detiene en la capital ni en los grandes titulares.

También se ejecutan obras importantísimas en los 21 municipios de Gran Canaria, financiadas por el Cabildo: piscinas, universidades populares, parques de bomberos, centros deportivos, bibliotecas, viviendas colaborativas, tanatorios, recintos feriales, casas de cultura, pabellones deportivos, etc. Solo el plan adicional de inversiones puesto en marcha con los remanentes de tesorería destinó 69 millones de euros a treinta y tres obras emblemáticas repartidas por toda la isla. Es la prueba de que el desarrollo, cuando es de verdad sostenible, no elige barrios ni pueblos: llega a todos y a todas.

En la última década, Gran Canaria ha experimentado una transformación económica que va más allá del crecimiento del PIB. En la economía insular han adquirido mayor relevancia nuevas actividades vinculadas a la diversificación productiva. La economía azul constituye probablemente uno de los ejemplos más significativos. Gran Canaria concentra alrededor del 54% de la actividad azul de Canarias y su producción se ha estimado en 1.901 millones de euros, poniendo de manifiesto el potencial de los sectores marítimo-portuarios, la reparación naval, la pesca, los servicios offshore y las actividades vinculadas al océano.

También se observa una evolución positiva en la industria y la energía (+16%), en el sector primario (+3%), en el audiovisua, que representa otro caso paradigmático: en 2024 generó más de 90 millones de euros de retorno económico, triplicando el año anterior, con 147 producciones y más de 3.600 empleos directos registrados.

Y aún queda lo que está por venir, lo que reclamamos con urgencia a un gobierno central que, con demasiada frecuencia, parece distraído respecto a los intereses de nuestra isla: el concurso para la implantación de la eólica marina, la participación del gobierno de la isla en la Plocan, la declaración definitiva del Parque Nacional de Guguy, la financiación del futuro tren que unirá Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas - ya reconocida como obra de interés público por el Estado-, el impulso a la ampliación del Salto de Chira con la presa de Las Niñas, la ayuda para la financiación del nuevo estadio y una concurrencia competitiva energética que sea, de verdad, efectiva. No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado esté a la altura del esfuerzo que esta isla ya está haciendo por sí misma.

Iniciamos, pues, un curso distinto, condicionado por circunstancias diferentes a las de otros años, pero con un objetivo que no cambia: afianzar el modelo de ecoísla, seguir haciendo de Gran Canaria un espacio de referencia, un laboratorio de desarrollo estratégico ecosocial que avance en la diversificación económica sostenible, en las políticas de igualdad y en la cultura de los cuidados. No es un eslogan. Es la hoja de ruta que nos hemos dado a nosotros mismos como pueblo.

Y quiero terminar hablando de lo que de verdad importa: de lo que significa ser isla. Ser isla es vivir con el mar como frontera y como puente al mismo tiempo. Es conocer, en lo más hondo, la fragilidad de lo limitado y, a la vez, la fuerza de lo compartido. Necesitamos afianzar nuestra resiliencia frente al hecho insular, frente al aislamiento que a veces nos impone la geografía y, otras, la indiferencia ajena. Más en estos momentos de incertidumbres geoestratégicas. Y esa resiliencia solo se construye por un camino: el del diálogo, el del consenso, el del trabajo compartido entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía. No hay otra ruta posible para un territorio como el nuestro. Gran Canaria ha demostrado, romería tras romería, curso tras curso, que cuando caminamos juntos, ninguna distancia -ni siquiera la del océano que nos rodea- es capaz de separarnos de nuestro destino común.

En las dos últimas semanas he publicado en este mismo medio dos artículos, a raíz de la “guerra híbrida” de Ceuta, analizando el envalentonamiento de Marruecos ante el nuevo mapa geoestratégico de la zona y cómo ese país juega con las cartas marcadas - haciendo trampas- en sus relaciones con Europa y con España. Obviamente, siempre con la realidad de Canarias en un primer plano. Hoy pretendo cerrar esta trilogía de textos con una reflexión acerca de llo que entiendo como una pinza perfectamente diseñada por EEUU e Israel, con Marruecos como cómplice necesario, para debilitar al Viejo Continente.

Hay decisiones que, vistas por separado, parecen episodios sueltos de la política internacional. Un arancel aquí, una declaración sobre Groenlandia allá, un guiño a un partido de extrema derecha en otro lado. Pero cuando se observan en conjunto, durante un periodo sostenido y con una dirección constante, dejan de ser ruido y empiezan a dibujar un patrón. Esa es la lectura que cada vez más analistas y observadores del Mediterráneo occidental hacen del actual momento geopolítico: una convergencia de intereses entre la Administración Trump y el Gobierno de Netanyahu que produce unos efectos muy concretos sobre Europa: la debilitan, la fragmentan y la hacen más dependiente.

Estamos ante una acumulación de hechos verificables que, sumados, configuran una tendencia difícil de ignorar. En algunos momentos con indicios claros de una guerra de “zona gris” de peligrosas consecuencias. Y eso merece ser analizado con rigor desde una región como la nuestra, situada en la frontera sur de Europa y, por tanto, en primera línea de sus consecuencias.

El primer instrumento de acoso es económico. La presión económica como palanca para generar desestabilización. Los aranceles impuestos por Washington desde 2025, y el acuerdo posterior que dejó a la UE aceptando condiciones asimétricas en sectores clave, obligan todo el tiempo a Bruselas a negociar desde la debilidad y premian los acuerdos bilaterales al margen del bloque comunitario. Una Europa dividida comercialmente es una Europa más fácil de empobrecer y de influir políticamente. Aunque se ha llegado a un acuerdo en julio, siguen sin cerrarse los del acero y el aluminio, con la amenaza constante de Trump de aplicar medidas adicionales

Las reiteradas declaraciones de Trump sobre su intención de controlar Groenlandia, sin descartar presiones económicas o militares, son un test de hasta qué punto la UE y la OTAN reaccionan unidas cuando la integridad territorial de un miembro -Dinamarca- es cuestionada por su principal aliado. La respuesta ha sido tibia. Y esa tibieza es, en sí misma, un mensaje preocupante. La anexión de este territorio con fines militares, obtención de tierras raras y petróleo y de control del Ártico sigue estando sobre el tablero. En el mes de julio, en la cumbre de la OTAn en Ankara, el presidente estadounidense volvió a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense. En agosto, una compañía petrolera vinculada al entorno de Trump intento iniciar perforaciones sin autorización alguna.

La política hacia Rusia sigue el mismo guion. Los frenos puntuales a la ayuda militar a Ucrania, los contactos bilaterales Washington-Moscú sin presencia europea, y la presión sobre Kiev para aceptar condiciones territoriales, envían un mensaje claro: Europa ya no puede dar por garantizada la protección estadounidense ni es necesaria para resolver conflictos que les afectan de manera muy directa. Eso la obliga a rearmarse de forma acelerada y desordenada y erosiona la cohesión de una Unión que no comparte el mismo grado de exposición a la amenaza rusa. Deliberadamente ha roto la estrategia común, pasando de una lógica de alianza a una lógica más transaccional.

Curiosamente, la sustitución del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha reconfigurado el mapa energético europeo y ha reforzado el peso de Estados Unidos como proveedor de gas natural licuado, generando una mayor dependencia de este país. La verdadera autonomía europea exige acelerar las renovables, el almacenamiento y la electrificación.

Especialmente inquietante es el patrón de acercamiento norteamericano a la extrema derecha europea. El discurso del Vicepresidente de EEUU J.D. Vance en Múnich (febrero de 2025), criticando a los gobiernos europeos por el cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania, fue una declaración de intenciones. A ello se suman gestos de apoyo explícito a esa formación por el Gobierno estadounidense y una relación cordial con lideres de la extrema derecha que contrasta con el trato a otros gobiernos. Apoyan sin ambages a las fuerzas políticas que defienden más soberanía nacional y menos integración europea y prefieren tratar con gobiernos nacionales y movimientos políticos afines que con la UE. El objetivo es el mismo que el de los aranceles: fragmentar el consenso europeo desde dentro. Rubio, Secretario de Estado norteamericano, ha planteado construir un “nuevo siglo occidental” presentando a EEUU y Europa como parte de una misma civilización (sin la UE, claro) y para eso están forzando un desplazamiento progresivo del centro político europeo hacia posiciones más nacionalistas, antiimigración, iliberales y euroescépticas. En estos momentos, más de 120 millones de europeos viven en países gobernados por partidos de extrema derecha.

La exigencia de elevar el gasto en defensa -el 5% del PIB planteado en la cumbre de La Haya de 2025- convive con una ambigüedad calculada sobre el compromiso automático del artículo 5 según qué país lo invoque. Una Alianza sin garantías incondicionales deja de ser un paraguas compartido para convertirse en un instrumento de negociación bilateral, donde Washington dicta condiciones y Europa las acepta por miedo a quedar desprotegida. EEUU plantea que Europa asuma la mayor parte de la defensa convencional, gaste mucho más y, al mismo tiempo, acepte que Washington determine de manera unilateral dónde considera que están sus intereses estratégicos. Por lo pronto Europa está obligada a aumentar enormemente su gasto militar generando serias controversias políticas y sociales. Además de serios desencuentros en asuntos como la consideración de genocidio a la masacre israelí en Gaza - Borrell acaba de declarar que los valores de Europa yacen enterrados entre las ruinas de Gaza- o la desavenencia entre Francia y Alemania que han roto su acuerdo para la construcción de un caza europeo.

No es moco de pavo la subordinación tecnológica de Europa a Estados Unidos. Las grandes redes sociales, buscadores, sistemas operativos y buena parte de la inteligencia artificial están dominados por empresas estadounidenses. En la nube, Amazon, Microsoft y Google ocupan posiciones centrales, mientras Europa depende también de proveedores extranjeros para determinados semiconductores, hardware avanzado y servicios digitales. Esta dependencia afecta directamente a la soberanía europea: datos, infraestructura digital, IA, algoritmos y plataformas condicionan cada vez más la economía, la información y hasta la democracia. Y está todo mayoritariamente controlado por EEUU y el tecnofascismo aliado de Trump.

Y como ya comenté en los artículos anteriores, aparece Marruecos y la frontera sur como pieza estratégica, como un instrumento más de cerco a Europa. Marruecos ha pasado a ser un socio privilegiado de EEUU e Israel, y esa condición le ha dado algo más valioso que el reconocimiento diplomático: impunidad de facto para utilizar la gestión de sus fronteras como instrumento de política exterior frente a España y la Unión Europea. Y sabe jugar muy bien esa “guerra híbrida”, de peligrosas consecuencias, aún dependiendo de Europa para sectores estratégicos de su economía.

El mecanismo es conocido: la frontera se abre o se cierra según convenga a Rabat, en función de negociaciones que nada tienen que ver con la política migratoria en sí misma, sino con el Sáhara, la ampliación de sus fronteras, los minerales, la energía, la defensa, la vigilancia y la inteligencia, la tecnología o el respaldo internacional que Marruecos necesita en cada momento. Lo que ha cambiado en el escenario actual es el contexto en el que ese instrumento se activa: un Marruecos reforzado por su integración creciente en la arquitectura de los Acuerdos de Abraham, con una relación cada vez más estrecha con Israel en seguridad y defensa, y con una Administración estadounidense que no cuestiona ese uso instrumental de la frontera, sino que refuerza a Rabat como socio estratégico frente a cualquier presión europea.

Washington está construyendo una relación privilegiada con Marruecos porque le es muy importante para controlar el Atlántico, el estrecho de Gibraltar y el acceso al Mediterráneo y, sobre todo, el Sáhara Occidental, además de afianzar una política de inteligencia, de la mano de Israel, a los pies del continente europeo.

Y es también un elemento de desestabilización calculado: ya empiezan a aparecer voces influyentes norteamericanas reconociendo las reivindicaciones marroquís sobre Ceuta y Melilla. Se trata de un paso más en una confrontación que está dividiendo a la sociedad española, fragilizando y fracturando al Gobierno de España y mostrando las debilidades de Europa y del Estado español.

En el momento que escribo este articulo, la situación en Ceuta se hace insostenible con entre diez y quince mil personas deambulando por sus calles: los ciudadanos se manifiestan cada día, se producen situaciones de violencia indeseables y el Gobierno español -que ha actuado tarde y mal- se sigue no solo mostrando incapaz de controlar la situación sino que se ha quedado absolutamente solo exculpando a Marruecos de lo sucedido e insistiendo en que es un socio fiable.

Todo esto nos obliga a preguntarnos si Europa puede tener una política exterior y de seguridad autónoma en el Mediterráneo occidental si depende simultáneamente de Marruecos para controlar su frontera mientras el país alauita se entrega en cuerpo y alma a Israel y EEUU y juega a la desestabilización. Porque el flanco sur no es solamente migración, es Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla, Sáhara Occidental, rutas atlánticas, energía, pesca, seguridad marítima, terrorismo, minerales críticos y una creciente e inquietante presencia militar y tecnológica de Marruecos. Esa lógica estructural es la que conviene tener presente al analizar cualquier episodio de tensión fronteriza.

Es un enorme un error ignorar que el resultado agregado de las decisiones de Trump con respecto a Europa apuntan en la misma dirección: una Europa presionada económicamente, dependiente militarmente, fragmentada por dentro y expuesta por su flanco sur a una gestión migratoria convertida en instrumento de negociación, presión y chantaje. Repito: una Europa sometida a una guerra en “zona gris”, con una guerra híbrida en su frontera sur con Marruecos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la parálisis ni la ingenuidad. Europa necesita una política exterior y de seguridad genuinamente autónoma, capaz de sostenerse sin depender de la voluntad cambiante de una Administración estadounidense, y blindar su unidad interna frente a quienes trabajan por fragmentarla desde dentro. Necesita entender que su frontera sur no es un problema periférico gestionable con partidas presupuestarias de emergencia, sino un espacio estratégico de primer orden donde se juega buena parte de su autonomía futura. Y es preciso, igualmente, una estrategia clara y contundente de defensa de la democracia y de los valores de la Ilustración que han definido al ahora anciano y débil continente europeo.

Desde este archipiélago atlántico tenemos que exigir que estas dinámicas se analicen sin complejos, sin miedo, con el rigor que exige la complejidad del momento y con la firmeza de quien sabe que Canarias no es un margen, sino uno de los puntos donde se decide el futuro de la relación entre Europa y su vecindario mediterráneo y atlántico. En otras palabras: Canarias necesita una Europa fuerte, no menos Europa, precisamente cuando la relación transatlántica y el equilibrio con Marruecos están cambiando y nos está amenazando.

La semana pasada advertía en este medio del peligro que supone para Canarias el envalentonamiento de Marruecos alimentado por los Acuerdos de Abraham entre Estados Unidos, Israel y el reino alauita. Decía entonces que ese pacto esconde un cambio en el tablero geoestratégico de consecuencias relevantes. Hoy quiero profundizar en ello, porque estamos ante un hecho que compromete la seguridad de Canarias, de España y de Europa entera.

Los Acuerdos de Abraham no fueron nunca un simple documento de buena vecindad. Fueron la pieza con la que Washington compró el reconocimiento marroquí de Israel a cambio de reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, territorio pendiente aún de descolonización según la legalidad internacional. Ese canje, sellado bajo la primera Administración Trump y mantenido después, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar que antes no tenía, en la región donde Canarias es frontera sur de Europa. No hablamos de un problema lejano, sino de nuestra vecindad inmediata.

El avance de la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos no es un fenómeno paralelo a esta alianza: es su combustible. Trump ha convertido su relación con Israel y, por extensión, con Marruecos, en un instrumento de presión sobre la propia Unión Europea, a la que acusa de rival comercial e ideológico. Esa complicidad entre Washington y Tel Aviv, con Rabat como socio, dibuja un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa justo cuando su frontera sur, que es la nuestra, se ha convertido en elemento de ajuste de la política exterior marroquí.

Porque de eso se trata. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. Lo hemos visto en Ceuta, en Melilla y en Canarias en distintas ocasiones. Cuando le conviene, flexibiliza el control de su frontera para que la atraviesen miles de personas, con la connivencia explícita de sus autoridades. No es nunca un fallo de control fronterizo: es una demostración de fuerza, un mensaje a Madrid y a Bruselas: “tenemos la llave de tu frontera y la usaremos cuando nos convenga”. Ese mensaje se ha repetido en los últimos días, con nuevas entradas que no responden a la casualidad sino a una presión calculada.

Marruecos no es un socio de fiar. Es un país con el que Europa mantiene relaciones necesarias, incluso imprescindibles en seguridad y comercio, pero que juega sistemáticamente con cartas marcadas: utiliza la cooperación cuando le beneficia y la desactiva cuando quiere obtener concesiones. Ha convertido la gestión de los flujos migratorios en herramienta de política exterior, y eso, con un reforzamiento militar y diplomático sin precedentes gracias a su alianza con Israel y Estados Unidos, es realmente peligroso.

Hay una dimensión más que no podemos pasar por alto: esta alianza no solo debilita la posición exterior de Europa, sino que sirve de combustible para torpedear desde dentro a las propias democracias liberales europeas. La conexión ideológica entre el trumpismo, el gobierno de Netanyahu y determinados sectores que ven en Marruecos un socio afín, no es casual: forma parte de una misma corriente que financia, legitima y amplifica a las fuerzas de ultraderecha en el continente. Hablamos de formaciones que gobiernan, como en Italia con Meloni, que rozan el poder en Francia con Le Pen, que crecen sin freno en Alemania con Alternativa para Alemania, y que amenazan con romper el consenso democrático en Países Bajos, Austria o el Este. Cada avance de esta alianza envía una señal de legitimación a estas fuerzas: su modelo autoritario y hostil a la construcción europea tiene el respaldo tácito de la primera potencia mundial y de sus aliados regionales. Europa no solo enfrenta presión externa en su frontera sur; enfrenta también una erosión interna de sus valores democráticos alimentada, en buena medida, desde el mismo eje que sostiene a Marruecos. No se puede combatir el envalentonamiento marroquí sin combatir también la ofensiva ideológica que lo ampara.

Para Europa, el problema es más profundo, porque no se trata solo de Marruecos, sino, como ya señalé, del cambio de paradigma. La alianza entre una Administración estadounidense que ve a la Unión Europea como rival, un Gobierno israelí que necesita apoyos regionales, y un Marruecos que capitaliza ambas cosas para reforzar su peso en el norte de África, configura un escenario en el que el Viejo Continente pierde margen de maniobra en su propio flanco sur. Y esto ocurre justo cuando la Unión vive el ascenso de fuerzas de ultraderecha que fragmentan aún más su capacidad de hablar con una sola voz.

¿Por qué es esto peligroso específicamente para Canarias? Porque somos, junto con Ceuta y Melilla, el punto donde este pulso geoestratégico se traduce en hechos concretos: en cayucos, en llegadas masivas, en presión sobre nuestros recursos sociales y en un desgaste institucional que golpea a ayuntamientos, cabildos y a la Comunidad Autónoma, que somos quienes damos la primera respuesta humanitaria mientras el Estado y Europa deciden si esto es un problema español o europeo. Llevamos años reclamando que la gestión migratoria en Canarias es cuestión de Estado y de la Unión Europea. Lo que está pasando confirma, con gravedad añadida, que también es una cuestión de seguridad continental.

España no puede permitirse una política exterior ingenua con Marruecos. El giro del Gobierno español al reconocer la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, buscando estabilizar la relación bilateral, no ha traído la estabilidad prometida. Al contrario: ha alimentado la percepción de que España cede cuando se le presiona. Y un socio que percibe que cediendo obtiene resultados, seguirá presionando.

España debe reforzar su capacidad diplomática autónoma, sin depender exclusivamente del margen que le deje Washington, con instrumentos claros, previsibles y verificables frente a Marruecos, no solo gestos de buena voluntad. Canarias necesita que se refuerce, de manera estructural, la financiación de la acogida humanitaria, la vigilancia marítima y aérea y la cooperación con los países de origen -generando vías legales y seguras para la migración- porque no podemos seguir gestionando una cuestión de seguridad europea con recursos insulares.

Canarias conoce desde hace años las consecuencias de la utilización de las rutas migratorias por las redes criminales, pero también sabe que los flujos están condicionados por la situación política y económica de los países de origen y tránsito. Por eso Europa debe evitar el error de considerar que la política migratoria puede descansar indefinidamente sobre la externalización del control fronterizo a terceros países. Cuando Europa delega su seguridad migratoria en un Estado vecino, ese Estado adquiere una capacidad de influencia extraordinaria. La cooperación puede ser necesaria, pero la dependencia tiene un precio político.

Hay quienes prefieren mirar hacia otro lado, quienes creen que hablar con claridad de la fiabilidad de Marruecos complica innecesariamente una relación ya delicada. Yo discrepo profundamente. El silencio y la prudencia excesiva no han evitado ni una sola crisis migratoria; al contrario, han enviado la señal de que España y Europa están dispuestas a tragar con cualquier presión con tal de no incomodar a Rabat. Tampoco han impedido las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, sobre nuestras aguas jurisdiccionales, el Monte Tropic o el control de la seguridad aérea del Sáhara Occidental, ni las construcciones ilegales en los territorios saharauis ocupados que compiten con las de nuestro archipiélago.

Decir las cosas claras no es un acto de hostilidad hacia Marruecos ni hacia su pueblo, con el que Canarias mantiene lazos históricos, comerciales y humanos que valoramos y queremos preservar. Es, simplemente, un ejercicio de responsabilidad institucional: no se puede construir una relación bilateral sólida sobre la ambigüedad calculada de una de las partes. Una relación de vecindad madura exige reciprocidad, previsibilidad y respeto a los compromisos adquiridos, y eso es precisamente lo que hoy está fallando. Repito: la cooperación es imprescindible; la dependencia, no.

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria seguiré insistiendo ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas en que lo que ocurre aquí al lado no es un episodio aislado, sino la manifestación más visible de una recomposición de alianzas internacionales que tiene a Marruecos como beneficiario y a Canarias como frontera expuesta. No podemos permitirnos la ingenuidad de creer que esto se resuelve con gestos puntuales. Requiere una estrategia sostenida, europea, y con Canarias en el centro de la decisión, no en el margen de ella. Marruecos jugará las cartas que le dejemos jugar. Depende de nosotros, de España y de Europa, que esas cartas dejen de estar marcadas.

A finales de julio, Ceuta vivió su episodio migratorio más grave desde 2021. En apenas cuarenta y ocho horas, entre el 30 y el 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron a nado o bordeando el espigón del Tarajal hasta llegar a una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, que se vio desbordada. El balance ha sido trágico: al menos 141 personas fallecidas, la cifra más alta desde la tragedia del Tarajal en 2014. El Gobierno desplegó al Ejército para reforzar a la Guardia Civil mientras miles de personas eran devueltas a Marruecos. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió a Moncloa declarar la emergencia nacional; el Ministerio del Interior lo rechazó a pesar de que Pedro Sánchez declaró que estábamos ante un “ataque a la integridad territorial de España”.

Mientras, se ha generado una crisis interna y externa en España: el PP y el PSOE avivan su enfrentamiento, las comunidades se niegan a acoger a los menores, el Gobierno exonera de toda responsabilidad a Marruecos (frente a la opinión general), Italia impone controles fronterizos con España, Europa se asusta y recrimina al Gobierno español, siguiendo los pasos de Meloni.

Lo más inquietante no es la magnitud de la avalancha, sino su patrón. Fuentes de la Guardia Civil describieron la colaboración marroquí como «superficial»; sindicatos policiales denunciaron que Rabat «no está haciendo absolutamente nada» para impedir las entradas. No es la primera vez: en 2021, tras la hospitalización de Brahim Ghali, quedó documentado que Marruecos quiso «poner en evidencia qué pasaría si España no contara con su cooperación migratoria», según el CIDOB. Mas de 10.000 inmigrantes entraron en la ciudad ante la pasividad de la gendarmería marroquí.

Coincidiendo con el acercamiento español a Argelia y con una sentencia del Supremo que limita las devoluciones en caliente a las personas migrantes que llegan por mar, la válvula se volvió a abrir: la migración convertida en instrumento de política exterior. Nadie se puede creer que Marruecos no estuviese al tanto de lo que se estaba tramando ni de que no tuviera capacidad para controlar la situación. Una vez más la utilización de las personas por parte de ese país como armas arrojadizas. Una vez más el reino alauita recurriendo a la memoria de la Marcha Verde sobre el Sáhara, a la amenaza de que es muy fácil volver a hacerlo.

Cuando escribo estas líneas, después de una convocatoria masiva en redes llamando a llegar a Ceuta el sábado 15, la actitud marroquí es otra: exhibe con firmeza el control tanto de su frontera marítima como terrestre. Demuestra así que tiene la llave para provocar acciones de este tipo. Abre o cierra cuando quiere y le conviene, y no le importa las muertes que se produzcan. Demuestra su poder político y policial. Mientras, a la hora de mandar este texto al periódico, el domingo al mediodía, Ceuta sigue envuelta en una calma tensa, con sus servicios desbordados. No ha sido fruto de la casualidad la reivindicación de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, de Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, el pasado martes día 11 de agosto.

Conviene recordar un viejo refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Hoy es Ceuta; mañana, si no actuamos, puede ser Canarias. No hablo solo de presión migratoria, hablo de algo que llevo advirtiendo desde hace meses: el envalentonamiento de Marruecos y sus consecuencias directas sobre la soberanía y los intereses estratégicos de nuestro archipiélago.

En diciembre de 2025 escribí «Dajla, una expansión que compromete a Canarias», a raíz de la misión comercial de PROEXCA y FEDEPORT para animar al empresariado canario a invertir en el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Denuncié entonces -y sostengo hoy- la ilegalidad de fondo de esa operación: se invierte en un territorio ocupado, pendiente de descolonización según Naciones Unidas, para levantar una infraestructura de 1.300 millones de euros pensada para competir con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Un mes después, en «Algeciras hoy, Las Palmas mañana», expliqué por qué ese riesgo no es hipotético: el desarrollo de Tánger Med, con fuerte respaldo estatal, ha desplazado a Algeciras de su liderazgo mediterráneo. Ese mismo patrón se replica hoy con Dajla frente a nuestro puerto.

Lo que da hoy mayor urgencia a esa advertencia es el envalentonamiento internacional de Marruecos. El 1 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la coronación de Mohamed VI, Donald Trump reafirmó el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, calificó de «inaceptable» cualquier alternativa al plan de autonomía de Rabat y anunció más cooperación en el Sahel. Días antes había agradecido que Marruecos bautizara con su nombre una autopista por la costa saharaui ocupada. Detrás hay algo más que simbolismo: Washington y Rabat firmaron en febrero un memorando sobre minerales críticos que cubre el Sáhara Occidental, mientras avanzan las negociaciones para vender a Marruecos más de treinta cazas F-35 y helicópteros Apache, tras contratos ya cerrados por 333 millones de euros.

A ese respaldo se suma un rearme sostenido por la alianza con Israel. Marruecos e Israel firmaron en enero de 2026 su tercer plan militar conjunto desde los Acuerdos de Abraham, con sistemas antimisiles Barak MX, artillería de Elbit Systems, satélites Ofek-13 y fabricación bajo licencia de drones israelíes. El presupuesto de defensa marroquí para 2026 ronda ya los 19.000 millones de dólares -cerca del 13% del PIB-, muy dependiente de tecnología israelí, lo que limita también la propia soberanía operativa de Rabat.

No es baladí que el nuevo centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), fruto de ese acuerdo, esté situado en Tan-Tan, una ciudad que dista 200 kilómetros de Lanzarote y que ya haya realizado una primera demostración, con fuego real, con misiles de crucero de largo alcance y bajo coste. No creo que nadie piense que todos estos hechos concatenados sean frutos de la casualidad. Se están mandando a España, y a la Unión Europea, mensajes claros y contundentes sobre los cambios geoestratégico en la zona y el poder adquirido por Marruecos.

A esa presión migratoria y militar se suma una tercera, menos visible pero no menos grave: la batalla por nuestras propias aguas. Desde 2019, cuando Marruecos aprobó unilateralmente las leyes 37-17 y 38-17, Rabat sostiene que la frontera marítima con España debe fijarse por el «principio de equidad» y no por la línea media que rige de facto entre Fuerteventura y Tarfaya. La reclamación alcanza aguas próximas a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, y las negociaciones -según Atalayar, medio afín a Rabat- estarían ya «en su fase final», envalentonadas por la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU. En el corazón de esa disputa está el Monte Tropic, volcán submarino a 260 millas al suroeste de El Hierro, con la mayor reserva mundial conocida de telurio -2.670 toneladas, para más de 200 millones de vehículos eléctricos-, además de cobalto, níquel y tierras raras críticas para la UE. España pidió en 2014 a la ONU ampliar su plataforma continental para asegurar ese yacimiento; once años después sigue sin resolución, mientras medios próximos a Rabat plantean ya una «explotación conjunta» a cambio de aceptar, por la puerta de atrás, su soberanía sobre el Sáhara. Han llegado a poner sobre el tapete hacer un reconocimiento de la soberanía española sobre Canarias, renunciando a reclamaciones como las de Ceuta y Melilla, si se les concede todo esto.

El mismo patrón se repite en el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Desde 1976, por mandato de la OACI, España gestiona ese espacio -la FIR/UIR Canarias- a través de Enaire desde Gran Canaria, como potencia administradora, no soberana, del territorio. Pero Marruecos controla ya los aeródromos de El Aaiún y Villa Cisneros, y fuentes del sector calculan que entre el 15% y el 20% del espacio aéreo saharaui está de facto bajo su gestión, mediante zonas de exclusión aérea declaradas para ejercicios militares. La cesión total lleva sobre la mesa desde la declaración conjunta de 2022, condicionada, según distintas fuentes, a la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla; solo la resistencia del Gobierno, forzada por una proposición aprobada en el Congreso en 2025, ha evitado hasta ahora el traspaso. La información aeronáutica de la zona ya aparece también en la publicación oficial marroquí, un riesgo operativo real para la seguridad del tráfico que sobrevuela nuestro archipiélago. Ceder ese control equivaldría a renunciar, en los cielos, a la misma posición estratégica que defendemos en el mar y en nuestros puertos.

Este envalentonamiento tiene además una traducción empresarial muy cercana. Semanas después de mi primer artículo sobre Dajla se hizo pública la adquisición del 45% de Boluda -operador portuario y naviero con presencia en Canarias- por Marsa Maroc, empresa semipública marroquí. Dudo que esa operación no afecte a Canarias ni a la seguridad del Estado; sé que se está estudiando por la Junta de Inversiones Exteriores y deberá pasar por el Consejo de Ministros, y sigo insistiendo en que se valore con rigor.

Casi en paralelo, el propio Gobierno de Canarias sigue promoviendo misiones para estrechar la cooperación con Marruecos en turismo y puertos, sectores que compiten directamente con los nuestros. Me parece una irresponsabilidad y me preocupa que sean tan pocas las voces institucionales que se alzan frente a estos hechos consumados.

Migración como palanca de presión diplomática; expansión portuaria en un territorio ocupado que compite con nuestros puertos; reclamaciones marítimas sobre las aguas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con el Monte Tropic como botín; un control cada vez más efectivo sobre el espacio aéreo del Sáhara que gestionamos desde Canarias; y un rearme sin precedentes respaldado por Washington y Tel Aviv. No son frentes aislados: son la misma estrategia de fondo, la de un Marruecos que ha aprendido que los hechos consumados -en la frontera, en el mar, en el subsuelo, en el cielo o en el tablero atlántico- rara vez encuentran respuesta firme de sus vecinos europeos. Ceuta lo ha vuelto a demostrar. Algeciras ya lo demostró con Tánger Med. Y Canarias corre el riesgo de convertirse en el siguiente episodio, amparando además, en el caso de Dajla y del Tropic, una ocupación ilegal según el derecho internacional. Por otra vía, ya les fue muy bien destrozando la pesca artesanal y el sector tomatero de Canarias. Ahora tocan los puertos y el turismo.

Y este escenario se vuelve aún muchísimo más preocupante ante la política oficial de claudicación del Gobierno de España frente a Marruecos, un socio nada fiable: en 2022, Pedro Sánchez abandonó la tradicional posición de neutralidad sobre el Sáhara para respaldar la propuesta marroquí. Ahora, ante la crisis de Ceuta, la dependencia de la cooperación marroquí vuelve a condicionar la respuesta española, incluso ante una cuestión de soberanía nacional. En cada jugada que hacen van ganando fichas importantes en el tablero del ajedrez internacional.

Por eso insisto en algo que ya he planteado en artículos como este o en la Junta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas: no podemos mirar hacia otro lado. Ni ante quienes, desde instituciones canarias o patronales, animan a invertir en sectores que compiten con nuestra economía, ni ante un contexto internacional en el que la posición de fuerza de Marruecos crece cada mes. Defender el Puerto de La Luz y de Las Palmas, nuestra posición estratégica en el Atlántico y exigir coherencia al Estado y a la Unión Europea entre principios y decisiones no es una cuestión ideológica: es una obligación institucional para quienes debemos proteger el futuro económico y político de Canarias.

Tras varios años de espera, el pasado 28 de julio, el Gobierno de Canarias presentó a los rectores de la ULL y la ULPGC -sin conocimiento previo del documento- una propuesta de contrato-programa 2027-2030 que incrementaría en 45 millones de euros, en cuatro años, la financiación autonómica para las universidades públicas canarias.

El jueves 30 de este mismo mes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) calificaron la oferta de “decepcionante” y advirtieron que “pone en jaque” a las universidades públicas: para 2027 necesitan 290,4 millones solo para cubrir subidas salariales legales, frente a los 286,9 millones ofrecidos, generando un desfase de 15 millones. Para los responsables de nuestras universidades públicas, no se cubren ni los gastos estructurales y cronifica la infrafinanciación. Además, denunciaron penalizaciones económicas “sin precedentes” y que la cifra de 2030 (326 millones de euros) queda muy por debajo del 1% del PIB exigido por la LOSU (unos 600 millones de euros). Un fiasco.

Hay momentos en la historia de un pueblo en los que determinadas decisiones trascienden el ámbito de la gestión cotidiana para situarse en el terreno de lo verdaderamente trascendente. La educación superior es uno de esos espacios donde una sociedad define silenciosamente el modelo de país que desea construir. Lo que hoy decidamos sobre nuestras universidades determinará, en buena medida, la Canarias que heredarán quienes vengan detrás de nosotros.

Las universidades públicas canarias no nacieron únicamente para impartir enseñanzas regladas. Surgieron como una conquista colectiva, fruto de una sociedad que entendió que el conocimiento debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho. La Universidad de La Laguna primero y, posteriormente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido mucho más que centros docentes. Han sido motores de movilidad social, laboratorios de pensamiento crítico, espacios de creación cultural y científica y, sobre todo, instituciones comprometidas con la realidad de un archipiélago que siempre ha tenido que vencer enormes condicionantes derivados de su lejanía, de su fragmentación territorial y de la fragilidad de su modelo económico.

No existe desarrollo posible sin conocimiento. Tampoco existe soberanía efectiva cuando un territorio renuncia a generar su propia inteligencia colectiva. Las sociedades que dependen exclusivamente del conocimiento producido por otros terminan dependiendo también de las decisiones de otros. Esa es una lección que Canarias debería haber aprendido hace mucho tiempo.

Sin embargo, asistimos desde hace años a una evolución que invita a la preocupación. Mientras los grandes discursos institucionales proclaman la importancia de la innovación, de la investigación y de la economía del conocimiento, la realidad cotidiana de nuestras universidades públicas refleja otra situación bien distinta. Financiación insuficiente, dificultades para renovar las plantillas docentes e investigadoras, precariedad entre los jóvenes investigadores, infraestructuras que requieren una modernización constante y una creciente carga burocrática que consume energías que deberían destinarse a enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad.

Todo ello ocurre precisamente cuando el mundo atraviesa una de las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales más profundas de su historia reciente. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad, la economía azul o la diversificación productiva constituyen desafíos de enorme complejidad para un territorio tan singular como Canarias. Afrontarlos exige disponer de universidades fuertes, capaces de investigar desde el territorio y para el territorio, conectadas con el mundo pero profundamente comprometidas con la realidad insular.

Es precisamente en este contexto cuando proliferan iniciativas orientadas a la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias. No se trata de cuestionar la legitimidad de la iniciativa privada ni de negar el pluralismo propio de una sociedad abierta. El debate es otro mucho más profundo: cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la construcción del bien común y qué modelo universitario responde mejor a los intereses estratégicos de Canarias. Qué propuesta garantiza la educación universal, la que propicia un ascenso social no determinado por la condición económica familiar.

Porque la universidad no puede contemplarse únicamente como un mercado de titulaciones ni como un espacio donde la oferta responde exclusivamente a la demanda inmediata. Una universidad es también una institución al servicio del interés general. Investiga enfermedades raras aunque no resulten rentables; estudia el patrimonio histórico aunque no genere beneficios económicos inmediatos; analiza el cambio climático, la pobreza, la cohesión social, la planificación territorial o la conservación de los ecosistemas porque alguien debe hacerlo si aspiramos a construir un futuro sostenible.

El riesgo aparece cuando el sistema público pierde fortaleza al mismo tiempo que se expande una oferta privada cuya lógica responde necesariamente a criterios distintos. Las universidades privadas seleccionan sus ámbitos de actuación conforme a estrategias empresariales perfectamente legítimas. Las universidades públicas, por el contrario, tienen la obligación de atender todas aquellas necesidades que una sociedad considera esenciales, incluso cuando no producen rentabilidad económica.

Por eso la cuestión no consiste en enfrentar dos modelos de manera simplista. La verdadera pregunta es si Canarias puede permitirse debilitar las instituciones que sostienen su capacidad de generar conocimiento propio. Y la respuesta, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, parece evidente. No hay política económica seria sin política científica. No hay diversificación productiva sin investigación. No hay transición ecológica sin universidades que produzcan innovación. No hay igualdad de oportunidades cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.

En demasiadas ocasiones hemos actuado como si el crecimiento consistiera únicamente en multiplicar infraestructuras, aumentar indicadores turísticos o atraer inversiones exteriores. Pero el verdadero desarrollo se mide por la capacidad de un pueblo para construir capital humano, fortalecer sus instituciones y generar inteligencia colectiva. Esa ha sido siempre la principal riqueza de las sociedades más avanzadas.

Canarias necesita un gran pacto por el conocimiento. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales y sitúe la educación superior en el corazón de una estrategia compartida de desarrollo. Un pacto que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas; que facilite la incorporación del talento joven; que refuerce la investigación; que promueva la cooperación con empresas e instituciones sin renunciar nunca a la autonomía universitaria; y que establezca criterios rigurosos para cualquier nuevo proyecto universitario que pretenda implantarse en las islas.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de ordenar el crecimiento desde la planificación y no desde la improvisación. Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de dejar que sea únicamente el mercado quien decida el destino del territorio. Lo hemos aprendido en el urbanismo, en la ocupación del suelo, en el consumo de recursos naturales y en la configuración de nuestro modelo económico. Sería un error repetir esa experiencia en un ámbito tan decisivo como el conocimiento.

La universidad pública constituye uno de los grandes patrimonios colectivos del pueblo canario. No pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes la gestionan circunstancialmente. Pertenece a la sociedad que la sostiene y a las generaciones futuras que encontrarán en ella las herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Defenderla no significa resistirse al cambio. Significa precisamente lo contrario: dotarla de los recursos necesarios para liderar ese cambio desde el compromiso con el interés general.

Un partido nacionalista debería además, en teoría, ser más consciente de que una universidad pública es imprescindible para el fortalecimiento del conocimiento, la identidad, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

Porque el futuro de Canarias no se decidirá únicamente en los mercados internacionales, ni en los consejos de administración, ni siquiera en las instituciones políticas. Se decidirá, sobre todo, en la capacidad que tengamos para formar ciudadanos libres, investigadores excelentes, profesionales comprometidos y personas capaces de pensar por sí mismas.

Y esa tarea, que constituye una de las expresiones más elevadas del servicio público, sigue teniendo en nuestras universidades uno de sus pilares fundamentales. Debilitarlas sería debilitar la esperanza de un país que necesita más conocimiento, más cohesión y más inteligencia compartida para afrontar con confianza los desafíos del siglo XXI.

En 1890 proyectó su primera luz sobre el océano el Faro de Maspalomas para alumbrar el constante y enriquecedor tránsito de barcos entre continentes, con sus cargamentos de sueños e ideas. Su brillo se sumó a la larga lista de destellos con los que Gran Canaria ha contribuido a iluminar los caminos de la civilización y la extensión de derechos desde su atalaya en el Atlántico. Hoy, cuando arrecian temporales que amenazan con hacer naufragar avances sociales y democráticos, nuestra isla se alza sobre el mapa como un faro de las libertades.

La escala en Gran Canaria del artista neoyorkino Spencer Tunick, mundialmente conocido por intervenciones centradas en el cuerpo humano desnudo como elemento de composición colectiva y expresión de libertad, no es fruto de la casualidad. Su acción Gran Spectrum, desarrollada este domingo en Vegueta como homenaje a la comunidad LGTBIQA+ y a la diversidad, con la colaboración de centenares de personas, obedece al hecho de que la isla es a un tiempo escenario y protagonista de los movimientos a favor de la convivencia y la igualdad.

Tunick, cuya trayectoria ha dejado un legado de imágenes grupales impactantes en Nueva York, Barcelona, Sidney, Ciudad de México, Ámsterdam o Múnich, ha percibido la energía de la isla. “Una fotografía necesita un poder más allá de lo visual. Y creo que Gran Canaria tiene una historia increíble de apoyo a los derechos LGTBIQA+, así que la imagen tendrá una relación simbiótica con el lugar donde se realiza. Para mí es un honor trabajar en Gran Canaria, la mejor isla del mundo para este proyecto”, ha manifestado el creador. Su fotografía en el barrio fundacional de la ciudad retrata también una sociedad insular abierta y sensible y proyecta un mensaje esperanzador al mundo.

Esta iniciativa cultural e ideológica de Tunick en defensa del respeto, la empatía y el sentimiento de comunidad añade una página más al relato de integración y celebración de la diversidad que ha escrito Gran Canaria a lo largo de su historia. Nuestra identidad abierta, con los pies en la orilla y la mirada posada en el horizonte, se ha forjado a lo largo de los siglos y su esencia emerge constantemente sobre la superficie de la memoria y el tiempo presente. En esta atmósfera contaminada e inestable que envuelve al planeta, la iniciativa de Tunick en el marco del Culture & Business Pride, contribuye a realzar el papel de Gran Canaria como plataforma para el entendimiento y la solidaridad, igual que lo hizo la reciente visita del papa León XIV.

El arte y el pensamiento crítico necesitan espacios para respirar y ser el oxígeno de las sociedades que aspiran a una verdadera justicia social. Precisan también de diques frente al creciente oleaje de los discursos violentos y la extensión interesada de la ignorancia y el desprecio al otro. “Hay demasiado odio hacia la gente de mente abierta”, ha planteado Tunick.

Asimismo, reclaman un terreno para el pensamiento y la conexión humana, donde no se mire a través de la óptica de la división. Gran Canaria, aunque haya a quien le pese, es ese lugar y quiere seguir siéndolo. Es desde luego la intención del Cabildo, motivo por el que hemos respaldado el trabajo de Tunick, y ha sido parte intrínseca de la hoja de ruta del Gobierno de la isla en la última década. Gran Canaria no es solo un territorio donde estar. Es un lugar donde ser.

De hecho, el arte local más concienciado nos acompaña en la toma de decisiones en el Cabildo de Gran Canaria. Al término de la presentación de los detalles de Gran Spectrum días antes de que se llevara a cabo, tuve la ocasión de guiar a Tunick por los pasillos del Cabildo para que contemplara las obras de destacados artistas de la isla que enaltecen sus paredes. El breve recorrido concluyó en el Salón de Plenos, bajo los murales de Jesús Arencibia, titulados ‘Los gozos del mar’ y ‘Los dolores del mar’. Representan también a la colectividad y encierran una metáfora de resistencia y a favor de la igualdad social en tiempos de represión. Esto nos lleva a otra reflexión: las libertades no son eternas ni gozan del perpetuum mobile tras un impulso inicial. Es obligado engrasar y vigilar a diario los mecanismos que las hacen posibles.

Seguimos una estela. Escuchamos ese rumor humanista y compasivo en las palabras de Galdós, cuando afirmó que “al amor no le dictan leyes”. Seguimos con la mirada el vuelo de los seres alados que imaginó Chirino, siempre en busca de la universalidad y la libertad. Y hasta los versos de Pino Ojeda en los que alude a la importancia de ser “un solo agua, un solo cauce” podrían ser el pie de foto de la obra de Tunick en Vegueta.

Junto a nuestros valores, la aclamada y global obra de Tunick será desde ahora embajadora también de la riqueza de nuestro patrimonio gracias a una imagen que recorrerá el planeta a través de las redes sociales y las referencias en medios de comunicación generalistas y especializados. Vegueta es el kilómetro cero temporal del barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y es además un gran pulmón cultural alentado por el Cabildo con el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), recientemente reabierto tras las obras de mejora, la Casa de Colón y, próximamente, con el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea).

En su búsqueda de la utopía, el arte se comunica con el arte permanentemente. El CAAM acoge en estos momentos una exposición de la artista cubana Sandra Ramos en la que se incluye la evocadora imagen de una niña dibujando con su lápiz lo que podría ser otra realidad desde un montículo en medio del mar, trazando “un puente imaginario que surca las aguas profundas, oscuras, turbulentas, acortando distancias, acercando orillas, creyendo en el valor del arte como espacio infinito de conexión humana y camino hacia la libertad”, explica la comisaria Wendy Navarro.

Cabe preguntarnos qué queda en realidad al desnudo en las fotografías de Tunick y qué nos dice la imagen de las personas que han acudido a la llamada del artista para quedarse desnudas, en pingo, antigua expresión propia del sureste de Gran Canaria, para hacer referencia a quienes se despojan de cualquier atuendo o del más mínimo y humilde trapo, a quienes se quedan en cueros. Creo que quedan al desnudo en último término la intransigencia, el despotismo o la mezquindad. La colectividad puesta al servicio de los derechos diluye la desnudez individual, que accede a una nueva dimensión. Porque separados somos importantes y constituimos la pincelada, el píxel o el elemento de composición necesarios. Unidos y unidas somos el cambio.

Las sociedades que avanzan se construyen con bases sólidas para superar la prueba del tiempo. Lo mismo ocurre con las grandes obras públicas. Para hacer realidad proyectos transformadores deben coincidir la voluntad colectiva y la determinación de las administraciones, aun sabiendo que surgirán obstáculos y controversias.

En Gran Canaria ha sido así durante más de un siglo. La historia demuestra que las grandes infraestructuras suelen enfrentarse siempre a las mismas objeciones: se cuestiona su coste, se considera que existen necesidades más urgentes, se duda de su utilidad y se augura que nunca justificarán la inversión. Sin embargo, el tiempo suele pronunciar un veredicto muy distinto.

Esta dinámica forma parte de la propia construcción de Gran Canaria. La división de opiniones ha acompañado el desarrollo de infraestructuras que hoy nadie discute y que han contribuido decisivamente a la modernización de la isla. Las voces contrarias acabaron silenciadas por la elocuencia de los hechos.

Los cimientos del Teatro Pérez Galdós constituyen uno de los primeros ejemplos. Tras el incendio del antiguo Teatro Tirso de Molina, la construcción del nuevo recinto desató una intensa controversia. Se criticó su elevado coste y se defendía que Las Palmas de Gran Canaria tenía necesidades más urgentes. El propio Benito Pérez Galdós expresó reservas sobre dedicar tantos recursos a un gran coliseo, -al que llegó a denominar «teatro acuático»- en una ciudad con importantes carencias sociales. Inaugurado en 1890, terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes culturales de Canarias y en un símbolo del patrimonio histórico de Gran Canaria.

Algo muy similar ocurrió con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Cuando comenzaron las obras en 1883, bajo el impulso del ingeniero Juan de León y Castillo, abundaban quienes consideraban desproporcionada una infraestructura de semejante envergadura para las necesidades de la isla. Se cuestionaba su coste y se dudaba de que pudiera generar el tráfico marítimo suficiente para justificar la inversión. La realidad desmintió aquellos pronósticos. Gracias a su posición estratégica en las rutas atlánticas, el Puerto de La Luz acabó convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de Gran Canaria y de Canarias.

La misma controversia acompañó a buena parte de las grandes presas construidas durante el siglo XX. Las expropiaciones, la financiación, la gestión del agua o el propio modelo de desarrollo agrícola alimentaron un intenso debate. Hoy esas infraestructuras forman parte del paisaje de la isla y nadie discute su importancia para garantizar el abastecimiento de agua. Del mismo modo, la contestación al proyecto hidroeléctrico de Salto de Chira ha ido perdiendo fuerza conforme se han comprendido sus beneficios para la seguridad hídrica, energética y alimentaria de Gran Canaria y el proyecto avanza cumpliendo sus plazos.

Las críticas por el coste y la oportunidad de la inversión también acompañaron la construcción de la carretera del centro, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o la carretera de La Aldea. Ese mismo debate se proyecta hoy sobre el tren de Gran Canaria, una infraestructura que seguimos defendiendo como esencial para mejorar la movilidad insular y afrontar los desafíos del futuro.

Si la controversia ha perseguido históricamente a las infraestructuras destinadas a sostener el desarrollo económico y social de una isla densamente poblada, no resulta extraño que también haya acompañado a los grandes equipamientos culturales y deportivos. Con frecuencia se ha menospreciado su capacidad para generar cohesión social, proyectar la imagen de Gran Canaria y dinamizar la economía.

El Centro Atlántico de Arte Moderno, inaugurado en 1989, fue criticado por el coste de la rehabilitación del edificio histórico de Vegueta, por su mantenimiento y por una programación considerada demasiado vanguardista. Con el paso de los años terminó consolidándose como uno de los museos de referencia de Canarias y como una institución de prestigio dentro y fuera del Archipiélago.

La construcción del Auditorio Alfredo Kraus tampoco escapó a ese patrón. Se discutieron su coste, su ubicación en la playa de Las Canteras, su dimensión e incluso la elección de un arquitecto catalán. Hoy constituye uno de los grandes iconos culturales de Gran Canaria y uno de los auditorios más reconocidos de España.

La construcción del Gran Canaria Arena, inaugurado en 2014 con motivo de la Copa del Mundo de Baloncesto, reavivó un debate bien conocido. Se criticó el incremento del presupuesto, que pasó de 35 a más de 80 millones de euros, y se cuestionó la conveniencia de destinar recursos públicos a una gran infraestructura deportiva en plena crisis económica. También se dudó de la necesidad de un recinto con capacidad para más de 11.000 espectadores. Hoy, sin embargo, constituye uno de los principales equipamientos deportivos de Canarias y un escenario capaz de albergar acontecimientos internacionales de primer nivel.

Algo parecido ocurrió con el Estadio de Gran Canaria. Su construcción, en 2003, estuvo rodeada de una intensa polémica. Se consideraba demasiado costoso y muchos lamentaban el abandono del histórico Estadio Insular. Dos décadas después, el debate vuelve a reproducirse con su reforma y ampliación. Cambia la infraestructura, pero el discurso permanece prácticamente inalterable: se cuestiona la inversión, se pone en duda su oportunidad y se insiste en que existen otras prioridades.

Mirar al pasado permite comprender mejor el presente. El horizonte de obras que fueron discutidas por su coste o por la oportunidad de acometerlas es tan amplio como el lugar imprescindible que hoy ocupan en la vida cotidiana de la isla. Las objeciones se repiten con una sorprendente fidelidad; lo que cambia es el juicio que termina haciendo el tiempo sobre ellas.

En ese contexto se sitúa La Nube, el proyecto ganador del concurso internacional para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. Está llamado a convertir el recinto en uno de los grandes arenas del Estado y a reforzar su capacidad para generar actividad deportiva, cultural y económica. Pero representa también algo más profundo: la voluntad de una isla de seguir mirando al futuro sin renunciar a la ambición. La elección de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030 fue un éxito colectivo, y La Nube simboliza la capacidad de esta tierra para afrontar retos de gran dimensión y competir con los territorios más avanzados de Europa.

Nuestra convicción se apoya en una idea expresada por Ludwig Mies van der Rohe: la arquitectura es la plasmación de la voluntad de una época. Esa convicción ha inspirado buena parte de la transformación impulsada por el Cabildo durante los últimos años. Los grandes equipamientos no son simples edificios; son infraestructuras que reconfiguran la forma en que una sociedad se relaciona consigo misma y con el mundo.

Por eso conviene hacerse algunas preguntas. ¿Fueron excesivos los recursos destinados al Puerto de La Luz? ¿Lo fueron los invertidos en el Teatro Pérez Galdós, en las grandes presas, en el Auditorio Alfredo Kraus o en el Gran Canaria Arena? En su momento muchos respondieron afirmativamente. Hoy casi nadie pondría en cuestión su contribución al desarrollo de la isla. La historia demuestra que la utilidad de las grandes obras no siempre puede medirse desde la inmediatez.

Conviene recordar, además, que inversiones como la prevista para el Estadio de Gran Canaria no compiten con las políticas sociales. Conviven con el mayor esfuerzo sociosanitario realizado en la historia de la isla con inversiones históricas en dependencia, vivienda, empleo y apoyo al tercer sector.

Conviven con el desarrollo del nuevo Infecar (72 millones de euros), del Salto de Chira (600 ME), del MUBEA (15ME), del plan sociosanitario más importante de Canarias (200 ME), del Centro Insular de deportes (20 ME). Conviven con un modelo de desarrollo ecosocial transformador de la realidad insular.

Porque el objetivo último de toda acción pública sigue siendo el mismo: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las grandes infraestructuras y la justicia social no son caminos incompatibles; son dos expresiones complementarias de un mismo proyecto de progreso.

La historia de Gran Canaria enseña que las sociedades que aspiran a avanzar deben ser capaces de pensar más allá de la urgencia del momento. Las generaciones que hoy disfrutan del Puerto de La Luz, del Teatro Pérez Galdós, del Auditorio Alfredo Kraus, de las grandes presas o del Gran Canaria Arena apenas recuerdan las controversias que acompañaron su nacimiento. Permanecen las obras; se desvanecen las polémicas. Esa es, quizá, la verdadera prueba del tiempo. No la resistencia del hormigón o del acero, sino la capacidad de una sociedad para reconocer, con la perspectiva de los años, que algunas de las decisiones más discutidas fueron también las que contribuyeron de forma más decisiva a construir su futuro.

Las grandes transformaciones nunca avanzan en línea recta. Exigen visión, voluntad política, capacidad para sumar y, sobre todo, determinación para superar los obstáculos que inevitablemente aparecen en el camino. Conseguir que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 ha sido uno de esos retos. Transformar el Estadio de Gran Canaria para estar a la altura de ese acontecimiento es el siguiente.

Nada de lo conseguido hasta ahora ha sido fruto de la casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol las gestiones y los procedimientos necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En el actual mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando a instituciones públicas y a organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un objetivo común. Y se consiguió.

En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. En diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación.

Es difícil exagerar la dimensión de ese logro. Un Mundial no son solamente unos partidos de fútbol. Es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y capacidad para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero es también algo menos cuantificable y no menos importante: sentimiento de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.

Desde el principio entendimos, además, que la oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos tienen verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, recogida ya en nuestro programa electoral, responde a una ambición que va mucho más allá de cumplir las exigencias del Mundial. Se trata de dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.

El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del estadio. El proyecto seleccionado plantea una transformación integral del recinto: cerca de 42.000 localidades, las gradas aproximándose al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de los accesos, las instalaciones, la tecnología y los servicios.

No estamos ante una reforma menor. Es una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizadas en Canarias. La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios realizados determinaron que las características del terreno sobre el que se asienta el estadio exigen importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una actuación de estas dimensiones. Esa circunstancia, junto a la evolución de los costes de construcción debido a la inflación y a los conflictos bélicos internacionales, obligó a revisar la previsión económica inicial.

La primera estimación se situaba en torno a los 100 millones de euros. Posteriormente, el Cabildo realizó la correspondiente modificación presupuestaria y la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, asimismo, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones de euros.

El procedimiento establecía un plazo de ejecución de 36 meses, dentro del calendario necesario para llegar al Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas ninguna empresa había concurrido a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo importante y debe ser abordado con diligencia. Pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la realidad de la contratación pública y la legislación establece mecanismos para afrontar estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con la máxima agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permita la ley. Eso es lo que está haciendo el Cabildo. Lo que no correspondía era inflar los precios fraudulentamente.

Las razones que pueden explicar la ausencia de ofertas son diversas. El contexto bélico internacional está alterando los precios de la energía, el transporte, las materias primas, el coste de la mano de obra especializada y los materiales de construcción. A ello se suman las dificultades derivadas de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad para afrontar simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales. También las penalizaciones, acordes con la dimensión del destino inicial de la obra.

El sector de la construcción ha expresado también sus reservas sobre el presupuesto, los plazos, las penalizaciones y la complejidad de la ejecución. Esas consideraciones deben ser escuchadas y estudiadas. El diálogo con quienes conocen el mercado y tienen que ejecutar las obras no solo es razonable: es necesario. Pero conviene establecer una distinción esencial. Escuchar no significa que una administración pública deba asumir automáticamente todas las posiciones de un determinado sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses y las organizaciones empresariales cumplen su función cuando trasladan las preocupaciones de sus asociados. El Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y tomar las decisiones que mejor respondan al interés general de Gran Canaria.

Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones similares. En otras grandes actuaciones promovidas por el Cabildo - la última, la del futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico- se cuestionaron inicialmente por los constructores grancanarios los presupuestos o las condiciones de las licitaciones. En el caso señalado las obras encontraron una UTE, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutarlas. Los constructores grancanarios pusieron el grito en el cielo, pero la obra se está ejecutando. La experiencia aconseja escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.

Resulta, por eso, llamativa la rapidez con la que algunos han querido transformar una incidencia en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación comenzaron los juicios definitivos, los reproches y las dudas sobre la capacidad del Cabildo para sacar adelante el proyecto. La crítica es legítima y necesaria en una democracia. Pero también lo es preguntarse por qué determinados sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en una oportunidad de desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla. Se dejan ver también en estos casos los que envidian el progreso de Gran Canaria.

El Mundial no pertenece a un gobierno. Pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política. Será una infraestructura pública que quedará al servicio de la isla durante décadas. Por eso convendría no confundir la fiscalización con el deseo de que las cosas salgan mal.

Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial. Hemos trabajado durante años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que nos descubran ahora la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud. La conocíamos cuando asumimos el reto y la conocemos mejor después de los estudios técnicos y del trabajo desarrollado. Este Cabildo tiene experiencia en la gestión de proyectos extraordinariamente complejos. El Salto de Chira constituye una de las mayores actuaciones energéticas que se ejecutan en España. Hemos impulsado la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, con nuevos centros para afrontar un déficit acumulado durante décadas. Avanzamos en la transformación del Centro Insular de Deportes, en la inauguración del Museo de Bellas Artes, en el nuevo INFECAR y en otras infraestructuras estratégicas para el futuro de la isla.

Ninguno de esos proyectos ha sido sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Surgen imprevistos, cambian las condiciones del mercado y aparecen obstáculos que obligan a modificar decisiones. La diferencia no está en que existan problemas. Está en la capacidad para resolverlos. Eso es gobernar.

Ahora corresponde determinar por qué la licitación del estadio quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si es necesario revisar aspectos del procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas con capacidad técnica y solvencia suficientes, se utilizarán los mecanismos previstos. Si los informes objetivos aconsejan adoptar otras decisiones, se estudiarán y se explicarán con transparencia.

No habrá improvisación, pero tampoco parálisis. Sabemos, además, que cualquier decisión generará críticas. Si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica y de poner en riesgo la celebración del Mundial. Si realizamos la inversión necesaria, porque haya aumentado el coste de los materiales, habrá quienes contrapongan ese esfuerzo a otras necesidades sociales.

Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar las urgencias del presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas.

El mismo Cabildo que impulsa el estadio está desarrollando la mayor inversión sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, liderando la adaptación y la mitigación del cambio climático, la transición energética y la soberanía alimentaria, garantizando la seguridad hídrica, impulsando la diversificación económica -multiplicando el PIB en economía azul, disparando el uso del transporte público, potenciando la economía circular, convirtiéndose en referencia en economía verde y lucha contra los incendios…-, y afrontando importantes necesidades sociales en materia de vivienda y de equipamientos sociales, culturales y deportivos. También medioambientales, industriales y comerciales. O de creación de empleo, de políticas de igualdad y de cuidados. El progreso de una sociedad no se construye eligiendo permanentemente entre unas políticas y otras, sino generando los recursos y la capacidad pública necesarios para avanzar en distintos frentes.

El estadio tampoco se transforma para unas pocas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá después de que termine el último partido. Será parte del patrimonio público de Gran Canaria y un equipamiento deportivo, económico y social para las próximas generaciones.

Por eso afrontamos la situación actual con responsabilidad y determinación. Sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo. Analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas que ofrece la legislación y tomando las decisiones que correspondan.

Una licitación desierta no borra los años de trabajo que permitieron traer el Mundial a Gran Canaria. No invalida la necesidad de transformar el estadio. Y no convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico. Las grandes decisiones se miden, precisamente, cuando aparecen las dificultades.

Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había ninguna garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades, construyó una candidatura sólida, sumó voluntades y alcanzó un objetivo que durante años parecía lejano. Ahora tenemos delante otro desafío. Lo afrontaremos con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.

Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba. Y este Cabildo no ha llegado hasta aquí para detenerse ante el primer tropezón que aparezca.

Las paredes del antiguo Hospital Psiquiátrico acumulan veinte años de silencio. Dos décadas en las que ese edificio singular, concebido por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre como una de las referencias del racionalismo en España, ha permanecido mudo entre la arboleda de Tafira, como una imagen congelada en el tiempo. Hoy, ese silencio termina. El Cabildo de Gran Canaria ha dado inicio a las obras de rehabilitación del inmueble para convertirlo en el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana, un equipamiento llamado a convertirse en pieza clave de las políticas de atención y justicia social de la isla.

Colocar la primera piedra de este proyecto hace un par de días fue mucho más que un acto protocolario. Es la culminación de años de planificación, de voluntad política sostenida y de la convicción de que los cuidados no son un gasto, sino una inversión en derechos y en cohesión social. Es también el reconocimiento de que Gran Canaria tiene una deuda pendiente con este edificio y con las personas que un día lo habitaron.

El racionalismo nació del principio de poner la arquitectura al servicio de una función a través de la pureza de las líneas y las formas. Ese precepto fundacional encontrará ahora su expresión más plena. Tras la intervención impulsada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo, con una inversión de algo más de 40 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de dos años, el edificio no será una infraestructura más: será, en palabras que me permito tomar prestadas del propio lenguaje arquitectónico, un gran abrazo protector.

La rehabilitación preservará los valores patrimoniales del inmueble y eliminará los añadidos que distorsionaban la obra original. Los jardines serán regenerados con especies propias del Paisaje Protegido de Tafira, y el conjunto alcanzará una eficiencia energética prácticamente plena. La vocación racionalista del edificio —ajustarse con precisión a un objetivo— encontrará así su razón de ser en un proyecto que esquiva la lógica operativa de los grandes centros hospitalarios para apostar por un modelo más personalizado y humano.

El futuro centro dispondrá de 242 plazas residenciales, organizadas en 17 unidades convivenciales y 2 viviendas tuteladas, destinadas fundamentalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física, y a usuarios y usuarias con enfermedad mental. Se suman 30 plazas de día, completando una oferta que pondrá las necesidades y la autonomía de las personas en el centro de cada decisión.

Hay algo en este proyecto que va más allá de los metros cuadrados y de las plazas residenciales, y quiero detenerme en ello. El nuevo centro llevará el nombre de la doctora Carlota de la Quintana: pionera de la medicina en el archipiélago, primera mujer médica especialista de Canarias y tercera de España, conocida por muchos como la doctora de los pobres.

Parecía que el destino tenía reservado un lugar conjunto para este edificio y para la doctora De la Quintana. Ella dedicó su profesión y gran parte de su vida al auxilio de las personas más necesitadas; fue la mano sanadora que llegó donde prácticamente nadie llegaba, luz de la medicina en la oscuridad de la injusticia social, la combinación perfecta de ciencia y humanidad. Nos dejó en el año 2011 a los 102 años, pero Doña Carlota pertenece a esa clase de personas eternas que permanecen gracias a su legado, tan sólido como los cimientos de estos pabellones.

Quienes creemos en la igualdad sentimos la obligación de continuar ese camino. El nombre del centro no es un homenaje decorativo: es un compromiso. Del mismo modo que el Centro Benedicta Ojeda, inaugurado hace unos meses, honra a la gran referente de la enfermería en Gran Canaria, el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana incorpora a su misión institucional el ejemplo de una mujer que entendió los cuidados como un acto de justicia.

Esta actuación se enmarca en el mayor esfuerzo inversor en el ámbito sociosanitario del Cabildo de las últimas dos décadas. El Segundo Plan Sociosanitario del Cabildo prevé la creación de 1.600 nuevas plazas públicas y cerca de 400 más impulsadas por el tercer sector con financiación insular. Nació con una dotación de 90 millones de euros y, gracias a una aportación adicional de 110 millones de fondos propios, alcanza una inversión total de 200 millones. Más de la mitad de las plazas ya están en servicio.

A ello se suma el Convenio de Dependencia 2025-2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, que moviliza 604 millones de euros para garantizar la estabilidad de los servicios, atender cada año a más de 5.300 hombres y mujeres y consolidar un modelo de cuidados centrado en la persona. En la última década, Gran Canaria ha duplicado el número de personas atendidas, diversificando los recursos con centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria y dispositivos especializados.

Las cifras no son retórica. Son el resultado de años de planificación y de acuerdos institucionales complejos, sostenidos por una voluntad política que rechaza mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia. Nadie, absolutamente nadie, puede quedar al margen del futuro al que aspiramos.

La experiencia de la pandemia nos confirmó que invertir en planificación y cuidados fortalece la protección de toda la sociedad. Por eso, mientras se ejecutan las obras del Centro Carlota de la Quintana y continúan desarrollándose otras infraestructuras, el Cabildo ya trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario. Las demandas crecen y no admiten pausas.

Me gusta pensar que un edificio, una ciudad, una isla, están hechos sobre todo de emociones: las líneas trazadas en los planos deben determinar el punto de encuentro entre la arquitectura y las aspiraciones colectivas. El antiguo Hospital Psiquiátrico fue en su día un barco varado en un océano de olvido. Hoy reflota y marca el rumbo. Estoy convencido de que este edificio hablará alto y claro de todo aquello que podemos lograr cuando Gran Canaria trabaja unida. El silencio ha terminado.

Gran Canaria vive un momento singular. Así lo evidenció el tercer Debate sobre el Estado de la Isla de este mandato -celebrado los días 22 y 23 de este mes-, un ejercicio de rendición de cuentas que retrata a una institución con proyecto definido, rumbo claro y resultados tangibles. Lejos del discurso autocomplaciente, y más allá del todo está mal de la oposición, los datos que emergen del balance del último año, por parte del gobierno de la isla, dibujan una isla que crece en valor, que crea empleo a ritmo histórico y que consolida un modelo ecosocial orientado al horizonte Gran Canaria 2050.

En un contexto de profunda decepción ciudadana con la política estatal e internacional, desde el gobierno insular —sostenido por las fuerzas progresistas del Cabildo durante once años consecutivos— nos sentimos orgullosos de haber contribuido a construir un clima de respeto institucional y diálogo alejado de la polarización. Esa estabilidad política, poco frecuente en el panorama actual, ha permitido planificar a largo plazo y ejecutar transformaciones estructurales que ya están dando frutos.

El Cabildo se presenta hoy como una institución solvente, con capacidad de alzar la voz cuando es necesario —frente a la conversión de Gran Canaria en zona de internamiento de migrantes, reclamando inversiones estatales justas o ante decisiones autonómicas discriminatorias— y a la vez capaz de tender puentes con los 21 municipios de la isla y con todos los sectores económicos y sociales. La visita del papa León XIV el pasado 11 de junio, acogida con madurez y orgullo por la ciudadanía, fue la última expresión pública de esa identidad grancanaria en plena forma.

El primer indicador de la salud de cualquier sociedad es el empleo, y aquí Gran Canaria ofrece su mejor cara. En 2025, la isla cerró con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que el año anterior, y superó por primera vez los 360.000 afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 1,9%. El paro registrado cayó un 6,6%, situándose en torno a las 63.000 personas y en una tasa del 14,8%, mínimos históricos para la isla.

Pero más relevante que el número es la transversalidad de esa mejora. El desempleo femenino cae con fuerza y, de forma especialmente significativa, el paro juvenil cerró 2025 por debajo del 20%, frente al 45% que registraba la isla cuando comenzó este periodo de gobierno, en 2015. Una isla que ofrece oportunidades a sus jóvenes es una isla que construye futuro.

Los datos de 2026 consolidan esta tendencia. El primer trimestre del año fue el mejor de toda la serie histórica, con 381.390 personas ocupadas, y la tasa de paro ha bajado ya al 14,5%. Al mismo tiempo, crecen las empresas medianas —entre 10 y 250 trabajadores— y aumenta la presencia de grandes empresas que eligen Gran Canaria para proyectos de mayor envergadura.

En materia turística, la estrategia cualitativa demuestra su eficacia. En 2025, Gran Canaria recibió 4.856.485 turistas, un 2,97% más, con un gasto diario de 180,66 euros por visitante —un 3,4% más— y una facturación turística que creció un 4,3%, alcanzando los 6.280,8 millones de euros al cierre del año. 

Con un crecimiento moderado del número de turistas, la rentabilidad se ha duplicado. Esta es la esencia del modelo que defiende el Cabildo: consolidar un turismo de mayor valor añadido, con menor presión sobre el territorio, el medioambiente y la convivencia social. La posición es clara y contrapuesta a la que sostienen los partidos de la derecha canaria: Gran Canaria tiene límites territoriales, ambientales y sociales, y superarlos sería un suicidio económico y social.

Los primeros meses de 2026 confirman la senda: el gasto diario crece un 3,3% y la facturación turística sube un 6,2%. Una estrategia correcta que el Consorcio Turístico de Maspalomas refuerza con 7,3 millones de euros movilizados para la renovación del destino.

Las cifras del aeropuerto y el puerto certifican el liderazgo estratégico de la isla. El Aeropuerto de Gran Canaria cerró 2025 con 15.826.553 pasajeros, convirtiéndose en el primer aeropuerto de Canarias por tráfico, con un crecimiento del 4%. El Puerto de Las Palmas superó los 32 millones de toneladas movidas, un 15,7% más, consolidándose por primera vez como el cuarto puerto de la red estatal. El puerto no es solo una infraestructura logística: es una plataforma para la economía azul, la reparación naval, la internacionalización y la generación de empleo cualificado. El sector azul ya representa el 11% del PIB insular, muy por encima, casi cinco puntos, de la media canaria.

En movilidad interior, el récord también es histórico: 107 millones de viajes en transporte público en el último año. El Cabildo contribuye con 40,6 millones de euros a la gratuidad del transporte, y ha acometido una renovación de flota con 7,3 millones de euros adicionales. Aportaremos 15 millones más en las próximas semanas. La inauguración del Intercambiador de Tamaraceite y el Centro de Control de la Movilidad —con una inversión de 10,7 millones— así como el avance decisivo del proyecto del tren de Gran Canaria, con la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y el inicio de las expropiaciones, completan un cuadro de movilidad sostenible e integrada en plena construcción.

Las energías renovables alcanzaron el 28,17% del mix energético insular en 2025, situando a Gran Canaria a la cabeza de las islas en penetración de renovables. La pieza central de esta transformación es el Salto de Chira, con más del 65% del proyecto ya ejecutado. En pocos meses, el agua desalada comenzará a entrar en la presa de Soria, abriendo un nuevo horizonte de soberanía energética e hídrica.

El modelo se completa con instalación de renovables en infraestructuras públicas, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y comunidades energéticas, con una inversión de 25 millones de euros. En materia hídrica, se mejoran y amplían depuradoras en todo el arco de la isla, garantizando abastecimiento y uso agrícola. Una apuesta por la soberanía alimentaria que se refuerza con ayudas directas a más de 1.200 agricultores, 19 obras en caminos rurales y 26 eventos de promoción del producto kilómetro cero.

El área de servicios sociales registra la inversión más alta que jamás ha realizado el Cabildo. El Plan Sociosanitario supera los 120 millones de euros en infraestructuras, a los que se suman las subvenciones directas a entidades del tercer sector, acercando el total a los 140 millones. Más de dos mil plazas nuevas en centros sociosanitarios —muchos ya inaugurados, otros a punto de abrirse—, además de la reforma del antiguo psiquiátrico para convertirlo en un gran centro sociosanitario que pasará a llamarse Carlota de la Quintana.

En educación, las becas alcanzan los 2,15 millones de euros, con casi 1.500 estudiantes beneficiados. En empleo, más de 1.000 personas han accedido a empleos fomentados directamente desde el Cabildo con una inversión de 27 millones. En vivienda, se han activado convenios para la construcción de más de seiscientas viviendas públicas en alquiler asequible, superando las competencias estrictas de la institución.

La inversión en infraestructuras deportivas se acerca a los 200 millones de euros en el conjunto del mandato: el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva consolidan a la isla como sede de grandes eventos internacionales. La próxima inauguración del CAAM renovado, el apoyo al Museo Canario y la apertura de nuevos centros de interpretación del patrimonio arqueológico refuerzan la apuesta por la identidad y la memoria colectiva de Gran Canaria.

Salto de Chira, estadio, pabellón ferial, centros sociosanitarios, Museo de Bellas Artes, tren, Centro Insular de Deportes: 600 obras que transforman el territorio. Una hacienda saneada, con unos presupuestos que han superado los mil millones de euros por primera vez en la historia del gobierno de la isla, con un periodo medio de pago a proveedores de 5,25 días, y 1.208 millones de euros tramitados en pagos durante el año.

Gran Canaria no está exenta de retos. La incertidumbre internacional —las guerras, la tensión geopolítica y el proteccionismo comercial— obliga a la prudencia. La mejora del empleo debe ir acompañada de mayor calidad y formación. Pero la tendencia es clara. Once años de proyecto político sostenido, de inversión pública inteligente, de diálogo y de apuesta por las personas antes que por el crecimiento desmedido están dando sus frutos. Gran Canaria progresa, y lo hace con el esfuerzo de todas y de todos.

Diez días después de la visita del Papa a Gran Canaria, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la unidad nos hace más fuertes para alcanzar las metas que nos propongamos. La visita de León XIV a esta isla alcanzó una notable proyección en medios internacionales, llegando a más de quince millones de personas. Las imágenes de su llegada a la Base Aérea de Gando, el encuentro con los migrantes en Arguineguín, los actos en la Catedral de Santa Ana y la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria se distribuyeron mediante señal internacional, reforzando la visibilidad global de la isla, tanto como territorio turístico como punto neurálgico de las rutas migratorias hacia Europa.

El tono dominante que percibo en la opinión pública es de satisfacción y orgullo por el hito histórico y por el trabajo conjunto en la organización de la visita de diócesis, administraciones y entidades sociales en la organización. La isla fue capaz de absorber el incremento de tráfico, visitantes y ocupación hotelera, potenciando su imagen como territorio preparado para grandes eventos complejos.

Y es que hay momentos en la vida de un pueblo que trascienden la mera anécdota y se convierten en espejo donde una sociedad se reconoce a sí misma, donde descubre de qué está hecha, cuáles son sus valores más profundos y hasta dónde llega su capacidad colectiva cuando decide actuar como un solo cuerpo.

La visita del papa León XIV a Gran Canaria fue, sin duda, uno de esos momentos. No solo por su dimensión religiosa o por el peso simbólico que entraña recibir al líder espiritual de más de mil millones de católicos en el mundo, sino porque reveló algo más íntimo y quizás más perdurable: la extraordinaria potencia que emerge cuando una isla entera decide hablar con una sola voz, moverse con un solo propósito y mostrar al mundo lo mejor de sí misma.

Esa fuerza no nació de la improvisación ni del azar. Fue el resultado de un proceso de convergencia en el que instituciones, organizaciones sociales, ciudadanía y administraciones de distinto signo y competencia se alinearon en torno a un objetivo común. Y ese alineamiento, esa suma de voluntades, es precisamente la lección más valiosa que nos deja este acontecimiento histórico, más allá de las imágenes impactantes, las cifras de asistencia o los titulares que recorrieron el mundo.

Gran Canaria es una isla compleja. Como cualquier sociedad moderna, alberga en su interior tensiones, debates, diferencias de criterio y pluralidad de intereses. Esa diversidad es, en sí misma, una riqueza. Pero la diversidad sin capacidad de articulación puede convertirse en fragmentación, y la fragmentación debilita. Lo que demostró la visita papal es que esta isla ha madurado lo suficiente como para sostener la pluralidad y, al mismo tiempo, construir unidad cuando la ocasión lo exige.

Las instituciones que habitualmente operan en ámbitos separados -el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Delegación del Gobierno de España, la Diócesis de Canarias- trabajaron en coordinación estrecha para diseñar y ejecutar un dispositivo de una complejidad extraordinaria. Cada engranaje cumplió su función. Cada actor asumió su responsabilidad sin intentar protagonismos estériles ni trasladar sus cargas al vecino. El resultado fue una maquinaria que funcionó, como dije en algún momento, “como un reloj”. No es una metáfora menor: un reloj solo funciona cuando todas sus piezas, por pequeñas que sean, cumplen su papel en el momento exacto.

Pero la coordinación institucional, siendo imprescindible, no habría bastado por sí sola. Lo que verdaderamente infundió vida al dispositivo fue el civismo y la implicación de la ciudadanía. Decenas de miles de personas se desplazaron con orden, con paciencia, con sentido de la responsabilidad colectiva. Priorizaron el transporte público sobre el vehículo privado. Respetaron los protocolos. Siguieron los itinerarios previstos. Y lo hicieron, no porque fueran obligadas, sino porque entendieron que, en esa jornada, ser parte de la solución era también una forma de ser parte de la historia. Eso es civismo en su expresión más genuina: la conciencia de que el espacio colectivo nos pertenece a todos y a todas; que cuidarlo es también cuidarnos.

La logística de un evento de esta magnitud es, en sí misma, un relato elocuente sobre las capacidades de un territorio. Gran Canaria recibió en pocas horas a una cantidad de personas que transformó por completo la fisonomía urbana de su capital y de varios puntos neurálgicos de la isla. Las paradas en el puerto de Arguineguín, en la Catedral y Plaza de Santa Ana y en el Estadio de Gran Canaria configuraron un recorrido que exigió una planificación milimétrica en materia de movilidad, seguridad, comunicación y gestión de espacios.

El hecho de que la zona de Siete Palmas -donde se congregaron cerca de cuarenta mil personas entre el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el Anexo -quedara totalmente despejada apenas hora y media después de la conclusión de la misa multitudinaria no es un dato menor. Es una demostración palpable de eficiencia, de anticipación y de profesionalidad. Las lanzaderas y servicios especiales de Global, los aparcamientos disuasorios, la coordinación de flujos… todo fue trazado con precisión y ejecutado con solvencia. Y todo ello, en última instancia, es el producto de instituciones que confían las unas en las otras, de equipos técnicos que se sienten respaldados y de una ciudadanía que cumple su parte del contrato social.

Este tipo de demostraciones no son gratuitas. Tienen un valor que va mucho más allá del evento concreto. Proyectan una imagen de solvencia ante el mundo, refuerzan la autoestima colectiva y sientan un precedente sobre el que construir futuros retos. Una isla que es capaz de gestionar con garantías absolutas un acontecimiento de esta envergadura está enviando un mensaje inequívoco a propios y extraños: estamos preparados, somos capaces, podemos.

Más allá de la logística y la coordinación, lo que late en el fondo de todo lo acontecido es algo más difícil de medir pero igualmente real: la conciencia de identidad compartida. Lo definí en los medios de comunicación como “un momento de cohesión social y de expresión de la grancanariedad”. Esa palabra, cargada de significado, apunta a algo que va más allá de la geografía o la administración. Habla de un nosotros que se reconoce en valores comunes: el encuentro, la integración, la paz, el entendimiento.

Gran Canaria lleva décadas construyendo esa identidad desde su peculiar posición en el mundo, en el cruce de rutas entre continentes, en la encrucijada entre Europa, África y América. Una isla que ha sido históricamente lugar de paso, de mezcla y de acogida. Y esa tradición no es un accidente geográfico: es una forma de ser que se ha ido sedimentando en la cultura, en las actitudes, en la manera de relacionarse con el otro. La visita papal fue una oportunidad para que esa identidad se expresara con toda su potencia ante la mirada del mundo.

Y el mundo miró. El papa León XIV lo percibió y transmitió su satisfacción y agradecimiento por la acogida y la experiencia vivida en la isla. Cuando el máximo representante de una de las instituciones más antiguas del planeta reconoce en un territorio una capacidad especial para el encuentro y la integración, está validando algo que los grancanarios y grancanarias llevan mucho tiempo construyendo en silencio, con la perseverancia discreta de quien sabe que los valores verdaderos no se proclaman, se practican.

Porque la unidad de una sociedad no se forja solo en los momentos de celebración y orgullo colectivo. Se forja, sobre todo, en la capacidad de mirar juntos las realidades más duras, de asumir la incomodidad moral que genera la injusticia y de comprometerse colectivamente con respuestas a la altura de los desafíos. Una isla que puede hacer ambas cosas a la vez -organizarse con eficiencia y mantener viva la conciencia ética- es una isla verdaderamente fuerte.

En definitiva, lo que nos enseña este acontecimiento histórico es que la unidad no es solo un valor abstracto ni un eslogan para tiempos de crisis. Es una ventaja concreta, una capacidad real que se cultiva, que se ejercita y que, cuando llega el momento, marca la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta excepcional.

Gran Canaria demostró que puede. Demostró que cuando sus instituciones se coordinan, cuando su ciudadanía responde con civismo y cuando su identidad colectiva se pone al servicio de un propósito compartido, no hay reto demasiado grande. Y esa demostración, más que cualquier titular o imagen, es el legado más duradero de la visita del papa León XIV a esta isla atlántica que supo estar, en el momento decisivo, a la altura de la historia.

El puerto pesquero se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes

Entre agosto y noviembre de 2020, Gran Canaria vivió una crisis migratoria muy dura. Ante el aumento de llegadas por la ruta canaria, el Gobierno de España improvisó en el muelle de Arguineguín un campamento que llegó a concentrar hasta unas 2.600 personas en condiciones de hacinamiento indignas. Numerosas instituciones y organizaciones humanitarias exigieron el cierre inmediato de las instalaciones en el que llamaron el “muelle de la vergüenza”. 

El puerto pesquero de Arguineguín se convirtió en el símbolo más visible de la inacción y la improvisación institucional del Ministerio del Interior español. La falta de recursos, planificación y respuesta eficaz derivaron en una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Las imágenes del muelle, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron la ausencia de una estrategia adecuada y la falta de respeto hacia la dignidad de quienes buscaban protección y un futuro mejor.

En su visita a Gran Canaria el pasado jueves, León XIV se acercó a este muelle de pescadores - “símbolo mundial de la ruta atlántica”- para recordar a quienes perdieron su vida en ella, denunciar el trato que recibieron y reciben las personas migrantes, reconocer el trabajo de organizaciones, voluntariado e instituciones que los atienden y convertir el lugar en símbolo de acogida, integración y esperanza. En su estancia en la isla, León XIV insistió en trasladar a la humanidad la necesidad de abrazar la paz, amparar a las personas migrantes, cuestionar las políticas migratorias europeas y defender la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Este hecho histórico nos debe servir para pararnos a pensar detenida y profundamente sobre todo ello en estos tiempos convulsos. 

Vivimos una época marcada por profundas tensiones internacionales, por el avance de los discursos de odio y por una creciente polarización política y social que amenaza con erosionar los fundamentos democráticos construidos durante décadas. Las guerras, los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas y el deterioro ambiental generan incertidumbre y miedo en amplios sectores de la población. En medio de ese contexto convulso, territorios como Canarias adquieren un valor simbólico y político singular como espacios de convivencia, diversidad y encuentro entre culturas.

La historia del archipiélago canario ha estado siempre vinculada al intercambio humano. Su posición geográfica, en medio del Atlántico y entre continentes, convirtió a las islas en lugar de paso, de acogida y de mestizaje cultural. Europa, África y América confluyen en Canarias no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde una realidad humana que ha moldeado la identidad insular a lo largo de los siglos. Esa mezcla de influencias constituye hoy uno de los principales patrimonios sociales y culturales del archipiélago.

La diversidad no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad colectiva. Sin embargo, en muchos lugares resurgen posiciones políticas que convierten la diferencia en motivo de confrontación. Se alimentan prejuicios contra quienes piensan distinto, profesan otra religión o proceden de otros países, mientras crecen discursos que simplifican la complejidad social mediante el miedo y la exclusión.

Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar una cultura democrática basada en el respeto mutuo, el pluralismo y el diálogo. La democracia no consiste únicamente en votar; requiere una convivencia asentada en principios éticos y sociales que reconozcan la dignidad de todas las personas. Sin pluralismo no existe una democracia plena.

La convivencia democrática exige fortalecer los espacios de encuentro. Las sociedades más cohesionadas son aquellas capaces de dialogar desde sus diferencias sin convertirlas en trincheras irreconciliables. El respeto a la diversidad cultural, religiosa y social implica construir valores comunes desde el reconocimiento del otro y un compromiso activo con los derechos humanos.

En Canarias, esta realidad posee una relevancia especial. El archipiélago ha conocido los efectos de la emigración, la pobreza y la dependencia exterior. Miles de canarios tuvieron que abandonar su tierra buscando oportunidades, una memoria que debería reforzar la empatía hacia quienes hoy llegan huyendo de la guerra, el hambre o la desesperación. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y deben abordarse desde la cooperación y el respeto a la dignidad humana.

Las islas se encuentran además en una posición sensible ante grandes desafíos globales. La crisis climática, la escasez de recursos y la dependencia energética obligan a repensar el modelo de desarrollo. La sostenibilidad no puede separarse de la justicia social ni del bienestar colectivo. Por eso resulta fundamental avanzar hacia modelos económicos que prioricen la sostenibilidad ambiental, la soberanía energética y el equilibrio territorial. El progreso debe situar a las personas y al territorio en el centro de las decisiones políticas.

Muchas son las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Esta realidad es utilizada a menudo de manera irresponsable por determinados grupos políticos - de extrema derecha y de algunos que se llaman progresistas- para señalar a colectivos vulnerables y alimentar la xenofobia.

La defensa de la democracia y sus valores también pasa por combatir las desigualdades. Allí donde existen exclusión y precariedad se debilita la confianza colectiva. Las políticas públicas deben garantizar derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad y el empleo digno.

En este contexto, la cultura es una herramienta esencial para construir ciudadanía crítica y cohesionada. A través de la educación y el intercambio cultural se fortalecen valores como la empatía, la convivencia y el pensamiento democrático. Las sociedades que fomentan el diálogo son menos vulnerables a los extremismos.

También las tradiciones espirituales y religiosas pueden contribuir a generar puentes de entendimiento cuando se sitúan al servicio de la dignidad humana, la justicia y la paz. La convivencia democrática exige reconocer la libertad de conciencia y el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores dentro del respeto a los derechos comunes.

Canarias posee condiciones singulares para convertirse en un referente de convivencia atlántica. Su realidad multicultural y su posición estratégica la sitúan en un lugar privilegiado para impulsar una visión basada en la cooperación entre pueblos y culturas. Esa vocación de encuentro debe formar parte de un proyecto comprometido con la paz, la sostenibilidad y la justicia social.

Pero defender esos valores requiere valentía cívica. Es necesario combatir activamente los discursos xenófobos, racistas o autoritarios que intentan normalizar la exclusión. La democracia necesita una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y con la construcción de sociedades inclusivas.

En tiempos de incertidumbre global, resulta más necesario que nunca recuperar el valor de la convivencia. Frente a quienes pretenden dividir mediante el miedo, es imprescindible reivindicar la solidaridad, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Canarias puede y debe seguir siendo un espacio abierto al mundo, donde la diversidad sea fuente de riqueza colectiva.

La paz no es solamente la ausencia de guerra. Se construye garantizando dignidad, igualdad y oportunidades para todas las personas; defendiendo la democracia frente al autoritarismo, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente. En una época marcada por la confrontación y la zozobra, apostar por la convivencia y el pluralismo constituye una condición imprescindible para construir un futuro más justo y humano.

La visita y el mensaje del papa León XIV nos deben servir igualmente para reflexionar sobre convivencia, diversidad y democracia en tiempos de incertidumbre.

Bienvenido a Gran Canaria, León XIV. Su llegada a Gran Canaria, a este archipiélago atlántico, constituye un acontecimiento de enorme trascendencia que desborda lo estrictamente religioso para situarse en un plano mucho más amplio, profundamente humano, social y político. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, desigualdades crecientes y un preocupante retroceso de valores democráticos, su presencia en Canarias adquiere un significado especial. Estas islas, históricamente situadas en la encrucijada entre continentes, se convierten hoy en un escenario privilegiado desde el que proyectar un mensaje de paz, convivencia y diálogo entre culturas.

Canarias ha sido, desde sus orígenes, un territorio de encuentro. Su posición geográfica entre Europa, África y América ha favorecido el intercambio constante de personas, ideas y tradiciones, configurando una sociedad diversa y abierta. Esa diversidad no ha estado exenta de desafíos, pero ha sabido transformarse en una de sus mayores fortalezas. El pluralismo cultural y religioso que caracteriza a las islas es hoy un ejemplo de convivencia que merece ser reconocido y reforzado. En este sentido, su visita no solo tiene un valor simbólico, sino también una oportunidad para reforzar el ecumenismo y el diálogo interreligioso como herramientas fundamentales para construir sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas.

La presencia de un líder espiritual de su dimensión en Canarias invita a reflexionar sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un elemento de división, la fe puede y debe actuar como un punto de encuentro, como un espacio común desde el que impulsar valores universales como la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana y el respeto mutuo. En un tiempo en el que proliferan los discursos excluyentes, los nacionalismos cerrados y las políticas del miedo, su mensaje adquiere una relevancia aún mayor. Canarias, con su tradición de convivencia, está en condiciones de proyectar al mundo esa visión integradora que usted defiende con firmeza.

Junto a esta dimensión cultural y espiritual, existe otra profundamente arraigada en la identidad canaria: su vocación de paz. A lo largo de su historia reciente, la sociedad de las islas ha manifestado de forma reiterada su rechazo a la guerra y a la militarización del territorio. Episodios como la oposición a la instalación de bases militares o el posicionamiento diferenciado en debates de alcance estatal reflejan una conciencia colectiva orientada hacia la neutralidad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Canarias ha defendido, con claridad, que su papel en el mundo no debe ser el de plataforma estratégica para la confrontación, sino el de espacio de cooperación entre pueblos.

Este compromiso conecta de manera directa con las posiciones que usted ha expresado desde el inicio de su pontificado. Su denuncia de la guerra como una derrota de la humanidad y su insistencia en la necesidad de apostar por la negociación, el desarme y la diplomacia resuenan con especial fuerza en esta tierra. En un momento en el que los conflictos internacionales parecen enquistarse y la lógica de bloques vuelve a imponerse, su voz representa una llamada urgente a recuperar el sentido común, la responsabilidad compartida y la centralidad de la vida humana por encima de cualquier interés geopolítico.

Su firmeza frente a los discursos autoritarios y su defensa de los derechos humanos han marcado un punto de inflexión en el debate global. En un escenario donde algunas de las principales potencias del mundo optan por el enfrentamiento, la exclusión y el debilitamiento de las instituciones internacionales, su posición supone un contrapunto ético de gran relevancia. Canarias, que ha vivido históricamente las consecuencias de las decisiones tomadas lejos de su territorio, comprende bien la importancia de defender un orden internacional basado en la justicia, la cooperación y el respeto mutuo.

Sin embargo, si hay un ámbito en el que su visita adquiere una dimensión especialmente significativa es el de la migración. Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano. La llamada ruta atlántica representa una de las travesías más peligrosas del mundo, marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y, en demasiadas ocasiones, la tragedia. Detrás de cada llegada hay historias de vida que interpelan directamente a la conciencia colectiva y que obligan a replantear las políticas migratorias desde una perspectiva más humana.

Su compromiso con las personas migrantes ha sido claro y constante. Ha defendido la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar, denunciando con contundencia la “globalización de la indiferencia” y cuestionando aquellos modelos que priorizan el control de fronteras sobre los derechos humanos. Este mensaje encuentra en Canarias un espacio especialmente sensible, donde la realidad migratoria no es una abstracción, sino una experiencia cotidiana. Las islas conocen bien las dificultades de la acogida en un territorio limitado, pero también han demostrado una enorme capacidad de solidaridad.

En este contexto, su presencia contribuye a situar en el centro del debate europeo la dimensión humanitaria de la migración. La Unión Europea se encuentra en un momento clave, con reformas en marcha que buscan redefinir su política de asilo y migración. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre el riesgo de que estas medidas refuercen el papel de los territorios fronterizos como espacios de contención. Canarias, por su ubicación geográfica, podría verse especialmente afectada por este enfoque, lo que plantea desafíos importantes tanto desde el punto de vista logístico como ético.

Su visita ofrece una oportunidad única para amplificar este debate y para recordar que detrás de cada política hay personas concretas, con derechos, con dignidad y con aspiraciones legítimas. Su voz aporta legitimidad a una crítica necesaria sobre aquellos modelos que deshumanizan y que erosionan los valores fundamentales sobre los que se construye la convivencia democrática. Canarias, en este sentido, no quiere ser un límite, sino un puente; no un espacio de retención, sino un lugar de acogida y de tránsito digno.

Más allá de estas dimensiones, su presencia tiene también un impacto simbólico de gran alcance. En un momento en el que el mundo parece avanzar hacia la fragmentación, su visita a un territorio como Canarias lanza un mensaje poderoso: la importancia de los espacios de encuentro, de las periferias que conectan, de los lugares donde es posible construir alternativas basadas en la cooperación y el entendimiento. Estas islas, alejadas de los grandes centros de poder, representan precisamente esa otra forma de estar en el mundo.

Canarias le recibe, por tanto, con una mezcla de respeto, esperanza y responsabilidad. Respeto por la figura que representa y por el liderazgo moral que ejerce en un momento especialmente complejo. Esperanza porque su mensaje y compromiso pueden contribuir a abrir caminos de diálogo y a reforzar valores que hoy más que nunca necesitan ser reivindicados. Y responsabilidad porque esta visita también interpela a la propia sociedad canaria, que debe estar a la altura de los principios que dice defender.

No se trata únicamente de acogerlo como líder religioso, sino de asumir el reto que su presencia plantea: seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con la dignidad humana. Canarias tiene la oportunidad de mostrarse al mundo como lo que es: un territorio diverso, abierto, profundamente humano y con una firme vocación de paz.

Y todo esto condicionado por las consecuencias de la ultraperificidad y de un modelo de desarrollo que, pese al crecimiento económico y turístico, no ha logrado garantizar el bienestar de una parte importante de la población. El archipiélago mantiene algunas de las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social del Estado, mientras la desigualdad se acentúa y el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave para miles de familias. A ello se suma la presión sobre el territorio y los servicios públicos, la precariedad laboral y las dificultades derivadas de la insularidad. Canarias representa así el desafío de compatibilizar desarrollo económico, justicia social y protección ambiental en un territorio limitado y vulnerable.

Esta isla, León XIV, le abre sus puertas como tierra de encuentro, de diálogo y de esperanza. Aquí encontrará un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la convivencia, en la justicia y en la necesidad de construir un futuro compartido donde nadie quede atrás.

En la última década, España ha vivido graves casos de corrupción que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones. El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas destaparon una trama de financiación ilegal vinculada al Partido Popular y precipitaron la caída del gobierno de Mariano Rajoy en 2018. En medio, el caso ERE reveló un sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía durante gobiernos socialistas. También el exministro del PP Rodrigo Rato fue condenado por un delito contra la hacienda pública y Cristóbal Montoro, otro exministro del PP, está siendo juzgado por montar presuntamente una red clientelar para hacer leyes al dictado de intereses empresariales. Los casos Kitchen, Púnica y Lezo, de corrupción urbanística y de utilización de la policía con fines torticeros, afectaron al PP, mientras que el caso Koldo ha golpeado al PSOE por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia y posibles pagos irregulares vinculados al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En mayo de 2026, la UCO se personó en la sede del PSOE en Ferraz dentro de nuevas investigaciones judiciales sobre presunta financiación irregular y el denominado caso Leire Díez.

La corrupción constituye una de las amenazas más profundas y persistentes para cualquier sistema democrático. Más allá de los delitos concretos, de los nombres propios o de los escándalos que periódicamente ocupan titulares, su verdadero impacto se produce cuando erosiona la confianza colectiva y debilita la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La degradación ética de la vida pública termina generando desapego, frustración y desafección política.

Y no puede interpretarse únicamente como un problema judicial o administrativo. Su alcance es mucho más profundo, porque afecta directamente a la calidad democrática y a la cohesión social. Cuando la ciudadanía percibe que quienes ejercen responsabilidades públicas utilizan el poder para beneficio personal, cuando observan privilegios, clientelismo o impunidad, se instala una sensación de desconfianza que acaba extendiéndose sobre el conjunto de las instituciones.

Esa percepción provoca que muchas personas terminen alejándose de la política, convencidas de que sus problemas reales quedan subordinados a intereses particulares o económicos.

El gran riesgo es que termine normalizándose. Cada nuevo escándalo parece generar una indignación inmediata que, con el paso del tiempo, acaba diluyéndose sin que se produzcan transformaciones profundas. Las promesas de regeneración democrática se suceden, pero la ciudadanía observa con frecuencia cómo determinadas prácticas vuelven a repetirse bajo distintas formas. Ese ciclo permanente de decepción provoca cansancio social y alimenta la idea de que la corrupción forma parte inevitable del sistema político. Y ahí reside uno de los mayores peligros para la democracia: la resignación colectiva.

Cuando la corrupción deja de sorprender y comienza a asumirse como algo cotidiano, el deterioro institucional se vuelve mucho más grave. El problema ya no afecta únicamente a quienes protagonizan conductas ilícitas, sino que contamina la percepción global de la política. Se instala entonces un discurso simplificador según el cual “todos son iguales”, una idea que erosiona el prestigio de las instituciones y favorece el crecimiento del cinismo político. Esa visión indiscriminada resulta especialmente dañina, porque termina debilitando la confianza en la propia democracia y favoreciendo la desmovilización ciudadana.

El avance de la corrupción tiene que ver con un modelo económico global que prioriza el beneficio económico y el poder de determinados intereses privados sobre el interés general. Durante décadas el neoliberalismo ha ido imponiendo una lógica política en la que lo público pierde valor frente a las dinámicas del mercado, reduciendo la política a una simple herramienta de gestión y debilitando su dimensión ética y transformadora. Cuando el dinero y la rentabilidad inmediata se convierten en referencias dominantes, aumentan las posibilidades de que surjan comportamientos corruptos y redes clientelares.

El individualismo extremo, el consumismo y la pérdida de referentes colectivos han contribuido a debilitar la conciencia cívica. En una sociedad donde el éxito personal parece situarse por encima de cualquier consideración ética, resulta más difícil defender valores como la honestidad, la responsabilidad pública o el compromiso con el bien común. Por eso la corrupción no puede combatirse solo mediante leyes o mecanismos judiciales, sino también recuperando una ética pública sólida y fortaleciendo la educación democrática.

Y es muy fácil entonces que prendan los discursos que utilizan la corrupción para desacreditar globalmente la política y las instituciones públicas. Y se hace preciso en este punto distinguir entre la crítica legítima y necesaria a los abusos de poder y el intento de fomentar una visión antipolítica que presente toda acción pública como inútil o sospechosa. Determinados sectores económicos, mediáticos o ideológicos alimentan deliberadamente esa desconfianza generalizada porque una ciudadanía desencantada y desmovilizada resulta más fácil de controlar.

El riesgo de esa deriva es que el vacío dejado por la desconfianza democrática puede ser ocupado por opciones autoritarias o populistas. Cuando las personas dejan de creer en las instituciones, en la representación política o en la capacidad de la democracia para resolver problemas colectivos, emergen discursos basados en el miedo, la confrontación y la simplificación extrema de la realidad. El crecimiento de la extrema derecha en distintos lugares del mundo está relacionado con el malestar social, la precariedad y la pérdida de confianza en los sistemas democráticos.

En ese contexto, la corrupción actúa como un factor especialmente corrosivo porque destruye la credibilidad moral de quienes deben defender las instituciones democráticas. Si quienes representan el interés público aparecen asociados a privilegios, abusos o falta de ejemplaridad, aumenta la frustración ciudadana y se fortalece la idea de que las reglas no son iguales para todos. Esa sensación de injusticia resulta devastadora para la convivencia, porque rompe uno de los principios básicos de cualquier democracia: la confianza en la igualdad ante la ley y en la honestidad de las instituciones.

Pero no podemos quedarnos en una visión derrotista. El diagnóstico sobre el deterioro democrático es preocupante, pero la política democrática es una herramienta imprescindible para transformar la sociedad. Frente al descrédito y el cinismo, se hace necesario fortalecer las instituciones públicas y recuperar la participación ciudadana. La solución no pasa por aborrecer la política, sino precisamente por exigirle más transparencia, más ética y más compromiso con las necesidades reales de la población.

La democracia, insisto en ello, requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida con la defensa de lo común. La participación social, la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son elementos esenciales para evitar que las instituciones se alejen de la sociedad. Una democracia sana necesita hombres y mujeres capaces de implicarse en los asuntos públicos y de defender los valores democráticos frente a quienes intentan degradarlos.

Y aquí juega un papel clave el fortalecimiento de los servicios públicos como garantía de cohesión social y legitimidad democrática. Unas instituciones eficaces, cercanas y orientadas al bienestar colectivo contribuyen a recuperar la confianza ciudadana. Cuando la política demuestra capacidad para mejorar la vida de las personas, disminuye el espacio para el desencanto y para los discursos que cuestionan el valor de lo público.

La lucha contra la corrupción, por tanto, debe abordarse desde una perspectiva integral. No basta con endurecer penas o aprobar nuevas normas si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen los abusos de poder. Frente a los populismos excluyentes, los totalitarismos, la antidemocracia o el pasotismo es preciso avanzar hacia modelos institucionales más transparentes, con mayores mecanismos de control y con una relación mucho más limitada entre intereses económicos y decisiones políticas. Solo así podrá recuperarse la credibilidad democrática.

Pretendo con este texto seguir reflexionando y advirtiendo sobre la fragilidad de la democracia. Las sociedades democráticas no se destruyen únicamente mediante rupturas abruptas; también pueden deteriorarse lentamente a través de la corrupción, la desigualdad, la pérdida de valores colectivos y el descrédito permanente de las instituciones. Cuando la ciudadanía deja de confiar en la política y se instala la idea de que nada puede cambiar, la democracia comienza a resquebrajarse desde dentro.

Frente a ese riesgo no cabe otra opción que recuperar la ética pública, fortalecer la participación ciudadana y defender el valor de las instituciones democráticas. Porque, en última instancia, la corrupción no solo roba recursos o vulnera leyes: también erosiona la esperanza colectiva y debilita el vínculo que sostiene la convivencia democrática. Y sin confianza, sin compromiso cívico y sin defensa activa de lo público, ninguna democracia puede mantenerse sólida en el tiempo.

Una inestabilidad política, profunda y caótica en la República de Weimar, unida a una crisis económica devastadora y a la desconfianza y el rechazo de la ciudadania hacia la democracia sirvió a Hitler para ocupar el poder en Alemania y destruir el sistema democrático desde dentro. Amplios sectores del gran capital industrial y financiero apoyaron sin fisuras una solución autoritaria para defender sus intereses económicos. La historia del ascenso del nazismo - sucedió lo mismo con el franquismo y el fascismo - demuestra que los regímenes totalitarios se terminan afianzando con la complicidad de las élites sociales y económicas. 

En los primeros años del nazismo, importantes empresarios alemanes abrazaron el nacionalsocialismo cuando tuvieron la certeza de que supondría un dique eficaz contra el comunismo, los sindicatos y la inestabilidad política. A partir de 1931, y de forma decisiva en 1933, grandes corporaciones comenzaron a financiar al Partido Nazi y a facilitar su acceso al poder.

Entre las empresas implicadas se encontraban IG Farben, el mayor conglomerado químico europeo,que integró sus objetivos empresariales con los del Estado racial y de guerra. Krupp, pilar de la industria armamentística; Siemens, líder en ingeniería eléctrica; Daimler-Benz y BMW, fundamentales para la motorización y la aviación militar; Thyssen y Hoesch AG, gigantes del acero y Deutsche Bank, que desempeñó un papel clave en la financiación del régimen y en los procesos de “arianización” de empresas judías. Hace unos días, Lufthansa, al cumplir su centenario, admitió su pasado nazi y encargó un informe para revisar su papel durante el régimen nacionalsocialista.

Un momento simbólico de esta alianza fue la reunión del 20 de febrero de 1933, en la que Hitler y Hermann Göring se entrevistaron con los principales industriales alemanes con el objetivo de recaudar fondos para la campaña electoral que precedió al establecimiento definitivo de la dictadura y sirvió para sellar la convergencia entre el poder político autoritario y el gran capital industrial. A cambio de apoyo financiero, el régimen garantizó la destrucción del movimiento obrero, la eliminación de derechos laborales y el acceso privilegiado a contratos estatales masivos. Un encuentro clave de las élites empresariales alemanas con este fin lo describe magistralmente -a mí me conmocionó- Éric Vuillard en su novela “El orden del día”.

Los grandes empresarios alemanes creyeron que podrían domesticar el totalitarismo emergente para garantizar su actividad empresarial sin riesgos y con menos costes sociales, pero terminaron convirtiéndose en cómplices activos de la represión, el trabajo esclavo y el exterminio. 

Da miedo pensarlo y escribirlo, pero la relación entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y el proyecto político totalitario de Donald Trump transmite las mismas sensaciones y sugiere la misma deriva. La realidad actual tiene más tintes de fascismo que de nazismo, pero vuelve a hacerse patente la disposición de determinadas élites económicas altamente concentradas a respaldar liderazgos autoritarios cuando perciben que la democracia liberal limita su poder o sus beneficios.

Como señaló Lluís Bassets en El País, el pasado 8 de febrero, en su artículo “Hegemonismo depredador, monarquía absoluta e ilustración oscura”, estamos ante un imperialismo sin más límites “que los que encuentre su inmenso poder coercitivo, ya sea por las armas o por los aranceles”, que “concibe la fuerza como el único fundamento del derecho”, dejando sin significado “los valores universales, la igualdad, la democracia y los derechos fundamentales” y que apela a la Ilustración Oscura, pretendiendo que la humanidad entera “regrese a la minoría de edad de quien no se atreve a pensar por sí mismo, para someterse sumisamente al poder feudal de las grandes tecnológicas”.

En estos momentos, compañías como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft, junto con influyentes magnates tecnológicos, han intensificado su actividad de lobby y su acercamiento a proyectos políticos como el de Trump que prometen desregulación, centralización del poder ejecutivo y debilitamiento de organismos de control, especialmente en ámbitos clave como la inteligencia artificial, la fiscalidad y el derecho laboral. Algunos de ellos abrazan directamente símbolos, mensajes y prácticas fascistas que alientan la subversión del orden del sistema democrático. Recuerden el brazo en alto de Elon Musk. También la cruzada apocalíptica en la que vaticina la llegada del anticristo, de Peter Thiel, el dueño de Palantir y PayPal, que proclama que la libertad es incompatible con la democracia y que deben ser los magnates tecnológicos los que gobiernen el mundo.

Desde ámbitos políticos, filosóficos y científicos no dejan de surgir voces que alertan acerca de la concentración de poder tecnológico y de datos que crean formas de dominación incompatibles con una democracia real. En este marco, estudios recientes sobre tecnofascismo señalan que la combinación de plataformas privadas, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la extrema derecha están erosionando la soberanía democrática sin necesidad de instaurar un régimen totalitario clásico. Y cada vez se debilitan más los controles sobre los autoritarismos algorítmicos y los “ tecno-tiranos” que utilizan toda la capacidad de la IA para controlar a los pobres, los migrantes o los movimientos sociales democráticos.

No nos puede extrañar entonces los ataques a lideres democráticos como Pedro Sánchez de los dueños de X o de Telegram cuando planteó límites de edad para el uso de sus plataformas. Lo han hecho también contra Thierry Bretyon, impulsor de la regulación europea digital. La UE, los parlamentos democráticos, las organizaciones internaciones deben actuar en consecuencia. Se trata de poner límites, de establecer normas y de plantear alternativas alejadas de los poderes salvajes y totalitarios.

A diferencia de la Alemania de 1933, las instituciones democráticas se mantienen aparentemente operativas. No existe todavía un partido único ni un proyecto totalitario coherente. Pero, como se nos viene advirtiendo desde hace un par de décadas, las democracias rara vez colapsan de forma abrupta sino que se van vaciando desde dentro cuando élites políticas y económicas normalizan la degradación de las normas, la captura de las instituciones y la concentración de poder.

La historia nos sitúa ante una analogía que nos debe hacer reaccionar. El precio que terminamos pagando al aceptar el debilitamiento de la democracia, por pasotismo, complicidad o puro interés económico termina siendo siempre muy caro.  

Sucedió en la Alemania de Hitler y lo estamos viendo repetirse ahora, las élites económicas sacrifican contrapesos democráticos, derechos y regulación pública a cambio de ventajas inmediatas. Esa alianza terrible, con escasos controles democráticos, de “tecno-tiranos” con la extrema derecha totalitaria supone un ataque en la línea de flotación de la democracia liberal. Y tras el debilitamiento será siempre algún tipo de autoritarismo el que tome las riendas.

Por eso ha sido especialmente relevante la presentación, el pasado 25 de mayo, de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV. En ella, el papa nos advierte sobre el “tecnofascismo”: el colonialismo de datos, la concentración del poder tecnológico y de la inteligencia artificial en manos de élites políticas y empresariales que nos pueden conducir a nuevas atrocidades. Sostiene que la IA no es neutral, porque refleja los intereses de quienes la controlan, y puede aumentar la desigualdad, manipular democracias y deshumanizar el trabajo. 

El obispo de Roma habla de la existencia de un nuevo colonialismo de la IA al apropiarse de los datos, reivindica el multilateralismo y el papel de la ONU en el orden mundial, plantea un rechazo firme al transhumanismo y pide “desarmar la IA” mediante regulación ética, supervisión pública y un uso orientado al bien común, la dignidad humana y la justicia social. 

Y considero que fue significativo que contara en su presentación con la participación de Christopher Olah, ateo y cofundador de Anthropic, una de las principales compañías de IA, que plantó cara a Donald Trump impidiéndole el uso de su tecnología en el Pentágono. 

Hacen falta más voces así.

El Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, el pasado 29 de abril, instaurar el 10 de diciembre como Día de las Ciencias Canarias. Se trata, según el texto consensuado, de un reconocimiento al legado del físico lanzaroteño Blas Cabrera, uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y, a la vez, de refuerzo “del compromiso de Canarias con la  divulgación, la investigación y el conocimiento”. 

Rendir homenaje a uno de nuestros más grandes científicos es loable, y también que la cámara legislativa canaria plantee la necesidad de reforzar el desarrollo científico de nuestro archipiélago, pero hablar del estado de la ciencia en Canarias obliga a abandonar ciertos lugares comunes y afrontar una realidad incómoda y estructural. No se trata simplemente de invertir más en investigación o de formar más talento, sino de entender cómo encaja —o más bien, cómo no encaja todavía— la ciencia dentro del modelo económico del archipiélago.

Y eso no parece entenderlo el Gobierno de Canarias que tramita en estos momentos el proyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Rectores de la ULL y la ULPGC, partidos opositores y sectores universitarios han denunciado en los últimos meses la escasa participación de las universidades públicas canarias en la elaboración del texto, pese a concentrar gran parte de la I+D+i del archipiélago. También cuestionan la falta de financiación estable y la ausencia de medidas claras para fortalecer la carrera investigadora. Reclaman una normativa más inclusiva, consensuada y orientada al interés público y científico.

Es lo que plantea el último informe anual, presentado por el Consejo Económico y Social de Canarias el pasado día 15 de mayo: nuestra comunidad, para luchar contra las altas tasas de pobreza y exclusión social,  necesita transformar su modelo económico apostando más por la ciencia, la innovación, la formación y por sectores de alto valor añadido como la economía azul, la biotecnología, la digitalización o las renovables.

El dato más revelador en torno a la ciencia en nuestra comunidad autónoma es también el más repetido: Canarias destina en torno al 0,5 % de su PIB a I+D, muy por debajo de la media española ( 1,50%)  y lejísimos  -cuatro veces por debajo- de los estándares europeos (2,2%). Además, mientras en España creció el gasto en el último año en un 6,9%, en esta comunidad cayó un 1,1%. Pero reducir el análisis a estas cifras sería simplificar en exceso. La cuestión clave no es solo cuánto se invierte, sino quién invierte, para qué y con qué consecuencias.

En las economías más avanzadas, la mayor parte del gasto en investigación proviene del sector privado. Las empresas investigan porque necesitan innovar para competir. En Canarias, sin embargo, el peso de la I+D recae de forma desproporcionada en el sector público y en las universidades, más de un 85%. Esto genera un sistema científicamente digno en ciertos ámbitos, pero débil en su conexión con la economía real.

La razón fundamental es que el tejido productivo canario está dominado por sectores de bajo valor añadido, especialmente el turismo y los servicios asociados. Son actividades que, por su propia naturaleza, no demandan grandes niveles de investigación tecnológica. Y cuando la economía no demanda ciencia, la ciencia queda inevitablemente aislada.

Es lo que explica que Canarias cuente con investigadoras e investigadores cualificados, infraestructuras científicas relevantes en áreas concretas y universidades consolidadas, pero que, aun así, no logre traducir ese conocimiento en desarrollo económico significativo. La ciencia existe y produce resultados, pero no transforma el sistema.

A esta desconexión se suman otros factores estructurales. La insularidad, por ejemplo, limita la creación de ecosistemas empresariales densos. La lejanía de los grandes centros industriales europeos dificulta la aparición de empresas tecnológicas de gran tamaño y reduce las oportunidades de colaboración y crecimiento.

Otro obstáculo importante es la falta de financiación especializada para proyectos innovadores. Muchas iniciativas con potencial terminan dependiendo de inversores externos o trasladando parte de su actividad fuera para poder crecer.

El talento, por su parte, representa otra pieza crítica. Canarias forma profesionales cualificados, pero no siempre es capaz de retenerlos. Muchos acaban marchándose en busca de mejores oportunidades o permanecen en el sistema público sin posibilidad de desarrollar carreras vinculadas a la innovación empresarial.

Esta tierra necesita construir un modelo propio basado en la especialización inteligente. El archipiélago posee una serie de ventajas únicas que, bien aprovechadas, pueden convertirse en pilares de un sistema científico-tecnológico sólido. La astrofísica es quizá el ejemplo más evidente: las condiciones naturales de las islas han permitido desarrollar infraestructuras de referencia mundial. Lo mismo ocurre con las ciencias marinas, la vulcanología o el estudio del cambio climático en entornos insulares.

Estos ámbitos no son solo campos de investigación académica sino que pueden convertirse en nichos económicos si se articulan correctamente con el sector productivo. El desafío no consiste únicamente en producir conocimiento científico, sino en lograr que parte de ese trabajo termine generando actividad económica, tecnología útil y oportunidades empresariales. Aquí es donde entran en juego las políticas públicas, pero con un enfoque distinto al tradicional, concentrando recursos en áreas concretas donde Canarias tenga ventajas comparativas reales.

Además, es fundamental activar la participación del sector privado. Canarias cuenta con un régimen fiscal singular (REF) que no se está utilizando suficientemente de manera estratégica, a tenor de los datos,  para atraer empresas tecnológicas y fomentar la inversión en I+D. Estos incentivos deben estar vinculados a resultados reales, no convertirse en simples herramientas de optimización fiscal, una de sus grandes rémoras.

Otro elemento clave es la creación de centros tecnológicos orientados a la transferencia. No basta con investigar; hay que conectar esa investigación con las necesidades de las empresas. Esto implica cambiar incentivos, estructuras y, en muchos casos, mentalidades. La colaboración público-privada no puede ser un eslogan, debe convertirse en el núcleo del sistema.

También hay margen para aprovechar el auge de la economía digital. A diferencia de la industria tradicional, muchas actividades tecnológicas no dependen tanto de la proximidad geográfica. El desarrollo de software, la inteligencia artificial o los servicios digitales pueden operar desde Canarias hacia el mundo. En este terreno, factores como la calidad de vida, el clima o la fiscalidad juegan a favor del archipiélago. La posición geoestratégica del archipiélago abre otra vía interesante: actuar como plataforma entre Europa, África y el Atlántico. Esto no implica convertirse en un gran centro logístico tradicional, sino en un nodo de servicios, conocimiento y tecnología vinculado a ese espacio geográfico.

El futuro de la ciencia en Canarias dependerá de su capacidad para integrarse en la economía. No basta con tener buenos investigadores o infraestructuras destacadas. La ciencia solo despliega todo su potencial cuando se convierte en motor productivo, cuando genera actividad, empleo y valor.

El reto, por tanto, no es menor. Implica repensar y diversificar de manera real el modelo económico. Pero también abre una oportunidad: la de construir un sistema propio, adaptado a las características del archipiélago y centrado en aquello que realmente puede hacer bien.

Canarias no será un gigante tecnológico global. Pero tampoco necesita serlo. Su camino pasa por ser algo diferente: un territorio especializado, eficiente y conectado, donde la ciencia deje de ser un elemento periférico y pase a ocupar un lugar central en su desarrollo. Ese es el verdadero desafío. Y también, si se aborda con realismo, su mayor oportunidad.