Canal de Isabel II Gestión ha publicado un nuevo concurso para adjudicar los servicios de call center, por valor de 24 millones de euros. La empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid rectifica así, obligada por la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que anuló la anterior adjudicación. El nuevo pliego ha vencido el 8 de marzo, mientras el anterior queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

La adjudicataria había sido en un primero momento la compañía de atención telefónica GSS Venture, de la que el propio Canal posee un 25% y en la que tiene unos fondos propios de más de 1,6 millones de euros, según las últimas cuentas publicadas por el Canal, actualizadas a 31 de diciembre de 2014. Los recursos de las otras dos empresas que optaban al suculento negocio, Atento y Konecta, provocaron la paralización del proceso. Así lo ha reconocido a este medio Atento, que estudia presentarse nuevamente al pliego pero no ha querido dar más datos. Tampoco Konecta, en una actitud que no sorprende a las personas conocedoras de este tipo de adjudicaciones: “Nadie se quiere manchar las manos con el Canal, para no cerrar la puerta a que les conceda algo en el futuro”.

Lo que en principio generó un conflicto únicamente laboral por la pretensión de GSS de externalizar a Perú parte del servicio de atención de llamadas (los sindicatos denunciaron la pérdida de 250 empleos directos) esconde otras dudas. La sentencia del Tribunal Administrativo del pasado junio pone en evidencia que Canal de Isabel II Gestión vulneraba los principios de “transparencia, igualdad y no discriminación”, advirtiendo además de que el importe de la oferta económica del adjudicatario había sido corregido por el órgano de contratación. El Canal, de hecho, se negó a entregar el expediente de adjudicación a las otras compañías concurrentes y sólo lo hizo tras la correspondiente resolución del tribunal administrativo.

Nuevas sombras se ciernan sobre la empresa que gestiona el agua de la región madrileña. Tampoco ayuda el ruido de fondo, con el Canal de Isabel II vinculado a informaciones sobre corrupción, y con la Asamblea de Madrid celebrando una Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, a la que se han negado a acudir por ahora tres personas de alto rango vinculadas a la compañía pública.

Sin explicaciones

Alegando baja médica por enfermedad, la última negativa ha sido la de Manuel Beltrán, director de la Secretaría General Técnica y anterior viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad con Esperanza Aguirre. El Canal no propuso sustituto alguno en su lugar, lamentó el portavoz de Podemos en dicha Comisión, Eduardo Gutiérrez, a lo que su homólogo del Partido Popular, José Antonio Gómez Angulo, le respondió que la compañía no estaba obligada.

La Asamblea de Madrid también ha recibido el no de Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública hasta 2009 y una persona muy cercana al expresidente madrileño Ignacio González. Este tipo de comparecencias no son obligatorias y De Miguel se excusó aludiendo sencillamente que no podía acudir. De Miguel había dejado su cargo en el Canal después de que el Consejo de Administración anulase el anterior contrato de call center, el de 2009. La adjudicación había recaído en Atento por 26 millones de euros, la oferta más cara, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El tercer rechazo lo protagonizó hace unos días Marisa Carillo, secretaria general técnica hasta octubre de 2009, en su caso alegando por escrito que “la Secretaría General Técnica era una dirección técnica del Canal de Isabel II, que ni formaba parte de los órganos de gobierno de dicha entidad ni tenía competencia sobre la gestión y administración de la misma”. Las fuentes del Canal consultas por eldiario.es coinciden sin embargo a la hora de destacar la importancia, “no meramente técnica”, de esta subdirección. Hay quien incluso sitúa a Carrillo como la responsable última de las adjudicaciones: “Era el brazo derecho del gerente Ildefonso. Era ella quien manejaba todo, absolutamente todo”. Hay que recordar que Marisa Carrillo también formó parte del Consejo de Administración de Hispanagua, compañía investigada por corrupción en Melilla.

Quien sí compareció ante la Asamblea el 1 de marzo fue el actual gerente, Adrián Martín López de las Huertas, que en la época de Ildefonso de Miguel era director de Ingeniería y Nuevas Tecnologías. No quiso entrar en detalles respecto a GSS: “El Tribunal nos ha suspendido el contrato y no se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Por eso hemos abierto un nuevo concurso. Está en contencioso administrativo, punto al que lo llevaron todas las empresas que concurrieron. Será el juez quien dictamine qué pasa”.

Cinco días antes, el propio Martín había enviado un comunicado interno a los trabajadores y trabajadoras del Canal, desmintiendo que la Guardia Civil hubiera acudido a la sede de la empresa pública en el marco de la investigación sobre un posible desvío de fondos a través de contratos adjudicados durante la etapa de Ildefonso de Miguel. Y es que, recientes informaciones incluyen al Canal y a otros de sus exgerentes, Salvador Victoria, en la trama de la Púnica.

Vínculos dudosos

Llama la atención el 25% que conserva el Canal de Isabel II en GSS Venture, “con mayoría de decisión”, según una fuente anónima cercana a la empresa. Esta compañía fue creada para atender el call center del Canal tras comprar éste parte de la matriz, GSS Line, en la que ya no tiene participación. Según ha podido saber este medio, el Canal estuvo vinculado a esta empresa de telemárketing al menos entre 2004 y 2007, siendo consejero de la misma Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, quien fuera director financiero del Canal y es hoy presidente y socio fundador de PW&P (Professional Water & Partners).

La venta de GSS Line a un grupo italiano se produjo en el año 2007, tal y como se confirma cotejando los informes anuales del Canal, que mencionan el asunto de pasada. En aquellos años, la hemeroteca revela que el Canal compartía la propiedad de GSS Line con la sociedad holandesa Ard Choille BV, una empresa pantalla vinculada al caso Petroria y también usada por Oleguer Pujol para ocultar comisiones. Esta compañía instrumental ha estado controlada, según ha publicado el digital que estudia la corrupción en Catalunya, La Comissió, por el Bufete Pretus, también inmerso en casos de corrupción, y por Eugenio de Mora Olivella, expresidente de Burberry España y que ha pagado 31 millones de euros a Hacienda para evitar la prisión por varios delitos fiscales.

Los vínculos no terminan aquí. Uno de los consejeros de GSS Venture en aquella época fue Juan Ignacio Zubizarreta, director comercial del Canal en 2015 (el área comercial es la responsable de redactar los pliegos de licitación), cuando la última adjudicación del call center estaba en juego. Zubizarreta dejó el cargo días después de la anulación judicial del contrato si bien, según la versión que dio Adrián Martín ante la Asamblea, “se abstuvo en todo momento de firmar ninguna de las cosas relativas a GSS”. Hay más. La red social de empresas infocib.es sitúa a María Fernanda Richmond como actual consejera de GSS Venture cuando, según publica ella misma en su perfil laboral subido a internet, es a la par directora financiera y de desarrollo de Negocio del Canal.

El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, paga la defensa de las personas acusadas de corrupción por su labor en su filial Hispanagua de Melilla. Lo ha confirmado el propio gerente de la compañía, Adrián Martín, en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid. Ya lo dejó caer en marzo del año pasado ante varios trabajadores. En aquel momento y a pesar de que eldiario.es contaba con la información, el Canal negó la mayor pese a la insistencia de las preguntas.

En concreto, las declaraciones de esta semana confirman públicamente cómo la considerada una de las joyas de la región madrileña está pagando a través de su seguro la defensa de Gerardo Díaz, exgerente de Hispanagua en Melilla y de Canal Gestión Lanzarote, de donde fue cesado en octubre de 2015. Ahora ha sido recolocado como personal adscrito a la Dirección Financiera y de Desarrollo Corporativo del Canal de Isabel II Gestión.

El propio Díaz ha comparecido ante la Asamblea madrileña, defendiendo ante propios y extraños que en todo caso él es el héroe y no el villano de la historia. Una argumentación que, según ha podido saber eldiario.es, ha levantado enfados tanto fuera como dentro de la compañía. Así argumentaba el acusado su extraña vuelta de tuerca: “Fui yo quien, sospechando que determinadas actividades realizadas por personal propio podían no ser absolutamente claras, inicié una investigación. Obtuve evidencias de que dos empresas subcontratistas estaban haciendo trabajos no bien realizados, o que no se habían llegado a realizar. Todo ello en connivencia absoluta con trabajadores de Hispanagua. Una vez investigado por mi parte, lo puse inmediatamente en conocimiento del Canal”.

Díaz está imputado en el marco de la Operación Tosca, que investiga amaños de contratos en la ciudad autónoma de Melilla y la supuesta comisión de delitos de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capital.

En el mismo caso está  también involucrado el Gobierno de la Ciudad Autónoma, en manos del PP, y otras empresas como Eulen. Están acusados tres consejeros del Gobierno de Melilla en el momento de la detención: el actual consejero de  Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa; Francisco Javier Calderón, consejero hasta el pasado mes de agosto y ahora presidente de la Fundación Melilla Monumental; y José Ángel Pérez Calabuig, exresponsable de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente. Junto a ellos fueron arrestados y puestos en libertad los exconsejeros Ramón Antón y Ramón Gavilá, además de seis trabajadores de Hispanagua.

Hace ya casi un año el gerente Adrián Martín puso “la mano en el fuego” por sus trabajadores, asegurando que “si en el ejercicio de sus funciones son acusados de algo injustamente, debo defenderles”. Así lo recuerda alguno de los asistentes a una reunión interna de la empresa. Ante la Asamblea de Madrid, Martín dio la impresión de restar importancia al hecho de que Gerardo Díaz continúe en la empresa: “No forma parte del staff directivo”, aseguró antes de recordar la presunción de inocencia. “No sé si hay muchas irregularidades o no, pero siempre damos vueltas a las mismas”, añadió en un momento dado.

Investigación en el Parlamento madrileño

A instancias de Podemos, por la Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid acaban de pasar el gerente del Canal y el imputado y actual trabajador Gerardo Díaz. No serán los únicos, pues en la hoja de ruta ya están previstas dos nuevas sesiones, en febrero y marzo, respectivamente. “Llevaremos comparecencias muy espectaculares, en el sentido de que puede haber líos”, vaticina la formación morada.

Su diputado Eduardo Gutiérrez explica que “a partir de las primeras dos comparecencias ya se han puesto en contacto con nosotros diferentes personas, cargos medios, contratados y subdirectores, que piensan que han sido piezas secundarias y pueden ser llamados a la Comisión”. Este experito judicial y penal asegura además que están recibiendo documentación que hasta ahora no aparecía por ningún lado.

“Nuestra primera idea es poner de manifiesto todas las conductas de gestión que apuntan clarísimamente a ilícitos legales… y que además muchas de ellas, en nuestra opinión, seguramente acaban en comisiones o donaciones en negro, ya sea en Melilla o en la Comunidad de Madrid. En la Comisión va a ser muy difícil probarlo porque no podemos requisar discos duros ni contabilidades, pero sí queremos al menos trasladar a todo el staff directivo del Canal que no puede seguir con esa conducta”, indica Gutiérrez, portavoz de Podemos en la Comisión.

Entre otros asuntos, en la Comisión del martes se preguntó por la información publicada por este diario de que el Canal conocía la manera de facturar de su filial Hispanagua que dejó un agujero de 700.000 euros. También estuvo sobre la mesa un encargo del Canal a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A., con hasta 1,4 millones de euros en facturas por “obras no ejecutadas” entre mayo y agosto de 2011, en Majadahonda. En este caso, el gerente de la compañía, Adrián Martín, recordó que el asunto fue judicializado por la Audiencia Provincial de Badajoz (sede de Joca) y que, tras una auditoría externa, se dedujo “que no había ninguna obra que tuviese un hecho relevante”.

Aumento del contrato un 40%

Detallado por el periódico La Luz de Melilla, el levantamiento de una pequeña parte del secreto de sumario de la Operación Tosca sacó a la luz los datos del contrato adjudicado a Hispanagua entre 2007 y 2009 por más de tres millones de euros. La investigación del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó un pago continuado de sobrecostes que llegan a incrementar fraudulentamente el precio del contrato en casi un 40%.

Los documentos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso eldiario.es describen los registros realizados en febrero de 2014 en distintas Consejerías, en los que se recabaron “elementos probatorios que por entonces apuntaban a la adjudicación de contratos públicos –decidida de antemano- para beneficiar a empresas concretas y en las que habrían participado diferentes cargos públicos y funcionarios de Melilla, al objeto de controlar los procesos de adjudicación de los contratos, propiciar sobrecostes en la ejecución de los mismos, y conseguir beneficios particulares inherentes a los hechos descritos”.

¿Ilegal o inmoral?

A pesar de las evidencias registradas por la Guardia Civil, el Canal de Isabel II se está haciendo cargo de la defensa de las personas implicadas. ¿Es ilegal? No; pero despierta dudas sobre la moralidad, más si cabe en un contexto en el que esta compañía pública actúa como privada en otras ciudades, como Cáceres, donde es la concesionaria de la privatización del servicio y donde acaba de saltar una gran polémica por la salida a la luz el corte de agua a más de 400 familias. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que el servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por lo que el corte del servicio es ilegal.

“Lo público está parasitado por intereses bien privados que funcionan como mafias, apoyan y defienden a los componentes del grupo. No basta con defender lo público, hay que exigir también que las entidades públicas operen en beneficio del interés general y no de las mafias infiltradas”, reflexiona el economista José Manuel Naredo al ser preguntado por eldiario.es por este caso concreto.

El propio Naredo, en el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II, escribe que esta compañía pública no es “una empresa cualquiera, sino la más importante de la Comunidad de Madrid en muchos aspectos, con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor”.

Bajo secreto de sumario

Regresando a uno de los dos protagonistas de la sesión del martes en la Comisión, entre otros posibles delitos, a Gerardo Díaz se le acusa de malversación de caudales públicos, misma situación en la que estarían el director de la delegación en Melilla de Hispanagua Javier Duarte, y el jefe de proyectos Luis Fernández. Por su parte, el directivo del departamento de producción de Hispanagua Jesús Eduardo Hernández y el asesor jurídico de la compañía Adolfo Pérez de la Cruz han sido acusados de fraude; y el responsable de contratación, Enrique Oliva, de violación de secretos.

El caso sigue bajo secreto de sumario y las últimas noticias que han visto la luz, correspondientes a principios de año, hablan de la detención y puesta en libertad de Francisco Díaz, viceconsejero de Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Quién habló esos días fue su compañero Daniel Conesa, también imputado y portavoz del Partido Popular, para insistir en la presunción de inocencia y en que sigue sin conocer con detalle su situación en la causa, pues el secreto de sumario está decretado sobre gran parte de las actuaciones.

Desde 1979 el agua del Tajo no sólo desemboca en Lisboa, sino que también lo hace en la otra orilla peninsular, en el Levante. En palabras oficiales, se trata de “dar solución a la escasez de recursos del Sureste español”. La cobertura legal a este imponente movimiento de agua se dio en 1971 al considerar la cuenca del Tajo como “excedentaria” –le sobra agua–. A la larga, el proyecto ha derivado en situaciones en las que, por ejemplo, en 2014, la tubería del trasvase se llevara desde los embalses de cabecera más líquido que el resto del curso del río más largo de la Península Ibérica.

El proyecto se ideó en 1933 y las obras arrancaron en 1968. Se construyó pensando en trasvasar 600 hectómetros cúbicos anuales de agua y llegar, en una segunda fase, a los 1.000 hm. Cada hectómetro son mil millones de litros. Pero la realidad hídrica del país, que se ha vuelto más seco, rompió estas previsiones. También frenaron ese impulso “las leyes ambientales de la Unión Europea, que impidieron que en zonas muy valiosas –que todavía queda alguna en la cabecera de determinados ríos– se perdiera lo que quedaba sin embalsar”, recuerda la abogada ambientalista María Soledad Gallego.

En la cabecera del Tajo, es decir, entre su nacimiento y los embalses del trasvase, se ha producido un descenso del 47% de las aportaciones, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo recogidos en 2013 en el libro El Tajo. Historia de un río ignorado. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) calcula que se trasvasan unos 400 hm al año aunque cada curso es cambiante.

Por ejemplo, en el año hidrológico 2009-2010 se bombearon 282 hectómetros y cuatro años después fueron 474, según los datos de la Confederación del Segura (en la web de la Confederación del Tajo no hay información detallada). En ese mismo año 2013-2014, las aportaciones que recibieron Entrepeñas y Buendía (es decir, el agua que entró a estos embalses de los que se nutre el trasvase) fueron de 734 hectómetros cúbicos; en definitiva, del volumen que llegó a las presas, se fue más agua por la tubería del trasvase que la que la que quedó luego para fluir por el propio Tajo.

Miguel Ángel Sánchez, coportavoz de las Plataformas en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina, cuenta que “las datos están muy mezclados y perdidos. Es un tema opaco y oscuro”. Tras recopilar números de varias fuentes y analizarlos explica que “estas cuentas no son nada fáciles de recabar” y remata: “No dejan respirar al río, hay un descenso claro de las aportaciones y se debería cuidar y mimar cada gota”.

Volviendo al año hidrológico 2013-2014, la cuenca del Segura recibió aproximadamente la misma cantidad de agua por el trasvase que por sus recursos propios. La situación de 2015 no es la peor, reconoce Sánchez, pero el hecho de que el PSOE haya regresado al poder en Castilla La Mancha ha dado altavoz a las protestas de diferentes colectivos ambientales y ciudadanos en contra del trasvase.

Motor de la 'huerta de Europa'

Desde los embalses de Entrepeñas (sobre el Tajo) y Buendía (sobre el río Guadiela), con una capacidad conjunta de 2.443 hm, se lleva agua a través de una conducción de 242 kilómetros de túneles y acueductos hacia el río Segura. A ello hay que sumar otros 80 kilómetros adicionales de cada uno de los canales de riego, que transportan el vital líquido a zonas de regadío a 61 municipios de Murcia, Alicante y Almería.

Esta agua del Tajo ha hecho posible la conocida como huerta de Europa: “El sudeste de la península es la región líder en exportación de fruta y hortaliza gracias a las aportaciones de agua del trasvase”, consideran desde SCRATS, que aglutina a unas 80 comunidades de regantes y unos 146.800 usuarios.

Estas aguas riegan unas 147.000 hectáreas de cultivos que varían entre los cítricos, otro tipo de frutas como los melocotones o los melones, y las hortalizas. También se obtienen frutos fuera de temporada gracias a los invernaderos. Sin olvidar su aportación al turismo levantino: en sus campañas informativas, el sindicato recuerda que 320.000 personas viven del turismo en Murcia y la Comunidad Valenciana. “Las zonas de Alicante, Murcia y Almería son áreas de gran riqueza turística, por lo que se benefician enormemente del trasvase. El desarrollo económico y social en el Levante español es un hecho gracias a una infraestructura que ha mejorado la vida de sus ciudadanos”, añade esta misma fuente.

En un primer momento, esta obra también desarrolló el sector turístico de determinadas zonas de Cuenca y Guadalajara. Con la construcción de los embalses de cabecera se creó una “singular zona turística en las comarcas de su entorno”, como explica el Ministerio, “actividad que se ha visto afectada por la sequía de principio de los 90”. Para algunos expertos las razones son otras.

“El trasvase ha tenido importantes consecuencias sociales y ambientales en la cuenca cedente. Los pueblos del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía sufrieron primero los impactos de la pérdida de sus vegas fértiles. Más adelante estos pueblos desarrollaron una economía alrededor del turismo y uso lúdico de los pantanos, en torno a lo que entonces era conocido como el Mar de Castilla. Esos nuevos recursos se agotaron en cuanto el trasvase entró en operación en los años 80 y se vaciaron sistemáticamente los embalses para maximizar los volúmenes trasvasados”, se recoge en el libro El Tajo. Historia de un río ignorado, editado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y escrito por nueve expertos de áreas tan diversas como la Biología, el Derecho o la Economía.

A un 15% de capacidad

Desde finales de 2013 el Trasvase Tajo-Segura se regula en el conocido Memorándum del Tajo, aprobado sin debate parlamentario y fuera del Plan Hidrológico del Tajo que en ese momento estaba en fase de información pública. Este Memorándum, acordado entre las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, Madrid y Murcia (entonces gobernadas por el Partido Popular) y el Gobierno de Mariano Rajoy establecía un caudal mínimo de 400 hectómetros cúbicos en cabecera. Por encima de esa cantidad, todo es trasvasable, por obligación.

Incluido en la Ley de Evaluación Ambiental, este Memorándum fue tumbado por el Tribunal Constitucional, aunque recientemente el Ejecutivo ha insistido en el tema incluyendo una legislación muy similar en la polémica de Ley de Montes, a pesar de que ahora se trabaja también en otro plan de cuenca para el río Tajo. El Parlamento Europeo ha anunciado una visita a la zona a inicios de 2016, y la Comisión Europea está estudiando varias denuncias.

El Tajo (o Tejo), además de ser el río más largo de la península, da cobertura a diez millones de personas: siete en España (el abastecimiento de Madrid depende de esta cuenca) y tres en Portugal. Por lo que el trasvase además de mermar la situación en Cuenca y Guadalajara deja tocado el río aguas abajo, incluso con su desecación en periodos de estiaje.

Entrepeñas y Buendía están ya por debajo de los 400 hectómetros cúbicos este verano, a pesar de que su capacidad es de 2.443. Están al 15,9 % de su capacidad, muy por debajo del 47% de capacidad que en agosto marcan los embalses del Segura, la cuenca receptora. Con esos números, que tienen múltiples lecturas, el Ministerio anunció un nuevo trasvase el pasado 31 de julio de 20 hectómetros cúbicos.

Una estrategia contra el empobrecimiento que pasa por cortes de agua, luz, y gas. Ésta será una de las principales medidas (200 millones de euros anuales) que pondrá en marcha Manuela Carmena si finalmente logra la Alcaldía de Madrid. La garantía de estos tres suministros básicos es una de las propuestas de Ahora Madrid que más consenso ha alcanzado, según su propia web, y también de las más valoradas entre sus votantes.

El debate sobre una gestión pública de los servicios urbanos de agua y saneamiento, acorde con su condición de derecho humano (decretado por la ONU), cobró por primera vez protagonismo electoral en la campaña de mayo. Diferentes formaciones se sumaron al Pacto por el Agua Pública. Con serias posibilidades de formar ayuntamientos, ahora están en condiciones de cumplir sus promesas.

PP y Ciudadanos se oponen en Madrid

En Madrid, donde ha habido amagos para privatizar la empresa pública Canal de Isabel II, todas las formaciones políticas, excepto Ciudadanos y el Partido Popular, apoyaron el pasado mes de enero esta propuesta. Con los resultados electorales en una mano y su programa en la otra, en Ahora Madrid tienen claros cuáles son los objetivos. Falta definir el camino para alcanzarlos. “Hay dos cuestiones importantes, por un lado paralizar la privatización del Canal de Isabel II, aunque eso depende del gobierno de la Comunidad. Y por otro, luchar contra la pobreza energética”, explica Marta Gómez, nueva concejala madrileña y desde 2011 integrante de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.

¿Cómo se evitarán los cortes de agua? “Aún no podemos concretarlo: si el Ayuntamiento se hará cargo de las facturas tras una investigación de los servicios sociales, si se presionará al Canal como accionista que es el Consistorio, o si se pondrá en marcha otro tipo de medidas”, reflexiona para eldiario.es. La indefinición del cómo no está reñida con la concreción del cuándo: en los cien primeros días de Gobierno.

La crisis económica y financiera aumentó los desahucios hídricos. Una realidad muy silenciada y opaca porque ante la carencia de un órgano regulador no existen datos oficiales. En la Comunidad de Madrid, según datos del Canal de Isabel II a los que tuvo acceso este medio, en el año 2013 más de 73.000 hogares recibieron hasta noviembre (último mes con datos disponibles) el aviso de corte por impago.

Barcelona quiere desprivatizar

En Barcelona el agua también ha mojado la campaña. “Articular tarifas ambientales y justas que garanticen el acceso universal al agua”, recoge el programa electoral de Barcelona En Comú, en el que el vital líquido tiene muchas menciones. “El Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y su gestión debe guiarse por criterios sociales y ambientales, no estar sometida al negocio privado”, añade el documento.

En la Ciudad Condal el suministro está en manos privadas. La coalición que encabeza Ada Colau recuerda que, según los datos de la Agencia Catalana del Agua, las tarifas han aumentado el 70% desde 2009. Por ello proponen “hacer uso de los instrumentos al alcance del Ayuntamiento para lograr la municipalización del agua”. Colau ha reconocido que no recuperarán la gestión del agua tan solo por ganar unas elecciones, más cuando el suministro está en manos de “Agbar y La Caixa, que no se dejarán escapar el gran negocio”.

El pasado mes de abril, Colau participó en la firma del Pacto Social del Agua, donde se comprometió “a trabajar por la municipalización del agua en Barcelona y su área metropolitana”. Así lo recoge también el programa electoral, donde citan como ejemplo otras ciudades europeas donde el servicio se ha desprivatizado, como París, Berlín o Nápoles.

Huelga para pedir la remunicipalización

Pero aquí tampoco han decidido todavía acciones concretas. Caminando por el terreno de la hipótesis, la candidata a la alcaldía de Barcelona plantea por ejemplo la posibilidad de, “entre la institución y la ciudadanía, generar una huelga y el impago de los recibos del agua para lograr la remunicipalización”. Pretenden garantizar el suministro a todo el mundo y que “se regulen adecuadamente las tarifas”.

Tampoco existen datos de cortes de agua en Barcelona, si bien la plataforma Aigua és Vida apunta en un estudio que en Cataluña “los municipios con gestión privada cortan el agua mucho más que aquellos que tienen una gestión pública, produciéndose cortes al 74% de los municipios con gestión privada y disminuyendo hasta el 8% en los municipios con gestión pública”. Unos datos que cobran toda su dimensión teniendo en cuenta que el 83% de la población catalana tiene privatizado este servicio, según datos de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación.

Presión desde la oposición

Más allá de las grandes ciudades, la Iniciativa Agua 2015 jugará un papel muy importante sobre la gestión del líquido en otros puntos del Estado. “El gobierno, sea cual sea, estará formado por partidos que han firmado el Pacto por el Agua Pública y se han comprometido con la remunicipalización de Aguas de Alcázar, y ése es nuestro objetivo”, ha manifestado públicamente el portavoz de la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar, Fernando Ruiz.

El servicio de agua está privatizado desde hace un año por Aqualia (que pertenece a FCC). En esta localidad de Ciudad Real, el Partido Socialista, que también se adhirió el pasado marzo al pacto por el agua pública, ha ganado las elecciones. Ahora tiene en su mano poner en marcha sus compromisos. “Queremos apoyar a quienes pueden conseguir esa reversión de la empresa y por eso seguiremos ahí, con nuestras acciones y haciéndonos visibles”, ha indicado recientemente Ruiz, que sigue manifestándose regularmente.

El caso de Santiago

A cientos de kilómetros, en Santiago de Compostela, las elecciones las ha ganado el partido de concentración ciudadana Compostela Aberta, que ya ha anunciado la remunicipalización del servicio sin coste ninguno para el municipio, pues la concesión finaliza el próximo año. Una de las grandes dificultades de la vuelta a manos públicas de la gestión, la llamada remunicipalización, son los contratos a largo plazo, cuya ruptura suele implicar pagar grandes indemnizaciones a las compañías privadas concesionarias.

“Hay varias poblaciones en las que la concesión está a punto de extinguirse y se puede lograr la remunicipalización sin coste”, explica por teléfono María Giménez, jurista especializada en Derecho Ambiental. Esta integrante de Podemos Murcia y que será diputada en la nueva Asamblea regional cree que aunque los partidos que se han adherido al pacto no gobiernen “podrán hacer presión desde la oposición”.

En la propia ciudad de Murcia, donde ha ganado el Partido Popular pero sin mayoría absoluta, espera que ahora pueda conocerse el pliego de condiciones de la privatización. “Lo hemos pedido muchas veces y no nos lo han facilitado, así que imaginamos que está a punto de extinguirse, por lo que se pueden hacer cosas. Además, los partidos de oposición pueden lograr que se modifiquen las ordenanzas municipales para prohibir los cortes”, añade la política y activista por el agua. Según los datos que maneja esta jurista, en la capital murciana se producen unos 3.000 avisos de corte de agua al año.

Cambios en Andalucía

En Andalucía, la Marea Azul del Sur también está satisfecha por los cambios que pueden deparar las elecciones en algunas localidades. “El tema está muy clarito en el caso del Puerto de Santa María, donde Levantemos el Puerto, IU y PSOE tienen opciones de gobernabilidad y los tres firmaron el pacto”, concreta Paco López, uno de los portavoces de este colectivo ciudadano. “En Barbate la cosa está mucho más clara, lo mismo el Partido Andalucista como Somos Barbate, que pueden componer el consistorio estos cuatro años, han sido claros opositores a la privatización del agua”, añade.

Satisfecho se muestra también López por los resultados electorales en Jerez de la Frontera (donde el agua ha sido privatizada por Aqualia), a pesar de la victoria del PP, que no firmó el Pacto. Sí lo hicieron PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, que podrían formar gobierno de coalición. “La campaña electoral ha usado el agua urbana como referente de garantía social; estos partidos lo han repetido en todos sus encuentros públicos y la salvaguardia de los derechos del agua forma parte de sus programas. Ahora ha llegado la hora de hacer realidad esos compromisos electorales y demostrar en qué bando se está, con coraje, valentía, dignidad y responsabilidad”, ha expuesto en un comunicado la Coordinadora del Agua de Jerez, que se reunirá con estas tres formaciones.

El PP de Aragón está en contra del trasvase del Ebro. La presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, lo ha dejado claro. Aguas abajo, sus colegas de partido le llevan la contraria de forma pública. “Sí o sí, el trasvase del Ebro es una apuesta necesaria para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana”, contesta el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, quien ha hecho campaña en Tarragona visitando con regantes la zona de la posible toma de su ansiado trasvase.

La guerra del agua, que protagonizó enfrentamientos, manifestaciones, portadas y decenas de noticias a principios de siglo con la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del Gobierno de José María Aznar y que incluía un trasvase del Ebro, ha renacido en las últimas semanas marcando la agenda electoral.

“Aprobaremos un Plan Hidrológico Nacional en el que el trasvase del Ebro pueda resolver el déficit hídrico estructural de la Comunitat Valenciana. Defenderemos el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura en los términos de la Ley del Memorándum, y la consolidación definitiva del Trasvase Júcar-Vinalopó”. El Programa Electoral del PP en esta Comunidad para las elecciones del próximo domingo es contundente.

Ante el órdago lanzado desde Valencia y Murcia, donde incluso cuestionan la gestión del actual Gobierno central de Mariano Rajoy por no haber aprovechado su mayoría absoluta para aprobar un plan hidrológico para todo el Estado que incluya los trasvases entre cuencas, Rudi responde contundente. Recomienda a sus homólogos que lean el programa marco autonómico del PP, “que ellos mismos han aprobado”, y en el que no aparece este proyecto.

El PSOE de Murcia no habla del Ebro, pero sí del Tajo

Los ejemplos de falta de consenso interno, de posturas contradictorias, también son patentes en las filas socialistas. Sobre todo cuando el trasvase del que se debate es el del Tajo-Segura. “Defenderemos a ultranza el Trasvase Tajo-Segura, que tanta riqueza ha aportado a nuestra región y al conjunto del país”, recoge el programa del PSOE de Murcia, que en cambio no dice nada del Ebro. En este caso la réplica llega de sus colegas manchegos: “Pedimos el final del trasvase”, ha afirmado en rueda de prensa el secretario general en Talavera de la Reina (Toledo), Javier Gutiérrez.

Captar (o no perder) votos parece el objetivo de esta polaridad de versiones internas. “La instrumentalización que los partidos políticos han hecho de las emociones y valores vinculados al agua, especialmente en las provincias de Murcia y Valencia, evidencia que determinados discursos son decisivos a la hora de ganar o perder elecciones. Pocas personas y menos partidos políticos han tenido la valentía de decir la verdad en esas regiones; que ante perspectivas de cambio climático y en el actual marco legislativo y socioeconómico vigente, el trasvase Tajo-Segura tiene los días contados y el trasvase del Ebro es absolutamente inviable desde perspectivas tanto económicas, como sociopolíticas y medioambientales”, explica Nuria Hernández-Mora, investigadora de la Universidad de Sevilla y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Izquierda Unida modera el discurso en Murcia

El término puede sumar o restar votos según en qué coordenada geográfica se pronuncie. Y no solo si el apellido es el Ebro. El Tajo también mueve voluntades y matiza posturas. Desde Izquierda Unida reconocen a eldiario.es que aunque la postura del partido es contraria a los trasvases deben moderar el discurso en Murcia, donde dicen es complicado posicionarse en contra. En el programa electoral de esta región abogan por “la continuidad del Acueducto Tajo Segura en la medida que su eliminación supondría un grave perjuicio para la economía y el empleo”.

Desde Castilla-La Mancha, IU afirma que no existe ningún otro partido tan coordinado en materia de agua: “Es lamentable cómo han manejado el tema PP y PSOE; se ha caldeado tanto que la población piensa que sin trasvase no van a tener agua para beber y eso no es cierto. Se ha manipulado y tergiversado de una forma mezquina”, define por teléfono la responsable de Medio Ambiente manchega, Rosa Prieto.

UPyD quiere “interconexión de cuencas”

La hemeroteca de algunos medios regionales sirve para detectar que el agua se está convirtiendo en un arma arrojadiza de gran calado en esta campaña electoral. Y más cuando el bipartidismo que ha imperado en los últimos años está en jaque y son varias las siglas con opciones de entrar en las asambleas autonómicas convirtiéndose en una llave maestra para nuevas coaliciones de gobierno.

“PP y PSOE llevan décadas practicando una política victimista, utilizando el agua como arma arrojadiza de manera irresponsable, defendiendo políticas radicalmente distintas en cada Comunidad Autónoma”, denuncia el programa de UPyD murciano. Dicho documento añade que UPyD “es el único partido que aboga con coherencia por una política de Estado, con un imprescindible Plan Hidrológico Nacional”.

Según el candidato de la formación magenta en Murcia, César Nebot, ese Plan Hidrológico Nacional y esa política de Estado implican la “interconexión de cuencas” en lenguaje técnico, lo que serían pequeños trasvases evitando los eufemismos. Pero el candidato en Aragón, José Luis Lajara, se ha mostrado en contra del trasvase del Ebro y de “cualquier otra forma de lenguaje político que intente falsear esta realidad”, remarcando que “la naturaleza nunca ha generado un trasvase de manera natural, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos”.

Ciudadanos y Podemos

Ciudadanos se muestra a favor de los trasvases, pero en el caso del Ebro añaden en una especie de letra pequeña que el caudal mínimo que requiere ecológicamente es “intocable”. Lo ha afirmado el europarlamentario Javier Nart en Zaragoza, donde añadió: “Decimos lo que nos parece razonable, lo mismo en Aragón que en Cataluña, no tenemos un lenguaje esquizofrénico, hay partidos que no dicen lo mismo”.

Fue Podemos quien encendió la mecha del asunto hace tres meses. El agua, los trasvases, los planes hidrológicos, los eufemismos, los ríos, los regantes empezaron la campaña en febrero, cuando el secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, explicó en un programa de radio que su formación no quería repetir “la confrontación de regiones que ha habido hasta ahora” en relación al trasvase del Ebro. La “guerra del agua” había comenzado. “Los regantes tenemos claro a quién no votar”, respondió inmediatamente el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver. Este colectivo juega un papel básico en este complicado puzle hídrico. Suelen ser escuchados.

1.600 millones en infraestructuras

La directora general del Agua del Ministerio, Liana Ardiles, ha cifrado en 1.595 millones de euros las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas para 2015. Actualmente hay una veintena de presas en construcción. Aunque Pablo Echenique enfadó a los regantes, sus críticas estaban centradas en las obras faraónicas que inevitablemente implican los trasvases y la regulación de ríos. “Hay maneras más democráticas y menos agresivas con el medio ambiente para poder distribuir el agua que hacer obras faraónicas”, apuntó.

Menos hormigón es la postura de Podemos respecto al agua: “El fomento de los trasvases y presas es el negocio de las grandes constructoras del Ibex 35, asociadas a los bancos, a los que el PP y PSOE les deben muchos millones de euros, y a medios de comunicación. Y el que paga manda. No interesa que los ciudadanos tengan acceso directo al agua porque se acabaría el negocio del ”lobby del hormigón“ y de las multinacionales del agua municipal privatizada”, explica a eldiario.es Francisco Turrión, geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, ahora en Podemos Murcia.

De momento, Podemos tiene como primera prioridad el mantenimiento y consolidación de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura en Murcia, lo que ha despertado muchas críticas entre sus simpatizantes y colectivos ecologistas. La segunda apuesta pasa por “buscar que esos regadíos puedan ser autosuficientes mediante el empleo del agua subterránea, desalobrada y desalada propia con un coste por metro cúbico igual o inferior al actual precio del agua del trasvase”, explica Turrión.

La adjudicación de la mina de Aználcollar, que la Junta ha paralizado después del escándalo, no sólo afecta a la empresa andaluza Magtel, con supuestas vinculaciones con la Junta de Andalucía. La otra pata de Minorbis, Grupo México, es la responsable de uno de los peores desastres ecológicos del país.

Así lo reflejaron los medios locales cuando, el 6 de agosto de 2014 la falla estructural de un contenedor de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de este conglomerado, en el Estado de Sonora provocó un derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.

“Pese a la magnitud del accidente, la minera trató de ocultarlo durante varios días. Sin embargo, no fue hasta que los medios de comunicación y los mismos pobladores detectaron el color distinto del agua y afectaciones cuando el escándalo salió a la luz”, explica a este medio el portavoz de Greenpeace México, Miguel Soto.

Estos antecedentes son los que preocupan a las organizaciones conservacionistas que trabajan en Doñana: “Lo de la empresa andaluza es un maquillaje [en referencia a la adjudicación de Minorbis], es simplemente una conseguidora, pues la que gestionaría Aznalcóllar es la mexicana. Y Grupo México no es ajeno a los accidentes graves, un peligro en un lugar especialmente sensible con lo que ha pasado”, explica a eldiario.es el coordinador técnico de la oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona.

Ese “con lo que ha pasado” recuerda que la mina de Aznalcóllar fue la protagonista en 1998 de uno de los mayores desastres ambientales de Europa. La noche del 25 de abril de aquel año en estas minas, situadas a unos 50 kilómetros al norte del Parque Nacional de Doñana, se produjo la rotura de un muro de contención de una balsa de decantación: en resumen, el mayor vertido tóxico de la historia de España.

Uno de los hombres más ricos de México

La principal actividad de Grupo México es la minería, aunque también se dedica a los transportes e infraestructuras, explican en su web. La empresa pertenece a Germán Larrea uno de los hombres más ricos de México (solo superado por el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim) y del que poco se sabe: “El multimillonario más misterioso”, le ha calificado la revista Forbes. Apenas existen fotos (recientemente el Gobierno mexicano publicó una del empresario junto al presidente Peña Nieto) de un hombre con una fortuna estimada de 14.900 millones de dólares, según la revista económica, quien le coloca en el puesto 64 de su ranking mundial de multimillonarios.

El desastre del pasado agosto afectó a unos 25.000 habitantes de siete municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi (San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo), en el Estado de Sonora, a unos 25 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tras la tragedia ambiental y humana, Larrea no se disculpó, sino que inicialmente negó los hechos.

“Grupo México mintió deliberadamente al decir que unas lluvias extraordinarias provocaron que sus contenedores, como pequeñas presas con químicos, se inundaran y rompieran provocando el derrame. No fue hasta que algunas fuentes  revelaron que esos días no llovió y que la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno mexicano] informó que en realidad lo que ocurrió fue una falla de una válvula que se reventó, cuando se desmintió la versión de Grupo México”, recuerda el portavoz de Greenpeace.

Indemnizó con 150 millones

La compañía minera cedió finalmente y acordó reservar 150 millones de dólares para pagar por los daños. Según los datos económicos publicados por la empresa, el ebitda (es decir, las ganancias antes de impuestos e intereses) acumulado en 2014 ha sido de 3.907 millones de dólares. Además, la división minera alcanzó una plusmarca de producción de 847.387 toneladas de cobre contenido al año, gracias a la mayor producción de Buenavista.

El objetivo, apunta la propia compañía, convertir a esta mina de Sonora en la tercera mina más grande del mundo en términos de producción; también es la más antigua en América del Norte, con trabajos que datan de 1899. Esta mina, antes conocida como Cananea, contiene los mayores yacimientos de cobre mineral en exportación en el mundo.

Tras el desastre ambiental, la Comisión Permanente del Congreso mexicano solicitó cancelar el permiso de explotación y afirmó que el derrame puede considerarse un “ecocidio”, ya que afecta a las actividades ganaderas y agrícolas de la zona. Sonora es uno de los Estados con mayores problemas de agua de México.

Siguen las manifestaciones

Ocho meses después del vertido, ciudadanos de la zona siguen manifestandose para solicitar el cierre de la mina. De momento, el pasado marzo la compañía pagó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 23,5 millones de pesos de multa (algo más de 1,3 millones de euros) por 50 irregularidades detectadas tras el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi. Esas sanciones fueron impuestas tras inspecciones posteriores y son independientes al fideicomiso de 2.000 millones de pesos iniciales (unos 115 millones de euros) que el Gobierno federal impuso a la empresa para remediar el daño.

Otra filial de Grupo México, Southern Cooper, ha propuesto desarrollar en Perú, en la región de Arequipa, el proyecto Tía María, del que se prevé una producción estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre. La idea ha dividido a los peruanos. Las protestas de las últimas semanas han provocado tres muertos y más de 200 heridos, según los medios locales.

La Comunidad Madrid ha ingresado 126,9 millones de euros del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de la región y de la que es accionista mayoritario. El pasado 23 de abril se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó el reparto de un dividendo complementario de 22,6 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar los 131,4 millones de euros que ya fueron repartidos como dividendo a cuenta a finales de 2014. En suma, la gestión del Canal se saldó el pasado año con 154 millones para repartir entre el accionariado: la Comunidad de Madrid, que controla el 82,4% a través del ente público Canal de Isabel II; y los 111 ayuntamientos que tienen el 17,6% de las acciones y se repartieron 27 millones de euros.

De este segundo paquete, el Ayuntamiento de la capital controla el 10% de las acciones, es decir, ingresó algo más de 15 millones de euros. La Comunidad de Madrid es por tanto la principal beneficiada económicamente de la conversión del Canal en sociedad anónima.

Da la casualidad que la empresa continúa siendo pública por la presión de la ciudadanía, que incluso celebró una consulta popular en el que votaron 167.000 personas (el 99% a favor de la gestión pública). La Comunidad dio marcha atrás en sus planes de privatización en mayo de 2012, cuando el entonces presidente del Canal, Ignacio González, anunció la paralización del proceso para no “malvender” la compañía, a la espera de que “las circunstancias económicas así lo permitan”.

Desde entonces, las cuentas han sido muy positivas para el Gobierno regional a pesar de no haber logrado los ingresos de la venta de la compañía.

La empresa más importante de Madrid

La privatización de los suministros urbanos de agua y saneamiento suponen habitualmente la entrada de dinero líquido a las finanzas municipales, a través de lo que se conoce como canon concesional. Durante los años de la crisis, esta medida ha sido utilizada por diferentes municipios para sanear sus cuentas. “Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura”, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, Luis Babiano.

Una cantidad que el Canal ha pagado a los municipios en los que ha logrado la concesión del agua; es decir, actúa como una empresa privada fuera de la Comunidad de Madrid. Sucede desde el 14 de junio de 2012, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la creación de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión.

Desde entonces, el propio Gobierno regional y los ayuntamientos cobran dividendos por la gestión de una empresa que, aunque funciona como una empresa mercantil, sigue estando totalmente en manos públicas.

Las distintas Juntas de Accionistas celebradas han aprobado el reparto de 431,9 millones de euros en dividendos. El propio presidente de Canal Gestión y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, reconoce en el Informe Anual 2013 que esos millones de euros son “una contribución a los Ayuntamientos en momentos muy difíciles para su financiación”.

De esos 431,9 millones, 356 han sido para la Comunidad de Madrid, 43 para el Ayuntamiento de Madrid, y los restantes 32,7 para 110 consistorios.

“Olvida el servicio público”

“Entre los aspectos que consideramos graves de dicho modelo podemos señalar su opacidad, la ausencia de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral del ciclo del agua, y su gestión mercantil, que se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía”, escribe la abogada penalista Liliana Pineda en el libro 'Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II', lanzado el pasado noviembre por la Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Marea Azul.

Consultado por este medio, el economista José Manuel Naredo apunta que “lo público está parasitado por intereses bien privados. No basta con defender lo público, sino que hay que exigir también que las entidades públicas operen en beneficio del interés general”. 

El propio Naredo, en el libro 'Más claro agua', escribe que esta compañía pública no es “una empresa cualquiera, sino la más importante de la Comunidad de Madrid en muchos aspectos, que cuenta con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor”. Fundada en 1851 por el Estado con dinero público, el Canal de Isabel II fue de gestión estatal hasta 1984.

Aumento de los cortes por impagos

De forma paralela a la creación de la sociedad anónima, y por tanto al reparto de dividendos, aumentaron los avisos de cortes de suministro a usuarios por impago. Así lo revelaron los datos a los que ha tenido acceso a este medio. “El aumento progresivo del número de cortes y condenas desde el año 2008 hasta 2013 puede ser debido en parte a la crisis económica, pero paralelamente se pone de manifiesto que la política del Canal se ha radicalizado especialmente a partir del año 2012, fecha de creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.”, expone, en un documento interno, la plataforma ciudadana.

Una forma de actuar que supone una violación del derecho humano al agua y al saneamiento aprobado en el año 2010, según reconoce la exrelatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua, Catarina de Albuquerque.

Los datos de aviso de corte en el Canal de Isabel II, a los que ha tenido acceso este medio, en 2008 hubo 18.674 avisos de cortes. En 2009 se pasó a 24.210 (un 29% más). Al año siguiente, la cifra disminuyó ligeramente hasta los 23.651 hogares; para aumentar nuevamente en 2011, con 25.768. El incremento fue muy significativo en 2012, cuando se llegó a los 41.324 avisos. Aunque sin duda fue 2013 el ejercicio más dramático: hasta el 30 de noviembre de ese año, última fecha disponible, 73.016 casas habían recibido el aviso.

La gestión del Canal está siendo un tema importante de cara a las elecciones del día 24 de mayo. Si la Iniciativa Agua 2015 ya logró el posicionamiento a favor de la gestión pública de todos los partidos de la Comunidad, excepto PP y Ciudadanos, recientemente Podemos ha lanzado la idea de un Banco del agua con el Canal, para financiar innovación y energías renovables. La propuesta del PSOE es un Observatorio del agua, donde estén representados los poderes públicos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los consumidores y usuarios, además de las organizaciones ecologistas.

Por otra parte, el pasado día 5 de mayo se celebró una concentración convocada por los trabajadores y trabajadoras, a las puertas de la sede del Canal, en contra la destrucción del empleo y la precariedad laboral. Asistió el candidato de IU a la Comunidad, Luis García Montero.

Conflictos laborales

El último conflicto surgido en la empresa ha sido la concesión del servicio de call center a GSS Ventura, participada por la compañía de agua en un 25% y quien ha anunciado su intención de deslocalizar el servicio y trasladarlo a Perú. Una decisión que supone, según los sindicatos, la destrucción de 250 empleos.

De momento el concurso está paralizado porque otras dos empresas que optaban a la concesión han recurrido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Al paro también se suman las y los educadores ambientales del proyecto Canal Educa, cuyo objetivo es fomentar la educación ambiental en los centros de la Comunidad. Según informa Comisiones Obreras, la empresa adjudicataria de este programa, Lavola 1981, va a prescindir “de todos los educadores que trabajaban en Canal Educa por negarse a firmar contratos en fraude de ley. Canal de Isabel II, a pesar de tener conocimiento de esta situación, se ha negado a hacerse cargo y a mediar entre la empresa y los trabajadores, permitiendo que educadores cualificados con antigüedades de hasta siete años en el proyecto pierdan sus puestos trabajo”.

El sindicato también denuncia “la precaria situación del colectivo de trabajadores contratados temporales formado en la actualidad por más de 600 personas, que perciben los salarios más bajos del Estado y cuya vida laboral no se alarga más allá de tres años mediante el encadenamiento de contratos basura”.

En una carta del Comité de Empresa, fechada el 21 de noviembre de 2014 y dirigida a Salvador Victoria, exponían que desde la creación de la sociedad anónima la gestión es “puramente mercantilista”, centrada en “maximizar los beneficios a cambio de reducir el gasto de personal y los costes de inversión y mantenimiento”.

El Canal de Isabel II ha multiplicado por cuatro los procesos de corte de agua en cinco años. Si en 2008 avisó a 18.674 casas de que iba a cerrarles el grifo, en 2013 ese volumen llegó a 73.016, según los datos internos acumulados por la Plataforma contra la Privatización del Canal y analizados por eldiario.es. Supone un incremento de casi un 400%. En ese lustro, la empresa pública advirtió a 206.643 hogares de un posible corte de agua por impago de las facturas.

Una vez realizado el aviso, el corte efectivo se ejecuta entre el 80 y el 85% de los casos, según las estimaciones de fuentes internas de la compañía. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) rebaja el porcentaje al 60%, admitiendo que sus cálculos son a la baja. En definitiva, hasta 165.000 hogares madrileños podrían haberse quedado sin suministro en cinco años. Y si en cada domicilio vive una media de más de dos individuos (los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística hablan de 2,53), las personas damnificadas serían unas 330.000.

La empresa no accede a hacer públicos estos datos. Eldiario.es ha preguntado sin éxito por las cifras actualizadas de 2014 a la compañía pública, que tampoco ha respondido a la petición de transparencia solicitada por esta plataforma ciudadana.

La cancelación del agua corriente es uno de los dramas más ocultos y silenciados de la crisis económica y financiera. Gran parte de los cortes se producen por impago de facturas, lo que a la postre se traduce en “desahucios hídricos”, como los ha denominado el gerente de AEOPAS, Luis Babiano. Una situación que además cobra mayor relevancia si cabe cuando se recuerda que el acceso al agua y al saneamiento son un derecho humano, reconocido desde 2010 por la Asamblea de Naciones Unidas, que exige responsabilidad a los Estados para su cumplimiento.

“La desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago por no tener medios constituye una violación del derecho humano al agua y de otros derechos humanos internacionales”, ha afirmado Catarina de Albuquerque, hasta el pasado diciembre relatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. De hecho, la ONU ejemplifica el camino correcto con un caso de Bélgica: en la región flamenca donde existe una cantidad mínima de suministro gratuito, la ciudadanía paga una tarifa básica de conexión mientras el precio del exceso de agua utilizada depende de la cantidad consumida.

Opacidad

El silencio al que están condenados los desahucios hídricos, sufridos en numerosas ocasiones en el interior de los hogares, llega acompañado de una falta de estadísticas y datos oficiales que obligan a tirar de estimaciones. Y es que, alrededor de la gestión local del vital líquido multiplica la existencia de empresas gestoras y de ayuntamientos, lo que dificulta extraer conclusiones transversales.

Según los datos sobre el Canal de Isabel II que ha podido ver este medio, en 2008 hubo 18.674 avisos de cortes. En 2009 se pasó a 24.210 (un 29% más). Al año siguiente, la cifra disminuyó ligeramente hasta los 23.651 hogares; para aumentar nuevamente en 2011, con 25.768. El incremento fue muy significativo en 2012, cuando se llegó a los 41.324 avisos.

Aunque sin duda fue 2013 el ejercicio más dramático: hasta el 30 de noviembre de ese año, última fecha disponible, 73.016 casas habían recibido el aviso, número que indica un incremento del 291 por ciento con respecto a los datos de 2008, al inicio de la crisis.

Aumento de cortes con la sociedad anónima

A falta por tanto de saber los registros del año pasado, el incremento más severo en los cortes se produjo en 2013, coincidiendo con la creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.

Los datos recogen además las “condenas”, un tecnicismo que hace referencia a un corte de suministro definitivo, realizado materialmente de tal manera que impide al usuario tener acceso aunque sea de manera fraudulenta. La evolución de estos casos más extremos también ha sufrido un incremento continuado desde 2008: hasta el 30 de noviembre de 2013 se contabilizaron 19.779 incidentes, siendo el ejercicio 2013 nuevamente el más duro, pues duplicó las cifras del año anterior pasando de 3.757 a 4.458. En total, en este lustro la proporción ha crecido un 220%. En esta situación, lograr de nuevo el suministro supone un coste de entre 260 y 870 euros (frente al restablecimiento más habitual, que asciende a 67 euros).

La plataforma ciudadana concluye en un documento interno que “el aumento progresivo del número de cortes y condenas desde el año 2008 hasta 2013 puede ser debido en parte a la crisis económica, pero paralelamente se pone de manifiesto que la política del Canal se ha radicalizado especialmente a partir del año 2012, fecha de creación de la mercantil Canal de Isabel II Gestión S.A.”.

Todas estas cifras y porcentajes, aunque frías, esconden duras realidades. “Hay que pensar que quien no paga el agua, que suele ser la factura más baja, es que no puede pagar nada”, reflexiona Raquel García, de la Plataforma contra la privatización. Son realidades como la de Pilar Rodríguez, quien relató a eldiario.es cómo sobrevive sin agua y cómo se ‘engancha’ al sistema, si bien en su caso al otro lado estaba una empresa privada.

Tarifas sociales

El debate sobre unas tarifas sociales, para que nadie quede excluido de la red de agua, lleva sobre la mesa meses, sobre todo a través de la Iniciativa 2015, que pretende introducir el debate sobre el agua pública en las elecciones autonómicas y locales de mayo.

En este ámbito, el Canal de Isabel II habla de bonificaciones, de las que existen cuatro tipos: por familia numerosa, por vivienda numerosa, por ahorro de consumo y por exención social. Únicamente la última tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad económica en la que vive parte de la ciudadanía. Según los datos consultados, esa es en la que menos gasta el Canal: por ejemplo, en 2013 supuso poco más de 82.000 euros, cuando las otras tres modalidades juntas sumaron prácticamente dos millones de euros.

Esta bonificación (una especie de subvención) por exención social se aplicaba hasta hace poco a la cuota variable de la factura, precisamente la más baja. Varios colectivos presionaban desde hace tiempo para que se aplicara a la parte fija, decisión que finalmente se aplica desde principios de este año y que se hizo pública unos días después de que saltara la polémica por la emisión de bonos para financiar  la empresa. Precisamente el mismo comunicado que informaba de la operación financiera estaba encabezado con la bajada de tarifas.

“Es verdad que ahora la factura puede bajar hasta un 60%, lo cual es muy interesante, pero creemos que sigue siendo insuficiente porque no se adapta a la realidad social de la Comunidad de Madrid, porque no recoge a colectivos con bajos ingresos o personas paradas”, apunta García, quien critica además que el Canal no haga publicidad de la posibilidad de fraccionar los pagos cuando sí gasta mucho dinero en otras campañas publicitarias.

España se queda cada vez más sola en la privatización del servicio de suministro de agua. La tendencia internacional es la contraria: las administaciones están recuperando el control directo sobre el abastecimiento. El proceso de remunicipalización del servicio ha sido documentado por el estudio Nuestra futura agua pública que registra el éxito de 235 casos, localizados en 37 países diferentes. Capitales como París, Berlín, Buenos Aires, Bogotá, Yakarta, Kuala Lumpur, La Paz o Dar es Salaam sobresalen en una tendencia que avanza con paso firme, que se expande a lo largo y ancho del globo, sobre todo desde 2009. Del total de ejemplos, 184 pertenecen a países con altos ingresos (sobre todo Francia, 94, y Estados Unidos, 58), mientras que los 51 restantes están ubicados en regiones empobrecidas.

En contraste, en España, si en 1996 el 63% de la población estaba abastecida por sociedades públicas, hoy el porcentaje ha disminuido hasta el 47%. El documento muestra 14 islas: 14 procesos de recuperación del control del agua, correspondientes a localidades como Medina Sidonia (Cádiz), Arteixo (A Coruña), Manacor (Mallorca), Ermua (Vizcaya), Torrelavega (Cantabria) y Arenys de Munt (Barcelona), además de una veintena de municipios sevillanos agrupados en Aguas del Huesna. Se trata de excepciones en un contexto teñido por la privatización.

“Ciudades, regiones y países de todo el mundo están optando cada vez más por cerrar el capítulo de la privatización del agua y por remunicipalizar los servicios mediante la recuperación el control público de gestión del agua y el saneamiento. En muchos casos, ésta es una respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y su incapacidad para poner las necesidades de las comunidades antes del lucro”, explica el documento que profundiza en la tendencia mundial hacia una gestión pública de los suministros urbanos de agua y saneamiento.

En todo el mundo sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes son privadas, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). El agua es mayoritariamente pública en Europa, con Estados que van a contracorriente, principalmente, el Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal, lamenta el responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, Pablo Sánchez.

Las privatizaciones como tabú

El término remunicipalización describe la recuperación pública de los servicios de suministro de agua y gestión del saneamiento. “Esto ocurre, normalmente, después de que los gobiernos locales rescindan los contratos privados o no los renueven, aunque el proceso no siempre (o no sólo) tiene lugar a escala municipal”, se explica en otro informe titulado Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global, publicado en enero de este año por la Unidad de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU), el Instituto Transnacional (Transnational Institute, TNI) y el Observatorio de las Multinacionales (Multinationals Observatory).

Según estas organizaciones, “cualquiera que sea su forma y escala, la remunicipalización suele ser una reacción colectiva en contra de una privatización del agua o de unos PPP [colaboración público-privada] insostenibles. Debido a la impopularidad de las privatizaciones, las compañías privadas han usado su maquinaria propagandística para hacer creer a la gente que las concesiones, los contratos de arrendamiento y otros modelos de PPP son muy distintos a la privatización; pero no lo son”.

En España, la lucha ciudadana ha evitado que los porcentajes de privatización sean más elevados. Así ha sucedido por ejemplo con el Canal de Isabel II; en manos de la Comunidad de Madrid y de 111 ayuntamientos de la región. Los coqueteos de esta empresa pública con los mercados han sido constantes desde 2004. Uno de los últimos ha sido el lanzamiento de un “programa de emisión de valores negociables de renta fija” y la aprobación de su “primera emisión de valores”, es decir, de bonos. Donde la compañía sólo ve “pura y dura financiación”, las voces críticas alertan del enésimo intento para dar cabida al capital privado, hipotético proceso que sólo podría completarse si el Partido Popular se mantiene en el poder tras las elecciones autonómicas y municipales.

Otra muestra que ha saltado a los titulares es Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde el pasado mes de marzo la Justicia anuló el proceso de privatización de Aguas de Alcázar, la empresa municipal, por irregularidades en la tramitación del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 resolvió así la pretendida venta del 52% de la compañía.

La guerra del agua de Cochabamba

El primer éxito ciudadano de lucha contra la privatización fue la guerra del agua de Cochabamba (Bolivia), de la que se cumplen ahora 15 años. “Fue sobre todo una guerra política. Es lo que trasciende. Se lo hemos mostrado al mundo y en otras partes se está haciendo, como en Grecia, con esa victoria popular de disputar al poder económico y al poder de los partidos la construcción del presente y del futuro de la población. Nosotros le disputamos eso a la [multinacional] Bechtel, al Banco Mundial, a los partidos, al Ejército… y ganamos. Recuperamos la política, la capacidad de decidir, la democracia en su verdadero contenido”, explica a eldiario.es Óscar Olivera, sindicalista y uno de los rostros más visibles de aquellos días de lucha en Cochabamba. Precisamente Olivera sirvió de inspiración a uno de los personajes principales de la película de Icíar Bollaín También la lluvia, que recoge esta victoria ciudadana.

“Este pozo es nuestro. Esta agua es nuestra. Es el agua para nuestros hijos. Venden nuestros pozos y nuestros lagos y se quieren quedar también la lluvia”, recoge el filme. El Banco Mundial presionó para privatizar el suministro del agua en Cochabamba, por lo que el Gobierno de Hugo Banzer concedió el contrato a la compañía Aguas de Tunari, un consorcio con participación de la multinacional Bechtel (27%) y de la española Abengoa (25%), creado ad hoc en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La concesión fue ilegal e ilegítima, entre otras cuestiones, porque no estaba aún aprobada la ley que permitía otorgar concesiones. Además, según la propia ley, debía haber por lo menos dos empresas compitiendo por la concesión, cuando en la práctica hubo una sola empresa interesada en participar.

Aguas del Tunari se creó con un capital ficticio, 2.000 dólares (1.400 euros), y se le entregó una empresa pública cuyo valor estaba estimado en unos 100 millones de dólares (70 millones de euros). A partir de ahí, las tarifas del vital líquido fueron dobladas para pagar la inversión realizada y la gente tuvo que empezar a pagar por usar sus propios tanques y tuberías, ya que no se permitía siquiera almacenar agua de lluvia. En este contexto surgieron las protestas, duramente contrarrestadas por la policía y que se saldaron con decenas de heridos e incluso un muerto. Tras las masivas manifestaciones acontecidas a principios del año 2000, el Gobierno se dio por vencido, el proyecto quedó descartado y se rompió el contrato.

Presiones privatizadoras

“A pesar de más de tres décadas de implacable promoción de la privatización por las instituciones financieras internacionales –como el Banco Mundial- y por organizaciones afines, ahora parece que la remunicipalización del agua es una opción política que ha venido para quedarse”, apuntan las autoras y autores de Nuestra futura agua pública, publicado por Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean.

Con la crisis económica y financiera de los últimos años, sufrida especialmente en los países del Sur de Europa, los recortes han provocado el aumento de las presiones de la troika para privatizar determinados servicios públicos. Entre ellos, el agua. “Los gobiernos locales se enfrentan a recortes presupuestarios relacionados con las políticas de austeridad implementadas por los gobiernos centrales, además del europeo y de las instituciones financieras internacionales. Algunos casos han sido notica en Francia, España y Grecia, donde a menudo se argumenta que los trabajadores del sector público son demasiados caros”, explican Christine Jakob y Pablo Sánchez en dicha publicación.

Nuestra futura agua pública concluye que “el mismo modelo defectuoso de privatización del agua e inversión del sector público prescrito en el Sur está siendo promocionado en la Unión Europea, en un contexto de crisis financiera y económica, como una forma de apoyar las finanzas públicas y de financiar los servicios de agua sin liquidez. Ha sido el caso de Atenas y Tesalónica, en Grecia, fracasado por la resistencia pública y por las decisiones judiciales; otros países como Portugal, Irlanda, España o Italia han experimentado intentos similares”.

En Italia, sin ir más lejos, la población dijo ‘no’ a la privatización en junio de 2011, a través de un referéndum organizado por el Gobierno. La norma sometida a votación pretendía acabar con la gestión pública del servicio de suministro de agua, ya que exigía su adjudicación a empresas privadas o compañías mixtas con al menos un 40% de capital privado; también se denegó la norma que garantizaba al gestor un beneficio automático del siete por ciento con respecto a la inversión, independientemente de la calidad del servicio.

La planificación hidrológica en la que trabaja el Gobierno a través de las diferentes confederaciones de cuenca ha recibido un nuevo revés. La Comisión Europea ha dado un tirón de orejas y ha pedido que se evalúen las posibles repercusiones negativas que el acceso marítimo al puerto de Sevilla podría tener en Doñana. La alerta llega días después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el dragado del río a su paso por la capital sevillana; se suma además a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el blindaje legislativo diseñado por el Gobierno para el Trasvase Tajo-Segura.

Tanto Bruselas como los órganos judiciales españoles demuestran así que el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado en mayo de 2013, vulnera la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea así como otras directivas comunitarias relativas a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Se trata de una denuncia que por ejemplo ha elevado ante diferentes instancias la organización WWF-Adena. La Unesco también se ha posicionado en contra del dragado por su afección a Doñana, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han respondido públicamente a este revés sobre la gestión del Guadalquivir. Sí han hablado desde la Autoridad Portuaria de Sevilla, principal promotora del proyecto, asegurando que no tiran la toalla y que esperan que en la nueva fase de planificación hidrográfica, que debería estar lista entre finales de 2015 y principios de 2016, se pueda retomar el proyecto. Eso sí, los fondos de cohesión europeos Feder destinados a la obra serán dedicados ahora otros proyectos del puerto de Sevilla.

“Una cosa es que no se haya hecho bien y otra es que el dragado sea nulo”, afirmó hace unas semanas en una rueda de prensa la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño. El dragado, que entre sus propósitos tiene que los grandes cruceros turísticos lleguen a Sevilla, es apoyado por los sindicatos UGT y CCOO, además de por la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio de Sevilla, que conforman la plataforma Sevilla por su puerto, Eurovía del Guadalquivir. Todos ellos han vinculado el proyecto al desarrollo económico tanto de la provincia de Sevilla como de Andalucía. Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, “es necesario que se lleve a cabo porque significa creación de empleo en una ciudad como Sevilla, con unos datos del paro devastadores”.

“Diga lo que diga el Puerto, el dragado es una actividad que va a perjudicar al río y, lógicamente, sería bastante curioso que se intentara, por parte de una administración pública, poner en marcha un proyecto que va a perjudicar al estuario del Guadalquivir y al río, sobre todo cuando los tribunales están diciendo que es totalmente contrario a los intereses generales”, explica el coordinador técnico de la oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona.

Desde esta organización, reclaman a las ministras de Fomento y de Medio Ambiente, Ana Pastor e Isabel García Tejerina, respectivamente, que se abandone oficialmente esta idea “faraónica e ilegal, y se ponga en marcha inmediatamente la recuperación del Estuario del Guadalquivir”.

Informes científicos

Tanto el Tribunal Supremo como la Comisión Europea han avalado los informes científicos que encargó el Ministerio y que concluían que el dragado de profundización “no es recomendable en la situación actual por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos”.

La respuesta de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla y del presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, ha consistido en criticar a los autores del estudio que desaconseja este dragado, los científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Uno de los documentos, firmado por el doctor en Ciencias Biológicas Hermelindo Castro, recoge que cualquier intervención, como sería el dragado profundo, “traerá consecuencias importantes en todos y cada uno de los subsistemas del estuario y de su mar litoral en el Golfo de Cádiz”; y añade que “profundizar el dragado y hacer mejoras posteriores en el estuario no es viable” si se pretende “mantener con vida el estuario. Primero hay que mejorar la situación en el estuario y luego se podrá evaluar si se puede profundizar el dragado y en qué condiciones”.

El borrador del proyecto del Plan Hidrológico, presentado en el año 2010, no incluía el dragado, que sí entró en el proyecto definitivo, aprobado en 2013. El propio Plan apunta posibles consecuencias: “Podrían verse modificadas las características físicas de las masas de agua de transición”. En concreto, las masas afectadas serían Cortas de la Isleta, Merlina, Punta del Verde y Vega de Triana, Cortas de los Jerónimos, los Olivillos y Fernandina, La Mata–La Horca, La Esparraguera–Tarfia, y Desembocadura Guadalquivir–Bonanza. Cambios, en resumen, que empeorarían la calidad de las aguas, en contra del objetivo general de la Directiva Marco de Agua.

Desarrollo económico o protección de los ríos

La justificación del proyecto siempre ha sido de índole económica. La Cámara de Sevilla explica que “el puerto puede ser uno de los principales motores económicos del área metropolitana, generando una plataforma de desarrollo para sectores clave del tejido productivo y posibilitando nuevas iniciativas en materia de inversión y empleo”.

De hecho, el Plan Director 2020 de la Autoridad Portuaria de Sevilla pasa por la mejora del acceso marítimo, eje de la estrategia de desarrollo, y la llegada de buques de más dimensiones. El coste de esta obra, recogido por el Plan Hidrológico del Guadalquivir, es de 30 millones de euros, financiados con fondos europeos y que se prevé que se amorticen en 25 años. Se estiman además dos millones de euros anuales en gastos de mantenimiento del canal de navegación del puerto de Sevilla en el estuario del Guadalquivir.

La defensa del dragado basada en el desarrollo económico levanta las sospechas de que el proyecto se incluya en los planes de gestión del río, que buscan cumplir la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea. Los objetivos oficiales de esos planes buscan el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, arrinconando por ejemplo las infraestructuras hídricas. Tampoco encaja en otras directivas como la de Hábitats, que que busca la protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

“La Directiva permite mantener un proyecto por razones imperiosas de interés público, a pesar de una evaluación negativa. Pero entonces se necesitan medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 [de espacios naturales protegidos] quede protegida”, considera la propia Comisión, que critica que el Estado español “no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la Directiva, por lo que se le envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para contestar. De no recibirse una respuesta satisfactoria, el asunto puede llevarse ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

También la sentencia del Tribunal Supremo indica que “la necesidad no aparece explicada ni justificada en el plan” y que el dragado del canal de navegación del Puerto de Sevilla “no pretende alcanzar unos objetivos medioambientales previstos”, sino que “persigue que puedan navegar por el canal embarcaciones de mayor calado, porque puede ser beneficioso desde el punto de vista económico”.

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua han denunciado repetidamente “la escasa o nula ambición del Gobierno a la hora de aplicar la Directiva” así como “el mantenimiento de las viejas inercias de fomento de la obra hidráulica”.

El Regadío

Además de por el dragado en Sevilla, la Unesco también ha mostrado su preocupación por el proyecto de construcción de una presa en el río Guadiamar, por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, por el posible almacenamiento de gas y por el proyecto de modernización de los arrozales de margen derecho del Guadalquivir. “Desde la Confederación siguen viendo el río como un mero contenedor de agua y no como un gran ecosistema; se vuelven a planificar de nuevo más embalses, más regulación, hasta límites ya de un estrangulamiento al río”, lamenta Juan José Carmona.

El Plan Hidrológico 2009-2015 tiene prevista la construcción de 49 embalses nuevos en toda la cuenca y 24 nuevos canales de riego. Otro de los problemas denunciados por la Fundación Nueva Cultura del Agua es el aumento de los regadíos en la cuenca, sumándose 32.000 nuevas hectáreas, por lo que consideran que el plan es rehén de los regadíos.

Un informe de esta Fundación que hacía balance del primer ciclo de planificación del río finalizado el año pasado –ahora se trabaja en el segundo–, dirigido por el profesor de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral, indica que “el problema clave, aunque evidentemente no único”, de la cuenca del Guadalquivir es “la expansión descontrolada de la superficie de regadío a lo largo de los últimos 25 años”. Según el profesor, la demanda de agua para riego alcanza un 87% del total de las demandas de la cuenca.

“Cada vez que empiezan las campañas electorales, a los políticos les falta mucha imaginación porque casi siempre prometen regadíos, regadíos y más regadíos. ¿No tenemos más alternativa en Andalucía que no sean regadíos?”, se pregunta el técnico. “Pensamos que el agua es infinita y que no hay límites para aumentar este tipo de actividades sin pensar en el futuro ni en las sequías cíclicas que tiene Andalucía”, añade. El informe científico al que alude el Tribunal Supremo también recoge que “no se puede seguir aumentando la superficie de regadíos en la cuenca, es necesario comparar los supuestos beneficios del aumento de regadíos con la pérdida ambiental en el conjunto del sistema”.

El Guadalquivir y los ríos de su cuenca son parte fundamental de Doñana. El Guadalquivir es Doñana, es quien crea Doñana, quien le da vida, por ejemplo, con las marismas. “La mala gestión provoca que se haya tenido que separar el Guadalquivir de la marisma y que hoy haya compuertas que regulan que el Guadalquivir no introduzca agua en el Doñana”, finaliza Carmona.

Un ecosistema que goza de la máxima protección mundial y que está amenazado por las extracciones de pozos. De hecho, el principal problema de este espacio protegido es la sobreexplotación del acuífero Almonte-Marismas. La crítica situación del acuífero es una de las mayores preocupaciones de los organismos internacionales: el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco expresaba su “profunda preocupación por el continuo empeoramiento de las condiciones del acuífero de Doñana”, así como por “la ausencia de un plan de acción para hacer frente a niveles insostenibles de extracción de agua”.

La empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, estaba al tanto de las irregularidades en la facturación de su filial Hispanagua, no lo denunció e incluso lo permitió, según los autos y sentencias judiciales a los que ha tenido acceso eldiario.es. Unas irregularidades que supusieron un agujero de 700.000 euros y que se solventó con el despido de dos trabajadores a la postre declarados inocentes.

Varias fuentes dentro de la empresa subrayan que así se operó dentro del Canal, al menos en la época en la que se detectaron problemas en las facturas de la compañía con varias subcontratas: los años 2006 y 2007. Por aquel entonces el actual presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, presidía el Canal de Isabel II y todas sus filiales, entre ellas Hispanagua, cuyo gerente era Gerardo Díaz García. Díaz García ha sido recientemente detenido y puesto en libertad con cargos en la Operación Tosca que investiga amaños de contratos en la ciudad autónoma de Melilla.

Hispanagua está participada al 100% por Canal Gestión. Según la legislación de contratos del sector público en España, se trata de un medio propio de Canal Gestión, por lo que la práctica totalidad de su actividad empresarial la realiza para la empresa matriz. Se dedica a trabajos de obra relacionados con las infraestructuras de abastecimiento de agua ya sea con medios propios o mediante subcontratación de otras sociedades.

Canal de Isabel II cerró la batería de sobrecostes, importes ficticios y facturas duplicadas de su filial con el despido de dos empleados. El volumen ascendió a 700.000 euros y se hizo responsable a los expulsados. Varias acciones judiciales exculpan a éstos del agujero fiscal y demuestran que no se llevaron dinero. El auto 2381/08 del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, firmado por la magistrada-juez Mercedes Pérez Barrio, subraya que “o bien no existía el control adecuado o era una práctica que, por diversas razones, era conocida y aceptada”.

Dicha conclusión fue posteriormente ratificada tanto por el propio Juzgado como por la Audiencia Provincial de Madrid (12 de marzo de 2012). El auto fue muy claro con la supuesta vinculación de los diferentes cuadros directivos: “No se acierta a comprender cómo (…) dichas irregularidades pasasen en definitiva desapercibidas a la gerencia de Hispanagua y al Canal”.

El Tribunal de Cuentas, en su sentencia del 4 de diciembre de 2012, falló en este mismo sentido: “Ha quedado probado que en el proceso de gestión de pagos no intervenían exclusivamente los demandados [los trabajadores despedidos y las dos subcontratas], sino que por el contrario existían diversos departamentos de la sociedad con competencias específicas en la materia que tenían atribuidas funciones de control, verificación y autorización de pagos, así como la asistencia de un sistema informático para la gestión de los trabajos en encomendados y su facturación”.

Además del ahora imputado por la Operación Tosca, Gerardo Díaz, el cuadro de mando lo completaban entonces nombres como los de Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, que era el director financiero del Canal y actual presidente y socio fundador de PW&P (Professional Water & Partners); Ildefonso de Miguel, en ese tiempo director gerente del Canal y fuera de la compañía desde 2009 –abandonó su cargo después de que se anulara una adjudicación de 26 millones de euros, una de las ofertas más caras, por el servicio de atención telefónica de la empresa pública–; Marisa Carrillo, entonces secretaria técnica del Canal, entidad en la que continúa actualmente; Adrián Martín, en aquella época director de Ingeniería y Nuevas Tecnologías del Canal y hoy gerente general del Canal; y María González Cano, otrora una de las jefas del área financiera de Hispanagua y que todavía sigue en cargos de responsabilidad del grupo.

Son por tanto varias las personas que continúan vinculadas al Canal. Sin ir más lejos, Gerardo Díaz lleva desde 2013 como director gerente de Canal Gestión Lanzarote, la filial del grupo Canal de Isabel II que gestiona el ciclo del agua en la isla; todo apunta a que su detención no está relacionada con la actividad realizada en su actual destino, sino por su gerencia en Hispanagua en Melilla. Aunque el círculo también parece cerrarse: la detención “es algo personal, que afecta a Canal de Isabel II y no a Canal Gestión Lanzarote”, afirmó un portavoz del Cabildo a La Voz de Lanzarote. El Canal no ha querido ofrecer su versión sobre los asuntos de Melilla.

“Una forma de operar”

Fuentes de la empresa cuentan a eldiario.es que existía una “forma de operar para que Hispanagua no diera pérdidas”. Insisten, además, en que era una práctica consentida por la dirección del Canal, parte de un modus operandi habitual que, según testificó un exempleado en uno de los juicios, tenía incluso sus propios programas informáticos “para incluir los incrementos de facturación al Canal”.

Es más, según otra persona, conocedora de las interioridades del grupo, varios asesores de la empresa habrían recomendado, “ante la gravedad y evidencia de los hechos, llevar el caso a la Fiscalía, sin que jamás se haya iniciado esta vía, optándose por ganar tiempo e iniciando la vía laboral que se sabía prescrita y por encargar nuevos estudios”.

En esta línea acerca de la manera de trabajar, una de las sentencias judiciales recoge cómo el coste de los “trabajos se incrementaba irregularmente en la facturación de las empresas Morer y Silvalex, contratistas de Hispanagua, que cobraban además un sobreprecio”. En uno de los autos, de 2008, la jueza apunta que “conocidos los hechos por quien tiene capacidad de sancionar no se toma ninguna medida”.

Una de las voces documentadas habla de una “irregular y opaca organización que, durante años, fue llevada a cabo por los gestores de turno”. Lo que sostiene este testigo, que prefiere mantener el anonimato, y corrobora la justicia, es que los problemas de facturación eran conocidos por los superiores, que no habrían puesto cartas en el asunto porque “¿cómo va a denunciar el Canal de Isabel II a Hispanagua? No es posible que se den latigazos ellos mismos. Hispanagua ha sido siempre la herramienta para que el Canal hiciera lo que no podía hacer sin llamar mucho la atención y sin someterse a sindicatos y controles”, puntualiza esta persona.

Hispanagua está participada al 100% por Canal Gestión. Según la legislación de contratos del sector público en España, se trata de un medio propio de Canal Gestión, por lo que la práctica totalidad de su actividad empresarial la realiza para la empresa matriz. Su polémica facturación quedó envuelta entre el humo del incendio que el 1 de abril de 2008 arrasó con los almacenes de Colmenar Viejo, donde se guardaba la documentación que la empresa pública necesitaba para evaluar el alcance real del fraude. Según el atestado de la Guardia Civil al que en su día tuvo acceso la Cadena SER, el incidente fue provocado.

La Plataforma en contra de la privatización del Canal de Isabel II recuerda que Díaz no es el único alto directivo del grupo de empresas de Canal Gestión que está siendo investigado. Ponen sobre la mesa el nombre de José Manuel Serra Peris, imputado en el caso Bankia y desde diciembre presidente del Comité de Auditoría, encargándose de velar por la información financiera del Canal de Isabel II Gestión. El colectivo denuncia “la opacidad y clientelismo con que se designa a los cargos directivos”, exigiendo “un cambio radical en la gestión de la empresa en el que queden garantizadas la participación, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas”.

Ignacio González: primer presidente que se aleja de Hispanagua

Justo en la época en la que los agujeros contables de Hispanagua saltaron a la luz pública, quien sí dio un paso atrás fue Ignacio González. El 22 de febrero de 2008, coincidiendo con el escándalo de las facturas, el ahora presidente madrileño se convirtió en el primer presidente del Canal de Isabel II que renunciaba a una de sus filiales. Dejó su cargo en Hispanagua, asegurando sin embargo que su cese no tenía relación alguna con el asunto.

¿Quién o quiénes estaban al tanto de lo sucedido? El juzgado de instrucción admite que “no se acierta a comprender cómo, existiendo un sistema informático en el que se registraban las peticiones (...) pudieron pasar desapercibidas para los administrativos y en definitiva (…) desapercibidas para la gerencia de Hispanagua y del Canal”. Un dictamen que extiende a “la doble o triple facturación”. Según añade el auto judicial, “la única explicación para que una alteración en los conceptos de la facturación tan evidente pasase desapercibida es que o bien no existía el control adecuado o era una práctica que, por diversas razones, era conocida y aceptada”.

Sospechas del Canal

Que la facturación falsa de Hispanagua no fue una bomba sorpresa en el Canal lo demuestra el hecho de que la empresa recurriera a la asesoría KPMG para realizar informes “sobre presuntas irregularidades cometidas en Hispanagua”, según un análisis de la consultora que ha podido ver este medio. Estos informes llegaron después de que ya hubieran sido detectadas anomalías en un primer trabajo de revisión de KPMG.

También la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizó las cuentas de Hispanagua de los años 2005, 2006 y 2007. En el informe, de más de 150 páginas, se recoge cómo “de determinadas facturas no se ha podido verificar la razonabilidad de los precios de los conceptos facturados, por no haberse facilitado contrato, presupuesto o detalle de precios convenidos a priori”. Y que “en algunos gastos por trabajos subcontratados no se ha facilitado documentación soporte o ésta ha resultado insuficiente para verificar los trabajos efectivamente realizados en que se ha basado la facturación”.

El estudio de la Cámara de Cuentas asegura asimismo que “se han detectado sobrevaloraciones en la facturación de varios subcontratistas, principalmente debidas a que parte de los trabajos facturados han sido realizados por personal de Hispanagua, se han facturado servicios a precios superiores a los recogidos en contrato o se han facturado servicios de precio superior a los efectivamente realizados”.

Como muestra de la transparencia que rodea todo el asunto, el informe señala que “no consta” que la empresa pública de la Comunidad de Madrid haya publicado ningún anuncio de licitación en diarios oficiales o en periódicos ni tampoco en su página web, que no estaba operativa en la fecha de la fiscalización y que hoy sigue siendo apenas una fotografía fija sin información.

A pesar de las críticas recogidas en el amplio informe, la defensa de uno de los despedidos sostuvo en el proceso judicial que la “fiscalización de la Cámara de Cuentas se basa en el informe de KPMG y en la información que le ha suministrado la propia empresa fiscalizada” resultando, por lo tanto, “parcial e incompleta”.

Sólo un dato más que muestra lo complejo del entramado: la esposa de Ildefonso de Miguel, Concepción Ruano, era en aquel tiempo consejera de la Cámara de Cuentas, cargo que mantiene en la actualidad. De hecho, recientemente el Partido Socialista de Madrid ha criticado la “parcialidad” de Ruano. La hasta hace unos días diputada regional socialista Maru Menéndez ha afirmado que Ruano tiene, “por su entorno familiar, una vinculación directísima con el presidente regional Ignacio González, con los negocios del Canal de Isabel II, las concesiones de TDT e incluso con la empresa de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid”.

El Gobierno se queda, al menos parcialmente, sin su nuevo trasvase Tajo-Segura por ningunear a la parte más pequeña del río donante: Aragón. El Tribunal Constitucional ha anulado varias disposiciones de la Ley de Impacto Ambiental referidas al trasvase que el Ejecutivo ha intentado blindar.

El Gobierno central aprobó esta normativa (y el Memorándum del Tajo) en diciembre de 2013 tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Vendido en su día como “un acuerdo de máximo consenso”, se dejó fuera a Aragón, por cuyo territorio discurre una mínima parte de la cuenca del Tajo. El máximo tribunal acaba de dar la razón a las Cortes aragonesas ya que se tendría que haber tenido en cuenta a esta Comunidad en la tramitación de la Ley, además de por no ser “admisible (...) una suerte de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica”. Es una alegría que comparten diversos colectivos ciudadanos. “Aragón ha ganado una nueva batalla contra los trasvases”, ha expresado el Partido Aragonesista.

La historia, así como el entramado jurídico que la acompaña, es compleja. Pero el resultado es muy gráfico: el Gobierno se está quedando solo en su actual gestión hídrica. Sobre todo en el caso del río Tajo, donde además del Plan Hidrológico de la cuenca se crearon leyes paralelas para blindar el aporte de agua al Segura, según argumentan los colectivos de defensa del río más largo de la Península. El Memorándum fue firmado “en secreto y con total opacidad”, mientras se estaba sometiendo a información pública el Plan Hidrológico del río Tajo, al que se presentaron más de 12.000 alegaciones, todas ellas rechazadas.

El asunto del Tajo ha traspasado fronteras y a finales de enero fue tema de debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “El Gobierno hace un plan y a los meses hace una modificación y crea un Real Decreto específico para gestionar el trasvase. A Europa traen una cosa y en España cocinan otra”, apuntó ante los europarlamentarios Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche. Por ahora, la Comisión Europea ya ha mostrado evidencias de que los planes hidrológicos no cumplen con la normativa europea Directiva Marco de Aguas (DMA), pero habrá que esperar a marzo para conocer su evaluación final y postura oficial.

Los colectivos en defensa de los ríos esperan que las disposiciones de Bruselas marquen el inicio de un cambio de rumbo, ya que están convencidos de que ninguno de los planes de las cuencas se ajusta a las directivas europeas. Aunque como explicó el experto Pedro Arrojo a este diario, “los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva. Así acabará habiendo impugnaciones legales que son exitosas pero tardan una década en sentar jurisprudencia”.

'Ley trasvasista'

Ante la incertidumbre europea, la sentencia del Tribunal Constitucional ha dado un balón de oxígeno a las voces críticas. De momento, el Partido Aragonés, quien tomó la iniciativa en las Cortes de Aragón contra lo que llaman “ley trasvasista”, se muestra orgulloso. Y desde la Plataforma en Defensa del Tajo también hacen una lectura positiva, pues el TC ha declarado nulos cinco de los siete puntos recurridos. Entre ellos, la disposición final tercera, que declaraba “excedentaria” toda el agua por encima de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados en la cabecera del Tajo.

Esta disposición ya fue duramente criticada por varios colectivos, entre ellos, Ecologistas en Acción. Su responsable de agua, Santiago Martín Barajas, habló de “barbaridad” en el Consejo Nacional del Agua, sosteniendo que, si se fija por ley una cantidad trasvasable, habría que indemnizar a los regantes en caso de que no se cumpla.

También ha sido aplaudida la parte de la sentencia del Tribunal relativa a la conocida como “cláusula Narbona”, en referencia a la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente. Eliminada en tiempos de Miguel Arias Cañete en el Ministerio, esta disposición exigía que los regadíos sustituyeran paulatinamente el agua que usaban del trasvase por la de otros recursos, como por ejemplo las desaladoras, ya construidas. Ahora, según apunta la Plataforma, “las desaladoras vuelven a estar obligadas por ley a sustituir el trasvase Tajo-Segura”. La propia Narbona ha mostrado su alegría en las redes sociales.

“Esta sentencia incide en que no es posible hacer una política nacional de aguas sin atender a los requerimientos de las cuencas hidrográficas que sufren trasvases, sin consultar a las comunidades autónomas que resultan afectadas por las demarcaciones hidrográficas trasvasadas, en este caso la del Tajo”, añaden desde la Plataforma.

Sin cambios en la estrategia hidrológica

El ministerio hace una lectura muy distinta y vende la resolución como un éxito: “El Tribunal aprecia un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria y da un plazo de un año para subsanarlo, lo que se llevará a cabo con la máxima agilidad y las mayores garantías”, afirman en un comunicado. De hecho, subraya que el TC considera “fuera de toda duda” la trascendencia“ del trasvase. Y es que, no hay que olvidar que el trasvase es parte del éxito de los regadíos de Levante y de la industria del turismo en esta zona.

El portavoz de la Plataforma Miguel Ángel Sánchez reconoce que su victoria es parcial, pues el Tribunal no pone en duda la disposición que autoriza los contratos de cesión de aguas entre diferentes cuencas hidrográficas, el conocido como “mercadeo de agua” que puede afectar a otros ríos como el Ebro. De hecho, Sánchez reconoce que la posibilidad de vender derechos de agua entre cuencas fue lo que llevó a las Cortes aragonesas a recurrir la ley.

Según los colectivos en defensa del río Ebro consultados por este medio, ahora se podrá llevar agua del Ebro a otras cuencas sin hablar necesariamente de trasvase; simplemente a través de pequeñas infraestructuras y tuberías. En este sentido, el vicepresidente y portavoz en las Cortes de Aragón del Partido Aragonés, Alfredo Boné, ha reiterado al conocer la sentencia “la oposición frontal a cualquier trasvase del Ebro” y “la obligación de los aragoneses de actuar con total contundencia para cerrar cualquier rendija que suponga un paso hacia un futuro trasvase”.

Sea una victoria parcial o meramente un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria, los hechos recientes muestran que el ministerio, ahora en manos de Isabel García Tejerina, se está quedando sólo en la defensa de su gestión del río Tajo. De hecho, hace unas semanas fue la Defensora del Pueblo quien dio la razón a los colectivos ciudadanos apuntando “la posible inconstitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental”. Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, resalta lo que entiende como “una victoria moral muy importante”. Están ahora a la espera de dos recursos interpuestos por la Plataforma y por el Ayuntamiento de Toledo ante el Tribunal Supremo contra la totalidad del Plan Hidrológico del Tajo, a lo que habría que añadir las buenas sensaciones que llegan desde Bruselas.

“Queda claro que el Partido Popular ha creado todo un entramado jurídico que parece consistente pero que se cae por su propio peso”, afirma Migue Ángel Sánchez, que cree que el Gobierno seguirá hacia adelante, “para tapar un fracaso de cuatro años”, y que el tema “reventará” en la próxima legislatura.

Aportes en pleno invierno

Los colectivos en defensa del Tajo llevan años luchando contra el trasvase hacia el Segura porque consideran que deja al río muerto en su tramo medio, a su paso por ciudades como Aranjuez, Toledo o Talavera de la Reina, y sin capacidad para afrontar las aguas, en muchos casos contaminadas, que llegan de Madrid. “A un río que tiene esta gran singularidad [recibir las aguas de la capital] lo que no puedes hacerle es coger de su cabecera gran parte de su caudal limpio”, explica la abogada María Soledad Gallego.

Hace unos días el Ministerio daba el visto bueno a un nuevo trasvase que ha provocado decenas de quejas: “No hay nada que justifique, en enero, en pleno invierno, que se tenga que enviar más agua a Murcia, y menos con la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que tienen un 20% de agua embalsada, mientras en Murcia los pantanos están al 67%”, ha defendido el PSOE de Castilla La Mancha.

En septiembre de 2014, el presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver, reconoció al periódico La Verdad de Murcia que les había llegado de la cabecera del Tajo más agua que nunca: “No estamos muy lejos de esa burbuja agrícola de la que se habla. Según el lenguaje de algunos, se dice que se ha plantado hasta en las terrazas. En términos globales se ha demandado entre un 15 y un 20% más de agua, y eso es muchísimo”, reconoce en una entrevista en la que el periodista escribe que “con las nuevas reglas del juego recién aprobadas por el Gobierno central, el Trasvase Tajo-Segura inaugura otro ciclo, esta vez con el futuro garantizado y blindado por ley”. De momento, el Tribunal Constitucional ha puesto en duda su legalidad.

Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier foro local o internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual entre la sociedad civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una óptica económica para analizar la situación del vital líquido en sus múltiples dimensiones. Los cálculos de este profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que en 2003 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa, ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del Ebro. Ahora destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de la privatización de los suministros urbanos.

2015 es año electoral y el debate sobre el agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el saneamiento?en la agenda de los partidos políticos

Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral sino porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales modelos de privatización.

Se da la paradoja de que el discurso de la no privatización ha sido abrazado por partidos que han privatizado en algunos municipios o, cuanto menos, no han apoyado el empuje ciudadano.

Los actuales modelos de privatización son sofisticados y han hecho que entraran sectores de la izquierda, presionados por la anorexia financiera de la Administración. Lo primero que hace falta es ser consciente, más que culpar a nadie de traidor. El modelo de privatización es sofisticado y el debate ha requerido un nivel de información técnica, social y política que muchas veces los dirigentes políticos no tenían. Pero tampoco pretendo disculparles, pues hay mucha gente que no puede alegar que no sepa. Por ejemplo, se suelen hacer empresas mixtas, pero siempre con una cláusula en la que, en nombre del know how y de mutuo acuerdo, las partes acuerdan que el socio minoritario queda a cargo de la gestión.

En segundo lugar, siempre hay otra cláusula que amarra la cuestión económica: compras, contrataciones y subcontrataciones son decididas también en nombre del know how privado. La paradoja es que, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado. Cuando necesitan hacer compras o adjudicaciones lo hacen dentro de su grupo. Lo que se consigue es que, aun si un alcalde o una institución pública quisieran controlar el negocio, no tendrían información suficiente ni tampoco capacidades de decisión, pues previamente se ha firmado que las toma el privado. Calculo que, de los beneficios de los grupos empresariales, cuando no hay corrupción, más de la mitad está subsumido legalmente en esas adjudicaciones directas, sin concurso público. La tercera clave es otra cláusula que alarga estos contratos por un mínimo de 20 años. No solamente para asegurar el negocio a largo plazo, sino para asegurar la irreversibilidad de una decisión política. Así, hay alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que tienen mandatos por cuatro años pero que toman decisiones por 40.

En todo caso, ¿es posible parar dicha “sofisticación” privatizadora? ¿Cómo?

Primero, tiene que aparecer en el compromiso electoral. Y aparte, tiene que haber un referéndum, pues se está hipotecando la capacidad de decisión de los siguientes alcaldes. Esto no lo harán nunca porque todas las consultas en esta materia han sido ganadas por entre el 70 y el 90% de los planteamientos en contra de la privatización. Ahora ya se ha incorporado a la conciencia de la gente, en su cabreo. Y también en el nivel de información de los dirigentes, en una situación en donde, al haber crecido mucho las opciones políticas emergentes que amenazan con barrer a otros, todo el mundo ha sido mucho más sensible. Bienvenidos. Éste no debe ser un patrimonio de unos pocos. En algunos países europeos el discurso antiprivatización es también patrimonio de la derecha. Las votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al respecto incluyen por eso a un sector de la derecha centroeuropea que sistemáticamente vota en contra de la privatización del agua.

Los problemas por el agua aumentan ya no exclusivamente en el Sur, sino también en países como España, donde el agua provoca los desahucios más silenciosos. ¿Qué ha supuesto en términos prácticos que Naciones Unidas reconociera, en 2010, el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos?el agua provoca los desahucios más silenciosos

Durante años el lobby privado se ha opuesto a que se hablara de 'derecho humano'. Prefería hablar de 'derecho fundamental'. Rehuyeron del término 'derecho humano' hasta que ya no han tenido más remedio que aceptarlo. Se trata de un término tipificado en la legislación internacional, de manera que, una vez incorporado por Naciones Unidas, y cuando se tipifique, lo que todavía se está haciendo en el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de Alemania y de España en tiempos de Zapatero, será una obligación internacional y se podrá denunciar a un Gobierno frente a un tribunal internacional por incumplimiento de derechos humanos. Lo temen.

La situación actual es difícil de revertir y lo que está haciendo el lobby privado es irse a las alternativas que le quedan, que son feas. Por ejemplo, decir que los derechos humanos se van a gestionar desde el mercado. Afirma que son buenos gestores de derechos humanos, preguntan quién se lo paga, y miran al Estado o suben las tarifas. Porque ellos tienen que tener beneficios. Tomar el derecho humano como una visión que asegura que no todo se compra y se vende en el mercado ha sido una muy buena estrategia del movimiento anti-privatización.

¿Qué implica hablar del agua y el saneamiento como un derecho humano?

No toda el agua es derecho humano. Estamos hablando de unas cuotas básicas, de unos servicios básicos. Derecho humano implica que a una familia en vulnerabilidad o en pobreza no se le puede cortar el agua. Es como si mañana nos hicieran pagar por el aire y, al que no pudiera pagar, le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran. No puede ser.

¿Se trata entonces de una cantidad fija por encima de la cual ya puede operar el mercado?

Alrededor del derecho humano están los servicios de agua y saneamiento en su conjunto, no solamente los 30-40 litros por persona y día básicos. Ese conjunto, tener por ejemplo 24 horas al día agua de calidad en casa, debe ser un derecho de ciudadanía, es decir, de acceso universal, bajo una lógica de gestión pública y no de negocio.

A diferencia de los humanos, los derechos de ciudadanía tienen deberes recíprocos. Por ejemplo, de orden tarifario: vamos a pagar el agua, sí, pero de forma que quien no pueda, no tenga que hacerlo por lo básico. Consiste en organizar los derechos de ciudadanía como norma de acceso universal. Y eso tampoco lo garantiza el mercado, que garantiza derechos de clientes, no de ciudadanos. Los procesos de privatización transforman la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre, es expulsada.

¿Eso implica que lo privado debería estar excluido per se del derecho humano al agua? La postura de la primera relatora de Naciones Unidas en esta área, Catarina de Albuquerque, quien dejó hace poco el cargo, sí admite la presencia privada, aunque bajo determinadas condiciones.per se

Teóricamente puedes contratar el trabajo de un privado y tenerlo controlado. Pero en la práctica no está siendo así; controlar a un monstruo que es 100 veces más grande que la institución pública que lo contrata es imposible y menos a través de contratos que ya están modulados para que en la práctica no sean controlables. Aun así podría ser, pero entonces los contratos tendrían que ser por cuatro años, reversibles, transparentes, decididos democráticamente… tantos condicionantes que, al final, sale más caro el control del privado que la gestión pública participativa.

El agua tiene que ser una cuestión municipalista. Siempre ha estado cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo que no se haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en donde la democracia sea lo más barato y lo más eficaz.

La primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito reunió cerca de dos millones de firmas a favor de la gestión pública. Ahora la estudia la Comisión Europea, que ha puesto trabas a pesar de que la aceptó en un principio. ¿Ha sido una victoria diluida?

Es una victoria pero no definitiva; es parcial. La primera gran victoria es que los grandes sindicatos europeos se lanzan a este territorio, cosa que no había sucedido antes. Y lo hacen arriesgando, poniendo 80.000 euros por delante para llevar a cabo la Iniciativa. Se arrastró además a la socialdemocracia alemana, al SPD. Segundo, dos millones de firmas no cambian el eje de giro pero sí fuerzan el debate europeo, es decir, el Parlamento Europeo pasa a debatirlo, lo que significa visibilidad pública, prensa… de repente es un problema, entra en la agenda. Y tercero, lo hace al calor de realidades ya nacionales como la italiana, ahora la griega, y puede que la española.

Sin embargo y pese a este empuje ciudadano que se vive en el continente, al agua todavía le cuesta cuajar con la fuerza que arrastran movimientos como el de la sanidad pública y el de la educación pública.

Muchas veces la gente, mientras el agua llegue a casa y sea de calidad, mientras no se envenenen los críos o acaben en el hospital, mientras pueda pagarla, no se levanta en alerta. Aunque a la ciudadanía le parece mal si alguien propone la privatización. Pero la señal de alerta es más difícil. Ahora está pasando lo mismo que con la electricidad, que antes podíamos pagarla con cierta facilidad y, de repente, a mucha gente se la cortan. En el agua empieza a suceder, sobre todo cuando llega el saneamiento, que duplica el recibo. Y entonces la gente, aunque lo pueda pagar, se pregunta. Y a partir de ahí viene la alerta sobre lo privado. Por eso la crisis ha añadido una mayor sensibilidad.

Cambiando de tercio, Europa está preocupada por los planes que el Gobierno reserva a los ríos españoles. ¿Espera que finalmente la Comisión Europea haga un balance crítico y que los planes se revisen?

Los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva, porque los Gobiernos no se responsabilizan de la ejecución de la ley más que en la formalidad. Así acaba habiendo impugnaciones legales que son exitosas pero tardan una década sentar jurisprudencia.

Es innegable que la gestión del agua siempre ha sido un tema comprometido electoralmente: lo saben en las comunidades del Levante donde trasvases, desaladoras, precios y canales de riego han movido votos a una y otra orilla. Siempre se hablaba de ríos. Ahora es el agua del grifo el que quiere jugar un papel importante en este intenso año electoral: el posicionamiento de los partidos sobre una gestión pública de la red de abastecimiento y saneamiento ciudadano sumará o restará votos. Y las diferentes siglas electorales son conscientes de ello.

El órdago lo ha lanzado Iniciativa Agua 2015, que ha promovido un pacto por el agua pública y ha pedido a las formaciones que se adhieran. El movimiento arrancó de la sociedad civil andaluza, se lanzó en Murcia en octubre, ha pasado también por Castilla La Mancha, se está debatiendo en Cataluña y ha logrado apoyos en Guipúzcoa. Ahora llega a Madrid, donde los últimos movimientos financieros hacen temer un avance de la privatización del Canal de Isabel II.

El empuje “ya no es ciudadano sino político. Queremos que quienes probablemente tengan peso en la próxima legislatura se comprometan a paralizar el proceso iniciado en el Canal”, sostiene Raquel García, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II. PSOE, Izquierda Unida, Equo, Podemos y Ganemos Madrid han firmado el acuerdo, que ha sido presentado este martes. UPyD decidió sumarse a última hora, a pesar de que admiten no estar de acuerdo con todos los puntos.

“Hay que buscar la interacción del sector público y del privado”. Es la postura del Partido Popular y la dejó claramente expuesta el exministro Miguel Arias Cañete hace más de dos años en el Foro Mundial de Agua, celebrado en Marsella.

“Lo que pretende el PP es convertir el agua en un negocio, con los riesgos que eso implica, no sólo para las necesidades básicas, sino también en materia de sostenibilidad. La gestión pública es fundamental y debe estar en la agenda pública. Espero que, vistos los riesgos de privatizaciones en materias esenciales como la Sanidad y la Educación, se tome buena nota” explica la coportavoz de Equo en Madrid Inés Sabanés.

El aumento del precio del agua, los cortes por impagos que bien podrían tildarse como desahucios y la privatización de un servicio esencial para la vida, además de un derecho humano corroborado por Naciones Unidas en 2010, han provocado una preocupación cada vez mayor por la gestión de este bien común.

Gran articulación europea

El movimiento por el agua pública es uno de los mejor articulados en el ámbito europeo, como pudo comprobarse en el último Foro Social Europeo celebrado en Florencia hace dos años y también con el éxito de la primera Iniciativa Ciudadana Europea, que logró casi dos millones de firmas. El reto ahora es que esa articulación fluya hacia abajo. “Hasta ahora el tema del agua está siendo algo secundario, no somos como la Marea Blanca o la Marea Verde, pues no existe mucha conciencia de lo que significa que privaticen el agua, de lo que significa que privaticen un derecho humano”, reconoce García, trabajadora también del Canal. Añade que esta iniciativa y su aprobación en Madrid “van a generar un antes y un después”.

Poco a poco, la Marea Azul por el agua pública se ha hecho visible en diferentes puntos del país. Ha cosechado victorias, pero siempre a la estela de un amago real de control privado. “Nunca antes había habido una amenaza tan fuerte y es un asunto que hay que defender. No hay que olvidar que ha habido una gran respuesta ciudadana”, recuerda Guillermo Zapata, de Ganemos Madrid.

El camino comenzó a transitarse en 2012. En marzo de ese año, una gran consulta ciudadana dijo 'no' a la privatización del Canal de Isabel II: fue la respuesta de cerca de 165.000 personas, el 98,5% de quienes participaron. “Fue una de las primeras grandes movilizaciones y ha servido de ejemplo; con el agua hemos aprendido cómo se deben hacer las cosas. El problema puede ser algo menos visible que el de la Sanidad porque vas al hospital y hay muchas colas o listas de espera, mientras que el agua del grifo sigue corriendo, pero la defensa de este colectivo ha sido ejemplar. Y no ha habido un respaldo institucional que haya recogido esa demanda ciudadana”, añade Zapata.

Por eso ahora, logrado el apoyo social, el objetivo es ir más allá: aunar esfuerzos y que el vital líquido entre de lleno en el debate político de las elecciones, es decir, conseguir pactos y compromisos. “Desde Madrid vamos a proponer que vaya a los programas electorales y a las propuestas tanto autonómicas como generales. Es fundamental, no se puede hablar de un programa de gobierno sin hablar del agua pública”, sostiene Jesús Montero, de Podemos Madrid.

“Esto va calando. Estamos muy contentos porque ha crecido como una bola de nieve. Queremos meter la gestión pública en la agenda política, pero haciendo una revisión de ese modelo público para que sea eficiente, transparente y democrático”, remarca Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las organizaciones impulsoras del pacto.

Creación de un Observatorio del Agua

El Acuerdo por la Gestión Pública en la Comunidad de Madrid tiene nueve puntos: recuperación de la gestión no mercantil y 100% pública del Canal de Isabel II; establecer un modelo cooperativo que refuerce el papel de los ayuntamientos; garantía de una dotación mínima de suministro y una política tarifaria; establecimiento de indicadores públicos de gestión y calidad; apuesta por el uso sostenible; establecimiento de una política de recursos humanos con derechos y condiciones laborales justas; promoción de la imbricación del Canal en la sociedad mediante la colaboración con universidades, colegios, ayuntamientos e instituciones; derogación de la llamada 'ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local' (“que fomenta la privatización de los servicios municipales”, según el comunicado hecho público).

Podemos Madrid destaca el noveno punto como un “interesante factor de innovación política”. Se trata de la creación de un órgano de participación social y ciudadana denominado Observatorio del Agua que garantice la pluralidad, la transparencia, la información y la participación ciudadana.

¿Y después qué? “Luego habrá que crear mecanismos de supervisión de los pactos y empezar a hablar de otros servicios públicos, como puede ser la recogida de basuras; es decir, crear un pacto que tenga un diseño de mínimos”, añade Babiano.

El PSOE también mete el agua en su discurso

“La primera tarea del agua es rejuvenecer incesantemente a este viejo mundo”, dijo el pasado viernes el naturalista Joaquín Araujo, Premio Nacional de Medio Ambiente, en la Asamblea de Madrid, donde se celebró la jornada 'La gestión pública del agua y el Canal de Isabel II'. El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, aprovechó este acto para recordar que “el Canal de Isabel II debe ser una empresa pública estratégica para el desarrollo económico y la creación de empleo en la Comunidad de Madrid”.

A juicio de los socialistas, “debe jugar un papel esencial en la ordenación del territorio, en el equilibrio medioambiental y en la calidad de vida de los madrileños”. “La primera propiedad del agua es que no es ni debe ser propiedad de nadie. No el agua 'de' nadie sino el agua 'para' todos. Es más, el agua para todo y para todos. La preposición 'de' es aterradora porque acorrala, destroza y, por supuesto, privatiza”, describió Araujo.

La puerta de su casa siempre está abierta. Y no sólo como muestra de hospitalidad, sino como una de sus precauciones habituales desde hace meses. Vivir sin agua ha trastocado su rutina. “Todas las noches bajo a desenganchar y por las mañanas lo vuelvo a poner. Me vigilan desde la compañía y tengo que estar atenta por si vienen los técnicos. No voy a dejar a mis hijos sin agua”. Pilar Rodríguez lleva desde marzo sin poder hacer frente al pago de las facturas del agua. Pero ha decidido no vivir sin el vital líquido.

Hace cinco años la crisis golpeó de lleno el hogar de esta antigua pequeña empresaria de Villafranca de los Barros (Badajoz) y hoy su supervivencia se ha convertido en un arma de lucha: “Me engancho a la red porque mi alternativa es pagar o comer. Y mis hijos van a seguir comiendo. La crisis se ha llevado todo por delante, menos mi dignidad”.

En España no existen datos de cortes de agua en por impagos de facturas. Hay unas estimaciones que a veces se presumen cortas. Según la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), se tramitan anualmente más de 500.000 avisos de corte, de los que se ejecutan un 60%, es decir, 300.000 cortes que podrían afectar a casi un millón de personas. Los datos de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), la agrupación profesional de operadores privados, indican que 970.000 hogares han recibido avisos de interrupción en el último año, sin especificar el número de ejecuciones.

A la espera de que el Ayuntamiento pacense de Villafranca de los Barros y la concesionaria del suministro, Acciona, hagan realidad las peticiones ciudadanas e instauren una tarifa social para el agua, Pilar no se resigna: “Puedo solucionar mi problema con la ayuda de amistades pero no quiero. Ése no es el tema. Hay que buscar una solución. No podemos vivir a expensas de que la gente nos eche una mano. Es un problema colectivo”, explica.

Derecho humano desde 2010

A pesar de que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas lo reconociera en 2010, lograr que las legislaciones estatales lo amparen y hagan cumplir es un camino de largo recorrido del que apenas se acaban de dar los primeros pasos y algunos de sentido incierto.

La hasta hace un mes relatora especial de la ONU por el derecho humano al agua y al saneamiento, Catarina de Albuquerque, reconoce que la situación ha cambiado en los últimos años: “En el inicio de mi mandato recibía un montón de quejas de los llamados países pobres, pero en los últimos años empecé a recibir quejas de violaciones de derechos humanos en el Sur de Europa y en EEUU. Todo esto tiene que ver con recortes presupuestarios y de subsidios a las personas más pobres que después no tienen capacidad para pagar las cuentas”.

Vivir sin agua es imposible, pero una realidad común en muchas familias, también españolas. “Cada vez me entero de más casos. El último, un matrimonio mayor. Yo me ofrezco a ir con mi caja de herramientas: ya soy una experta y tengo todo tipo de tornillos”, apunta Pilar con ironía: “Para ducharnos caliento el agua en dos ollas y nos las echamos por encima. Tampoco puedo pagar la bombona de butano”, reconoce.

Un estigma

“Vivir sin agua es un estigma. No pasa como en el caso de los desahucios de viviendas, donde gracias a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) la sociedad está más madura. Cuando a la gente le cortan el agua o la luz siente vergüenza y reduce la cesta de la compra para pagar”, sostiene la jurista María Giménez. Como miembro de la Asamblea Agua Pública 100% de Murcia, conoce de cerca este grave problema social y la opacidad de las cifras: “No hay información fiable, falta mucha transparencia. Nuestras estimaciones eran de entre 300 y 400 casos en Murcia, pero finalmente la empresa mixta ofreció datos y en el año 2011 hubo 1.250 familias que se acogieron a la tarifa social”.

Esa tarifa social funciona en Murcia desde 2013. Establece que por cinco euros, se dé un suministro de 100 litros por persona y día. No es el único ejemplo. En Medina Sidonia (Cádiz) también han conseguido garantizar una cantidad mínima para las personas en situación de exclusión social o con insuficiencia económica. Y en Badajoz los ciudadanos que perciben menos de 532 euros al mes pagan 2,94 euros al trimestre por el suministro.

“¿Dónde me lavo las manos, si casi no consigo ni agua de la vecina para beber? No puedo lavar, es un problema de salubridad. Estoy recogiendo la de la lluvia para echarla en el baño. Si eso es vida…”, lamentaba una mujer de Mérida en una reunión del Campamento Dignidad con Aqualia, la empresa concesionaria del suministro en esta ciudad extremeña. “Haced una colecta social”, fue una de las respuestas de la compañía, cuentan los afectados.

Aqualia, que entre otras muchas localidades gestiona el agua de Almería, ha reconocido que en esta ciudad hubo 3.195 cortes de agua en 2013. Y en Madrid, el PSOE ha denunciado que el Canal de Isabel II, que acaba de aprobar una emisión de bonos, corta el agua a “7.400 madrileños vulnerables”. Los ejemplos de pobreza hídrica son muchos, pero “no tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles”, insiste el gerente de AEOPAS, Luis Babiano.

¿Pública o privada?

“Que vosotros tengáis la gestión del agua es una desgracia para la ciudadanía”, interpelaba otra vecina de Mérida al personal de Aqualia en aquella asamblea. El debate sobre la necesidad de una gestión pública o privada está más vivo que nunca. “Son los ayuntamientos quienes deben garantizar el abastecimiento, hacen dejación de funciones”, apunta María Giménez.

La portuguesa Catarina de Albuquerque, sin querer pronunciarse contra la gestión privada, impone unos límites severos: “El Estado tiene que ser el garante del derecho, tiene que adoptar un marco regulador que determine cuáles son las reglas que se imponen a las empresas privadas: cuál es la tarifa, cuáles son los mecanismos que existen para garantizar que el agua es asequible para los más pobres, cuáles son los mecanismos de subsidios, si existe una tarifa social del agua. Y tenemos que garantizar que hay mecanismos para asegurar que el contenido normativo del derecho es respetado cuando abrimos a los privados”.

El camino jurídico para evitar la vulneración del derecho es tortuoso. “Se necesita que una familia decida llevar su caso hacia adelante, y para ir por la vía de los derechos fundamentales primero se debe haber agotado la vía interna, es un procedimiento complicado”, reconoce la jurista María Giménez. Aun así se están logrando algunas victorias en el ámbito internacional.

“Y también tenemos que garantizar el derecho de participación, el derecho a la información en todo el proceso de privatización”, continúa Albuquerque. Las cifras, e incluso la falta de ellas, indican que la situación es la contraria. Pero las luchas sociales están visibilizando cada vez con más fuerza este problema social: el de los desahucios hídricos. De hecho, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio en relación con los cortes de suministro de agua por impago sufridos por algunas personas en Linares (Jaén).

Un pacto social por el agua pública, que arrancó en octubre, busca un posicionamiento claro de los partidos políticos respecto a la gestión pública y el derecho humano de cara a las próximas elecciones municipales. “El desahucio hídrico existe e incluso es peor que el desahucio de viviendas desde el punto de vista judicial. Es cuando una compañía, por el impago de un recibo, decide tomar parte a través del silencio administrativo. Es un desahucio silencioso, no como el de viviendas, que se notifica y viene la policía”, explica Babiano.

Aumento de los precios

Mientras los cortes aumentan, también lo hacen las tarifas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en noviembre pero que hacen referencia a los datos de 2012, el coste unitario del suministro de agua alcanzó los 1,03 euros por metro cúbico, un 8,4% más que en 2011; mientras que el de saneamiento (alcantarillado, depuración, cánones de saneamiento y vertido) fue de 0,70 euros, con un aumento del 18,6%. Es decir, la cifra total ascendió de media a 1,73 euros por metro cúbico, un incremento del 12,3% respecto al año anterior (1,54 euros).

“En Murcia tenemos el agua más cara del país”, afirma Giménez, y corrobora el INE (2,5 euros). La experta reconoce que la tarifa social no es un regalo ni de la Administración ni de las compañías: “Cuando se anunció un fondo de 200.000 euros para la tarifa social, en la página de al lado del periódico venía una noticia sobre el aumento de la tarifa normal un 8%”.

“La desconexión de los servicios de agua por falta de pago debido a la escasez de medios constituye una violación del derecho humano al agua y otros derechos humanos internacionales”, ha reconocido la ONU en varias ocasiones. Más allá del papel, Pilar sigue con la puerta abierta por si vienen los técnicos a desengancharle del agua, de la vida.

“Necesitamos su ayuda para que España cumpla sus obligaciones con la Unión Europea”. Lo ha pedido la Plataforma por la Defensa del Ebro, en boca de Susanna Abella, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Las críticas al Plan Hidrológico del Ebro han llevado a este colectivo a recurrir a instancias comunitarias, como ya hizo en el año 2000 para evitar el trasvase del Ebro. “Ahora no se habla de trasvase [llevar agua de un río a otro] pero sí se fijan condiciones para que haya intercambios de derechos, que es algo más retorcido”, explica Abella a este medio. Estos derechos son sobre el uso del agua para regadíos.

Su alegato no ha caído en saco roto. “La Comisión Europea comparte muchas de las preocupaciones mostradas, que son aplicables a todas las cuencas”, respondió la representante del órgano de gobierno de la institución, Lourdes Alvarellos. La claridad y contundencia de la exposición de la técnica comunitaria sorprendió tanto a los europarlamentarios españoles como a los propios activistas.

A la espera de que la Dirección de Medioambiente de la Comisión haga públicos los resultados de sus análisis sobre los planes hidrológicos del Gobierno, la UE no esconde su disconformidad con los planes presentados por el Estado español. No le convencen ni los sistemas de monitoreo y seguimiento,ni de evaluación del estado ecológico de las aguas y ni la apuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy por las infraestructuras hídricas. Y así lo demostró Alvarellos en el Parlamento, sin querer profundizar pero sin llevar a engaño.

Ninguna de estas cuatro cuestiones se adapta a la Directiva Marco de Aguas (DMA) de la UE, tal y como comunicó la Comisión al Gobierno en la reunión que mantuvieron el pasado mes de noviembre. “La UE se ha posicionado fuertemente en contra y el Ministerio ya ha alertado a las Confederaciones Hidrográficas de que los planes presentados no son lo que pide Europa. Nos hemos visto respaldados por la Comisión”, afirma la portavoz de la Plataforma por la Defensa del Ebro.

La sesión de la semana pasada no fue la primera vez que la Comisión se muestra crítica con las políticas de agua del actual Gobierno. Ya el pasado verano, otro técnico comunitario calificó de “chocantes” algunas decisiones gubernamentales. Mientras llega el veredicto final, a más tardar el 23 de marzo, la experta de la UE ha explicado que “hay numerosas nuevas infraestructuras, especialmente presas, que tienen mucho impacto y no hay una justificación adecuada” para su construcción; también adelantó que existen “muchas masas de agua sin objetivo [ecológico] definido, y [así] es muy difícil asegurar que van tener un buen estado de conservación”, tal y como exige la directiva europea.

Temor a una nueva versión del trasvase del Ebro

Más allá de las cuestiones técnicas de adaptación a la directiva y más allá también de la extensión del regadío y de la construcción de nuevos embalses y presas, desde la Plataforma por la Defensa del Ebro temen un nuevo “trasvase”, como el anunciado en su día por el Plan Hidrológico del Gobierno de José María Aznar, que finalmente se paralizó por el rechazo ciudadano.

Según Abella, los planes de hídricos determinan que en algunas cuencas sobra agua mientras que en otras falta, como en las del Júcar y el Segura, y que “el próximo Plan Hidrológico Nacional será el desencadenante de la venta del agua entre usuarios de diferentes cuencas porque el Gobierno ya ha modificado leyes. Será la nueva versión del trasvase del Ebro”.

Desde este colectivo también insisten en la desprotección del Delta del Ebro que, según la DMA, “debería haber tenido fijados unos objetivos ambientales, pero no se establecen a pesar de ser zona muy estudiada”. Denuncian asimismo que “esto no es casual, está ligado a la ambición desmesurada por el control de los derechos del agua y a la especulación o el negocio que se pueden hacer con ellos”.

La voz del Ebro seguirá resonando en Europa. La Comisión de Peticiones, que ha dejado abierta la denuncia, no descarta una misión de investigación para conocer in situ la situación del río y de su delta, pero va a esperar a tener los informes de evaluación de la Comisión.

Riesgo de que las Tablas de Daimiel se sequen

Tampoco se ha cerrado la queja sobre la situación del Alto Guadiana, concretamente sobre las Tablas de Daimiel. En este caso se denuncia el mal estado de siete de las ocho masas de agua subterráneas y la disolución de un Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, entre otros factores.

De nuevo Lourdes Alvarellos fue la portavoz de la Comisión. Afirmó que “no hay vulneración de la legislación europea, pero hay que vigilar que los objetivos de la Directiva se cumplen”, se mostró preocupada por “la sobreextracción de los recursos” y pidió que se aplique el “principio de cautela”. Las personas instigadoras de la queja han anunciado el envío de nuevos argumentos y pruebas a la Comisión de Peticiones.

Para los defensores de las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana lo preocupante es la “inacción”, tanto del Ejecutivo central como de la Comunidad de Castilla-La Mancha. “El consorcio era un órgano pionero en la gestión de agua que contaba con el acuerdo de la Administración central y autonómica. Era una herramienta justificada y necesaria, pero con el nuevo Gobierno todo esto se ha acabado. Habíamos convencido al sector agrario, se logró la unanimidad tras una gran negociación, y ahora dicen que no sirve para nada. La gestión está siendo nefasta”, expone a este medio una persona muy conocedora de la situación de este espacio natural que prefiere mantener el anonimato. “Es cierto que ha habido una recuperación de los acuíferos debido a la pluviometría, pero en cuanto venga un ciclo seco a ver qué pasa”, lamenta.

Desde Izquierda Unida de Castilla la Mancha insisten en la “sobreexplotación bestial” e indican que el plan de cuenca reconoce “más derechos de agua de lo que el acuífero puede recuperarse”. Más pozos de regadío de los que los depósitos naturales aguantan. La responsable de medio ambiente de la formación, Rosa Prieto, explica que esta situación también se repite en el Júcar: “No han recortan los derechos del agua para ajustarse a la que hay y luego a ver de dónde viene el agua. Me preocupa que en Europa pase lo mismo que en España, que se incumplen las leyes, pero luego éstas se cambian como a ellos les interese”. Por su parte la europarlamentaria del PP Rosa Estaràs criticó los prejuicios y aseguró que confía en un acuerdo con el Gobierno español.

El Tajo, excluido

La situación del río Tajo no tuvo hueco en el Parlamento Europeo, a pesar de que la queja es la más añeja. “La ocasión anterior conseguimos que se abordara porque el parlamentario de IU Willy Meyer era el vicepresidente de la mesa y lo pudo meter. Ahora es una parlamentaria del PP, Rosa Estarrás, quien ocupa el cargo y, a pesar de todos los intentos y justificaciones, han alegado problemas de agenda”, explica Rosa Prieto.

Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche, es mucho más tajante y explícito: “El PP no quiere que se hable del Tajo porque es indefendible. Hay órdenes para que no se debata al respecto”. Como en el caso del Ebro, también está recurrido el plan hidrológico al Tribunal Supremo. Además, desde los colectivos sociales en defensa de los ríos esperan que los informes de la Comisión Europea sean contundentes con la postura del Ejecutivo español, como se ha dejado entrever.

Sánchez recuerda que en el caso del Tajo no se han establecidos caudales ecológicos como exige la DMA (“sólo se ha legalizado lo que sobra”), que más del 70% del agua de cabecera del río se trasvasa, y que “ahora mismo se está trasvasando en una semana lo que consumen Toledo o Talavera en un año y medio”. Según Abella, “para la Administración española los ríos no tienen peces ni bosques de ribera, son simplemente un canal”. La Comisión Europea tiene la última palabra.

Los políticos del consejo del Canal de Isabel II Gestión ya tienen establecida su remuneración. La nómina la componen Salvador Victoria, José Manuel Serra, Enrique Ossorio, Diego Sanjuanbenito, David Pérez y Agapito Ramos. Son los seis políticos, cinco de ellos relacionados con el Partido Popular madrileño, que componen el Consejo de Administración de la sociedad que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. Una sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, al fracasar el intento del Gobierno regional de privatizar la empresa.

Tras la Junta de Accionistas celebrada este miércoles, cuatro de ellos (todos excepto Salvador Victoria y Enrique Ossorio, por incompatibilidad) comenzarán a cobrar 600 euros en concepto de dietas por acudir a las reuniones del Consejo, según han contado fuentes de la junta a eldiario.es. El concejal del Ayuntamiento de Madrid Diego Sanjuanbenito “ha renunciado expresamente a cualquier tipo de remuneración”, confirman fuentes del Gobierno de la capital “como la mayor parte de los ediles con dedicación exclusiva del consistorio”.

¿Cúantas veces se verán al año? “Todo se desarrolla en absoluto secreto y no sabemos nada de lo que hacen”, responde Raquel García, trabajadora del Canal, miembro de la plataforma contra la privatización y delegada sindical, cuando se le pregunta por el número de reuniones de este Consejo. “No tenemos ese dato”, confirma Ángel Moreno, alcalde de San Fernando de Henares, uno de los municipios accionistas. “Ni idea, porque pueden convocar de manera extraordinaria todas las que quieran”, añade su homólogo en Rivas y compañero de IU, Pedro del Cura. “Antes de la nueva empresa, había una reunión al mes”, indica otro delegado sindical.

La opacidad al respecto es tal que ni si quiera el Canal confirma el dato, a pesar de la insistencia de este medio para tener la confirmación exacta de la composición del Consejo así como de su actividad. De hecho, el departamento de comunicación no ha realizado nota de prensa alguna explicando los resultados de la Junta de Accionistas, tal y como había hecho hasta ahora con anteriores convocatorias.

Pero no hubo sorpresas. Los cuatro puntos del orden del día salieron adelante: “Ha habido un rodillo del PP inmenso”, confirma Ángel Moreno. Que la Comunidad de Madrid tenga más del 80% de las acciones paraliza la voz del resto de ayuntamientos. Apenas dos alcaldes de IU y cuatro del PSOE se han opuesto a la emisión de bonos, el punto del día que más controversia ha provocado.

Alrededor de 300 personas, la mayoría de más de 50 años, protestaron en la calle durante la celebración de la Junta. La fuerte presencia policial provocó un ambiente de crispación, aumentado por las identificaciones realizadas, incluso antes de la concentración a personas que no llevaban pancartas y únicamente charlaban. El saldo: la detención de un trabajador del Canal, acusado de “agresión y resistencia”. Alrededor de las 19 horas fue puesto en libertad.

Un Consejo del PP

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, es el presidente del Consejo. Este abogado es uno de los hombres más cercanos al presidente madrileño, Ignacio González. Su esposa, Mayte Jiménez, fue consejera de Caja Madrid Pensiones, puesto en el que fue colocada por el PP, como publicaron entonces varios medios.

El vicepresidente es José Manuel Serra, con un largo currículo ligado a puestos ministeriales y entidades públicas en la época de José María Aznar. Está imputado por el caso Bankia y, según la Plataforma civil contra la privatización del Canal, la renovación de su nombramiento para el Canal de Isabel II fue “posterior a su imputación”. Otro vocal del Consejo es Enrique Ossorio, responsable de Economía y Hacienda de Madrid (cargo que no le permite cobrar del Canal).

Otro de los vocales es Diego Sanjuanbenito, actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital. Ingresó en el PP desde la juventud, como miembro de Nuevas Generaciones, compartiendo además clase con uno de los hijos de Aznar y Ana Botella. Con la actual alcaldesa ya trabajó como jefe de su gabinete cuando ella era concejala. 

Por su parte, el vocal David Pérez, “liberal” como se autodefine en su perfil en una red social, es alcalde de Alcorcón, presidente de la Federación Madrileña de Municipios y miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias, además de diputado en la Asamblea de Madrid. Además de todos estos cargos, fue uno de los adalides del proyecto Eurovegas.

El último vocal es Agapito Ramos, el único hombre del Consejo de Administración que no está ligado al PP. Fue directivo del Canal y diputado regional del PSOE hace años. “Actualmente no representa a su partido en el órgano del Canal. Su presencia en el actual Consejo es injustificable desde un punto de vista democrático y progresista”, considera la Plataforma contra la privatización.

En esta lista del Consejo de Administración, extraída del Informe Anual 2013, también aparece como secretario no consejero Fernando de Cevallos. Cevallos ha estado vinculado a una empresa privada de agua y está casado con Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid. Según fuentes sindicales, que denuncian la opacidad respecto a la dirección y gestión del Canal, Cevallos ya no pertenece al Consejo pero es el director de Recursos Humanos; es decir, pertenece al personal de alta dirección, compuesto por 9 personas que ingresaron unos 889.000 euros en el año 2013 y 492.000 en 2012.

“El entorno del Canal de Isabel II es una de las fuentes de poder, negocio, proyección económica y correlación de fuerzas en el seno del PP español (…) Eliminada la supervisión sindical, había que monopolizar la palabra para poder guardar bien los secretos”, apunta la Plataforma contra la privatización del Canal.

Más directivos y peores condiciones laborales

Esta sensación de supremacía del PP también se deja notar en la Junta de Accionistas. Sólo dos alcaldes de IU y otros dos del PSOE han votado en contra de la emisión de bonos y de la remuneración, es decir, alrededor el 1,37% de los accionistas. “Lo tienen todo controlado. ”Han consolidado lo que tenían previsto“, confirma Pedro del Cura.

Además de estos dos puntos, la Junta aprobó la creación de un nuevo órgano de gestión, el Comité de Auditoría y Control, como exige la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la emisión de bonos. Los tres nuevos consejeros de este comité serán los encargados de supervisar el control interno de la sociedad, entre otras funciones, para que las que dispondrán de “los medios necesarios”. Es decir, la emisión de bonos implica la ampliación de cargos de control y gestión, con los sueldos y gastos que eso implica.

Mientras aparecen nuevos órganos y aumentan las remuneraciones de los altos cargos y de los consejeros, las condiciones laborales han empeorado y se han reducido los gastos en personal, según denuncian desde el Comité de Empresa. Los 600 trabajadores contratados desde la creación de la sociedad anónima han dejado de ser indefinidos y tienen menos derechos laborales y sueldo que los otros 1.700 trabajadores que provienen de la etapa anterior, a pesar de ocupar puestos similares. Además, de las 600 contrataciones realizadas desde julio de 2012, la mitad son contratos en prácticas, según los datos de Raquel García, delegada sindical.

Hasta 1.000 millones de euros

Como ya anunció Salvador Victoria la semana pasada en la Asamblea de Madrid, la emisión de bonos en 2015 será por valor de 500 millones de euros, cantidad que podría llegar a un máximo de 1.000 millones en futuras convocatorias, como han aprobado los accionistas. “Han abierto la puerta al capital privado”, critica el alcalde de San Fernando de Henares. La postura oficial de Canal Gestión es que es más barato financiarse por bonos que acudiendo a los mercados tradicionales, postura que no convence ni a trabajadores, sindicatos y partidos de la oposición.

 “Nosotros hemos planteado crear una mesa de trabajo para para estudiar bien el tema y plantear alternativas de financiación, pero no han querido. La sensación es que quieren liquidar todo antes de las próximas elecciones, para las que esperan malos resultados”, reflexiona el regidor de Rivas.

 Al martes por la tarde, en una comisión en la Asamblea madrileña, la portavoz del PSOE, Amparo Valcarce, afirmó que “el Gobierno de Ignacio González pretende una privatización blanda del Canal de Isabel II y lo quiere hacer mediante una emisión de deuda que no es para financiar al Canal sino para financiar al Gobierno regional y su pésima gestión económica al frente de las cuentas de Madrid”. La diputada regional también criticó que las nuevas medidas adoptadas por los accionistas llegan en un momento en el que a “7.400 madrileños vulnerables les cortan el agua que no pueden pagar”.

Por su parte, UPyD, partido que no tiene representación entre los accionistas, también ha sido muy crítico con los bonos y lo ha considerado una “irresponsabilidad absoluta”. Elvira García, diputada regional, cuestiona que se repartan dividendos “cuando no hay dinero para hacerlo”. Y es que, el cuarto punto del día de la reunión del accionariado fue precisamente éste. En concreto, se aprobaron 131 millones, de los que gran parte irán a las arcas de la Comunidad. El año pasado, según UPyD y como recoge la Memoria de Cuentas 2013, se pidió un crédito de 134.400 millones de euros.

En esta última votación, los ayuntamientos no pudieron votar en contra: “Nos han amenazado diciendo que nuestra parte de dividendo ya verían en qué se aplicaba”, apunta Ángel Moreno, que se ha abstenido.

Las aguas del Canal de Isabel II no sólo surten a los grifos de los hogares madrileños, también lavan las cuentas de 111 Ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid, todos ellos accionistas de Canal Isabel II Gestión, la sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, tras el fallido intento de privatización. Desde entonces, el reparto de dividendos, es decir, de liquidez, ha sido una constante. Aunque encontrar cifras es tarea complicada, los cálculos apuntan a que el Gobierno regional se ha embolsado en estos años más de 260 millones de euros.

El análisis económico realizado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II indica que, entre julio de 2012 y diciembre de 2013, el Canal ha logrado 368,9 millones de euros en beneficios, de los que 280 millones se han repartido como dividendos. Atendiendo a las notas de prensa de la compañía, la suma de los réditos en el mismo periodo es de 317,8 millones (118,3 del ejercicio 2012 y 159,6 de 2013). Por su parte, la empresa no aclara esta diferencia ni tampoco especifica la cantidad que ha cobrado cada Consistorio.

En cualquier caso, más del 80% del beneficio obtenido por la empresa se reparte entre el accionariado. El dinero beneficia principalmente a la Comunidad, que cuenta con el 82,4% de las acciones. Hechas las cuentas, la región ha ingresado alrededor de 260 millones de euros, correspondiendo el 17,6% restante a los municipios. El propio presidente de Canal Gestión y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, reconoce en el Informe Anual 2013 que esos millones de euros son “una contribución a los Ayuntamientos en momentos muy difíciles para su financiación”.

Estas cifras, porcentajes y declaraciones cobran relevancia ante la próxima emisión de 500 millones de euros en bonos, que probablemente aprobará la Junta de Accionistas del día 3 de diciembre por “necesidades de financiación”. Todo parece indicar que se busca dinero fuera cuando el que genera el propio Canal por su actividad huye para regar actividades ajenas.

Se busca financiación pese a los beneficios

“Esto quiere decir que independientemente de que los accionistas sean en la actualidad públicos se ha detraído un porcentaje muy alto de los beneficios de Canal Gestión para fines ajenos al ciclo integral del agua y a la propia sostenibilidad de la sociedad. ¿Cómo es posible que se estén dando dividendos multimillonarios, cuando por otro lado se busca financiación para la propia sociedad anónima?”, se preguntan tanto la plataforma ciudadana como la marea azul, colectivos que ya han anunciado una manifestación el 30 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, además de una concentración durante la Junta de Accionistas.

Esta opinión también es compartida por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, IU y UPyD). “El Canal no necesita ese dinero, por lo que creemos que se usa la emisión de bonos para tener liquidez vía reparto de dividendos, y así quedan bien con los Ayuntamientos, se oculta el déficit estructural de los mismos y de la Comunidad y se genera liquidez para tapar huecos que en mayo quedarían descubiertos”, explica la diputada de UPyD en la Asamblea madrileña Elvira García.

Desde Izquierda Unida, Carmen Villares también comparte que uno de los objetivos de esta operación financiera está en el reparto de dividendos, pero no tanto a los municipios sino al propio Ejecutivo regional. “Es una liquidez que se puede usar en otros asuntos que no tienen nada que ver con el fin del Canal, que es el ciclo integral del agua. Se detrae todo el mantenimiento de algo vital”, añade Villares.

La utilización del Canal como fuente de liquidez para limpiar las cuentas públicas no es nueva. La deuda actual, que alcanza los 1.168 millones de euros, nació en el año 2006, cuando la Comunidad obligó al Canal a comprar al Ayuntamiento de la capital los derechos de saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas, por los que pagó 1.223 millones. “Se hizo para dar liquidez al consistorio, que pasaba uno de sus peores momentos económicos”, comparte Elvira García.

Sin noticias de los bonos

La emisión de los bonos ocupó más de una hora de debate en la Asamblea regional del pasado jueves, en la que Salvador Victoria compareció a petición de UPyD. La falta de datos ante la operación financiera anunciada preocupaba a los tres grupos de la oposición. Las dudas continuaron después de las intervenciones políticas.

El consejero informó que la cuantía de los bonos será de 500 millones de euros (100 millones menos que lo publicado), pero no aclaró si es la cantidad total o únicamente la de la primera emisión (se han previsto varias); tampoco quiso confirmar ni el tipo de interés ni los plazos. El consejero sólo indicó que esos 500 millones están destinados a “cubrir por completo el vencimiento de préstamos del ejercicio 2015 sin acudir a más créditos bancarios que, sin duda, se otorgan a un tipo de interés superior, más caro, para el Canal de Isabel II. De esta forma se logra una refinanciación de préstamos con un menor coste financiero”.

“El objetivo es cerrar el 2015 con un endeudamiento ligeramente inferior del que se prevé al cierre de este ejercicio, y es que la estimación de la utilización de este nuevo instrumento financiero puede suponer para la empresa unos ahorros de entre 5 y 10 millones de euros anuales”, concluyó Victoria, quien también añadió que no habrá un incremento en el nivel de endeudamiento de la empresa y que los bonos no serán convertibles, es decir, no podrán ser acciones.

Esta última afirmación levanta todas las sospechas. “Siempre hay formas jurídicas que permite convertirlos en acciones”, adelanta Carmen Villares. “¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?”, se preguntan los colectivos ciudadanos.

Un sueldo para los políticos en el consejo

En la Junta de Accionistas de la próxima semana también se aprobará el poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, muchos de ellos cercanos al Partido Popular, como denuncian desde Izquierda Unida e identifican desde la Plataforma Contra la Privatización: José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia; José de Cevallos Aguarón, vinculado a la empresa privada Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A.; Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena; y David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas y alcalde de Alcorcón, entre otros. Mientras ellos entraban, la representación sindical era expulsada del consejo de dirección. Hasta 2012, los consejeros no tenían retribución económica. A partir de entonces, en 2013, se aprobó el cobro de dietas para Canal de Isabel II Gestión en los casos “en los que no concurre causa de incompatibilidad”.

La Plataforma ha puesto una queja a la Defensora del Pueblo por la falta de información y transparencia de la Comunidad respecto a la gestión del agua. Hasta 65 peticiones de información ha realizado este colectivo ciudadano, obteniendo el silencio por respuesta en todas ellas. En el escrito advierten además de que “pende sobre la sociedad anónima” Canal de Isabel II Gestión un recurso de carácter constitucional, interpuesto el 30 de marzo de 2012 por el PSOE, que, si es admitido por el Tribunal Constitucional, dejaría sin base jurídica el fundamento normativo que posibilitó la creación de la sociedad anónima.

El Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad de Madrid y de 111 Ayuntamientos de la región, coquetea una vez más con los mercados para financiar su deuda, que asciende a 1.168 millones de euros. Donde la compañía sólo ve “pura y dura financiación”, las voces críticas temen el último intento para dar entrada al capital privado, hipotético proceso que el Partido Popular sólo podría completar si mantienen el poder tras las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo.

El orden del día de la Junta General extraordinaria, convocada para el miércoles 3 de diciembre, incluye “el establecimiento del programa de emisión de valores negociables de renta fija” y la aprobación de “la primera emisión de valores”, es decir, de bonos, un instrumento financiero de deuda que permite financiarse a cambio de devolver dicha cuantía más los intereses. “Tenemos unas necesidades de financiación, como cualquier empresa y Administración y, según está ahora mismo el mercado, el mejor interés no lo dan los bancos sino los bonos”, explican a eldiario.es desde la compañía.

Los repetidos intentos anteriores de privatización han puesto en alerta máxima a los críticos, quienes consideran que este movimiento abre una puerta de entrada a los inversores, facilitando así una posterior venta de acciones: “Los posibles compradores son los mismos que más adelante podrían hacerse con las acciones para quedarse con el Canal”, aseguran.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II quiere devolver el agua a la agenda pública y ha convocado una manifestación para el mediodía del domingo 30 de noviembre en la Puerta del Sol. Este colectivo entiende que la nueva estrategia supondría “un endeudamiento insoportable y una profundización en el proceso de privatización”. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) va en la misma dirección: “Se sigue con un proceso de mercantilización que, sin duda, acabará con subidas en las tarifas y con una ausencia total de control por parte de los ciudadanos”.

El Canal de Isabel II Gestión S.A. trata de calmar los ánimos con el argumento contrario: “¿Es malo querer pagar menos intereses cuando necesitas dinero para financiarte? No es cuestión de versiones, la realidad es que no es ningún intento de privatización. No son bonos convertibles que luego puedan transformarse en acciones. El accionariado no se toca: es público al cien por cien”.

Más allá del recorrido de los bonos, la Plataforma denuncia la opacidad del proceso y que ningún partido opositor de la Asamblea de Madrid (IU, PSOE y UPyD) tenga información al respecto. “Dicen que no contestan porque son una sociedad anónima”, indican fuentes de la Plataforma, que dejan muchas preguntas para la reflexión: “¿Para qué son los bonos?, ¿qué características tendrán?, ¿qué intereses?, ¿qué quieren financiar?”. De momento sólo se sabe que en una primera convocatoria se emitirán 600 millones de euros.

Otra de las sorpresas que deja el orden del día de la Junta General es que, por primera vez, se propone una modificación del estatuto de la entidad, que pasará a poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, siempre que no tengan incompatibilidades. En definitiva, dinero que sale fuera de forma paralela a la emisión de bonos y a la reducción en gastos de personal.

Giro hacia el mercado

La empresa cerró el último ejercicio con unos beneficios de 210 millones de euros, que fueron repartidos entre los accionistas, principalmente la Comunidad de Madrid, con el 82,4% de su capital. Desde 2011 los rendimientos han aumentado el 43% mientras que, según los datos que pone encima de la mesa la Plataforma, las inversiones han caído el 56%. Entre una y otra cifra, aseguran, una disminución en recursos humanos del 12,5%.

Sus análisis económicos indican que el superávit logrado por el Canal se transforma en dividendos para los accionistas, en lugar de reducir la deuda, hacer inversiones o paliar gastos de explotación. “Desde 2008 han logrado 850 millones que no se han invertido en nada. Y en sus dos últimas memorias afirman que el objetivo es la 'valoración hacia el accionariado'; cualquier economista sabe lo que esto significa: que la empresa saque beneficios y sea interesante para la compra de bonos o de cara a una futura privatización”, subrayan fuentes internas de la Plataforma.

Unas cuentas muy diferentes a las que maneja la gestora, que habla de unas inversiones que “se mantienen constantes en los últimos 20 años, entre los 200 y los 300 millones de euros, siendo una de las empresas de agua que mayor ratio de inversiones hace anualmente”.

La opacidad de la gestión, insisten desde la Plataforma, es lo que genera todas estas dudas. Por ello están trabajando en lograr un acuerdo político y social por una gestión cien por cien pública, transparente y participativa. Tachan a la sociedad anónima actual de ser una “entidad de carácter privado, opaca, que mantiene en secreto sus acuerdos y decisiones, ajena al control parlamentario y a la rendición de cuentas, además de estar patrimonializada por el PP”. Califican asimismo de “arbitrarias” algunas decisiones, como la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote, por la que el Canal pagará 105 millones de euros en cinco años.

Intentos de privatización

Empresa pública desde su fundación en 1851, no es la primera vez que el Canal coquetea con el capital privado. Los primeros intentos se remontan a 2004, cuando Miguel Blesa, por aquel entonces presidente de Caja Madrid y hoy investigado judicialmente por irregularidades durante su gestión, proponía, en un correo interno revelado por Infolibre, una privatización “no convencional”.

Cuatro años más tarde, la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas posibilitaba el acceso privado al 49% de las acciones de la futura sociedad anónima, proceso que cuajó en 2011, poco después de que el PP revalidara su mayoría absoluta en la Comunidad. A los pocos meses, el Decreto 68/2102 aprobaba los mimbres que harían posible la privatización.

Todo estaba hecho, pero de forma paralela había crecido la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, impulsada inicialmente por ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). El empuje de la ciudadanía –pero sobre todo los complicados momentos por los que atravesaban los mercados (los inversores no mostraron la interés previsto y apenas hubo sobre la mesa tres ofertas, las de Agbar, Acciona y FCC)– dieron al traste con la pretendida salida a Bolsa.

Hoy la compañía pública sigue siendo rentable y los vientos parecen soplar más frescos. Ignacio González, vicepresidente con Esperanza Aguirre y actualmente al frente de la Comunidad de Madrid, ha decidido aprovechar la oportunidad, en lo que a tenor de las encuestas parece ser el último tren seguro para los intereses populares, que pierden apoyos de cara a las autonómicas y municipales. “Qué más da que se produzca a escasos meses de unas autonómicas. No estamos pensando en las elecciones sino en la financiación que necesitamos, al menor interés posible”, justifican desde la compañía.

Catorce años después, la tarea está incompleta. Los planes hidrológicos recientemente aprobados por el Gobierno siguen sin cumplir las directrices, exigencias y recomendaciones de la Directiva Marco de Aguas (DMA) de la Unión Europea. Así lo denuncia la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), un colectivo formado por investigadores, científicos y profesorado universitario, que acaba de hacer público un exhaustivo informe de evaluación del primer ciclo de planificación hidrológica acorde con la norma europea. Tachan el paquete de medidas gubernamentales de “frustrante”, y una “oportunidad perdida”.

“Ha habido un cambio en el lenguaje y en la retórica, pero nada en lo práctico y en lo concreto. Los objetivos son los mismos de siempre”, explica directora técnica de la Fundación, Julia Martínez, quien anuncia que ya han enviado los 20 informes realizados, además de un resumen ejecutivo, a la Comisión Europea. El primer ciclo de planificación, que debería haberse presentado en 2009 y ahora estudia Bruselas, “tiene una aplicación insuficiente de la Directiva”. Por ello, la bióloga y profesora universitaria asegura que, en las reuniones que tendrá el Gobierno los días 10 y 11 de noviembre con ejecutivos comunitarios, se exigirán respuestas a España por la “deficiencia” de unos planes que no gustan en Bruselas, tal y como adelantó eldiario.es.

“En el Gobierno no son conscientes de lo negativo que es descolgarnos de la Directiva Marco de Aguas, algo que contradice su defensa de la Marca España”, añade la directora técnica en conversación telefónica. Una versión opuesta a la que mantiene en público la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha asegurado que “la política hidráulica de este Gobierno es una política de cumplimiento” de las obligaciones con la Unión Europea.

Pero según Martínez, todos los planes tienen como eje la satisfacción de las demandas, es decir, una apuesta por los regadíos y por las infraestructuras hidráulicas. Dar a quienes piden sin valorar que los ríos deben llevar agua. “El principal objetivo europeo es alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, algo muy distinto a la tradición española, que ha legislado para los sectores de las obras y los regantes. Reclamamos una gestión independiente y autónoma. Sin intereses concretos”, incide.

Políticas intervencionistas y clientelares

Por ejemplo, el plan para la cuenca del río Ebro propone la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío, es decir, un 50% más de las actuales. Y también se quieren ampliar otras 32.000 en el Guadalquivir. En total, las inversiones estimadas en regadíos ascienden a 11.000 millones de euros y serán financiadas entre un 10 y un 70%. “Parece una perpetuación de las centenarias políticas intervencionistas y clientelares de fomento del regadío”, apunta Joan Corominas, que ha estudiado detenidamente este apartado y critica que la información es muy profusa en muchos aspectos, totalmente insuficiente en otros. El ingeniero agrónomo y socio de la FNCA considera asimismo que “los Planes Hidrológicos no aportan una visión clara del impacto del regadío en las masas de agua”.

“Hay que tener en cuenta qué se financia y qué no. Hay mucho dinero para embalses, para presas y para hormigón, pero muy poco para los caudales ecológicos y para medidas básicas ambientales”, lamenta Julia Martínez, quien insiste en que los objetivos de la DMA son otros. En concreto y según explica la UE: la prevención y la reducción de la contaminación, la promoción del uso sostenible del agua, la protección del medio ambiente, la mejora de la situación de los ecosistemas acuáticos y la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías.

A todas estas deficiencias habría que añadir la recuperación de costes o la escasa participación ciudadana en la elaboración de los planes. La “insuficiente e inadecuada” repercusión del gasto de las obras e intervenciones supone, aseguran, la traslación de las cargas de negocios privados al conjunto de los ciudadanos.

Años de atraso

Sin olvidar el retraso de cinco años. Y es que, justo ahora es cuando se tendría que empezar a realizar el segundo plazo de planificación, que abarca desde 2015 a 2021. La herencia recibida ha sido la excusa repetida en muchas ocasiones por el hasta hace poco ministro Miguel Arias Cañete.

El argumento oficial vuelve a ser desmontado por voces autorizadas, en este caso, por la directora técnica de la FNCA: “Han pasado 14 años desde que se debería haber empezado a trabajar en esto. Además, en esta última legislatura se han dado pasos hacia atrás en cosas que estaban hechas”. Y da ejemplos, como el del Plan de Baleares, que estaba realizado y desarrollado pero se paralizó cuando iba camino del Consejo de Ministros; se eliminaron las medidas más innovadoras y finalmente se aprobó sin someterlo a exposición pública. El borrador inicial del Tajo tampoco fue el aprobado ya que, según Martínez, se eliminaron los caudales ecológicos establecidos para el Tajo Medio y se cambiaron por caudales mínimos, “una figura que no existe en la DMA”.

Tras los exhaustivos informes en los que han participado al menos una veintena de voces autorizadas, además de varios colectivos, la Fundación Nueva Cultura del Agua concluye que estos primeros planes mantienen en líneas generales la orientación implantada en el año 98, es decir, anterior al marco europeo actual. Lamentan, además, que los de segunda generación, que comienzan ahora y están previstos para finales de 2015, “no incorporarán variaciones sustanciales”.

“Si no se produce un cambio de rumbo radical, la política hidráulica del siglo XX se perpetuará en las dos primeras décadas del siglo XXI”, concluyen.