La mayor caravana migrante de los últimos años, con cerca de 15.000 personas, solo ha durado cinco días. La marea humana se ha dispersado, pero sus integrantes siguen su camino por México hacia Estados Unidos. Esta vez, el grupo no fue disuelto con violencia por la policía y la Guardia Nacional, sino con una nueva estrategia que también ha cogido por sorpresa a los propios migrantes.

El Instituto Nacional de Migración ha otorgado a los participantes de la caravana un salvoconducto de 30 días, durante los cuales pueden permanecer en México sin el riesgo de ser deportados. Cuando el principal grupo de la caravana migrante descansaba en Mapastepec (Chiapas), tras dos días de caminata bajo el sol y las fuertes lluvias desde Tapachula, todo dio un giro de 180 grados.

Durante la tarde del viernes, los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración de México montaron una mesa en la cancha de baloncesto donde hasta ese momento descansaban los integrantes de la caravana. Los agentes empezaron a pedir los papeles a miles de personas para, según aseguraron, otorgarles un permiso de estancia regular de 30 días. Se cumplía una promesa lanzada días antes por Luis Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana que se ha erigido en el líder de la caravana y a quienes todos llaman “el abogado”.

Ante miles de personas y micrófono en mano, Villagrán se había comprometido a conseguir que las autoridades mexicanas expidieran documentos que dieran a los migrantes entre 30 y 180 días para salir del país por alguna de las fronteras o para regularizar su situación solicitando una visa humanitaria en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estas palabras habían provocado el júbilo de los migrantes, aunque no todo el mundo se creía esa promesa, teniendo en cuenta que las anteriores caravanas habían sido reprimidas con fuerza en el Estado de Chiapas.

Dicho y hecho. El pasado viernes, tras haberse elaborado listado de las familias y personas que conformaban la caravana migrante, comenzaron a llevar decenas de autobuses a la cancha de baloncesto convertida en refugio improvisado de los migrantes. Hasta las tres de la mañana, los participantes de la caravana fueron trasladados en los buses para llevarlos a la aduana de Huixtla, donde les otorgaron los permisos temporales.

Con el salvoconducto en la mano, las miles de personas que habían estado unidas hasta entonces, se dispersaron. Se acabó así la caravana migrante, pero no el camino de sus integrantes. En pequeños grupos de familias o amigos, se dirigieron a las estaciones de buses de Huixtla hasta colapsarlas. Su objetivo: avanzar lo máximo posible hacia el norte, con el fin de llegar cuanto antes a la frontera con EEUU, situada a 3.000 kilómetros de Huixtla, con la garantía de encontrarse en el país legalmente, por lo que no pueden ser deportados.

Lo primero que hicieron fue hacer varias copias del ansiado salvoconducto que acredita su estancia regular en el país. Su miedo es que, durante el trayecto hacia la frontera estadounidense, la policía les rompa los documentos y los deporte a sus países de origen. La mayoría denunciaba que ya habían tenido muchos problemas con la policía de Guatemala que les había extorsionado a su paso por ese país para dejarles continuar con su viaje hacia el norte.

“Están jugando con nuestras ilusiones”

Algunos desconfiaban. Mientras esperaba montarse en los buses, la salvadoreña Alba Elisa decía: “Están jugando con los sentimientos e ilusiones que cada uno de nosotros tenemos, porque ya no sabemos si nos van a ayudar para seguir adelante o para atrás”. La mujer criticaba el hecho de que los buses los llevaran hasta un punto localizado a 66 kilómetros de donde se encontraban, y desde donde habían llegado caminando dos días antes. “Hemos venido con los pies llenos de llagas y hemos aguantado sol, lluvia y sin comer y ahora nos llevan para atrás”, indicó, mientras se preguntaba “dónde está el abogado que nos defendía”. Elisa, que huía de la “dictadura” en la que, a su juicio, se ha convertido El Salvador con el régimen de excepción, esperó que, si les iban a dar el papel, al menos que luego lo respetaran y no lo rompieran los de la migración “más adelante”.

Pese a sus dudas iniciales, que eran compartidas por muchas personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración otorgó finalmente el salvoconducto que acabó por disolver la caravana migrante más grande conformada hasta ahora, integrada por personas de 20 nacionalidades diferentes. La mayoría de ellas se dirigen ahora hacia la frontera entre México y Texas, en Acuña o Piedras Negras, en el norteño estado de Coahuila, donde ya han empezado a llegar los primeros migrantes, con el fin de cruzar el Río Bravo. Buena parte de ellos proviene de Venezuela, como Ivone Katerin Bravo Rodríguez. “Siento algo de tranquilidad porque ahora voy a viajar más segura con un salvoconducto que me va a permitir circular sin ningún tipo de problema con las autoridades de migración ni con la policía”, recalca la mujer, que busca ayudar a su hijo de 18 años.

La decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar carta blanca a los migrantes para que circulen libremente por el país se produce a escasos días de la Cumbre de las Américas en la que el presidente de EEUU, Joe Biden, hizo un llamamiento a una migración “segura y ordenada”, si bien ni siquiera asistieron los presidentes de aquellos países más emisores de personas que buscan asilo o refugio, como el propio Obrador o los mandatarios de Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua.

La decisión del Ejecutivo mexicano responde únicamente a la presión de la caravana, que se conformó el pasado lunes, después de que miles de personas llevaran meses en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les dieran una visa humanitaria de un año para permanecer en ese país o intentar llegar a EEUU sin sufrir una detención. Las miles de peticiones se fueron acumulando y los migrantes se quedaron estancados en una ciudad donde se iban quedando sin dinero, lo que les obligaba a mendigar y vivir en las calles, incluso con niños pequeños.

Ante esta situación, los migrantes se desesperaron y conformaron una nueva caravana que únicamente llegó hasta Mapastepeq, ciudad del Estado de Chiapas a casi 2.000 kilómetros de la capital mexicana. Allí se instalaron miles de personas con la intención de seguir avanzando, aunque sorpresivamente, el Instituto Nacional de Migración les envió una veintena de buses y les otorgó un salvoconducto con el que, en teoría, pueden viajar a Ciudad de México a tramitar su visa humanitaria o abandonar el país.

Pero la inmensa mayoría de migrantes no desean ninguna de las dos opciones, sino que, en lugar de regresar al sur a sus países de origen o quedarse en la capital esperando una visa humanitaria que les permita vivir en México, están aprovechando la oportunidad para subir al norte en autobuses. Lo están haciendo en pequeños grupos y no en forma de caravana, lo que conlleva un mayor riesgo, a diferencia de lo que sucedió con la primera caravana migrante de 2018 en la que más de 7.000 personas lograron llegar de manera segura a Tijuana.

Los migrantes se encuentran actualmente en una situación de mayor vulnerabilidad al dirigirse sin la protección de la caravana a una zona fronteriza controlada por el crimen organizado que se dedica al tráfico de personas. La Casa del Migrante en Saltillo ya ha denunciado que “la policía del Estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración aterrorizan a personas migrantes en la central de autobuses” impidiendo que puedan continuar su camino, pese a contar con el citado salvoconducto. Medios locales han publicado en redes sociales cómo algunos migrantes son bajados de los autobuses en retenes por parte de la Guardia Nacional que les bloquea su viaje hacia el norte.

Buses retenidos cerca de la frontera

“Nos detuvieron en Ciudad Castaños, en el Estado de Coahuila y nos tienen aquí, hay mucha gente, muchos niños, no sabemos qué hacer”, asegura por teléfono una de las migrantes de Venezuela que en los últimos días había emprendido viaje hacia la frontera con EEUU. “Están deteniendo a todos los buses, los hacen regresar y nos quieren tirar otra vez a la ciudad de Monterrey cuando hemos pagado cada uno 280 pesos. Dicen que, si no nos regresamos a la ciudad de Monterrey, nos van a deportar a nuestro país”, denuncia por teléfono.

Poco después, informa que los han devuelto a Monterrey. Otro migrante de Venezuela confirma que antes de llegar a la Ciudad de Castaño, “la Policía nos está reteniendo porque nos dice que no podemos avanzar, cuando antes en un punto migratorio, agentes de migración subieron y nos dejaron avanzar. ¿A quién debemos hacer caso si tenemos visa transitoria en todo México?”, se pregunta.

En uno de los vídeos enviados por una de las migrantes que se encontraba en un bus retenido se ve a agentes policiales fuertemente armados que obligan a bajarse del bus a los pasajeros. “No somos delincuentes y no estamos cometiendo ningún delito, sino que solamente estamos peleando por nuestro derecho y lo que nos prometió Migración México, así que, por favor, la Policía tiene que respetar ese derecho”, se escucha a uno de los migrantes.

Luis Gabriel López, originario de Chiquimula, en Guatemala, viaja junto a su pareja y su bebé de siete meses. “No me planteo regresar, porque si volvemos, nos matan a mí y a mi esposa, dado que tenía un taller de enderezado de pintura y me pedían 50.000 quetzales (6.600 euros) de extorsión y no lo tengo, por lo que mejor decidimos dejar nuestro país”, revela.

Por su parte, Walter Centeno, originario de Nicaragua, afirma que tampoco puede volver a su país. “Quienes somos contrarios al Gobierno de Daniel Ortega, nos vemos en la obligación de salir de nuestro país para protegernos porque ya no tenemos seguridad y corremos el riesgo de que nos encarcelen y torturen”, lamenta. El joven, de 24 años, denuncia que su vida está “totalmente en riesgo” y espera un nuevo destino en San Francisco, el lugar que desea alcanzar.

A los migrantes que logren cruzar a EEUU les espera otro obstáculo: el Título 42, que les impide solicitar asilo. Se trata de una norma que impulsó el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 y que permite negar la entrada a quienes consideren un peligro para la salud pública. Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de EEUU de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.

La posibilidad de ser deportados no impide que miles de migrantes continúen viajando en buses hacia la frontera norte de México con un papel otorgado por las propias autoridades de migración y que se ha convertido en su tesoro con el que confían cambiar su destino. Las personas migrantes ven su ‘sueño americano’ más cerca que nunca y no están dispuestas a renunciar a él tras haber recorrido miles de kilómetros en su búsqueda.

Todo parecía previsible en la entrega de los Premios MTV Millennial Awards (MIAW) 2021, una gala dirigida a la juventud, con gran peso de las 'estrellas' de Tik Tok y cantantes de reggaetón. Hasta que Sara Curruchich pisó el escenario.

“Llegar aquí hoy representa caminar con mis hermanas en contra de un sistema racista y patriarcal que nos violenta, nos oprime y asesina”, dijo la cantante guatemalteca, de origen maya kaqchikel, en el arranque de un breve discurso, tras recibir este martes en México el galardón MTV Transforma MIAW, en reconocimiento a su lucha por la igualdad de género a través de su música.

Con una iluminación futurista, la cantante originaria de San Juan Comalapa, subió al escenario vestida con el huipil y el corte indígena tradicional de su tierra. Solo sonrió cuando recogió el premio y agradeció, en su idioma natal, “a todas las mujeres de los pueblos originarios”.

Entonces, su semblante cambió para, ya en castellano, dedicar el reconocimiento “a las ancestras, las niñas y las mujeres diversas de todos los territorios que no están con nosotras víctimas del genocidio y feminicidio”. “Estamos de pie exigiendo justicia. Estamos aquí y estaremos cada vez con más fuerza”, afirmó.

Curruchich atiende a elDiario.es desde México. Su música, explica, tiene un “posicionamiento político” porque es consciente de su “gran poder alcanzar muchas personas”. En un país como Guatemala donde, en lo que va de año se registraron 280 feminicidios y muertes violentas de mujeres, según la Fiscalía, la cantautora asume como una “responsabilidad” denunciar la situación allá donde va.

“Yo tengo la posibilidad de poder ir a lugares a compartir las agresiones que estamos viviendo como mujeres en todos los espacios, ya sea en la calle, en las escuelas y los trabajos e incluso esta violencia estatal que también está bastante cruda”.

Estas denuncias las traslada a sus canciones. Curruchich reconvirtió la leyenda tradicional guatemalteca de la Siguanaba en un alegato contra la sexualización del cuerpo de las mujeres, la violencia machista y el matrimonio infantil. “Obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huyó, porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía, nadie golpearla debía. Su vida es de ella y de nadie más. Le llaman la Siguanaba, le llaman bruja, le llaman animal porque lucha contra las violencias del sistema patriarcal, por las mujeres y su dignidad”, recita.

Este tema surgió tras la invitación de una organización del País Vasco que trabajaba con otras mujeres guatemaltecas para abordar las leyendas de este país centroamericano desde un enfoque de género. “Escogí la Siguanaba porque es una historia que escuchaba bastantes veces de niña y tenía una carga muy misógina, por lo que pretendí visibilizar la fuerza de ella para prevenir las violencias en contra de otras mujeres en un país donde hay muchos matrimonios infantiles forzados y que prácticamente son violaciones”.

La aparente timidez de Sara Curruchich se transforma cada vez que sube a un escenario: “Cuando salto, río y bailo siento que lo estoy haciendo con mis abuelas en ese momento, aunque no las vea. Pienso que estoy en esos espacios gracias a ellas”. La artista canta en Kaqchikel, uno de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Es su forma de reivindicar una lengua que en algunos lugares es motivo de señalamiento. Curruchich señala que ha recibido “comentarios racistas” por componer en su idioma: “Me preguntan por qué sigo hablando o cantando en kaqchikel si es algo atrasado”.

Su inspiración

La cantante procede de San Juan Comalapa, un pueblo en el departamento de Chimaltenango rodeado de colinas, donde han nacido numerosos artistas que han sido inspiración y “escuela” para la joven artista, como Maximiliano Icú y Carmen Cúmez. “Si tuviera la oportunidad de escoger un lugar donde nacer, escogería de nuevo San Juan Comalapa, un pueblo que ha tenido un proceso de sanación muy grande tras ser bastante golpeado en la guerra”, recalca con orgullo.

Uno de los momentos más emotivos que ha vivido Curruchich se remonta a junio de 2018, cuando cantó en su municipio con motivo de la llegada de los restos mortales de 172 personas sin identificar que fueron aniquiladas por el ejército entre 1980 y 1985. Los cuerpos fueron exhumados entre agosto de 2003 y diciembre de 2005 en un antiguo destacamento militar del pueblo que vio nacer a Sara, denominado actualmente 'Paisajes de la Memoria'.

Junto a las dos grandes fosas de donde fueron extraídos varios cuerpos, Curruchich cantó Ralk’Wal Ulew (Hijas e Hijos de la Tierra) en homenaje a las 200.000 personas asesinadas por los militares en el conflicto armado interno, muchas en Comalapa. Este año, presentó junto a la rapera guatemalteca Rebeca Lane el tema ‘Kixampe’, grabado en este emblemático lugar donde se enterraron los huesos de las 172 víctimas y se colocó un listado con los nombres de más de 6.000 personas cuyo paradero se desconoce: “Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria”, dice la canción.

La cantautora kaqchikel descubrió la música cuando era niña acompañando a su padre y a su madre, cuando visitaban a personas enfermas a quienes trataban de ayudar con la música. “Eso me impactó mucho y sentía que ese era el lugar donde yo quería estar. Me gusta pensar que mi papá, que ahora no está físicamente, quizá de una u otra forma pudo percibir este gusto por la música de mi parte y empezó a tocar la guitarra conmigo y a invitarme a cantar”, rememora.

Sara se recuerda escuchando la radio a todas horas, “agarrando la escoba” a modo de micrófono y cantando en cada esquina. “Por eso ahora agradezco mucho tener esa posibilidad de tenerlo y, por supuesto, doy las gracias a mi familia por haberme apoyado con el sueño y espero poder apoyar a otras niñas indígenas en los pueblos para que puedan tener acceso mucho más grande a los espacios de arte”. La cantante guatemalteca compuso la canción ‘Ch’uti’ xtän’ (Niña) en homenaje a sus padres.

“El sistema racista nos pretende negar espacios”

Una de las cosas que más le gusta a Curruchich cuando actúa en las comunidades de Guatemala es compartir escenario con niñas indígenas, a las que “por tantos años” se les “ha negado” esa visibilidad. Se emociona al recordar a Jessica, una niña de siete años que en un concierto en San Antonio Palopó subió al escenario para pedirle una canción. “Yo le pregunté si ella se la sabía. Asintió. Cuando le pregunté si quería pasar a cantarla conmigo, me dijo que no porque le daba mucha vergüenza, se preguntaba qué podían decir de ella las personas que estaban ahí”. Sara le pidió que no tuviera miedo. “Le dije que estábamos juntas y que no se girase a ver a las demás personas, sino que solo nos mirásemos entre nosotras como si estuviéramos solitas”.

Cuando Jessica subió al escenario, empezaron a cantar una frente a la otra, pero “a la mitad de la canción, la niña se volteó al público y empezó a cantar y a mover las manos”. Toda esta situación supuso un “mensaje clarísimo”, continúa, para un “sistema racista que pretende seguir negándonos esos espacios que ahora son nuestros y los estamos recuperando para que todas las niñas indígenas de Guatemala puedan ocuparlos con mucha dignidad y esperanza, para construir algo distinto para nosotras”.

Sara también se sintió igual que Jessica el 1 de diciembre de 2012 cuando se subió por primera vez a un escenario de la mano de la banda de rock de idioma Maya Mam 'Sobrevivencia'. “Sobrevivencia tiene muchos fans y estábamos en el escenario en Sololá, donde yo veía a tantas personas coreando sus canciones. Estaba muy asustada porque iba a cantar con ellos dos temas”, recuerda. En ese instante, cuando se puso enfrente del micrófono, volvió a ser esa niña que anhelaba, agarrada a una escoba, cantar con un micrófono.

Fátima no olvida. Para ella, José era como un padre hasta que, en noviembre de 2009, se transformó en un monstruo. Aquella noche, Fátima fue víctima de una violación. Tenía 12 años.

Tres meses después, la madre de la niña descubrió que estaba embarazada y se vio obligada a tener al bebé en su país, Guatemala, donde solo está permitido el aborto terapéutico, que se aplica en caso de que la vida de la madre corra peligro. Es una de las cuatro jóvenes que han presentado una denuncia esta semana ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas contra sus respectivos Estados.

Al principio, Fátima no quiso dar el nombre del agresor, porque sentía “miedo, rabia y asco”. Tras hablar con una psicóloga, tuvo la valentía de denunciar al hombre que le cambió la vida: un reputado profesor universitario de 52 años que ayudaba económicamente a la familia de la menor y que trabajaba como funcionario en la Secretaría de Bienestar Social, un organismo del Gobierno de Guatemala que se dedica a la protección de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía ordenó su captura inmediata, pero no fue detenido. Nueve años después, sigue libre. El agresor no se entregó nunca a la Justicia, aunque telefoneó un día a la madre con un objetivo: admitir su responsabilidad y ofrecerle dinero para que esta desistiera de las acciones legales.

Fátima y su madre rechazaron los chantajes. Hoy tiene 21 años y ha logrado entrar en la Universidad, aunque durante un tiempo tuvo que abandonar sus estudios para afrontar una maternidad forzada. Tras ver cómo le ha fallado la Justicia en su país, acudió este miércoles a Ginebra para presentar su caso ante la ONU con la esperanza de que el organismo emita sus recomendaciones a Guatemala.

Su objetivo es evitar que este país vuelva a registrar los 77.700 nacimientos de niñas de 10 a 19 años contabilizados en 2018, de los cuales 2.256 tenían menos de 14 años. Solo entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se han registrado en el país centroamericano un total de 30.899 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 19 años, de los cuales 816 correspondieron a niñas de entre 10 a 14 años, según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva.

Una de las asignaturas pendientes en la legislación guatemalteca es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad se sitúa en los 14 años, por lo que solo por debajo de este límite se considera una violación.

Norma: “No quería seguir viviendo”

Fátima no acudió sola a Ginebra a intentar cambiar esta realidad. Lo hizo acompañada de Norma, quien a los 12 años fue violada en Ecuador por su padre. Un año después se quedó embarazada ante la imposibilidad de abortar en este país, donde solo está permitida la interrupción voluntaria si la vida y la salud de la mujer corren peligro o cuando hay una violación contra una mujer con discapacidad mental.

En casa de Norma, la violencia era cosa de todos los días. Su madre tuvo que huir y ella vivió con su padre hasta los seis años, pero la violación de su prima, de 12, disparó las alarmas y la niña fue separada de su progenitor para vivir con su abuela. Cuando la mujer murió, las autoridades permitieron que Norma regresara con 12 años con su padre tras haber abusado de su prima. Ella se convirtió en la nueva víctima de la agresiones hasta que quedó embarazada.

Seis años después de sufrir una maternidad forzada y de ver cómo la Justicia en Ecuador también le daba la espalda, Norma decidió presentar su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, también para intentar poner freno a los siete embarazos diarios de niñas que se registran en ese país producto de una violación sexual.

Hasta llegar a Ginebra, Norma ha padecido depresión y se ha enfrentado frecuentemente a ideas suicidas: “Me quería matar, no quería seguir viviendo. Me quería botar [tirar] de una peña”, recuerda. Ana Cristina Vera, de la organización ecuatoriana Surkuna, que ha acompañado a la joven hasta la ONU, denuncia que Norma llegó a sufrir también violencia obstétrica en el hospital en el que la atendieron, donde un doctor le llegó a recriminar que “para hacerlo sí abrió las piernas, pero para tenerlo no”.

El padre de la joven, de nombre Raúl, nunca se sentó ante la Justicia. Huyó y falleció cuatro años después de que fuera denunciado. Sin embargo, tal como destaca Vera, Norma ha decidido contar su historia porque “no quiere que ninguna otra niña tenga que vivir la violencia sexual continua y sistemática que sufrió ella y que dio como resultado un embarazo forzado”. Su hermana también resultó embarazada tras ser violada por otro hombre. El caso continúa impune, dado que la investigación solo cuenta con una página de indagación previa.

Cada día, tres menores denuncian haber sido violadas en Ecuador, según la representante de Surkuna, que precisa que se debe tener en cuenta que “solo el 10 por ciento de las agresiones sexuales se denuncia, lo que demuestra la falta de acceso a la Justicia que tienen las niñas”. Además, revela que “seis de cada diez casos de violencia sexual han sido perpetrados contra menores de 14 años”, lo que ha provocado que, según datos de 2016, ocho de cada 1.000 niñas resultaban embarazadas, frente a las 2,5 por cada 1.000 registradas en 2013.

“Esto se traduce en que, cada año, 2.800 niñas dan a luz producto de la violencia sexual y la maternidad forzada”, denunció Vera en Suiza, donde apuntó que “solo el 1% de los casos de violencia sexual acaba en sentencia y ello no implica que sea condenatoria”.

A Lucía la violó el cura de la iglesia donde cantaba

También llegaron a la ONU los casos de violación y consecuente embarazo de dos niñas de Nicaragua, quienes no pudieron acudir a Ginebra por la crisis política que atraviesa su país. La primera denuncia es la de Lucía, quien en 2013, cuando tenía 13 años, fue violada por el cura de la iglesia a la que acudía para cantar en el coro. El sacerdote comenzó a hostigarla con preguntas explícitas sobre su sexualidad a través de mensajes de texto a su teléfono móvil, si bien el acoso se fue intensificando hasta que un día, al final de la liturgia, la agredió sexualmente.

Durante más de un año, las violaciones continuaron, aprovechándose del miedo de la menor, quien no se atrevía a confesar a nadie las agresiones sexuales que sufría, tras las cuales el sacerdote la obligaba a usar anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, en 2014, se quedó embarazada. “No es mi plan ser una madre ahora”, aseguró en su día la niña, quien no pudo abortar debido a que en Nicaragua está prohibida la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos. Un tercio de los partos en el país corresponden a menores de 18 años

Cuando nació el bebé, vino el estigma. En la calle le decían 'la querida del cura', 'la panzona' o 'la que fue mujer del padre', por lo que se vio obligada a abandonar la escuela, tal como le sucede al 85% de las niñas embarazadas en su país. Aunque interpuso una denuncia contra su agresor, tuvieron que pasar 10 meses para que se dictara una orden de arresto, pero nunca se concretó. La Archidiócesis de la capital de Nicaragua tampoco hizo nada para entregar al cura ante la Justicia, sino que se limitó a enviarlo a una casa de retiro, donde continúa gozando de libertad.

“Mi abuelo me tocó con 6 años por primera vez”

El cuarto caso denunciado ante la ONU es el de Susana, también de Nicaragua, quien desde los 6 años fue sometida a agresiones sexuales por parte de su abuelo. “A esa edad me tocó la primera vez. Me quería besar en la boca pero yo no me dejaba. Me decía que si yo no me dejaba, me volaba la cabeza y se la echaba a los perros”, relata la joven, quien a consecuencia de las violaciones, se quedó embarazada cuando tenía 13 años, en 2014.

Su abuela la sacó de casa para alejarla de su agresor, quien intentó que regresara a la vivienda. Dos días después del parto, Susana y su abuela se presentaron ante las autoridades para interponer una denuncia. Tuvieron que acudir a cinco municipios para poder formalizarla.

De nada sirvió este periplo, ya que el abuelo nunca fue arrestado, ni juzgado, ni mucho menos condenado. Todavía se deja ver por el pueblo de la víctima. Susana busca en Ginebra la Justicia que nunca obtuvo en su país, al igual que Fátima, Norma y Susana.

La lucha por la despenalización del aborto

Todas ellas han puesto sus últimas esperanzas a miles de kilómetros de donde fueron violadas y obligadas a ser madres. Lo hacen acompañadas de varias organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Reproductivos, cuya directora regional para América Latina y el Caribe, Catalina Martínez, confía en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU tarde unos cuatro años en dar respuesta a las denuncias y emita sus recomendaciones.

Concretamente, espera que la ONU exija la despenalización del aborto en Nicaragua donde está “totalmente criminalizado”, así como la adopción de protocolos que permitan implementar la Ley del Aborto en Guatemala y Ecuador para que las niñas que sufran violencia sexual puedan interrumpir voluntariamente su embarazo, algo que ahora mismo está prohibido.

En el caso de Guatemala, esta modificación legislativa está muy lejos de materializarse, tal como pusieron de manifiesto la semana pasada la mayoría de los candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo 16 de junio. 15 de los 20 políticos que se presentan han firmado la Declaración Vida y Familia, en la que se comprometen a “garantizar la vida desde la concepción”. El Congreso está tramitando y a punto de aprobar una iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que propone penas de dos a cuatro años de cárcel para las mujeres que aborten accidental o voluntariamente.

Esta ley pretende contentar así a la religión católica y evangélica, que tienen una gran influencia en la política del país y cuya presión logró paralizar la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud, que contemplaba el acceso a métodos anticonceptivos modernos y el derecho a una educación sexual integral para los jóvenes.

Para Meylyn Mejía, trabajadora social de Mujeres Transformando el Mundo que acompaña el caso de la guatemalteca Fátima, desde 2015, el Congreso ha priorizado una “agenda regresiva que atenta contra los derechos humanos de las mujeres”. Como ejemplo de ello, cita el rechazo de la cámara a una iniciativa impulsada por esta entidad en 2017 que planteaba que las niñas menores de 14 años que hubiesen sufrido una violación pudieran abortar en el sistema público de salud dentro de las 12 semanas de gestación.

Mejía critica que para el Gobierno de Guatemala, las miles de niñas embarazadas cada año son “un cero a la izquierda”, en referencia a que el Ministerio de Desarrollo Social solo otorga una ayuda económica mensual de 500 quetzales (60 euros) a 69 niñas que se convirtieron en madres. “Solo conocemos los casos de las niñas que denuncian haber sido violadas, mientras que muchas siguen en silencio y otras no denuncian porque se suicidan al no encontrar una salida”, concluye. Una realidad que las cuatro jóvenes que tuvieron una maternidad forzosa pretenden que cambie de raíz si la ONU obliga a Guatemala, Ecuador y Nicaragua a asumir su responsabilidad, ofrecer disculpas públicas y reabrir las investigaciones para que sus casos no queden impunes.

“Ayúdenme”, grita con desesperación una mujer centroamericana que, entre lágrimas, tira del brazo de su hijo pequeño mientras un agente de migración de México le agarra del otro brazo para introducir al niño por la fuerza en una furgoneta. “Véngase”, le dice. El menor llora y reclama su chancleta, que ha perdido durante el forcejeo. A empujones, un agente de la Policía Federal mexicana trata de meter en otro vehículo a otra migrante que se resiste. Un joven corre a toda velocidad para evitar que un policía y un funcionario del Instituto Nacional de Migración le atrapen. Finalmente, es detenido.

Son algunas de las escenas que dejó la redada contra la última caravana migrante que atraviesa México con destino a EEUU que tuvo lugar el pasado lunes. Cientos de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador se encontraban caminando en Pijijiapán, en el estado mexicano de Chiapas y fueron sorprendidos por la Policía Federal y agentes de migración, que arrestaron a 371 personas.

Las autoridades mexicanas usaron la fuerza también contra los niños, que fueron obligados a detener su camino y a subirse a varias furgonetas, pese a su negativa y sus llantos. Tras presenciar estas detenciones, algunos migrantes cogieron piedras y palos para evitar correr la misma suerte.

El giro del Gobierno en política migratoria

Desde la primera caravana de 7.000 personas que partió el pasado 13 de octubre desde la localidad hondureña de San Pedro Sula (todavía no había tomado posesión Andrés Manuel López Obrador), no había ocurrido nunca un operativo de tal envergadura contra su trayecto en territorio mexicano. Sí que hubo redadas a pequeña escala, sobre todo, en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la Policía Municipal recorría las calles y detenía aleatoriamente a los migrantes, a quienes acusaba de portar o consumir drogas o alcohol en la vía pública.

Más allá de estos arrestos selectivos, el anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, permitió circular libremente a la primera caravana migrante. La Policía Federal llegó a conseguir transporte durante el camino de la caravana y custodiar los camiones en los que viajaban.

Cuando López Obrador alcanzó la presidencia del país el pasado diciembre, dio un paso más allá y otorgó una visa humanitaria a más de 12.000 migrantes que se sumaron a la nueva caravana que partió el pasado 14 de enero desde San Pedro Sula, con el objetivo de que pudieran residir y trabajar en México por un año. Miles de centroamericanos pernoctaron durante días en el puente Rodolfo Robles, que separa Guatemala y México, a la espera del trámite para conseguir ese documento, que les permitía circular libremente hasta la frontera de EEUU sin el riesgo de ser detenidas. Muchas de ellas no lo lograron, ya que López Obrador puso fin a esta iniciativa el 28 de enero.

Desde entonces, la administración mexicana ha dado un giro de 180 grados en su estrategia migratoria, cediendo a las presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha acusado a México de no hacer nada para frenar la migración y ha amenazado con cerrar la frontera sur, algo que finalmente no se ha concretado.

El Gobierno mexicano ha suspendido temporalmente desde el pasado 15 de marzo las operaciones de la Oficina de Trámites de Regulación Migratoria en Tapachula (Chiapas) dejando en un limbo a miles de migrantes, entre ellos, 1.000 personas de nacionalidad cubana, que pretendían solicitar un permiso para transitar libremente por el país.

El Ejecutivo mexicano también ha comenzado a deportar a migrantes de Honduras de la nueva caravana, tal como hizo el pasado 13 de abril al enviar en avión a 217 personas de ese país a San Pedro Sula al estar “en condición de estancia irregular en México”. La mayoría eran familias que viajaban con menores de edad.

Organizaciones de derechos humanos mexicanas han criticado el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Ha habido una reacción del Estado muy violenta que no esperábamos con este gobierno”, ha dicho Salva Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en declaraciones a la Agencia Efe.

En una de las paradas de la primera caravana migrante, los integrantes durmieron en el Parque Central de Huixtla (Chiapas). En esta última, denominada 'Caravana Madre', fueron desalojados de ese lugar y obligadas a dormir en condiciones de hacinamiento en un minúsculo campo de baloncesto a las afueras de este municipio, que carece de cualquier servicio básico, como baños, duchas o servicios médicos.

Carla Bodine aseguraba tener “miedo a la deportación” hace una semana, a su paso por Huitxla. La mujer se marchó el pasado 10 de abril de Honduras junto a su hija de 16 años y sus dos hijos gemelos de año y medio. “Vamos al río a hacer nuestras necesidades”, explicaba Bodine, quien explicaba que antes de llegar a Huixtla, “la migración [los agentes] nos quería agarrar, pero logramos escondernos”. Pese al endurecimiento del control migratorio, confiaba en entrar en EEUU para reencontrarse con su hermano en Nueva York. “Mucha gente de la primera caravana lo logró y así vamos a entrar nosotros”, remarca.

“Evitar que sean víctimas de los coyotes”

Además de caminar decenas de kilómetros cada día bajo un intenso sol y sin comer apenas, las personas que migran juntas en la caravana se enfrentan a ser detenidas por el camino. López Obrador asegura que su intención es “cuidarlas y, para eso, se les pide un registro para saber de dónde son y tener sus datos generales, sobre todo, en el caso de familias con niños”.

El presidente justificó el operativo que se saldó con casi 400 arrestados para evitar que sean víctimas de los 'coyotes' que trafican con las personas que se dirigen a EEUU. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad, ya que en otros tiempos hemos tenido asesinatos de migrantes en el norte y no queremos eso”, afirmó en una rueda de prensa un día después de la redada.

Pese a que las imágenes muestran empujones y agarrones a las personas migrantes que fueron detenidas, incluidos a menores de edad, el mandatario recalcó que las fuerzas habían “actuado con mucho respeto a los derechos humanos de los migrantes y lo vamos a seguir haciendo”, por lo que tildó de “incidente” lo ocurrido en Pijijiapán.

Asimismo, Lopez Obrador lanzó el mensaje a Trump de que va a seguir habiendo migrantes, debido a las “circunstancias de pobreza y abandono que existen en Honduras, Guatemala y El Salvador”, por lo que dijo que este problema “no se resuelve con deportaciones”. Por ello, instó al Gobierno de EEUU a que con urgencia “apoye el desarrollo en los países de Centroamérica con recursos económicos para impulsar proyectos productivos que creen empleo y atemperar así el problema migratorio”. “Tenemos que buscar la solución sin pelearnos con el Gobierno de EEUU y protegiendo a los migrantes, que tienen derecho a vivir libres de miseria”, concluyó.

Este discurso choca con las reiteradas amenazas de Trump de recortar los 450 millones de dólares de ayuda económica que destina anualmente a los países de Centroamérica como castigo por no frenar el flujo migratorio, empujado por el hambre, la miseria y la violencia.

A sus 24 años, Esther Bonilla salió de la ciudad hondureña de El Progreso con sus hijos de tres y seis años. “No quiero volver a mi país. Temo por la vida de mis hijos y, por eso ando aquí arriesgando la vida de ellos. Me duele mucho porque duermen mal, comen mal y el viaje es muy duro”, aduce. Critica que el Gobierno de Juan Orlando Hernández “es un desastre, porque allí somos muchas personas pobres y ni nos voltean a ver”. Augura que, a este paso, “con tanta pobreza, algún día se va a vaciar Honduras”.

Pese a que, en un principio, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, había advertido de que en esta última caravana iban a llegar 20.000 migrantes, ahora reconoce que no han alcanzado tales cifras. Según sus datos, finalmente han recibido seis caravanas de unas 2000 personas cada una. Sánchez ha incidido en que el Gobierno mexicano pretende brindar atención humanitaria a los migrantes, primero les pidió que “respeten nuestras leyes y nuestras autoridades y acepten su registro en el Instituto Nacional de Migración”, uno de los argumentos con los que justificó las detenciones del pasado 22 de abril.

“En Honduras, a las mayores de 30 no nos contratan”

El Gobierno de México trata de satisfacer las exigencias de Trump intentando que se reduzca la cifra de migrantes que pretenden llegar a ese país. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, espera que el Congreso apruebe pronto la ampliación de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo a las personas de Honduras y El Salvador, sumándose así a las de Guatemala y Belice que ya gozan de este derecho. Este documento les permite entrar y salir del país para trabajar en las localidades situadas en la frontera con Guatemala, al sur.

Una de las potenciales beneficiarias puede ser Iris Lorena Fonseca Pérez, de Santa Bárbara (Honduras), quien viaja en la nueva caravana, pero su intención no es llegar a Estados Unidos, sino quedarse en Puebla (México), donde va a intentar “luchar” para ayudar a sus cinco hijos, que se quedaron en su país. “Tengo 45 años y soy licenciada en Enfermería, pero en Honduras está bien crítico el trabajo, ya que a las mujeres mayores de 30 años no nos dan un empleo. Solo quieren jóvenes”, lamenta.

Llegar a EEUU

María Suyapa Murillo, de 42 años, procede de San Salvador. Su meta es llegar a California para trabajar “de lo que caiga”, con el fin de “sacar adelante” a sus tres hijos, que siguen en su país. Tras separarse de su pareja porque “no era responsable en el hogar y mucho menos de sus hijos”, Suyapa explica que tuvo que hacerse cargo de ellos sola, pero la falta de empleo la empujó a sumarse a esta caravana que no esperaba que fuese “tan dura”.

En los tres primeros meses del año, según la secretaria de Gobernación, han transitado por México “cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los EEUU”, mientras que en el último mes han sido deportadas 15.000. La mayoría, como María, abandonaron sus lugares de origen en busca de un futuro mejor alejado de la violencia y la pobreza que asolan Guatemala, Honduras y El Salvador. Buena parte del PIB de estos tres países depende de las remesas de las personas migrantes que viven en EEUU y que gracias a precarios trabajos, envían a sus familias cientos de dólares mensuales para que puedan salir adelante.

Rosa Pineda es una de las migrantes que lograron llegar a EEUU en la primera caravana junto a su hija de 17 y su hijo de 12 años. Ahora se encuentra en Minessota, en casa de una estadounidense que los acogió, según explica por teléfono a eldiario.es. Ahora está pendiente de una cita judicial programada para el próximo 20 de mayo en la que solicitará no ser deportada, así como un permiso de trabajo, como le ha recomendado su abogada.

Descarta pedir asilo teniendo en cuenta que “solo lo están dando a aquellas personas que demuestren con pruebas que su vida corre peligro si regresan a su país”. De momento, y a la espera de saber si será o no deportada, Pineda asegura orgullosa que su hijo ha recibido varios reconocimientos en la escuela por ser un alumno ejemplar.

El Volcán de Fuego, en Guatemala, sigue despierto expulsando humo mientras se producen explosiones en su interior. Las miles de personas que vivían en sus faldas no se asustaron cuando hace un mes, el coloso de 3.763 metros de altura comenzó a temblar. Sin embargo, ese día fue diferente: se desencadenó una tragedia sin que hubiera orden de evacuación.

El 3 de junio, millones de metros cúbicos de flujos piroclásticos, con gases y materiales sólidos calientes, descendieron a 200 kilómetros por hora engullendo todo lo que se encontraba a su paso, incluidas 186 viviendas en San Miguel Los Lotes, la comunidad más afectada. Según el último recuento oficial un mes después de la tragedia, 113 personas fallecieron y 331 continúan desaparecidas.

Pero el saldo de víctimas podría ser mucho mayor, porque no había un censo de población en ninguna de las aldeas construidas alrededor del volcán. La organización Antigua al Rescate ha asegurado este miércoles que, según sus estimaciones, 2.900 personas continúan desaparecidas.

Un mes después, las más de 3.500 personas afectadas que no pueden regresar a sus casas continúan hacinadas en alguno de los 16 albergues habilitados por el Gobierno. Duermen en aulas de escuelas, donde pernoctan hasta 30 o 40 personas juntas, a pesar de que Guatemala ha recibido tras las emergencia miles de dólares de la comunidad internacional, incluida España, que ha donado más de 200.000 euros.

Elisabeth García está embarazada de seis meses y duerme en una tienda de campaña, junto a su marido y sus tres hijos, en el albergue Papa Francisco, de Escuintla. Hasta este lunes, estaba en una de las escuelas habilitada como albergue tras lograr escapar a tiempo cuando se produjo la erupción.

“Nos sentimos humillados. En el nuevo albergue nos dicen que el rollo de papel tiene que durar una semana y que quien tenga más puntos le darán antes una casita de madera”, relata. García afirma que “no se ve nada” de los miles de dólares que ha recibido el Gobierno en ayudas de todo el mundo para afrontar la emergencia.

Las condiciones de hacinamiento en los albergues ha comenzado a afectar a la salud de los alojados. El Ministerio de Sanidad ha registrado más de 10 enfermedades, entre ellas respiratorias y gastrointestinales, contraídas por más de 3.000 personas.

Para evitar que la situación se agrave, el Ejército y voluntarios de la organización Techo han comenzado a construir esta semana 80 viviendas y otros 250 módulos habitacionales. Se trata de casas de madera proporcionadas por Techo, algunas financiadas por Cáritas y otras por empresarios privados para reubicar provisionalmente a 1.000 familias antes de final de mes. Posteriormente, comenzará la construcción de las 1.000 viviendas definitivas, que pueden tardar un año.

El Ejecutivo de Guatemala había anunciado que prolongaría un mes más el estado de calamidad en los departamentos más afectados para continuar con los trabajos de reconstrucción, pero el Congreso aún no lo ha aprobado. Algunas zonas quedaron inhabitables. Los vecinos deben decidir ahora si convierten este lugar en un cementerio o en un área de recordatorio o conmemoración de sus seres queridos. Un mes después, los continúan buscando con palas y con ayuda de voluntarios.

“Aunque sean huesitos, que nos los traigan”

Pasadas dos semanas de la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) decidió poner fin a los trabajos de búsqueda de víctimas debido, dice, a la inestabilidad del terreno y el peligro que conlleva. Pero no todos se han rendido. Los equipos de bomberos voluntarios acompañados de vecinos se afanan por recuperar los cuerpos de las más de 300 personas que, según las autoridades, continúan desaparecidas, aunque estas cifras distan mucho de lo que opinan quienes intentan desenterrar toneladas de lava con palas y excavadoras.

Quien no pierde la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo es Simeón Bajxac, padre de Juan Bajxac, uno de los dos bomberos voluntarios que continúa desaparecido desde que el 3 de junio acudió a rescatar a las personas afectadas por el Volcán de Fuego. Los equipos de rescate creen que ambos podrían permanecer en el interior de la ambulancia donde se vieron sorprendidos por la caída de la lava sin poder hacer nada para salvar su vida.

“Aunque sean huesitos que nos traigan, pero yo les quiero dar cristiana sepultura”, asegura el padre de Bajxac. Incide una y otra vez en que su hijo, de 41 años, no puede quedar para siempre como desaparecido y pide a las autoridades que autoricen más días de búsqueda de los dos bomberos.

El rastreo se complica más aún debido a la lluvia que cae todas las tardes sobre la región, lo que provoca grandes ríos de flujos piroclásticos que han llegado a la carretera nacional utilizada por los equipos de rescate y obligó a evacuar a la comunidad El Rodeo ante el riesgo de que llegaran a zonas urbanas.

“El panorama es desolador y lamentablemente, no hemos podido llegar a la zona donde están enterrados nuestros dos compañeros, porque es una zona apocalíptica y devastadora”, explica Osman Silba, integrante de los bomberos voluntarios, sobre la denominada 'zona cero' del desastre natural. “Empieza a parecer casi imposible devolverles los cuerpos a su familia. Pero seguimos peleando, porque eran rescatistas de altura y ellos nunca dejaron a nadie”.

“A los pobres casi no nos dan importancia”

Hace dos semanas, los familiares de los bomberos mantuvieron una reunión con las autoridades para pedirles que no desistan y continúen las labores para recuperar los cuerpos. “¿Qué pasaría si fuera su hijo? ¿No lo buscarían?”, les preguntó el padre de José Antonio Castillo, el segundo bombero desaparecido. “A los pobres casi no nos dan importancia”, lamenta.

Gloria Nohemí Cojolom está tumbada en el sofá de su humilde vivienda en Alotenango. Desde hace cuatro meses tiene un embarazo de riesgo. Junto a un altar con dos grandes fotos de su marido José Antonio vestido de bombero, asegura sentirse “destrozada” por no saber nada de él desde que salió a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán. Un día antes había cumplido 34 años. Deja también un hijo de cinco años.

Verónica Acual es una vecina de Alotenango que ha acompañado a las familias de los dos desaparecidos a la reunión con las autoridades, a quienes pregunta por qué les “abandonó” la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. “Por qué ellos no nos alertaron es una pregunta que me llevo tiempo haciendo”, insiste.

El día de la tragedia sí se logró desalojar el complejo turístico de lujo con campo de golf 'La Reunión'. Sin embargo, nadie dio aviso a las cientos de familias de las comunidades situadas bajo el volcán, a pesar de que el Instituto Nacional de Vulcanología emitió siete boletines en los que señaló que no debía haber personas cerca del volcán mientras reportara actividad.

La Fiscalía de Guatemala ha iniciado una investigación para esclarecer “si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas”. De momento, el presidente Jimmy Morales se niega a destituir al secretario de la CONRED, Sergio Cabañas. Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de Guatemala pocos días después de la tragedia a exigir la renuncia de ambos y de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por el retraso a la hora de autorizar la llegada de las ayudas internacionales.

Mientras, os familiares de las víctimas continúan enterrándolas en el cementerio de Alotenango. Cada día, la localidad celebra en su iglesia uno o varios funerales. Como el de Celia Hernández, de 45 años, quien falleció en San Miguel Los Lotes junto a dos de sus hijas y sus nietos. Su cuñada, Catalina Dávila, quien ha perdido a nueve familiares en la tragedia, asegura entre lágrimas que se queda “sin nada”.

Bajo una intensa lluvia, un grupo de hombres porta en sus hombros el féretro con los restos de Aura Yolanda Pérez, una joven de 17 años. Una fotografía colocada sobre el ataúd muestra a una joven sonriente que perdió su vida bajo el río de lava que engulló literalmente su vivienda en San Miguel Los Lotes. También se cobró la vida de sus hermana de 13 años, que ya ha sido enterrada, y su otra hermana de 21, cuyo paradero aún se desconoce. “Nos sentimos doloridos”, asegura el padre.

A escasos metros de la parroquia, se encuentran tres de los 16 albergues que el Gobierno ha habilitado en las zonas golpeadas por el volcán, en los que ha impuesto horarios de salida y de visitas, lo que ha generado un malestar entre los alojados. “Esto es como una cárcel y es bien deprimente estar encerrado. Aquí estamos todos amontonados”, asegura Elmi Mariluí Iboi.

La mujer trata de gestionar todas las donaciones que están recibiendo los afectados en una ola de solidaridad sin precedentes en el país centroamericano. “Por el momento nos están brindando apoyo. Pero, ¿qué va a ser de nosotros de aquí a un mes?”, se pregunta otra afectada, Sara Sicá.

En total, el Gobierno tiene previsto invertir 500 millones de quetzales (55 millones de euros) para la reconstrucción de la infraestructura dañada por el volcán. A la espera de que el Ejecutivo cumpla su promesa y reubique a las personas refugiadas, estas comienzan a estar cansadas.

Uno de los vecinos, Enrique Sipac, asegura que, si el Gobierno lo autoriza, él regresaría a su casa pese al riesgo inminente del volcán. “No tenemos a dónde ir”, concluye. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a volver a sus hogares, como señala Astrid Paola Vázquez, residente de la misma aldea, quien rechaza volver. “Es peligroso”.

Aún continúa saliendo humo de la aldea El Rodeo. Las toneladas de lava que vomitó el pasado domingo el Volcán de Fuego, situado muy cerca de la capital de Guatemala, aún se mantienen incandescentes. Las viviendas están enterradas bajo las cenizas y piedras expulsadas por el coloso de 3.763 metros.

Adentrarse en este lugar es lo más parecido al infierno: el intenso calor que emana del suelo llega incluso a quemar el calzado, mientras el paisaje de casas vacías está teñido por completo de gris y negro. En el interior, todavía quedan los platos y los panes de una comida interrumpida a las cuatro de la tarde del domingo por el estruendo del volcán, que lanzó sin piedad flujos piroclásticos a más de 700 grados centígrados que ya han acabado con la vida de 69 personas, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. No obstante, esta cifra se elevará posiblemente este miércoles en cuanto a las 06.00 horas (14.00 horas en España) se reanuden las labores de búsqueda con el fin de poder encontrar a alguna persona con vida.

“La esperanza nunca se pierde hasta que no se encuentren los cuerpos”, asegura el subdirector de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán. Sin embargo, uno de los rescatistas de Bomberos Municipales de Ciudad de Guatemala, Richard Mazariegos, reconoce que es “difícil” que a 48 horas de la tragedia quede aún alguna persona con vida teniendo en cuenta las altas temperaturas de esta zona. “Si fuese un área fría todavía la gente aguanta más”, señala, al tiempo que indica que aún tiene esperanza de hallar algún sobreviviente, ya que “cuando veníamos nos decían que todavía habían recibido alguna llamada de personas que siguen desaparecidas”.

El ambiente es casi irrespirable en la zona alcanzada por la ola de fuego debido a los gases que emanan del suelo y que han convertido las aldeas azotadas en un territorio desértico donde en cuanto se retiran los equipos de rescate, tal como sucedió ayer por la tarde debido a la lluvia, el único atisbo de vida que queda es de algún perro que deambula solitario o de alguna gallina que ha permanecido como único recuerdo de que días atrás había gente que vivía ajena a la tragedia que se cernía sobre su poblado.

“Lo único que quiero es ver a mi mamá”

“Lo único que quiero es ver a mi mamá que me ayudaba a hacer las tareas de la escuela”, llora desconsolada una niña de nueve años en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que es uno de los 13 albergues habilitados donde viven temporalmente más de 1.800 personas afectadas por la erupción del volcán. Muchas de ellas esperan tener noticias de sus familiares, con quienes perdieron contacto en la apresurada huida tras escuchar la inminente llegada de la lava que sepultaría por completo cientos de viviendas.

La menor está acompañada de su abuela, Julia González López, quien entre sollozos relata que logró huir con la niña al hombro, así como con su hermana de siete años y su hermano de tres. Sin embargo, de su hija y madre de las niñas, María Cristina Marroquín, ya no tuvo noticia.

“La llamamos por teléfono, pero no nos contestaba”, lamenta. No puede contener el llanto cuando asegura: “Mi hija, mi yerno y mi nietecita de ocho meses se quemaron, por lo que me he quedado a cargo de tres nietos”. Señala que a su hija la tragedia la alcanzó cuando se encontraba vendiendo piñas en una carreta en los distintos lotes de la comunidad. “Siempre mirábamos la oscuridad del volcán, pero nunca imaginamos lo que iba a pasar realmente”, concluye.

En el albergue, cientos de personas se mantienen tumbadas en colchonetas o consolándose unas a otras, por lo que el único atisbo de alegría se escucha en el exterior, donde una joven voluntaria juega con varias niñas y niños, algunos de los cuales se han quedado huérfanos tras perder a sus padres y madres en la erupción. Caterin Morales destaca la importancia de que los menores se recreen para “distraerlos y no estén pensando en sus familiares fallecidos constantemente”. Mientras se trata de hallar a sus padres en alguno de los hospitales donde se encuentran medio centenar de heridos por quemaduras de segundo y tercer grado, los niños quedan a cargo de otros familiares o de vecinos de su comunidad.

Al albergue acudió desde el primer día Lesbia Véliz, psicóloga clínica que subraya la importancia de la “terapia ocupacional” para los niños, quienes por la mañana de este lunes estuvieron dibujando el volcán para “proyectar lo vivido”. Véliz explica que las primeras 72 horas son “críticas” para las personas que han perdido a algún familiar. Es habitual que en un primer momento entren en un estado de shock, mientras que en las próximas cuatro semanas pueden desarrollar un cuadro de “estrés postraumático”.

La psicóloga explica que tras un duelo que puede durar “entre seis meses y un año”, podrían volver a una normalidad, si bien incide en la importancia de que reciban asistencia psicológica. Sin embargo, lamenta que en Guatemala “no existe la cultura de asistir al psicólogo y, además, la gente no puede pagar una consulta”.

Dos hojas con nombres de familiares desaparecidos

Eugenia García comienza a dar los nombres de los familiares de quienes no ha tenido noticia a una voluntaria que se encarga de recopilar en un listado a las personas que continúan desaparecidas. Tras rellenar dos hojas, la mujer no puede contener las lágrimas. Cuenta que han perecido bajo la lava del volcán 40 familiares.

“He perdido a toda mi familia. Mis dos hijas, mi madre, mi nieto, mis hermanos, sobrinos, sus hijos, cuñados, todos están enterrados”. En ese momento, trata infructuosamente de consolarla la mujer que recoge los datos: “No se ponga así, que ahí está el gran Señor que los tiene guardados”, le dice en referencia a Dios.

García relata que llevaba 32 años residiendo en la colonia San Miguel Los Lotes y “no temía que pasara una tragedia así, porque nunca nos avisaron del peligro, y el día de la erupción tampoco”. “No teníamos protección de nadie”, lamenta. Precisamente, tuvo la oportunidad de hablar con el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien este lunes se acercó al albergue para hablar con los afectados. “Él dijo que no nos iba a dejar abandonados y que nos iba a ayudar, así que tiene que cumplir”, zanja.

A pocos metros, Norma Amabilia Escó, también vecina de San Miguel Los Lotes, reza. No sabe nada de su hijo de 16 años y de su hija de 14, así como tampoco de su padre y de un hermano. Su madre se recupera de las heridas en el hospital.

Ella se salvó gracias a que se encontraba trabajando en la localidad de Antigua Guatemala. Cuando regresó se encontró su vivienda totalmente sepultada por la lava. Pese a ello, no pierde la esperanza de encontrar a sus familiares en algún hospital, para lo cual ya ha dado sus nombres a una de las voluntarias que que engordan el listado de desaparecidos.

Mientras, Guatemala se ha volcado en una ola de solidaridad semejante a la que hubo tras la tragedia del Cambray ocurrida el 1 de octubre de 2015, cuando un deslave de tierra enterró un centenar de viviendas y provocó la muerte de 280 personas en el municipio, situado a 15 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

El Aeroclub de la capital es un ir y venir de camiones repletos de víveres, ropa e incluso colchonetas para que las personas albergadas puedan descansar. Son múltiples las instituciones públicas y privadas que están participando en la recogida de víveres y en la entrega de material, incluida la Embajada de España en Guatemala, cuyo titular, Alfonso Portabales, entregó in situ este lunes en el Centro de Operaciones de Emergencias de Escuintla 3.765 ponchos y 295 catres.

“¿Qué van a hacer con nosotros?

“No vamos a negar ninguna ayuda”, ha remarcado el Presidente del país, Jimmy Morales, mientras el Congreso aprobaba la Declaración del Estado de Calamidad en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, donde hay más de 1,7 millones de afectados.

Pero el Ejecutivo ya recibe las primeras críticas de los afectados. “En Guatemala no hay inversión por parte del Estado” ni en materia de educación, ni en salud, “ni mucho menos en vivienda”, se queja Amílcar Priego, vecino de la aldea El Rodeo, que explica que esta falta de inversión obliga a miles de familias a vivir en condiciones precarias, incluso en las peligrosas faldas de un volcán.

“¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Dónde nos van a ubicar?”, se pregunta, al tiempo que advierte de que regresar al mismo lugar es un “atentado contra las familias, ya que va a volver a suceder lo mismo. Tal vez no con la lava, pero sí va a haber deslaves de tierra”.

Finalmente, lanza una crítica a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) para explicar buena parte de la tragedia que se extiende a su alrededor. “Nadie nos visitó el domingo para decirnos que debíamos evacuar, ni hemos recibido ni una sola ayuda de ellos”.

Dos hombres se afanan arrodillados a las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para limpiar del suelo la pintura roja con las palabras 'Estado Asesino'. La población no perdona y no quiere olvidar la muerte de 40 niñas, de entre 13 y 17 años, en un incendio durante su protesta en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Mientras, en un hospital de Ciudad de Guatemala, una niña de 13 años, una de las supervivientes, tampoco olvida y pide “ayuda” al presidente del país. 

Con un hilo casi imperceptible de voz, la menor, con el rostro totalmente enrojecido por las graves quemaduras que ha sufrido, relata lo ocurrido. “Una niña a la que conocíamos como Mimí empezó a quemar las colchonetas. Solo las pusieron en la ventana y comenzaron a quemarse”. Entonces, añade, las llamas aumentaron. “Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían”.

Tiempo después, decenas de cuerpos calcinados, apilados unos sobre otros daban cuenta del tiempo que estuvieron las adolescentes confinadas entre las llamas sin que nadie las liberara, pese a sus gritos y empujones a la puerta.

Esa jornada las menores de edad que vivían en el albergue dijeron basta de violaciones, maltratos, comida con gusanos, hacinamiento y todo tipo de vejaciones. El día anterior, 60 adolescentes lograron huir de este “infierno”, como lo calificaban, sin saber que 24 horas después el día se tornaría en tragedia. Tras disfrutar de unas pocas horas de libertad, la Policía Nacional Civil devolvió a la mayoría de ellas al centro destinado, en teoría, a proteger a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que habían sufrido abusos físicos o sexuales, así como a menores con discapacidades mentales, adicciones o con problemas con la ley.

La superviviente de la tragedia lanza un mensaje al presidente: “Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá”, logra decir. Denuncia que las monitoras “trataban mal” a las menores internadas. 

Una vez dentro, como ha reconocido el presidente del país, fue encerrada junto a 56 menores en un aula de la escuela. A las niñas se les acabó la paciencia después de las denuncias presentadas en juzgados por maltrato y violaciones desde 2015. Tras exigir sin éxito a las monitoras que las sacaran de ahí, una de las menores decidió que la única manera de lograr su liberación era provocando un fuego. Lo que nunca se imaginó es que nadie iba a abrir la puerta, que habían sido cerrada con candado por una psicóloga del centro gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala. 

Este lunes se han producido las tres primeras detenciones cinco días después de la tragedia. Se trata del exsecretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

Rodas había presentado su renuncia este lunes, mientras que Keller fue cesada ayer por el presidente del país, quien también destituyó a Torres el mismo día del incendio. A todos ellos se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, por los cuales una jueza decretó este lunes su ingreso en la prisión militar de Matamoros.

Se siente “triste”, indica la menor en el hospital, minutos antes de emprender el vuelo junto a otras tres niñas hacia EEUU para recibir tratamiento en el Hospital Shrinners (en Galveston, Texas) especializado en quemaduras de niños. Varios médicos voluntarios estadounidenses llegaron este sábado a la capital de Guatemala para tramitar los viajes de las cuatro primeras niñas, mientras que el domingo trasladaron a otras tres hacia Boston.

Los padres o familiares de las menores supervivientes que han sido trasladadas a EEUU no han podido acompañarlas. “No va a venir ninguna familia conmigo y quiero que venga mi sobrina o mi hermana conmigo”, lamenta la menor entrevistada. 

En los próximos días podrían viajar también las últimas seis menores que permanecen en los dos principales hospitales del país, de las cuales dos se encuentran en estado crítico. 

En la segunda planta del Hospital San Juan de Dios, en el área de Cuidados Intensivos, Ada Kelli Alfaro está a punto de despedirse de su hija Cinthia Paola Morales, de 14 años. Ella es una de las cuatro primeras menores en viajar a EEUU ante la falta de medios en Guatemala, según han reconocido los doctores a las familias de las heridas. La mujer pudo hablar este jueves con Jimmy Morales, después de que acudiera a este hospital a visitar a las niñas: “Nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia”. 

Su hija le confesó que había sido golpeada “brutalmente” en el Hogar Seguro, donde le daban, decía, “comida con gusanos”. Ella siente que, debido a sus bajos recursos, no pudo pagar los 1.500 quetzales (215 euros) que le exigía el Juzgado para poner en libertad a la menor, que había ingresado por “rebeldía”. Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, en lo único que piensa, apunta, es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EEUU y “darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida”.

Madres que aún desconocen si sus hijas fallecieron

Mientras la Justicia sigue su curso a paso de tortuga, sigue habiendo familias que buscan desesperadamente a sus hijas. Desconocen su paradero pese haber acudido a los principales hospitales de la capital y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encargado de la identificación de las menores fallecidas. En este caos burocrático, se encuentra Vianey Claret Hernández, quien trata de encontrar a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se ha sometido a las pruebas de ADN para verificar si se encuentra entre las fallecidas.

Después de tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Sin embargo, muestra pocas esperanzas de que sea su hija, después de que el periódico 'Prensa Libre' publicara en la portada de la edición de este viernes su foto entre un listado de siete jóvenes fallecidas, víctimas de quemaduras e intoxicación de monóxido de carbono.

Hernández muestra sorprendida la portada de este diario, dado que, según asegura, nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales. Forma parte del listado de 57 menores que fueron confinadas bajo llave en el aula de cuatro por cuatro metros que ardió matando en el lugar a 19 menores de edad, mientras que otras 21 han fallecido en los hospitales. “Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas”, afirma. “El presidente de Guatemala no está haciendo nada”.

“No eran calladitas, por eso las mataron”

“No eran calladitas, por eso las mataron”; “Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata”, son algunos de los lemas coreados durante la semana de manifestaciones donde centenares de personas han exigido la dimisión del presidente a quien acusan de “crimen de Estado”. Cada noche, prenden decenas de velas en homenaje a las 40 niñas fallecidas. 

En el cementerio general de Ciudad de Guatemala, cada día llegan los féretros de alguna de las 40 menores acompañados por los gritos de dolor, desmayos y reclamos de justicia de los familiares. Una de las primeras niñas enterrada fue Siona Hernández, de 17 años, cuya foto es sostenida en un marco por su tía, Cari Álvarez. Con lágrimas en los ojos, espera que se haga justicia “con todas las jovencitas que han fallecido”.

Cae la noche y los migrantes que han llegado a Tecún Umán (Guatemala) comienzan a descender a la orilla del Río Suchiate para cruzar a México, situado a escasos 50 metros. Por solo 10 quetzales (1,30 euros) se puede pasar de un país a otro a través de alguna de las decenas de balsas inflables, conocidas como 'cámaras', que esperan a quienes sueñan con llegar a EEUU.

La mayoría de ellos proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, así como de Cuba, Haití y países africanos. En menos de cinco minutos habrán alcanzado la orilla de Ciudad Hidalgo, entrando en México de manera irregular. Este río se ha convertido en un paso obligado para toda la migración centroamericana y de los citados países, que aprovecha la oscuridad de la madrugada para atravesarlo y evitar así un control policial, aunque en esta zona suele ser inexistente incluso de día.

Chanel Waldorf, sin avisar a ningún familiar y con solo 100 dólares en el bolsillo, decidió huir de El Salvador para salvar la vida. “Soy una persona transgénero y en El Salvador nos tenían prohibido dar a conocer nuestro género y nos obligaban a vestirnos de chicos”, revela la joven de 25 años.

Señala que varias personas transgénero fueron asesinadas y desaparecidas, de forma que decidió abandonar su país el día en que recibió una llamada telefónica en la que se le advertía de que sería la “próxima víctima”.

Waldorf, que ha solicitado la visa de refugiado para poder vivir en la capital de México, afirma que tampoco pudo ejercer su trabajo tras estudiar estética y belleza. “La madre de un pandillero tenía un salón de belleza y hasta me prohibieron ejercer mi profesión”. Se dedicaba a vender chicharrones –plato típico–, por lo que las pandillas le extorsionaban, exigiéndole seis de los 15 dólares diarios que ganaba.

Más de 700 puntos ciegos entre Guatemala y México

Después de recorrer Guatemala en autobús, cruzar a México por el río Suchiate fue lo más sencillo, reconoce Waldorf. Este lugar es uno de los 704 puntos ciegos detectados por el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que son aprovechados por los emigrantes para penetrar en el país vecino.

Además, este río es un auténtico centro de contrabando de mercancías entre Guatemala y México. Ningún agente fronterizo ni policial controla las balsas que van de un país a otro transportando desde alimentos hasta todo tipo de productos ilícitos.

El río Suchiate es, por tanto, la pesadilla del presidente de EEUU, Donald Trump, por el que acceden a México miles de migrantes con el objetivo de alcanzar EEUU de forma clandestina. 

Este viaje al sueño americano se tornará más complicado en el caso de que Trump cumpla su promesa de construir un nuevo muro en la frontera con México. Con este objetivo, el presidente estadounidense firmó el 25 de enero la orden de destinar fondos para la construcción de una barrera física con la que, a su juicio, EEUU “recuperará sus fronteras” y se pondrá freno al “aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica”.

Mientras la promesa de Trump se hace realidad, los migrantes que huyen de la violencia y la miseria en sus respectivos países siguen llegando cada noche al río Suchiate. Entre ellos se encuentra Ana María Romero, una hondureña de 22 años que viaja con su hijo de solo cinco años. En ambas piernas tiene las marcas de un balazo que le disparó su pareja, quien, según describe, la maltrataba a ella y a su hijo. 

“Me escapé por la noche, porque me andaba buscando para matarme y me vine como pude sin dinero”, recuerda. La joven lamenta que dejó a sus otras dos hijas gemelas de ocho años con la familia del padre debido a la rapidez con la que tuvo que huir. Su intención es vivir en la ciudad mexicana de Monterrey, para lo que ya ha solicitado la visa de refugiada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Una vez en México, muchos migrantes optan por ponerse en manos de los 'coyotes' o 'poyeros' [traficantes de personas] que les esperan en la orilla para conducirles hasta EEUU. Para ello, deberán desembolsar grandes cantidades económicas, que pueden superar los 8.000 dólares, aunque en ocasiones son estafados y abandonados en medio del camino.

Incluso el paso peatonal que conduce al río en Ciudad Hidalgo se denomina 'Paso del Coyote'. A su llegada a México, se chocan con un mensaje inscrito en una de las paredes que rodea la orilla: 'Amigo migrante. En tu camino por Chiapas tienes derechos. No toleramos delitos. Denuncia'. Otro grafiti pintado junto a un enorme leopardo reza: 'Que en la tierra nada nos detenga'.

Trump aumentará la peticiones de asilo en México

Pese a la llegada de Trump, muchos migrantes siguen intentando llegar a EEUU por tierra, ya sea en autobús o en el denominado tren 'La Bestia' que recorre todo México hasta la frontera. No obstante, cada vez son más los migrantes que borran de su mente el sueño de llegar a EEUU.

El número de las personas que piden asilo para poder vivir y trabajar en México aumenta: en 2016 lo solicitaron unos 8.000 migrantes centroamericanos, frente a los 3.500 que lo pidieron el año anterior ante la COMAR.

Precisamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya ha avisado de que con la elección de Trump, las peticiones de asilo en México van a aumentar, hasta el punto de que este año podrían alcanzar la cifra de 22.500.

Solo durante el pasado año –entre el 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016– EEUU detuvo a cerca de 410.000 personas en su frontera suroeste con México. Esta cifra supone un aumento del 25% en relación al ejercicio anterior, la mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala.

La primera parada de los migrantes que llegan a México es la ciudad de Tapachula (Chiapas). En el parque Miguel Hidalgo convergen familias de Centroamérica, África, Cuba y Haití buscando un albergue gratuito o un hotel económico donde pasar la noche antes de continuar con su viaje para lograr una vida mejor en México o en EEUU.

El camino por México

“Tapachula se ha caracterizado por ser un municipio con los brazos abiertos para aquellos bienaventurados que quieran un respaldo”, comenta la directora de Migración y Política Internacional de la Municipalidad de Tapachula, Yadira de los Santos.

La Casa del Migrante Albergue Belén es uno de los más concurridos, pese a estar situado a las afueras de la ciudad. Fundado en 1998 por el sacerdote Flor María Rigoni, recibió el pasado año un total de 6.000 migrantes. “EEUU ya no es un sueño, sino que la gente viene para quedarse en México”, recalca.

Pero no todos. Para algunos, ese sueño es difícil de borrar. Uno de ellos es Daniel Legardo Martínez, de 20 años y procedente de Honduras, reconoce que no puede regresar a su país en su huida de las pandillas.

“Me amenazaron que si no entraba en una mara me mataban y, por ello, decidí abandonar Honduras”. Mientras atraviesa la ruta entre Centroamérica y México, en su cabeza mantiene el objetivo a pesar de las promesas de Trump. 

Desde hace cuatro años, Siria se desangra en una guerra civil que ha causado más de 200.000 muertos y 800.000 heridos. La cifra de desplazados dentro del país supera los 6,5 millones y son muchos los que intentan huir jugándose la vida en alguno de los rudimentarios barcos que cruzan el Mediterráneo con destino a Europa. La Comisión Europea propuso este miércoles que los países europeos se repartan 20.000 plazas para refugiados, desde terceros países.

Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, responde a eldiario.es desde Siria, donde ha viajado para conocer de primera mano la situación de los palestinos refugiados que se encuentran atrapados en este conflicto y que, según relata, están desesperados.

¿Cuál es el motivo de su visita a Siria?

En los últimos meses se ha perdido mucho interés informativo sobre el conflicto en Siria en general y los refugiados palestinos en particular. Mi objetivo es llamar la atención sobre la situación en este país. Para ello, llegué a Siria este lunes y permaneceré hasta finales de esta semana. He venido sola, pero ahora en Siria viajo con los palestinos que trabajan para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). He tardado cinco meses en conseguir la autorización del Gobierno sirio y aunque es verdad que impone mucho venir aquí es necesario hacerlo para contar el drama.

¿Cuántos palestinos hay desplazados dentro de Siria?

Hay 280.000 palestinos desplazados dentro de Siria, lo que supone casi la mitad de la población palestina en este país (540.000). El 80% se concentraba en Damasco y en el gran Damasco.

¿Qué le ha transmitido la población?

Lo que me ha contado la gente es que está muy cansada, si bien desde finales de 2014 se ha notado un cambio en el país en relación a años anteriores cuando la población estaba siempre en sus casas mientras que los comercios estaban cerrados. Ahora la sensación cuando llegas a Damasco es que no existe guerra, debido a que las calles están muy bulliciosas, al tiempo que los restaurantes están a rebosar, aunque la situación en ciudades como Alepo es completamente diferente.

¿No hay, por tanto, en Damasco, la sensación de que el país está inmerso en una guerra?

Estuve en Damasco antes de la guerra y la sensación ahora es la de estar en la ciudad de siempre, excepto cuando se oye una explosión o se ve una columna de humo. El campo de refugiados de Yarmuk está a solo cinco kilómetros del centro de la capital siria, y de vez en cuando misiles y morteros impactan en esta zona y también en barrios de Damasco, lo que te hace volver a la realidad.

¿Además de Damasco, ha podido visitar otras ciudades sirias?

Este martes he viajado a Homs. Cuando hemos llegado a la ciudad, que está controlada por las fuerzas militares sirias, ha sido atacada con morteros y cohetes. Era sorprendente ver que la gente seguía en las calles haciendo su vida, a pesar de que estaban cayendo morteros a solo un kilómetro y medio de donde estábamos.

¿Cómo ha sido su primer contacto con la población?

He estado en el campo de refugiados en Homs, que es una de las zonas desde la cual están saliendo los palestinos para coger los barcos que cruzan el Mediterráneo con destino a Europa. Precisamente, he hablado con personas que han perdido a sus familiares en estos barcos que se han hundido. Me cuentan que han perdido ya la esperanza y que la única que les queda es atravesar el Mediterráneo, aunque se jueguen la vida porque la opción que les queda es que les maten en Siria.

¿No tienen miedo de morir en uno de los numerosos naufragios?

Han perdido sus casas y sus trabajos, por lo que no tienen ningún futuro y la guerra no tiene visos de acabar, de forma que solo piensan en salir de Siria y están dispuestos a correr el riesgo de ahogarse. Todos están pensando en cruzar el Mediterráneo y es un sentimiento que nunca había visto antes, ni siquiera en Gaza tras la última guerra. Les llaman 'barcos de la muerte' a los que se dirigen a Europa, por lo que son conscientes del peligro que entraña subirse a estas embarcaciones, aunque dicen que, de no hacerlo, acabarán muertos por la guerra, de modo que les da menos miedo cruzar el mar.

¿Ha podido hablar con gente que ha perdido a algún familiar cruzando el Mediterráneo?

Una palestina, llamada Ghada, me contó que había perdido en agosto de 2014 a siete miembros de su familia en un barco que salió de Libia hacia Italia. La llamaron la noche anterior a zarpar informándole de que al día siguiente se embarcaban y ya nunca más supo de ellos. En el naufragio murieron su prima hermana, así como los cuatro nietos y la hija de ésta.

¿Creen que en Europa les espera una vida mejor?

Son conscientes de que a aquellos que logran cruzar el Mediterráneo les espera un calvario en Europa. Algunos palestinos me comentaban que tienen familia e hijos que llevan seis meses en Europa sin conseguir ningún asilo, por lo que sin papeles y sin posibilidad de trabajar están bloqueados en algún país sin que nadie les esté ayudando.

¿Ha notado reproche por parte de esta población hacia los países europeos?

No, pero sí he notado agotamiento y desesperación. Lo único que piden es que se les trate como refugiados y se les aplique el derecho a asilo. El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha hecho muchas llamadas para que los países europeos acojan a esta población, teniendo en cuenta que el porcentaje de personas refugiadas que han acogido es ridículo si se compara con Líbano, Jordania, Turquía y Egipto.

¿Cómo está afectando mentalmente a la población los cuatro años ininterrumpidos de guerra?

No pueden más del estrés y del sufrimiento que tienen. No hay psicólogos formados en el tratamiento de traumas causados por conflictos, a pesar de que todos los niños en el campo de refugiados de Homs y de todos los campos están severamente traumatizados y agresivos, tras haber perdido a familiares y sus viviendas.

¿Cuál es la situación del campo de refugiados palestinos en Homs?

Actualmente, hay 12.000 palestinos en este campo de refugiados, que no ha recibido ningún impacto de cohetes o morteros, mientras que el 75% de la ciudad de Homs está destruida.

El 1 de abril fue noticia en todo el mundo la entrada del ISIS (Estado Islámico) en el campo de refugiados de Yarmuk. ¿Tiene previsto visitarlo?

No se puede entrar, por lo que nos quedaremos a las puertas del campo de refugiados, donde hay desplazados que han huido de este lugar cuando entró el Estado Islámico. Es imposible saber cuánta gente ha escapado, porque Yarmuk es un barrio de Damasco muy grande y han salido por cuatro zonas diferentes refugiándose en casas de amigos o pisos abandonados.

¿Cuál es el trabajo de la UNRWA con estas personas que han conseguido salir de Yarmuk?

Distribuimos comida y mantas y en las últimas semanas vamos a las puertas del campo de refugiados con clínicas móviles para atender a la población. También les estamos dando suplementos nutricionales para los niños porque hay muchos casos de desnutrición.

¿Les han informado de si Estado Islámico continúa en Yarmuk?

No tenemos esa información, pero sí sabemos que siguen existiendo facciones armadas dentro del campo de refugiados.

¿La UNRWA se ha planteado la evacuación total del campo de refugiados?

Salir de Yarmuk ¿para ir dónde? La gente que ha conseguido huir lo que quiere es regresar, pero no puede. Sin embargo, toda Siria está igual y Yarmuk se ha convertido en un icono porque es el campo de refugiados más grande del país. No obstante, hay otros que han sido totalmente arrasados y se ha obligado a la población a irse por la fuerza. Ahora la situación más grave está en Alepo y Derá, que son junto a Yarmuk las zonas con mayor difícil acceso.

Pura ficción. Una madre de tres hijos y enferma terminal del hospital público Sagrado Corazón de Barcelona asesina al ministro de Sanidad. Sucedió cuando este inauguraba las nuevas instalaciones privadas del centro sanitario. La autora del crimen, que además era una empresaria arruinada por los impagos de la Administración Pública, deja una emotiva confesión en YouTube en la que explica que lo ha hecho para dejar un futuro mejor a sus hijos y provocar un cambio en la sociedad que ponga fin a la lacra de los políticos corruptos.

Como no puede ser de otra manera, el vídeo se convierte en viral. En el transcurso de 24 horas, tres políticos corruptos más son asesinados a manos de enfermos terminales, cuyas confesiones se propagan rápidamente por las redes sociales.

Estos crímenes de gente desesperada por la actual crisis económica no forman parte de la realidad, sino que son el argumento del primer capítulo de La revolución de los ángeles, un impactante proyecto ideado por el periodista catalán Oriol Clavell, junto a Marc Barbena y Javier Silvestre, director de la película y autor de la novela del mismo título, respectivamente.

El estreno de la película en los cines Girona de Barcelona el pasado miércoles fue un éxito de público tan inusual que las salas han decidido proyectarlo todos los miércoles del mes de abril.

El film llegará a Madrid el próximo mes de mayo, tras haber sido proyectado en distintas localidades, como en Girona (3 de abril) y Andorra (29 de abril). Aún está por concretar los cines madrileños en los que se emitirá la película, que también se podrá ver de manera gratuita en la plaza de la Cebada, en el barrio de La Latina, y cuya fecha del mes de mayo está por determinar.

En declaraciones a eldiario.es, Clavell ha explicado que el proyecto se gestó en abril de 2013 y ha destacado que ha sido financiado a través de la plataforma de micromecenazgo Verkami. El coste de esta película y del libro, si se tuviera que cuantificar económicamente, ascendería a 100.000 euros, pero “nadie ha cobrado un euro”. Esta iniciativa nació con un presupuesto inicial de 10.500 euros, recaudados a través de internet, y el resto ha sido tiempo, esfuerzo y talento donado por los trabajadores en la película, incluyendo el alquiler de decorados y materiales empleados en el film.

Clavell incide en que todo ha sido fruto de una colaboración altruista. También precisa que se trata únicamente de una ficción e insiste en que en esta película “sólo mueren los malos, que son los políticos corruptos”. Según el director, la gente tiene que “saber discernir entre la ficción y la realidad y quien no lo haga, tiene un verdadero problema”. Sin embargo, pensar que alguien pueda actuar por mimetismo tras ver la película y atentar contra algún político le hiela la sangre. Y es quizá este escalofriante escenario el que ha provocado que algunos medios de comunicación declinaran, según Clavell, hacerse eco de este proyecto.

El creador de La revolución de los ángeles insiste en que hay otras violencias “mucho más graves” que las que se reflejan en la película y éstas sí son una realidad, como el hecho de que “haya un 26% de paro y dos millones de niños que pasan hambre en España”.

La película arranca con imágenes del recién fallecido Adolfo Suárez, con su famosa frase 'Puedo prometer y prometo', así como de Iñaki Urdangarin, Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal. También denuncia los problemas que sufren muchos periodistas para poder informar y publicar noticias “incómodas, pero veraces”. Otra de las protagonistas es una periodista que logra esquivar la censura del Gobierno con la publicación en internet de los mensajes grabados por los enfermos.

La rabia bien entendida

Su director, Marc Barbena, incide en que es un proyecto sin ningún tipo de subvención, que nace de la “reivindicación y de la rabia bien entendida”, sobre la base de que con “la democracia tal como está y con los políticos tal como actúan hoy en día, no vamos a ninguna parte”. Con este proyecto “queremos contar el hastío y las ganas de gritar y decir basta a una clase política y dirigente con la que no comulgamos”.

El autor del libro, Javier Silvestre, revela que la 'banda sonora' con la que ha escrito su primera obra han sido las distintas movilizaciones que se celebran cada día en Madrid y que pasan por debajo de su casa, situada en la céntrica plaza Callao. “Todas las tardes hay un mínimo de cuatro manifestaciones pasando por debajo de mi ventana, por lo que el germen de la novela han sido los gritos de protesta e indignación”.

La revolución de los ángeles se proyectará en los próximos meses en más de una veintena de cines fórum, en los que se celebrará un debate con la participación de distintas personalidades de diversas ideologías. Entre ellas destacan el abogado de las víctimas del 11M José María Fuster-Fabra, el juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal o el presidente de la Audiencia Provincial de Girona, Fernando Lacaba.

El alma máter de este proyecto, Oriol Clavell, ha adelantado que habrá más capítulos de esta serie, en los cuales se podrá ver cómo el miedo lo infunden los ciudadanos y no los políticos, quienes “por primera vez se sentirán acorralados y crearán perímetros de seguridad”. Pero, antes que nada, su plan es conseguir que una gran productora les compre el primer capítulo, para comercializarlo en distintas salas y comenzar a pagar así a las personas que han colaborado en esta iniciativa.