La guerra de Ucrania, que a veces se nos olvida comenzó hace años, es un catálogo de imágenes de terribles que muestran lo peor y lo mejor del ser humano, como dice el dicho facilón. La ayuda y la entrega, por un lado, la violencia sangrienta, por otro. Las guerras también describen los roles de género en los que se divide a la sociedad. Tú, aquí; tú, para allá. Y poco más. Que los días previos a los ataques las imágenes noticiables fueran de señores sentados en sillas decidiendo el devenir de una posible invasión es lo habitual. Echad un vistazo a la sección de internacional de cualquier medio: si es raro ver a mujeres en las noticias (solo el 26 por ciento de los sujetos que aparecen en radio, prensa y televisión son mujeres, según datos de 2020 del último Monitoreo Global de Medios) es más raro aún verlas cuando se habla de temas de geopolítica (los datos del mismo estudio centrados en los medios transnacionales, es decir, esos que hacen información internacional de manera generalizada, bajan hasta el 13%). Y, menos, ahora que Angela Merkel ha dejado la presidencia de Alemania después de 16 años. Su salida de la primera línea ha modificado las fotos que ilustran eso que se llama internacional, es decir, lo que no pasa en casa. Que normalmente los hombres blancos deciden lo que pasa en el mundo no es noticia, aunque debería serlo: unas pocas personas, cortadas por el mismo patrón, dibujan eso que se llama orden (o desorden) mundial. Y que muchas veces los medios replican sin cuestión.

Para un taller que no viene al caso puse de ejemplo la sección de Internacional de un medio que tampoco viene al caso. Porque lo importante del ejemplo no es excepción, sino regla. El patrón. Era un día de noviembre de 2021, y las cinco primeras noticias de la sección eran de hombres y con imágenes de hombres. El titular de la sexta decía ‘Una constituyente chilena muestra su torso tras el cáncer de mama en la Asamblea: “La culpa la sentí desde el diagnóstico”’, y había foto. Es decir, las mujeres aparecen como anécdota, como víctimas y para la foto.

Una vez lanzadas las bombas (y aquí no me atrevo a hacer un análisis sobre el papel de la masculinidad tradicional en esto de hacer guerras) son, sobre todo, soldados los que nutren los ejércitos. Que alistarse sea algo voluntario debería llevar a preguntas que ayuden a entender por qué hay más hombres que mujeres en los ejércitos del mundo. Seguramente tenga que ver con la masculinidad tradicional y también con los roles de género. Los hombres a guerrear y las mujeres a sostener. Y eso es tremendamente injusto. Porque es injusto que los hombres no puedan salir de Ucrania para estar a disposición de una llamada obligatoria a empuñar un arma, y es igual de injusto que ante esa obligación sean las mujeres las que, mayoritariamente, se tengan que encargar del cuidado de las niñas y los niños. Y sé que hay excepciones, que hay mujeres que están empuñando las armas y que se están quedando. También sé que hay hombres que se quieren quedar y otros que están yendo exclusivamente a eso, a la guerra.

Pero la pregunta debería ser por qué los hombres nutren los ejércitos (los datos de España recogen que los hombres representan el 87,1% del personal del Ejército y cuerpos comunes y las mujeres el 12,8; si subimos escalafones un porcentaje disminuye y el otro aumenta) y por qué las mujeres se tienen que encargar de cuidar a la ciudadanía más pequeña y, por tanto, vulnerable. Hablar de los roles de género es también esto. Porque en situaciones tan extremas como una guerra, quedan bien lustrosos. Daría para otro reportaje ver en qué situación están las personas trans en Ucrania.

La lectura con enfoque de género (o feminista) de un conflicto armado siempre saca a la luz el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, no se olvide. Las violaciones de las mujeres, incluso por parte de eso que llaman fuerzas de paz como los cascos azules de la ONU, son también un elemento que juega un papel fundamental en los conflictos armados. Aunque nadie quiera verlo, aunque nadie quiera asumirlo. En Colombia, por ejemplo, no se ha conseguido meter la violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz, creada con los Acuerdos de Paz, porque no hay problema en admitir asesinatos, pero sí violaciones. Nadie viola, parece.

Las dinámicas sociales que están participando en el conflicto de Ucrania son prácticamente universales. Ya hay varias informaciones sobre el peligro de que las mujeres que salen como refugiadas caigan en manos de redes de trata, muchas con fines de explotación sexual. Y entonces la mirada se va a la frontera sur de Europa. “El trayecto migratorio de las mujeres y niñas está profundamente atravesado por la violencia física y sexual. La trata es, en muchos casos, la única manera de alcanzar Europa”, recoge un informe de Zehar (antigua CEAR Euskadi). Sin olvidar que “las mujeres huimos por causas que ni siquiera están aún contempladas en el derecho internacional”. ¿Son la violencia de género y la violencia sexual causas para huir de un país? ¿Informan de eso las secciones de Internacional?, ¿cuántas violencias se reproducen en los conflictos bélicos?

Las guerras son un espejo de la condición humana y también de la culturización de género. Narrarlas debe implicar cuestionar esos patrones.

Que por fin se investiguen los abusos sexuales en la infancia en diferentes organizaciones religiosas es una buena noticia. No hay duda. Más allá del resultado que pueda traer el procedimiento elegido, el hecho en sí es positivo: hablar de ellos, generar debate, ocupar espacio mediático seguro que ayuda a las víctimas a sentirse, en cierta medida, escuchadas. Romper el silencio en muchos casos es terapéutico. Los abusos sexuales en la infancia, que los datos dicen que son más habituales de lo que se podría soportar, deben dejar de estar ocultos en los cuerpos y en las mentes de quienes los sufrieron. Deben salpicar a la sociedad, impactarla, para reaccionar, para que no vuelvan a suceder, para que sanen, si es posible, a quienes tuvieron que sufrirlos.

Ahondar en las instituciones religiosas no es suficiente, aunque como primer paso es vital. Los datos son abrumadores: el 58,8 por ciento de los abusos sexuales a menores de edad en España son cometidos por un miembro de la familia, según datos de la Fundación Anar. Hay que investigar a la Iglesia, sin duda, pero también cuestionar a la familia, porque hay abusos que no caben en una comisión parlamentaria ni en un proyecto del Defensor del Pueblo. Hay abusos que exigen revisar las costuras. “El abuso en el seno de la familia es un gran tabú cultural y es el más común y el que menos sale en los medios. El que más sale es de hombres a hombres”, ha explicado la psicóloga Mireia Darder. Ahora que la sociedad y los medios han empezado a hablar de esto, no se puede dejar a gran parte de las víctimas al margen. Porque gran parte de ellas siguen solas afrontando la violencia sufrida.

“Sentí que estaba escribiendo contra mi familia y contra las instituciones y contra mí misma en ocasiones. Sin embargo, eso que estaba haciendo me estaba salvando. Yo no sé si lo leyeron, si lo leyó él… pero fue como decirle a la justicia y a él y a todos: váyanse a la mierda. Y yo sola, con mi libro hacer mi propia justicia”, ha afirmado Belén López Peiró, autora del libro Por qué volvías cada verano, en el que habla de los abusos sexuales que sufrió por parte de un miembro de su familia. “Él es inocente y tú la mentirosa o la loca, o ambas cosas, si no demuestras lo contrario. No se juzga al acusado, sino a la víctima”, explica Marta Suria, quien ha escrito bajo pseudónimo el libro Ella soy yo, porque la justicia no le dio la razón y su padre no fue condenado por abusar de ella.

Escribir y contar, en primera persona, con lo doloroso que es, puede implicar cierta sanación. Como periodista, escribir sobre maltrato sexual en la infancia provoca que el cuerpo cruja y el sueño se evapore. Que el estómago se vuelva estropajo y la repugnancia acompañe a los poros.

¿Qué haces cuando tu hija o tu hijo te cuenta lo que está sufriendo? Escuchar a las madres traslada a la oyente al terreno de lo inaudito, de lo increíble. Pero es real y dan ganas de mirar para otro lado. Porque muchas víctimas siguen afrontando apenas con la compañía de su madre la violencia sufrida.

¿Qué puede hacer una madre cuando su hija o su hijo le cuenta lo que le está pasando? La respuesta parece simple, pero la respuesta es un laberinto en muchos casos sin salida. Si el abusador es un profesor, un monitor o en entrenador, el primer paso es claro: cambiarle de colegio, de actividad, o desapuntarle del deporte que sea. ¿Y cuándo es el padre de la criatura? Ahí está el problema, y ahí faltan soluciones, investigación y sendas jurídicas claras.

Hay que investigar los abusos sexuales en la Iglesia, sin duda, pero no se puede dejar de lado a quienes hoy tratan de proteger a sus hijas y a sus hijos. La asociación de Mujeres Juristas Themis ha analizado 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019, y concluye que las madres denuncian en un 51,24 por ciento de los casos, seguidas de las propias víctimas, que lo hacen en el 18 por ciento. Un estudio publicado por la revista Sexual Assault Report recoge que presentar denuncias por abuso puede ser más perjudicial para el progenitor que intenta proteger a la menor que para el agresor denunciado. ¿Por qué? Habrá que hacer otra comisión de investigación. Habrá que dejar de mirar para otro lado, aunque escuchar estos relatos provoque arcadas.

Ni acudir a los cementerios pueden. La Asociación Madres de Abril, que acaba de ser galardonada con el premio Premio Ignacio Ellacuría de cooperación 2021 que otorga el Gobierno vasco, surgió en Nicaragua a raíz de la dura represión de las protestas sociales de abril de 2018. Acoge a familiares, sobre todo madres, de jóvenes asesinados entonces. La impunidad se ha impuesto y la persecución acompaña a las familias que exigen verdad, justicia y construcción de memoria. Y también poder recordar a sus muertos en paz.

Tres años y medio después de la insurrección social que vivió Nicaragua, el ciclo de represión y regresión continúa. El país centroamericano celebra elecciones este domingo 7 de abril y nadie duda de que la dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirá en el poder, mientras gran parte de la oposición está encarcelada o exiliada. Por eso ya son cada vez más las voces que hablan de dictadura para explicar la situación nicaragüense.

“Nicaragua sufre hoy una de las dictaduras más silenciadas e invisibilizadas del mundo”, afirmó el pasado 26 de octubre Sofía Marroquín, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi e integrante del jurado del Premio Ignacio Ellacuría. En el auditorio estaban integrantes del Gobierno vasco, como el propio lehendakari; nadie se inmutó. Además de la Asociación Madres de Abril, la Articulación Feminista de Nicaragua también fue galardonada.

Geni Gómez habla de “dictadura cruel, estúpida y sangrienta”. Esta feminista nicaragüense fue la encargada del recoger el reconocimiento vasco en nombre de la Articulación Feminista de Nicaragua. “Fuimos las primeras en avanzar que era una dictadura. Recibir este premio es una rebeldía”, dijo un día después del acto oficial en un encuentro organizado en Bilbao entre feministas vascas y nicaragüenses. El Ejecutivo del país centroamericano ha establecido por decreto que para recibir cualquier reconocimiento o premio hay que pedirle permiso.

Señalado desde hace tiempo, el movimiento feminista nicaragüense vive un momento complicado en el país: varias organizaciones han sido ilegalizadas y otras tienen una actividad muy limitada, recuerda Gómez. “Todo esto nos ha pillado de otra manera porque estábamos organizadas. Ya en 2007 y 2008 intentaron acabar con nosotras”, apunta la activista nicaragüense, quien recuerda del intento gubernamental de crear un “grupo de mujeres auténticas”.

Las decisiones políticas hace tiempo lanzaron claros signos de por dónde estaba caminando un Gobierno que abraza un discurso fundamentalista cristiano. En su vuelta al poder en 2007, Daniel Ortega derogó el aborto por cualquier causa en Nicaragua, donde estaba parcialmente despenalizado desde 1893. Ya antes el movimiento feminista del país se había puesto en contra de Ortega al apoyar a su hijastra Zoilamérica, que lo había denunciado por abusos sexuales desde que tenía nueve años.

“La búsqueda de Zoilamérica de justicia es un tema que sigue presente en Nicaragua y ha regresado con más fuerza a raíz de la crisis humanitaria y de derechos humanos de 2018. Una de las cosas más gratificantes que ha sucedido es que la gente ha comenzado a conectar el hecho de que Zoilamérica no recibió justicia en 1998 con el hecho de que estamos lidiando con un dictador violador de derechos humanos, a decir que si hubiéramos dado justicia a Zoilamérica no estaríamos viendo lo que estamos viendo”, expuso la directora del documental Exiliada, Leonor Zúniga, duranta la presentación en Bilbao del corto que narra los abusos de poder en el país. “Si vos sos una persona crítica, periodista, ecologista, feminista y criticás, como sería normal en cualquier democracia, a este gobierno, tu vida está en peligro”, añadió la cineasta, que también vive en el exilio. 

La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha lanzado una campaña de apoyo al movimiento feminista nicaragüense y ha hecho un llamado de urgencia de solidaridad internacional feminista. “Pese a los múltiples riesgos, agresiones y limitaciones que enfrentan, nuestras compañeras feministas y defensoras nicaragüenses no han dejado de alzar sus voces, organizarse, denunciar, acompañar casos de violencia, exigir la despenalización del aborto, condenar la violencia feminicida, construir comunidad, defender el territorio y seguir trabajando por una Nicaragua más justa e igualitaria”, recoge la campaña.

Presas políticas

El Premio Ignacio Ellacuría a las dos organizaciones de mujeres ha coincidido con un momento clave en el país, las elecciones, o “votaciones”, como las llaman. “Este es un reconocimiento a años de denuncia de las violaciones de derechos humanos. Si no hay observación ni interés hay más impunidad”, apunta Bertha Massiel Sánchez, otra feminista nicaragüense que participó en el conversatorio de Bilbao y que vive en el Estado español. La salida ha sido la única alternativa para muchas mujeres nicaragüenses. Nicaragua fue, de hecho, el tercer país de origen por número de solicitudes de asilo en el País Vasco en 2020, según datos de CEAR-Euskadi. Si en 2017 España recibió 90 solicitudes de asilo de personas con esta nacionalidad, en 2018, año del estallido social y del inicio de la represión, la cifra llegó a las 1.365.

Tanto Bertha Massiel Sánchez como Geni Gómez, quienes hablan de dolor acumulado y de momentos de desesperanza, recuerdan la situación de las compañeras feministas presas, sobre todo de Dora María Téllez, exguerrillera y ministra en el primer ejecutivo de Ortega, y de Tamara Dávila, que “está completamente aislada, sufre crueldad de trato y está en condiciones de tortura”. Las activistas también mencionan la escalada de represión que vivió el país la pasada primavera, cuando muchas personas que dejaron entrever alguna opción de presentarse a las elecciones acabaron encarceladas. Hay al menos 40 personas detenidas en Chipote, cuyo nombre oficial es Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), un centro usado durante la dictadura de Somoza. Los últimos datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifran en 145 las presas políticas desde 2018, entre las que además de feministas hay empresarios, estudiantes y siete personas que habían mostrado alguna intención electoral. “Son todas personas muy reconocidas, se está encarcelando a gente con mucho reconocimiento e influencia y eso es un mensaje de miedo”, apuntan las feministas exiliadas.

“Apostamos por una salida pacífica a la crisis, a través de un proceso electoral con garantías democráticas; sin embargo, esa oportunidad se nos ha negado y asistimos a una farsa electoral en la que el régimen de Daniel Ortega tiene el control total del Consejo Supremo Electoral y ha eliminado toda competencia, ha impuesto la censura y la criminalización de toda forma de protesta ciudadana”, subrayó Gómez al recoger el premio vasco. Las activistas recuerdan que “en las votaciones no hay ninguna opción de elegir, porque los otros partidos que figuran en la boleta electoral son satélites de Ortega”.

De política misógina y autoritaria habló también Sofía Marroquín.

¿Qué pasaría si la justicia o el Ejército de Francia, por ejemplo y salvando las distancias, entrara en España y detuviera a una persona, con un despliegue militar de película, y se la llevara a una prisión francesa y la encerrara durante días sin pruebas?

Creo que el escándalo, la condena y la respuesta serían unánimes y claras. Y no solo en España; seguramente eso que llaman “comunidad internacional” también saldría a la palestra escandalizada, porque ¿a quién se le ocurre?

Pues bien, el Ejército israelí entra cada día en zonas de Cisjordania que no están bajo su administración ni bajo su control militar y detiene a personas palestinas sin cargos y se las llevas a prisiones israelíes, donde pasan días sin saber por qué están allí y, por tanto, sin opción de defensa. La española Juana Ruiz Sánchez, conocida como Juani, ha sido una de las últimas que está sufriendo esta violación de los derechos humanos.

“La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril de 2021, a las 5.45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla”, cuenta el entorno de la detenida que ha creado la campaña #LibertadJuani para denunciar la situación y exigir la liberación de la trabajadora humanitaria. Porque Juana es eso, una trabajadora humanitaria vinculada a Health Work Committe (HWC) desde 1993. Su trabajo está relacionado con labores administrativas y de gestión, de hecho, solía buscar fondos de entidades españolas, así como de cooperación y ayuda humanitaria para poder realizar tareas de prevención sanitaria en las aldeas de Cisjordania o vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, entre otras labores. Son las organizaciones no gubernamentales las que en gran parte de las ocasiones ofrecen sanidad a gran parte de la población palestina, aquella que no es funcionaria pública y que no se puede pagar un seguro privado

“A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina”, explica el manifiesto que pide la libertad de Juana Ruiz. En el mismo documento también se explica que unos días antes de la detención de la trabajadora española, el Ejército israelí allanó la oficina central de HWC, que cuenta con 14 clínicas en territorio bajo la Autoridad Palestina, y detuvo al responsable del Departamento de Contabilidad, Tayseer Abu Sharbak, que continúa en prisión, y se llevó equipos informáticos y documentación. La misma fuente indica que también está detenido Saeed Abbad, el que fuera hasta hace dos años responsable del Departamento de Contabilidad de la organización sanitaria. Esta organización lleva tiempo siendo atacada por el Ejército de Israel, ya en octubre de 2019 Walid Abu Ras, director financiero de la organización, fue detenido.

“La organización cree que el ataque a las instituciones palestinas y el arresto de los empleados se enmarca dentro de los ataques sistemáticos seguidos por la ocupación [por Israel] contra los palestinos y sus instituciones”, decía un comunicado de HWC de hace más de un año, en el que también denunciaba “los métodos de tortura utilizados contra los prisioneros y detenidos palestinos desde el momento de su arresto hasta que son llevados a un centro de detención para su interrogatorio”.

Lamentablemente, aunque la situación de la ciudadana española haya tenido eco mediático y el Gobierno español haya anunciado su implicación (representantes diplomáticos estuvieron presentes por ejemplo en la cuarta vista que ha tenido la detenida), este no es un caso excepcional. Al contrario. “No es un caso aislado, sino una política sistemática de Israel que busca el desmantelamiento de la sociedad civil palestina y de sus organizaciones”, cuenta otra trabajadora humanitaria española.

Addameer es una organización de derechos humanos y de apoyo a prisioneros de Palestina que nació hace más de 25 años. En estos momentos, según los datos de esta organización no gubernamental, de los 4450 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, según la terminología de la propia organización, 440 sufren detenciones administrativas, un concepto jurídico bajo el cual la persona detenida no sabe por qué lo está y, por tanto, no puede defenderse.

“La gente puede estar detenida ocho años sin saber por qué, y así pueden arrestar a cualquiera. Las detenciones son de máximo seis meses, pero se pueden prorrogar indefinidamente”, explicaba Sahar Francis, directora de Addameer a una delegación de personas que viajó en 2018, con la organización Sodepaz, a los territorios palestinos ocupados. “Ni el detenido ni su abogado no pueden acceder a la información o las pruebas secretas y, según las órdenes militares israelíes, una orden de detención administrativa puede renovarse por tiempo ilimitado”, explica Addameer en su web.

“Aunque el uso de la detención administrativa de manera generalizada y sistémica está prohibido por el derecho internacional, la ocupación israelí la utiliza como una herramienta para el castigo colectivo contra los palestinos”, añade esta organización. Michael Lynk, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, ha denunciado también recientemente el “castigo colectivo” que Israel está ejerciendo sobre la población palestina.

Durante el citado viaje a territorios palestinos ocupados, la mayor parte de las y los palestinas entrevistadas habían sido detenidas bajo este parámetro. Por ejemplo, Omar Nazzal, periodista en Jenin, contó que hasta entonces había sido detenido 13 veces: “No dicen por qué te detienen, hacen detención administrativa, pero creo que es por mis artículos y mis declaraciones”, afirmaba. “Se usa contra activistas, periodistas, profesores, políticos… Con la detención administrativa sí hay representación legal, pero solo el juez accede a la ficha secreta, que los abogados no tienen. Son los casos más difíciles porque no sabes de qué defenderte”, continúa Francis, quien cuenta que es una herramienta muy usada en determinados periodos.

La abogada explica además que las personas detenidas están en cárceles israelíes, es decir, en otro país, con presos israelíes y en módulos de seguridad, con más restricciones de movimientos y con dificultades para recibir las visitas de familiares. Addameer lanzó el pasado mes de marzo la campaña #AgainstMilitaryCourts en la que denunciaban que el sistema judicial militar israelí se ha convertido en una parte inseparable del aparato del apartheid israelí “que ejerce prácticas injustas e ilegales contra los palestinos”. Y apuntaba también que “la ilegalidad de los tribunales militares israelíes va más allá de las graves violaciones del derecho a un juicio justo. La base de su establecimiento y jurisdicción en sí misma es una grave violación de las normas y principios internacionales. También es un sistema judicial intrínsecamente ligado al uso de malos tratos y tortura contra palestinos, especialmente durante el proceso de interrogatorio”.

Durante aquel viaje de 2018, Juani Sánchez fue la primera persona que conoció la delegación al llegar a Cisjordania. En la sede de Health Work Committe de la ciudad de Beith Sahur, la trabajadora explicó la labor de su organización (atienden anualmente a unos 350.000 pacientes en Cisjordania) y la persecución que recibían (por ejemplo, no podían trabajar en Jerusalén).

El pasado 27 de abril Human Rights Watch publicó el informe 'A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution' ('Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución') en el que se denuncia el trato que recibe la población palestina por parte de Israel y la situación de apartheid que se está dando, a través de un sistema de discriminación y opresión institucional. “La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos, mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid”, dice la organización internacional, quien también habla de crímenes de lesa humanidad.

Vivir sin energía es incompatible con tener una vida digna. Vivir sin energía provoca problemas de salud, tanto físicos como mentales. Vivir sin energía genera exclusión, deuda y estigma. Vivir sin energía puede provocar la muerte. Vivir sin energía es imposible.

Hablar de energía es hablar de la climatización de una casa y del acceso a una higiene adecuada, es hablar de cocinar y de conservar los alimentos, también es una cuestión de poder estudiar y de trabajar, es hablar de comunicación y contacto, es necesaria para hacer trámites administrativos que se exigen para seguir en la rueda burocrática, y sin duda es hablar tiempo de ocio y de cultura. Es hablar de una vida digna. Sin energía, da igual casi de qué actividad se realice, es imposible vivir.

Si esto está claro y es así de contundente, ¿debería ser la energía un derecho humano?

Los bienes comunes que sirven para “fabricar” energía están en cierto modo controlados por las compañías privadas que ponen precio, a veces desorbitado, a la luz. La factura de la electricidad en España subió un 66,8 por ciento entre 2008 y 2018. Un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales afirma que el Estado español está entre los países de la Unión Europea con los precios de la energía doméstica más caros y donde más han aumentado desde 2008. Y eso, de manera prácticamente automática, genera exclusión. La pobreza energética tampoco ha dejado de aumentar: cada vez hay más gente que no puede pagar la luz y, por tanto, cada vez hay más gente que no puede encender la luz.

“Nadie puede vivir sin energía y los mercados financieros se aprovechan, al igual que en su día lo hicieron y siguen haciendo con la vivienda”, apunta el informe 'Emergencia habitacional, pobresa energètica i salut. Informe sobre la inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020'. Es decir, que como no se puede vivir sin energía, las “consumidoras” son cautivas, sí o sí se están dentro de este “mercado”. Fuera, la vida es complicada. Un ejemplo claro es que con la aprobación del estado de alarma por la pandemia se han prohibido los cortes de luz y de agua en los domicilios. Siempre entre comillas. La situación de la Cañada Real es una dolorosa excepción; así como la vida de miles de personas temporeras que malviven en poblados chabolistas sin luz ni agua. A pesar de que el acceso a esta última sí que es un derecho humano desde hace diez años.

“La energía tiene que ser un derecho humano gestionado con criterios de prudencia. No se trata de acceder a toda la energía que desees, sino de acceder a cotas de energía que permitan satisfacer las necesidades humanas”, sostiene la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, en una entrevista publicada en el monográfico de Energías de Pikara Magazine. “La gran trampa es que aquello que son bienes comunes tenga una gestión privada y sea gestionado con criterios de beneficio o de acumulación del capital. Si el acceso a la energía depende de que aquellas empresas que se lo apoderan ganen lo que ellas consideran que es lo que tiene que ganar, lo que sucede es que la vida de la gente está supeditada a los beneficios de esas empresas”, continúa.

“La energía es un derecho que debe ser garantizado”, dice en la misma publicación Laura Martín Murillo, directora para el Instituto para la Transición Justa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

A priori, y así narrado, hay poco debate sobre la necesidad de que la energía sea un derecho humano, y que se facilite así el acceso con unos criterios de dignidad. El debate también debería ser cómo lograr que el sistema eléctrico y energético sea inclusivo, más democrático, no esquilme paisajes, no fomente desigualdades ni contribuya a las políticas extractivistas en las que siempre se ha sustentado. ¿De dónde viene la energía?, ¿energía para qué y para quién?

Una vez cubiertos unos mínimos de acceso para lograr una vida digna, pensar en el sistema energético debería llevar a una reflexión sobre niveles de consumo y sobre determinadas “necesidades”, así como una crítica del sistema energético que tenga en cuenta las políticas de gestión del territorio y los impactos no contados que genera producir energía. Podemos hablar de expulsión, empobrecimiento, pérdida de biodiversidad, privatización de lo común para beneficios de unos pocos…

Hace unos días nació la Alinza Energía y Territorio (ALIENTE): “Se ha alcanzado un consenso científico que respalda y constata que una transición energética capaz de afrontar los retos de la crisis climática no puede consistir en una transición meramente tecnológica como la que está ocurriendo, en apariencia ‘verde’ aunque carente de atención hacia el soporte sobre el que se instala dicha tecnología: el territorio. El modelo energético centralizado que se plantea satura los territorios con proyectos de renovables a gran escala y líneas de alta tensión, resultando devastador para el paisaje y la biodiversidad, al tiempo que genera en la sociedad un ideal de consumo ilimitado, mientras niega alternativas menos dañinas y menos consumistas”, recoge en su comunicado de lanzamiento.

¿De qué nos sirve encender todas las luces a la vez si al otro lado del cable se ha destruido un paraje, se ha mermado la biodiversidad de la zona y se empobrecido a quien allí habita? Hay que hablar de la energía como un derecho humano, pero también hay que hablar de cómo se produce la energía.

Que el hombre sea capaz de domar a la naturaleza es uno de los mantras sobre los que se han construido los paradigmas de desarrollo y de avance, conceptos incuestionables, toda una biblia recogida en un par de palabras. Mientras el crecimiento económico se ha convertido en una variable única del bienestar en los estados y en las economías domésticas, los impactos de este modelo se han ocultado e ignorado, pero ya no cabe más basura bajo las alfombras.

En el año de la pandemia, la pérdida de biodiversidad, cada vez más acelerada, ha demostrado la vulnerabilidad del ser humano. Mientras, la situación de emergencia climática es cada vez más impactante, no solo porque casi cada mes los termómetros marcan récords, sino porque los huracanes, las lluvias torrenciales, el deshielo de los glaciares y las sequías son más habituales y prolongadas. Los informativos de televisión dedican espacio a estos impactos en la sección del tiempo meteorológico, pero tal vez deberían hablar de ellos en las de economía, porque el desarrollo y el crecimiento del PIB tiene estas cosas, que también destruyen. Ahí está el ejemplo de que un incendio forestal es bueno para la economía, porque la movilización para sofocarlo implica recursos económicos gastados, lo mismo que las labores de reforestación y de limpieza forestal; en definitiva, una muestra clara y gráfica las trampas de la economía desarrollista, que también se nutre de la destrucción y de la muerte.

En el año de la pandemia, cuando el concepto de resiliencia está de moda, y lo verde, lo sostenible y la conexión con el medioambiente son los nuevos mantras económicos, la naturaleza sigue siendo un obstáculo que hay que domar. Como si fuera nuestra. Como si quisiéramos empaquetarla para usarla solo cuando quede bonita, como una decoración navideña cualquiera que mostrar en las redes sociales de la felicidad.

Desde hace un año, las obras de una autopista de pago, la Supersur, están rompiendo los montes del sur de Bilbao y destrozando algunos de los entornos míticos de la ciudad, como los alrededores de la cascada de Bolintxu o las faldas del Pagasarri. Esta carretera, cuyo primer tramo empezó a funcionar en 2011, nació con el objetivo de unir la autovía del Cantábrico, la A8, con la salida hacia el sur de Bilbao, de tal forma que se traza una especie de baipás que rodea la ciudad. La plataforma ciudadana Supersur Ez! (¡Supersur no!) contextualiza con datos el resultado de esta infraestructura: de los 24.000 vehículos diarios esperados, la demanda actual no llega a la mitad. “El 90% de los vehículos que vienen desde Santander tiene como objetivo Bilbao”, argumenta David Hoyos. El profesor de Economía en la UPV/EHU y especializado en la valoración económica de recursos naturales indica que “incluso informes de la Diputación [Foral de Bizkaia, la entidad que financia las obras] la desaconsejaban porque era innecesaria”.

Hace unos días, Ekologistak Martxan y Euskal Gune Ekosozialista organizaron una ruta por el Bilbao del colapso, el de los límites, el de la destrucción. Y la Supersur fue una parada de esa ruta y un ejemplo de decisiones políticas que están pensadas para aumentar el PIB al precio que sea. Y es que, a pesar de la oposición vecinal y de que los datos del tráfico son muy inferiores a los inicialmente previstos, está en marcha el segundo tramo de la autopista. En concreto, poco más de cuatro nuevos kilómetros, a razón de unos 200 millones euros; más de 47 millones de euros por kilómetro. Unas cuentas iniciales que los colectivos contrarios temen que se disparen aún más. Ya sucedió con el balance final de la primera fase: los 465 millones de euros estimados de inicio se convirtieron finalmente en los 821, “siendo la autopista más cara de España, con un coste de 49,49 millones de euros por kilómetro. Actualmente pagamos 40 millones anualmente al Banco Europeo de Inversiones por el crédito concedido”, apunta la plataforma ciudadana. “Esas obras sirven para el sector de la construcción, pero no para la ciudadanía. La Diputación garantiza el flujo de dinero a las constructoras”, incide Hoyos.

“Arnotegi ya es un túnel”, titulaba hace un par de días uno de los diarios de mayor tirada en el País Vasco. El Arnotegi es uno de los montes que rodea Bilbao, uno de esos que a diario está lleno de gente paseando, porque en la ciudad vasca, aunque llueva, se va al monte. Pero el Arnotegi, según este periódico, es “el gran obstáculo para la ampliación de la Supersur”, como recogió bien claro en portada. Y “la batalla”, concepto también usado en la información, la ganó, ¡cómo no!, el hombre. Y el PIB.

En el año de la pandemia, seguir viendo a la naturaleza como un obstáculo para el desarrollo demuestra que los paradigmas que nos han llevado a la situación de emergencia climática actual y de pérdida de biodiversidad alarmante están más vigentes que nunca, aunque lo verde y lo sostenible no deja de ser cacareado por diputaciones, administraciones, empresas y medios de comunicación.

Manuela Chavero, vecina de Monesterio (Badajoz), desapareció hace más de cuatro años. Se perdió su pista de madrugada, cuando estaba en su casa, de la que salió dejando llaves, móvil, documentación y la tele encendida. Desde el inicio todo apuntaba a que no fue una marcha voluntaria.

Hace unos días ha aparecido su cuerpo enterrado en una finca cercana al pueblo. Un vecino ha declarado que la enterró él y que ha tardado cuatro años en contarlo, a pesar de que tenía cerca el dolor y la inquietud de un pueblo, la desesperación de una familia. Aunque todo apunta a un asesinato, hay que esperar a que se demuestre cómo falleció Manuela Chavero. Es fundamental en estos casos cuidar el lenguaje y tirar de la manoseada “presunción”. Aceptado.

Para hablar de la víctima, de la mujer asesinada, para hablar de Manuela Chavero (y de otras tantas que podrían ser ella o que han sido ella) no hay cuidado que valga. ¿Para qué?

Los decálogos, guías o recomendaciones para informar sobre violencia de género (por cierto, el caso de Manuela Chavero no lo es porque el principal sospechoso no era su pareja ni su expareja, de ahí la importancia de hablar de violencias machistas, para no dejar a nadie fuera) son habituales en las redacciones de los medios de comunicación desde hace más de una década. Foros, comunicados, presentaciones para dar a conocer cómo la profesión debería informar de estos casos. Ese día, el del anuncio del enésimo propósito, todo el mundo lo tiene muy claro, y hay palmitas en la espalda. Hasta que hay que informar. Ahí ni decálogo ni nada. ¿Dónde se guardó?

Leer crónicas sobre Manuela Chavero duele. Que si su ropa, que si sus amistades, que si la edad de sus amistades, que si su físico. No voy a poner aquí los ejemplos concretos, no voy a reproducir malas prácticas, solo quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué poner el ojo, el análisis, la pluma o el teclado del ordenador en la víctima?, ¿por qué siempre se hacen relatos que de alguna manera tratan de justificar el crimen?, ¿por qué siempre las víctimas tienen que cargar con la responsabilidad de ser víctimas?, ¿por qué siempre hay un pero cuando hablamos de violencias machistas?

Hace unos días se presentó la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, que se realiza cada cuatro años. Entre otros datos, indica que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida y que un 13,7 por ciento ha vivido agresiones sexuales. Las cifras, siempre necesarias, vuelven a hablar de las víctimas, a las que se les pregunta, interroga y contabiliza. “¿Y qué pasa con los agresores?”, se pregunta en un análisis de Berta Gómez Santo Tomás, publicado en Pikara Magazine. ¿Sería útil, por ejemplo, poner a una muestra de 10.000 hombres –el mismo número de mujeres que se someten a estos estudios– delante de un papel donde se les interpele e incomode?

Desde el periodismo con mirada feminista que practica Pikara Magazine se defiende la importancia de contar con las supervivientes, con sus relatos, con sus historias. Algo así como contar la vida para dignificarla. Pero ese relato no debe ser acusador, ni jerárquico, ni cuestionador, porque caerá de nuevo en la revictimización e, incluso, en la culpabilización de la víctima. Si el periodismo debe ser un cuestionamiento del poder, si el periodismo es un servicio esencial para la sociedad, debe revisar sus quehaceres, sus verbos y sus descripciones. No pueden servir en una crónica sobre violencia machista elementos que objetiven a las mujeres y que usen sus cuerpos como diana. Para escribir con empatía, compromiso y dignidad no hace falta desempolvar ningún decálogo.

Es fácil hablar a posteriori, contar qué se podría haber hecho, aleccionar cuando ya hemos estudiado. La crisis por la pandemia global por la COVID-19 ha traído una situación nueva, aunque fuera únicamente durante los días del confinamiento, y ha reforzado actitudes y situaciones pandémicas perennes, que no entienden del estado de alarma.

En los primeros días del virus en España, el racismo, principalmente contra la población de origen chino, fue más que evidente. “Una sabrosa disonancia cognitiva ocurre cuando te planteas por qué el ser de ascendencia asiática y llevar mascarilla te ponía en peligro: el peligro de ser una amenaza”, escribía en Pikara Magazine Anna Fux, mestiza filipina. Y demostró también la arrogancia de Europa, como dice Boaventura de Sousa Santos: mientras el virus no llegó a territorio europeo, nos dio igual, era el virus de “otros”. La necesidad de crear “enemigos”, de generar “otredad” a la que esbozar como amenaza, tampoco es nueva pero se ha reforzado esta primavera. La culpa es de China, o de la Organización Mundial de la Salud, o del Gobierno de turno… o de las personas migrantes, ahora que estamos en rebrotes. La culpa siempre viene de fuera, nosotras no tenemos ninguna responsabilidad, nuestro modo de vida no es criticable, hablemos de los otros. Y vamos a darles lecciones.

Cuando “el virus chino” estuvo aquí y llegó la época del confinamiento, fue más que evidente que lo de quedarse en casa no es igual para todas, y que los privilegios empiezan cuando hablamos de lo que consideramos hogar: hay pisos de 20 metros cuadrados con ventanas a un patio interior y hay casoplones con habitaciones para las visitas y cristaleras en esquinazos que dan al sur, que es por donde viene el sol. Hay mucha gente que vive en la calle, y gente que vive con sus agresores. La violencia machista no se paralizó con el estado de alarma, los datos apuntan que se agravó. Entre el 14 de marzo y el 31 de mayo, las llamadas al 016 aumentaron más de un 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y el incremento de las consultas por correo electrónico fue del 450 por ciento.

Racismo, desigualdad y precariedad, la COVID-19 también ha evidenciado la importancia vital de profesiones desacreditadas, social y económicamente. Usando el lenguaje actual, es la “nueva normalidad”. Si los alimentos no han faltado durante la pandemia, ha sido en gran medida porque la población temporera y quienes trabajan el campo han sido vitales para que sigamos comiendo en el encierro, mientras en muchos casos vivían en chabolas con problemas de acceso al agua potable. Y eso que lavarse las manos es una cuestión básica de sanidad pública. “Hay trabajos que sostienen la vida, como el agrícola o el de cuidados, y son los peores pagados”, decía la abogada Pastora Filigrana en una entrevista. Y los peores valorados. El sector de la alimentación y de cuidados han sido vitales para mantener la vida estos días grises. ¿Y quién se ocupa principalmente de esto? Las periferias, y en ellas habitan las mujeres que sostienen la vida. No olvidemos que se planteó hacer una regularización extraordinaria de personas migrantes para que nos sirvieran. Y no olvidemos que ahora la Unión Europea busca bloquear las fronteras y agilizar las deportaciones de personas sin papeles.

Las mujeres son el 85 por ciento de personal de enfermería y casi el cien por cien del personal de limpieza de hospitales, el 70 por ciento de las trabajadoras de farmacias, el 90 de las limpiadoras de empresas, hoteles y hogares (incluido el servicio de empleadas domésticas) y cerca del 85 por ciento de las cajeras de supermercados, se recogía en este reportaje ‘Coronavirus, pandemia y crisis global: una mirada feminista’.

Es fácil hablar a posteriori, contar qué se podría haber hecho, aleccionar cuando ya hemos estudiado. El movimiento feminista lo hizo a priori: lleva años reclamando la importancia de poner los cuidados y la vida en el centro. Los cuidados, de hecho, no se han parado cuando todo lo demás lo ha hecho. El ecofeminismo defiende que somos seres interdependientes y ecodependienes, vulnerables. No sé si lo asumiremos tras la pandemia, pero la llamada no es de este extraño 2020. Como tampoco es de hogaño insistir en que el cuidado no es algo individual, sino que debe ser colectivo para que sea transformador.

El confinamiento, por cierto, ha sido una respuesta individual y urbana. Porque la crisis de cuidados que hemos vivido, y que aún perdura, no es coyuntural sino estructural, y hasta que no la abordemos de manera tajante y con incidencia en el largo plazo y en los pilares sociales y económicos, no habremos aprendido ninguna lección, aunque nos guste darlas. De momento, muchas trabajadoras del hogar migrantes siguen desprotegidas, buena parte del personal sanitario ha sido despedida y tiene contratos precarios (o míseros), la población migrante tendrá las puertas abiertas si viene a trabajar en condiciones deplorables, seguimos culpando al resto de lo que nos pasa. Los ejemplos no acaban. El coronavirus no afecta a todas por igual.

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No hay cuarentena para la violencia machista

Coronavirus, pandemia y crisis global: una mirada feminista

Las casas de nuestros privilegios

Esta 'guerra' tiene rostro de mujer

Niñas gitanas, de entre 12 y 14 años, fueron seguidas y perseguidas por los guardias de seguridad de un centro de comercial de Bilbao al que habían ido al cine, el pasado 9 de octubre, según denuncia la asociación AMUGE. El acoso que vivieron les hizo sentir miedo y 'entender' que un centro comercial de su ciudad no es un lugar seguro para ellas.

Saber que muchas personas con las que compartimos calle y acera sufren discriminación de manera sistemática no es ningún descubrimiento, pero escuchar ejemplos de racismo es un golpe en toda la cara. Durante la Conferencia Internacional Estrategias contra el Antigitanismo, organizada la semana pasada por la Asociación Sociocultural Gitana Karipen, varias de las personas ponentes contaron cómo se sienten perseguidas cada vez que entran a un establecimiento comercial: desde el inicio se las mira con el cartel de 'sospechosas'. Lo que fue narrado en muchos casos como anécdotas interiorizadas en tono cómico es una forma de violencia cotidiana y acoso que vive gran parte de la población, seguramente más de 12 millones de personas en Europa.

Después de leer y escuchar a Silvia Agüero, tengo muy claro lo que es el antigitanismo, al menos desde el punto de vista teórico: “Un tipo de racismo, basado en la ideología de la superioridad de la raza paya. Basada en la imposición de los modelos organizativos payos, políticos, culturales, es estructural, se da en todas las estructuras de la sociedad”, cuenta en una entrevista. Es más difícil ser conscientes de las discriminaciones diarias que sufren nuestras vecinas.

¿Qué sabemos de la historia del pueblo gitano?

El pueblo gitano, uno de los más antiguos y más extendidos de Europa, lleva sufriendo 600 años de estigmatización, exclusión y marginación, mientras gran parte de la población paya (por si acaso, la que no es gitana) miramos para otro lado. ¿Sabemos algo de la historia de este pueblo con el que compartimos tierra?, ¿somos conscientes de la persecución de la que han sido objeto incluso a través de leyes?, ¿conocemos el genocidio que sufrieron en la Alemania nazi?, ¿conocemos la Gran Redada que hubo en España, Gran Redadael 29 de julio de 1749, en la que fueron capturadas entre 9000 y 12000 personas?, ¿alguien nos ha contado que muchas mujeres gitanas han sufrido esterilizaciones forzosas en todo el continente hasta hace nada?, ¿nos hemos enterado de que Matteo Salvini anunció un censo de gitanos para expulsar a los no nacidos en Italia?

Yo no tenía ni idea. “¿Por qué estudiamos en los colegios la vida de los pueblos esquimales y nada del pueblo gitano?”, pregunta y comenta Bruno, un gitano de Navarra, profesor de música, en un receso de las jornadas. El señalamiento del sistema racista en el que vivimos y la culpabilización de los pobres programas educativos no nos eximen de nuestra responsabilidad personal: ¿nos hemos interesado alguna vez por la cultura gitana?

La primera mujer profesora de universidad en Europa, Sofia Kovalévskaya, era gitana. Ahí, es nada. Un ejemplo que puede parecer anecdótico pero que también es significativo. Por cierto, lo contó Tamara Clavería, de AMUGE, en el cierre de las V Jornadas Feministas de Euskal Herria. “Sólo somos mirados como objeto de estudio y no como fuente de conocimiento”, anoté en mi cuaderno durante las jornadas de la semana pasada.

La importancia de la reparación

“Estamos todavía considerablemente lejos de lograr un reconocimiento explícito y sin matices del racismo institucional y un reconocimiento de sus consecuencias históricas en el desarrollo actual de las vidas de las gitanas y gitanos. Ese reconocimiento, que no es algo que debamos mendigar, sino exigir de forma digna y contundente, es la puerta de entrada a la transformación de las políticas de integración en políticas de reparación. El discurso soberbio de la mentalidad dominante manipula y difumina el pasado de opresión antigitana, situándolo en el espacio simbólico de las reliquias del pasado”, expuso Helios Fernández en la conferencia internacional, celebrada la semana pasada de Tenerife y a la que acudieron ponentes de distintos lugares de Europa.

La propuesta de la reparación la recoge el 'Informe sobre antigitanismo informativo 2019', de Rromani Pativ, un programa que además apunta las malas prácticas informativas y ofrece recursos para enfrentar el antigitanismo desde los medios. Y es que, el 73% de las informaciones sobre población gitana no está contrastada con fuentes gitanas, subrayaron en las jornadas tinerfeñas. Rromani Pativ muestra además de manera somera los discursos de odios contra el pueblo gitano que copan internet sin que nadie intervenga: ni plataformas digitales, ni policía, ni fiscalía…

Susana Gisbert, fiscal valenciana contra los delitos de odio, concluye que el pueblo gitano es el que estadísticamente sufre más discriminación, pero también es de los que menos denuncia, porque tiene interiorizado el antigitanismo. La asociación AMUGE, de Bilbao, quiso denunciar el acoso sufrido por las niñas en el centro comercial, pero de momento el sistema apenas le ha dejado poner una queja.

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Israel ha anunciado que va a construir 4.500 nuevas viviendas en Cisjordania. 4.500 nuevas viviendas para unos 18.000 nuevos colonos, pero nadie dice nada. Apenas algún retuit. Ni un breve. Ni un anuncio por palabras. Nada.

Israel anuncia, como quien pregona los números de la lotería, que va a seguir violando impunemente el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino, pero no nos damos por aludidas. Hay que denunciarlo y exigir responsabilidades, porque si miramos para otro lado seremos cómplices.

La comunidad internacional, esa de la que en teoría formamos parte, lleva décadas ignorando al pueblo palestino, como si lo que allí ocurriera no nos afectara; como si el hecho de que se desoigan una y otra vez las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la legislación internacional fuera una chiquillada.

Esto no es nuevo. Este texto, datado este abril de 2018, bien se podría haber escrito cualquier día de cualquier año desde la década de los 60 del pasado siglo. La hoja de ruta de Israel está escrita hace tiempo y la están llevando a cabo con la complicidad de muchos Estados que se vanaglorian hablando de democracia y libertades.

En 1948, el año de la Nakba, “la desposesión fue presenciada de cerca por representantes de la comunidad internacional”, escribe Ilan Pappé, historiador israelí, en La cárcel más grande de la tierra. “Después de que hubieran actuado con impunidad, en 1948 no había ninguna razón para esperar ninguna reprimenda importante, ni obstáculos para llevar a cabo una similar política de limpieza étnica en junio de 1967”, sigue. “Los empeños diplomáticos han permitido que Israel consolide y fortalezca su control de los territorios y de las personas que viven en ellos, al tiempo que disfrutan de inmunidad frente a la presión o reprobación internacional”, añade.

Y así hasta hoy. Y hasta mañana. Porque aquí nadie dice nada. Porque aquí nadie mueve un dedo. “Los colonos y los asentamientos judíos se consideran aquí un medio para limitar el espacio de la vida de los palestinos y para reducir su número”, anota también Pappé.

Visitar Cisjordania, territorio palestino ocupado, es contemplar, de manera aumentada, el ejemplo más claro de la discriminación, el racismo, la humillación y la inhumanidad. Es presenciar una tierra con dos realidades más que dispares, antagónicas: aquellos asentamientos que dejan ver zonas verdes y techos hermosos son colonias israelíes, vergeles en medio de la dureza de una tierra palestina confiscada, arrebatada de manera ilegal; mientras que si el marrón es el color que prima y en lugar de tejados hay tanques de agua para afrontar los cortes en muchos casos intencionados, no hay duda de que es un pueblo palestino sometido al control irracional del Ejército israelí.

“Para llegar a muchos pueblos palestinos hay que dar vueltas por cuestiones de seguridad, porque cortan los accesos. Todos los pueblos tienen un control para ver la entrada y la salida. Israel siempre intenta ocupar las zonas más altas para controlar. Busca complicarnos la vida y complicarnos los movimientos, mientras que para los colonos se facilitan todo tipo de carreteras”, narra Kalah Khawaja, integrante del colectivo Stop the Wall. Carreteras que, por supuesto, sólo puede usar la población israelí. “Los sudafricanos dicen que ni en los peores años del apartheid tenían carreteras para blancos y carreteras para negros”, apunta Xavier Abu Eid, asesor del equipo negociador de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en uno de los encuentros de la delegación organizada por Sodepaz que visitó Cisjordania el pasado junio.

Recientemente, la organización israelí Kerem Navot ha presentado un informe en el que denuncia los métodos con los que Israel confisca tierras palestinas en Cisjordania: alegando cuestiones de seguridad y militares, acapara tierras para luego construir viviendas y barrios para población colona.

En la actualidad, en Cisjordania hay unos 800.000 colonos, unos ideológicos y otros por motivos económicos (reciben ayudas y subvenciones por ir a vivir allí), llegados de diversos países de Europa y América. Muchos son violentos.

El centro histórico de Hebrón, una de las ciudades más antiguas habitadas de manera constante, está vacío. La población no pudo soportar cómo la gente de los asentamientos situados en la zona alta les hacían la vida imposible: basura, aceite hirviendo, agua sucia y cigarros encendidos, entre otras atrocidades, pudieron en este caso con la resistencia palestina. En otros lugares, “los colonos tiran sus aguas residuales a terrenos palestinos para matar los árboles. Se busca matar la vida digna, obligarnos a quedarnos en casa”, explica Khawaja. El último anuncio del hasta ahora primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (que están intentando formar gobierno tras las elecciones del día 9 de abril), adelanta que la población colona seguirá aumentando y también el Ejército que la protege: en Cisjordania, es decir, fuera del Estado de Israel, hay algo más de 50.000 soldados, un cálculo que repiten varias fuentes.

¿Dos Estados?

La construcción de nuevas casas para colonos en territorio ocupado y el silencio de la comunidad internacional, se podría decir de la Unión Europea, demuestra el cinismo con el que se defiende la solución de dos Estados. ¿Será viable desmontar todos los asentamientos y las infraestructuras cuando se logre el Estado palestino, recogido por la ONU desde 1947? ¿Por qué no se evita su construcción?

Abu Eid lo tiene claro: “Está bien repetir la solución de dos Estados, nadie se va a beneficiar más del fin de la ocupación que nosotros, pero cuando uno ve sobre el terreno lo que pasa, entiende que no se toman las decisiones necesarias para que se implementen los dos Estados. Los que dicen apoyar la solución de dos Estados, incluida España, deben hacer que los dos Estados sean viables y para eso se deben poner en términos positivos: incentivar y desincentivar. La responsabilidad debe caer en la comunidad internacional, que decidió crear el Estado de Israel hace 70 años y que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por implementar el Estado de Palestina, la otra parte de esa resolución”.

Soraida Husein, del Comité Técnico de Asuntos de las Mujeres (WTAC, por sus siglas en inglés), es muy clara: “Que se largue la ocupación y que todo el dinero europeo se vaya a otra cosa. A nosotros no nos importan los centavos europeos, que se lo den todo a los israelíes si es condición para que se vayan. Podemos edificar nuestro eEstado, nos va a costar, pero lo podemos hacer”. ¿Y si les apoyamos aunque sea no mirando para otro lado?

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Llevaba tiempo anotado en la agenda: Vidalina, en Bilbao. Entrevista.

Vidalina Morales, de El Salvador, es la protagonista del documental No tememos miedo, en el que se relata la lucha contra la megaminería y cómo, después de mucho esfuerzo y dolor (fueron asesinadas cinco personas; es incluso obsceno ponerlo entre paréntesis), se logró una victoria única: El Salvador es por ley el único país del mundo libre de minería metálica. Mucho que aprender, sí.

¿No os parece una noticia sorprendente y muy desconocida?, ¿no os parece superinteresante que un pequeño país centroamericano legisle contra las grandes compañías mineras, esas que tienen sede en Estados Unidos, Canadá y Australia, para proteger a sus ríos y su territorio?, ¿no os maravilla que algo más de una década de lucha comunitaria haya tenido una victoria tan aplastante?

Supongo que las 250 personas que abarrotaron el Bilborock, una antigua iglesia reconvertida en sala de conciertos y eventos sita a escasos metros de la redacción de Pikara, para ver el docu y escuchar a la defensora salvadoreña responderían que sí a todas estas preguntas. También el otro centenar que se quedó fuera de la sala sin poder entrar después de hacer mucho rato cola. Hay trampa. Silvia Federici compartía cartel con Vidalina Morales.

La visita de la celebrity feminista a Bilbao corrió rápido por los grupos de mensajería rápida y otros espacios de comunicación instantánea. Casi todas queríamos verla. Aplaudo la estrategia de los colectivos organizadores de ampliar el cartel. Si no hubiera estado Federici, ¿cuánta gente habría ido a ver a Morales? No quiero cuestionar a quien fue solo por la feminista italiana, no pretendo comparar entre estas dos mujeres, ni saber a quién nos apetece escuchar y a quién un poco menos. No me gusta dar lecciones ni tirones de orejas. De hecho, ¿hubiera ido yo si no tuviera previsto entrevistar a la lideresa para Pikara Magazine?

Simplemente invito a reflexionar sobre cómo un tema nos llega más o menos según el envoltorio, quién lo diga o quién lo convoque; si una noticia o artículo se lee más según si el titular es más provocativo o irreverente, independiente de la calidad o importancia del contenido. Insisto con que ha sido un excelente acierto de las entidades organizadoras, todas ligadas al ecologismo y a la defensa de los territorios y los bienes comunes, que han logrado desbordar la sala para hablar de megaminería. De otro modo, estoy casi segura, porque, cosas de la vida, me gusta ir a estos eventos, el aforo hubiera sido mucho menor. Y han tenido otro acierto, invitar a participar en el acto, junto con Morales y Federici, a tres activistas vascas (Sara Ibáñez, Rosa Lago y Estitxu Villamor; perdón de nuevo por el paréntesis), quienes hablaron de la lucha contra Petronor en la población de Muskiz, entre otras cosas. Vamos, que el reclamo de Federici ha servido para hablar de extractivismo y defensa del medio ambiente, nada de brujas. O sí.

“Escuchar a defensoras del medio ambiente es una cuestión de vida o muerte”, afirmó la italiana reconociendo la labor de Vidalina Morales y de otras tantas. “Quienes luchan contra las grandes empresas de minería, petroleras y del agrobusiness luchan por todas nosotras”business, añadió en una breve intervención en la que recordó la responsabilidad de todas consumiendo tecnología de manera voraz. Por cierto, es honesto apuntar que Federici se amoldó perfectamente al guion y centró su intervención en la importancia del cuidado de la tierra, algo que otras celebrities que también han copado el Bilborock en anteriores ocasiones no han hecho. Imagino que una vez que tienes cierta notoriedad, tu nombre basta para decir lo de siempre y obviar el contexto y la compañía de cartel. Es más fácil replicar aquí y allí aquello que escribiste un día, que adaptar los conocimientos al momento y al lugar.

Tenemos que escuchar a Federici, pero también a Morales, quien en su clara y directa intervención recordó dónde tienen su sede muchas de las grandes compañías que explotan los recursos en América Latina: “No necesitamos dinero. Necesitamos vivir en armonía con la naturaleza de Nuestra América”. Un aplauso para la Federici, pero ante Vidalina me levanto para ovacionar.

En El Salvador, de momento hablamos de victoria si analizamos el papel de la minería, aunque hay que seguir vigilantes porque las leyes se destruyen más fácilmente que se construyen; la derrota está enquistada cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos: muchas mujeres empobrecidas siguen en prisión por sufrir abortos e incluso María Teresa Rivera tiene asilo político en Suecia por una cuestión clara de género. El primer caso del mundo documentado. ¿Hubiera puesto ella el cartel de aforo completo?

Y tenemos que recordar a Berta Cáceres, cuyo nombre salió en la mesa redonda, y también denunciar alto y claro que siguen matando a defensoras, aunque no nos enteremos porque la noticia no se ha hecho viral. La brasileña Dilma Ferreira Silva, coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), fue asesinada el pasado día 22, junto con su marido y un amigo. Y poco o nada se ha contado de esto.

Las defensoras de América Latina son una clara apuesta editorial para un medio feminista como Pikara Magazine, pero sabemos que estos contenidos apenas nos dan visitas, ni visibilidad, ni vamos a llenar aforos hablando sobre ello. Pero creemos en la importancia de estas historias que defensa que sirven para protegernos a todas, a nuestros cuerpos y a nuestros territorios. Necesitamos a las celebrities, pero no podríamos vivir sin las defensoras. Ellas se juegan la vida. La próxima semana entrevisto a Vidalina Morales.

Los restos de Franco serán exhumandos, tras una sesión histórica en el Congreso. Pocas veces este adjetivo definió mejor lo expuesto, que no debatido, por la clase política del momento. La mayoría parlamentaria ha dado luz verde, con los grises del Partido Popular y de Ciudadanos, a dejar de loar en un mausoleo construido con sangre, dolor, abusos, esclavitud e ignominia a un dictador. Un mausoleo en el que algunas víctimas de la dictadura comparten espacio con su opresor. Sin que sus familias hayan sido consultadas. Sin que muchas ni tan siquiera sepan que yacen allí sus restos.

Hace años, los suficientes para que mi memoria sea hurgada con ahínco, participé en la exhumación de cuatro fosas comunes junto a las tapias del cementerio de Mérida, en Badajoz, Extremadura. Por situar, que nunca está de más cuando se habla de mi tierra. Eran tiempos en los que la Junta ofrecía esta 'actividad' de reconocimiento, dignidad y memoria a la juventud europea. Bajo el sol abrasador –de nuevo un adjetivo en el que no caben dudas– de un mes de agosto extremeño, un grupo de unas quince personas dedicamos dos semanas a mover tierra a palazos, a delimitar el terreno y, pincel en mano, a barrer palmo a palmo el suelo para buscar los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas décadas antes y tiradas con un desdén que duele, que atormenta.

Abrimos cuatro fosas en los puntos indicados por un georradar. Y no había nada. Matizo: casi nada. Sólo en una esquinita, justo en la que yo estaba asignada, apareció un cráneo, parte del cuello, del omóplato y de las costillas. Fue el resto más 'entero' que 'descubrimos'. Pero no fue el único: un pie casi completo pegado a una suela de zapato –duele escribir esto–, decenas de trozos óseos, de dientes, de hebillas de cinturones, de peines, de monedas, de trozos de metales variados, de restos de tejidos… fueron desenterrándose a medida que desempolvábamos la tierra. También aparecieron casquillos de balas, huellas de la crueldad extrema. Huellas de lo sufrido. Un tremendo olor a quemado fue apareciendo a medida que escarbábamos. Aún lo recuerdo, ahí mi memoria está más viva.

Un dictador que ha tenido una escultural sepultura durante décadas va a ser ahora dignamente desenterrado, con flores, rezos y, seguramente, algún 'viva'. Muchas de las personas a las que asesinó su régimen ni siquiera podrán tener ese privilegio; porque no están, son polvo, son cenizas, son apenas un olor o las púas de un peine desdentado. Hasta la exhumación es una cuestión de privilegios.

Nunca supimos qué pasó con las personas lanzadas a las fosas comunes situadas junto a una de las fachadas del cementerio emeritense. Queríamos exhumarlas, tratar de identificarlas y hacerles un enterramiento digno. Ni eso les permitieron. Fueron despojadas hasta de su propia muerte.

Sólo supimos que fueron quemadas. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué pasó con sus cenizas? Otra pregunta sin repuesta. La hipótesis de las personas investigadoras que dirigían el proyecto es que los restos fueron llevados al Valle de los Caídos, junto a Franco. Sus familias nunca lo sabrán. No podrán honrarles, recordarles ni exhumarles con dignidad. No podrán decidir dónde descasan. Ni llevarles flores.

Eso sí, en un intento de dignificar su memoria, todos los restos aparecidos en las fosas de Mérida fueron enterrados en tres pequeños féretros y en un mausoleo creado ad hoc. También se hizo una bonita ceremonia con algunos de los políticos del momento.

Este caso de no-exhumación, de ausencia de privilegios, no es único. Úrsula Sánchez Mate y Bernarda García Hernández, asesinadas el 26 de septiembre de 1936, tampoco tuvieron la suerte de ser exhumadas. Poco tiempo después acudí a apoyar en la apertura (y búsqueda) de las fosas comunes en Villanueva de la Vera, provincia de Cáceres, en las que se esperaba encontrarlas.

“Estoy muy orgulloso, hoy comienza la historia; vamos a descubrir cómo las torturaron y cómo las asesinaron. Cuando las enterremos es cuando se cicatrizarán las heridas”, dijo entonces Jon Antón, bisnieto de Úrsula.

Aquella mañana, un lluvioso y húmedo día de octubre, la máquina excavadora, ante la atenta mirada de decenas de personas, estuvo removiendo tierra donde determinó el georradar. Nuevamente, nada de nada. No quedaba ni el olor. “Es un suelo muy ácido por el sustrato granítico, que con el agua tiene un efecto muy corrosivo en los materiales orgánicos, que con el paso del tiempo desaparecen”, explicó, como principal argumento, un experto del departamento de Antropología de la Sociedad Científica Aranzadi.

Nuevamente, no hubo exhumación. Los ejemplos, de vidas y muertes arrebatadas, de los que seguramente hay centenares, explican que Franco, 43 años después, sigue siendo un privilegiado. Sus familiares también. Pueden llevarle flores. Hay personas para las que este 'pequeño' gesto es inalcanzable.

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Después de ocho meses, la joven palestina Ahed Tamimi acaba de salir de una prisión militar israelí tras ser condenada por dar un bofetón a un militar que había entrado en su pueblo, Nabi Saleh. “Fue una reacción normal frente a un soldado que se encontraba en mi casa, disparando a gente de mi pueblo”, ha explicado a la agencia de noticias AFP.

Su lucha, y la de su familia, es todo un símbolo de la resistencia pacífica del pueblo palestino ante la ocupación y la colonización por parte de Israel.

“El problema no es sólo la ocupación sino la colonización en toda Palestina. Israel no es un problema en sí mismo, pero lo que supone Israel es la puerta de entrada para el capitalismo, para la venta de armas y el colonialismo en todo el mundo. Nuestra lucha es parte de la lucha de la humanidad por los derechos de todos”, afirmó recientemente Bassem Tamimi, padre de Ahed, en el encuentro organizado en Ramala, a finales de junio, por la oenegé Sodepaz en el participé.

En aquellos días, tanto Ahed, como su madre, Nariman (también recientemente puesta en libertad), y el hijo mayor de la familia estaban aún en la cárcel. “Están bien. Pero están en prisión, en una prisión israelí. Las condiciones son muy duras. Sólo les he visto dos veces, porque soy expreso y no tengo permiso, pero sé que están bien. Mis dos hijos han hecho los exámenes finales del instituto, están leyendo libros, estudiando Derecho Internacional y hacen deporte”, resumió Bassem en nuestra cita, que duró alrededor de una hora.

La fortaleza de la joven palestina, que cumplió 17 años en prisión, ha dado la vuelta al mundo y su imagen es más que reconocible. De hecho, hace unos días dos artistas fueron detenidos por ilustrar su rostro en el muro, a su paso por Belén. Ese muro ilegal de 870 kilómetros que Israel ha construido en Cisjordania, en territorio palestino, y que no se puede ignorar cuando se habla de este conflicto. Tampoco hay que olvidar, cuando se habla de Israel, que mantiene a la población de Gaza sin movilidad, con apenas cuatro horas de luz al día, entre otras calamidades. Ni que mantiene a Cisjordania llena de checkpoints que limitan de una manera atroz la movilidad y la libertad de la población palestina; ni que Israel ha construido alrededor de 600 colonias, declaradas ilegales por cualquier normativa internacional que se consulte.

El mismo Israel que mantiene en prisión a 442 personas en detención administrativa, lo que implica que no se les comunica qué cargos se le imputan. Es decir, no tienen opción a ningún tipo de defensa; simplemente a esperar a que ese Israel, que se acaba de declarar como “el hogar nacional del pueblo judío” y calificar a Jerusalén como su capital, decida cuándo les deja libres. Porque cuando se habla de Israel la lista de abusos es extensa.

El caso de Ahed es un ejemplo: fue detenida en una prisión militar siendo todavía una niña, y tras sufrir un durísimo interrogatorio. Pero hay decenas de casos que demuestran que su historia no es una excepción pese a la viralidad y el eco mediático. Según las cifras de la asociación de apoyo a los presos y por los derechos humanos Addameer, hay casi 300 niños y niñas en palestinos, de entre 12 y 18 años, juzgados bajo leyes militares en cárceles de Israel.

“Son interrogados como los adultos, sin abogados, sin sus padres. Y se usa la tortura para que hablen. Y el sistema les funciona”, explica la directora de Addameer, Sahar Francis. La abogada recuerda que Ahed Tamimi no confesó nada durante su interrogatorio, pero sí lo hizo otro niño que no aguantó la presión y, tras sus palabras, detuvieron a otros 25 menores. La experta ofrece cifras que sirven de comparativa: por tirar piedras a soldados israelíes pueden caer condenas de hasta 20 años de prisión y Ahed Tamimi ha estado ocho meses por un bofetón, mientras que el soldado de Israel que mató a un palestino fue condenado a 18 meses de cárcel.

Cuando liberaban a Ahed Tamimi también se conoció la condena a prisión de Dareen Tatour. Su ‘delito’: publicar en 2015, en la red social Facebook, un poema titulado ‘Resiste, Mi Pueblo, Resiste’. Fue calificado por los tribunales israelíes como una incitación a la violencia, como un acto de terrorismo. De esta historia, que poco tiene de verdad poética, se ha publicado menos y tampoco es excepcional. “Hay gente detenida por colgar comentarios en las redes sociales”, añade Francis, en una cita en la sede de Addameer.

Durante la visita a Cisjordania tuvimos ocasión de visitar el tribunal militar israelí de Ofer, muy cerquita de Ramala, es decir, en territorio cisjordano. Como si de una grotesca obra de teatro se tratara, presenciamos un par de juicios a jóvenes palestinos que llevaban en prisión varios meses por unas publicaciones en redes sociales. Con grilletes en los pies, los jóvenes detenidos vestían monos marrones; sus miradas se iluminaban y la sonrisa aparecía al entrar en el barracón y reconocer a algún familiar. El juicio, que tuvo lugar en una especie de casetas de obras, transcurría en hebreo, así que los jóvenes no se enteraban de nada, a excepción de lo que un soldado israelí les traducía con visible desgana y de lo poco que podían trasladarles los abogados de Addameer. Por cierto, algún familiar fue echado a empujones de la sala por intentar comunicarse. ¿La sentencia? Un año y medio de prisión.

Tamimi, ahora en libertad, ha logrado una visibilidad que debe ayudar a recordar a todas las personas que sufren la colonización y la ocupación israelí y que luchan de manera pacífica contra ella. “Espero que las campañas que se realizaron en mi nombre continúen para todos los otros presos políticos, especialmente los menores” o “mi felicidad no está completa porque tengo hermanas que permanecen en prisión” son algunas de las afirmaciones de la joven tras salir de prisión.

Bassem Tamimi lo tiene claro: “Ella se ha convertido un símbolo para las generaciones jóvenes en Palestina y necesitamos que éstas sean fuertes y estén listas para liberar a Palestina, para ser parte de la lucha por los derechos humanos. Hemos elegido nuestro camino de lucha no violenta porque tenemos el poder moral frente al poder material de nuestro enemigo; esto unifica a toda la sociedad palestina y construye una cultura de resistencia en todo el mundo”. Tamimi recuerda uno de los aprendizajes que le ha dejado su hija: “Estando en Sudáfrica, tras una proyección del documental ‘Radiance of Resistent’, Ahed se levantó y dijo: ‘Gracias por vuestras lágrimas, pero ya tenemos muchas provocadas por los gases lacrimógenos. No somos víctimas, tenemos la dignidad de nuestra tierra y no quiero que tengáis caras tristes o sintáis pena porque no somos víctimas, somos luchadores por la libertad’”.

El padre de la familia Tamimi habla con fortaleza, entereza y tranquilidad, a pesar de saber que cualquier día su hijo de 15 años también puede ser detenido: “Cuando detuvieron al hijo mayor dijeron al otro: ‘Mohamed, la próxima vez vamos a por ti’. Estamos esperando, es una cuestión de tiempo. Así es la ocupación”.

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Menú del día. Con bebida -vino de la casa, agua embotellada o cerveza- incluida en el precio. También el postre. Pedimos un primero y un segundo. Para beber, agua. Del grifo, por favor.

El mundo se paraliza. Las miradas, que nos escrutan como bichos raros, exigen explicación. El agua mineral entra en el precio, nos dicen. Sí, sí, perfecto, pero queremos una jarra de agua del grifo.

Si lo que degustamos no es el menú diario, las miradas, las caras y las respuestas de quienes atienden son distintas: desde el “no hay problema”, al “solo puedo poner un vaso no una jarra”, pasando por el “solo servimos embotellada”. Entonces, pedimos una cerveza, porque no nos dejan pagar por nuestra jarra de agua.

Por estos lares informativos, evito enormemente hablar de mí, de mis problemáticas e inquietudes, aunque tengo claro que lo personal es político. No comparto, aunque respeto, la tendencia periodística de incluir a la persona narradora en los textos, aunque defiendo el periodismo situado. Evito también decir lo que pienso en espacios amplios o con gente desconocida. Pero, como mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, hago una excepción. Porque desde hace años, todo lo relacionado con la temática del llamado manidamente ‘oro azul’ me apasiona y mueve. Es decir, que escribo desde el yo situado, pero también desde la experiencia adquirida por muchos textos escritos, entrevistas realizadas, documentación leída y presencia en diferentes foros de debate.

En tiempos en los que todo tiene un precio, incluida la luz del sol, defender el agua, sin la que sería imposible vivir, como un bien común y un derecho humano me parece una pequeña revolución. Y, también, mi insignificante aporte para lograr un mundo más sano, justo y equitativo. Quien me conoce sabe que éste es mi empeño personal: siempre bebo agua del grifo. Y lo explico.

Desde el año 2010, el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas; por lo que todas podemos y debemos exigir agua de calidad y retretes. Además, como bien común, no debería ser privatizable, aunque sabemos que se hace, obviamente.  Porque si no, ¿cómo es posible que nos cobren por un agua que es de todas? Pregunto: ¿de quién son los manantiales, los ríos, los acuíferos o el agua de la lluvia? Entiendo que debe haber derechos de uso y defiendo que se pague por el servicio de canalización, saneamiento, depuración, etc., pero no por beber agua. No. Tampoco pago (aún) por respirar. Sí, ya sé que aquí el debate es amplio y podríamos hablar de comida o vivienda, pero de esas sé menos.

Vender agua en una botellita (si es bonita mola más, es más guay, las hay hasta de diseño) es uno de los negocios más lucrativos que existen en esta sociedad en la que casi todo se mide en términos de ganancias: mueve más dinero que el petróleo y empresas como Coca-Cola ganan tanto o más por el agua que venden que por comercializar su proyecto estrella. Es fácil de entender: no hay apenas costes, son todo beneficios. Beber agua de botella cuesta un mil veces más que del grifo.

Por otro lado, ¿de verdad pensamos que es de mejor calidad la embotellada? Pues no siempre, o no debe de serlo. Son habituales noticias sobre agua mineral que es apenas tomada del grifo con algún mínimo añadido -un ejemplo: un estudio (datado en Florida) dice que el 25 por ciento del agua en botella es agua corriente-. Si la que sale de nuestro grifo no es del todo buena, debemos exigir que lo sea. Pero, no olvidemos, que es potable (con excepciones puntuales) en un 99,5 por ciento de los casos en el Estado español, según el Ministerio de Sanidad.

Derechos, costes, calidad… ¿y medio ambiente? En tiempos de la economía circular y verde, de la reutilización, o del reciclaje, no se puede obviar lo que implica una botellita de plástico. Bajo mi punto de vista, mejor que reciclar es no consumir. Pensemos en la cantidad de plástico que usamos para beber 50 centilitros de agua: un trago y a la basura… ¿y luego qué? Beber agua da vida, pero también puede matar.

Podría escribir mucho más  - sobre acaparamiento, sobre guerras, sobre ríos, sobre depuración, sobre contaminación...-; podría citar a Pedro Arrojo y su teoría de costes (no se puede pagar lo mismo por llenar una piscina privada que por una ducha); podría dar una vuelta al tema del lucro desmedido y los casos de corrupción ligados a la gestión del agua; podría enrollarme con las privatizaciones que empeoran el servicio y enriquecen al político de turno; me encantaría hablar de presas y desplazamientos; pero eso da para muchos reportajes y en ello andamos.

Por eso hoy me quedo con la simplicidad y la fuerza de beber agua del grifo. Bueno, si es verano y estoy en mi tierra, Extremadura, bebo del botijo.

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Una emancipación pasada por agua

Lolita sigue sonriendo. Helena continua tuiteando y trabajando en su oenegé. María Teresa ya no está en prisión. Defender derechos no es un delito. Sí, hay que escribirlo y leerlo, decirlo en voz alta, gritarlo. Las cuestiones más lógicas y obvias, a veces, quedan atrapadas en la vorágine que arrebata vidas, tiempos y victorias. Lamentablemente sobran ejemplos y rostros. También muertes.

La maya k'iche Lolita Chávez tuvo que huir de su Guatemala natal porque su vida corría peligro por plantar cara a las transnacionales que quieren controlar a su pueblo. La española Helena Maleno acaba de declarar en un juzgado de Túnez para explicar su labor humanitaria y de ayuda a las personas migrantes que se echan a la mar en busca de un futuro algo más halagüeño y sin violencia. La salvadoreña María Teresa es refugiada política y reside a miles de kilómetros de su país, de donde huyó tras estar en la cárcel por sufrir un aborto espontáneo.

Los derechos humanos, tan manoseados como ignorados, no son fruto de una concesión. Son un logro sin consumar. Una conquista con opresión. Un triunfo por cosechar. Un éxito colectivo, en el que todas cabemos. Los derechos humanos son una lucha que aún hoy se sigue librando; y en la que está habiendo derrotas, también conjugadas en primera persona del singular.

Agrandar la lista es necesario (desde 2010 existe, por ejemplo, el derecho humano al agua, aunque se sigan cortando grifos y contaminando ríos), pero estar alerta para que no la recorten también es imprescindible. Que Helena Maleno, sea cual sea el resultado de este proceso jurídico (y, por ende, de criminalización) que enfrenta, haya tenido que declarar en un juzgado es una derrota sin paliativos en la que hemos perdido tú y yo, ellas y las otras, nosotras, las víctimas, las migrantes, la ciudadanía (aunque tal vez sería mejor hablar de ‘cuidadanía’, como dice Amaia Pérez Orozco).

Una derrota que debe recordarnos que los derechos hay que exigirlos y reivindicarlos siempre: no se puede perder de vista el intento de reforma de la Ley del Aborto de Gallardón que, lejos de lo que el Partido Popular pensaba, sirvió para (re)unir a la lucha feminista y a las luchadoras feministas. El ejemplo debe recordarnos que unidas somos más fuertes y, en ocasiones, invencibles. Por eso, Lolita no puede estar sola, debemos acompañar a Helena y acoger a María Teresa. Aquí y ahora, porque la defensa de los derechos humanos es un reto diario.

“Podríamos decir que este proyecto (…) se tiene que implementar en el Estado español ya que, junto con la pérdida de derechos y libertades —que costaron muchos esfuerzos conseguir por parte de aquellas personas que soñaron y lucharon por un sistema democrático en nuestro territorio—, nos encontramos también con la criminalización, activa y jurídica, de aquellas personas y colectivos que no están dispuestos a ser silenciados por parte de las autoridades públicas”, recoge el prólogo del libro colectivo Defender a quien defiende, donde se analiza principalmente la Ley Mordaza y la criminalización de la protesta en España.

Rocío Ballesta Meichsner está imputada (o investigada, para atender a las nuevas exigencias léxicas) por hacer una perfomance: “Se están anteponiendo política e ideología o pensamiento hegemónico por encima del derecho a la libertad de expresión”, afirma. Es decir, los derechos. Y apunta, sin dudar, lo aleccionador de su caso: “Eres una disidente política y encima mujer: a la hoguera”.

Y es que, hay que agrandar la lista y, por supuesto, despatriarcalizarla. Los derechos humanos fueron aprobados con una perspectiva androcéntrica, cuenta la jurista Alda Facio. No hay que llevarse las manos a la cabeza; si no fuera así, no haría falta que existiera la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Pero existe y es ignorada.

La investigadora Marta Mato cree fundamental analizar el retroceso en derechos con un enfoque de género: “Las mujeres activistas [léase defensoras] son cuerpos amenazantes para los poderes dominantes porque cuestionan la legitimidad de un sistema económico injusto, pero también porque ejercen/ experimentan/practican otros modelos de género; porque exceden o disiden del rol reproductivo. Resultan peligrosas porque, al ejercer la disidencia contra el orden hegemónico, quiebran su posición simbólica. Mujeres que dejan de ser el objeto de la protección para el que se ensalza la seguridad y pasan a ser sujetos amenazantes a la ‘seguridad’”, escribe en Defender a quien defiende.

“¿Justicia? Conocer el clítoris es profundamente político y estratégico”, cuentan que afirmó Lolita Chávez durante su visita el pasado octubre al Parlamento Europeo, organismo que la dejó como finalista del Premio Sajarov.

Las amenazas a lo batallado y logrado son enormes, a veces sutiles, en ocasiones sibilinas, pero siempre muy dañinas para todas. Lo retrocesos podrían ser mayores si no hubiera gente como Lolita, Helena o María Teresa, por citar algunos nombres, que ha decidido no dar pasos atrás. Cada vez hay más personas perseguidas por empeñarse, de una manera u otra, en que el mundo sea un lugar justo y equitativo, un lugar en el que vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. No podemos dejarlas solas: “Si tocan a una, nos tocan a todas”, dice Marusia López, una de las impulsoras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. No pueden tocarlas: necesitamos que Lolita siga sonriendo, Helena trabajando y María Teresa viviendo sin miedo.

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Una vela. Elemento de ornamentación y decoración, también de erotismo y relajación. Una vela. Sinónimo de luz y, también, de pobreza energética. Una vela puede matar. El recuerdo de Rosa, de 81 años, que el pasado invierno falleció por el incendio que provocó una vela que usaba para alumbrar su dignidad después de que Gas Natural Fenosa le cortara el suministro, duele e irrita demasiado. Por cierto, la Alianza contra la Pobreza Energética denuncia que un año después esta transnacional aún no ha pagado la multa por el corte ilegal de la luz de Rosa.

Llega el frío y los informativos ya han contado casos de hogares incendiados por una vela. Pero la pobreza energética no mata sólo por el frío, no es estacional. Pensad en los veranos y en las olas de calor cada vez más largas y asfixiantes.

La pobreza energética está presente en las dinámicas diarias de miles de personas. Ducharse con agua caliente o no hacerlo, poner la lavadora, o decidir qué medio de transporte se usa son cuestiones que implican relaciones de poder, discriminaciones e injusticias. Estas cuestiones diarias muy alejadas de los análisis de mercado y de las curvas de demanda no entienden de olas (ni de calor ni de frío). Pero sí de género. Es fácil verlo: ¿quién está más en los hogares?, ¿quién se dedica a los cuidados en el entorno familiar? No vamos a hablar aquí de encuestas de uso del tiempo, ni de la brecha salarial, ni de la tasa desempleo, ni de la división sexual del trabajo… No hace falta. Hablemos de energía: ¿quién la controla?, ¿quién decide?, ¿quién la gestiona?

El sector energético, manejado por cinco grandes compañías dirigidas por hombres bajo un claro eje de poder (y de opresión), sigue marcado por lógicas capitalistas y patriarcales. Y sigue guiando la agenda política que afecta a la vida de todas. ¿Un ejemplo? El comité de expertos que ha creado el Gobierno central para abordar la transición energética está compuesto por 14 hombres. Ni una sola mujer. Ni siquiera por pudor o por conseguir un titular. Y muchos de estos 14, ligados a las grandes empresas; porque hablar de energía es hablar oligopolios. Por cierto, y según recuerda Alba del Campo, en España el Ministerio de Energía (tenga el nombre que sea según el Gobierno de turno) nunca ha estado ocupado por una mujer: “El actual modelo energético, centralizado, conservador, oligopólico y patriarcal excluye sistemáticamente a las mujeres de las esferas más altas del poder, así como de la definición de las prioridades de la política energética. En España las personas más influyentes y poderosas en relación con la energía son exclusivamente hombres. Llama la atención que este monopolio del poder político y empresarial en materia energética por parte de un reducido número de hombres sea uno de los fenómenos menos cuestionados del actual modelo energético”. Esa gestión, que enriquece a unos pocos, empobrece a muchas.

Existen pocos datos para hablar de energía y género, pero el estudio ‘Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riesgo olvidado’, de Ingeniería Sin Fronteras (ESF por las siglas en catalán) de Catalunya y Alianza contra la Pobreza Energética (APE), muestra cómo en Barcelona las ayudas otorgadas por pobreza energética durante 2015 recayeron principalmente en mujeres (más de un 70 por ciento). Por otro lado, un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, citado por la anterior oenegé, muestra cómo el riesgo de sufrir pobreza energética es claramente superior en el caso de familias monoparentales, de las que más de un 80 por ciento están formadas por mujeres; es decir, que son familias ‘monomarentales’.

“Hemos de entender que, mientras el lucro sea el principal objetivo del modelo energético y no se impongan límites a la obtención de beneficios, habrá pobreza energética”, escribe también Del Campo, en la revista Viento Sur. Es hora de pensar otros modelos y paradigmas. Hablar de energía, clima, ecología o agua, que en muchos casos es hablar de lo mismo, al servicio del bien común no se puede hacer dejando de lado la mirada feminista: no se puede hacer sin cuestionar los diferentes sistemas de poder (y de opresión) que afectan principalmente a las empobrecidas. No se pueden solucionar los problemas de pobreza energética sin cambiar el sistema: ya se ha demostrado que los bonos sociales, las ayudas de servicios sociales o de las oenegés para pagar las facturas no están modificando las reglas de un juego excluyente y depredador de vidas.

 Si por fin el Gobierno se ha decidido a hablar de transición energética (en realidad, no hacerlo era una forma de posición ante una cuestión para nada baladí), hay que trabajar para ofrecer alternativas. Así lo está haciendo un colectivo de mujeres de distintos territorios del Estado que ha decido crear un grupo de trabajo para abordar alternativas al actual modelo energético en las que quepamos todas. De momento, ya se ha organizado un encuentro para el primer fin de semana de febrero en Bilbao. El primero de muchos. Porque las mujeres, día a día, gestionamos la energía, sea alumbrándonos con velas, limpiando la casa, yendo al trabajo en transporte público o  trabajando en la transición energética desde el punto de vista feminista, técnico, social y político.

Manuela murió en prisión, donde no recibió un tratamiento adecuado para el cáncer que padecía. Beatriz pidió algo que no debería ser un privilegio, vivir, porque estaba gestando un feto que no tenía cerebro. María Teresa huyó de su país como si fuera una criminal. Evelyn acaba de ser condenada a 30 años de prisión por un “homicidio agravado”.

En El Salvador la vida de las mujeres vale menos. Y no sólo por las cifras de homicidios o los índices de violencia machista, sino porque está restringido el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sólo si se es pobre, claro. “Existe una persecución y criminalización a mujeres que han sufrido un aborto o a mujeres que no han tenido acceso a una interrupción del embarazo en el momento oportuno”, explica Sara García, de La Colectiva Feminista de El Salvador.

Muy recordado y narrado es el caso de ‘las 17’ –mujeres pobres encarceladas por problemas obstétricos durante su embarazo y sin acceso a la Sanidad–, y de la campaña internacional que se organizó para pedir su indulto. Pero el número de mujeres en prisión no para de crecer, cualquiera puede acabar entre rejas: el pasado 5 de julio Evelyn Hernández fue condenada a 30 años de prisión. “Tuvo un parto prematuro: según el estudio histopatológico, tenía de 28 a 32 semanas de embarazo. Su parto fue precipitado y extrahospitalario, lo que en medicina se considera una situación de emergencia; sin embargo, ella no tuvo ninguna asistencia especializada hasta que su mamá, con apoyo de un concejal, la llevó al hospital. En estas condiciones, tal y como se comprobó durante la audiencia, las posibilidades de supervivencia del recién nacido eran exiguas”, explican desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. “Evelyn tuvo una emergencia obstétrica, no atendida, que provocó la muerte de la criatura que estaba gestando y a ella le produjo una fuerte hemorragia. Un hecho muy desgraciado, pero no constitutivo de delito”, asegura Morena Herrera, defensora de derechos humanos en El Salvador.

Y es que, como explica otra integrante de La Colectiva, Angélica Rivas, “en un inicio las mujeres son procesadas por el delito de aborto, pero terminan siendo condenadas por el delito de homicidio. Y esto ocurre por la interpretación extensiva, que es un grave violación a los derechos de las mujeres”.

Que no haya más mujeres condenadas y criminalizadas tiene fácil solución. Desde hace más de diez meses está registrada una propuesta de reforma del artículo 133 del Código Penal que podría cambiar el destino de miles de mujeres y niñas. Sí, porque muchas de las afectadas por problemas en el embarazo son niñas: se han contabilizado 1.444 embarazados, “que fueron embarazos impuestos, con violencia sexual”, explica García durante una reciente visita Bilbao. Los cuatro causales por los que luchan son: embarazos que presentan riesgos para la vida y la salud de las mujeres, embarazos médicamente inviables (incompatibles con la vida extrauterina), embarazos producto de violación o trata de personas y embarazos producto de una violación de una menor de edad.

La propuesta legislativa, presentada en octubre de 2016, sigue sin pasar a pleno y está parada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea. “La Comisión pidió opiniones técnicas, como del Ministerio de Salud, el Instituto de Derechos de las Mujeres… Y pensamos: si van a preguntar, nosotras vamos a llevar nuestra opinión. Y promovimos que varias de nosotras presentaran opiniones, desde las sindicalistas hasta las jóvenes, para que hubiese no sólo la voz de un grupo. Finalmente, de las alrededor de 43 opiniones que se presentaron en la Comisión, el 92 por ciento fueron favorables a la despenalización”, recuerda Sara García, que trabaja desde el activismo político e internacional.

De hecho, han conseguido decenas de apoyos políticos llegados desde Chile (país que acaba de despenalizar el aborto en tres causales), Alemania, Estados Unidos, de europarlamentarias… “La estrategia ha sido que se den diferentes pronunciamientos y de diferentes espacios”, explica. Hace unos días, se entregaron 89.453 firmas de todo el mundo apoyando la iniciativa del cambio legislativo.

La opinión pública también está a favor del cambio penal: una reciente encuesta realizada por La Colectiva Feminista, en los 262 municipios del país, recoge que el 79% de la población considera que las mujeres deberían abortar cuando el embarazo es médicamente inviable, el 58% creen que las madres deben interrumpir el embarazo cuando su salud y vida está en peligro y el 66% afirma que las mujeres que sufren interrupción del embarazo de forma espontánea no deben estar sujetas a acciones penales. “Los salvadoreños piden que se cambie la ley. Tristemente las leyes no se apegan a las necesidades ni a los requerimientos de la población”, ha explicado Rivas.

Sara García lo tiene claro: “Podemos cambiar esta injusticia y dejar de ser este antimodelo que somos, podemos cambiar esa legislación para que al menos alivie la situación que estamos enfrentando y que está profundizando las brechas de desigualdad”. Y recuerda que este proceso de lucha, político, en la calle, en los medios, de ámbito internacional, les ha fortalecido, “estamos generando esperanza”.

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Tras 33 años en vigor, Honduras está en proceso de la reforma* completa de su código penal. De momento, el artículo del aborto, ya aprobado, sigue penado en todos los casos. Con esta reforma todo sigue igual para las mujeres en este país centroamericano, que pueden ir hasta diez años a la cárcel por abortar.

Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma ‘Somos Muchas’, ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por causales, el Congreso Nacional votó la pasada semana que ‘no’.

Que en Honduras no se puede abortar, ni siquiera en ninguna de las tres causas que el movimiento feminista ha intentado introducir: “Para salvar la vida y proteger la salud de la madre, cuando hay incompatibilidad del feto con la vida, y en caso de violación e incesto”, como explicó hace unos días en Madrid Regina Fonseca, ‎del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras. “No pedimos el techo, sino el piso”, añadió. El artículo 196, de los más de 600 de la nueva legislación, sigue inamovible.

La decisión de que todo siga igual es un retroceso, que se suma a otros sucedidos desde el golpe de Estado de 2009: se ha eliminado la educación sexual en las escuelas, como recoge la ley, y se ha prohibido la anticoncepción de emergencia. Los datos indican además que el año pasado 910 niñas menores de 15 años parieron a una criatura producto de una violación o que se practicaron más de 3.000 abortos inseguros, según la Secretaría de Salud.

“Lamentamos que la criminalización del aborto se mantenga en el proyecto de ley como un delito grave a pesar de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como del Comité contra la Tortura. Negar a las mujeres y las niñas el acceso a servicios de aborto seguro (…) provoca sufrimiento físico y psicológico excesivo e irreversible para muchas mujeres. Es una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y la negación de su autonomía”, ha apuntado la ONU.

Amnistía Internacional también se ha pronunciado: “Al penalizar el aborto, el código penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos”. Un reciente informe de esta organización documenta abusos –“algunos de los cuales podrían llegar a considerarse como tortura”– que enfrentan las mujeres en varios países americanos como consecuencia de la criminalización del aborto.

Apenas unas horas antes de la votación parlamentaria –que el secretario del Congreso Nacional definió como “dividida” aunque sólo apoyaron la reforma nueve personas según ‘Somos Muchas’–, la policía hondureña informó de que una mujer en Comayagua, en la zona central del país, había sido detenida por haberse provocado un aborto. La foto enviada a los medios es sin duda toda una declaración de intenciones: una mujer llorando, con una bata hospitalaria y las manos esposadas es fotografiada junto a una agente que luce media sonrisa.

“Mamá, me han dicho en el colegio que eres de esas mujeres que quieren que asesinen a los niños”. Ésta es la situación que viven muchas integrantes de ‘Somos Muchas’, según relató Regina Fonseca.

Fondos españoles

En su visita a Madrid, Fonseca denunció la participación del Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el proceso de redacción del nuevo código penal. El Congreso Nacional ha recibido asistencia técnica de consultores nacionales, en un primer borrador, y de consultores internacionales en un segundo borrador, según ha explicado la defensora de derechos humanos: “Todo esto era un proceso muy opaco, pero logramos algunos huecos para participar en una jornada de trabajo con otras instituciones en la labor de revisión, antes de que el nuevo código penal entrara en la Asamblea Legislativa”.

En la segunda fase, hubo varios de los consultores “españoles de alto nivel, procedentes del mundo académico, liderados por un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III”, según una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno del Partido Popular. El equipo técnico español presentó un texto en el que se recogían las tres indicaciones clásicas en materia de despenalización del aborto, que fueran rechazadas por el Congreso hondureño.

La AECID ha confirmado a Pikara Magazine que “ha financiado, con una cuantía máxima de 30.000 euros, una actuación que tiene como finalidad la de asesorar y acompañar al Congreso de Honduras en la fase de discusión, debate y aprobación del nuevo código penal”; y añade que la Agencia no ha redactado “el contenido del artículo del código penal de Honduras relativo al aborto, ni ningún otro de sus artículos, ni ha colaborado en su redacción. No lo ha hecho en Honduras ni en ningún otro país del mundo. Esta labor le corresponde a los órganos de gobierno del país concernido”. Además, desde el área de comunicación apuntan que “la AECID no interfiere ni toma partido en el contenido de los debates políticos de los países en los que opera”.

La pregunta sigue sobre la mesa: ¿es el derecho al aborto un debate político o una cuestión de derechos humanos?, ¿ha gastado la AECID dinero en un proceso que sigue negando la autonomía de las mujeres, fomentando la violencia y atacando a los cuerpos?

“Entre las ocho orientaciones/prioridades del Plan Director en vigor que orientan la actuación de la Cooperación Española, figura en lugar destacado la de promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, apuntan desde el organismo público. Este documento también recoge que se apoyarán “las reformas de un sistema judicial que apunten a fortalecer un poder judicial profesional e independiente y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Según se desprende de la respuesta escrita del Gobierno español al Congreso, con fecha del 19 de enero de 2017, ya hubo una primera fase “de financiación otorgada por la AECID a la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos” en la que participaron los expertos “de alto nivel”. Fue posteriormente cuando se abrió una nueva etapa de debate en la que el Congreso de Honduras pidió de nuevo apoyo y para la que se destinaron los citados 30.000 euros. Es decir, que se desconoce el monto total destinado de fondos públicos.

La respuesta escrita recoge además que “una parte de la sociedad civil hondureña se unió en una plataforma denominada ‘Articulación 611’”, con la que se reunió el profesor de la Universidad Carlos III: “En dicho primer encuentro, la sociedad civil entregó dos informes con propuestas para el articulado del borrador del código penal y se acordó que en próximos viajes de los expertos se continuaría el dialogo”.

El resultado es que esta ‘Articulación 611’ ha denunciado que “a pesar de haber tenido reuniones consecutivas, nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del código, específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros”.

La penalización de la interrupción del embarazo sigue igual, en cambio sí se ha modificado lo relativo a la criminalización de la protesta, que se ha endurecido; lo llaman “ley mordaza”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las reformas del código penal hondureño regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión. Este organismo ve “con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.

Mientras, el Gobierno de España, según afirma en otra respuesta escrita al Congreso con fecha de 29 de marzo de 2017, ha apoyado “al Gobierno hondureño en la promoción y respeto de los derechos humanos en Honduras”; sin olvidar que forma parte del proyecto ‘Eurojusticia’ para Honduras, al que la AECID ha destinado 550.000 euros y la Unión Europea, 27,5 millones de euros.

*En un primer momento se ha publicado que ya estaba finalizada la reforma del Código Penal, pero el proceso, que va por partes, aún no ha finalizado. Lo que sí se ha aprobado es el artículo sobre el aborto.

El empoderamiento de las mujeres es, según la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, “un proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos”. Aquí y en Burundi. Sí, pero con muchos matices, porque los tiempos, los ritmos y las realidades son distintas y varían según los territorios. Saber que las mujeres tenemos derechos, los mismos que los hombres, es una obviedad pero pasa desapercibida en varias esquinas, o más bien inmensas zonas, del mundo.

Cuando Aline Niyonizigiye y Dorotheé Buhangare, dos mujeres burundesas, conocieron varias escuelas de empoderamiento de Euskadi, abrieron bien los ojos: edificios funcionales, bien equipados y con varias empleadas. ¡Y financiadas con dinero público! Ellas conocen cómo funciona una escuela de empoderamiento, o de liderazgo transformacional, que es el nombre dado por Oxfam Intermón al proyecto que ha desarrollado en la región de Makamba, pero su ‘escuela’ difiere mucho de las de Durango o Basauri, que visitaron hace unos días. Porque el hecho de usar comillas para nombrarla no es un capricho. Tres paredes y un tejado de uralita requieren que se matice el concepto, para no llevar a equívocos, para no pensar que las cosas con nombres iguales son lo mismo aquí y en Burundi.

La idea inicial era muy clara: lograr que varias mujeres de las colinas –las unidades administrativas más pequeñas de este pequeño país de la región de los Grandes Lagos– se presentaran a las elecciones de 2015. Un objetivo ambicioso que partía de una realidad tal vez demasiado cruel: gran parte de las mujeres rurales de Burundi no posee tarjetas de identidad, no son, no existen. ¿Cómo presentarse a unas elecciones si ni siquiera son ciudadanas?, ¿cómo ser candidatas si ni siquiera pueden votar?

El reto es grande y el proceso de empoderamiento difiere mucho de la autodefensa feminista, de los cursos de mecánica para automóviles o del aprendizaje sobre literatura feminista, actividades más habituales en las ‘escuelas’ vascas. Los matices, si el artículo lo leen las mujeres de Burundi, también son necesarios porque un mismo nombre puede significar muchas cosas dentro de un mismo parámetro. Ni mejor ni peor. Ni más ni menos. Diferentes.

“El empoderamiento el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida”, volviendo a Lagarde. No hay duda de que, en la medida que vayan logrando una documentación de identidad, las mujeres de Burundi serán protagonistas y sujetos de su propia vida. La escuela de liderazgo transformacional supuso también la alfabetización de varias de las 32 mujeres participantes, encargadas luego de extender la red y trabajar lo aprendido con sus vecinas a través de procesos de sensibilización.

Porque el objetivo de las ‘escuelas’, tengan paredes y tejados e incluso ordenadores o se nutran bajo la sombra de un árbol, es similar: espacios de intercambio y de aprendizaje colectivo. “Una escuela de empoderamiento sirve para conseguir la influencia que a las mujeres nos falta en el mundo, tanto en los círculos pequeños como en los grandes”, explica en Pikara Magazine Elena Simón, formadora feminista y escritora.

En Makamba, bajo los lemas de ‘Elegir y hacerse elegir’ o ‘Yo soy capaz’, se ha ayudado a que las mujeres vean que “si hacen todo en el hogar, lo pueden hacer igual en la sociedad”, explica Dorotheé Buhangare, directora del Collectif des Associationes et ONGs Féminines du Burundi (CAFOB). Esta organización nació para que los acuerdos de paz del conflicto de los Grandes Lagos tuvieran presencia de mujeres, pero ahora trabaja con una estrategia contraria: de abajo arriba. Que las reivindicaciones de igualdad partan de las mujeres rurales y no de élites desconectadas con la realidad social del país.

“Hemos aprendido a luchar por nuestros derechos como mujeres. Y también conocemos los deberes. Tras recibir la formación, decidí trabajar como voluntaria alfabetizando a otras mujeres. Nos hemos dado cuenta que si la mujer no sabe leer ni escribir vive en la ignorancia total. Por ejemplo, no puede elegir al candidato o candidata que quiera. Si debe recurrir a alguien para hacerlo, puede que no tenga en cuenta su opinión y eso es una gran pérdida porque no puede hacerse representar eficientemente”, afirma Raissa Ndayiragije en un video de Oxfam Intermón.

En Basuari, toma la palabra Aline Niyonizigiye; tiene documentación de identidad y ha logrado el visado para viajar, gracias a su trabajo en el proyecto de Oxfam Intermón. También consiguió que su marido accediera a legalizar el matrimonio, tras un largo proceso de diálogo de dos años que fructificó tras regalarle unos calcetines. La sorpresa aparece en el rostro de quienes han escuchado a su vivencia durante su estancia en Euskadi. Tal vez su próximo reto sea lograr la cotitularidad de la tierra en la que trabaja a diario.

—¿Tienes las tierras a tu nombre?

—No.

—¿Y vas a intentarlo?

—Aún no he pensado en ello.

Deberías hacerlo, interrumpe su compañera de viaje, Dorotheé Buhangare.

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“De los ríos somos los custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por la humanidad y por este planeta”. Berta Cáceres pronunció estas palabras cuando recibió el Premio Goldman en 2015. Berta Cáceres dio su vida por los ríos, por la humanidad y por el planeta. Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, por su lucha contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en el río hondureño Gualcarque. El próximo viernes se cumple un año de su homicidio aún no resuelto pero que, paradójicamente, ha llenado de mucha vida. Berta Cáceres vive. Su voz, y su lucha, se ha multiplicado.

También vive el legado y la entrega en defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos de Isidro Baldenegro (Premio Goldman en 2005), Laura Vásquez, Juan Ontiveros y Sebastián Alonso, recientemente asesinados en otros puntos de América Latina. En tan solo los dos primeros meses de 2017, se han contabilizado 14 homicidios de activistas por los derechos humanos –siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua–, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo recuerda constantemente que “es un deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo y adoptar medidas específicas de protección adaptadas a sus necesidades, por ejemplo, a través de protocolos especializados”.

Lamentablemente la impunidad es constante. A pesar de la contundente y extendida presión internacional, el asesinato de Berta Cáceres sigue sin resolverse. “La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, dice Amnistía Internacional.

Los intereses económicos de las grandes transnacionales, con el apoyo de determinados intereses políticos, buscan, a través de decenas de artimañas muchas de ellas ilícitas, inmorales y criminales, el control sobre los bienes comunes. ¿El objetivo? Poner la naturaleza y su riqueza al servicio de unos pocos, condenando mientras a miles de personas al despojo. “El control del agua supone el control de la vida. No es sorprendente que, a lo largo de los siglos, monarcas y gobernantes hayan participado en la canalización de ríos o en la construcción de presas”, ha escrito Maggie Black en el libro El secuestro del agua. La mala gestión de los recursos hídricos.

Un año después del asesinato de Berta Cáceres, de la compañera Berta, de doña Berta, de Bertita o, simplemente, de mami, según se la nombra en el documental ‘Guardiana de los ríos’, sigue sin responsables claros, pero el proyecto Agua Zarca, contra el que luchó, está paralizado. Y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), recuerda constantemente que ‘Berta Vive’ porque su defensa de los ríos está fortalecida. “Berta ha sembrado una semilla para seguir cosechando lucha”, recoge el documental, producido y realizado por Radio Progreso de Honduras.

“La puerta la abrió antes con su trabajo y la puerta la abre con su muerte. Tenemos que marcar un precedente de justicia en un país donde no hay justicia”, afirma con firmeza una de sus hijas, Berta Zúñiga Cáceres. “Nosotras vamos a seguir en pie y ahí vive mi mami”, habla la más pequeña de la familia, Laura Zúñiga Cáceres. Mientras, la madre, Austra Berta Flores, culpa al Estado, a la empresa DESA, a las fuerzas políticas y los consorcios e intereses empresariales. Lo hace serena y sin titubear, porque aunque la justicia no haya dictado culpabilidad, nadie duda de quién está detrás del asesinato de la activista, ni del de Tomás García, otro miembro de COPINH asesinado en 2013, ni del de Nelson García, ni de las amenazas que ha sufrido Kevin Ramírez o Electeria Gómez.

El legado no está sólo presente en su familia, sino también en su comunidad, en sus compañeras de organización y en otros muchos pueblos a los que quieren arrebatar su espacio, su identidad. “Este río siempre me llama y yo tengo que andar ahí”, explica María Domínguez, hondureña lenca amenazada y golpeada por defender las aguas del Gualcarque. “Los contrarios siempre andan rodeando la comunidad, siempre estamos en alerta. Vamos a seguir luchando, nunca nos vamos a desmayar”, habla ahora doña Merche, otra de las protagonistas del audiovisual. “Creían que asesinando a Berta iban a acabar con el COPINH, que iba a desaparecer y la lucha iba a acabar, pero la gente se encanchimbó y luchó más”, subraya otro defensor de los derechos humanos.

El asesinato de Berta Cáceres ha partido la historia de Honduras, como afirmó Jennifer Ávila, la periodista que ha coordinado el documental, en la presentación que se hizo en Bilbao. Este crimen, por su eco internacional, ha demostrado que el modelo extractivista y la represión están amenazando el acceso a la tierra, al agua, a la historia, a la identidad, a los derechos al pueblo lenca; pero también al pueblo hondureño, al pueblo centroamericano y, tristemente, a gran parte de la ciudadanía global que carece de ningún tipo de privilegio. Defendamos a las que nos defienden es el reclamo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que lanza constantemente alertas de mujeres en peligro por su activismo social y medioambiental y que está promoviendo movilizaciones en las embajadas de Honduras para el próximo 2 de marzo: “Nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas seguimos su legado”.

“Despertemos, humanidad. Nuestra conciencia será sacudida por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, dijo también Berta cuando recibió el premio Goldman. Berta vive.

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