La posibilidad de reformar la ley electoral española es un tema que lleva sobre la mesa desde hace años. Si en el pasado era IU quien más presionaba para dotarnos de un nuevo sistema de elección de diputados, ahora el testigo lo han cogido Podemos y Ciudadanos. 

El Congreso acaba de constituir la Subcomisión para la Reforma Electoral, que estudiará el tema de aquí a finales de año. Ya en 2009 el Consejo de Estado emitió un informe en el que detallaba ciertas recomendaciones para emprender dicha reforma.

En eldiario.es entrevistamos al politólogo Pablo Simón, doctor en Ciencia Política y profesor el la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la conveniencia de esta reforma y hacia dónde debería caminar.

¿Es necesaria una reforma electoral en España?

No sé si la palabra es necesaria, pero conveniente sí lo sería. Hay aspectos de nuestros sistema electoral y de la LOREG que son mejorables y que los propios partidos políticos detectan que tienen insuficiencias. Por ejemplo en el voto rogado, que hay un consenso emergente clarísimo entre todos los partidos.

Hay una pulsión de intentar a través de la reforma del sistema electoral mejorar la proporcionalidad y la representatividad por lo que toca al sistema de listas y acabar, digámoslo así, con el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Creo que con pequeños cambios se podría conseguir que satisficiera a muchos más actores.

¿Por qué tipo de reforma se inclina usted?

Soy partidario del incrementalismo en temas de reformas electorales por dos razones: cuando uno hace una reforma tiene que intentar preservar los aspectos positivos, y uno que ha tenido nuestro sistema electoral hasta ahora es que ha permitido la alternancia en el poder, un aspecto fundamental. Pero también soy partidiario del incrementalismo porque creo que las reformas electorales tienen que ser factibles, por lo tanto, cuanto menores sean esos cambios, más fácil es trenzar consensos.

¿Cuáles podrían ser esos pequeños cambios a los que se refiere?

Por ejemplo se podrían afrontar cambios tan sencillos como incrementar el tamaño del Congreso de los Diputados a 400, cambiar la fórmula D'Hont a Sainte-Laguë y bajar el mínimo provincial de dos a un diputado. Con estas tres reformas mejoraríamos la proporcionalidad y el equilibrio territorial.

También podríamos introducir otras materias como el desbloqueo de las listas, más eficiencia en el mailing y la centralización de su envío, cambiar el voto rogado... Son todo reformas que no son excesivamente ambiciosas y que permiten un acuerdo como poco entre tres o cuatro de los actores políticos más relevantes en España. Supondrían una reforma sustancial sin irnos a modelos muy sofisticados ni a grandes reformas como las que han tenido otros países en el pasado.

¿Cree que es posible un acuerdo entre las partes ahora que han empezado a trabajar en ello en la Subcomisión para la Reforma Electoral?

Es más fácil el acuerdo en algunas materias que en otras. En todo lo que toque a componentes de la ley electoral pero no del sistema, es decir, que no afecten ni a la proporcionalidad ni al equilibrio dentro de las listas, el consenso es más fácil. Por lo que toca al cambio del sistema electoral es más complicado porque ahí tenemos que ver cuáles son los incentivos que tiene cada partido para cambiar el sistema en un sentido o en otro.

A mi juicio está muy claro que Podemos y Ciudadanos tienen incentivos muy claros para mejorar la proporcionalidad, el PSOE está en una posición intermedia y el PP de entrada se opondría. Entiendo que pequeños cambios serían más fáciles de consensuar al menos entre tres de estos cuatro partidos, como sí hemos podido ver en otros escenarios autonómicos, como Murcia.

¿Qué apartados de la ley electoral se encuentran blindados en la Constitución?

Tan sólo tres aspectos: primero, que tiene que ser proporcional, aunque no especifica cómo de proporcional tiene que ser; segundo, que la circunscripción electoral es la provincia, y por lo tanto si hubiera otro tipo de circunscripción requeriría un cambio en la Constitución, el cuál por cierto está en la parte no agravada, como el artículo 135; y por último, que el Congreso tiene que estar entre 300 y 400 diputados. Todo lo demás se puede reformar con una mayoría de 176 diputados que cambie la LOREG.

Algunos partidos pretenden reformar alguno de estos apartados, como que la circunscripción pase a ser la Comunidad Autónoma. ¿Puede suponer esto un escollo a la hora de reformar la LOREG?

No necesariamente. Comprendo que todos los partidos, sobre todo los nuevos, tienen una posición de partida de máximos. Pero lo que normalmente ocurre cuando empiezan a negociarse las reformas electorales es que existen más compromisos respecto a los principios generales que sobre la fórmula técnica. Es decir, si Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en que quieren mejorar la proporcionalidad y simplemente con un incremento a 400 diputados y un cambio en la fórmula la proporcionalidad ya mejora, entonces no habría motivos para que Podemos se enroque en esa posición. Otro tanto podría pasar con Ciudadanos y su propuesta de un colegio de restos de 50 diputados a nivel nacional.

La experiencia por ejemplo de lo que está sucediendo ahora en Asturias es muy ilustrativa: los partidos pequeños, UPyD y Ciudadanos y ahora en este caso Ciudadanos, Podemos e IU, planteaban un distrito único, mientras el PSOE quería mantener las tres actuales. El punto de acuerdo ha sido crear una circunscripción nueva con un número de diputados a nivel autonómico. Así se tejen los consensos: te pones de acuerdo en el tipo de mejora que quieres y luego el arreglo técnico es lo que queda en la fase final de la discusión.

¿Cree que en caso de que se abriese el melón de la reforma de la Constitución aprovechando la reforma electoral sería conveniente aprovechar para tocar más artículos?

Totalmente. Lo que me preocupa de la reforma electoral es lo que llamo el problema de la consensina, el medicamento para mentes paralizantes. La excusa para no hacer nada es decir que nunca hay suficiente consenso para afrontar una reforma y por lo tanto reformas parciales de la Constitución nunca se hacen.

Yo me inclino por quitar artículos, no por poner. Por ejemplo, los relativos a la ley electoral o al sistema de investidura. ¿Por qué tienen que estar recogidos en las Constitución y no en una ley orgánica que yo pueda adaptar según la situación cambiante? Entiendo que otras cosas sí tienen que estar recogidas, como el catálogo competencial de las diferentes autonomías, que debe estar mejor regulado.

Mencionaba ahora el sistema de investidura. Tras las dos últimas elecciones generales hemos pasado por serias dificultades para investir a un presidente del Gobierno. ¿Qué otros sistemas podríamos plantearnos?

En Europa existen dos modelos. Los que llamamos parlamentarismo positivo, donde tienes que votar expresamente a favor de un candidato a presidente del gobierno, y el que llamamos el parlamentarismo negativo, en el cual conforme el Jefe de Estado te nombre presidente te conviertes automáticamente en él. Otra cosa es que tú luego superes o no el trámite y no te hagan una moción de censura. Normalmente estos sistemas tienen mociones de censura más simples, te tienes que asegurar que no te tumben después.

Lo que creo es que en España podríamos afrontar la transición a un sistema de parlamentarismo intermedio en el cual tuviésemos un modelo como el vasco, en el que tienes que presentar expresamente un candidato nominal. Por lo tanto no puedes votar a favor o en contra, solo a favor de un candidato o abstención. Aquel candidato que obtiene mayoría de los votos es el que sale investido. Es distinto que el sistema de Asturias, en el que dos candidatos pasan a una segunda vuelta. Este me gusta menos porque siempre acabas poniendo a alguien entre la espada y la pared.

Algunas comunidades autónomas ya han emprendido las reformas de sus sitemas electorales. ¿Cree que es algo que debieran hacer todas?

Hay mucho margen para la mejora. Cuando arrancamos el sistema autonómico casi todas las comunidades autónomas lo que hacen es copiar el sistema de la LOREG. En lo único en lo que ha habido cierta variación es en las barreras electorales, porque algunas las tienen más altas, del 5%, o ultra restrictivas, como en el caso de Valencia, que tiene un 5% a nivel autonómico. Otro elemento distintivo es que algunas, pese a ser uniprovinciales, como Asturias y Murcia, se dotaron de varias circunscripciones.

Todas ellas podrían emprender reformas sin mayor problema si quieren mejorar la proporcionalidad. Podrían tocar la fórmula, el tipo de lista que tienen, incorporar estas mejoras democráticas... Incluso el propio Consejo de Estado en un informe recomienda que probemos diferentes modelos en las CCAA.

Muchas de estas reformas electorales en su momento fueron criticadas desde ciertos sectores por provocar gerrymandering. ¿Qué es el gerrymandering? ¿Existen en nuestros diferentes sistemas electorales?

Es el fenómeno por el cual existe un trazado de las circunscripciones de tal manera que conviertes a determinados colectivos en minorías permanentes, provocando que nunca obtengan representación. En el caso de España esto no se da, porque a nivel general tenemos las provincias, que no provocan estas distorsiones. En todo caso sí se dio en el arranque de nuestro sistema autonómico: por ejemplo cuando arranca el sistema en Murcia con cinco circunscripciones se hace con el ánimo de cortocircuitar al cantonalismo de Cartagena, que surgía con mucha fuerza.

Las reformas que se plantean ahora en España van en el camino contrario: aumentar la proporcionalidad lo que asegura es que las minorías obtengan representación de manera más fácil.

El debate se centra en la reforma del sistema de elección del Congreso de los Diputados. ¿Por qué no también del Senado?

Normalmente no se habla tanto del Senado porque estamos en un sistema de bicameralismo asimétrico y el Senado pinta poco o nada. Es una cámara de segunda lectura pero a efectos prácticos el veto lo puede levantar una mayoría absoluta en el Congreso dos meses después. La razón por la que hablamos menos es porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre qué queremos hacer con el Senado.

¿Qué modelos se podrían plantear?

Un modelo posible es ir a un sistema como el Bundesrat alemán en el cual el Senado sea una cámara de representación de los gobiernos autonómicos, una especie de conferencia de Presidentes permanente donde cada uno mande a sus consejeros o representantes. Ahí no haría falta discutir ese sistema electoral porque no sería elegidos. Otros plantean cerrarlo directamente, mientras otros que lo votemos con un sistema proporcional, eliminando los senadores de designación autonómica, pero esto lo convertiría en un clon del Congreso.

Lo primero que tenemos que decidir es qué hacemos con el Senado y después miraremos el sistema electoral del que nos dotamos. Hay un elemento que sí es muy importante tener presente: el concurso del Senado es imprescindible para una reforma de la Constitución, y eso evidentemente sobrecapacita el veto de los partidos que tienen una representación más fácil en el Senado, en este caso el PP. Esto blinda cualquier reforma constitucional que no implique su participación.

¿Hacia dónde debería caminar esa reforma del Senado en su opinión?

Me inclino por un modelo alemán. Estaría bien tener una serie de conferencias intergubernamentales que se reunieran en esta cámara y que tomaran decisiones, asumo que por mayoría, sobre aquellos asuntos que afectan a sus competencias. Pero hay que pensárselo muy bien, porque también estaremos dando poder de veto a una cámara más, y eso puede generar choque de legitimidades. En principio me inclino por este modelo, pero no me cierro a contemplar otras posibilidades.

Una de las principales preocupaciones de los españoles es la corrupción. ¿Qué mecanismos se podrían introducir en una reforma electoral para tener un mayor control o una mayor rendición de cuentas entre políticos y ciudadanos?

Respecto a esto los estudios que tenemos invitan a la cautela. Muchas veces, y esto es algo curioso, los escándalos de corrupción hacen más probable que un país afronte reformas electorales porque hay mucha insatisfacción con el sistema político, pero las reformas electorales rara vez logran sanar los problemas de corrupción. Los problemas de corrupción de un país conectan más con la estructura administrativa de un país que con lo que se pueda hacer desde una reforma electoral. Por lo tanto, yo no creo que podamos inflar las expectativas respecto a esto.

¿Pero hay alguna medida que pueda ayudar a caminar en ese sentido?

Es cierto que una reforma electoral que asegure una gestión más eficiente, por ejemplo, de la financiación de los partidos, que aumente los niveles de transparencia, que permita que las cúpulas de los partidos pierdan el control sobre las listas (y en esto tienen mucho que ver los sistemas de listas desbloqueadas) o incluso sistemas que permitan que tienda a haber más gobiernos de coalición (porque hay más ojos que vigilan desde el Consejo de Gobierno), podrían avanzar en la buena dirección.

¿Cómo avanzamos en el control de la financiación de los partidos?

Aquí hay muchísima tela que cortar. Tengo la impresión de que aunque el PP se jacta de haber aprobado 200 medidas para la lucha contra la corrupción; con cinco hubiese bastado. Hay que afrontar algunas reformas muy concretas. Por ejemplo, en lo que toca a la financiación de los partidos, las fundaciones están fuera, y por lo tanto se permite que haya una ventana a través de la cual se puede colar la financiación ilegal de los partidos; esa ventana inmediatamente se tiene que tapar. Aquí habría que incluir también el hecho de que se permiten donaciones en especie a los partidos y las fundaciones, por ejemplo a través de bienes inmuebles, sin restricción de venta posterior.

¿Qué más aspectos son esenciales para mejorar la lucha contra la corrupción?

Tenemos que avanzar muchísimo en la gestión de transparencia. Nuestra ley de transparencia es muy deficitaria porque al final el Gobierno tiene una enorme cantidad de materias sobre las que puede vetar la solicitud de información, como por ejemplo la gestión energética, uno de los sectores que puede estar más interesado en corromper a políticos.

Otra reforma fundamental sería la de la función pública. Hay que reformar el sistema de contratación pública para asegurar que haya más controles, sobre todo de unos funcionarios que tenemos enormemente desempoderados. Tampoco tenemos un sistema de delatores de la corrupción: quienes denuncian estes casos están sometidos a presiones, están perseguidos, se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo... El coste de denunciar la corrupción en España es muy alto. Esto son medidas sencillas que de momento el Gobierno no está estudiando.

¿A qué se refiere con funcionarios empoderados?

El sistema ideal para controlar la corrupción es que funcione como lo que llamaba Bentham un panóptico. Se trata del diseño de una cárcel la cual funciona con una forma hectagonal, con muchas aristas, y tú no sabes quién te está vigilando a ti, porque estás bajo el control de al menos cuatro guardias. Aquí ocurre exactamente lo mismo: lo que quiero es que los controles se maximicen, y por lo tanto que tenga que pasar cualquier decisión en términos de contratación pública por el máximo número de filtros posibles, los cuales no necesariamente sean elegidos de manera mayoritaria por parte del pleno.

¿Podría citar algunos ejemplos?

En algunos países de nuestro entorno recurren a la figura del burgomaestre o city manager, que es alguien separado de la decisión que toma el pleno. Es un funcionario que se elige por mayoría cualificada por una duración distinta al ciclo electoral, lo que asegura que haya alguien independiente que dé el marchamo para cada uno de los proyectos que se toma. A los políticos corresponde la decisión de las prioridades políticas para el gasto, pero no sobre la decisión de qué empresa contrata el servicio. Esa es una decisión que tiene que ser lo más técnica posible.

No digo que tenga que ser este modelo, sino que en la medida en la que nosotros separemos esa dimensión estaremos introduciendo controles adicionales y avanzaremos en la buena dirección.

Los movimientos surgidos del 15M han celebrado este domingo los seis años de aquella manifestación que en 2011 supuso un revulsivo para la política española. “Los motivos que llevaron a aquella manifestación no han desaparecido sino que se han incrementado”, defiende Jorge, uno de los asistentes a la manifestación, que ha contado con un escaso seguimiento.

“Es importante estar aquí recordando ese estallido social y luchando por seguir manteniendo viva la llama”, continuaba mientras avanzaba con la manifestación, a la que han acudido asambleas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

Unas cuatrocientas personas han recorrido las madrileña calle Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol, emblema hace seis años de aquella multitudinaria convocatoria que acabó con varios manifestantes acampando en el centro de Madrid. Una acampada que pronto fue teniendo sus réplicas en muchas ciudades españolas.

“El 15M ha mutado en cien mil cosas más que están transformando la realidad”, asegura Charo. “Las reclamaciones de aquellos días siguen totalmente vigentes”, continua, señalando como principal la mejora del sistema democrático.

“Aquí se mezclan muchas cosas, el 15M es una mezcla de distintos colectivos con sus propias reclamaciones: vivienda digna, contra la corrupción, ambientalistas...”, explica Francesco. Uno de ellos era el colectivo que promueve una iniciativa legislativa popular por una vivienda digna en Madrid, que estuvo recogiendo firmas entre los asistentes.

Como hace seis años, también los cánticos más famosos de aquella convocatoria volvieron a escucharse este domingo: “sí se puede”, “que no nos representan” o “no hay pan para tanto chorizo” fueron algunas de las consignas que coreaban los asistentes. Abriendo la comitiva, ninguna pancarta, sino un grupo de batucada.

A las salida de la manifestación, que ha transcurrido sin ninguna incidencia, la Policía ha identificado a varios de los manifestantes. Una vez en Sol los convocantes han formado un símbolo humano de la paz y han celebrado una asamblea.

“Yo no estoy orgullosa de lo que mi hijo hizo, pero no me avergüenzo de él. No me avergüenzo de él porque soy su madre, y porque sé que fue una víctima de todo esto como hoy lo somos nosotros”. Quien habla así es Marie-Agnès, madre de un joven francés que abandonó sus estudios para unirse a la yihad. Pierre ya nunca volverá.

Es uno de los testimonios que Alexandra Gil, periodista española afincada en Francia y especialista en terrorismo global, recoge en su primer libro, 'En el vientre de la Yihad' (Editorial Debate, 2017). Siete madres, una hermana y un padre de jóvenes europeos que se han enrolado en el ISIS (Estado Islámico) exponen sus historias con la única esperanza de que sirvan para que nadie más tenga que atravesar el calvario que ellas pasan.

¿Cómo surge la idea de este libro?

En realidad fueron dos los detonantes. Uno, cuando fui a entrevistar a una de las madres para un reportaje y me dijo: “¿Me vas a ver a mí o vas a ver a las otras?”. Yo no me había parado a pensar que había más madres de terroristas, que son más de 2.000 personas que o bien se han ido o bien tenían intención de hacerlo.

El otro detonante tuvo lugar cuando le envié un correo agradeciéndole su colaboración y ella me contestó: “Gracias a ti por escucharme con respeto”. Los dos componentes me llevaron a pensar cómo han tratado a estas madres, cuántas son y cuánto tienen que contar.

¿Cómo fue el trato con estas nueve personas, siete madres, una hermana y un padre?

Fue un proceso lento porque quería cuidarlo mucho. Estaba delante de juguetes rotos en todos los sentidos. En un caso, el de Marie-Agnès, no podía parar de llorar mientras la entrevistaba. Pero incluso en los otros casos, que contenían más sus emociones, el respeto por ese dolor al principio fue complicado, no sabía si iba a ser capaz de estar a la altura. Lo que me estaban contando estas madres tenía que ser muy doloroso.

De alguna manera se fue hilando la confianza. Es de lo que más orgullosa estoy del libro, saber que esas madres no confiaban en nadie y conseguir que confiasen en alguien. Se sintieron menos solas y escuchadas de otra manera. Es importante porque estás respetando a la fuente y al mismo tiempo al lector. Al fin y al cabo, eso es el periodismo.

Mantuvo horas de conversaciones con ellas, muchas en sus propios hogares. ¿Cómo ha repercutido el trato tan cercano que has mantenido con las madres en el estilo del libro y en la historia que cuentas?

Mucho. Con las dos o tres madres que prefirieron darme cita en un restaurante o en un bar el universo que consigues crear es totalmente diferente. Las madres que me abrieron las puertas de sus casas por iniciativa propia estaban además abriendo las puertas a sus historias, a los pósters de sus hijos, a las fotos, a su soledad... Casi puedes oler que allí hubo otra vida antes, y el objetivo del libro era contar que había una vida antes del terrorista. Entrar en esas casas también era demostrar que esa vida existía.

Al final no ha sido solo un trabajo, me han metido en sus vidas: me llaman, me escriben, me han hecho parte de sus historias. En ese sentido estoy contenta.

¿Cómo afrontan las madres la radicalización de sus hijos? ¿Hay alguna diferencia entre la madre y el padre?

El problema es que las madres no vieron a sus hijos radicalizarse, pero sí tienen esa fuerza mental de analizarlo a posteriori: ahora recuerdan que su hijo había dejado de tocar el piano, o ya no se sentaba a la mesa con ellos cuando había un vaso de vino.

Han sido capaces de reconstruir esta historia para dar todavía más signos que sirvan en el estudio de estas transformaciones, tanto en Francia como en otros lugares. Ellas estaban muy ilusionadas porque quieren que este libro sirva en España para prevenir y que ninguna madre sufra lo que ellas han sufrido, que ningún hijo se siga yendo allí a crear dolor o pueda volver aquí armado y con entrenamiento militar.

Con respecto a los padres, lo viven de otra manera. Las madres están mucho más presentes en esta batalla. El padre que aparece en el libro habla de una forma diferente de su hijo, hay un poco más de distancia. Las madres no paran de repetir “es mi hijo, no lo abandonaré, de un hijo no se divorcia una”.

En realidad, el libro también habla del amor de una madre. Los padres están mucho menos presentes, los hombres lo viven como un fracaso y humillación. Las madres me decían: “Para los padres esto es que su rol protector, patriarcal, ha fallado”, mientras que para la madre es más sentimental.

¿Se sienten culpables?

No, no lo hacen. Sí se fustigan, pero sinceramente ellas no creen que hiciesen algo mal, al menos en los casos que he recogido. Sí se preguntan qué falló si ellas dieron todo el amor que tenían. Ya luego pasan a la etapa siguiente: “Bueno, es que había reclutadores en el barrio” o “es que hay discursos de odio que están invadiendo la sociedad francesa”, o que no encontraban empleo.

Están más en el análisis, aunque siempre está presente ese rol protector, ese “yo era su madre, tenía que haberlo visto venir”. Samira, una de las madres, lo dice cuando su hija se va a los 18 años sin dejar ni rastro y además con una parafernalia de mentiras bastante bien organizada. “Yo era su madre, yo tenía que protegerla, le fallé”. Y es terrible tener es sentimiento, sobre todo cuando ya no hay nada que hacer.

En uno de los capítulos no solo habla con la madre, sino también con la hermana de uno de los yihadistas. ¿Cómo fue ese encuentro?

De hecho lo escribí en forma de diálogo porque quería que quedase reflejada la diferencia generacional entre las dos mujeres. Cuando llegué a ese pueblecito al sur de Francia sabía que iba a entrevistar a la hermana pero, una vez allí, me dijo: “Espero que no te importe, ha venido mi madre. Mi madre no habla nunca de esto pero quiero empezar a implicarla un poco, que saque todo lo que lleva dentro”. Acepté encantada, pero pensé de qué manera podría trasladarlo después al libro. En seguida me di cuenta de que estaba en la cocina de esas dos mujeres pero para ellas yo no estaba. Se contestaban entre ellas, se contradecían.

Había diálogos interesantes entre ellas porque era el mismo fenómeno visto desde dos puntos de vista diferentes, tanto por su parentesco como por su edad. También sobre cómo el entorno las está tratando: Julie cada vez que encuentra un trabajo la despiden cuando descubren que es hermana de un yihadista; la madre, como se ha protegido tanto y no ha querido ser mediática, ha podido llevar una vida, una falsa vida, paralela. Julie ha querido prevenir y paga el precio de la sociedad, la mirada del otro.

Hablaba ahora de los problemas de Julie para encontrar trabajo. En el libro explica que la misma radio que le pidió ayuda para tratar este tema después solicita a la empresa de limpieza para la que trabaja que no vuelva a sus estudios. ¿Cómo ha tratado la sociedad francesa a estas familiares de yihadistas?

Así. Este es el único caso del libro en el que se recoge claramente la discriminación de una persona que ha dicho “yo soy quien soy”. Y ese es el motivo por el que las madres no hablan, no quieren hablar con la prensa. Porque esa es la realidad: nadie quiere tener nada que ver con un terrorista. Aún con la hipocresía que usted comenta.

¿Peca el periodismo de hipócrita y de sensacionalista cuando trata este tema?

Sí, claro. Ahora mismo el terrorismo yihadista es el foco del miedo y el miedo es el foco de las visitas. Lo vemos con Marine Le Pen, con Trump o con el Estado Islámico. Es un tema que vende porque la gente tiene miedo de morir. Y, a través de ese rasero, te pueden meter todas las ideas que quieran: el miedo al inmigrante, el miedo al refugiado...

Lo vemos en la prensa, en las historias que se suelen contar. Los medios tienen una responsabilidad vital de no atizar el odio y no enfocar esto desde la ruptura del tejido social porque ahí es donde nace el yihadismo con total soltura.

En el libro hay dos casos de madres que han perdido a sus hijos tras su marcha. ¿Cómo afrontan estas madres el duelo?

No pueden. No pueden recuperar el cuerpo de su hijo ni hay un certificado de defunción, lo cual es lógico porque no hay cuerpo y porque hay terroristas que participaron en los atentados del 13 de noviembre [de 2015, en París] cuyas madres habían recibido semanas antes la falsa muerte del hijo.

Es una técnica que utilizan los yihadistas para desaparecer del mapa y atentar. Es lógico que no tengan validez esos certificados facilitados por el Estado Islámico. Eso es lo que yo digo cuando salgo de sus casas. Cuando entro y me enseñan la foto de su hijo, o su testamento, o el vídeo en el que su hijo se despide y se va a un atentado kamikaze, como el caso de Marie-Agnès, te pones del lado de la madre y piensas que su hijo está muerto y siguen pagando su hipoteca, recibiendo sus cartas.

¿A qué se aferran entonces?

El duelo se reinventa en ellas. Es bastante común que tengan la necesidad de ir a Siria, aunque sea a la frontera, casi como peregrinas. Siempre me dicen que quieren dar los pasos que su hijo dio, respirar el aire que él respiró, ver el cielo que él vio. Va mutando el dolor. Algunas de ellas dicen: “A mí un certificado de defunción no me sirve de nada, yo quiero saber dónde murió mi hijo y poder enterrarlo”. No es el lado administrativo tanto como el lado espiritual.

Una de las madres sigue atormentada porque no sabe en qué barrio exacto murió su hijo durante uno de los bombardeos de la coalición en Irak. Su obsesión es que cuando todo esto termine y antes de que esa ciudad se reconstruya recuperar lo que quede de su hijo. “No sé dónde está pero lo haré, iré y retiraré escombros, porque todas las noches me despierto con la imagen de mi hijo debajo de esas piedras y el día de mañana yo no quiero que construyan una escuela encima de los restos de mi hijo, porque será un terrorista, pero es mi hijo”. Es muy duro.

En el resto de casos que relata en el libro, las madres quieren que sus hijos vuelvan, aun sabiendo que de hacerlo se enfrentan a penas de cárcel. ¿Cómo afrontan esa contradicción entre querer proteger a su hijo y saber que cuando vuelvan van a estar perseguidos por la justicia?

Un calvario. Michelle es una de las madres que mejor lo explica. “Tengo 40 años y solo aspiro a que me llamen un día y me digan que mi hijo único está muerto o a que vuelva y le caigan 15 años de prisión”, dice ella. Ella misma reconoce que casi prefiere que muera allí a que vuelva, porque sabe lo infeliz que sería su hijo en la cárcel. No se permiten ser egoístas. Desarrollan muchos sentimientos encontrados y contradictorios.

Muchas hacen referencia a sus nietos y a los problemas que se encuentra el Estado para abordar esta problemática. ¿Cómo la abordan ellas como abuelas?

Son conscientes de que, si el gobierno francés sigue la misma pauta que cuando intentó evitar esas huidas, la batalla administrativa va a ser igual o peor que la que están librando en estos momentos.

Algunas tienen la impresión de que el gobierno francés, de algún modo, no les dejó irse pero tampoco puso mucho impedimento porque les quedaba grande quedarse con ellos aquí, no sabían muy bien qué hacer. Con los nietos tienen la impresión de que el comportamiento va a ser el mismo: van a esperar a ver cuántos vuelven y ya tomarán la decisión.

¿Cuál es la situación en este momento?

Hasta ahora han vuelto muy pocos niños y han ido directamente a familias de acogida. Las madres ya están un poco diciendo: “Cuando vuelvan los míos, ¿qué va a pasar?”. El gobierno dice que primero habrá que probar, con pruebas de ADN, que los niños son hijos de franceses, para que tengan la nacionalidad francesa, pues han nacido sin acta de nacimiento y en un territorio no reconocido.

Son conscientes de que tendrán que librar una batalla administrativa para reconocer los test de ADN y que el gobierno decida poner en marcha una circular, algo oficial, para que cada madre no tenga que ir a buscar a sus nietos donde estén. Tienen la sensación de que al gobierno le molestan, porque son los hijos de los malos. Pero ellas se aferran a que también son “hijos de la República”, como me decía una de ellas.

Las madres mencionan muchas veces a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), los servicios de inteligencia. ¿Cómo se sienten tratadas?

Cuando esto les pasó el primer reflejo es pedir ayuda, y en seguida la DGSI se puso en contacto con ellas. La primera bofetada ya suele ser que les dicen que a su hijo ya lo conocían, que lo tenían fichado. Entonces ellas no comprenden cómo ha podido pasar esto.

Tienen la sensación de estar vacías porque han contado todo. Pasaban cada 15 días ocho horas declarando lo que sabían, y gracias a sus testimonios el Estado ha comprendido mucho sociológicamente de este problema. Las familias han sido esenciales para el servicio de inteligencia, y a cambio no han recibido nada. Ellas sienten que han ayudado y que a cambio lo que se les impone es una batalla administrativa para todo.

Habla del caso de Marie-Agnès y el momento en el que los servicios de inteligencia se presentan en la habitación de la residencia de su hijo tras su marcha y le dicen: “No da el perfil, no da el perfil”. ¿Hay un perfil?

Se suele decir que esto le puede pasar a cualquiera, pero lo cierto es que el yihadismo no le sucede a todo el mundo. Tienen que haber una serie de factores que se unan, junto a un momento de debilidad, para que esto suceda. El 80% de estos franceses que se han ido son inmigrantes de segunda generación, el 20% son conversos, los conversos son de otras minorías o provienen del proletariado u otras clases desfavorecidas.

Hay un contexto social, al menos en los inmigrantes de segunda generación, en el que no se sienten ciudadanos de primera a pesar de haber nacido en Francia. El caso del chico belga que se fue lo refleja bien: cuando va a Marruecos le dicen que se vuelva a su país y cuando está en su país le dicen que es un marroquí. Ese sentimiento de desarraigo, de falta de identidad y de ego roto es en el que el yihadismo triunfa.

Por eso también las prisiones francesas, superpobladas, son un foco de reclutamiento. Existe un sentimiento de abandono, una necesidad de redención y un sentimiento antisistema, de hostilidad hacia las instituciones. El yihadismo triunfa también ahí porque son ellos quienes todos los días se enfrentan al racismo, o al hecho de que en Francia cuando vas a buscar trabajo tienes cinco veces menos oportunidades de encontrarlo cuando te llamas Muhammad que cuando te llamas Paul.

Eso cala, y el Estado Islámico ha sabido mutar y ofrecer, con un proyecto político, una identidad de opresor a aquel que siempre se ha sentido oprimido.

Los atentados ocurridos en Francia en 2015 aparecen con frecuencia en el relato de las madres. ¿Qué sentimientos les provocaron?

Con terror absoluto. Todas tienen esa sensación y ese deseo de que no sea su hijo. Hay una de las madres que dice: “Pensé en que no fuese el mío, pero al momento me di cuenta de que sería el de otra”. Yo creo que esa frase resume mucho de este libro.

Lo viven con el terror de que sea su hijo y de que les hayan quitado esa pizca de dignidad que les queda. En cualquier momento sus hijos, que ya les han mentido al irse y ya les han destrozado la vida, pueden destrozársela más. Tienen 40 años y solo aspiran a que sus hijos vuelvan y cumplan condena, pero a lo mejor vuelven mañana y ellas vuelven a los interrogatorios, a perder el trabajo... Y los muertos inocentes a la espalda. Es el peor momento para ellas, pensar en un atentado en suelo europeo.

En el caso del hijo de Françoise, cuando se descubre que ha participado en un atentado en Siria, su círculo, el pueblo, la protege de los periodistas. ¿Cómo es su vida en sociedad?

Hay de todo y tiene mucho que ver con la talla de la ciudad. En este caso se trata de un pueblo pequeñito, pero hay muchas madres que se sienten rechazadas, que no mantienen contacto con sus hermanas, que han perdido amigos... Ese fenómeno les ha roto la vida porque ya no pueden decir la verdad sobre su hijo. Esa falta de identidad, cómo se la ha trastocado para el resto de su vida, es terrible. Es horrible la forma en la que el yihadismo ha matado a estas madres. Es otra forma de asesinato pero han matado a sus madres, las están matando lentamente.

Los cuatro partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados han coincidido en señalar que la reforma de la ley electoral, que se ha empezado a estudiar en el Congreso con la constitución este miércoles de la Subcomisión para la Reforma Electoral, cuenta con ciertos consensos de antemano, como aumentar la proporcionalidad del sistema o la reforma del voto exterior.

“Hay cierto acuerdo en que hay que aumentar la proporcionalidad, facilitar el voto de aquellos que no pueden residir en España, regular las campañas electorales y el gasto en ellas”, ha señalado Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, durante el debate organizado por Politikon en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“No podemos decir de antemano cuál será el resultado de la subcomisión”, ha añadido Francisco Martínez, diputado del PP. “Tenemos un buen precedente, el de la reforma llevada a cabo en 2011”. Un punto en el que ha contado con el apoyo de la socialista Meritxell Batet. “Soy optimista: he repasado los programas electorales de los diferentes grupos electorales y hay muchas coincidencias”, ha señalado la diputada del PSC.

Por su parte, Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha señalado que la reforma que se emprende tras la puesta en marcha de la subcomisión debe ser “un ejercicio lo más igualitario posible”. “Hay que cambiar la ley porque es profundamente injusta, discrimina entre ciudadanos”, ha afirmado.

Todos los representantes de los partidos políticos han querido hacer hincapié en la necesidad de que dicha reforma sea aprobada con el mayor número de apoyos posibles. “Acabamos de empezar el trabajo de la comisión y tiene que ser para avanzar”, ha señalado Batet, quien no cree además que ningún partido “vaya a fijar las posiciones teniendo en cuenta si nos conviene o nos beneficia”.

“Nunca se ha hecho una reforma de la LOREG con 176 diputados. Ni PSOE ni PP lo han hecho”, ha continuado Martínez. “Estamos hablando de algo de tanta trascendencia que convendría aprobar por unanimidad, o al menos con el mayor número de apoyos posibles”.

La proporcionalidad del nuevo sistema electoral que salga de la subcomisión sí ha suscitado más debate entre los ponentes. Mientras Podemos y Ciudadanos centraban sus preferencias en sistemas más proporcionales, PP y PSOE señalaban los problemas que eso puede provocar en la gobernabilidad y la territorialidad.

“No podemos ir hacia un sistema completamente proporcional olvidándonos de la territorialidad”, ha señalado el diputado conservador, a lo que Errejón ha contestado que el actual sistema no pretende “integrar territorialmente y proteger a la provincia, sino evitar el empuje progresista de las ciudades”.

Por su parte, Batet ha señalado que el actual sistema de “bipartidismo imperfecto” ha concedido gran importancia a partidos minoritarios “que han sido imprescindibles para la gobernabilidad”.

Los cuatro representantes han recordado que muchas de las reformas que se plantean, como la modificación de las circunscripciones electorales (que ahora recae en la provincia), necesitarían de una modificación de la Constitución, pues es ahí y no en la LOREG donde se recogen estos apartados.

Chesús Yuste (Zaragoza, 1963) fue diputado en el Congreso por la Chunta Aragonesista entre 2011 y 2014. De su etapa en Madrid se llevó no solo la experiencia como representante de los ciudadanos, sino también material suficiente para su segunda novela, Asesinato en el Congreso (Editorial Xordica, 2017).

Yuste hace una reflexión en esta novela negra sobre la crisis política y social que vivimos, dejando entrever en sus personajes una parte de la realidad que nos ha tocado vivir en los últimos años. “Todo es falso salvo alguna cosa”, la ya famosa frase de Mariano Rajoy, es la introducción al lector en la historia, dejando claro desde el principio que ficción y realidad corren paralelas entre sus líneas. 

Un asesinato en el Congreso es, cuanto menos, una trama sorprendente. ¿Cómo surge la idea?

Desde que fui elegido diputado. Un amigo de Madrid me dijo: “Vas a escribir algo tremendo porque vas a tener muchísima inspiración”. Yo le contesté que inspiración tendría, pero no tiempo. Tenía el título: Asesinato en el Congreso, que lo tomo prestado de Vázquez Montalbán y su Asesinato en el Comité Central, pero no tenía clara la novela en sí.

Con el tiempo fui anotando ideas, anécdotas, curiosidades, fui pensando cómo podría ser la trama y enseguida vi que tenía entre manos una historia potente. De alguna manera, tenía la oportunidad de narrar en clave de ficción la decadencia del sistema político de la Transición.

En aquel momento, la crisis económica y social había dejado al descubierto las vergüenzas, el agotamiento del sistema político de la Transición, y creo que lo que estamos viviendo es eso. Pretendo contar esa historia en clave de novela policíaca para hacerlo más ameno y para visualizarlo mejor.

¿Cuánto hay de autobiográfico de su experiencia en el Congreso?

La mayoría de los discursos son míos, y alguno lo he tomado prestado de mi compañera de grupo Laia Ortiz. Cuando se habla de la actividad parlamentaria todo lo que se cuenta ocurrió. Los he utilizado para contar la historia de lo que han sido estos años, toda esa parte de vida parlamentaria es real.

¿Pretende hacer una radiografía de la situación política y social actual?

Sí. Más allá de la novela policíaca, hay una radiografía de la España de Rajoy y una visión muy cruda de lo que está pasando, cómo se ha empobrecido la sociedad, no sólo por efecto de la crisis, sino de las políticas que se plantearon para responder a la crisis y que han provocado el empobrecimiento social y un daño irreparable en varias generaciones de ciudadanos.

Relata la experiencia de los diputados de un grupo pequeño, que no llegan a las comisiones y pasan apuros para desarrollar su labor parlamentaria. ¿Juegan en desventaja?

Hay una desventaja, y es que tienes que estar en varios sitios a la vez. Cuando haces iniciativas es relativamente fácil que te coloquen en distintas comisiones al mismo tiempo. A cambio también hay que decir que ya le gustaría a muchos diputados de los grupos mayoritarios tener la visibilidad que tenemos nosotros, matarían por salir a tribuna las veces que salimos nosotros. Su trabajo es mucho menos visible.

Su ficticio presidente del Gobierno se llama Manolo Rajón, Nora Murua es una diputada de un grupo minoritario que procede del 15M. ¿Pretendía que hubiese un paralelismo muy fuerte que ayudase al lector?

Los protagonistas, Nora Murua y Bruno Mairal son ficción cien por cien, aunque haya usado personajes reales para inspirarme. Pero luego hay personajes fácilmente identificables como el caso de Manolo Rajón o el de la vicepresidenta Zoraida Sáez de Santayana. Lo que pretendo es que el lector sepa que estamos en terrenos de ficción, por eso los nombres no son reales, pero al mismo tiempo les suena todo tan real que, como digo al principio del libro tomando prestada una cita de Rajoy, “todo es falso salvo alguna cosa”.

En la novela, todo es ficción salvo alguna cosa. Me muevo en ese terreno resbaladizo entre la realidad y la ficción y el lector sabrá discernir dónde está cada cosa.

¿Cómo es el proceso creativo de una novela en la que se mezclan ficción y realidad?

Hay tres niveles narrativos en esta novela. Por un lado la trama policíaca: una joven diputada y un veterano periodista encuentran una pista que ellos creen que está relacionada con el asesinato de un diputado que se ha cometido en el Congreso en un día con protestas de Rodea el Congreso, con altas medidas de seguridad. Esa es una trama policial que va hasta el final de la novela.

Luego hay otra trama que es la vida cotidiana de los diputados en Madrid y en su circunscripción. Eso quería que se reflejara porque suele ser un trabajo invisible, solo se ve en los medios de tu provincia cuando has podido preguntar al presidente o presentado una moción, pero todo el trabajo previo no se ve. Me apetecía dejar constancia de eso, de lo que tiene que ser y es el trabajo de un diputado.

Y por último está la trama de la crisis social que vemos en desahucios, en manifestaciones, en la gente que lo está pasando mal. El trabajo artesanal ha sido ir relacionando esos tres niveles y encajarlos. He salido satisfecho con el resultado final.

¿Es en cierto modo también una reivindicación del papel del diputado?

En parte, sí. Labordeta escribió las Memorias de un beduino, pero yo no soy Labordeta, lo mío es más la novela negra. Por eso he elegido quizás este formato, porque es el que te permite también contar cómo es la realidad de la sociedad, lo que se guarda debajo de la alfombra. A parte de eso, otro objetivo era narrar esas crisis económica, social y política de una forma muy cruda, describir la crudeza del sistema de poder existente y por otra parte también reivindicar de los diputados de a pie, que no tienen horas en el día para hacer todas las cosas que se van acumulando.

Usted compartió escaño con Labordeta en las Cortes de Aragón, y ambos fueron diputados en Madrid. ¿Cómo ve el nivel y el papel de la diputados y la Cámara Baja actuales?

Estamos en una legislatura sin mayoría absoluta, sin frontón, en la que el trabajo parlamentario es importantísimo porque se pueden lograr muchas cosas. ¿No se podrá conseguir todo? Por supuesto. Pero se pueden conseguir muchas cosas que afectan directamente a la vida de la gente. A mí me parece tristísimo que alguien pueda caer en la tentación de dar la legislatura por perdida.

Entiendo lo de ponerse camisetas reivindicativas, y era algo que nosotros hacíamos, pues es una manera de poner voz a lo que se estaba moviendo en la calle, de darles visibilidad desde el Congreso, pero el trabajo del Parlamento no puede ser sólo eso. Me preocuparía que hubiese grupos que pensaran que el Congreso es solo un escenario, un plató de televisión y que no vale la pena hacer un trabajo político y parlamentario normal. En esta legislatura que no hay mayoría absoluta, es obligado.

Tanto usted como Labordeta, a parte de su labor política, tienen su lado artístico. ¿Contemplan ese lado artístico también como una forma de expresión política?

Todo el mundo que quiere cambiar la sociedad en la que vive tiene una cierta vocación política. En ese sentido reivindico la etimología griega política y de la palabra político, el que se preocupa del bien común, de la polis. Siempre he tenido inquietud política, antes o después de estar en un partido o en un cargo.

La literatura es una vocación que en mi caso me permite seguir viendo el mundo, analizándolo y comunicando ese análisis. Ese papel se puede hacer igual en una tribuna de un parlamento, un atril de una campaña electoral o a través de un libro.

El asesinato de la novela ocurre durante una manifestación de Rodea el Congreso. La movilización social está presente en el libro. ¿Qué papel juega?

Me gustan las novelas corales, con varios protagonistas. En este caso hay dos protagonistas, la diputada y el periodista, junto al comisario Robles, que representaría el papel policial. Pero más allá de ellos tres hay muchos más personajes, muchos anónimos que representan muy bien esta sociedad que estamos viviendo.

Los que se manifestaron para parar los recortes, para detener desahucios son también héroes y merecen una cuota de protagonismo en el libro y un reconocimiento social por lo que hicieron frente a una involución que hemos estado sufriendo de una manera injusta.

¿Y cómo ve la situación actual?

La movilización se detuvo cuando se generó una expectativa de que podía llegar a alcanzarse el cambio por vía electoral. A partir de ahí estamos en un proceso de retroceso. Hay una cierta decepción social porque el cambio no se ha producido todavía, pero creo que el cambio llegará. Haber estado un año sin gobierno es la prueba evidente de que el sistema político está en una crisis definitiva.

Como diría Gramsci, lo nuevo no ha acabado de nacer y lo viejo se resiste a morir. Estamos en ese momento de transición en el que no sabemos cómo vamos a acabar. Es probable que los partidos del sistema logren regenerarse y vuelvan a convencer a la mayoría social de que vale la pena seguir otros 30 o 40 años con un sistema recauchutado o puede que cometan errores y que provoquen que a corto plazo haya un cambio, que la ciudadanía vote a otros partidos, se resetee el sistema y se plantee un cambio político más amplio de lo que ahora podemos esperar.

Hay un personaje enmascarado. ¿Qué intenta representar con él?

Una de mis influencias es Petros Markaris, quien en sus últimas novelas narra la crisis y el rescate griegos a través de un personaje que asesina a banqueros y culpables de la crisis. Eso me sugirió un personaje de ficción que completara la novela, un justiciero que señalase a los culpables, que fuese el reproche social, pero que no podía hacerlo de forma violenta para no poder ser equiparado con los malos de la novela. En ese sentido quise salvaguardarle del estigma de la violencia.

¿Están presentes en la obra las cloacas del Estado, tan de actualidad últimamente?

Están presentes porque es una descripción muy cruda de cómo es el sistema de poder en España, y hay también una reflexión sobre la corrupción. Creo que cuando hacemos esta reflexión a veces nos centramos en los corruptos y se nos olvidan los corrompedores. En esta novela hay una visibilización de los corrompedores, y hasta ahí puedo leer.

“Rajoy tenía información privilegiada de lo que iba a suceder en el PSOE”. Así ha resumido su nuevo libro Jesús Cintora durante la presentación del mismo en Madrid. En 'Conspiraciones' (Editorial Espasa) el periodista indaga en los motivos que impidieron en 2016 un gobierno de izquierdas en España.

El periodista soriano ha explicado que la estrategia del actual presidente del Gobierno era “matarlas callando”. “Mientras negociaba con Ciudadanos él era conocedor de lo que sucedía en el PSOE”, ha asegurado.

“Creo que tanto PSOE como Podemos picaron” en la estrategia mediática del PP, ha asegurado Cintora. “Tampoco quiero culparlos, a veces son lentejas: o entras en esos espacios o te quedas fuera”, ha justificado Cintora tras citar el ejemplo de la visita de Pablo Iglesias al programa de Pablo Motos “El Hormiguero”. “A Rajoy le convienen más esos formatos”.

Al autor lo han acompañado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y el periodista y director de este medio, Ignacio Escolar.

“El libro es riquísimo en anécdotas, detalles y conversaciones de los protagonistas”, ha asegurado este último, quien ha recomendado a los presentes la lectura del libro para descubrir “todos esos pequeños detalles que cuentan muy bien lo que pasó en ese año sin gobierno”.

“Refleja algo que estamos viviendo, los entresijos de los que intentan colarnos las cosas y tienen muchos poderes para hacerlo; en el 90% de los casos lo consiguen, pero ya no es tan fácil”, ha explicado Revilla. “se ha metido en un terreno en el que no va a hacer ningún amigo”. “No creo que le guste a ninguno de los aludidos”, ha añadido el presidente cántabro.

Cintora ha querido agradecer a quienes le acompañaban en la mesa su apoyo cuando fue despedido de Mañanas Cuatro. “Cuando estás arriba mucha gente te llama: quieren ir a tu programa, conocer tu opinión...”, ha asegurado, para después agradecer a Revilla su amistad y a Escolar “la oportunidad de seguir haciendo periodismo en eldiario.es”.

La presentación estuvo abierta a las preguntas del público, que se preocupó especialmente por la posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar alguna vez en este país. “Hay un trayecto por recorrer en la izquierda que no se ha hecho”, ha afirmado Cintora.

“El problema es que los dos grandes grupos de la izquierda se ven como enemigos mientras Mariano contempla desde su sofá pensando que es un genio”, ha asegurado Revilla. “La única de manera de ganar a la derecha es con una unión de la izquierda”, ha añadido.

Por su parte, Escolar ha explicado que para que haya un gobierno alternativo “tiene que haber una resolución en la izquierda, es decir, un partido mayoritario y otro minoritario”. “Las encuestas muestran que en España hay una mayoría de izquierda”, ha añadido el director de eldiario.es, quien ve “inevitable que la izquierda, más tarde o más temprano, vuelva a gobernar”.

Íñigo Errejón ha defendido este martes que ha llegado el momento “en el que las fuerzas transformadoras tienen que ser capaces de proponer acuerdos para la mayoría”, ha asegurado el ex número dos de Podemos. “Debemos presentar alternativas de país, no recordar continuamente lo malos y corruptos que son quienes gobiernan”.

Estas declaraciones han tenido lugar durante la presentación en Madrid del documental 'In the same boat' (En el mismo barco), del director italian Rudy Gnutti. En él participan destacados economistas, sociólogos y políticos como Mariana Matzzucato, Zygmun Bauman (fallecido recientemente) o el ex presidente de Uruguay José Mújica. 

El documental da comienzo haciendo referencia a la conferencia que John Maynard Keynes dio en 1930 en la madrileña Residencia de Estudiantes. En ella el economista británico e ideólogo del New Deal americano predecía un futuro en el que solo trabajaríamos 15 horas a la semana y dispondríamos de una mayor renta y tiempo libre.

Esta introducción da pie a Gnutti a un análisis de cuestiones candentes en el debate político actual. Centrando el enfoque en la renta básica universal, el director también toca la desaparición, reducción de la jornada de trabajo o el papel de las máquinas en el sistema productivo o la redistribución de la riqueza.

Tras el estreno, que ha tenido lugar en la Cineteca del Matadero de Madrid, Gnutti ha mantenido un coloquio junto a Jorge Moruno, Yayo Herrero y el ya citado Errejón. 

Moruno, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, ha apuntado que el modelo de convivencia “surgido tras la II Guerra Mundial, vertebrado en torno al empleo, se está viniendo abajo”. 

“Se bajan los índices de paro a costa de crecer en número de trabajadores pobres”, ha continuado Moruno, para quien la renta básica universal “no debe percibirse como una política fetiche, sino dentro de una lógica mayor” para la que es necesario “construir un nuevo paradigma cultural”.

“Ya no hay nadie en su sano juicio que crea que el simple desarrollo va a llevarnos a vivir mejor”, ha señalado Errejón en referencia a la creencia establecida de que cualquier generación vive mejor que su predecesora. “Cuando esto se fractura se origina una crisis política sin precedentes”.

“Tenemos que ser capaces de construir instituciones que sean capaces de darnos otra forma de relacionarnos como sociedad”, ha continuado el ahora Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos. “Ha vuelto el deseo de volver a la comunidad. Tenemos que discutir el regreso del Estado a la primera línea política”, ha añadido.

Del mismo modo, Errejón ha cargado contra “el conjunto de decisiones por las que el poder económico se ha emancipado del control democrático”. “Estamos abocados a construir democracia sobre instituciones que no están diseñadas para ello”, ha señalado en referencia a organismos internacionales como la Unión Europea.

'In the same boat' podrá verse en la Cineteca de Madrid hasta el próximo martes 11 de abril. 

Este lunes eldiario.es ha organizado un debate sobre la libertad de expresión tras la condena a Cassandra Vera. Bajo el título “Libertad de expresión y el caso Cassandra” se han reunido en el madrileño Espacio Ecooo, moderados por Andrés Gil, jefe de Política de eldiario.es, la abogada Isabel Elbal; Yolanda Quintana, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI); los humoristas Facu Díaz y Darío Adanti; y la propia afectada, Cassandra Vera.

“Hay que tener en cuenta que la libertad de expresión da cabida a este tipo de expresiones”, ha afirmado Quintana en relación a los tuits por los que ha sido condenada Vera. “Estamos exigiendo que se deroguen ese tipo de delitos en el código penal, porque creemos que vulneran los parámetros internacionales sobre libertad de expresión”, ha añadido. 

El debate se ha centrado en denunciar la dura legislación que se ha aprobado en España en los últimos años. “Cuando el terrorismo no es una amenaza real y este tipo de expresiones no tienen vinculación con amenazas reales los datos de encausados crecen”, ha afirmado Quintana. “Los derechos fundamentales”, ha añadido, “no se negocian, se respetan”. 

En la misma línea se ha expresado Elbal, quien se ha preguntado si en una sociedad democrática “es legítimo que se criminalice la libertad de expresión”. “Hay una política propagandística del partido de gobierno que está perdiendo votos”, ha asegurado Elbal ante la proximidad de varias operaciones Araña con las elecciones y ante la constancia de que no hay “cuatro procedimientos por cada fase de la Operación Araña, sino 76 causas, una por cada detenido”.

Esta afirmación ha sido apoyada por Facu Díaz. “Es evidente que hay una campaña cuando desde el partido de gobierno se lincha a una persona que está condenada”, ha afirmado el humorista en referencia a los tuits publicados desde la cuenta del PP madrileño con capturas de viejos tuits de Vera. 

“Enfocar esto en un debate sobre los límites del humor es peligroso. Dejar en mano de un juez lo que es humor o no es peligroso”, ha continuado Díaz, quien se pregunta si es normal que un tribunal “como la Audiencia Nacional juzgue delitos de opinión”. “Lo mínimo sería que estos delitos no se juzgasen por la vía penal”, ha sentenciado.

“No es lo mismo un símbolo que lo material. La ley está para juzgar lo realmente comprobable materialmente”, ha añadido Darío Adanti. “¿Cómo hace un juez para juzgar que yo he herido lo sentimientos de una persona?”.

“El problema con la libertad de expresión, y quiero hacer una pequeña autocrítica,  es que somos la propia izquierda los que estamos dando de comer a esos recortes a la libertad de expresión”, ha continuado Adanti. “La libertad de expresión no es solo defender los chistes que nos gusten a nosotros”.

Cassandra Vera, quien ha agradecido el apoyo recibido durante los últimos días, ha recalcado que organizaciones como Amnistía Internacional “están poniendo el grito en el cielo no solo por mi caso sino por el uso que se le está dando al delito de enaltecimiento del terrorismo”. 

En el turno de intervenciones del público, el abogado Gonzalo Boye, colaborador de eldiario.es, ha asegurado que el “auténtico problema es que las redes sociales han dado altavoz al ciudadano de a pie y el sistema no estaba preparado para que cualquiera pudiese opinar”. 

Boye también ha arremetido contra el juez que ha redactado la sentencia por su constante referencia a Cassandra por su antiguo nombre. “No le han respetado ni el derecho a ser mujer”.

Mucho se ha hablado sobre el Consejo de Estado a raíz de la informe hecho público por dicho ente sobre el accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. ¿Pero cuáles son sus funciones y quién compone dicho órgano?

El Consejo de Estado está contemplado en la Constitución, que lo define como “el supremo órgano consultivo del Gobierno”. Algo que reitera la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril en su artículo primero. “Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes”, indica el punto dos del mismo artículo.

“Su función es asesorar al Gobierno a nivel técnico”, explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ángel Sánchez Navarro. Su procedencia puede remontarse a la época de Carlos I de España y V de Alemania y sus Consejeros Reales, y está integrado en la estructura del Ejecutivo.

“Es un órgano que, con muchos matices, se mantuvo con José Bonaparte, la Constitución de Cádiz, los periodos republicanos e incluso con Franco”, explica el profesor Sánchez Navarro, autor del libro Consejo de Estado, función consultiva y reforma constitucional (Editorial Reus, 2007). “Tiene un perfil técnico brutal, con unas de las oposiciones más duras del sistema público español”, añade.

¿Quién compone el Consejo de Estado?

El catedrático se refiere a las oposiciones para acceder al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, uno de los escalafones que conforman dicho órgano consultivo, y al que pertenece Federico Trillo. “Son unos de los que mejor conocen el Derecho español”, afirma. Este cuerpo es el único componente del Consejo al que se accede vía oposición pública.

Trillo accedió a su plaza en 1979 como Capitán Auditor, cuando la denominación de la misma todavía respondía al lenguaje militar. Formó parte de dicho órgano durante 10 años, hasta 1989, cuando solicitó la excedencia por Servicios Especiales para dedicarse a la política activa. Esta semana ha pedido su reincorporación, 27 años después.

El resto del Consejo de Estado está formado por consejeros de distintas categorías y que acceden al mismo por diferentes vías. El presidente del órgano, puesto que en la actualidad ocupa José Manuel Romay Beccaría, es nombrado por el Gobierno a través de un Real Decreto, así como los ocho consejeros permanentes, cada uno de los cuales preside una de las ocho secciones.

“Normalmente son profesionales destacados en su área, vinculados a la judicatura o al derecho, algunos de los cuales también han desarrollado labores de responsabilidad política”, explica Sánchez Navarro acerca de los consejeros permanentes. Este es el caso de Landelino Lavilla, letrado del Consejo de Estado desde 1959 y exministro de Justicia con Adolfo Suárez.

Cada Consejero Permanente preside una de las ocho secciones en las que se divide el Consejo de Estado, cada una de las cuales tiene asignadas diferentes áreas de trabajo. Así, la Sección Segunda trata los asuntos procedentes de los ministerios de Justicia, de Trabajo e Inmigración; la Sección Séptima, los procedentes de los ministerios de Educación, de Cultura y de Sanidad, Política Social e Igualdad. El informe sobre el accidente del Yak-42 fue elaborado por la Sección Cuarta, encargada de Defensa e Industria, Comercio y Turismo.

También son miembros natos de este ente el Director de la Real Academia (actualmente, Darío Villanueva); la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; o el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde. En este caso, el puesto va ligado a la institución que representan, y no a su persona; al cesar en su institución de procedencia, cesan también como consejeros. En este apartado es donde tendrían cabida los expresidentes del Gobierno, ninguno de los cuales forma en la actualidad parte de este órgano.

¿Quién puede consultar y qué categoría tienen sus informes?

El Consejo de Estado es un órgano consultivo del poder Ejecutivo, pero no sólo el Gobierno puede pedir informes a este órgano. También pueden hacerlo aquellos Gobiernos autonómicos que no dispongan de un ente similar (como sí tienen, por ejemplo, Galicia o Euskadi), como se establece en el artículo 24 de la ley orgánica que lo regula.

También los particulares tienen opción a pedir audiencia al Consejo de Estado “cuando estén interesados en el objeto de la consulta”. Este es el caso del informe elaborado sobre el accidente del Yak-42, elaborado a partir de la solicitud de indemnización de los familiares de los fallecidos, tal y como se recoge en el texto del dictamen. 

Dicha ley también establece, en su artículo 2.2, que “los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado”. “Es el último órgano al que el Gobierno puede consultar”, explica Sánchez Navarro con respecto a este punto.

“Sus dictámenes suelen ser meramente técnicos y no vinculantes”, continúa el catedrático. Según la ley, “el Gobierno, si no contempla las recomendaciones del Consejo de Estado, tiene que reflejarlo en el texto normativo”.

El Consejo de Estado también se pronuncia al respecto de la adaptación de los dictámenes europeos a la legislación española, los tratados internacionales o los anteproyectos de reforma constitucional, entre otros aspectos. Una vez elaborado el informe, este se remite a la institución que lo haya solicitado, para a continuación ser publicado a través de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.

“No sabéis por lo que estamos pasando”. Quien habla es la madre de uno de los siete encarcelados a raíz de la presunta agresión de un grupo de jóvenes a dos guardia civiles fuera de servicio sucedida en Alsasua. Su hijo acaba de llamarla desde prisión, donde lleva ya un mes acusados de delitos de terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, incitación al odio y lesiones.

Pocas horas después de esa conversación, la Audiencia Nacional ha acordado la liberación de cuatro de ellos por no apreciar riesgo de fuga; en los otros tres sí. La acusación sigue siendo la misma contra los siete. La noticia la ha cogido de visita en Madrid, con vistas a mantener reuniones con varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados. “Es una noticia agridulce”, reconocen.

“Nos sentimos desprotegidos, como si hubiese un rodillo gigante que va aplastando todo a su paso”, asegura otra de las madres, Edurne Goikoetxea. Junto a Antxon Ramírez de Alda y Nekane Ortigosa, también progenitores de otros dos de los nueve investigados, reciben a este diario en un edificio del centro de la capital. Desde su punto de vista, las medidas acordadas en este caso son “desproporcionadas”. “Hay una sobreactuación judicial”, defienden.

Esta tesis no solo la defienden ellos: el juez emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín también se expresó en esta línea en una entrevista en Público, considerándola “desorbitada y fuera de la realidad social”. También Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, coincide en el argumento de la sobreactuación en una entrevista en la Cadena SER, y añade que “lo curioso es que no se les procesa por integración en organización terrorista”.

“¿Cómo se juzgaría esta bronca de las cinco de la mañana en un bar de movida en cualquier otra parte del Estado español?”, se pregunta Ortigosa, otra de las madres. “¿Quién tiene tanto interés en seguir invocando el terrorismo?”, señala Goikoetxea.

Los progenitores y quienes les apoyan aducen que otros casos de agresión a guardias civiles, tanto estando de paisano como en acto de servicio, acarrean acusaciones menores. Este es el caso de la agresión del conocido personaje televisivo Rafa Mora a dos guardias civiles en una discoteca, que se solventó con una multa de 300 euros y 90.000 euros de indemnización para uno de los agentes, tal y como recoge El Periódico Mediterráneo.

Los hechos se remontan al 15 de octubre, durante la madrugada de las ferias de Alsasua. Dos guardias civiles, junto con sus parejas, se ven implicados en una pelea sobre las cinco de la mañana dentro de un bar; uno de ellos tiene que ser intervenido por fractura abierta de tobillo, los tres restantes solo presentan hematomas y contusiones.

En el lugar de los hechos se presenta la Policía Foral de Navarra, procediendo a la dentención de dos jóvenes: Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin. Ambos prestan declaración dos días después ante la jueza Mari Paz Benito, del Juzgado nº3 de la Audiencia Provincial de Navarra. Ambos son puestos en libertad bajo medidas cautelares tras prestar declaración.

Es la intervención del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la de la Fiscalía la que eleva la agresión a la categoría de terrorismo. Es Covite quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional el 18 de octubre. El 9 de noviembre la la jueza Carmen Lamela reclama el caso, pasando así a la Audiencia Nacional.

“Nosotros nos enteramos de la implicación de nuestros hijos por la prensa”. Se refieren a la publicación en El Mundo del auto de la Audiencia Nacional en el que se identifica a 12 jóvenes con nombre, apellidos y DNI, entre ellos dos menores de edad un día después de que el caso recaiga en manos del Juzgado Central de Instrucción nº3.

Las detenciones se produjeron cuatro días después de esa noticia, el 14 de noviembre, en un hecho que, según los padres, “buscaba el espectáculo”. “Se ha intentado criminalizar a todo un pueblo, la imagen que algunos medios han intentado trasladar no es real”, aducen las familias.

La respuesta de la mayoría de los habitantes de Alsasua fue inmediata: declaraciones institucionales, ruedas de prensa y una gran manifestación el 26 de noviembre para reclamar la retirada de la acusación de terrorismo y la devolución del caso a la Audiencia Provincial de Navarra. Según algunos medios, más de 15.000 personas asistieron a la misma, entre ellas la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana; o los portavoces parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai. 

“Usamos el teléfono más que nunca, recibimos más abrazos y besos que nunca”, expresa emocionado Ramírez de Alda. Se refiere a las muestras de cariño y preocupación de vecinos de Alsasua por la situación de sus hijos. “De todas la ideologías y familias. Muchos nos dicen que podría haber sido el suyo”, afirma.

“El pueblo en sí está muy dolido, están diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es Alsasua”, continúa el padre. Lo ratifica Ortigosa: “Está triste. Alsasua siempre ha sido un pueblo acogedor, y lo sigue siendo”.

Las familias van al Congreso con el mensaje de que lo ocurrido en Alsasua son “unos hechos acontecidos en un bar a altas horas de la madrugada, no premeditados y con resultado de lesiones leves”. “Desde el convencimiento de que nunca debieron suceder, creemos que el caso debe juzgarse en Navarra”, añaden en el documento elaborado para entregar a los diputados. Para el viaje de vuelta a Alsasua tendrán que reservar cuatro asientos más.

Cuando en mayo de 2014 los responsables del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se pusieron en contacto con Carolina Meloni, ella y su madre respiraron aliviadas. Hernán Eugenio González, tío de Meloni, había sido asesinado durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, como tantos otros opositores y líderes de organizaciones estudiantiles o sindicales. Pero como ocurre en España con los fusilados durante la Guerra Civil, muchos de esos cuerpos nunca aparecieron. “Recuperarlos te permite pasar el duelo, que ha durado 40 años”, asegura Meloni.

Hernán era un joven estudiante de Medicina cuyo cadáver fue arrojado al Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, tras haber sido secuestrado en septiembre de 1976 y torturado hasta la muerte en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Sobre ese pozo y su historia gira el documental La noche del mundo, ideado por la propia Carolina Meloni junto a Fernando Ávila e Ignacio Sacaluga como un proyecto de investigación de la Universidad Europea de Madrid (UEM), en la que son profesores.

El documental indaga en las declaraciones de testigos y familiares de otras víctimas localizadas en el Pozo de Vargas. Construido a principios del siglo XX para abastecer de agua al ferrocarril, los militares lo convirtieron en una fosa común a la que arrojaron cerca de 70 cadáveres, según cálculos del Colectivo Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), quienes realizan los trabajos de extracción de restos.

No fue fácil. Los militares de Videla se esforzaron en impedir su localización, se afanaron en colocar toneladas de material de obra y tierra para ocultar el pozo. Su objetivo era tapar completamente la boca del foso, dificultar el hallazgo de los cuerpos que decenas de personas se han negado a olvidar. No consiguieron ocultarlo, aunque los restos se encuentran en muy malas condiciones. “De mi tío han encontrado un fémur, parte de la mandíbula y parte del cráneo”, relata Meloni. “Los arqueólogos forenses dudan que se puedan encontrar cuerpos enteros”.

Meloni y el equipo de la UEM viajaron a principios de 2015 a Argentina para filmar este documental y permanecieron dos semanas en la región de Tucumán. Por primera vez las autoridades locales permitieron el acceso de cámaras al Pozo de Vargas. “Bajar fue una experiencia bastante dura”, admite.

“Sentí que me faltaba el oxígeno, que me iba a dar un ataque de ansiedad y no iba a aguantar la experiencia. Fue terrible, algo que no me gustaría repetir. Quería hacerlo, quería saber dónde habían arrojado a mi tío, pero con una vez es suficiente”. El pozo, situado en lo que los argentinos conocen como villas miseria (asentamientos de chabolas), está rodeado por un parque sobre el que se levantan decenas de árboles, uno por cada desaparecido aparecido.

“No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam”, le dijo Videla a la periodista argentina María Seoane, en una entrevista recogida en su libro El Dictador. Y para hacerlos desaparecer eran esenciales los centros de detención clandestina como el Arsenal Miguel de Azcuénaga, el más grande del norte de Argentina y otro de los focos en los que se centra el documental. Allí los secuestrados por orden de los militares eran torturados para obtener información. Los que sobrevivían a los brutales interrogatorios eran, en su mayoría, asesinados. Sus restos, ocultados.

“Hay testigos que afirman que mi tío muere en el Arsenal durante una sesión de tortura”, relata Meloni a eldiario.es. “Hay una línea de investigación que conecta este centro con el pozo. Muchas de las personas arrojadas en el pozo fueron asesinadas en el Arsenal”, explica la directora de producción del documental. “Incluso, se habla del pozo como un ”segundo enterramiento“: se piensa que fueron asesinadas en el Arsenal, enterradas allí, desenterradas y escondidas en el Pozo de Vargas. Proceso llevado a cabo cuando el final de la dictadura era evidente y querían ocultar pruebas”.

El Pozo de Vargas sigue siendo una causa abierta. Se calcula que todavía quedan 10 metros de restos por exhumar y analizar. Por ahora el equipo de arqueólogos del EAAF (que también colabora en la identificación de restos extraídos en fosas comunes en España) ha conseguido identificar más de 40 cadáveres. “Hay muchos testigos visuales de cómo tiraban los cuerpos al pozo: llegaban de noche y cortaban la luz de todo el barrio, se escuchaban tiros...”, relata la profesora de la UEM.

“Un testigo asegura haber visto a una persona viva en una camilla”. Al día siguiente los vecinos encontraban pisadas y restos de sangre en la zona que rodea al pozo, pruebas de las atrocidades que el régimen de Videla cometía contra la población civil. “Nuestra intención es que se conozca esta historia y no se olvide”, afirma Meloni.

El documental, que también cuenta con entrevistas a expertos forenses y jurídicos como el exjuez español Baltasar Garzón, se estrena este miércoles en la Cineteca de Madrid y podrá verse en esa misma sala del 5 al 7 de febrero.

José Juan Toharia quita hierro al fallo de las encuestas en estas elecciones y se refugia en “una sociedad que se está moviendo y que está en un momento difícil”. “Nunca ha habido en España partidos situados entre el 10% y el 25% de voto, siempre si situaban por encima o por debajo de esas cifras, y ahora hay dos”, ha asegurado el presidente de Metroscopia, una de las principales empresas españolas de estudios sociológicos.

“Estamos en el umbral de un tiempo nuevo”, ha asegurado en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum para analizar los resultados de la jornada electoral. “Pese a las estrecheces del sistema electoral han tenido que hacer sitio a dos nuevos partidos”, ha afirmado el Toharia en relación a las dificultades para entrar en el reparto de escaños en las provincias más pequeñas.

El catedrático de sociología ha asegurado que esta nueva situación no tiene por qué afectar a la gobernabilidad. “La idea de que el multipartidismo significa ingobernabilidad no es cierta, hay estudios que la refutan”, ha defendido. Entre los países que se encuentran en una situación similar, Toharia ha mencionado a Dinamarca, un país que ha sido utilizado múltiples veces y por varios partidos durante esta campaña.

“La política es hacer pactos y cumplirlos”, ha afirmado, y se ha escudado en las encuestas que su empresa viene realizando desde hace tiempo: “La gente lo que quiere es regeneración política, ejemplaridad, negociación y diálogo. Lo viene diciendo sondeo tras sondeo”.

Toharia se aleja del mensaje lanzado desde algunos partidos y medios y asegura que si esta situación “se ve con la óptica del tiempo nuevo no es un lío sino una oportunidad”. “No teníamos una cultura del pacto, pero la teníamos. El 80% de los españoles afirma que hubo un tiempo políticamente ideal, la Transición. Lo ven así porque lo identifican como el de los pactos”, ha afirmado apoyándose de nuevo en los sondeos de Metroscopia.

Junto al presidente de Metroscopia ha intervenido el periodista Antonio San José. “Es el fin de las mayorías absolutas”, ha afirmado con rotundidad San José, quien ha señalado el “fenómeno de Podemos, que se ha quedado a 340.000 votos del PSOE”. Para el periodista “es muy probable” que Mariano Rajoy sea el próximo presidente, pese al “pinchazo de Ciudadanos”, quien en su opinión “le ha fallado al PP”.

“Estamos entre Italia y Alemania”, ha asegurado San José, para quien “la gran coalición” entre PP y PSOE “es tan legítima y democráctica” como cualquier otra. “Podría haber algún acuerdo para que el PSOE facilitara la investidura de Rajoy”, ha asegurado el periodista, quien cree que en esta situación históricos del PSOE como Felipe González “tendrán mucho que decir”.

Antonio Miguel Carmona ha asegurado este lunes que en el PSOE-M “alguien tiene que asumir responsabilidades en la dirección política del partido”. El que fue candidato socialista a la alcaldía de Madrid se refiere a los resultados cosechados por su partido en Madrid, donde han sido cuarta fuerza pasando de 10 a 6 diputados y dejándose por el camino más de 8 puntos en porcentaje de voto, hasta quedarse en el 17,88%.

“Han convertido el PSOE en irrelevante en la Comunidad de Madrid”, ha afirmado a la salida del desayuno informativo organizado por Nuevo Economía Fórum para analizar los resultados electorales. “El resultado ha sido decepcionante”, ha continuado, “hemos conseguido el peor resultado de la historia de este partido”.

Carmona se ha puesto “al servicio de los militantes para recuperar” del PSOE-M. “Hay que devolver el partido a sus militantes”, ha explicado el concejal madrileño, quien se ha mostrado dispuesto a liderar ese proceso. “Tiendo la mano a todos los que tengamos que colaborar”.

“No sobra nadie, debemos unirnos más que nunca”, ha asegurado Carmona como receta para sacar a su partido de esta situación. Preguntado sobre si Pedro Sánchez debería dimitar tras cosechar los peores resultados históricos del PSOE, el que fue mano derecha de Tomás Gómez ha evitado contestar. “Eso lo tiene que decidir la organización”, se ha limitado a decir.

Para el excandidato a la alcaldía de la capital la ausencia de Eduardo Madina del futuro grupo parlamentario socialista “es una pérdida para las instituciones”. “Está pagando decisiones que se han tomado de manera equivocada”, ha dicho, sin entrar a valorar que Zaida Cantera sí haya conseguido su escaño.

Andrés Herzog (San Sebastián, 1974) recibe a eldiario.es en su despacho de la sede que UPyD tiene en el centro de Madrid. Un despacho que antes ocupaba Rosa Díez, su predecesora como portavoz del partido hasta el pasado julio, cuando el abogado se impuso a Irene Lozano en un proceso abierto a las bases del partido. “Todavía estamos en proceso de mudanza”, relata mientras muestra la estancia en la que destacan la librería presidida por El Quijote y el premio que su predecesora en el cargo recibió de GQ en 2009.

“No se respeta el pluralismo político al vetar a partidos como UPyD o IU, incumpliendo la vigente ley”, denuncia mientras tomamos asiento. Se refiere a los dos principales debates electorales que se han celebrado durante este campaña y a los que ambas formaciones no han sido invitados: el organizado por El País y el de Atresmedia. “Me parece mal que otros partidos colaboren con eso. Perjudica a los ciudadanos, a los votantes”, continúa.

Desde septiembre Herzog es también el candidato a la presidencia del Gobierno de la formación fundada en 2007. Un reto que asegura afrontar con “ganas e ilusión”, pese a que las encuestas auguran unos resultados muy por debajo del 4,69% de voto y los 5 diputados que la formación consiguió en 2011.

¿Cuáles son las principales medidas de UPyD de cara a las próximas elecciones generales?

Se basa en varios ejes fundamentales. En primer lugar, la existencia de una España fuerte que no tenga ciudadanos de primera y de segunda. Eso supone acabar con los privilegios territoriales, como los que existen en el País Vasco y Navarra. Se trata de blindar la igualdad de los españoles, y para eso consideramos que tienen derecho a tener acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad: las mismas prestaciones con independencia del lugar en el que vivan. Para ello, se deberían recuperar para el Estado competencias claves como sanidad, educación y justicia.

Defendemos una justicia dirigida por jueces y no por políticos. Nos parece fundamental para garantizar el funcionamiento y la calidad de nuestras instituciones y perseguir la corrupción política, la gran lacra de nuestra sociedad. Esto iría acompañado con la defensa de un Estado útil: suprimir diputaciones, fusionar ayuntamientos y acabar con entes superfluos. También acabar con el Senado, y que todo ese dinero, que es muchísimo, se destine a mejorar los servicios públicos, que es lo que está demandando la gente.

El paro y la precariedad laboral preocupan a muchos ciudadanos. ¿Cómo acabaría con esta situación su partido?

Por un lado proponemos el contrato único como forma para acabar con esa dualidad del mercado de trabajo y el hecho de que más del 90% sean temporales, precarios. Esta medida haría que todos estos contratos temporales tuvieran una estabilidad, por lo tanto el empresario tendría incentivos para invertir en la formación de trabajadores, que es el otro gran problema que tienen este país.

Hay que acabar con la actual política del PP que ha provocado esta desigualdad, que también se ve mucho en el mercado de trabajo y en el otro gran problema que presenta actualmente nuestro mercado laboral, la existencia de personas que con un trabajo no llegan a fin de mes. Proponemos una subida del salario mínimo interprofesional por encima del IPC, que yo creo que sería asumible, y que permitiría ir recuperando esa disponibilidad económica que permitiera vivir a la gente con dignidad.

¿Cómo fomentaría que las empresas contratasen de nuevo?

Se trata de crear riqueza para que se reactive el mercado de trabajo, y para ello hay que garantizar financiación a las pymes y los autónomos a través del ICO y de los bancos nacionalizados como Bankia, que creemos se deberían destinar precisamente a estos fines. Y luego otras muchas medidas: un sistema de colocación que funcione, profesional, formado por cazatalentos que tengan objetivos concretos y que sirvan para ayudar a la gente a encontrar trabajo.

Ustedes proponen reformar la ley electoral “para recuperar la igualdad del voto y una representación territorial más equilibrada”. ¿Podría concretarme en qué consistiría dicha reforma?para recuperar la igualdad del voto y una representación territorial más equilibrada

Sin llevar a cabo una reforma de la Constitución, defendemos una modificación que aumente el número de diputados por cada circunscripción, de tal forma que el sistema sea lo más proporcional posible. El principal problema de nuestra ley electoral es de un lado la desigualdad (el voto de un español dependiendo de donde resida puede llegar a valer cinco veces más que el de otro) y la sobrerrepresentación de los grandes partidos, que lo que consigue es que en la práctica sea un sistema mayoritario.

Esto lo proponemos sin perjuicio de otro sistema que defendemos una vez que se aborde la reforma de la Constitución, que creemos debe de pasar por la existencia de dos listas electorales, una con una circunscripción autonómica y otra lista nacional. Sería la forma de garantizar mejor la proporcionalidad y mejorar la calidad del voto.

¿En cuantos diputados aumentaría el Congreso con esa reforma que propone al aumentar el número de diputados por circunscripción?

No defendemos aumentar el número de diputados, que se debe mantener en 350, sino su distribución. Es decir, que aquellas comunidades que tienen muy pocos diputados y que por lo tanto fomentan más la desigualdad del voto aumenten esos diputados, para que haya un mayor equilibro en el voto de todos los españoles, pero que pasa por mantener el número.

¿A qué responde su declaración como imputado ante los juzgados?

Esto es una pataleta de Ciudadanos. Lo que demuestra es la utilización de la justicia con fines políticos. Sale a ocho días de las elecciones y por motivos que nada tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con el politiqueo. Ha sido presentada por una persona que compitió conmigo y que perdió, en las listas de Irene Lozano. Ella se fue al PSOE y esta otra persona, que se fue a Ciudadanos, ha elegido el momento adecuado para intentar hacer el mayor daño posible a UPyD.

¿Le afecta a su carrera como candidato a la Moncloa?

En absoluto. De hecho hace un mes presenté una querella contra este señor por calumnias y denuncias falsas.

¿Qué le parece que algunos excompañeros suyos de partido concurran ahora por otras formaciones? ¿Le sorprendió la marcha de Irene Lozano al PSOE?

No me sorprendió en sí su marcha, la sorpresa viene porque partidos como el PSOE, que supuestamente defienden la regeneración, hayan colaborado al transfuguismo. Esta es para mí la mayor sorpresa, que partidos que abogan por regenerar directamente fomenten el transfuguismo o incumplan el pacto antitransfuguismo. Algo que también se le podría reprochar a Ciudadanos, por cierto.

Para mí eso es incompatible con regenerar la democracia. Frente a eso abogamos por nuestra cantera, por la gente de UPyD que lleva aquí trabajando y que en algunos casos son referentes de la cultura. En nuestras listas llevamos a Fernando Savater, Andrés Trapiello o Fernando Iwasaki, gente que llevan aquí desde el principio y que además han tenido la valentía de implicarse, que es lo opuesto a esta política de fichajes, del espectáculo y de fomentar el transfuguismo.

El pacto considera transfuguismo cuando un diputado abandona el grupo parlamentario del partido por el que fue elegido para incorporarse al de otro partido. En este caso Lozano abandonó su acta tras anunciar su incoroporación a las listas del PSOE. ¿Considera que estos casos también deberían prohibirse o incluirse en el pacto?

No sé si prohibirse, pero sí no fomentarse. Lo censurable de este caso es que ella abandona el acta después de haber negociado con otro partido su incorporación. Esto me parece que no es ético y que no colabora para nada a la regeneración de la democracia.

Las encuestas auguran que UPyD no va a conseguir representación en las próximas elecciones. Si fuera así, ¿serían estas las últimas elecciones de su formación?

Primero, negar la mayor: no es cierto que las encuestas estén descartando que UPyD vaya a estar en el Congreso, sino más bien lo que está pasando es que no están preguntado por nuestra formación, lo cual creo que también atenta contra el pluralismo. No nos parece mínimamente entendible que se descarte a una fuerza política con representación en el Congreso, y mediante una actuación que además sabemos que condiciona al votante. Esto es un fraude para la democracia.

La última encuesta del CIS, en la que sí preguntaron por nosotros, nos daba más intención de voto de la que nos dio en 2008, que nos calculó un 0,4 y sin embargo entramos en el Congreso. Ahora nos da más intención de voto de modo que hay motivos para el optimismo, estoy convencido de que vamos a estar en el Congreso de los Diputados y descarto cualquier otro escenario.

¿Si consiguen representación, se sentarán a negociar con algún partido para apoyar una posible investidura?

Negociaremos con todos, escucharemos a todos, pero lo que negociaremos serán políticas y no sillones. Si somos decisivos y llegamos a apoyar a alguna de las opciones será a cambio de importantes cambios en España. Cambios importantes desde el punto de vista de la regeneración democrática.

¿No descarta a ningún partido?

No. Nosotros solo hemos descartado a los herederos de ETA, a los cuales no consideramos partidos democráticos en la medida en la que todavía no han condenado el terrorismo. Al margen de eso, todo son opciones democráticas y por supuesto a valorar en esas posibles políticas de alianzas o pactos.

Ustedes llegaron al panorama político nacional mucho antes que Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera les supera ahora por mucho en las encuestas. ¿Ha lastrado la figura y el pasado de Rosa Díez el crecimiento del partido?

No creo que sea la causa de la actual situación de UPyD, ni que sea adecuado usar términos como lideresa. Rosa Díez es una referente para el partido, un gran activo y una política que lleva varias décadas luchando por sus ideales y con los bolsillos vacíos, algo que no se puede decir de cualquier político.

Son muchos factores, no cabe hablar de uno en concreto. Y menos de Rosa Díez, que ha sido objeto de una campaña de desprestigio que por cierto no se hubiera hecho de ser un hombre. Hay un componente machista en todo esto que ha sufrido ella, como demuestra el hecho de que se hable de hiperliderazgo, término que nunca se usa para un hombre.

Se está usando en el caso de Albert Rivera y de Pablo Iglesias también.

Efectivamente, pero no veo que se les critique, ni que eso suponga un tema de censura. Al revés, en un hombre se valora y en una mujer se utilizan términos como lideresa, que tiene un componente peyorativo que no se usa con un hombre.

Colectivamente deberíamos hacer una reflexión sobre este tipo de cosas porque luego nos quejamos de que las mujeres están infrarrepresentadas en política, pero cuando hay alguna que dirige un partido sufre muchos ataques que tienen ese componente.

¿Cree que tanto usted como Rosa Díez han cometido errores en la gestión interna para encontrarse ahora en esta situación? ¿Cuáles?

Por supuesto que habremos cometido errores, faltaría más. Pero más allá, lo que hemos hecho es pisar muchos callos. Esto ha sido uno de nuestros principales problemas. Presentar querellas en la Audiencia Nacional, conseguir imputar a gente muy poderosa que ha tenido que dar explicaciones antes los jueces: el caso Bankia, el caso de las preferentes, las tarjetas black.

Haber sido coherentes en la renuncia a los privilegios políticos, no haber participado en el reparto de las instituciones, habernos negado al reparto de la justicia, de las cajas de ahorro en su día, de los organismos supervisores... Eso ha tenido que ver mucho con nuestra historia, con lo que nos ha pasado y con lo que somos. Dicho esto, lo volveríamos a hacer porque es necesario para España y ha sido una de nuestras grandes aportaciones.

¿Se atrevería a enunciar algunos de esos errores?

No fuimos capaces de leer una situación política generada con la irrupción de los nuevos partidos, en un momento en el que la política estaba en una situación muy convulsa. No fuimos capaces de adaptarnos, y eso nos ha pasado una factura. Somos un partido que siendo nuevo como tal se ha percibido como no tan nuevo frente a los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos.

Sin duda hemos trabajado mucho, tanto en la lucha contra la corrupción como institucionalmente, pero quizá de tanto trabajar se nos ha olvidado que había que explicárselo a la gente. Sin embargo vemos a otros partidos que han sabido utilizar mejor el marketing político, han sabido en definitiva venderse mejor. Son una confluencia de factores que explican que estemos en esta situación.

Algunos dicen que Ciudadanos y UPyD se parecen. ¿Podría nombrarme similitudes y diferencias entre ambas formaciones?

Me atrevo a dar una muy clara que sirve para comprender la diferencia abismal que nos separa. Nosotros en UPyD estos ocho años hemos combatido a los corruptos del PP y del PSOE, y Ciudadanos les ha dado los Gobiernos. Al PSOE de los ERE en Andalucía y al PP de Bárcenas, de la Gürtel, de la Púnica, en el resto de España. Eso es la antítesis de la regeneración, el mantenimiento del sistema y del 'statu quo'. Nosotros nacimos para lo contrario.

Además hay diferencias programáticas: nosotros defendemos la igualdad, y para ello la recuperación de competencias para el Estado o el derecho de elección de la lengua materna en la enseñanza, cosa que Ciudadanos no ha hecho ni creo que vaya a hacer. En última instancia es la coherencia, creerte las cosas que defiendes. Frente a la copia, yo me quedo con el original.

Hubo negociaciones entre UPyD y Ciudadanos. ¿Qué falló? ¿Habría alguna posibilidad de que esas conversaciones se repitiesen en el futuro?

No estoy de acuerdo en que hubiese realmente negociaciones, lo que hubo fue una OPA hostil. Y lo que falló básicamente es la existencia de dos proyectos muy distintos, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Un partido como UPyD, que no tiene patrocinadores, contra otro que creo que sinceramente no es igual.

¿Cuando se refiere a patrocinadores se refiere a los comentarios que sitúan a Ciudadanos como el partido del Ibex35?

Efectivamente.

¿Cómo están sacando adelante la campaña electoral sabiendo que se encuentran en una situación financiera complicada?

Con mucha libertad, que es fundamental. Para defender las ideas de uno hace falta no tener hipotecas. En UPyD no le debemos nada a nadie, y entre ese nadie están los propios bancos. Eso nos da la libertad de no tener patrocinadores, como otros. Dicho esto, se trata de hacer una campaña a pie de calle, escuchando a la gente y con ilusión. Lo que destaca de UPyD es que podemos tener un presupuesto pequeño pero tenemos las ideas grandes.

Ustedes fueron unos de los impulsores de la causa contra Rodrigo Rato y su gestión al frente de Bankia. ¿Seguirán al frente de este caso si UPyD se queda fuera del Congreso y el Senado?

Eso es algo que no puedo decir ahora. Para llevar a cabo la lucha contra la corrupción necesitamos el apoyo y la confianza de la gente. Si no obtenemos esa confianza, es difícil que podamos seguir adelante, eso es bastante evidente.

¿Qué opinión le merece que el juez del caso Bankia esté investigando si el Banco de España elaboró un informe para exculpar a Rato?

Es parte de los problemas de nuestro país. En el fondo tiene mucho que ver con la politización de las instituciones, que están al servicio de los políticos. Entre ellas el Banco de España, que no solo miró para otro lado cuando se producía todo el desfalco de Bankia, sino que una vez producido resulta que lo que hace es intentar ayudar a los imputados.

Es lo mismo que intenta hacer el Gobierno, que supuestamente está como parte acusadora a través del FROB, pero en la práctica defiende en cuanto puede las tesis de los imputados. De hecho se ha opuesto a todas las diligencias de pruebas que ha pedido UPyD. No solo hemos tenido que luchar contra todos los abogados defensores, un auténtico batallón, sino desgraciadamente también contra las instituciones.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, no comparecerá ante la comisión de investigación sobre corrupción política hasta después de las elecciones. Su declaración estaba prevista para este próximo viernes 18, último día de campaña electoral.

La decisión se ha conocido hoy tras la reunión que han mantenido la mesa y portavoces de la comisión para fijar el contenido de la próxima sesión. Lo previsto era que Aguirre declarase en el marco del caso ICM, pero finalmente esta comparecencia se retrasará, previsiblemente hasta enero del próximo año, según fuentes de la comisión.

En la anterior sesión de la comisión, celebrada el pasado viernes 4 de enero, se aplazó la declaración del empresario Alejandro de Pedro, lo que ha motivado que su comparecencia haya tenido que trasladarse al próximo viernes 18, día de cierre de la campaña. Para ese día estaba también prevista en un primer momento la declaración de Aguirre, junto a Salvador Victoria, Isabel Gallego y Cándido Cerón. Finalmente, serán estos tres últimos junto a de Pedro quienes comparecerán en la próxima sesión, tal y como ha anunciado la presidenta de la comisión a través de su cuenta de Twitter.

El reglamento de la comisión impide que sean más de cuatro los comparecientes por sesión. Este ha sido el motivo por el que Aguirre se ha caído de la sesión, no sin previa polémica. La reunión de la mesa y portavoces de la comisión ha tenido que irse a un receso para llegar a un acuerdo sobre quiénes serían finalmente los comparecientes.

Desde Podemos aseguran que ellos han sido los únicos que reclamaban que la comparecencia de Aguirre se mantuviese en la próxima sesión. Su propuesta, según fuentes consultadas por este medio, incluía a De Pedro, Victoria, Aguirre y un cuarto compareciente a negociar. Una propuesta que no ha llegado a votarse por la falta de acuerdo entre los grupos, y que finalmente han desechado para sumarse al acuerdo unánime.

Fuentes de la comisión aseguran que el motivo para no llamar a Aguirre no está en que esta declaración fuese a producirse dos días antes de que los españoles acudan a las urnas. “Necesitamos avanzar más en la investigación y llamar a declarar a personas subordinadas a Aguirre antes de que venga ella”, defienden en declaraciones a eldiario.es. “ICM tiene muchas aristas y no encaja en dos sesiones, como sí lo hizo IVIMA”, caso por el que ya ha comparecido el también expresidente conservador Ignacio González.

El conservador Javier Maroto se ha sentido acorralado durante un debate este jueves, o al menos eso se desprende de sus declaraciones. “Si este debate se convierte en un cinco contra uno pierde interés”, ha asegurado el representante del PP cuando los demás participantes denunciaban los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy.

El debate, organizado por Twitter, el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el European Youth Forum, ha contado con la presencia de Íñigo Errejón (Podemos), Sol Sánchez (Unidad Popular), Fernando de Páramo (Ciudadanos), María González Veracruz (PSOE) y Andrés Herzog (UPyD) y el ya citado Maroto (PP). Durante el mismo y en varias ocasiones los representantes de todos los partidos le han recriminado al conservador las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo que preside Rajoy.

“La gente consume menos porque los salarios no han dejado de caer”, ha asegurado Errejón durante el bloque dedicado al empleo, uno de los cinco (junto a educación, sanidad, corrupción y lucha contra el terrorismo). “Mi hija gana 400 euros”, ha continuado Sol Sánchez, para añadir a continuación que el empleo que está creando el PP “convierte a nuestros hijos en esclavos”.

El conservador se ha defendido asegurando que cuando ellos llegaron al Gobierno “se destruía empleo, y ahora se crea”. “Nos hemos marcado el objetivo 20-20: 20 millones de trabajadores en 2020”, ha continuado Maroto. Por su parte, Herzog ha apostado por el contrato único para crear “puestos de trabajo estables” y la financiación pública “a través del ICO y de los bancos rescatados” para las empresas.

Veracruz también ha cargado contra Maroto cuando ha llegado el bloque sobre educación. “Durante el Gobierno de Rajoy las becas han dejado de ser un derecho universal”, ha asegurado la socialista. Una afirmación que se ha visto respaldada por la representante de Unidad Popular-Izquierda Unida. “100.000 estudiantes se han quedado fuera de la universidad en estos años por no poder pagar las tasas”, ha asegurado Sánchez.

“Los 22.000 millones de rescate a Bankia es el doble de todos los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia”, ha denunciado Herzog, el único candidato a la presidencia del Gobierno presente en el debate, para recordar después el papel de su partido como acusación en el caso Bankia. El de UPyD no desaprovechó la ocasión para cargar contra Ciudadanos: “Lleváis 10 años en Cataluña y hemos tenido que ir nosotros a denunciar a Pujol”, le ha recordado dirigiéndose directamente a Fernando de Páramo.

“La gente está hasta el rabo de la boina de oir hablar de corrupción”, ha asegurado Maroto cuando el debate se ha enzarzado alrededor de esta cuestión. “Corrupción ha habido en todos los partidos”, ha continuado, a lo que le ha respondido la representante de UP, Sol Sánchez, con que el PP “parece una trama de corrupción que se presenta a las elecciones”.

Este ha sido el primer debate electoral de la precampaña, y que ha contado con la presencia de público. Los usuarios de Twitter han podido plantear sus preguntas en directo a los candidatos a travésd el hashtag #DebateEn140, y la organización ha dispuesto también de turnos de palabra para algunos de los asistentes al debate. al

Habrá más debates durante de aquí al 20 de diciembre, día de las elecciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solo se enfrentará personalmente a Pedro Sánchez en el que organiza la Academia de la Televisión, y que tendrá lugar el 14 de diciembre. Este viernes 27 de noviembre tendrá lugar otro en la Universida Carlos III de Madrid, organizado por la asociación DemosUC3M, al que solo han confirmado asistencia los candidatos de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera. 

Habrá otros dos debates más: uno organizado por el periódico El País, y que enfrentará a los candidatos presidenciales de PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras Rajoy ha declinado la invitación. Sí que estará representado el PP en el que organiza Atresmedia, pero será su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, y no Rajoy, quien se enfrente a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha defendido su gestión en la venta de 32 lotes de viviendas que el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) realizó a ENCASA CIBELES, S.L., empresa participada por Azora y Goldman Sachs. “Ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado”, ha llegado a afirmar durante la comisión de investigación sobre corrupción política que tiene lugar en la Asamblea de Madrid. “El Gobierno no es quien decide vender las viviendas a un fondo de inversión; quien se presenta a un concurso no es cosa del Ejecutivo”, ha afirmado para defenderse de las acusaciones que desde los grupos de la oposición le vertían.

PSOE, Podemos y Ciudadanos han calificado de “quebranto patrimonial” la venta de dichas viviendas, al señalar que estas se hicieron por debajo del precio que podían haber alcanzado en el mercado. Una acusación que ha puesto en entredicho el conservador al afirmar que las viviendas se habían vendido por un precio “un 20% por encima del de tasación”.

La sesión ha subido de tono cuando el diputado de Podemos Ramón Espinar y González se enzarzaron en un rifirrafe. “Aquí las preguntas las hago yo”, le ha espetado Espinar al expresidente cuando este trató de contestarle con otra pregunta. “Usted haga preguntas y no juicios de valor”, se ha defendido el expresidente.

“La decisión de poner en venta dicho patrimonio la tomó el Gobierno para alcanzar los objetivos de déficit”, ha repetido una y otra vez González cuando se le ha preguntado quién había tenido la última palabra a la hora de poner a la venta el lote de viviendas. “No fue la única medida, se optaron por muchas más”, continuó, y aprovechó la ocasión para recitar todo tipo de medidas llevadas a cabo durante su época al frente del ejecutivo autonómico.

Los posibles vínculos personales entre los responsables de la decisión y los beneficiarios, así como los posibles conflictos de interés coparon otra buena parte de las preguntas. “No conocía a ningún integrante de Azora o Goldman Sachs, y sigo sin hacerlo”, ha asegurado González, para posteriormente añadir que tampoco sabía de “las relaciones del señor Cavero con Goldman Sachs”, en relación a su exconsejero de vivienda, Pablo Cavero.

Precisamente Cavero fue otro de los comparecientes en esta segunda jornada de la comisión que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid. Al igual que su superior durante su época en el Gobierno, ha negado cualquier irregularidad en la venta de viviendas a ENCASA CIBELES y ha defendido su imparcialidad.

Cavero participa en una SICAV gestionada por Goldman Sachs. Ante las preguntas de si eso no suponía un conflicto de intereses, el exconsejero de vivienda ha esgrimido el siguiente argumento: “La luz de mi casa la tengo contratada con Iberdrola, igual que la del Metro. Que una empresa provea servicios a un alto cargo no la invalida para trabajar para la administración”.

Toda la oposición se mostró crítica con la gestión de González y su equipo en este caso, mientras los representantes del PP aprovecharon sus turnos de preguntas para defender la gestión y criticar a la oposición. “Esta comisión es una causa general absoluta” contra los conservadores, ha asegurado Alfonso Serrano. 

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha asegurado este martes que las candidaturas de confluencia municipales “fueron importantes, pero no suficientes”. “Hay problemas que no podemos resolver desde los ayuntamientos”, ha defendido Ferreiro, para quien el próximo 20D “se juegan dos elecciones”. “Las de la derecha, que se juega ver quién sucede a Rajoy en Moncloa: Rivera o Núñez Feijóo; y las de la vida”, en referencia al candidato de Ciudadanos y al presidente conservador de la Xunta de Galicia.

“Feijóo se vende bien, pero en ocho años de gobierno en la Xunta no podemos decir que nada esté mejor que cuando llegó”, ha asegurado sobre el posible sustituto de Rajoy al frente del Partido Popular.

“En Galicia se quiere cambio”, ha afirmado el alcalde de A Coruña. “Las mareas consiguieron tres alcaldías y representación de todas las ciudades”, un cambio que Ferreiro no cree que se vaya a parar de cara al próximo 20D. “Anova, EU y Podemos han configurado una candidatura de cambio que cuenta con el apoyo de las candidaturas municipalistas, incluida la Marea Atlántica”.

“Las cosas siempre se pueden hacer mejor”, ha asegurado Ferreiro sobre la candidatura En Marea. “Nos hubiese gustado replicar el movimiento municipal a nivel autonómico”, ha defendido, para asegurar a continuación que se trata “de una candidatura fuerte y representativa” de la “singularidad” de Galicia.

“Esperamos poder extrapolar este modelo de cara a las elecciones autonómicas del próximo año”. Preguntado sobre si podrán encontrar un candidato que pueda competir con Feijóo, el alcalde de A Coruña ha señalado su propio caso o el de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que le ha presentado en el acto de Nueva Economía Fórum. “Un año antes de las elecciones nadie me conocía y las ganamos con un conocimiento del 20%”. Ferreiro le concede más importancia al proceso de configuración de la candidatura y a la ilusión que genere en los ciudadanos.

Carmena ha querido acordarse de los asesinados en los atentados de París del pasado viernes. “Somos seres humanos que tenemos derecho a vivir en paz”, ha afirmado la alcaldesa de la capital. “Necesitamos gestores políticos que valoren la vida, que valoren la paz”, ha continuado Carmena, para quien “las grandes normas se cumplen porque todos estamos de acuerdo”.

“No se puede hablar de guerra cuando se quiere hablar de desarrollo”, ha asegurado la alcaldesa de Madrid. “En este siglo XXI en el que estamos creo que hay que tener muy claro que la guerra es el mayor atentado a los derechos humanos y lo que impide el desarrollo social, económico y personal”.

“Para evitar este terrorismo y cualquiera es fundamental trabajar muchísimo el diálogo, buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía”, ha continuado Carmena. “Me gustaría mucho que desde este ayuntamiento pudiésemos convocar algún tipo de jornadas de educación para la paz, contra la violencia”.

La pérdida de la mayoría absoluta que hasta el pasado mayo tenía el PP en la Asamblea de Madrid ha posibilitado la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la corrupción. Dolores González Pastor, diputada de Ciudadanos, es la encargada de presidirla. La creación de este mecanismo se incluía entre los puntos del acuerdo de investidura entre el partido de Albert Rivera y el Cristina Cifuentes. Pastor recibe a eldiario.es en los pasillos de la Asamblea, donde conversa sobre cómo se ha constituido esta comisión, cuáles son sus objetivos y las trabas y reticencias que se han encontrado para sacarla adelante.

¿Cómo ha sido el proceso para crear la comisión de investigación sobre corrupción en la asamblea de Madrid?

Tortuoso. La comisión se propuso antes de verano, casi inmediatamente después de formarse la Asamblea. Teníamos muy claro que había temas que había que investigar y además hacía muchísimos años que no había una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, concretamente diez desde la del tamayazo. Hubo mucha resistencia del PP porque incluso hoy, aunque su actitud ha ido cambiando, sigue manteniendo que esto es una causa general y no entiende que hay que depurar responsabilidades políticas independientemente de que haya procesos judiciales. Esto es algo que para la oposición era importante, empezar a hablar de responsabilidades políticas antes de dejar en manos de los jueces la de depurar los casos de corrupción porque entendemos que son procesos distintos.

¿Cuáles han sido las resistencias que se han encontrado?

Hubo mucha oposición por parte del PP, que poco a poco se ha ido relajando hasta encontrarnos en un punto en el que se muestran mucho más colaboradores. Ahora las resistencias vienen por la parte burocrática, administrativa y de agenda de lo que es la Mesa de la Asamblea. La Mesa toma decisiones sobre temas burocráticos, administrativos y también políticos, es decir, sobre lo que va en agenda o no, sobre lo que se admite a trámite o no. Y aquí es cuando casualmente, habiendo el PP relajado su resistencia, se toman decisiones que nos están haciendo difícil consensuar las normas de funcionamiento.

¿A qué se refiere?

Nos ha estado requiriendo una y otra vez el porqué de estos cambios y hablaba de inexactitudes formales sin especificar lo que había que cambiar. De los tres temas más importantes, solo dos se han admitido. Uno es el streaming, una lucha de Ciudadanos para todas las comisiones y que ha contado con el apoyo del resto de grupos. El otro era el formato de comparecencia, que tradicionalmente son muy rígidas, una sucesión de discursos en el que cada uno habla de su libro. La Mesa queríamos hacer algo más dinámico, un formato de pregunta-respuesta más parecido a un diálogo. También han aceptado la posibilidad de que un compareciente acuda más de una vez, algo que estaba prohibido por reglamento.

Otra cuestión que consideramos muy importante y que no ha sido admitida es la digitalización de todas las peticiones de información. Algunos diputados hemos pedido a título personal el acceso a las actas para conocer el contenido de las deliberaciones que han llevado a estas decisiones. Como órgano de gobierno de la Asamblea deberían ser públicas, pero todavía no hemos obtenido respuesta. 

¿Qué casos veremos pasar por la comisión de investigación?

Hemos diferenciado dos etapas que tienen que ver con los periodos parlamentarios, por semestres. Ahora tenemos hasta el final de este ciclo parlamentario, cuatro sesiones, una cada 15 días. A la vuelta de Navidades se abrirá otra distinta. El objetivo era arrancar con uno o dos casos que pudieran empezar a dar una visión de los mecanismos de la corrupción en determinadas áreas de la Comunidad de Madrid. Esa es la razón por la que no hemos abierto con un caso que pudiese ser más sonoro, como Púnica o Arpegio, porque si empezamos con un caso como estos seguramente no pudiéramos haber tenido una visión más o menos completa de a dónde queríamos ir. Por eso estos grandes casos los hemos postergado para después de las vacaciones y hemos buscado dos casos, Ivima (Instituto de Vivienda de Madrid) e ICM (Informática Comunidad de Madrid), que aunque no puedan ser completados en estas sesiones, sí podamos ver un ciclo de comparecientes como para tener una visión más o menos completa, independientemente de que después los podamos retomar.

¿Y después?

Tenemos en cartera Arpegio, cómo se han concedido determinados colegios concertados, partes de la Púnica... En enero haremos una priorización de los temas para el siguiente semestre. Y entre los comparecientes, que serán tres o cuatro por sesión, podremos ver en el caso de Ivima a Fernando Gumucio, socio fundador de Azora, la empresa socia de Goldman Sachs para licitar la compra del lote de viviendas de Ivima y además es el representante y presidente de la sociedad instrumental que se crea prácticamente mientras se estaba adjudicando y formalizando el contrato, Encasa Cibeles, gestora finalmente de las viviendas.

También se va a llamar a Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda, y a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Ambos son llamados a raíza de las declaraciones de Ana Gomendio y Juan Van-Halen, exdirectores gerentes de Ivima, que dijeron que determinadas cuestiones de cómo se formalizaba este contrato eran instrucciones directas de sus jefes. También pasarán Francisco Carmena Lozano, presidente de la mesa de contratación de Ivima.

¿Comparecerán los dos últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre?

González, este próximo día 20 de noviembre exclusivamente por el caso de Ivima. Hubo una queja del PP porque pensaba que era demasiado pronto para que viniera y que además ellos preferían que viniera al final de todo el proceso para contestar por todas las cuestiones. Esto al resto de portavoces y a la mayoría de la mesa nos parecía un poco absurdo, porque un presidente de Gobierno toma decisiones muy importantes en momentos distintos, sobre casos distintos y con equipos e implicados distintos. Que venga el 20 de noviembre no significa que no tenga que volver a venir en un futuro. Ese es uno de los motivos por lo que solicitamos que un compareciente pudiese venir más de una vez. Se van a investigar las dos últimas legislaturas, de 2007 a 2015, y los dos presidentes de la Comunidad han sido ellos.

¿No llegará hasta el tamayazo que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia?

Ya hubo una comisión que trató ese tema. Hemos pedido las actas para entender cómo fue el funcionamiento. El tamayazo queda fuera en el horizonte temporal que nos hemos marcado. Hemos arrancado con 2007 porque es cuando salta el caso Gürtel. Y hay que resaltar que esta es la primera comisión de investigación en Madrid que no se da bajo un gobierno con mayoría absoluta.

Han pedido las actas de la comisión sobre el tamayazo. ¿Si encontrasen deficiencias se plantearían retomarla?

La verdad es que no se han planteado, pero por una razón: los casos de corrupción que han venido detrás son tan brutales que había que acotar de algún modo para que la comisión tuviese utilidad. Además, nadie ha solicitado que esa comisión de investigación se debiera repetir. Nos preocupaban dos cosas. Que se pudiese interpretar como una especie de linchamiento o circo mediático, y no, todos estábamos de acuerdo en hacer algo serio. La otra cuestión es que se nos fuera de las manos y por abarcar mucho, se diluyese. Para una vez que tenemos la oportunidad de hacer una comisión no teledirigida por una mayoría absoluta queremos que sea útil y acotada. 

Algunos responsables políticos de estos casos siguen ocupando cargos dentro de su partido. En caso de que se depuren responsabilidades políticas, ¿cuáles le van a pedir al PP, al que han aupado al gobierno de la CAM?

No es el objetivo de la comisión llegar a definir delitos, ni acusar ni imponer penas, que para eso está la justicia. Debemos señalar quiénes son malos políticos, quién ha realizado mala praxis con el objetivo de evidenciar que no son dignos de la función política y generar una censura entre sus propios compañeros de profesión sobre qué personas son las más adecuadas para manejar presupuestos públicos, adjudicar contratos públicos, etc.

¿Si Cristina Cifuentes preside el PP de Madrid le exigirían que depurase responsabilidades en su propio partido?

Hay dos temas: las cuestiones internas de un partido político y otro, que es la que a nosotros nos preocupa, que es cuando un partido gobierna, qué equipo de gobierno y qué perfiles son con los que cuenta. Es ahí donde se gestiona lo público. Es verdad que los partidos tienen una responsabilidad social y pública, pero de momento nosotros no nos metemos en cómo gestiona cada uno su partido, porque cada uno tiene que ser responsable ante la sociedad. En el acuerdo de investidura hay 20 o 21 puntos relacionados con regeneración y transparencia, de los cuales unos cuantos tienen que ver muy explícitamente con la dignidad política, la dedicación exclusiva, que no haya imputados... El foco lo vamos a poner sobre cualquier político que ejerza la responsabilidad de gobierno.

¿Puede el resultado de esta comisión de investigación provocar que Ciudadanos le retire el apoyo a Cifuentes?

Dentro de los puntos del acuerdo de investidura hay uno muy claro y es que cualquier imputado debe entregar su acta y abandonar cualquier función de gobierno que ocupe. Y eso lo decide un juez. No es objetivo de esta comisión hacer juicios paralelos, sino señalar responsabilidades políticas en cuanto a quiénes tomaron malas decisiones y por qué. Y el segundo, para que esta comisión transcienda y no quede circunscrito a un determinado periodo de tiempo, cómo han funcionado determinados patrones y determinados mecanismos de corrupción para poner los medios y que no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que va a hacer que una comisión de investigación sea útil dentro de 20 años.

El actual sistema electoral dificulta la entrada de Podemos y Ciudadanos en la pugna por obtener escaños en los territorios que menos diputados aportan al próximo Congreso. Son un total de 28 provincias que aportan cinco o menos de cinco escaños al reparto general. Cuantos menos escaños se reparte, mayor es el porcentaje que se debe obtener para conseguir pasar el corte.

El pasado lunes el Gobierno aprobó el decreto por el que se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para el 20 de diciembre. La convocatoria establece no solo el día para acudir a las urnas, sino también la distribución de los 350 diputados entre las 50 provincias y las dos ciudades autónomas.

Todas las provincias cuentan con, como mínimo, dos diputados a elegir, con la excepción de Ceuta y Melilla, que escogen cada una a un único representante en el Congreso. Los 248 restantes se distribuyen entre las diferentes provincias teniendo en cuenta su población, con un resultado desigual.

Los politólogos y sociólogos dividen las provincias españolas en tres grupos. En el primer grupo están aquellas que eligen cinco o menos diputados. “Estas 28 provincias, que representan el 52% de las circunscripciones, eligen 100 diputados, el 28% de la Cámara”, explica Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas y miembro de Politikon. “Ahí la barrera efectiva para conseguir un escaño estará en torno al 16% y el 19% de los votos”, añade Simón, que no duda en calificar estas provincias como “la reserva espiritual del bipartidismo”.

¿Dónde lo tienen más complicado Podemos y Ciudadanos para entrar en el reparto de escaños?

*No están incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla

Fuente: BOE | gráfico: Raúl Sánchez

Fuentes de Podemos reconocen que en estas provincias las elecciones se les ponen cuesta arriba. “En las que se eligen dos o tres va a ser muy complicado romper el tradicional 1-1 ó 2-1”, aseguran. Se muestran más confiados en poder arañar algún diputado en aquellas que eligen cuatro o cinco: “La encuesta del Gobierno Vasco nos da uno por Álava, provincia en la que se disputan cuatro escaños”, defienden las mismas fuentes. “Queda tiempo para remontar. No es seguro que vayamos a ser cuarta fuerza”, aseguran.

En la misma línea se manifiestan en Ciudadanos. “En las más pequeñas lo tendremos más complicado, pero en las de cuatro o cinco será más fácil”, aseguran fuentes del partido de Albert Rivera. Para ello confían en “la gran masa de gente que está indecisa y en que el resto de los partidos no está ilusionando”. “Ahora mismo y tal y como vamos en los sondeos, creemos que tenemos posibilidades de conseguir un diputado en esas circunscripciones. Estamos creciendo”, afirman.

En este grupo se encontrarían provincias como Soria (la única que escoge solo dos diputados), Huesca, Cáceres o Jaén, provincia que ha perdido un escaño para estas elecciones, pasando de los seis con los que cuenta actualmente a cinco a partir del 20 de diciembre. También Ceuta y Melilla, cuyo escaño irá a parar al partido que más votos obtenga el 20 de diciembre. Ambas son feudos tradicionales del PP y, teniendo en cuenta tanto encuestas como resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, todo apunta a que de nuevo ambos diputados se sumarán al Grupo Popular en el Congreso.

“En el segundo grupo estarían aquellas circunscripciones que eligen entre seis y nueve escaños”, continúa Simón. Se trata de 17 provincias que escogen 124 diputados, un 36% del Congreso. “Aquí el umbral efectivo para entrar en el Congreso de los Diputados estará entre el 9% y el 11%. Es donde los nuevos partidos deberían concentrar esfuerzos, van a ser las más disputadas”, explica el politólogo.

En este grupo está Cádiz (una de las provincias que gana escaño en estas elecciones, pasando de ocho a nueve), A Coruña, Zaragoza o Tarragona.

“Por último, contamos con siete provincias (el 13% de las mismas) que eligen 126 diputados, es decir, un 36% de los mismos”. Madrid y Barcelona son las dos circunscripciones que más diputados eligen: 36 y 31 respectivamente. “Aquí el sistema electoral es puramente proporcional, donde el porcentaje de votos se transforma en un porcentaje similar de escaños”, afirma Simón, y añade que al tratarse en su mayoría de zonas urbanas, son el caladero perfecto de votos para partidos como Ciudadanos y Podemos.

Dentro del grupo de los territorios que más diputados aportan están Málaga y Valencia. Son dos de las provincias afectadas por el baile de escaños (junto a Jaén y Cádiz) aprobado en el decreto de convocatoria de elecciones. Los valencianos elegirán un diputado menos que en 2011, quedándose en 15, que recaerá en Málaga, que el próximo 20 de diciembre escogerá 11 escaños.

El sistema de reparto de escaños estipulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) provoca que las provincias menos pobladas sean las que tienen más diputados por habitante. Madrid (36 diputados a elegir) lleva al Congreso a un diputado por cada 179.290 habitantes. Cada uno de los dos diputados que se elegirán por Soria corresponde a 46.110 habitantes. En el siguiente gráfico se puede consultar el número de habitantes por diputado de cada provincia.

Las provincias con más habitantes por escaño

Las provincias menos pobladas, beneficiadas en el reparto de representación electoral

Fuente: BOE | gráfico: Raúl Sánchez