23F: las élites detrás del ruido de sables

La desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado ofrece detalles y subtramas suculentas para los expertos en este subgénero. Contribuirá probablemente a apuntalar una versión oficial de la transición que entroniza a la clase política, incluyendo al Rey, como garantes irrevocables del sistema heredado.  

No ha quedado tiempo, sin embargo, para reflexionar sobre las corrientes de fondo, sobre las redes, grupos de poder y decisiones que condujeron a que esta situación fuera inevitable. Una serie de tramas civiles, económicas y políticas que exigían un ‘golpe de timón’ ante una democracia que, para algunos, se había vuelto demasiado precaria, pero que para otros (más poderosos e influyentes) amenazaba con resultar excesiva. Un poco de contexto, que ofrezco con detalle en mi nuevo libro, ‘Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939’, podría ayudarnos a ver la verdadera lección que subyace. 

En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki publicaron el informe sobre ‘La crisis de la democracia’ en el seno de la Comisión Trilateral, que reunía a líderes políticos y empresariales de los Estados Unidos, Europa y Japón frente al sempiterno enemigo comunista. El informe alertaba sobre los peligros inherentes a otorgar a las masas demasiadas atribuciones políticas. La crispación generada por las luchas raciales y la crisis del capitalismo iniciada en 1973 con el aumento de los precios del petróleo sugería a los líderes del denominado mundo libre organizarse ante una nueva amenaza. La conclusión de dicho informe subrayaba una recurrente y paradójica moraleja elitista: los excesos democráticos podían acabar con el sistema parlamentario.  

En 1979, la Trilateral integró a los primeros representantes de la élite corporativa española. Entre estos, a miembros de la familia Garrigues-Walker, una saga de abogados que había sido clave en la apertura comercial y en la entrada de las principales corporaciones estadounidenses a partir de 1959. Uno de los miembros de dicha familia, Joaquín Garrigues-Walker, ejerció de ministro de Obras Públicas y Urbanismo y Adjunto a la Presidencia con Adolfo Suárez entre 1977 y 1980. 

Poco antes de que le fuera diagnosticada una leucemia que acabaría con su vida, Garrigues-Walker ya había abandonado a Suárez, con quien había colaborado activamente durante la transición. El presidente del gobierno acusaba un declive en su popularidad mientras la crisis inflacionaria había llevado las contradicciones trabajo capital al máximo y los atentados etarras habían excitado el ánimo ultra de muchos militares. 

Pero Suárez acumulaba otras deudas y rencores que le perseguían y que pocas veces se mencionan por resultar menos espectaculares. La patronal CEOE, reorganización de la clase capitalista tras la caída del sindicato vertical, estaba presidida por el empresario farmacéutico Carlos Ferrer Salat. Esta había rechazado numerosos aspectos de los acuerdos de los Pactos de La Moncloa que, para los empresarios, suponía mayores regulaciones. También un nuevo impuesto, el IRPF, aprobado en 1977. El pacto tributario rompía el paréntesis fiscal del franquismo, que había evitado que, en síntesis expresada por el economista Ramón Tamames, los hijos de los vencedores tributaran como los de los vencidos. La ley del divorcio, promulgada en septiembre de 1981, hacía a muchos representantes del conservadurismo temer por la destrucción de la familia tradicional.  

Detrás de todo ello latía el conflicto social y las crecientes demandas del pueblo español, en línea con los temores de la Trilateral, preocupada, además, por el futuro de las democracias capitalistas de la Europa meridional después de la Revolución de los Claveles en Portugal. Los trabajadores, agrupados en sindicatos de clase como Comisiones Obreras y UGT, peleaban por evitar una lacerante pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. 

Contagiados por los experimentos socializantes en países como Alemania o Suecia, donde los representantes sindicales adoptaban decisiones en los consejos de Administración de las empresas, los trabajadores trataban de avanzar hacia una versión patria del socialismo democrático. El propio Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo de Suárez, había hecho en 1977 declaraciones a favor de la autogestión empresarial y de una mayor participación laboral en los organismos empresariales; el futuro ministro socialista Miguel Boyer, uno de los responsables de la desamortización del aparato industrial, había abogado por un modelo productivo a la yugoslava en un debate televisivo al inicio de la transición.  

Todo ello, acompañado de la presión del Partido Comunista y del PSOE, mayoritarios en los ayuntamientos desde 1979, había conducido a Suárez a una deriva socialdemócrata que abrió la brecha con los liberales atlantistas que apoyaban al gobierno. Dicha brecha se hizo infinita cuando el primer ministro expresó sus dudas sobre la necesidad de entrar en la OTAN, una irrenunciable expectativa de los Estados Unidos, tutores de España desde la década de los cincuenta. 

De ahí que el mencionado golpe de timón, el punto de partida para todas las tramas que conducen al 23F, no deba ser visto solamente como una operación patriótica para evitar el caos, sino como un impulso elitista para estabilizar una nación que no podía permitirse experimentos que recordaran mínimamente a los iniciados en 1931 y que, además, podían alterar el equilibrio geoestratégico en el que los Estados Unidos trabajaban desde el inicio de la Guerra Fría. 

Todo un frente político, empresarial y periodístico se puso en contra de un presidente a quien posteriormente se ha considerado como poco menos que un santo laico. Muchos cronistas que celebran todas las onomásticas constitucionales clamaron por un gobierno de concentración en el que los militares lideraran el enderezamiento de una nación que no podía aspirar a gobernarse sola.  

Más allá de que determinados puntales de la banca española ofrecieran asistencia y refugio a los golpistas y de que la renqueante Prensa del Movimiento todavía alentara un golpe de Estado con sabor a 18 de julio, deberíamos reflexionar sobre las corrientes aquí mencionadas. En ‘Las élites que dominan España’ se abunda en los grupos de poder que nos gobiernan con nuestro permiso desde el final de la guerra civil. El mantra y sustrato de creencias que hace todo esto posible es que necesitamos quien nos salve de nosotros mismos. Pese a que este debate no haya salido en la prensa, lo sucedido en torno al 23F debería recordárnoslo. Hablemos de ello.