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DESALAMBRE

El Salvador indulta a una de las 17 mujeres en prisión acusadas de homicidio por aborto

Guadalupe dio a luz sin asistencia médica a una criatura sin vida y fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado

La Asamblea Legislativa dio ayer luz verde con el mínimo de votos exigido al informe de la Corte Suprema que reconoce la vulneración de la presunción de inocencia de la joven

Las 17 mujeres procesadas tras acudir al hospital con complicaciones obstétricas tienen en común que son jóvenes, pobres y que no tuvieron acceso a la sanidad

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Concentración ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes para reclamar el indulto para 'Las 17'

Concentración ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes a favor del indulto para 'Las 17'./ J.F.

"Guadalupe era una joven de 18 años que vivía en un municipio rural de Cuscatlán. Solo había estudiado hasta tercer grado y era empleada doméstica cuando tuvo la emergencia obstétrica por la que fue condenada a 30 años de prisión. Esta joven lleva ya siete años en la cárcel y es una de las 17 mujeres condenadas injustamente en El Salvador". Es el texto con el que los colectivos a favor de los derechos de las mujeres de El Salvador reclamaron durante las últimas semanas a las y los diputados que apoyasen en la Asamblea Legislativa el indulto para esta joven que quedó embarazada como resultado de una violación.

Carmen Guadalupe Vasquez Aldana no se dio cuenta de que estaba embarazada —su vientre no creció— hasta que dio a luz de madrugada en su pequeño cuarto sin electricidad de la casa en la que trabajaba por 80 dólares al mes. Asustada ante un parto inesperado y con miedo a perder el trabajo, no pidió ayuda y la criatura nació sin vida. Al día siguiente, su patrona descubrió que tenía una hemorragia y la llevó al hospital, cuyo personal sanitario la denunció a la policía por aborto.

El aborto es completamente ilegal desde 1998 y se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel. Pero la presión de los sectores religiosos llevó también a reformar el artículo 1 de la Constitución, que en la actualidad insta al Estado a salvaguardar la vida de toda persona "desde el momento de la concepción". Ese enunciado ha supuesto la Fiscalía tipifique las interrupciones de embarazo como homicidio agravado (por grado de parentesco), como es el caso de Guadalupe.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, formada por diferentes colectivos feministas y de defensa de los derechos humanos, presentó el pasado año peticiones de indulto para 17 mujeres que tienen en común haber terminado en prisión después de presentarse en el hospital con complicaciones obstétricas que pusieron fin a sus embarazos. "En la mayoría de los casos, el propio personal sanitario llamó a la policía acusándolas de haber abortado, pese a la falta de pruebas directas y contundentes de que hubieran emprendido alguna acción voluntaria, premeditada o dolosa para quitar la vida de las criaturas que estaban gestando", subraya Alejandra Burgos, integrante de la Agrupación.

La activista añade que las 17 tienen en común "que son mujeres pobres que no recibieron atención médica de calidad para llevar a buen término su embarazo". "El Estado, que ha fallado al negar a estas mujeres derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la educación, encima las revictimiza", denuncia, por lo que insiste en que la penalización total del aborto se traduce en discriminación de género y de clase.

Resistencias bajo pretextos burocráticos y 'pro-vida'

El indulto a Guadalupe no fue un punto más en el orden del día. De hecho, el primer intento por aprobarlo se dio en el pleno del pasado viernes, cuando se registraron 42 votos a favor de los 43 necesarios para que prosperase la petición. Los diputados del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) pidieron que el dictamen volviera a ser sometido a votación, alegando que varios parlamentarios no estaban en sus puestos en el momento de emitir sus votos ya que el presidente de la Asamblea, del partido conservador ARENA, no realizó el llamamiento de la manera adecuada.

En el pleno de este miércoles se repitieron los enredos burocráticos; los diputados de ARENA intentaron paralizar la votación criticando cuestionando el procedimiento seguido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada de enviar el dictamen al pleno. Finalmente, la iniciativa fue aprobada con los votos del FMLN y de GANA, el partido nacido de una escisión de ARENA, los 26 votos en contra de ARENA y abstenciones del resto de grupos parlamentarios.

Mientras que las otras seis peticiones de indulto tramitadas el pasado viernes eran aprobadas o denegadas sin debate, en este caso hubo mucha discusión, pese a que a la Corte Suprema concluyó en su informe favorable que existen "dudas razonables" sobre la causa de la muerte del recién nacido, por lo que llamó a respetar la presunción de inocencia de Guadalupe.

El debate parlamentario estuvo marcado por encedidos alegatos contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Los diputados de ARENA sentenciaron frases como "Esas criaturas tienen que tener quien las defienda. Las recién nacidas y las que aún no han nacido" o "La vida comienza en el momento de la concepción. No se engañen: no se está juzgando aborto, se está juzgando asesinato". Representantes del FMLN empezaron sus discursos aclarando que su partido "siempre ha estado a favor de la vida" y varios de los de GANA se mostraron a favor de apoyar el indulto en este caso no sin antes matizar su oposición al aborto.

La discusión sobre el indulto de Guadalupe ha coincidido con la precampaña de las elecciones legislativas y municipales, que se celebrarán el próximo 1 de marzo. "El aborto un tema muy electoralista, todo el mundo suele temer perder votos", lamenta Burgos. Sin embargo, la activista reconoce el "liderazgo" que ha mostrado el FMLN en el proceso de la aprobación del indulto y confía en que "sean contundentes y apoyen más cambios sustanciales" en la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. 

La Corte Suprema denegó el indulto a otra de 'Las 17'

El pasado viernes la Asamblea Legislativa también archivó la solicitud de indulto para otra de las 17 mujeres encarceladas como consecuencia de la penalización total del aborto, dado que en este caso el informe de la Corte Suprema fue desfavorable. Para que una solicitud de indulto prospere, esta debe contar con el visto bueno de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y este último suele ser muy reticente a conceder la gracia a las personas condenadas.

De ahí que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto señalase que la resistencia de los diputados de ARENA a acatar la deliberación de la Corte Suprema está motivada por su férreo posicionamiento antiabortista. Alejandra Burgos apunta que la Corte habría preparado ya informe desfavorable para otras seis de las condenadas, pero matiza que el indulto a Guadalupe "puede sentar precendente y favorecer a casos con características similares".

La historia de Cinthia Marcela Rodríguez Ayala guarda muchas similitudes con la de Guadalupe. También tenía 18 años cuando tuvo un parto precipitado que tuvo que enfrentar sola y también fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado; ya ha cumplido seis años. Cinthia declaró que el bebé nació con el cordón umbilical enrollado al cuello y que ella intentó cortarlo con una tijera. Lo siguiente que recuerda es que fue llevada al hospital. Lleva seis años en prisión, "a pesar de que en el juicio no se presentaron pruebas directas de que quisiera causar la muerte del recién nacido", afirma Dennis Muñoz, uno de los abogados encargados de presentar las 17 solicitudes de indulto.

El informe desfavorable de la Corte Suprema hace hincapié en el estilo de vida de la encausada; recoge por ejemplo que Cinthia fumaba y tomaba varias cervezas al día. "La fundamentación de sentencias y de informes basada en estereotipos sexistas es una constante. Abundan razonamientos como que la madre tenía que haber actuado conforme al instinto materno. En cambio, nunca se cita el riesgo que supone para una mujer enfrentar un parto sin asistencia", lamenta Muñoz. En el caso de Guadalupe, el informe consideraba en cambio que la presa había demostrado buena conducta, realizando diversos cursos de formación y participando en actividades religiosas.

'Las 17' y Beatriz, casos emblemáticos

La campaña  'Una flor para las 17' se ha convertido en un emblema de la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador, uno de los siete países de América Latina en los que la interrupción voluntaria del embarazo está completamente penalizada.

La campaña cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional, que el pasado agosto instó a la Corte Suprema a que aprobase los indultos para estas mujeres, ha generado una notable atención en la prensa internacional y ha sido apoyada por personalidades de la cultura, como el grupo musical puertorriqueño Calle 13.

El derecho al aborto era un tema tabú en la vida política y social salvadoreña, hasta que en 2013 el caso de Beatriz conmocionó a la opinión pública. La Corte Suprema denegó la interrupción del embarazo a esta joven de 22 años, aquejada de lupus e insuficiencia renal, que gestaba a una criatura anencefálica (no tenía cerebro). Dio a luz mediante un parto inducido mediante autorización del Ministerio de Salud y el bebé murió cinco horas después. "A raíz del caso de Beatriz, se empezó a ver el aborto como un problema social, generó debate en la calle y la gente se preguntó qué pasaría si le ocurriera eso a sus hijas. La penalización total no se corresponde con la actitud de la opinión pública, sino con los intereses de grupos que tienen poder político, económico y mediático", asegura Burgos.

El año pasado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se volcó en reclamar la libertad para estas 17 mujeres en prisión "condenadas injustamente por embarazos espontáneos". No son las únicas castigadas con cárcel; Alejandra Burgos matiza que son hasta el año 2011 fueron 129 las mujeres procesadas por aborto y que 49 de ellas fueron condenadas por homicidio agravado. "Las 17 son el espejo de la necesidad de que se reforme esta legislación tan criminalizadora e injusta que solo lleva a desintegrar familias", recalca.

Las activistas acompañan a las presas bajo la amenaza que constituye la legislación vigente, que también establece penas de prisión para quienes ayuden, promuevan, inciten o faciliten los medios para realizar abortos. Las integrantes de la Agrupación Ciudadana han recibido presiones y amenazas a título colectivo e individual.

"Durante el año pasado, las voceras más visibles fuimos mencionadas en artículos de opinión con un talante incriminador, diciendo que defendemos a asesinas y que cometemos apología del delito", recuerda Burgos. Este clima de persecución y miedo explica que la ausencia de movilizaciones masivas por parte del movimiento feminista. La integrante de la Agrupación, sin embargo, subraya que ella y sus compañeras no se van a dejar amedrentar: "Continuamos luchando, porque defender los derechos humanos no es ni ilegal ni ilegítimo".

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