El 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En dicha Declaración se alude a los cambios normativos llevados a cabo durante el último año en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se recogen – sin ánimo de ser exhaustivo –, un elenco de las normas aprobadas en el último año con una incidencia directa en el abordaje de la violencia de género, a saber:

Se observa una importante actividad legislativa en lo que afecta a la violencia de género. Ahora bien, ¿en qué términos se concretan los cambios y/o novedades introducidas? Veámoslo a continuación:

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora y de las consideraciones críticas que se puedan articular, lo cierto y verdad es que resta ver cuál es la afectación en la práctica de todas las novedades comentadas. Máxime si lo que se busca es acabar con este tipo de violencia. Y en este punto resulta esencial apuntar brevemente cómo las modificaciones introducidas parten de una premisa previa: la denuncia. Premisa que no siempre se da por los múltiples factores ya comentados (aquí, aquí y aquí) y la especificidad de este tipo de violencia.

El 7 de octubre conocimos el avance de resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a septiembre de 2015 (Estudio nº 3109). Como viene siendo habitual junto a las tradicionales preguntas relacionadas con la situación económica y la situación política general en España hay una pregunta (pregunta nº 7) que resulta muy reveladora desde el punto de vista de la percepción social de los principales problemas existentes actualmente.  La pregunta está formulada en los siguientes términos: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”. Pues bien, entre los ítems a marcar – en primer, segundo y tercer lugar – se encuentran los siguientes: el paro, las drogas, la inseguridad ciudadana, el terrorismo (ETA), las infraestructuras, la sanidad, la vivienda, los problemas de índole económica, los problemas relacionados con la calidad del empleo, etc. En el puesto 19 de este elenco se encuentra “la violencia contra las mujeres” y en el lugar 27 “los problemas relacionados con la mujer”. Pues bien, un análisis detenido de los datos que arroja esta pregunta a lo largo de la serie histórica pone de manifiesto la escasa percepción social de la violencia de género como uno de los principales problemas a atajar. En la misma línea se encuentra – pese a su indefinición y/o falta de concreción – los “problemas relacionados con la mujer”. Pero veamos los datos que ofrece la última encuesta del CIS (septiembre de 2015). Y es que para un 55,4% de personas (de un total de 2.491) el paro es el principal (y primer) problema, seguido de la corrupción y el fraude marcado por el 15,4% y de los problemas de índole económica señalado por un 7,9% de las personas encuestadas como primera (y principal) opción. En el caso de la violencia contra las mujeres solo un 0,2% de las personas encuestadas – o lo que es lo mismo solo 4,9 personas de un total de 2.491 – lo marcaron como primer (y principal) problema de España. Si bien es cierto que para un 0,5% de las personas encuestadas se sitúa como el segundo problema y para un 0,6% como el tercer problema. Sin duda son datos para pensar, máxime teniendo en cuenta que la encuesta se realizó entre el 2 y el 12 de septiembre y, por tanto, tras un verano negro en el que un total de 34 mujeres fueron asesinadas por hombres (meses de junio-agosto) según los datos registrados por Feminicidio.net. Los datos evidencian una importante falta de concienciación social y también percepción crítica ante este tipo de violencia a pesar de la leve mejora (muy leve) que se puede atisbar con respecto a encuestas anteriores (julio 2015, junio 2015, mayo 2015, abril 2015, marzo 2015, febrero 2015 y enero 2015).

Otra pregunta que se incluye en la encuesta del CIS y que arroja también unos datos similares es la pregunta nº 8 cuyo tenor literal es el siguiente: “¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”. Pues bien los datos – sintéticamente – son los siguientes. Los tres primeros puestos en cuanto a los problemas que más les afectan a las personas encuestadas son: el paro (34,4%), los problemas de índole económica (11,2%) y la corrupción y el fraude (5,9%). Con respecto a los datos sobre violencia contra las mujeres, un 0,1% de las personas encuestadas señalaron que éste era el problema que más le afectaba en segundo y tercer lugar – no hay datos con respecto a ser éste el primer problema por el que se ven afectadas las personas encuestadas.  Por su parte, llama la atención que el ítem correspondiente a “los problemas relacionados con la mujer” no fuera marcado como primer problema ni como tercero y no contenga datos con respecto a ser considerado como el segundo problema por el que se ven afectadas (directa o indirectamente) las personas encuestadas. 

Son muchas las reflexiones que el análisis de estos datos sugieren desde la lógica crítica de la perspectiva de género. Sobre todo si de lo que se trata es de advertir cómo la lógica patriarcal se ha encargado de neutralizar (e inocular) determinados elementos que dificultan una percepción crítica/social de todos esas conductas (y formas de ser y estar) que dan muestras día sí (y día también) de la desigualdad estructural que genera el sistema sexo/género. Una desigualdad que no es anodina sino que interesa al discurso dominante/patriarcal por cuanto no cuestiona las estructuras de poder socio/sexual y, por tanto, impide que sea percibido como problema para muchas personas – sirva como ejemplo los datos del CIS brevemente comentados. Y si no es percibido como problema, obviamente, no se articulan los mecanismos necesarios para su solución. Decía S. Harding (1987) que “(...) no existe problema alguno si no hay una persona (o grupo de personas) que lo defina como tal y lo padezca”. Pues bien, ahí estamos con respecto a la violencia de género. Y ahí están los movimientos de mujeres y feministas que han marcado y señalado como un grave problema social la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo – con las implicaciones conceptuales que esta precisión terminológica lleva implícita. Y que han conseguido trasladar al escenario público/político – al escenario donde se debaten los asuntos importantes y donde se toman acuerdos y decisiones, al escenario desde donde se ejerce y se gestiona el poder – este tipo de violencia inaceptable para una sociedad democrática avanzada. La clave para los feminismos (y para el feminismo jurídico, en particular) estriba en hacer de la esfera personal también un espacio político – algo que no es nuevo – pero de suma importancia porque como decía B. Sichtermann (1986) “(...) una mujer en el parlamento o en una plataforma política equivale a hacer público algo tan personal como (…) el bajo de una falda (...)”. La Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del próximo día 7 de noviembre cabría encuadrarla dentro de esta línea crítica que confiere carácter público/político 'lo inaceptable' de la violencia de género y 'lo incomprensible' de ese 'silencio cómplice' que deviene en 'tolerancia social' cuando no se actúa. Titulaba este post 'Nadie hablará de nosotras …' y por nosotras para denunciar la violencia de género y, en este punto, retorno a las palabras de Harding para marcar la violencia de género como un grave problema que socava las estructuras democráticas de cualquier sociedad avanzada por cuanto afecta a los derechos más esenciales de más de la mitad de la humanidad. 'Nadie hablará de nosotras … o, puede que sí'.

El martes 18 de agosto el Congreso de los Diputados –en sesión extraordinaria del Pleno– aprobaba cinco resoluciones a la comunicación del Gobierno que respalda el tercer paquete de ayudas a Grecia después de que el Eurogrupo le diera el respaldo político en la reunión del 14 de agosto y emplazaba al Gobierno a respaldar la aprobación definitva. Sin perjuicio de las consideraciones críticas que los términos del debate planteado por el Gobierno pudieran suscitar el presente post se centra en la declaración institucional contra la violencia de género que consensuaron todos los grupos parlamentarios con posterioridad. Y es que si bien es cierto que a efectos simbólicos y de posicionamiento institucional la declaración tiene un innegable valor, sin embargo, es conveniente realizar algunas precisiones sobre su contenido. Pero vayamos por partes y detengámonos en algunos aspectos concretos.

La declaración institucional hace un llamamiento al Ejecutivo y a las administraciones autonómicas y locales para que –dice textualmente– : “redoblen sus esfuerzos por prevenir estos hechos y apoyar a las víctimas, mostrando, a la vez, su total desprecio hacia los maltratadores (…)”. Pues bien, dos aspectos a considerar:

Siguiendo con el análisis de la declaración institucional, se observa como se insta a la Administración de Justicia a una mayor atención y sensibilidad hacia este 'fenómeno'. Sin duda, el papel de la Administración de Justicia en el abordaje de la violencia de género resulta nuclear a la hora de tutelar y garantizar los derechos afectados y a la hora de observar la llamada 'diligencia debida' en los términos del Convenio de Estambul. Ahora bien, la declaración institucional alude a la violencia de género como un 'fenómeno': ¿es correcta esa apelación? Y es que la RAE delimita conceptualmente 'fenómeno' – en su segunda acepción – en los siguientes términos: “Cosa extraordinaria y sorprendente”. Sin duda, los datos sobre asesinatos machistas en lo que llevamos de 2015 – 25 mujeres asesinadas y 8 casos en estudio según datos oficiales – dificultan hablar de la violencia de género como un fenómeno. La misma dificultad pero más agravada la encontramos si cogemos los datos sobre asesinatos de mujeres por violencia machista del periodo comprendido entre 2003-2015. La gráfica que se muestra a continuación recoge los datos sobre asesinatos de mujeres por violencia machista entre 2003-2014.

Pero es que, además, la violencia de género no se reduce solo a los asesinatos – esa es solo una parte. La violencia de género va mucho más allá a través de actos de control, hostigamiento, abuso emocional, amenazas, coacciones, agresiones, etc., que se van sucediendo cíclicamente a lo largo del tiempo durante la vigencia de la relación afectiva/conviencial (y, en muchas ocasiones, una vez acabada ésta). Por tanto, no estamos ante hechos aislados sino que forman parte de la estrategia de control del agresor y modelan un tipo de relación asimétrica y desigual. De ahí la dificultad de catalogar la violencia de género como 'fenómeno', esto es, como algo extraordinario y sorpresivo.

Un apartado importante de la declaración institucional lo constituye la alusión que se hace – de forma expresa – a las y los menores expuestos a la violencia de género. En concreto, hijas e hijos de madres que sufren este tipo de violencia y que – normalmente – son instrumentalizados por el agresor en su ejercicio de control. La declaración institucional apela a los cambios introducidos en la materia a través de la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Normas que han entrado en vigor recientemente y entre cuyos aspectos más relevantes se encuentra la conceptuación de las y los menores como víctimas directas de violencia de género y la precisión conceptual – a nivel normativo – de expresiones tan importantes para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las y los menores como 'interés superior del menor' y el derecho de éstos a ser escuchados.

Sin ánimo de restar importancia a estas cuestiones en materia de protección de menores sí cabe señalar que realmente no estamos – strictu sensu – ante ninguna novedad. Y es que si bien es cierto que se podría hablar de una deficiente protección de las y los menores en el ámbito de la violencia de género con la regulación anterior, realmente no estábamos ante un problema de dicción literal de la norma – aunque también – sino de aplicación práctica de la misma y, por tanto, de eficacia normativa. Obviamente, la nueva regulación clarifica ciertos aspectos pero – en última instancia – la protección de las y los menores sigue estando en el ámbito de la aplicación e interpretación normativa. Por tanto, nos queda esperar y ver en qué términos se concreta ésta.

Con respecto a otras cuestiones que recoge la declaración institucional cabe reseñar, en primer lugar, la apelación que se hace a la implicación de la sociedad en general ante los casos de violencia de género. Una implicación que requiere de políticas de concienciación y sensibilización. Máxime teniendo en cuenta los datos de la serie histórica del CIS en donde la preocupación por la violencia machista ha ocupado y ocupa un lugar muy marginal. En segundo lugar, la declaración rinde homenaje a las víctimas indirectas de este tipo de violencia. Sin duda es un aspecto a tener en cuenta y es que no nombrarlas sesga la verdadera dimensión de este tipo de violencia. Los datos son contundentes cuando en lo que llevamos de año la violencia machista no solo se ha cobrado la vida de 33 mujeres (parejas o ex parejas) sino que también le ha costado la vida a 8 menores (hijas e hijos de mujeres víctimas), 3 varones (hermanos y/o nuevas parejas de la víctima) y 2 mujeres (hermana y amiga de la víctima).

La declaración institucional concluye señalando que España es un ejemplo a nivel internacional en la lucha contra la violencia machista. Pues bien, no basta con haber sido un referente – a nivel normativo – en la lucha contra la erradicación de este tipo de violencia. Resulta insuficiente. El Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica deja muy poco espacio para otro tipo de interpretaciones.

Llegados a este punto, considero que resulta desafortunado catalogar la violencia machista como 'fenómeno' … Lamentablemente poco tiene de sorpresivo y extraordinario – hoy por hoy – para muchas mujeres.

El diccionario de la RAE define riesgo – en su primera acepción - en los siguientes términos: “Contingencia o proximidad de un daño”. A los objetos de este post puede parecer – quizás – una definición un tanto anodina máxime cuando de lo que se trata es de llamar la atención sobre una cuestión que no admite muchas objeciones. Y es que resulta un hecho constatado que el ser mujer constituye un riesgo. Los datos son los que son y no dejan lugar a otras interpretaciones. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – en su Informe de 2014 – un 22% de las mujeres que han tenido una relación de pareja con un hombre ha experimentado violencia física o sexual por su parte. Otros datos que evidencian que el hecho de ser mujer constituye un riesgo son los siguientes: un 5% de las europeas mayores de 15 años ha sido violada (en datos absolutos estamos hablando de 9 millones de mujeres en Europa), un 43% de mujeres europeas ha sufrido alguna forma de violencia psicológica por parte de su actual pareja masculina o de una anterior, un 55% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de acoso sexual (el equivalente a 100 millones de mujeres). Pero ¡ojo! hay un dato en el informe referenciado que no se debe minusvalorar. Y es que algo más de la mitad de las mujeres europeas, en concreto, un 53% procura evitar ciertos lugares o situaciones por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales.

Pero sigamos con el análisis de datos – en este caso – los proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Informe “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud” aproximadamente un 35% de las mujeres han sufrido violencia ya sea por su pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas. Sobre este dato conviene significar que el estudio pone de manifiesto que la violencia en el ámbito afectivo/convivencial es el tipo de violencia más común afectando a un 30% de las mujeres en todo el mundo. Pero hay un dato – si cabe – más alarmante y es que un 38% del número total de feminicidios en todo el mundo se da en el ámbito conyugal por parte de la pareja o ex pareja.

Centrándonos en España los datos siguen la misma tónica alarmante. Y es que si el Balance de Criminalidad que hizo público del Ministerio del Interior en enero de 2014 correspondiente al año 2013 recogía un descenso generalizado de la criminalidad en nuestro país, sin embargo, en el apartado correspondiente a la violencia contra las mujeres esa tendencia descendente cambiaba de sentido. Como datos que evidencian ese riesgo de ser mujeres caben destacar: un aumento de un 1,4% de las violaciones y un aumento de los asesinatos por parte de la pareja o ex pareja en un 3%.

Los asesinatos machistas de los últimos días ponen de manifiesto que la violencia que sufren las mujeres es una violencia estructural que no es sexualmente neutra ni obedece a hechos aislados realizados al azar. Es una violencia con un componente sexista imposible de obviar y que viene determinado por lo que supone ser mujer en un contexto político, social, económico y cultural de desigualdad.

Señalaba en líneas anteriores que un 53% de las mujeres europeas procura evitar ciertos lugares o situaciones por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales. Un dato para pensar ¡y mucho! Sobre todo porque – siguiendo a Celia Amorós – evidencia que las mujeres 'tenemos toque de queda' y eso es muy grave en un Estado que se autodefine como social y democrático de Derecho. Titulaba este post: “El riesgo de ser mujeres” … y ahí lo dejo.

El pasado 30 de marzo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hacía público el avance de datos correspondientes a la Macroencuesta sobre violencia de género 2015. Un documento que – a buen seguro – ayudará a profundizar en este tipo de violencia que como ya he comentado (aquí, aquí y aquí) difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y es que el objetivo de la Macroencuesta (con esta ya son cinco: 1999, 2002, 2006 y 2011) no ha sido (y no es) otro que radiografiar la realidad de una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Una violencia que en los últimos diez años – en España – ha costado la vida a más de 800 mujeres (este año las mujeres asesinadas son 22 - más 3 casos en estudio –  según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y que en 2004 consiguió unir al Parlamento español para aprobar por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Centrando el presente post en el análisis de los datos de la Macroencuesta de 2015, conviene aludir primeramente a las novedades que ésta introduce con respecto a las anteriores. Entre las más significativas cabe destacar que los datos se han obtenido de las entrevistas presenciales – antes era vía telefónica – de mujeres de 16 y más años residentes en España (sobre una muestra de 10.171 mujeres). Además, y a diferencia de otros años, se han diferenciado cinco bloques de preguntas atendiendo a tipos de violencia, en este caso, se ha distinguido entre: violencia psicológica de control, violencia psicológica emocional, violencia económica, violencia física y violencia sexual. Quizás, se echa en falta alguna referencia a la violencia institucional. Por otra parte, un aspecto no menor en este tipo de violencia, ha sido la pregunta de 'control' introducida para intentar detectar situaciones de violencia no reveladas tratando de conocer si las mujeres entrevistadas han sentido miedo – alguna vez – de su pareja actual o de parejas anteriores.

Entrando en el examen de las cifras que arroja la Macroencuesta cabe comentar algunos aspectos resaltados por los medios de comunicación y por la propia nota de prensa del Ministerio.   Y es que se habla de que un 77,6% de las mujeres maltratadas ha conseguido abandonar la violencia de género lo que supone un incremento en cinco puntos con respecto a los datos de la encuesta anterior en donde el porcentaje se situaba en un 72,5%. Sin duda, éste es un buen dato. Ahora bien, ¿qué significa que un 77,6% de mujeres haya conseguido abandonar la violencia de género  teniendo en cuenta que este tipo de violencia es una violencia extendida y continuada? Fijaos que tanto en la encuesta de 2015 como en la de 2011 se calcula este porcentaje hallando la diferencia entre las mujeres que manifestaron haber sufrido violencia de género alguna vez en su vida y las que afirmaron no haberlo sufrido en el último año. En este punto conviene precisar que cuando se habla de violencia extendida se alude a que son otros los sujetos (relacionados con la mujer) los que también pueden ser destinatarios de este tipo de violencia (piénsese en las hijas e hijos) y cuando se habla de violencia continuada se pretende establecer una diferencia entre violencia (que es continuada en el tiempo) y agresión (que suele ser puntual).  Otro dato significativo – relacionado con el anterior – y que supone una novedad en la encuesta de 2015 es el relativo a si la situación de violencia de género fue el motivo para acabar con la relación: el 67,4% afirmó que sí. ¡Ojo! Mi comentario – en este caso – busca significar que finalizar la relación no siempre garantiza la salida de la violencia aunque, eso sí, es un primer paso (considérese, por ejemplo, las situaciones de acoso, hostigamiento, amenazas, etc. que sufren muchas víctimas tras la separación y/o el divorcio).

Pero sigamos con el estudio de los datos. Según la Macroencuesta correspondiente a 2015 un 12,5% de mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia física y/o violencia sexual de su pareja o ex pareja en algún momento de su vida. Comparando este porcentaje con su correlativo de 2011 se observa un incremento. Pero vayamos a los datos absolutos. Y es que si en España hay actualmente 20.358.827 mujeres mayores de 15 años (según los datos del padrón municipal correspondientes a 2014), más de dos millones y medio han sufrido violencia física y/o sexual alguna vez en la vida por parte de su pareja o ex pareja. Se ha comentado que esta cifra es inferior a la media europea en donde el porcentaje asciende al 22%. No obstante, una de las hipótesis de estudio no es que el índice de violencia física y/o sexual en España sea más bajo sino que la percepción del mismo por parte de muchas mujeres es menor. Sin duda, este aspecto tiene mucho que ver con el deficiente desarrollo de políticas de sensibilización.

Con respecto a los otros tipos de violencia, a saber: psicológica de control, psicológica emocional y económica, los porcentajes serían los siguientes: un 25,4% de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control alguna vez en la vida, un 21,9% ha sufrido violencia psicológica emocional y un 10,8% ha sufrido violencia económica. En el último año los porcentajes serían los siguientes: 9,2%, 7,9% y 2,5%, respectivamente para cada tipo de violencia.

Trasladando estos porcentajes a datos absolutos las cifras son demoledoras y es que estamos hablando de que en España en los últimos 12 meses más de un millón y medio de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control y psicológica emocional y más de medio millón de mujeres ha sufrido violencia económica.

Ahora bien, ¿cuáles son los datos sobre el 'miedo'? Sin duda resultan muy significativos. Y es que el 13% de las mujeres residentes en España ha sentido miedo en algún momento de su vida de su pareja o ex pareja. Con respecto al miedo de la pareja actual, un 2,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sentido miedo en algún momento de la relación. Trasladado a datos absolutos esto implica que más de dos millones y medio de mujeres han sentido miedo en algún momento de su vida de su pareja o ex pareja y más de medio millón de mujeres han sentido miedo de su pareja actual en algún momento de la relación. Nótese que por miedo entendemos una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o amenaza del mismo, que suele paralizar y, normalmente, da lugar a que se desarrollen mecanismos de alerta por parte de la persona que lo sufre. Por tanto, con una importante incidencia en la salud física y psíquica de la persona afectada (piénsese, por ejemplo, en el Síndrome de Indefensión Aprendida, Síndrome de Estocolmo, etc).

En lo que atañe a los datos sobre denuncias, asistencia a servicios de atención a las víctimas y personas del entorno de la misma, ¿qué lectura cabe realizar? Con respecto a las denuncias, en el 26,8% de los casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tenido conocimiento. De este porcentaje, en el 78% de los casos fue la propia víctima la que denunció su situación mientras que en un 20,1% fue una tercera persona la que lo hizo.

Ahora bien, centrando la atención en los motivos por los cuales las mujeres que sufren violencia no lo denuncian cabe destacar tres, principalmente: no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), miedo (26,56%) y vergüenza (21,08%). Fijaos que el 'miedo' aparece de nuevo, en este caso, como mecanismo que 'paraliza' a la víctima para denunciar su situación y, por ende, articular mecanismos para salir de la misma. Pero hay otros motivos aunque con una incidencia menor, tales como: carecer de recursos económicos propios (10,36%), auto-inculpación (9,22%), dependencia emocional (9,05%), miedo a perder a los hijos/as (8,36%), temor a que se cuestione su credibilidad (8,23%) y, no menos importante, no querer que su pareja o ex pareja fuera arrestada (7,39%) o no querer que sus hijos/as perdiesen a su padre (6,79%). Por último, aunque con un porcentaje mucho menor, otro motivo para no denunciar es por disuasión por parte de la propia pareja o de un tercero (3,92%).

Relacionado con la denuncia un dato significativo y sobre el que prestar atención es el relativo al porcentaje de mujeres que denunciaron su situación de violencia y a pesar de ello continuaron con la relación (27,5%). Un dato no menor que pone de manifiesto las particularidades de este tipo de violencia y las múltiples dependencias comentadas en otros posts. Junto a este dato otro especialmente importante es el de la retirada de las denuncias (20,9%) que – como ya se ha comentado – si bien estamos ante delitos públicos perseguibles de oficio si que es cierto que la no persistencia en la incriminación condicionará el resultado final del procedimiento. En cuanto a los motivos aducidos para la retirada de las denuncias cabe destacar: la promesa por parte del agresor de que los hechos no se iban a producir más (29,35%), la esperanza de cambio en la conducta del agresor por parte de la víctima (28,66%), el miedo (28,59%), ser el padre de sus hijos/as (24,86%), sentimiento de pena hacia el agresor por parte de la víctima (23,95%), amenazas (20,82%), carecer de recursos económicos propios (12,82%), etc. De nuevo el miedo aparece también aquí como motivo por el cual muchas mujeres renuncian a seguir con el procedimiento tras la denuncia. Y tras el miedo el resto de justificaciones están muy relacionadas con la fuerte influencia de nuestra forma de socialización patriarcal en el ámbito afectivo/sentimental (téngase en cuenta el rol de esposa, madre y cuidadora que desde él se extrapola).

En cuanto a la asistencia social integral, un 45% de las mujeres que ha sufrido violencia de género ha acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal: 29,22% asistencia psicológica o psiquiátrica; 22,36% médico/a o centro de salud; 15,97% asistencia legal; 13,13 servicios sociales; y, 3,95% teléfono 016.

Al hilo de la asistencia social integral, no todas las mujeres que sufren violencia de género han solicitado servicios de ayuda. Los motivos que aducen son: no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (50,03%), vergüenza (16,37%) y miedo (14,56%). Y ¿cuáles son las reflexiones críticas ante estos datos? De nuevo las críticas deben focalizarse en el deficiente desarrollo de políticas de sensibilización y detección así como en las escasas políticas destinadas al ámbito de la educación e información.

Llegados a este punto cabe aludir breve pero críticamente a esa ausencia de un bloque específico de preguntas relacionadas con la ‘violencia institucional’ de género. Máxime si lo que se trata es de radiografiar la realidad de este tipo de violencia. Y es que téngase en cuenta que la Macroencuesta arroja datos nada despreciables sobre víctimas que renuncian al procedimiento, víctimas que temen que se dude sobre su credibilidad o de víctimas que tienen miedo a perder a sus hijas e hijos, por poner solo algunos ejemplos. Sin duda esto induce a pensar en una cierta desconfianza institucional por parte de las víctimas. Algo muy grave si se conceptúa la violencia de género como forma de discriminación. Y es que desde esta óptica conceptual las obligaciones (y responsabilidades) estatales no se pueden ni se deben obviar.

El 25 de junio de 2015 el Pleno del Tribunal Constitucional (TC, en adelante) otorgó el amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer en la oficina de farmacia de la llamada 'píldora del día después'. Pues bien, tras la lectura de la sentencia referenciada así como de los dos votos particulares (uno y otro) y del voto concurrente del propio ponente de la sentencia son muchas las cuestiones sobre las que reflexionar. Cuestiones que – incluso – nos permiten ir más allá de la propia delimitación constitucional del derecho a la objeción de conciencia: alcance del derecho, naturaleza jurídica, límites y garantías. Aspectos – éstos – suficientemente consolidados tras un análisis de la evolución de la propia doctrina constitucional a través de su jurisprudencia. Véanse si no – en este sentido – las SSTC 53/1985, FJ. 14; 15/1982, FJ. 6; y, 161/1987, FJ. 3, entre otras. Y junto a estas sentencias no dejen de leer tampoco la STS 3059/2009, de 11 de mayo así como la STEDH de 2 de octubre de 2001, caso Pichon y Sajous c. Francia.

De las referencias jurisprudenciales anteriores se podrían colegir una serie de puntos esenciales que han constituido la tónica general a la hora de la concreción constitucional de la objeción de conciencia. Tónica no exenta de una lógica evolución en donde se advierten cambios de criterios pero que – en cualquier caso – han ido marcando una línea evolutiva muy clara que parece diluirse en una más que evidente y preocupante tendencia involucionista tras la sentencia del pasado 25 de junio. Véamos cuáles han sido los puntos esenciales en los que se ha concretado objeción de conciencia:

Pero centremos – en estos momentos – el análisis en el contenido de las sentencias emanadas del máximo intérprete constitucional y que han contribuido a perfilar el derecho a la objeción de conciencia:

Pues bien, llegados a este punto cabría apuntar algunas cuestiones para la reflexión: a) ¿Qué cambia con respecto a la objeción de conciencia tras la sentencia del TC del pasado 25 de junio?; b) ¿A qué responde este cambio en la doctrinal constitucional?; y, c) ¿Por qué ahora?

Con respecto a la primera cuestión, brevemente, cabe señalar que – salvando sendos votos particulares –  y sin entrar a analizar los óbices procesales, en particular, la 'especial trascendencia constitucional' sobre la que se podría hablar largo y tendido, la sentencia del TC viene a dar un vuelco a su propia doctrina con respecto a la objeción de conciencia – como señala el profesor Miguel Presno –  el TC se mete en el túnel del tiempo. Y es que el máximo intérprete constitucional considera que la sanción administrativa impuesta al recurrente en amparo por no tener las existencias mínimas de la 'píldora del día después' vulnera el derecho de éste a la libertad ideológica garantizado en el art. 16.1 CE. Ahora bien, ¿en base a qué argumentos? Pues ni más ni menos que en base al FJ. 14 de la STC 53/1985 en donde el TC sin entrar a analizar a fondo el derecho a la objeción de conciencia en supuestos de interrupción voluntaria del embarazo sí parece reconocerle fundamentalidad. ¡Ojo!, resulta importante – en este caso – tener en cuenta el contexto social, económico y jurídico de aquellos años y la cuestión sobre la que el TC debatía en esos momentos. En cualquier caso, y si se apela a la más que discutible fundamentalidad – en los términos expuestos – del derecho a la objeción de conciencia se debe precisar que ésta no es absoluta y que requiere de la necesaria ponderación con otros derechos, valores y principios constitucionales pero sobre todo – en el caso concreto objeto de análisis – requiere que ésta se realice desde el reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos y, en particular, desde el reconocimiento a las mujeres – como parte de su subjetividad jurídica y política – de los derechos sexuales y reproductivos.

Expuesto lo anterior – y sin intención de agotar otras cuestiones que también subyacen tras la lectura de esta sentencia –  sí considero oportuno intentar dar respuesta a las dos preguntas siguientes. A saber: a) ¿A qué responde este cambio en la doctrina constitucional?; y, b) ¿Por qué ahora?

Pues bien, en relación al por qué de este cambio en la doctrina constitucional no parece que haya muchas dudas y es que recurrir – en los términos en los que se ha hecho – a la STC 53/1985 como argumento base para resolver el recurso de amparo presentado parece querer abonar el campo ante una futura sentencia sobre Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo - recordemos que está pendiente que el TC resuelva el recurso de inconstitucionalidad. Por último, con respecto al por qué se falla ahora en estos términos. Esto implica hipotetizar pero, en cualquier caso, conviene tener en cuenta los intentos más o menos fallidos por cambiar la actual Ley de salud sexual y reproductiva.

Ahora bien, ¿qué es lo que subyace detrás? Creo que no está demás puntualizar – a vuela pluma – que todo esto responde a la abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos. Abstracción que afecta, y mucho, a la vida de las mujeres en donde frente a la autonomía propia de los sujetos que deciden se contrapone la heteronomía de los sujetos sobre los que otros deciden. El caso de la píldora poscoital constituye un claro exponente y no deja mucho espacio para otras interpretaciones.

El viernes 12 de junio el Grupo de Expertos/as en Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público el informe de datos judiciales estadísticos sobre violencia de género correspondientes al primer trimestre de 2015. Entre los datos que cabe reseñar cabe prestar especial atención a las denuncias por violencia machista. Y es que se observa una disminución en las denuncias presentadas en el primer trimestre de 2015 con respecto al trimestre de 2014. En este sentido cabe destacar que mientras que en estos primeros tres meses del año 2015, el número de denuncias presentadas por violencia machista se situó en 30.293, en 2014 el número de denuncias ascendió a 30.411. Se observa en este último año un descenso del 0,4%. Descenso que, quizás, no sea muy acusado pero que cruzado con otros datos como las renuncias a seguir con el procedimiento, el acogimiento a la dispensa para no declarar, los sobreseimientos, etc. revelan dimensiones de este tipo de violencia que es necesario abordar.

El gráfico que sigue recoge los datos sobre denuncias correspondientes al primer trimestre de los años comprendidos 2010-2015. Se aprecia una tendencia reduccionista en el número de denuncias presentadas. Así, mientras que en 2010 y 2011 el número de denuncias se situó en 32.492, en 2013 sufrió un notable retroceso situándose en 29.487 – la más baja del periodo seleccionado.

Siguiendo con el análisis de las denuncias presentadas por violencia machista corresponde – en estos momentos – determinar ¿quién o quiénes denuncian las situaciones de maltrato en el ámbito afectivo/convivencial? Pues bien, el gráfico que sigue recoge los datos sobre esta cuestión.

Se observa como la mayoría de las denuncias por violencia machista provienen de atestados policiales con denuncia de la víctima (19.495), le siguen los atestados policiales por intervención directa policial (4.650) y los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (3.529). A continuación, se sitúan las denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado (1.399), las denuncias por servicios de asistencia o terceros en general (641), las denuncias que provienen de atestados policiales con denuncia de familiares (346) y, por último, las denuncias presentadas directamente por familiares en el juzgado (233).

Siguiendo con el estudio de los datos de denuncias por violencia machista corresponde en estos momentos llamar la atención sobre el escaso número de denuncias presentados por familiares de la víctima. Una cuestión que no es nueva ya que se repite a lo largo de la serie histórica en los datos judiciales estadísticos del CGPJ y que también recogió la Macroencuesta sobre violencia de género 2015.

Relacionando los datos sobre denuncias con las víctimas mortales por violencia machista en lo que llevamos de 2015, conviene significar que de un total de 14 víctimas mortales (según los datos provisionales de la ficha-resumen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) solo tres habían presentado denuncia. En dos de los casos la denuncia había sido presentada por la propia víctima mientras que en uno la denuncia había sido presentada por otra persona.

Tras los datos expuestos las preguntas que subyacen podrían ser: ¿Por qué las víctimas no denuncian?; o, ¿Por qué no se denuncia la violencia machista?

Pues bien, centrando la atención en los motivos por los cuales las víctimas no denuncian se podrían destacar principalmente tres (recogidos en la Macroencuesta de 2015): no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), miedo (26,56%) y vergüenza (21,08%). Pero junto a éstos hay otros que aunque tienen una incidencia menor conviene no minusvalorar, entre ellos: carecer de recursos económicos propios (8,36%), autoinculpación (9,22%), dependencia emocional (9,05%), miedo a perder a los hijos/as (8,36%), temor a que se cuestione su credibilidad (8,23%) y, no menos importante, no querer que su pareja o ex pareja fuera arrestada (7,39%) o no querer que sus hijos/as perdiesen a su padre (6,79%). Por último, aunque con un porcentaje mucho menor, otro motivo para no denunciar es por disuasión por parte de la propia pareja o de un tercero (3,92%).

A bote pronto, una lectura rápida de los motivos aducidos para no denunciar nos permite relacionarlos con la propia forma de socialización patriarcal y los mandatos patriarcales del sistema sexo/género en el ámbito afectivo/convivencial. Mandatos que hacen ver como normal situaciones que constituyen auténticos abusos de poder. En este punto los datos relacionados con el no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida, los datos sobre el miedo que paraliza e inmoviliza a las víctimas o los relacionados con ese sentimiento de vergüenza que albergan resultan significativos. Por no citar los referidos a la autoinculpación, el miedo a perder a los hijos e hijas o los relativos a que se cuestione su credibilidad.

Llegados a este punto, y para concluir este post, simplemente apunto algunas reflexiones sobre las implicaciones de la denuncia. Y es que denunciar la violencia machista no es fácil (y menos para las víctimas) porque lleva de suyo un posicionamiento claro frente al pacto patriarcal. Supone romper con el contrato sexual sobre el que se han erigido (y erigen) las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. De ahí los obstáculos y resistencias que tienen que sortear las víctimas si deciden denunciar pese a que el discurso oficial las anima a ello. Y hablar de obstáculos y resistencias en el ámbito de la violencia machista no es nuevo. Ya lo apuntaba Stuart Mill (1806-1873) cuando denunciaba la dimensión patriarcal de la Justicia y cuando señalaba como la mujer “es la única persona (…) que, después de probado ante los jueces que ha sido víctima de una injusticia, se queda entregada al injusto, al reo. Por eso las mujeres apenas se atreven, ni aún después de malos tratamientos muy largos y odiosos, a reclamar la acción de las leyes que intentan protegerlas; y si en el colmo de la indignación o cediendo a algún consejo recurren a ellas, no tardan en hacer cuanto sea posible por ocultar sus miserias, por interceder en favor de su tirano y evitarle el castigo que merece”.

Obviamente, la situación actual no se corresponde totalmente por la descrita por el autor de 'La esclavitud femenina' pero sí se dan muchos elementos de convergencia como cabe extrapolar del fragmento extracto en este post.

El lunes 4 de mayo nos despertábamos con el asesinato machista de una mujer de 47 años a manos su pareja en Almeria. Conforme avanzaba el día otro asesinato – esta vez de un menor a manos de la pareja sentimental de la madre – era conocido en Torrevieja. Además, en el caso de Almeria la violencia machista costó la vida a otra persona del ámbito laboral de la víctima. Cuatro días después de estos hechos – el viernes 8 de mayo – conocíamos otro asesinato machista. Esta vez,  la víctima se encontraba en el Complexo Hospitalario Universitaria de Ourense donde permanecía ingresada – al parecer – por una agresión anterior por parte de su marido. Y esta semana otros dos asesinatos machistas en menos de 48 horas engrosaban esta macabra lista. Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hablan de 12 víctimas mortales por violencia machista (vid. Ley Integral) en lo que llevamos de año y un caso en estudio. Además, esos mismos datos hablan de un menor asesinado por violencia machista y 16 menores que han quedado huérfanos por este tipo de violencia. Los datos son contundentes y muestran la realidad más brutal de este tipo de violencia: la que mata, la que asesina. Una realidad que nos habla de que solo dos de las mujeres asesinadas en lo que va de año había denunciado su situación de maltrato y que, por ende, solo dos habían obtenido una orden de protección (solo vigente en uno de los casos). Toca preguntarse por qué y para ello una lectura crítica de la Macroencuesta de 2015 nos arroja muchas luces. Y es que – hoy por hoy – el análisis de casos nos permitiría – incluso – hablar de una cierta 'edad de riesgo' de ser víctima mortal de este tipo de violencia. Fíjese que 4 de las víctimas mortales de este año tenían edades comprendidas entre 21-30 años y 3 de las víctimas tenían entre 31-40 años así como entre 41-50 años. Pero si tomamos la variable edad de las víctimas mortales de violencia machista en el período comprendido entre 2003-2012 (según datos del VI Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer)  observamos que un total de 177 mujeres de entre 31 a 40 años fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas (27%). Otra franja de 'edad de riesgo' que cabe significar es la comprendida entre los 21 a 30 años en donde durante ese periodo de tiempo fueron asesinadas un total de 151 mujeres (22,9%). Le siguen por tramos de edad las mujeres de entre 41 a 50 años con 126 mujeres asesinadas (19,1%) y las mujeres de más de 64 años con 85 mujeres asesinadas (12,91%).

Pues bien, partiendo de los anteriores datos sobre la variable edad de las víctimas mortales, una de las hipótesis a tener en cuenta a la hora de determinar por qué las mujeres de entre 21 a 40 años tienen estadísticamente un mayor riesgo de ser asesinadas por este tipo de violencia no es otra que estamos ante grupos cuyas edades les hacen estar potencialmente más sensibilizadas (y/o concienciadas) ante este tipo de violencia lo que resulta determinante para que – llegado el momento – decidan dar por finalizada la relación (algo de imposible aceptación para el agresor y momento de mayor incremento del riesgo).

Otro dato a tener en cuenta, y que resulta también coincidente a lo largo de la serie histórica, es el relativo a la relación de convivencia entre la víctima y el agresor en el momento del asesinato. Y es que en 9 de los 12 asesinatos por violencia machista en 2015 la víctima convivía con su agresor. Durante el periodo 2003-2012, en el 65% de los asesinatos por violencia machista había convivencia entre la víctima y el agresor. Porcentaje que se incrementó en 2012 con un 71,2%. Desde el punto de vista del análisis de casos resulta relevante poner en relación estos datos con los del factor edad en la medida en que muchas de las víctimas mortales se encontraban en trámites de separación y, por tanto, en un momento en el que la ruptura de la pareja era ya un hecho. Fijaos que en 2015, los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre este extremo informan que la relación entre la víctima y el agresor era de 'pareja o en fase de separación' en 7 de los 12 casos.

Sin duda son datos para pensar y reflexionar pero sobre todo para actuar. Y es que mucho se ha comentado sobre la especificidad de este tipo de violencia (aquí, aquí, aquí y aquí) y sobre sus particularidades (por qué las víctimas no denuncian, por qué una vez que han denunciado se retractan, etc.). Desde distintos foros se ha hablado (y se habla) de la necesidad de un pacto de Estado, de la necesidad de la formación específica de todas y todos los operadores, del compromiso firme y decidido por parte de los poderes públicos, etc. (¡Ojo!, estamos en año electoral). Los datos de la Macroencuesta y de las estadísticas que periódicamente se publican requieren de lecturas críticas y propuestas concretas de actuación. Y es que no hacer nada (o no hacer lo suficiente) implica aceptar como inevitable este tipo de violencia. Es más, implica aceptar el pacto patriarcal sobre la que se sustenta. Algo inaceptable para una sociedad que presume de democrática y avanzada. Y es que no podemos ignorar la existencia de una cierta 'violencia de género institucional' ante la incapacidad de los poderes públicos de dar respuesta efectivas y eficaces ante este tipo de violencia.

Recordemos a Soledad Cazorla que nos dejaba el pasado 4 de mayo y recordemos cómo en su lucha contra este tipo de violencia apelaba a que los poderes públicos debían centrarse en la prevención, la sanción y la protección y asistencia a las víctimas. Ya lo decía ella cuando señalaba que combatir esta peculiar violencia no era tarea fácil, o cuando advertía que el camino iba a ser largo y tortuoso (y lo vemos). Es más, señalaba que el camino iba a ir acompañado de 'inclemencias' de toda índole. Hoy, recordamos a Soledad Cazorla y a todo su trabajo en la lucha contra este tipo de violencia y a cómo reclamaba la especialización. Especialización y formación cuya justificación – precisaba – “no (era) tanto por la complejidad técnico-jurídica de la materia (que también), sino por la exigencia de una especial profesionalidad-sensibilidad ante el problema de esta singular violencia”.  De ahí que instara a las y los profesionales, en especial del ámbito jurídico, a estar formados no solo en el derecho a aplicar sino en la aproximación a otras materias extra jurídicas que pudieran ayudar a conocer y acertar en las decisiones que desde cada ámbito profesional competen. Me quedo con esta última parte y con esa invitación para 'acertar' en las decisiones contra este tipo de violencia. Los últimos asesinatos machistas evidencian que no se está acertando en las decisiones que se adoptan y que no se está protegiendo adecuadamente a las víctimas. El caso de Ourense no deja lugar a dudas. Habrá que preguntarse por qué y apelar de nuevo a ese Pacto de Estado contra la violencia machista que requiere de voluntad política pero, además, de profesionalidad-sensibilidad – como decía Soledad Cazorla – para su abordaje.

El pasado 30 de octubre de 2014 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo negaba la custodia compartida de un menor al rechazar el recurso presentado por el padre en un proceso de divorcio. El Alto Tribunal funda su decisión en la 'conflictividad' existente en la relación entre los progenitores (diversos medios se hicieron eco de la noticia: aquí, aquí y aquí). La sentencia no deja de ser novedosa en la medida en que es el propio Supremo el que matiza su doctrina. Y es que no hay que olvidar que ya en abril de 2013 el Alto Tribunal sentó doctrina sobre la custodia compartida al conceptuarla como la 'mejor solución' tras la separación de los progenitores (véase la STS de 29 de abril de 2013). Sentencia que sirvió de base junto a otras (STS de 8 de octubre de 2009; STS de 25 de noviembre de 2013, o, la propia sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de octubre) para la reforma que prepara el ejecutivo sobre esta materia. Las manifestaciones del anterior titular de Justicia en la presentación en Consejo de Ministros (19/07/2013) del Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio no dejaban espacio para otro tipo de interpretaciones y la custodia compartida se proyectaba – en esos momentos – como la opción preferente, incluso, al margen de la opinión de los progenitores, esto es, aunque ninguno de los dos la hubiera solicitado. No obstante, los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial sobre la materia auguraban algún que otro cambio (posiblemente menor) en la redacción inicial del anteproyecto reseñado al mostrar su rechazo a que la autoridad judicial pudiera adoptar la custodia compartida sin que ninguno de los progenitores la hubiera pedido (está por ver si la reforma proyectada se lleva al Consejo de Ministros en las próximas semanas y en los términos en los que se lleva. Máxime teniendo en cuenta las últimas noticias recogidas en prensa y la petición de la retirada del Anteproyecto por más de 50 asociaciones de mujeres).

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de custodia compartida? ¿Qué implicaciones tiene para los progenitores la adopción de esta modalidad de custodia con respecto a la custodia exclusiva? ¿Qué novedades introduce la modificación proyectada  por el ejecutivo con respecto a la regulación actual? ¿Cuáles son los requisitos a observar que se derivan de la STS de 29 de abril de 2013 y que, con anterioridad, ya se recogió en la STS de 8 de octubre de 2009? ¿Y qué novedades introduce la reciente STS de 30 de octubre de 2014 que es necesario que tenga en cuenta el pre-legislador ante la reforma proyectada?

Pues bien, con respecto a las primeras cuestiones cabe precisar que la 'custodia compartida' (o 'alternativa') implica que el cuidado y atención diario y habitual de las hijas e hijos se reparta entre los progenitores en periodos de tiempo estipulados en convenio y de duración similar. Supone un régimen totalmente distinto al de la custodia exclusiva en donde es uno de los progenitores el que asume el cuidado y la atención diaria mientras que el otro tiene reconocido el ejercicio del llamado 'derecho de visita'. Estamos ante una modalidad ya prevista en nuestro actual Código Civil (vid. art. 92.4, 5, 6, 7 y 8) por lo que no cabe hablar de 'novedad' a este respecto ante la futura regulación. Sí cabe, por el contrario, apelar a la observancia de una serie de requisitos asentados por el Supremo para su adopción y que, en todo caso, se erigen en garantías para que la custodia compartida sea efectiva y se desarrolle adecuadamente. Requisitos entre los que cabe destacar que la custodia compartida sea solicitada por ambos progenitores (o, por uno, con el consentimiento del otro) y que entre ellos exista una voluntad de entendimiento y/o colaboración. Asimismo, y puestos a garantizar una igualdad efectiva y real, se hace necesario ahondar en la estructuración de las relaciones interpersonales no solo en el momento de la ruptura familiar (afectiva/convivencial y/o matrimonial) sino también durante la vigencia de esa convivencia (corresponsabilidad). Por tanto, cuando en la proyectada reforma se busca eliminar el carácter excepcional de este tipo de custodia y se habla de que pueda ser impuesta por la autoridad judicial, hay que tener muy claro que la preferencia de la misma nunca puede ir contra la voluntad de los progenitores, máxime si de lo que se trata es de garantizar el 'interés superior' de las y los menores. Pero es más, si la justificación de la reforma es igualitaria, se hace necesario reflexionar críticamente sobre las desigualdades de género que subyacen en las relaciones afectivas/convivenciales (véanse los datos cuantitativos a través de las encuestas de los usos de tiempo de hombres y mujeres o los datos de la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados  de unos y otras en el INE). Y es que se corre el riesgo de que el discurso igualitario no traspase su dimensión liberal (igualdad normativa) sin profundizar en la realidad social. Además, repárese en los efectos patrimoniales que llevará aparejada la reforma y, por si esto fuera poco, téngase en cuenta que esta modalidad está proscrita en casos de violencia de género y que no todas las víctimas de este tipo de violencia denuncian por lo que el discurso formalmente igualitario puede invisibilizar estas situaciones.

En lo que atañe a los criterios a tener en cuenta por la autoridad judicial para la adopción de este tipo de custodia (STS de 29 de abril de 2014), cabe reseñar que es requisito esencial que, al menos, uno de los progenitores solicite la custodia compartida (lo ideal sería que se solicitara por ambos). Además, junto al criterio anterior el Supremo ha venido reiterando la observancia de otros requisitos adicionales que resultan esenciales a la hora de acordar la custodia compartida como: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con las o los menores; los deseos manifestados por las y los menores (derecho a ser oídos); el número de hijas e hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con las hijas e hijos; el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente así como cualquier otro aspecto y/o circunstancia que garantice esa máxima del ‘interés superior’ de las y los menores. Por tanto, y así lo explicita el Supremo, el actual art. 92 CC debe interpretarse de tal forma que siempre se prime el favor filii, esto es, el interés de las y los menores, especialmente si la opción de la custodia compartida se postula como preferente por lo que cabe colegir que ese carácter preferente no supone una carta en blanco para el juzgador/ra.

Expuesto lo anterior, ¿qué dice la STS de 30 de octubre de 2014 frente a la doctrina anterior? La sentencia apela al carácter preferente de la custodia compartida y reproduce los términos en los que debe ser interpretado el actual art. 92 del CC para garantizar el ya citado 'interés superior' de las y los menores. No obstante, matiza que ni el art. 92 del CC ni el art. 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor definen lo que cabe entender por esta máxima, de ahí que para su garantía el Supremo exija una premisa adicional (y aquí está la novedad) a la hora de compartir la custodia. ¿Y cuál es esa premisa previa? Cito textualmente: “la necesidad de que entre los padres exista una relación de muto respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional (...)”. Se exige, en definitiva, como premisa previa para compartir un compromiso de colaboración de los progenitores y una clima de diálogo entre ellos, por tanto, ausencia de conflictos. (¡Ojo!, si hablamos de 'conflicto' se presupone una relación igualitaria que no se da en los casos de violencia machista). De ahí que quepa cuestionar – desde estas líneas – que la custodia compartida pueda ser impuesta por la autoridad judicial en contra de la voluntad de los progenitores. Y es que, ¿se puede 'compartir' si no hay predisposición para ello, si no hay voluntad de diálogo? Difícil, muy difícil, y más, si a lo que se aspira es a garantizar el 'interés superior' de las y los menores.

El martes conocimos la composición del nuevo gobierno griego de Alexis Tsipras. Un gobierno compuesto por 11 hombres que ocupan la primera línea y en donde ninguna mujer ostenta una cartera ministerial (a pesar de que sí hay mujeres en el cargo de viceministras). Un gobierno que echa por tierra las aspiraciones de muchas mujeres (y quiero pensar que también de muchos hombres) que buscan esa visibilidad de ‘lo simbólico’ y que creyeron en un proyecto renovador, transformador y emancipador de la sociedad pero que, a la primera de cambio, parece que se ha olvidado de la igualdad de mujeres y hombres (piénsese que la proporción es de 6 mujeres frente a un total de 39 hombres). Un gobierno que olvida que la Democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones. Un gobierno que hace caso omiso a la Declaración de Atenas (1992) adoptada en la Primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”. Un gobierno que bajo la “neutralidad” de la “normalidad patriarcal” ignora que las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y que su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad. Un gobierno que parece desconocer que la calidad de las democracias requiere de una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y niveles de toma de decisiones (Declaración de Cádiz (2010), Segunda Cumbre Europea de “Mujeres en el Poder”).

Son muchos los aspectos sobre los que reflexionar, entre ellos, ese “peso de las ausencias” al que alude Dolors Renau en La voz pública de las mujeres. Y es que desde ciertos ámbitos se apelará a los manidos argumentos de “mérito” y “capacidad”. Y, claro, los más capaces y los que más méritos tienen parece que siempre son los varones. Ahora bien, ¿cuáles serán las políticas de igualdad de mujeres y hombres del nuevo ejecutivo griego? ¿Las perfilarán como el eje central en su programa para la salida de la crisis? ¿O será algo accesorio y colateral? ¿Cuáles serán las propuestas en materia de conciliación personal y laboral? ¿Y en materia de igualdad salarial y no discriminación retributiva? ¿Y en temas tan importantes como la erradicación de la violencia machista? Y es que como ya he comentado en otras ocasiones (aquí, aquí) la violencia machista es la manifestación violenta de la desigualdad.

Sin perjuicio de lo comentado, sería bueno plantear las razones por las que en la primera línea política del nuevo ejecutivo griego no hay mujeres. Y, quizás, una de esas razones sea el marcado carácter económico que se advierte en el diseño de su ejecutivo y cuyo objetivo no es otro que desarrollar políticas económicas y financieras que permitan reestructurar la deuda. No obstante, esto – a priori – no debería constituir una excusa para excluir a las mujeres. Máxime si el concepto de ‘lo económico’ fuera más amplio y englobara también el ámbito de ‘lo reproductivo’ y de ‘los cuidados’ y la centralidad de las políticas fueran las personas (en sus diferentes ámbitos de interrelación social) y no tanto el mercado. La realidad es muy distinta, o eso cabe advertir, cuando el ámbito productivo ignora el espacio privado/doméstico y cuando las funciones de reproducción social que se desarrollan en su seno no son cuantificables en las estadísticas y datos económicos utilizados a nivel global.

En este punto resulta de interés reflexionar sobre el paradigma del sujeto productivo legitimado en el imaginario social para negociar y si las mujeres se adecuan a ese perfil o, por el contrario, son excluidas por esa división socio/sexual de la realidad y de sus ámbitos y espacios. Habrá que analizar datos, pero mientras tanto no está demás recordar la resolución del Parlamento europeo de 17 de junio de 2010 sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera y en donde ya se advertía de los riesgos de involución y el retroceso en derechos de las mujeres por los efectos de la crisis o, el informe de 28 de febrero de 2013 del Parlamento europeo sobre esta misma cuestión.

Solo nos queda esperar y ver el desarrollo de su programa político porque las demandas de las mujeres (y de la ciudadanía en general) están esperando respuestas. Respuestas desde la neutralidad y objetividad que cabría esperar pero que me suscita muchas dudas cuando desde ‘lo simbólico’ –que también construye al Estado (y los ámbitos de poder)– el androcentrismo es lo que impera. Muy clarividentes me resultan las palabras de Pierre de Bourdieu en La dominación masculina cuando señala que “la dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio” y, lo vemos. Y cuando añade como la preeminencia universalmente reconocida a los hombres se afirma en la 'objetividad' de las estructuras sociales y, cabría añadir, que también de las estructuras 'políticas' como estructuras de ‘poder’. Lo estamos viendo estos días. No hay mujeres ministras en el gobierno de Tsipras y no pasa nada… o, quizás sí, y es que #sinmujeresnohayDemocracia.

El pasado 1 de diciembre el Grupo de Expertos/as del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ presentó el Informe sobre fallecimientos por violencia de género con procedimientos judiciales previos en 2014 en donde se estudiaron 15 casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas que habían denunciado previamente. Resulta significativo y, así se ha recogido por diversos medios, que en 14 de esos casos la valoración policial del riesgo (VPR) había dado como resultado: riesgo 'no apreciado' o 'bajo'. Sin duda esta valoración resultó determinante para la adopción de medidas policiales de protección insuficientes debido a una predicción del riesgo errónea.

Pues bien, son muchas las cuestiones sobre las que reflexionar en cuanto a la valoración policial del riesgo (VPR) en el ámbito de la violencia machista. Sobre todo a raíz de la información publicada el pasado 12 de diciembre de 2014 en eldiario.es en donde agentes de la Guardia Civil afirmaban sufrir 'presiones' para bajar los avisos de riesgos en las mujeres maltratadas.

Pero vayamos por partes, ¿qué es la valoración policial del riesgo (VPR)? ¿En qué consiste? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Qué resultados puede arrojar? Y, lo más importante, ¿qué consecuencias se derivan de esos resultados?

La valoración policial del riesgo (VPR) no es ni más ni menos que un programa informático. Una herramienta del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN) que pone a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un formulario que contiene 16 ítems y que en base a unos datos estadísticos arroja un resultado (una predicción) sobre el riesgo en el que se encuentra una mujer víctima de violencia de género de sufrir nuevas agresiones. Sobre este particular resulta de interés la Instrucción nº 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de julio. Además, junto a la valoración policial del riesgo (VPR) también cabe destacar la valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) que trata de mantener actualizada la evaluación del riesgo inicial realizando un seguimiento e, incorporando, nuevas informaciones que puedan resultar significativas sobre los factores valorados inicialmente (el formulario, en este caso, está compuesto de 17 ítems).

Como se ha apuntado anteriormente tanto la VPR como la VPER la llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos de violencia machista y forman parte del Protocolo aprobado en la Instrucción 10/2007, de 10 de julio, en donde se señala que la actividad policial debe estar dirigida, en estos casos, a determinar: los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima, las relaciones mantenidas con el agresor, los antecedentes del propio agresor y su entorno, las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y el agresor, la retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia así como la renuncia de la víctima al estatuto de protección concedido.

Ahora bien, ¿qué resultados puede arrojar la valoración policial del riesgo (VPR) o, en su caso, la valoración policial de la evolución del riesgo (VPER)? Pues bien, el resultado puede ser de riesgo 'no apreciado', 'bajo', 'medio', 'alto' o 'extremo'. Resultado que será determinante para la adopción de medidas policiales de protección que variarán en función del resultado predictivo así como para la realización –con una mayor o menor frecuencia– de evaluaciones periódicas.

De esta forma, en caso de riesgo 'no apreciado' las medidas policiales que se adoptan no van más allá de la información de derechos y de recursos que tiene la víctima/denunciante a su disposición. En el caso de riesgo 'bajo' cabe distinguir entre una serie de medidas obligatorias y otras complementarias. Entre las obligatorias en el Anexo del Protocolo de valoración del riesgo se incluyen las medidas del nivel anterior a las que se suman: el facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contactos telefónicos esporádicos con la víctima, comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección, recomendaciones a la víctima de autoprotección y modos de evitar incidentes e información precisa sobre el servicio de tele-asistencia móvil. Como medidas complementarias recogidas en el Anexo anterior caben destacar las siguientes: contactos personales, esporádicos y discretos con la víctima, confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor y acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la autoridad judicial acuerda su salida del mismo.

En el caso de que el riesgo apreciado sea 'medio' las medidas obligatorias –según el Anexo– son las medidas del nivel anterior y, además, vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio de la víctima, lugar de trabajo y entradas y salidas de los centros escolares, acompañamiento a la víctima en cuantas actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativas precise, facilitar a la víctima un terminal móvil y entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección. Con respecto a las medidas complementarias son las siguientes: comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de protección, entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctima para identificar otros modos efectivos de protección y traslado de la víctima, en su caso, para el ingreso en un centro de acogida.

En caso de que el riesgo apreciado sea 'alto' las medidas a adoptar, además de las del nivel anterior, son las siguientes: vigilancia frecuente y aleatoria del domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida de centros escolares de los hijos e hijas. Si no se ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días, especialmente, si no se ha procedido a detener al autor y control esporádico de los movimientos del agresor. Como medidas complementarias caben significar: los contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima, control esporádico en la residencia vacacional de la víctima y facilitar dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor.

Por último, en cuanto a las medidas policiales en caso de riesgo 'extremo', además, de las medidas anteriores son de destacar las siguientes (que son obligatorias): vigilancia permanente de la víctima hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente, control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima y, en su caso, vigilancia en entrada/salida de centros escolares de los hijos e hijas.

Tras este breve recorrido explicativo sobre la valoración policial del riesgo en el ámbito de la violencia machista son varios los puntos – a mi juicio – sobre los que central el debate actual:

Para concluir, solamente un apunte más que puede sugerir nuevas reflexiones y que me permiten concluir este post planteando una nueva cuestión. La predicción del riesgo en casos de violencia machista debe partir del conocimiento de que estamos ante una violencia que se sustenta en relaciones asimétricas de poder. Una asimetría que coloca a la víctima en una situación de especial vulnerabilidad social frente a su agresor porque éste nunca va a aceptar que, por ejemplo, haya sido ella la que haya decidido poner fin a la relación. Derivado de lo anterior, y de lo comentado en líneas anteriores y en otros posts (aquí, aquí y aquí), planteo la siguiente cuestión: ¿Se puede hablar de riesgo 'no apreciado' o 'bajo' en violencia machista? Es más ¿tiene sustento científico –cuantitativa y cualitativamente– a tenor de los estudios e informes realizados sobre este tipo de violencia? No se olvide que entre las recomendaciones del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ del pasado 1 de diciembre se proponía que, incluso, cuando la valoración del riesgo sea 'no apreciado' o 'bajo' se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a las víctimas, y que se adopten medidas policiales de control para la seguridad de las mismas independientemente de si existe o no medida judicial de protección.

En ocasiones los requisitos que deben concurrir para acordar una orden de protección se pueden transformar en verdaderos obstáculos para su adopción

El martes 18 de noviembre diversos medios de comunicación se hacían eco del asesinato de una mujer en Sant Pere Pescador (Girona), presuntamente, a manos de su pareja. En lo que llevamos de año 48 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas (44 confirmados y 4 en estudio) según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La particularidad de este caso estriba en que la víctima había denunciado al presunto asesino y había solicitado una orden de alejamiento que fue denegada al parecer – a juicio del juzgador – porque el caso no reunía “los requisitos necesarios que establece la ley para concederla”.

La casuística de este caso invita a precisar algunos aspectos esenciales en materia de protección de las víctimas de violencia machista. Y es que los medios hablan de denegación de una 'orden de alejamiento' y no de una 'orden de protección'. La diferenciación no es baladí en la medida en que la 'orden de protección' (art. 544 ter de LECrim) otorga a las víctimas un estatuto integral de protección de la que carecen las medidas cautelares adoptadas al amparo del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Medidas – estas últimas – entre las que se encuentran la prohibición de residir en determinado lugares, prohibición de aproximarse a la víctima, prohibición de comunicarse con ésta, etc. Ahora bien, ¿qué comporta la concesión de una 'orden de protección'? Pues bien, la orden de protección atribuye a las víctimas un estatuto especial e integral de protección que permite aunar en una misma resolución tanto medidas de naturaleza penal frente al agresor como medidas de naturaleza civil.

Además, la orden de protección deviene en habilitante para activar otro tipo de medidas sociales, económicas y/o asistenciales que permitan y/o faciliten a las víctimas salir de la situación de violencia en la que se encuentran. Por su parte, las medidas cautelares adoptadas al amparo del art. 544 bis de la LECrim, entre las que se encuentra la 'orden de alejamiento', no otorgan ese estatuto integral de protección. Sin ánimo de analizar comparativamente la orden de protección y las medidas cautelares así como su diferente naturaleza jurídica y finalidad (ya que no es el objeto de este post), lo cierto y verdad es que resulta de interés profundizar en los requisitos exigidos y que se deben observar para acordar una orden de protección. Y ello a tenor de los datos publicados en los Informes anuales del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en donde se observa como el porcentaje de órdenes de protección acordadas ha ido disminuyendo tras el paso de los años. Veámoslo con los siguientes datos:

El gráfico 1 recoge los datos correspondientes a órdenes totales de protección solicitadas y acordadas tanto en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) como en los Juzgados de Guardia (JG) durante el período comprendido entre 2010-2013.

Los gráficos 2 y 3 recogen los datos correspondientes a las órdenes de protección solicitadas y acordadas por los JVM y JG, respectivamente, entre los años 2010-2013.

Se observa como en el año 2010 se solicitaron un total de 44.483 órdenes de protección y se concedieron 30.473. De estas cifras cabe precisar que en los JVM se solicitaron 37.908 y se acordaron 25.531 mientras que en los JG se solicitaron 6.575 y se acordaron 4.942. En el año 2011 se solicitaron 42.141 órdenes de protección en total y se acordaron 28.149. En los JVM – durante ese año – se solicitaron 35.816 y se acordaron 23.514 mientras que en los JG se solicitaron 6.325 y se acordaron 4.635. En el año 2012 se solicitaron 40.683 y se acordaron 25.543. En los JVM se solicitaron 34.556 y se acordaron 21.245 mientras que en los JG se solicitaron 6.127 y se acordaron 4.298. Por su parte, en 2013 se solicitaron un total de 38.536 y se acordaron 23.304. De estas cifras en los JVM se solicitaron 32.831 y se acordaron 19.349 mientras que en los JG se solicitaron 5.705 y se acordaron 3.955.

El gráfico 4 recoge los datos de las órdenes de protección acordadas en el período objeto de análisis (2010-2013). Se observa como el porcentaje de órdenes de protección acordadas ha ido disminuyendo en el período analizado. Y es que si en 2010 se acordaron un 68,50% de las órdenes de protección solicitadas, en 2011 el porcentaje se redujo a un 66,79%, en 2011 a un 62,78% y en 2013 a un 60,47%.

Sin duda los datos invitan a reflexionar sobre esta tendencia reduccionista en cuanto a la adopción de órdenes de protección. Máxime teniendo en cuenta que las órdenes de protección se conceden o deniegan por la autoridad judicial previa la concurrencia de una serie de requisitos (art. 544 ter LECrim) y tras valorarse su necesidad y oportunidad. Con respecto a los requisitos que deben concurrir cabe señalar, uno, de carácter subjetivo (la víctima debe ser una de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal) y dos requisitos de carácter objetivo.

Entre los requisitos de carácter objetivo se encuentra la existencia de indicios fundados de la comisión de alguno de los delitos o faltas que siguen: contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual, contra la libertad y contra la seguridad. El segundo requisito objetivo – y aquí es donde cabe realizar algunas críticas en cuanto a su observancia – apela a la existencia de una 'situación objetiva de riesgo' para la víctima que – a tenor de la jurisprudencia – ha de ser 'seria' y 'no meramente intuitiva o subjetiva'. Cabe significar que la ausencia de cualquiera de los requisitos señalados dará lugar a la denegación de la orden de protección solicitada. Denegación que tendrá que estar suficientemente motivada (arts. 24 y 120 CE). Ahora bien, ¿cuándo una víctima de violencia de género se encuentra en una 'situación objetiva de riesgo'? ¿En base a qué premisas debe la autoridad judicial valorar este extremo? Y es que se observa como la valoración del riesgo se erige en el elemento clave (nuclear) a la hora de proteger a las víctimas, circunstancia que lleva aparejada un 'juicio de peligrosidad' y/o 'pronóstico de peligro' sobre el presunto agresor.

En este sentido, el contenido de la denuncia interpuesta, la valoración policial del riesgo (VPR), la posterior declaración de la víctima, la declaración de los testigos (tanto directos como de referencia), los informes médicos, psicológicos y sociales, la no aceptación de la separación por parte del agresor, la existencia de denuncias previas (en su caso), antecedentes del agresor y su entorno, circunstancias familiares, sociales y económicas, renuncias al proceso, etc., constituirán elementos esenciales a tener en cuenta por la autoridad judicial sobre todo cuando la valoración objetiva del riesgo se erige en un requisito objetivo de “libre apreciación” por parte del juzgador o juzgadora pero de vital importancia para la víctima. No obstante, y sin perjuicio de lo comentado, también resultará de vital importancia que la valoración objetiva del riesgo se realice desde un marco conceptual despatriarcalizador (perspectiva de género como categoría de análisis jurídico) por parte de la autoridad judicial en aras de evitar que se minimicen y/o naturalicen los hechos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los 'requisitos' que deben concurrir para acordar una orden de protección se transformen en verdaderos 'obstáculos' para su adopción.

Rotulaba el presente post con la siguiente pregunta: “¿Por qué se deniegan las órdenes de protección?”. Una pregunta que de momento queda en el aire, si bien es cierto que la hipótesis de la que se parte permite focalizar la atención en la 'discrecional' valoración de la situación objetiva de riesgo por parte de la autoridad judicial. Extremo que supone una invitación para analizar con profundidad, y desde una mirada crítica, los argumentos recogidos en las resoluciones (autos) de denegación (no olvidemos que se exige motivación).

El pasado 2 de octubre de 2014 el Grupo de Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial presentó el Informe “Análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2011, relativas a homicidios y/o asesinatos consumados entre los miembros de la pareja o ex pareja”. El Informe responde al séptimo estudio de estas características que desde 2008 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha venido realizando en aras de analizar y profundizar, desde una perspectiva multidisciplinar (jurídica, médico-legal y sociológica), sobre determinadas circunstancias que concurren en la que constituye la manifestación más brutal de la violencia de género, la que termina con resultado de muerte (homicidio o asesinato).

Las conclusiones de los informes anteriores han contribuido a desmontar ciertos mitos sobre este tipo de violencia con resultado de muerte, como aquéllos vinculados a la ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes por parte del agresor o la alteración mental. El Informe actual se ha centrado en el análisis de 50 sentencias (44 por violencia de género y 6 por violencia doméstica) dictadas durante 2011 por los Tribunales del Jurado y por las Audiencias Provinciales. Entre otros extremos, el informe/estudio se centra en el análisis del sexo, franja de edad y nacionalidad tanto de la persona acusada como de la víctima, los medios empleados en la ejecución de los hechos, los mecanismos de muerte empleados, la fecha, lugar y hora de comisión de los hechos, las penas impuestas (principales y accesorias), las principales circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal recogidas en la sentencia, la relación personal entre las partes y su situación de convivencia o no entre ellas, la existencia o no de denuncias previas así como de agresiones o amenazas previas, la existencia de órdenes de protección o de otras medidas cautelares o de protección adoptadas previamente así como su vigencia en el momento de los hechos, las medidas cautelares privativas de libertad acordadas durante la instrucción de la causa y duración de la misma, la conducta de la persona agresora posterior a los hechos, etc.

Una lectura del informe/estudio desde el paradigma feminista nos permite reflexionar sobre un aspecto que desde otra lógica de análisis, quizás, pase desapercibido. Y es que la pregunta que subyace tras leer el análisis médico-forense de las sentencias de los homicidios y/o asesinatos por violencia de género dictadas durante 2011 sería la siguiente: ¿Y por qué no catalogar la violencia de género dentro de los llamados 'hate crimes', esto es, dentro de los crímenes de odio? La cuestión no es baladí, sobre todo por las implicaciones políticas y de profundización de la democracia que dicha catalogación lleva de suyo.

Pero vayamos por partes. Intentemos dar una definición más o menos consensuada de los 'hate crimes' (véase la Hate Crimes Preventión Act, 2009) para después aludir a las consecuencias que en el ámbito político (y también jurídico) tendría la conceptuación de la violencia de género en dichos términos. Y es que si algo ha caracterizado a los 'hate crimes' o crímenes de odio es que son crímenes basados en motivaciones discriminatorias como consecuencia de los prejuicios del autor hacia determinadas notas identitarias de las víctimas, tales como raza, color, religión, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, etc.

En el ámbito de los asesinatos de mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no se advierten esas notas discriminatorias consecuencia de los prejuicios de determinados varones hacia las mujeres? Fijémonos en algunos datos recogidos en el análisis médico-forense de las sentencias de los homicidios y/o asesinatos por violencia de género dictadas en 2011 que se incluye en el Informe anteriormente reseñado. Entre esos datos cabe destacar los relativos a los instrumentos más frecuentemente utilizados en los asesinatos de mujeres, entre los que destaca el arma blanca. Y es que su uso se produjo, según los datos de las sentencias dictadas en 2011 por los Tribunales del Jurado y las Audiencias Provinciales, en un 56,8% del total de casos. Pero es más, el número de puñaladas que se dieron ascendió a un total de 373, lo que supone una media de 13,8 cuchilladas por caso. Son datos escalofriantes, sobre todo si pensamos que solo en uno de los casos el número de cuchilladas fue de 84, mientras que en seis la media de puñaladas superó las 20.

Otro dato significativo lo arroja el horario en el que normalmente se comenten este tipo de asesinatos, siendo las horas nocturnas donde se concentran el mayor número de casos, concretamente, en la franja horaria de 21:00 a 2:00 h. Pues bien, estos datos no hacen más que corroborar que las mujeres no mueren por violencia de género fruto de un hecho puntual, circunstancial o por azar, sino que las mujeres son asesinadas como consecuencia de una forma de socialización del sistema sexo/género que discrimina a las mujeres de forma estructural e universal. Son crímenes misóginos en donde se discrimina a las mujeres por el mero hecho de serlo, esto es, por esa construcción socio-cultural que partiendo del sexo biológico jerarquiza, subordina y asigna espacios y tareas y distribuye el poder de forma desigual y, por ende, discriminatoria para las mujeres.

Pero volvamos a los 'hate crimes' y a sus implicaciones políticas y jurídicas. La catalogación de las muertes de las mujeres dentro de dicha acepción sin duda contribuiría a desmontar la naturalización y la neutralidad (patriarcal) con la que este tipo de crímenes se aborda, se analiza y/o se estudia. Ahora bien, ¿existe consenso para tal conceptuación? La respuesta no parece muy halagüeña al menos desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. No obstante, se van dando pasos. Prueba de ello es la introducción en la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) del término “feminicidio” (recordando la importante labor de Marcela Lagarde). Un término cuya lectura –en los términos recogidos en el DRAE– deja mucho que desear. Sobre todo para el feminismo jurídico. Y es que la dicción literal incluida lo conceptúa en los siguientes términos: “Asesinato de una mujer por razón de su sexo”.

Nos encontramos ante una definición claramente insuficiente por varios motivos. Primero, porque no asimila las muertes de mujeres a ese móvil discriminatorio que subyace en los hate crimes. Segundo, porque con la actual definición no parece querer trasladarse al espacio público/político el significado de los asesinatos de mujeres desde el punto de vista de la responsabilidad de los Estados. Y tercero, porque esta versión tan light del término no parece que vaya a tener la fuerza suficiente para re-significar y re-conceptualizar la muerte de las mujeres desde la perspectiva de género en aras de acabar con la neutralidad política y jurídica de su abordaje. Se observa, por tanto, las reticencias a vincular de forma clara las muertes violentas de las mujeres a esas causas estructurantes del sistema sexo/género y a esa responsabilidad estatal. De ahí que tras la introducción en el DRAE, en los términos en los que se ha hecho, de la palabra “feminicidio” la pregunta que me surge es ¿y ahora, qué?

Dado el aumento de las renuncias al proceso que se ha producido en los últimos años, cabe preguntarse sobre los límites actuales del derecho penal y procesal.

El pasado viernes 17 de octubre el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial publicaba los datos estadísticos sobre denuncias, órdenes de protección y procedimientos penales y civiles en materia de violencia de género correspondientes al segundo trimestre de 2014. Una de las cifras sobre las que cabe prestar una especial atención es la relativa al número de renuncias a continuar con el procedimiento judicial. Y es que, lejos de lo que cabría esperar, las renuncias al proceso no han hecho más que aumentar.

Pero vayamos por partes, el gráfico 1 recoge el número total de denuncias presentadas por violencia machista correspondientes al segundo trimestre de 2014. De un total de 31.699 denuncias presentadas, 2.247 (7,09%) fueron presentadas directamente por las víctimas frente a las 103 (0,32%) presentadas directamente por familiares. En cuanto a las denuncias incoadas a través de atestado policial, 20.103 (63,42%) fueron con denuncia de la víctima, 409 (1,29%) con denuncia de un familiar y 4.520 (14,26%) por intervención directa policial. Por último, cabe aludir a las 3.752 denuncias (11,84%) con origen en un parte de lesiones y a las 565 (1,78%) cuyo origen son los servicios asistenciales y/o terceros en general.

Sin perjuicio de los comentarios y las reflexiones sobre los datos anteriores, el objetivo de este post es focalizar la atención en los datos relativos a las renuncias al proceso. Datos que revelan la posición de la víctima de violencia machista en algún momento de la tramitación de la denuncia sin que –a priori– tenga que afectar al deber de investigar de los hechos denunciados, si bien es cierto que a buen seguro afectará a la resolución del mismo.

El gráfico 2 muestra que de un total de 31.699 denuncias por violencia machista presentadas en el segundo trimestre de 2014, en 4.188 casos las víctimas manifestaron su renuncia al proceso. Esto arroja una ratio renuncias/denuncias del 13,21%. Si comparamos los datos relativos a las renuncias al proceso entre el primer y el segundo trimestre de 2014 se observa que la ratio renuncias/denuncias ha aumentado en un 0,71%. Y es que de 30.411 denuncias por violencia machista presentadas en el primer trimestre, en 3.801 casos las víctimas renunciaron al proceso.

Cabría realizar también una comparativa sobre los datos relativos a las renuncias al proceso durante el segundo trimestre de años anteriores. En concreto, la gráfica siguiente refleja los datos relativos al total de denuncias por violencia machista presentadas (en el segundo trimestre) durante los años 2010-2014 así como los datos relativos a las renuncias al proceso en esos mismos años.

Se observa como en el segundo trimestre de 2014 se ha producido una disminución de las denuncias por violencia machista a la par que un aumento de las renuncias al proceso. De 31.699 denuncias por violencia de género presentadas en el segundo trimestre de 2014, en 4.188 casos las víctimas renunciaron al proceso. En 2013, de 31.494 denuncias por violencia machista presentadas, 3.961 víctimas renunciaron al proceso. En 2012, de 32.704 denuncias presentadas, 4.109 víctimas renunciaron al proceso, y en 2011, de 34.347 denuncias presentadas fueron 4.016 las víctimas las que renunciaron al proceso. Por último, en 2010, de 34.256 denuncias, renunciaron al proceso 4.004 víctimas. La gráfica que se presenta a continuación refleja muy claramente el aumento de las renuncias al proceso.

Si comparamos los datos correspondientes a las renuncias en el segundo trimestre de 2014 con los del segundo trimestre de 2013 el aumento es bastante considerable. Y es que hablamos de 227 renuncias más en este último año.

Ahora bien, tras el análisis de los datos la cuestión a dilucidar y sobre la que reflexionar sería sobre los motivos y/o causas por los que las mujeres que sufren este tipo de violencia tras la interposición de la denuncia manifiestan su intención de renunciar al proceso. Y es que la tendencia alcista en este sentido evidencia que algo en el abordaje de la violencia de género no acaba de funcionar, y esto a pesar de que el mensaje institucional anima a las mujeres a denunciar.La cuestión no es anodina desde el momento en el que la renuncia al proceso contribuye –en cierta medida– a perpetuar en el imaginario social la imagen de una mujer que no sabe lo que quiere. Y sobre la que se erige la duda sobre su credibilidad. Pero, además, desde el momento en que esa renuncia a buen seguro condicionará el resultado final del proceso.

Es necesario plantearse una serie de cuestiones sobre las que, quizás, no se haya reflexionado los suficiente o con la profundidad requerida. Cuestiones que nos obligan a repensar en 'lo jurídico' y en el abordaje de la violencia de género desde las potencialidades del derecho antidiscriminatorio. A poner encima de la mesa y a debatir sobre los límites que –en este ámbito– tienen el derecho penal y el procesal. Máxime si se carece de perspectiva de género. Prueba de ello lo encontramos en los insistentes recuerdos que durante el periplo judicial se les realiza a las víctimas sobre su derecho a acogerse a la dispensa para no tener que declarar contra su agresor (art. 416 LECrim.) o las dudas que asaltan a muchas víctimas conscientes de que la única prueba de cargo directa con la que cuentan es su declaración frente a la del agresor. Eso sin hablar de la dependencia económica de muchas víctimas (y, más, en épocas de crisis), de la dependencia emocional, del temor a represalias por parte del agresor, de la propia neutralización que sufren las víctimas en el desarrollo del proceso penal (algo que se pretende sortear con el futuro Estatuto de la Víctima) y un largo etcétera que espero que sean abordados en sucesivos posts.

Por tanto, ante la pregunta planteada de por qué renuncian al proceso las víctimas de violencia machista cabria plantear y responder, con carácter previo, a esta otra: ¿Responde el Derecho –desde sus actuales postulados– a las expectativas de las víctimas de la violencia machista?

El pasado 10 de septiembre de 2014 los medios de comunicación se hicieron eco de la Apertura del Año Judicial presidida – por primera vez – por el Rey Felipe VI. En dicho acto el Fiscal General del Estado presentó la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado (2014). Una Memoria en donde se aborda monográficamente algunas cuestiones conflictivas relacionadas con la violencia de género. Cuestiones que no son nuevas ya que un repaso por las memorias anuales de años anteriores nos permiten advertir cómo esas cuestiones conflictivas ya habían sido recogidas en las mismas, en busca de una solución y/o debate público/político en aras de que la protección de las víctimas de violencia de género sea real y efectiva. Sobre todo cuando el discurso oficial anima a las mujeres que sufren este tipo de violencia a denunciar y cuando se observa que la denuncia (siendo importante, porque lo es) no siempre protege a las víctimas.

La pregunta que cabría plantearse en estos momentos sería: y después de la denuncia por violencia de género, ¿qué? Una pregunta que no es anodina, sobre todo si consultamos los datos recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía de 2014, donde se observa que de las 55 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas durante 2013, diez habían denunciado. Si consultamos los datos correspondientes a 2012 (recogidos en la Memoria Anual de 2013) de las 52 mujeres asesinadas en dicho año, también diez habían presentado denuncia previa. En 2011, de 68 asesinatos machistas, dieciséis víctimas mortales habían denunciado. Por su parte, en el año 2010, veintiún de las 74 mujeres asesinadas habían interpuesto la correspondiente denuncia. Y así sucesivamente.

Sin duda, los datos extractados invitan a reflexionar y/o indagar sobre lo acaecido en cada uno de estos casos en los que, tras la denuncia, el Estado no fue capaz de proteger y de garantizar la vida de estas mujeres. Y es que a bote pronto se advierten elementos que ponen de manifiesto la especificidad de este tipo de violencia. Para empezar, en la mayoría de ocasiones la única prueba de cargo con la que se cuenta es la declaración de la víctima en su doble condición de víctima/testigo, aspecto que dificulta en muchas ocasiones la conclusión del procedimiento con una sentencia condenatoria. Y es que para muchas víctimas de violencia de género no siempre resulta fácil mantener en el tiempo la denuncia interpuesta cuando la persona contra la que se dirige es el padre de sus hijos e hijas, o es esa persona con la que compartía un proyecto vital/convivencial determinado, que hace minimizar determinadas conductas porque nuestra forma de socialización sigue siendo patriarcal (patriarcado del consentimiento), circunstancia que todavía, hoy, legitima ciertos mensajes y/o conductas ciertamente abusivas.

Pero analicemos los datos recogidos en la Memoria Anual de 2014 de la Fiscalía General del Estado. De los 10 asesinatos de mujeres que previamente habían interpuesto una denuncia por violencia machista, en seis casos se observa la falta de persistencia en la incriminación de la víctima (denunciante). Esta falta de persistencia se manifiesta a través de la intención de la víctima de retirar la denuncia (algo que no es posible porque estos delitos son perseguibles de oficio), o de acogerse a su derecho a no declarar (art. 416 LECrim.), o de negarse a ratificar en sede judicial la declaración efectuada ante la policía. Asimismo, esa falta de persistencia en la incriminación de la víctima (denunciante) se observa también cuando se niega a ser reconocida por el/la forense e, incluso, mediante la renuncia a toda indemnización por los daños causados y a cualquier medida cautelar de protección (art. 503.1, 2 y 3 letra c de la LECrim.; arts. 544 bis y 544 ter). Sin duda, estas circunstancias resultaron determinantes para que bien la Fiscalía interesase el Sobreseimiento Provisional o bien fuera el Juzgado el que dictara Auto de Sobreseimiento Provisional.

En los restantes casos en donde a pesar de existir una denuncia previa la víctima fue asesinada por su pareja o ex pareja, se observa cómo en uno de ellos el agresor fue condenado por el Juzgado de lo Penal pero, posteriormente, fue absuelto por la Audiencia Provincial (la sentencia condenatoria fue recurrida en apelación por éste). En otro caso, el denunciado quebrantó la medida cautelar (prohibición de aproximación) vigente en ese momento. En otro, la orden de protección solicitada por la víctima fue denegada y, por último, en otro de los casos el agresor quebrantó la pena de prohibición de aproximación impuesta por sentencia (vigente en el momento de los hechos). En este último caso, la Memoria de la Fiscalía se hace eco de que a pesar de existir una sentencia condenatoria por amenazas y de estar vigente la pena de alejamiento, víctima y agresor “mantenían contacto con frecuencia”.

Sin duda un análisis pormenorizado (desde la perspectiva de género) de cada uno de los casos invita a reflexionar profundamente sobre las especificidades de este tipo de violencia (manifestación violenta de la desigualdad y forma de discriminación estructural y universal) en aras de proponer soluciones e instar políticas públicas y/o medidas que garanticen de forma efectiva y real la protección de las víctimas. Máxime cuando hablamos de víctimas que han denunciado la situación de violencia de género de la que han sido objeto (produciéndose ese tránsito de lo privado/doméstico a lo público/político) y cuando la llamada 'diligencia debida' obliga a los Estados a actuar.

Llegados a este punto las cuestiones a dilucidar serían las siguientes: ¿en base a qué premisas deben actuar los poderes públicos (Estado) ante cualquier denuncia por violencia de género? ¿Cómo conseguir que la víctima sostenga en el tiempo la denuncia contra su agresor? ¿Cómo evitar ese sentimiento de 'culpa' que invade a las víctimas tras la denuncia? ¿Cómo prevenir el llamado 'ciclo de la violencia' teorizado por Leonor Walker (1979)? ¿Cómo evitar que se acojan a su derecho a no declarar contra su agresor? (No hay que olvidar que cuando la víctima se acoge a la dispensa para no declarar en la fase de instrucción es muy probable que se archive el procedimiento mientras que si lo hace en el acto del juicio oral el resultado puede ser una sentencia absolutoria), etc.

Las cuestiones planteadas resultan cruciales pero más crucial resulta que desde los poderes públicos se tome nota de ellas en aras de garantizar el derecho a una vida libre de violencia de género. Y es que la denuncia es importante para proteger a las víctimas pero igual de importante resulta que los operadores (jurídicos y no jurídicos) que tienen que conocer de estos casos y asistir a las víctimas tras la denuncia tengan una formación específica y especializada. Igual de importante resulta que a las víctimas se les garantice el derecho a la asistencia social integral y cuenten con apoyo psicológico antes y durante el proceso. Igual de importante resulta que nuestro legislador reflexione seriamente (a tenor de los datos relativos a las causas de los sobreseimientos y/o sentencias absolutorias) sobre la pertinencia de mantener la actual dicción literal del art. 416 de la LECrim. Igual de importante es poner a las víctimas en contacto con los servicios sociales y/o servicios de atención a la mujer en aras de que les proporcionen los apoyos y/o estrategias necesarios para romper con el ciclo de la violencia.

Por último, igual de importante resulta que tras la denuncia la investigación e instrucción de los hechos sea diligente. Para ello, no basta con recabar la declaración de la víctima sobre el último episodio violento sino que resulta prioritario – en muchas ocasiones – identificar esos otros elementos de prueba que permitan dilucidar si no estamos ante una violencia habitual. Y es que – en estos casos – el testimonio de familiares, vecinos/as, amigos/as y compañeros/as de trabajo resultan esenciales. También resulta esencial contar con informes médicos, psicológicos y/o asistenciales en donde lo prioritario deje de ser las elucubraciones sobre la credibilidad de las víctimas para pasar a constatar (y/o documentar) los efectos en la salud física y/o psíquica de este tipo de violencia. Sin duda, todo un reto si a lo que se aspira es a reducir el número de sobreseimientos y sentencias absolutorias en casos más que cuestionables.

El pasado 4 de agosto diversos medios de comunicación social se hacían eco de la histórica condena de la ONU a España en el caso González Carrero por no haber actuado con la 'diligencia debida' en un claro caso de violencia de género. Una condena que deja claro cuál es la obligación de los Estados en materia de violencia de género: actuar con la 'diligencia debida' en aras de proteger a las víctimas de este tipo de violencia. Una condena que evidencia las deficiencias y los errores en un caso de violencia machista que podría catalogarse de 'manual' cuando existen hijos e hijas menores. Recuérdese, también, el caso de Leonor que fue asesinada por su padre condenado por violencia de género, o el caso de Ruth y José, o el caso de María S. que tuvo que entregar a la menor tras la pérdida de la custodia a favor de su ex pareja a pesar de existir una condena por maltrato hacia ella.

Pues bien, son varias las cuestiones sobre las que reflexionar tras la lectura del Dictamen de la CEDAW pero sobre todo a raíz de las recomendaciones que formula el Comité al Estado español. Entre ellas cabría destacar las siguientes:

1. Con respecto a la 'diligencia debida', ¿qué supone actuar observando la llamada 'diligencia debida'? ¿Qué obligaciones comporta para los Estados en el ámbito de la violencia machista?

2. En lo que atañe a la custodia de las y los menores y al régimen de visitas, ¿resulta compatible ser un agresor por violencia de género a la par que un buen padre de familia? ¿Qué dice la LOIVG y la normativa internacional? ¿Cómo es posible que la suspensión de la guarda y custodia de las hijas e hijos – pese a que está prevista legalmente – solo se acuerde en un 6,7% de los casos, la suspensión del régimen de visitas únicamente en un 3% de los casos y la suspensión de la patria potestad en un marginal 0,3%? (según datos publicados por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial)

3. Con respecto a las y los menores como víctimas de violencia de género, ¿cómo articular su protección desde el punto de vista normativo sin riesgo a desvirtuar y/o desfigurar el propio concepto de violencia de género? ¿Resulta compatible con el concepto de 'diligencia debida' mantener la redacción literal (actual) del artículo 66 (y, en su caso, 65) de la LOIVG cuando se deja al “arbitrio judicial” la decisión de suspender o no el régimen de visitas del inculpado por violencia de género? (Recuérdese que el verbo clave en la redacción actual de los preceptos referenciados es el de 'podrán').

4. En el ámbito de la eficacia normativa de las leyes contra la violencia machista tanto a nivel nacional como internacional, ¿cómo garantizar los derechos de las mujeres y, por ende, de sus hijas e hijos? ¿Qué es lo que falla y/o no termina de funcionar cuándo se observa que de los 40 asesinatos de mujeres por violencia machista en lo que llevamos de 2014 (según datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) solo 11 habían presentado denuncia?

Sin duda son cuestiones importantes que requieren de un debate sosegado pero intenso desde el feminismo jurídico en aras de consolidar esa máxima de 'democracia avanzada' desde un marco conceptual despatriarcalizador. Sobre todo cuando se advierte una cierta incompetencia estatal (a pesar de los avances en esta materia) en la lucha contra este grave problema. De ahí que la lectura del Dictamen de la CEDAW resulte aconsejable por las recomendaciones que formula dirigidas al Estado español. Dictamen que viene a completar la dicción literal del propio Convenio de Estambul (del cual hablé aquí) cuya entrada en vigor es muy reciente y en donde también se insta a los Estados a observar y actuar con la llamada 'diligencia debida' en casos de violencia machista. Pero es más, desde el punto de vista normativo interno, esa apelación a la 'diligencia debida' cobra una mayor significación desde el momento en que se debaten proyectos normativos como el anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio así como el anteproyecto de Ley de protección de la infancia, el anteproyecto de Ley orgánica complementaria de la Ley de protección de la infancia o el proyecto de Ley orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito.

Centrando la atención en el caso concreto sobre el que el Comité de la CEDAW se pronuncia cabe resaltar como con respecto a la demandante, el Comité condena al Estado español a otorgar una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la violación de sus derechos. No olvidemos que su hija fue asesinada en el cumplimiento del régimen de visitas pese a las denuncias presentadas (más de treinta) y pese a las advertencias para que las visitas fueran en todo caso tuteladas y/o vigiladas. En esta misma línea el Comité condena a España a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que ocasionaron la falta de protección de la autora de la comunicación (y denunciante) y de su hija.

En el plano más general, el Comité insta al Estado español –y esto es importante– a tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visitas relativos a las hijas e hijos y para que el ejercicio de los derechos de visitas o custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de este tipo de violencia. El Comité apela al interés superior de las y los menores y al derecho de éstos a ser oídos aspectos que deben prevalecer en todas las decisiones que se adopten sobre esta materia. Sin duda estamos ante una cuestión nuclear que no se debe obviar en estos momentos en donde se debaten normas como las mencionadas que afectan a los derechos fundamentales de las y los menores. Y es que la 'diligencia debida' en el ámbito de la violencia de género exige contundencia normativa e interpretativa. Contundencia que sirva de base para no hablar de “conflicto familiar” (en donde se presupone la igualdad) cuando estamos ante casos de violencia de género. Contundencia que supere esa concepción trasnochada que cuestiona –con carácter general– la credibilidad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Con respecto a las y los menores la contundencia normativa e interpretativa desde la perspectiva de género pasa por erradicar ese concepto de menor inmaduro “que no sabe lo que quiere” para otorgar relevancia a su derecho a ser escuchado en aras de garantizar el llamado interés superior del menor.

Por último, el Comité de la CEDAW se pronuncia sobre aspectos formativos del personal que desarrolle su trabajo en el ámbito de la violencia de género (recuérdese el principio de especialización recogido en la LOIVG). En este sentido, las recomendaciones no admiten interpretaciones parciales. Se necesita proporcionar formación obligatoria específica y especializada (perspectiva de género) a las juezas y jueces y al personal administrativo competente. Además, se insta al Estado a que esa formación incluya referencias expresas a la Convención de la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la Recomendación general núm. 19 de 1992.

El pronunciamiento del Comité de la CEDAW y sus recomendaciones están ahí. Ahora se trata de evaluar cuál es el grado de diligencia estatal ante la violencia de género. Para ello nada mejor que prestar atención a los términos, premisas y marco conceptual de su cumplimiento. Y es que –como sociedad– nos jugamos mucho en ello.

El pasado 6 de junio de 2014 el Boletín Oficial del Estado publicaba el Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Un Convenio ratificado por España el pasado 10 de abril de 2014 y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Un documento que resulta clave en el abordaje actual y también futuro del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género. Y es que su lectura – sin perjuicio de las críticas que se puedan articular – resulta esencial a la hora de delimitar conceptualmente la violencia de género y a la hora de diferenciarla de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y más en estos tiempos de rearme y/o reacción patriarcal ante los avances en igualdad en donde los conceptos – y más los conceptos elaborados desde el feminismo, específicamente, desde el feminismo jurídico – son tergiversados y/o manipulados hasta tal punto de otorgarles un significado totalmente opuesto a su sentido original. De ahí la importancia de la delimitación conceptual que recoge el Convenio en cuanto a “violencia contra la mujer” (violencia de género) según la cual “se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres”.

Un aspecto importante del Convenio de Estambul es que entiende la violencia de género como forma de discriminación. Esto quiere decir que el Estado está obligado a actuar –diligencia debida– para eliminar dicha discriminación. Y es que hablamos de una discriminación que es estructural y universal. Una discriminación que los datos confirman por mucho que la lógica patriarcal quiera negarlo.

Son muchas las dudas y/o reflexiones que me suscita la lectura del Convenio de Estambul. Dudas que vienen motivadas por la aparente paradoja que supone la ratificación de un tratado internacional vinculante que, en mi opinión, cuesta creer que se tenga intención de cumplir –al menos– en los términos que recoge el Convenio.

Veámoslo con algunos ejemplos. El Convenio de Estambul insta a los Estados a adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para promover y proteger el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia de género tanto en el ámbito público como en el privado. Pero es más, señala expresamente que estos cambios se acometan desde las constituciones nacionales o en “cualquier otro texto legislativo adecuado”. Y me detengo aquí porque con ese “adecuado” parece entreverse cualquier texto legislativo de igual o similar valor. En nuestro caso contamos con la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras. Normas que –a priori– parecen suficientes pero cuya aplicación práctica por parte de los poderes públicos deja mucho que desear. Quizás, sea hora de plantear –desde el debate sobre una posible reforma constitucional y/o la apertura de un proceso constituyente– la necesidad de dotar de fundamentalidad al derecho a una vida libre de violencia de género, al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y al reconocimiento constitucional de la paridad.

Por otra parte, mientras el Convenio de Estambul insta a los Estados a prohibir cualquier tipo de discriminación contra las mujeres (y para ello no duda en sugerir la necesidad de sancionar y derogar todas aquellas leyes y prácticas que discriminan a las mujeres), el ejecutivo actual promueve una ley que –a buen seguro– discriminará a las mujeres por el mero hecho de serlo: el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Y es que se observa como los cánones del derecho antidiscriminatorio se pasan por alto haciendo caso omiso a la subjetividad jurídica y política de las mujeres. Porque discriminar supone dar un trato desigual y, además, perjudicial. Y discriminar por razón de sexo implica que ese tratamiento peyorativo encuentra su fundamento en la pura y simple constatación del sexo de la persona perjudicada o – siguiendo la doctrina constitucional – cuando se funde en la concurrencia de condiciones y/o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una relación de conexión directa e inequívoca. Desde estas premisas, el anteproyecto de Ley orgánica que modifica la actual regulación en materia de interrupción voluntaria del embarazo ¿no supone una legislación discriminatoria contra las mujeres (de cuyas decisiones se duda) al no reconocerles autonomía corporal y el derecho a decidir sobre su maternidad?

Asimismo, mientras el Convenio insta a los Estados a que destinen recursos financieros y humanos para la correcta aplicación de políticas dirigidas a prevenir y combatir la violencia de género, ¿qué se está haciendo a nivel nacional, autonómico y local en donde la máxima de los recortes se erige en principio rector de actuación?

En el ámbito educativo, mientras el Convenio prevé medidas que fomenten la igualdad de mujeres y hombres en todos los niveles educativos ¿cuál es la línea que se ha seguido en la reforma educativa recientemente acometida? ¿La educación segregada por sexo es una medida adecuada para fomentar la igualdad de mujeres y hombres? En lo que atañe a la asistencia social integral ¿cuál es la dinámica que se está llevando a cabo? ¿Cómo está afectando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en la lucha contra la violencia de género? ¿No se aprecian contradicciones con lo dispuesto en el Convenio de Estambul? Con respecto al ejercicio de los derechos de custodia y visitas de los hijos e hijas menores, ¿el anteproyecto de Ley de la custodia de los hijos sujetos a patria potestad conjunta de los progenitores en casos de nulidad, separación y divorcio que se está tramitando sigue las indicaciones y/o recomendaciones del Convenio de Estambul?

Por último, en el ámbito penal ¿cómo casar la ratificación del Convenio de Estambul cuando el proyecto del Código Penal suprime el concepto de violencia de género y despenaliza las amenazas y coacciones leves? ¿Y cuando se baraja la posibilidad de acudir a la mediación penal? ¿Y cuándo se introduce la multa como sanción para los llamados 'delitos leves'? Dudas, muchas dudas.

El pasado 7 de abril de 2014 la titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con los titulares de Interior y de Justicia se reunieron ante el repunte de asesinatos machistas (23 mujeres asesinadas según el cómputo oficial y 30 según asociaciones). Una reunión en la que acordaron una serie de medidas destinadas a garantizar una mayor protección a las víctimas de violencia machista. Medidas entre las que cabe destacar la ampliación de competencias de los Juzgados de violencia sobre la Mujer, la exigencia de formación específica entre los agentes implicados (especialmente, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), el impulso de programas de inserción sociolaboral, campañas de sensibilización así como medidas destinadas al ámbito educativo. Y es que los datos sobre violencia de género publicados por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial relativos a víctimas mortales en 2014 y su comparativa con las víctimas de 2013 no admiten muchas interpretaciones y, menos, valoraciones sesgadas. Los datos son los que son y evidencian que algo falla cuando solo 11 de las 54 mujeres asesinadas habían denunciado en 2013 y solo 7 de las 23 víctimas mortales (según la estadística oficial del Ministerio) habían procedido en tal sentido en lo que llevamos de 2014. Pero es más, algo falla cuando se constata el descenso de las denuncias presentadas, el aumento de las renuncias a continuar con el procedimiento en relación con las denuncias presentadas así como el descenso en la concesión de las órdenes de protección.

Pues bien, el presente artículo se centra en este último punto, esto es, en las órdenes de protección y aboga por la necesidad de adoptar medidas que cambien la cultura patriarcal que parece estar detrás de las reticencias a su adopción. Y es que los datos recogidos ponen de manifiesto que de 32.831 solicitudes de órdenes de protección en 2013 (un 5% menos que en 2012) solo se concedieron 19.349. Además, un análisis más detallado de esas 19.349 órdenes de protección permiten advertir una pauta preocupante que parece sugerir que las decisiones adoptadas se pueden enmarcar dentro de una cultura machista y patriarcal. Y es que si preocupante es el descenso en la concesión de órdenes de protección no lo es menos el conocer que en el momento de la solicitud un 55,5% de las mujeres mantenía una relación de pareja con su agresor lo que, sin duda, no es un dato menor.

Por otra parte, cabe resaltar que derivadas de las órdenes de protección y de las medidas cautelares se adoptaron 59.597 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (acordadas en el 86,2% de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 84,2% de los supuestos) y la prohibición de volver al lugar en el que se cometió la agresión en el 12%. En lo que atañe a las medidas civiles cautelares adoptadas mientras se resolvía el proceso penal cabe destacar que se acordó la prestación de alimentos en un 25% de los casos, la atribución de la vivienda en un 20,5% de los supuestos, la suspensión de la guarda y custodia de los hijos/as solo en un 6,7% de los casos, la suspensión del régimen de visitas únicamente en un 3% de los casos y la suspensión de la patria potestad en un marginal 0,3% de los casos. La pregunta es evidente ¿en base a qué parámetros se valora el interés superior de las y los menores?

Se observa como el discurso oficial anima a las mujeres a denunciar y a solicitar medidas de protección mientras que los datos indican que cuando las mujeres se arman de coraje y de valor para solicitarlas, sin embargo, solo se conceden una mínima parte. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esta disparidad entre el discuro oficial, lo que prescribe la norma y lo que realmente acontece? En cualquier caso, lo que sí sabemos es que el juzgador/ra que decide conceder (o no) la orden de protección tiene que observar, entre otros extremos, la presencia del llamado 'riesgo objetivo'. Con respecto a este 'riesgo objetivo' la jurisprudencia viene exigiendo que sea un riesgo claro y no meramente 'intuitivo' y es aquí en donde comienzan los problemas en cuanto a su apreciación, máxime si se carece de un enfoque de género como elemento crítico de análisis. Las cuestiones que subyacen son las siguientes: ¿cómo apreciar esa situación 'objetiva' de riesgo? ¿En base a qué criterios determinará – la persona que tenga que aplicar y/o interpretar la norma – esa 'objetividad'? ¿Cómo determinar que el riesgo es claro y no meramente intuitivo? ¿Cómo garantizar que 'la objetividad' goza de 'neutralidad'? ¿Constituye la forma de socialización patriarcal el paradigma de la 'neutralidad' y, por ende, de la 'objetividad' a valorar?

Las cuestiones planteadas no son baladíes. Y no lo son si se tiene en cuenta que el punto de partida exige conceptuar la violencia de género como una violencia específica y con un significado específico que difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y es que no estamos ante hechos puntuales ni aislados realizados al azar sino ante actos que se extienden y perpetúan en el tiempo hasta el punto de normalizarse y naturalizarse desde unos parámetros de neutralidad y objetividad claramente patriarcales. De ahí la insistencia en la formación y especialización de todos/as los/as operadores/as que intervienen en el ámbito de la violencia de género, específicamente, de los/as operadores/ras jurídicos y, muy significativamente, de los/as integrantes del poder judicial. Un poder cuya legitimidad democrática cabría catalogar de indirecta, funcional o de ejercicio cuando su cometido se centra en la aplicación de normas – como la de la Ley Integral – aprobadas en el Parlamento por unanimidad.

El objetivo –desde estos parámetros– está claro cuando se apela (desde ámbitos de protección de los derechos humanos) a una verdadera Justicia de Género. Justicia para cuya consecución no basta con la existencia de normas con un claro enfoque de género (que también), sino que es necesario que las interpretaciones por parte de los/as juzgadores/ras se realicen desde esa misma visión crítica con el marco interpretativo del patriarcado. El Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de julio de 2006 lo dejó claro cuando señaló que “el potencial de las leyes de violencia contra la mujer no llegará a realizarse si no se aplican y se hacen cumplir efectivamente” haciendo especial hincapié en que “la aplicación de las leyes resultará fortalecida si se imparte una capacitación sistemática en materia de sensibilidad respecto de las cuestiones de género”.

Y las mismas consideraciones críticas cabe realizar con respecto al aumento de los archivos de denuncias por malos tratos sacados a la luz por asociaciones de mujeres así como al aumento de las sentencias absolutorias – sobre todo en los juzgados de lo Penal – como se recoge en el Informe sobre violencia de género presentado por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.

Hace unos días hacía referencia a la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género. No hay excusas cuando se violan derechos fundamentales. No hay excusas cuando el derecho a una vida libre de violencia de género queda en entredicho ante la inobservancia del enfoque de género. El principio de especialización se torna esencial para consolidar una justicia sin sesgos patriarcales: Justicia de Género.

El pasado 27 de enero de 2014 el grupo de expertas/os del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hizo público los datos estadísticos sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia correspondientes al tercer trimestre de 2013.

Unos datos cuya primera lectura permite observar que el número de denuncias por violencia de género se ha reducido en un 2,3% mientras que las renuncias han aumentado un 3,2%. Sin duda son datos para reflexionar. Son datos para una reflexión crítica si tenemos en cuenta que en 2013 un total de 54 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas (de las que sólo 11 habían denunciado a sus agresores) y en lo que va de año son ya 17 las mujeres asesinadas por agresores machistas.

Urge, por tanto, un abordaje serio y profundo a nivel estatal e institucional. Máxime si tenemos en cuenta –y seguimos aportando datos cuantitativos que dotan de objetividad al llamado 'saber oficial'– que en los últimos diez años el número de mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas asciende a unas 700.

Cifras demoledoras que hacen cuestionar nuestro modelo de democracia. Y es que ¿puede un Estado social y democrático de derecho soportar estas cifras sin sonrojarse? Sin duda, resulta muy complicado. De ahí la necesidad de reconceptualizar los términos de abordaje de la violencia de género, incluso desde el seno del propio texto constitucional, en aras de hacer efectivo el cumplimiento de ese mandato inserto en el artículo 9.2 de la CE. Algo esencial en materia de violencia de género, sobre todo si el marco conceptual del que se parte delimita la violencia de género como la manifestación violenta de la desigualdad –la más grave–, como una forma de discriminación y como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

Aludía en líneas anteriores al marco conceptual de abordaje de la violencia de género, y ello obliga a prestar especial atención a las políticas públicas y a la prioridad de garantizar los derechos de las mujeres víctimas. Y si hablamos de derechos –obviamente–, hablamos de sujetos de derechos y, por ende, de subjetividad jurídica y política de las mujeres. Lo que nos lleva a afirmar que los sujetos en el ámbito de la violencia de género son importantes, máxime si tras años de reivindicaciones y reconceptualizaciones desde el feminismo, en general, y desde el feminismo jurídico, en particular, por fin se consigue sacar del ámbito privado/doméstico el terrible drama de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo –especialmente– en el ámbito afectivo/convivencial. Esto es, en ese ámbito en el que se desarrollan los afectos, los cuidados y ese darse a los demás.

La violencia de género se traslada al ámbito de lo público/político. Al ámbito de lo visible socialmente y de lo inaceptable para cualquier democracia avanzada. Al ámbito del sujeto jurídico/político. Un ámbito en el que los poderes públicos no pueden permanecer ajenos porque eso implicaría que las mujeres como sujetos jurídico/políticos no gozan (no gozamos) de la misma consideración que los varones siendo, por tanto, su subjetividad (nuestra subjetividad) construida desde los márgenes –desde la frontera y/o periferia– del sujeto jurídico universal.

En este sentido, resulta prioritario apelar al derecho a una vida libre de violencia de género (tributario de todas las mujeres) e, incluso, conceptuar el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental. Una conceptuación –esta última– que no resulta baladí si se tiene en cuenta que parte de un marco de interpretación crítico con nuestra forma de socialización patriarcal y crítico con las estructuras de poder que operan en el sistema sexo/género.

Críticas que nos permiten advertir que las mujeres no “mueren” (no morimos) por violencia de género, sino que son (somos) asesinadas. Y es que las mujeres morían por esta lacra cuando la violencia y la muerte, en el ámbito de lo privado/doméstico, no dejaban de ser un mero hecho cotidiano con el que se convivía, como dice Ana de Miguel en su artículo “La construcción de un marco feminista de interpretación: la violencia de género”, con resignación y cierto fatalismo.

Afortunadamente, el marco de abordaje ha cambiado mucho gracias a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Una norma en donde la violencia de género deja de abordarse única y exclusivamente desde el ámbito punitivo (aunque también) para pasar a un abordaje desde un enfoque integral y multidisciplinar.

Sin duda, todo un logro que –obviamente– necesita de dotación presupuestaria y de una evaluación continuada en el tiempo. Y es aquí en donde se podrían articular críticas a las políticas actuales en materia de igualdad y de violencia de género. Críticas que permiten cuestionar la verdadera implicación para erradicar esta lacra de nuestros gobernantes. Y es que los datos anteriormente referenciados no permiten ningún tipo de justificación porque estamos ante una cuestión de Estado. Ante un problema que requiere de un pacto estatal.

Ya lo decía Miguel Lorente en su artículo “”Recortes para hoy, violencia de género para mañana“. Para acabar con la violencia de género, la denuncia es sólo un primer paso en un proceso más o menos largo en el tiempo que va desde la toma de conciencia por parte de la víctima hasta todo un autorreplanteamiento vital y del propio proceso socializador. Se observa cómo se requiere de un abordaje integral y multidisciplinar, y ello implica irremediablemente un incremento en las partidas presupuestarias. Algo que no se está haciendo, lo que pone en peligro la erradicación de este tipo de violencia que es una violencia específica y que tiene un significado específico.

En este sentido conviene no olvidar que la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una realidad, por tanto, no hacer nada para erradicarla es permitir que continúe. Se necesita concienciación y sensibilización ciudadana. Los datos son concluyentes cuando desde el Consejo General del Poder Judicial se señala que sólo un 0,04% de las denuncias son presentadas por familiares y/o amistades.

Se necesita formación y especialización –recuérdese el principio de especialización recogido en la propia Ley Integral– de los y las profesionales sanitarios, educadores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, en el ámbito de las y los operadores jurídicos porque –en última instancia– son los aplicadores e intérpretes de las normas.

Se necesitan servicios de atención a mujeres en donde se les ofrezca información y asesoramiento integral. Asesoramiento especializado para evitar que las denuncias disminuyan o que una vez interpuestas no se mantengan en el tiempo. Se necesita formación y especialización de las y los profesionales para evitar la minimización del riesgo y la bajada en la concesión de órdenes de protección.

La realidad es incuestionable y pone de manifiesto cómo los recortes en el ámbito de la violencia de género están dificultando que las mujeres puedan salir de unas relaciones calificadas de tóxicas y abusivas. La dependencia en todos los sentidos, y sobre todo, económica, contribuye a esta perpetuación. Algo muy grave sobre todo cuando observamos la demolición del Estado social. Demolición que afecta significativamente a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género.

Y es aquí en donde nos encontramos ahora, en una especie de impasse muy peligroso porque las mujeres que sufren violencia de género siguen estando ahí, condenadas a vivir en un entorno que las violenta, las humilla y las envilece.

Y todo ello porque se torna inexistente ese derecho a una vida libre de violencia de género. Quizás, porque su articulación, pese a estar integrado en el propio artículo 15 CE, no se ha insertado de forma expresa en la norma suprema como derecho fundamental, obviando el pacto sexual que subyace al pacto social. Quizás, porque su articulación depende mucho de políticas de corte social con ese carácter prestacional que llevan implícitas. En cualquier caso, las cifras son incuestionables y, entre ellas, las que arroja la Macroencuesta sobre violencia de género de 2011.

Urge un pacto de Estado. Urgen políticas tendentes a garantizar de forma efectiva y real este derecho fundamental. No valen las excusas cuando la vida, la integridad física y moral y la propia dignidad de las mujeres víctimas se encuentran amenazadas. Amenazas que obligan a reflexionar sobre la verdadera subjetividad jurídica y política de las mujeres y si esa subjetividad se ha construido (o se construye) en los mismos términos que la de los varones.