Las puertas de los Centros de Internamiento de Extranjeros se abren de tres formas muy distintas. Tanto, que podría decirse que, en realidad, tienen tres salidas diferentes. La primera y la más habitual, es la puerta hacia la libertad. Es la puerta de llegada o de regreso a España para los internos de los CIE. Para cruzarla, suele ser necesario que pasen sesenta días, el máximo tiempo de internamiento permitido por ley. Un periodo suficiente para, en mayor o menor medida, cambiar a quienes lo sufren.

La segunda es la puerta de la deportación, la puerta hacia el avión que lleva a quienes la traspasan a su país de origen, en el mejor de los casos. Un lugar del que muchos huyeron y al que nadie desea regresar en las condiciones en que lo hace desde el CIE. A pesar de que el único sentido legal de estos centros es que todos sus internos salgan por esta puerta, son menos de la mitad los que finalmente lo hacen.

La tercera puerta es la más extraña y la más oscura. Fue la puerta que cruzaron Samba Martine, Idrissa Diallo o, hace pocos meses, en Barcelona, Alik Manukyan. Es la puerta de los que nunca saldrán del CIE.

La primera puerta: una libertad condicionada

A pesar de que la única función legal de los CIE es la de ser en un paso previo a la deportación de inmigrantes en situación irregular, en la práctica, menos de la mitad de sus internos son finalmente expulsados del país. La mayoría, pasados los sesenta días que establece la ley como duración máxima del internamiento, son puestos en libertad, dado que la deportación ha sido irrealizable. En 2012, 11.300 personas pasaron por los ocho centros que funcionan actualmente en España, de los que solo 5.000 fueron finalmente expulsados.

Las causas que pueden hacer que un interno de los CIE sea puesto en libertad son diversas. La más común, según explica Lluc Sánchez, abogado y miembro de la ONG SOS Racismo, tiene que ver con que “muchas veces, la policía solicita el internamiento a personas que no pueden ser expulsadas, en su mayoría porque no hay un acuerdo de repatriación” con su país de origen.

Este es el caso del África subsahariana, una de las regiones del mundo con las que España mantiene menos acuerdos de devolución. Antonio Díaz de Freijo, director de la Asociación Karibu, Amigos del pueblo africano, coincide con Sánchez en que esta circunstancia es bien conocida por la Administración que, ya antes del internamiento, “sabe, como lo sabemos nosotros, o mejor, que la mayor parte de los inmigrantes africanos no pueden ser expulsados”. Algo que los miembros de Karibu explican a los internos a los que visitan en el CIE de Aluche, en Madrid: “Si viene un chaval de Costa de Marfil lleno de pánico porque lo van a expulsar, le decimos que esté tranquilo «que a ti no te va a expulsar absolutamente nadie»”.

Díaz de Freijo explica que, en África, Marruecos y Senegal son, prácticamente, los únicos países de origen a los que pueden ser retornados los internos de los CIE -a los que otras fuentes añaden Nigeria o Mauritania-, pero esta circunstancia no se produce solo por la falta de acuerdos bilaterales. Tras realizar un internamiento, Lluc Sánchez cuenta que “si hay dudas sobre el origen nacional de un extranjero, se contacta con los consulados para que hagan una entrevista con los internos y verifiquen cuál es el país de origen”. En este punto, la expulsión puede entrar en otro callejón sin salida, pues Díaz de Freijo recuerda que, en muchos casos, “ese país al que podrían pertenecer dice: «ni son de nuestro país ni los queremos»”, desentendiéndose por completo de la situación.

Por último, otra cuestión que podría impedir la expulsión sería un recurso contra el auto de internamiento que el juez considere adecuado. Recursos que pueden apelar al arraigo del interno, a que haya sido víctima de la trata de personas o a su menoría de edad.

Sissoko, inmigrante maliense que pasó sesenta días en el CIE de Madrid en 2011, no llegó a ser expulsado. “Lo más difícil son los primeros quince días, según me contaron cuando estaba recién llegado. A partir de ese momento, cuando pasan treinta días, aún hay opciones de que te deporten, pero a los cuarenta o cincuenta días, ya puedes estar un poco confiado de que no te van a deportar, aunque no totalmente. Pero bueno, empiezas a pensar que te van a soltar”, relata. La noticia de que iba a ser puesto en libertad le llegó a Sissoko el día que cumplía su periodo máximo de internamiento en el CIE de Aluche: “Llevaba toda la noche con dolor de tripa y pedí ir al médico. Me llamaron por megafonía y pensaba que era por eso. Fui a la consulta y el médico me preguntó que qué hacía allí, porque no me había llamado todavía. Volví a bajar y preguntaron que quién era Sissoko. Dije que era yo y me dijeron que cogiera mis cosas y me fuera. Yo, encantado, subí corriendo, cogí mis cosas y salí. […] Tenía prisa por llegar a mi casa, ducharme, comer bien y relajarme. Para mí era como un sueño. Como nunca había estado en un sitio tan malo como ese, salí con cansancio. Salí como si me hubieran quitado un millón de pesos de encima”.

Sissoko había sido internado en el centro de la ciudad en la que vivía, pero eso no es siempre así, una circunstancia sobre la que pone su atención Antonio Díaz de Freijo: “Hay otro problema que es muy importante y muy injusto: los detenidos en provincias españolas diferentes a Madrid. Los traen aquí, con un gasto impresionante (con uno o dos coches de Policía) pero, a la hora de ponerlos libres, si es a las ocho de la tarde, mejor que a las ocho de la mañana. Se lo dije al director y me contestó: «desde el momento en que yo recibo el acta del juez, si lo retengo y le pasa cualquier cosa, me meten a mí en la cárcel». Se cumple esa barbaridad de poner a las ocho o a las nueve de la tarde a una persona en la calle sin tener adónde ir. Y el pobre chaval, lo que quiere es volver a entrar en el CIE”.

Quienes han pasado por los centros quedan en una situación legal compleja. Haber sido puestos en libertad no implica que su orden de expulsión quede anulada. Esto impide que puedan volver a ser internados, dado que ya han superado el periodo máximo de estancia en el CIE, pero también se convierte en una barrera frente a una posible regularización: “Te dicen «márchate y vuelve dentro de cinco años» [periodo de vigencia de la orden de expulsión]. Quedas manchado y puedes salir de eso jurídicamente, buscando un abogado y pagando una multa, pero cancelar la orden de expulsión cuesta 500 euros. ¿De dónde sacan los 500 euros? Entramos en una dinámica de persona perseguida”, explica el director de Karibu.

La segunda puerta: las deportaciones

La segunda puerta: las deportacionesQuienes conocen el funcionamiento de los CIE y de los procesos de expulsión de extranjeros hablan de dos tipos de deportaciones: las que se producen mediante aviones fletados exclusivamente para ese cometido y las que se realizan a través de vuelos comerciales regulares. Ser expulsado a través de uno u otro método depende del país al que se vaya a realizar la devolución o del número de internos en los CIE que puedan ser repatriados a cada destino.

Según puso de manifiesto una carta abierta de los internos del CIE de Madrid, recogida por eldiario.es, el primer método de expulsión, también conocido como macrovuelos o macrodeportaciones -operados por Air Europa y SwiftAir, tras ganar la concesión pública por valor de 11,8 millones de euros al año [PDF]- cuenta con el agravante de que los deportados son avisados de su expulsión en el último momento o que, incluso, no reciben notificación alguna. Ello, según denuncian los firmantes, impide a los internos despedirse de sus familias o hacerse con sus pertenencias. Esta circunstancia contravendría la resolución del juzgado de control de Madrid, según la cual los internos que vayan a ser expulsados deben saberlo con un mínimo de doce horas de antelación. Para SOS Racismo, este método es cada vez más habitual.

En lo que coinciden ambos métodos de deportación es en los malos tratos de la policía hacia los internos durante su proceso, según buena parte de los entrevistados. Mientras que José María Benito, portavoz del SUP, habla de que los inmigrantes se resisten a la expulsión montando “una pequeña bronca en el avión, no hace falta que sea grave”, para que el piloto no permita el despegue y se evite así la repatriación, Sissoko relata una situación similar y, a la vez, muy distinta.

“[Si te expulsan en una macrodeportación] no puedes hacer nada pero, si vas en avión de pasajeros y te quejas mucho, puedes evitarlo. […] Hay gente que no lo sabe y, como van con nervios, se suben tranquilos y con miedo, para que no les peguen y no les rompan los huesos. Hay gente que vuelve con el cuerpo que ya no vale para nada y la mayoría tiene miedo de eso. Los que no tienen miedo, a los que les da igual morirse, se quejan y gritan, como mi amigo Yaya. […] Él les dijo: «Yo no voy vivo. Si ustedes me quieren mandar, me mandan muerto. Me matan, luego me suben al avión y me mandan a mi país. Vivo no voy». Entonces, lo bajan, lo llevan a un sitio que tienen ellos en el aeropuerto donde dan palizas, lo meten en una furgoneta y lo llevan otra vez a Aluche un par de días y después lo sacan. […] Lo llevaron cinco veces al aeropuerto y las cinco veces le dieron hostias. El chaval volvía con la cara hinchada. Flipa tío, te lo digo de corazón. A cualquier ser humano que viera a ese chaval se le pondrían los pelos de punta”, cuenta.

Una situación similar fue la de Conrado Semedo -aparecida en los medios de comunicación en las últimas fechas-. Nacido en Bembibre (León) y habiendo pasado toda su vida en España, aunque sin la nacionalidad española, Semedo no pudo renovar su permiso de residencia por encontrarse en prisión por menudeo de droga. Tras cumplir su condena, le fue dictaminada la orden de expulsión a Cabo Verde –país de sus padres y del que él tiene la nacionalidad-, que lo esperaba a su salida de la cárcel. Semedo se enfrentó a dos intentos de expulsión y evitó ambos gracias a la intervención de los comandantes de los respectivos vuelos, antes de ser puesto definitivamente en libertad. Mientras que en el primero, el piloto se negó a despegar tras escuchar el testimonio de una azafata que había presenciado la resistencia de Conrado y la actuación de la Policía para reducirlo y subirlo al avión, en la segunda fue la camisa de fuerza que portaba la razón por la que el comandante no permitió su acceso a la nave.

Más allá de la deportación o no, este caso refleja las condiciones en las que pueden llegar a producirse las expulsiones, con los deportados esposados o incluso con camisas de fuerza para evitar cualquier tipo de resistencia. Aunque Antonio Díaz de Freijo recuerda otros casos en los que a los inmigrantes “se les drogaba con Haloperidol para que no protestaran”.

Otra arista especialmente oscura tiene que ver con las deportaciones a terceros Estados, es decir la expulsión de personas “a países que no tienen ningún tipo de vínculo con ellas, […] por los que ni siquiera habían pasado”, como manifiesta María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional España. “Amnistía Internacional mantiene preocupaciones sobre los acuerdos que tiene España de repatriación y de readmisión con terceros Estados, porque en muchos casos no recogen garantías de Derechos Humanos y porque, aunque las recojan, como en el caso de Mauritania, al final son papel mojado, dado que no hay mecanismos de vigilancia y monitorización de las personas que son devueltas”, asegura Serrano.

Antonio Díaz de Freijo habla de estos acuerdos como de “trampas” que España utiliza para deportar a inmigrantes que por falta de tratados con sus países de origen o de reconocimiento de la nacionalidad, no podrían ser expulsados. “Lo que les preocupa es meterlos en el avión. ¿Adónde va el avión? Donde les han permitido aterrizar. Igual no todos son de allí, pero allí los dejan y se lavan las manos olímpicamente. Allí cada uno tiene que buscarse la vida de inmigrante, quedarse, o buscar dinero trabajando o dejándose explotar para volver a su país”, explica el director de Karibu.

Dos países sobresalen cuando se habla de acuerdos para el control migratorio con Europa, tanto en la devolución como a la hora de evitar la llegada: Marruecos y Libia. Díaz de Freijo afirma que “Marruecos actúa en la medida en que recibe beneficios. Si tú le pagas, colabora. […] Con la crisis, esto ha descendido mucho, lo que puede haber hecho que Marruecos haya aflojado. Y de ahí que ahora estemos viendo llegadas muy superiores a las de años anteriores”. Libia, por su parte, ejercía una labor similar durante la etapa de Gadafi, con acuerdos europeos que permitían la devolución a ese país de inmigrantes que no necesariamente tenían la nacionalidad libia, como cuenta Serrano “la Comisión Europea e Italia han dado considerables cantidades de dinero a Libia para que se ocupara de la detención y la gestión de la migración. Y esto cuando la UE conocía que la situación allí de las personas subsaharianas eran las que eran, con arrestos arbitrarios, con torturas en los centros de detención… La UE ha aplicado […] expulsiones que, en muchos casos, no respetan los derechos humanos y acuerdos que no recogen garantías -en Libia no existe un procedimiento de asilo, por lo tanto las personas eran devueltas al peligro de tortura y muerte-”.

Una tercera pata en la mesa sobre la que se asienta la política europea de control migratorio en África se situaría en Mauritania, donde la portavoz de Amnistía Internacional relata que, con dinero de Cooperación Española, se construyó durante la crisis de los cayucos de 2006 un centro de acogida que, en la práctica, servía para “la detención arbitraria de las personas migrantes e incluso solicitantes de asilo y refugiados. Y lo más preocupante era que las personas subsaharianas eran detenidas porque se presumía que querían llegar a Europa”, aunque no hubieran cometido ningún delito. Con un estatus que no recogía la legislación mauritana, la población local bautizó al centro como “Guantanamito”.

La tercera puerta: muertes en los CIE

La opacidad que rodea a los CIE hace muy difícil saber a ciencia cierta un dato tan básico como el número de muertes de internos producidas desde su puesta en funcionamiento. Las cifras bailan y se contradicen, dependiendo de la fuente a la que se acceda.

Samba Martine, congoleña enferma de VIH, falleció en el CIE de Madrid en 2011 por falta de un tratamiento médico adecuado. Tras un largo periplo judicial, la Audiencia Provincial de Madrid decidió, el pasado mes de enero, reabrir la investigación penal sobre la responsabilidad que el servicio médico del centro podría tener en su muerte.

A este fallecimiento habría que sumar, al menos, otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. La primera en salir a la luz fue la de Mohamed Abagui en 2010, joven marroquí que, al parecer, también sufrió “una falta de atención médica”, según Karlos Castilla, abogado mexicano residente en Barcelona y colaborador de SOS Racisme Catalunya. En enero de 2012 fue Idrissa Diallo, guineano, quien perdía la vida en unas circunstancias que no han terminado de aclararse aunque, según Castilla, podría tratarse de un suicidio.

El último caso se produjo el pasado tres de diciembre. El ciudadano armenio Aramayis Manukyan, ‘Alik’, se suicidaba ahorcándose en una celda de aislamiento del CIE de Barcelona. Ante esta situación, las organizaciones que trabajan en el centro –Tanquem els CIE, SOS Racismo y Migra Studium- iniciaron una investigación y se personaron en el proceso judicial. Tras algunas dudas sobre la causa del fallecimiento, motivadas por testimonios que aseguraban que Alik había mantenido enfrentamientos con un agente de Policía poco antes de su muerte, Tanquem els CIE pudo acceder a la grabación del vídeo en el que se observa que, efectivamente, Manukyan se suicidó.

Esto, sin embargo, no ha impedido que la acción legal continúe pues, como explica Karlos Castilla, que forma parte del equipo jurídico que trabaja en el caso, “no es posible que ocurra el suicidio de una persona bajo custodia policial. Cuando una persona estaba en una zona conocida como celda de aislamiento -la cual tiene una videocámara que veía todos sus movimientos-, no es posible que la policía no se haya dado cuenta que esta persona llevó a cabo estos actos: quitarse los cordones, subirlos a estas rejillas, colocarlos y colgarse”. Por ello, para determinar “las acciones o las omisiones que generaron la muerte de Alik”, SOS Racismo se ha mostrado dispuesta, según palabras de Castilla, a “agotar todas las instancias nacionales” e incluso a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que se vea que estas graves omisiones no pueden estar ocurriendo en lugares donde hay personas bajo custodia policial”.

Las dudas en el número total de muertes en los centros las plantea, entre otros puntos oscuros, el caso del ecuatoriano Jonathan Sizalima en 2009, del que no se ha averiguado si perdió la vida en el CIE de Barcelona o en la comisaria. Además, no existe información de fallecidos en los otros seis centros actualmente en funcionamiento.

El día 61: un reglamento que evita los cambios

Hoy, el principal debate en relación a los Centros de Internamiento de Extranjeros tiene que ver con la puesta en marcha del reglamento que, recientemente, anunció el Consejo de Ministros. Postergada su aprobación desde la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la nueva normativa apenas ha realizado cambios sustanciales en la situación que, de facto, ya existía en los centros.

Los CIE seguirán siendo administrados por la Policía y sus directores mantendrán una importante discrecionalidad para determinar el régimen interno de cada uno de ellos. Por otra parte, uno de los puntos que más ha llamado la atención del texto ha sido la posibilidad de que las ONG puedan prestar “servicios de asistencia social” dentro de los CIE si firman convenios o contratos con el gobierno. Sin embargo, esto apenas supone una novedad, pues no deja de ser la función que ya venía realizando una organización humanitaria como Cruz Roja. Y, aunque el texto prevé avances en cuestiones como las horas dedicadas al paseo diurno (de dos a cuatro) o la fiscalización que puedan realizar “organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, la realidad a la que se enfrenten los internos tendrá pocas diferencias con las que han vivido quienes han pasado por ellos hasta el día de hoy.

En cualquier caso, con reglamento o sin él, la ineficiencia de los CIE queda de manifiesto atendiendo a las estadísticas de personas que pasan por ellos cada año y las de quienes son finalmente expulsados. Unas cifras que llaman a la comparación con el coste económico que estos centros tienen para las arcas públicas. Sin apenas datos oficiales hasta la presentación del reglamento, la Fundación Ciudadana Civio colaboró con Mayhem durante la realización de este reportaje para tratar de esclarecer la cuestión. Informaciones de la Agencia EFE hablan de más de ocho millones de euros invertidos durante 2011 en los entonces nueve centros en funcionamiento, sin tener en cuenta el coste que conlleva el personal destinado en los CIE. A ello, habría que sumar más de un millón de euros dedicados a los servicios médicos. Todas ellas son cifras similares a las que aporta el Ministerio del Interior en la nueva normativa, según la cual el gasto anual será de 8,8 millones de euros -sin contar personal-, ampliables en otros 5,5 millones para inversiones y mejoras y a los que se podría sumar una ayuda en forma de “financiación comunitaria”.

Estos datos, sin embargo, no parecen casar con otras publicaciones oficiales, pues solo el contrato firmado en noviembre de 2013 entre el Cuerpo Nacional de Policía y Albie S.A. por el servicio de alimentación, superaría de largo los 8,8 millones de euros destinados a la totalidad de actividades de los centros, más allá de nuevas inversiones y mejoras planificadas. Y todo ello sin contar los 32,8 millones utilizados al año en una cuestión paralela a los CIE, como son las expulsiones de inmigrantes en situación irregular -según datos de 2011-.

María Serrano, sin embargo, prefiere dejar de lado la cuestión económica al considerar que sean estos centros “económicamente viables o inviables, en la medida que no estén acordes con los Derechos Humanos, da igual. Es cierto que, económicamente, si la opinión pública conociera más los datos, que realmente menos del 50% de las personas al final son expulsadas y los efectos tan perniciosos que tiene sobre los Derechos Humanos de las personas el mero hecho de estar internadas, esto también podría cambiar. Pero, obviamente, se lanza un mensaje político: es cierto que el internamiento no cumple la finalidad de expulsión en muchos casos, pero el Estado está lanzando el mensaje de que la migración no es bien recibida”.

Por su parte, representantes de otras ONG como Lluc Sánchez, Karlos Castilla o Antonio Díaz de Freijo se posicionan contra la mera existencia de los CIE y se muestran partidarios de su cierre definitivo. Una idea en la que coinciden con el representante del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito. Pese a que los entrevistados plantean alternativas que van desde la libertad controlada durante el periodo previo a la expulsión, hasta la conversión de los CIE en centros de referencia sin que los internos estuvieran privados de libertad, Lluc Sánchez da un paso más allá y concluye que “la alternativa es clara. Es el respeto por los Derechos Humanos, respeto a que cualquier ciudadano del mundo pueda elegir su lugar de residencia. Pero eso no es una utopía, eso está en la Declaración de los Derechos Humanos. El derecho a migrar, a irte de un sitio donde lo estás pasando mal, es un derecho universal”.

Las consecuencias para quienes pasan en los CIE esos dos meses o para los que son expulsados a un país en el que, en muchos casos, no pueden vivir, se acercan, según relatan los entrevistados, al miedo. Miedo a la policía y a volver a verse encerrados. Miedo a vivir de nuevo esos sesenta días. “Cada vez que veo a la policía cogiendo a alguien, me pongo nervioso, porque no me puede entrar en la cabeza que a la gente, por no tener papeles, la manden a ese sitio. No sé sabe lo que puede pasar con la gente que cogen, a lo mejor les sueltan o a lo mejor no, y eso me pone nervioso. No me gusta, que quieres que te diga. Por otra parte, me hace pensar: oye tío, hay que seguir luchando, la vida es así. La vida es así”. Lo cuenta Sissoko que, tres años después, sigue viviendo en España, con las dificultades a las que se enfrenta una sociedad en crisis, pero acentuadas por pertenecer a un colectivo social especialmente desprotegido. Otros no tuvieron tanta suerte, otros no encontraron la puerta correcta para salir del CIE.

¿Cómo viven los internos? ¿qué sienten durante sus días de encierro?

Hablamos con ellos y con organizaciones que intentan visibilizar lo que ocurre en estos centros

“Pensaba que era el infierno”. Sissoko recuerda nítidamente su entrada en el CIE de Madrid en 2011 y la primera impresión que le generó el centro. Durante la primera noche, sentía miedo. Un miedo que identifica con la incertidumbre de no saber si iba a ser deportado y con las situaciones de violencia a las que pudiera enfrentarse: “Tenía miedo de cagarla y darle la razón a la Policía. Si yo me peleo con alguien dos o tres veces, me van a marcar. Van a decir: 'Ah, a ese tío lo han cogido con razón'. Tenía muchísimo miedo de hacer cosas allí que en la calle, realmente, yo no haría”.

Profundiza Sissoko, maliense de 33 años, en esta idea cuando insiste en una de las cuestiones a las que más importancia da al hablar de su experiencia: la capacidad del Centro de Internamiento para Extranjeros para cambiar a quienes pasan por él. “Ahí no se enseña a ser bueno, se enseña a ser malo. No sé qué quieren. ¿Hacernos delincuentes? ¿Están preparando un sitio para meter a todos los inmigrantes y que aprendamos a ser delincuentes o quieren que seamos buenas personas?”.

Viviendo en un CIE: sesenta días a la espera

Una vez superada la primera noche, y en caso de que la orden de deportación no llegue antes, los inmigrantes detenidos deben esperar en los Centros de Internamiento de Extranjeros sesenta días que pueden resultar eternos. “El día se te hacía muy largo. A veces, salías con más ánimo y tenías ganas de luchar y a veces te levantabas pensando que no, que no querías pasar por eso”, recuerda Sissoko.

En el caso de los recién llegados a España, la sensación de desconcierto e inseguridad es aún mayor. Antonio Díaz de Freijo, director de la Asociación Karibu, Amigos del pueblo africano, explica que, en las visitas de la organización a los internos, estos les transmiten sus incertidumbres, “la soledad en la que viven, sus problemas: '¿Qué va a pasar? ¿Cuándo me echan? ¿Cuándo me mandan a mi país? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué hago cuando salga de aquí? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo puedo tener los papeles?'”.

Las relaciones entre los grupos internos son, en muchos casos, difíciles. A las enormes diferencias culturales que existen entre quienes son obligados a convivir, se unen situaciones de tensión que se reflejan en peleas o robos, como manifiesta Sissoko. Por eso, “el grupo en el que entres” y el apoyo que este te aporte es fundamental para sobrellevar la privación de libertad de la mejor forma posible. Sissoko rememora cómo “nos dábamos cariño entre nosotros, para no calentarnos la cabeza” en los momentos difíciles.

El tiempo de ocio que, para Lluc Sánchez, abogado y miembro de la ONG SOS Racismo, “deja mucho que desear” ya que no existen métodos para gestionarlo, se desarrolla principalmente en el patio. Un espacio donde, según el nuevo reglamento, los internos podrán pasar cuatro horas diarias a partir de su puesta en marcha, por las dos anteriores. Sissoko confirma esa falta de organización en el tiempo libre asegurando que “tú hacías tu propia actividad”, como “la sopa de letras, algún libro, dibujando…” “Si tenía mucho ánimo, jugaba al fútbol o daba vueltas corriendo para hacer ejercicio con grupos. Jugaba a las cartas, a las damas… Nosotros salíamos a las tres. Venía la Cruz Roja y llevaba cosas: el balón, las damas o cartas para pasar el tiempo en el patio”, rememora.

La Cruz Roja es, por el momento, la única organización con acceso al interior de los CIE y, más allá de las visitas que puedan recibir de asociaciones o allegados, el único personal con el que mantienen contacto los internos, además de la Policía, el servicio médico y el personal de mantenimiento. Esto ha dado lugar a algunas críticas puesto que, pese a conocer de primera mano lo que ocurre dentro, la institución humanitaria no realiza denuncias de posibles irregularidades.

Sin embargo, Díaz de Freijo defiende a la organización: “No se puede culpabilizar a las personas que están allí. Como todos los trabajos de la Cruz Roja, en el CIE tienen un convenio para realizar esa actividad y no para otras. Su convenio es para administrar servicios de higiene, de atención o de ropa. No sé si eso lo cubren bien o no -de hecho, a nosotros a veces nos piden estas cosas-, pero lo que no puede hacer la Cruz Roja, por su convenio con el Gobierno, es hacer otras cosas que no tengan que ver con las competencias y el trabajo de sus funcionarios”. A pesar de ello, el director de Karibu sí reconoce que “no en el nivel de las personas que están allí, sino en el nivel de la gerencia de la organización”, quizá la institución podría negarse a trabajar en las condiciones en que lo está haciendo.

Deficiencias: peor que la cárcel

Las denuncias, en cualquier caso, acaban por salir a la luz, principalmente a través de las asociaciones que visitan a los internos pese a que, hasta ahora, no pueden acceder directamente al interior de los centros y solo trabajan con los testimonios que reciben. Algo que, según el nuevo reglamento, podría cambiar, puesto que plantea la posibilidad de que se firmen convenios con ellas para la prestación de servicios asistenciales dentro de los CIE.

Lluc Sánchez, que define las condiciones de vida en los CIE como “precarias”, destaca las dificultades para la comunicación con el exterior a las que tienen que enfrentarse los detenidos, privados de sus teléfonos móviles o de acceso a internet, circunstancia que dificulta aún más el contacto con sus abogados. Para poder comunicarse, los internos suelen depender de tarjetas para utilizar en teléfonos públicos, que las organizaciones que los visitan o la Cruz Roja les proporcionan.

Otra denuncia que realiza Sánchez tiene que ver con el “hacinamiento”. En la celda en que se encontraba Sissoko, había “ocho personas, en literas”, muy por encima de lo habitual en los centros penitenciarios, en los que normalmente conviven solo dos reclusos. En esas celdas, los internos sufren por la imposibilidad para poder acceder al cuarto de baño durante la noche.

“De día, los servicios están abiertos pero, a partir de las nueve, a cada uno lo metían en su celda. […] Si tú tenías ganas por la noche de ir al baño, llamabas. La Policía a veces iba y a veces no. Tenías que mear en una botella. Si necesitas cagar, tienes que gritar. Tus compañeros tienen que ayudarte a pegar golpes para que ellos sepan que, si no te dejan salir, no van a poder dormir tranquilos”, dice Sissoko. En Barcelona, esas noches son especialmente frías, según relata Karlos Castilla, abogado mexicano residente en Barcelona y colaborador de SOS Racisme Catalunya, puesto que “solo tienen un cobertor pequeño que o les cubre la parte de arriba o los pies. Dormir en esas circunstancias no es nada sano”.

Sin embargo, si hay una carencia que ha levantado críticas unánimes y una máxima preocupación sobre las condiciones de vida en los CIE, tiene que ver con el tratamiento médico. Preguntados por esta situación, la respuesta de los entrevistados es unánime: el estado de la asistencia sanitaria en los centros es inaceptable. “No te dan nada. Nada más que Ibuprofeno o Paracetamol. Te pase lo que te pase, te dan Ibuprofeno. No hay más tratamiento para los enfermos”, afirma Sissoko.

Una idea en la que profundiza Lluc Sánchez: “Aquí, en Madrid, hay una subcontrata con una enfermera y una médica. Es un servicio deficiente. La prueba está que ha habido fallecimientos por una falta de asistencia médica. Y lo que nos relatan los internos es que parece ser que la detección y el tratamiento de las enfermedades no es el mejor”. Esta situación, que Karlos Castilla reconoce también en el CIE de Barcelona, dio lugar a la muerte de Samba Martine en Aluche, en diciembre de 2011. “Era una chica que tenía SIDA y parece que no se lo detectaron en el CIE. También parece que falló la historia médica. No le vino del CETI –centros similares en Ceuta y Melilla que, normalmente, constituyen un paso previo a la entrada en el CIE- y allí no detectaron que tenía el VIH”, asegura Sánchez.

“A lo que nos han llevado ya las autoridades es a pedir que a las personas migrantes o a las personas extranjeras se las trate, al menos, como si estuvieran en un centro penitenciario. Con la gravedad que esto implica”, concluye Karlos Castilla acerca de lo que supone pasar sesenta días encerrado en un CIE. Una reflexión en la que coinciden buena parte de los entrevistados y que sintetiza Sissoko: “Yo hubiera preferido estar en la cárcel. En la cárcel tienes tele y de todo. Los delincuentes están más liberados que nosotros”.

La Policía: el lugar donde nadie quiere estar

Otra denuncia recurrente por parte de los internos tiene que ver con las carencias que presenta la alimentación del CIE. Fue esta situación la que dio lugar al mayor enfrentamiento entre Sissoko y los policías que trabajaban en el recinto durante su internamiento: “Tres personas nos quejamos de que había muy poca comida. Nos subieron a los tres -a un colombiano, un dominicano y a mí- y nos encerraron. Ese día entero estuvimos sin comer, porque decían que nos habíamos quejado para que la gente se rebelase”.

Tanto antes de que se aprobase el reglamento como ahora, la Policía tiene el control absoluto de los centros. De hecho, la nueva legislación refuerza la figura del director, encargado de determinar las normas de régimen interno. Una responsabilidad que recae sobre un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, lo que puede dar lugar a arbitrariedades, como reconoce José María Benito, portavoz del SUP: “Si no están reguladas ni la estancia de los internos en el centro, ni las funciones del personal que está trabajando ahí, lógicamente habrá problemas de todo tipo. Y de hecho los hay”.

Buena parte de estos problemas vienen motivados por el hecho de que los policías que trabajan en los centros no consideran adecuada su labor, lo que da lugar a una importante frustración entre los agentes allí destinados: “Los CIE son centros de detención de personas que no han cometido ningún delito, sino una sanción administrativa con la que la ley permite tenerlos hasta sesenta días internados. Encargar de eso a la Policía, cuando ni es su misión ni está preparada para ello, es un error de bulto. […] Nadie quiere estar en los CIE, por varias razones. Primero, porque entienden que no es una función policial. Los policías e inspectores han estado preparándose durante años para realizar trabajos de protección de la seguridad ciudadana, de investigación… Pero no para estar en un CIE, que es lo más parecido, salvando las distancias, a un centro de detención o una cárcel. Por eso, cuando llega gente nueva, la Dirección General de Policía les destina allí para relevar a los agentes que se encuentran en los CIE prácticamente obligados. Y la dinámica se repite año a año cada vez que sale una nueva promoción”, agrega el representante del SUP.

Esta constante rotación a la que hace referencia Benito, unida a la falta de una formación específica –otra cuestión que se plantea mejorar el reglamento-, dificulta aún más la relación entre internos y policías, ya de por sí tensa. “Nosotros hemos recabado testimonios” asegura Lluc Sánchez, “donde se han relatado malos tratos, tanto en el CIE como en Barajas, o en el trayecto del CIE a Barajas, cuando se va a ejecutar esa expulsión”. Pese a que en la práctica totalidad de los testimonios recabados existe una coincidencia al asegurar que la mayor parte de los maltratos a internos tienen lugar durante el proceso de la propia expulsión, estos también se dan en el interior, según todos los entrevistados. Una realidad que han recogido en repetidas ocasiones los medios de comunicación y que llegó a denunciar en su momento el relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas.

José María Benito, que se muestra contundente en su valoración negativa de este tipo de actuaciones, afirma que estas no responden a un patrón, sino “individualmente al agente que las comete” y afirma que “como norma general, y ahí están los datos, a la gente no se le tortura ni se le maltrata en los CIE, sino que se les trata bastante bien. Hay casos aislados pero, cuando han pasado, ha sido por una suma de circunstancias: la falta de preparación de los agentes y, en algunos casos, el comportamiento inadecuado en los centros, incluso con agresiones”.

María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional España, va más allá en su crítica a las situaciones de malos tratos y aporta un punto de vista distinto, poniendo el foco en que “es muy grave que, cuando ocurre, no se investigue. Así, hay una impunidad efectiva, que se agrava especialmente porque las personas migrantes están en situaciones de irregularidad, internados, con dificultades de denuncia, de acceso al exterior… Y, además, algunas de ellas son expulsadas, con lo cual el acceso a la justicia es aún más difícil”. Para solucionar estos problemas, Serrano recuerda que “el mecanismo nacional de prevención de la tortura hace visitas periódicas, pero es necesario que existan cámaras, protocolos de actuación”.

El nuevo reglamento mantiene a la Policía como única responsable de la seguridad en los centros, pero José María Benito recuerda que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dentro de su Ley de Seguridad Privada, manifestó anteriormente que podría otorgar esas labores a empresas privadas de vigilancia. Un contexto muy diferente al de la normativa recién aprobada pero que, para Benito, no supone solución alguna, ya que “nosotros seguimos siendo los directores del CIE con lo que, ahora, en lugar de desarrollar la labor de seguridad nosotros mismos, tendríamos que controlar a los vigilantes”. Lluc Sánchez, por su parte, se muestra mucho más tajante en su crítica a esa posibilidad: “que se haga un negocio del Centro de Internamiento de Extranjeros nos parece algo horrible, directamente. En el fondo, que los CIE los gestionen entidades privadas con ánimo de lucro es un modelo que no está inventado aquí. Viene de los Estados Unidos. Si una entidad privada se puede lucrar con el sufrimiento humano, habrá gente a la que le parezca bien, como por ejemplo al ministro. A nosotros, nos parece horrible”.

Para José María Benito, la solución pasaría entonces por “dar paso a las ONG. Los internos son personas que no han cometido ningún delito, por lo que debería ser una labor de asistentes sociales, ONG, personal de ayuda humanitaria y abogados que les ayuden a gestionar su situación de posible expulsión. Y, por encima de todos ellos, no debería estar un policía, sino un funcionario del estado cualificado para la tarea”.

Las organizaciones: de la fiscalización a la ayuda humanitaria

Uno de los avances más destacados de los últimos años en los CIE fue, precisamente, en ese sentido. La posibilidad otorgada a las organizaciones sin ánimo de lucro de poder acceder a la zona de visitas de los CIE para entrar en contacto con los internos ha permitido arrojar algo de luz sobre la realidad que se vive en los centros. En Madrid y Barcelona son varias las asociaciones que trabajan con los internos, llevando a cabo diversas labores.

La primera función consiste, para Lluc Sánchez, en la fiscalización del CIE “para que, en el trato con los internos, si nos quieren contar algún caso de malos tratos, o para alguna queja, nosotros hacemos un poco de intermediadores con el juzgado de control del CIE”. Dichos juzgados, única instancia ante la que pueden llegar a responder los responsables de los centros, “han hecho mucho. Por ejemplo, para que, a los internados que van a ser expulsados, se les anuncie con el debido tiempo que van a ser expulsados y a qué lugar [ya que, tras una resolución de estos tribunales, existe la obligación de notificar al interno su expulsión con 12 horas de antelación]” reconoce María Serrano. Una “segunda labor”, para Lluc Sánchez, consistiría en “asesorar e informar a los internos de su situación legal. Un caso, por ejemplo, es que no saben cuál es su abogado de oficio. Pues intentamos contactar con el Colegio de Abogados para ver si podemos dar con su teléfono”.

Las condiciones de trabajo de las organizaciones en los centros varían según el CIE y vienen determinadas, como cualquier otra cuestión, por la dirección del centro. En Madrid, las distintas asociaciones trabajan de forma coordinada, aunque “según los colectivos y la organización, se trabaja de diferentes maneras”, dice Antonio Díaz de Freijo. La asociación dirigida por Díaz de Freijo, Karibu, centrada en los inmigrantes procedentes de África subsahariana, opta, además de por las funciones ya mencionadas, “por prestar una ayuda humanitaria a las personas que están y les falta contacto, visibilidad”.

Karibu atendió a 300 internos en 2012, una cifra superada en “más del doble” el pasado año. “Lo principal es darles la base de contactar con su familia, sea aquí o en su país de origen, para que no conste durante sesenta días que esta persona ha desaparecido del mapa del mundo. Es muy sencillo y el coste no es enorme: les damos una tarjeta de teléfono para que se puedan poner en contacto con ellos. […] En otros casos, hay situaciones más graves, como con los que acaban de llegar. A los que llevan aquí mucho tiempo los ayudamos con trámites de cierta necesidad: pedir un papel, una partida de nacimiento para que les den un pasaporte… Otra de las cosas en que ayudamos es dándoles cosas de primera necesidad, como ropa”, explica.

En cualquier caso, existe una dificultad añadida para los internos, pues tienen que ser ellos los que soliciten ser visitados por una de las organizaciones, a pesar de la desorientación que existe en muchos casos, especialmente para quienes acaban de llegar a España. Sin embargo, como reconoce Díaz de Freijo “en nuestro trabajo, tienes que aceptar participar de un juego con el que no estás de acuerdo”, puesto que el posicionamiento mayoritario de las ONG es contrario a la mera existencia de los centros.

Como otras organizaciones de ciudades diferentes, en Barcelona, SOS Racisme Catalunya lleva a cabo una labor paralela a la que realiza dentro del CIE fuera de él, de cara a conseguir una mayor sensibilización acerca de la situación. “Lo llamamos el Bus Turístico”, explica Karlos Castilla, “de una forma un tanto irónica. Llevamos a personas en el autobús 109 -que es el que sale de Plaza España hacia el CIE- y les contamos un poco la situación. Los llevamos frente al centro, a la hora de la visita de los familiares, para que vean la realidad, aún desde fuera, de lo que significa. Cuando las madres o las esposas salen destrozadas o llorando, o llegan con los hijos. Todo lo que desde fuera podemos ver y sensibiliza de la grave situación que se vive en estos centros”.

La labor de las organizaciones es normalmente reconocida por los internos. Sissoko fue visitado por una de ellas durante su internamiento en el CIE de Madrid, que le asesoró para denunciar a los policías a los que acusaba de haberle golpeado durante su detención. “Ellos me ayudaron mucho, me llevaron un montón de gente de la asociación para que fuera a verme. Les expliqué todo lo que había pasado. […] Todo el mundo sabe que un civil contra la Policía no puede hacer nada, pero ellos me dijeron: 'eso no se sabe, Sissoko. Hasta que no luchas, no se sabe'. Así que les dije que adelante”.

A todas estas funciones, se une la de escuchar las preocupaciones y las incertidumbres de los internos, tratando de apoyarles afectiva y psicológicamente durante una estancia que suele ser larga, plagada de conflictos y dudas. Avanzan las horas y los días a la espera de la salida, aunque esta puede desembocar en caminos tan diferentes como los que llevaron a los internos a verse recluidos en los centros. Desde la puesta en libertad, hasta la deportación a un país extraño, pasando por el creciente número de fallecimientos de los últimos años, dejar atrás el CIE puede tener un significado distinto para cada uno de los internos que atraviesan sus puertas.

La primera parte de "Sesenta días" trata del proceso anterior a la llegada al centro, donde prima el desconocimiento

Y el paso previo: los controles de identificación discriminatorios que, aunque han disminuido, continúan existiendo

Son varios los caminos que pueden llevar a una persona a verse internada en un CIE. De ellos, hay uno que ha suscitado una especial contestación social: las redadas a inmigrantes. Descubiertas durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, en la última etapa de gobierno socialista, estas tenían un modus operandi muy definido. Los agentes de policía se situaban en zonas de tránsito habitual de extranjeros (bocas de metro de barrios con una importante población inmigrante o locutorios) y solicitaban la documentación a todo aquel que, por su perfil racial, pudiera ser un extranjero en situación irregular.

Sissoko, maliense de 33 años, encontró el inicio de su camino hacia el CIE de Aluche, en Madrid, a la salida de una estación con un nombre entre premonitorio e irónico: Las Suertes.

“Fue más o menos a las tres o tres y media de la tarde. Estaba saliendo de un curso de peluquería e iba de camino a otro de carpintería. Recuerdo que tenía hambre. Íbamos tres compañeros y me pidieron los papeles. Yo les dije que no tenía, que lo único que llevaba era el abono transportes. Me dijeron que lo sacara, se lo di y llamaron a la central. No sabía lo que pasaba, pero entonces me cogieron con fuerza. Les pedí que me explicaran lo que estaba pasando, porque no lo entendía. Ellos me dijeron que me callara, que tenía derecho a guardar silencio. Yo quería saber qué pasaba.

Pensaba que el agente se había confundido. Entonces, me empezaron a golpear. Mi compañero dio un par de gritos, pero no pudimos hacer nada, porque ellos eran dos policías pegándome con porras hasta que se me llevaron.“ La detención de Sissoko se produjo en 2011, ”cinco o seis años“ después de su llegada a España y tras haber recibido en cuatro ocasiones la negativa al solicitar el permiso de residencia.

“Esto se hacía por una razón puramente estadística. Cada seis meses, el ministro del Interior comparece en el Parlamento y explica los detenidos y la situación de la delincuencia en nuestro país.El problema es que en cada comparecencia quería presentar más detenidos que en la anterior. Y los inmigrantes irregulares, aunque no hayan cometido ningún delito, cuentan como detenidos para la estadística”.

Quien lo explica es José María Benito, portavoz del SUP, sindicato policial que, en su momento, se posicionó contra estas prácticas. De esa situación, pasar a un sistema de cupos de detención de inmigrantes por países de origen no suponía un gran salto. Era un paso casi lógico. “Se nos daban instrucciones -algún comisario incluso cometió la imprudencia de hacerlo por escrito- para detener a personas de determinado país. Decían, por ejemplo, «interesa la detención de argelinos», porque ellos calculaban que, con el tiempo que podían pasar los detenidos en el CIE, se podía preparar un vuelo a Argelia. Tan simple y tan retorcido como eso”, explica Benito.

El representante del SUP considera que estas prácticas “se han reducido drásticamente, hasta el punto de que yo me atrevería a decir que no existen”. Una opinión que no comparte Lluc Sánchez, abogado y miembro de la ONG SOS Racismo, para quien lo único que ha cambiado es “la forma de desarrollarlas”.

“Ahora han intentado invisibilizarlas, y lo que hemos detectado es que hay redadas dentro del metro, con policías vestidos de paisano, etcétera”, abunda. Coincide con Sánchez María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional España, quien, recogiendo datos aportados por el propio Ministerio del Interior, destaca que “la población migrante, siendo proporcionalmente menor a la española, tiene mayores posibilidades de ser parada e identificada”, práctica que se acentúa en el caso de “magrebíes y subsaharianos”, como recuerda Serrano que puso de manifiesto el Instituto de Derechos Humanos de Valencia. Una tendencia, la de las identificaciones por perfil racial, que para la portavoz de AI es “institucional, estructural” y que resulta de la equiparación entre “criminalidad y migración”.

La llegada desde África: el CIE como bienvenida

La llegada desde África: el CIE como bienvenidaAntonio Díaz de Freijo, director de la Asociación Karibu, Amigos del pueblo africano, coincide con Sánchez y Serrano, aunque pone el acento sobre otra forma de detención que, de forma regular, nutre a los CIE con nuevos internos. Son “las personas que detienen en los cayucos, en las pateras o en los saltos de las vallas.

Nosotros vemos en las imágenes de televisión la acogida impresionante y humanitaria [«la fotografía de medicamentos y comida de la Cruz Roja», como la define en otro momento de la entrevista], pero eso dura los cinco minutos que sale por la televisión. De ahí pasan a los centros de detención y se producen los trámites para retornarlos a sus países.“

Para Díaz de Freijo, con los sistemas fronterizos instalados durante los últimos diez años “son muy pocos los que pueden huir del control policial, porque los sistemas modernos de alambradas que existen hacen un control más efectivo. Hoy, la gran mayoría son detenidos, en torno al 75%, y pasan a los centros de internamiento.”

De este modo, el CIE se convierte en el primer contacto con España para una parte significativa de sus nuevos habitantes, ya que la mayoría de los inmigrantes africanos, tras pasar por los centros, “se quedan, son muy pocos los que pueden retornar. La excepción son los de Senegal y Marruecos pero, a los demás, es muy difícil.”

La cárcel: una convivencia preocupante

La cárcel: una convivencia preocupanteUna tercera vía de entrada está en la cárcel. “Desde 2010, por una reforma del Código Penal, se está poniendo en los CIE a personas con antecedentes penales. Esto es una grave situación, porque sirve para criminalizar a todos, para criminalizar a la inmigración misma”, dice dice Karlos Castilla, abogado mexicano residente en Barcelona y colaborador de SOS Racisme Catalunya.

“Esto también genera que, dentro de los CIE, se generen más conflictos, más situaciones tensas. Los abogados que trabajan en derecho penal también deben poner mucha atención en esto. El CIE y los policías que están allí no tienen la preparación para atender casos que pueden ser de peligrosidad mínima, pero que no cumplen con las necesidades de rehabilitación y de reinserción”.

Esta es una de las situaciones que, supuestamente, tratará de corregir el nuevo reglamento aprobado este viernes. Aunque, atendiendo a su redacción, no parece muy ambicioso: “Se procurará” la separación de los internos con condena penal de aquellos que no han cometido delito alguno, explican desde Interior.

Antonio Díaz de Freijo -a quien también preocupa esta situación- habla, por su parte, de aquellos convictos que ya han cumplido su pena en prisión y que son puestos en libertad: “lo que se suele hacer con estas personas es que, tras abrir la puerta de la cárcel, viene un policía y les pide la documentación. No la tienen y pasan a los CIE, porque es la única forma que tienen de expulsarlos”.

Por último, José María Benito también reconoce a un grupo de internos que han podido cometer delitos “poco importantes, por los que se enfrenten a una pena máxima con un determinado límite. No estamos hablando de delincuentes peligrosos, sino de alguien que ha cometido un robo, que ha participado en una pelea u otras infracciones menores”, y que no llegan a ser juzgados ni, por lo tanto, condenados, a cambio de ser internados en el CIE y que se les inicie un proceso de expulsión.

Lluc Sánchez afirma que, buena parte de los que forman este último grupo han sido imputados “casualmente, por delitos de resistencia a la autoridad”. “En este sentido, hemos detectado que la Policía, ciertas veces, cuando hace una redada a ciudadanos extranjeros, denuncia con un poco de alegría por resistencia a las personas.”

A una situación similar se enfrentó Sissoko cuando fue dictaminado su internamiento en el CIE de Madrid. Frente a sus acusaciones de malos tratos durante la detención, los agentes denunciaron que Sissoko había lanzado piedras contra ellos con anterioridad.

“Por favor, ¿cómo va a hacer eso un 'sin papeles'? Los inmigrantes que estamos aquí no tenemos cojones para lanzar una piedra. […] El juez dijo: «yo no estuve allí. Tú has dado tu palabra y la policía la suya». Claro, porque me pegaron. Ellos tenían que decir algo para defenderse. Sabían que la habían cagado y me querían joder vivo. […] ¿Qué se creen, que soy un recién llegado a España? ¿Que en mi país no hay policía? ¿Que en mi país no hay ley?”

Ante este cruce de acusaciones, el juez dio la opción a Sissoko de entrar en el CIE de Madrid, permanecer allí “sesenta días y, si tenía suerte, me quedaba aquí y, si no, me iba a mí país. Yo le dije que encantado, porque no soy ningún delincuente, ni en mi país, ni mucho menos en el tiempo que llevo aquí. Nunca me ha parado la policía, ninguna vez, y llevaba más de seis años. Nunca me habían detenido en mi vida. Y encima, a mí, por gilipollas, me maltratan y luego me denuncian”.

En el camino: desorientación

En el camino: desorientaciónYa en el camino hacia el CIE, buena parte de los inmigrantes coinciden en su desconocimiento de la situación jurídica en la que se encuentran. El contacto con sus abogados, mayoritariamente de oficio, puede llegar a limitarse a la comparecencia de internamiento en el juzgado y se producen “casos en los que los internos no tienen ni el teléfono, ni el nombre” de sus representantes legales, como reconoce Lluc Sánchez.

También Amnistía Internacional, según traslada María Serrano, ha detectado “numerosas insuficiencias en la asistencia letrada a la población inmigrante”, una situación que se agrava “porque la detención e internamiento de una persona son ordenados en el lugar donde geográficamente se encuentra, pero Centros de Internamiento solo hay en algunas partes de España y se produce un traslado. Con lo cual, el abogado [al que el interno] que conoce del juzgado puede no ser el mismo que el que asiste dentro del CIE”.

Así, los inmigrantes en procesos de expulsión no conocen, en muchas ocasiones, el escenario legal al que se enfrentan, ni su capacidad de recurrir por cuestiones como el arraigo, la solicitud de asilo o por ser víctimas de trata. Ya es tarde. Llegados a este punto, las puertas se cierran y el internamiento se vuelve inevitable. Es el final del camino hacia el CIE y, por delante, sesenta días de encierro que suelen estar marcados por la incertidumbre y el miedo esperan al nuevo interno.