La nueva ley de caza de la Comunidad de Madrid: más libertad para matar

Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.