Todas las banderas son instrumentos peligrosos para la racionalidad colectiva, dado que se han creado para exaltar las pasiones que son, por definición, incompatibles con la razón.

En este sentido, todas las banderas son símbolos políticos.

El deporte siempre ha sido un campo propicio para la exhibición de simbologías que reclaman adhesión incondicional o, lo que es lo mismo, que exigen supeditar la cabeza al corazón. Piénsese, por ejemplo, en el desfile deportivo por excelencia: el olímpico. En él los abanderados lucen las insignias de Estados, cuya legitimidad política tiene en no pocos casos difícil justificación; y, desde luego, guarda escasa relación con aquel ideal de Coubertain de convertir el deporte en un instrumento de transformación social. Es decir, de una nueva sociedad en la que el mérito fuera lo importante y no los privilegios y/o discriminaciones basadas en el color o ascendencia social.

Prohibir la exhibición de símbolos políticos en las competiciones deportivas, como ha hecho recientemente la UEFA, tan solo puede ser entendido como una decisión apresurada que a buen seguro no tardará en ser corregida. No tanto porque la propia UEFA organice competiciones entre selecciones nacionales, que exhiben su simbología con patrocinio oficial. Ocurre, más bien, que la prohibición que establece el art. 16 de su reglamento disciplinario, a saber, “el uso de mensajes que no sean adecuados para un encuentro deportivo, y en especial los de carácter político”, es políticamente insostenible. ¿Prohibiría la UEFA la exhibición de mensajes contra el racismo, el machismo o la homofobia? La respuesta no puede ser más que negativa. A salvo, claro está, de que la UEFA decidiera abdicar de los valores del olimpismo que se ha comprometido a respetar. Pero esto tan solo nos confirma que la prohibición de la UEFA es errónea, pero legal. A fin de cuentas, la UEFA es una asociación privada con plena capacidad para desarrollar su propia legalidad.

Cuestión diferente es la prohibición de la bandera independentista catalana, “la estelada”, en la próxima final de la Copa del Rey que el Gobierno, a través de su delegada en la Comunidad de Madrid, ha intentado sin éxito. La razón de la prohibición se encontraba, en este caso, en lo dispuesto en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Ciertamente, la vaguedad con la que se expresa este artículo permite hacer casi cualquier interpretación imaginable. Pero hay alguna que no se puede sostener por mera decencia institucional.

Lo que se define en el art 2 de la Ley 19/2007 son los actos o conductas violentos, racistas y xenófobos. Y entre ellos, el apartado b) señala como tales la exhibición de símbolos que inciten a la violencia, el terrorismo o que constituyan un desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. La redacción legal es desde luego muy criticable, pero tiene un cierto límite de maleabilidad.

Sostener que “la estelada” incita a la comisión de los actos o conductas violentos es un insulto a cualquier interpretación de la legalidad. La “estelada” goza de reconocimiento institucional desde 2014 (Resolución 497/X del Parlament de Catalunya por la que se reconoce “la estelada” como símbolo de anhelo y reivindicación democrática) y, como tal, de plena validez constitucional. Al menos mientras se siga sosteniendo que los actos de los parlamentos autonómicos tienen en principio validez constitucional.

Cuestión diferente es la reacción que el reconocimiento de la “estelada” despierte en el banquillo de la otra hinchada nacional. Pero, sea cual sea esta, desde luego no habilita para hacer un uso torticero de la legalidad. La “estelada”, como la bandera española, exalta sentimientos y promueve desde luego comportamientos irracionales. Pero una y otra lo hacen con igual intensidad, así que por aquí poco avanzamos. La solución pasa por prohibir ambas o permitir las dos.

La alternativa ingeniada por la Delegación del Gobierno y alguno de sus ministros es autorizar únicamente el uso de aquellas banderas que tengan reconocimiento constitucional. Pero este trayecto tiene poco recorrido: la presunción de validez de los actos de los Parlamentos Autonómicos y, con ella, la de la Resolución 497/X del de Catalunya lo ataja por la mitad.

Así las cosas, parece que la prohibición de “las esteladas” guarda más relación con lo que propio art 2. pretende erradicar: “las declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de una competición o espectáculo deportivo, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en encuentros o competiciones deportivas o entre asistentes a los mismos”.

Dedúzcanse las conclusiones oportunas para quien deba juzgar qué comportamiento es ilegal. No vaya a ser que las ganas de jugar nos hagan olvidar cuáles son las reglas y cómo se han de aplicar. Desde luego, si el criterio es el de legalidad, las reglas son para todos las mismas. Como bien sabe todo aficionado al fútbol, no es posible señalar un fuera de juego antes de comenzar a jugar. Eso no se llama competir, sino abusar.

La realidad se ha empeñado en demostrar que el llamado ideal europeo se asentaba realmente en la volatilidad comercial, una clara demostración de nuestra genuina deflación moral.

El dinero europeo ha perdido todo su interés. Así de rotundo lo anunció Mario Draghi hace apenas un par de semanas. Si la situación no fuera tan patética, sería de agradecer el esfuerzo poético con el que Draghi describe el profundo descrédito en el que se sume Europa. La crisis migratoria que las instituciones europeas se han negado continua e irresponsablemente a afrontar es mucho más sostenida y terrible que la económica. Pero las carencias de la economía doméstica, aunque matan menos, asustan más.

Bien lo sabe Draghi, que sin rubor aparente nos invita, una vez más, a ser convidados de piedra en el esperpéntico banquete de la liquidez total. Dinero gratis para los bancos a cambio de que sigan insuflando valor a esta crisis estructural. A fin de cuentas, no es más que la confirmación de lo que siempre intuimos pero nos empeñamos en ignorar: el valor del dinero cotiza únicamente al alza en el mercado de la estabilidad social. Pensemos primero en nosotros y veamos después si queda algo que repartir entre los demás. Esta máxima, que hoy recorre Europa por las vías de la alta velocidad, es la demostración palmaria de nuestra genuina deflación moral. Bien está ser interesados y competir de igual a igual. El problema se encuentra en habernos desentendido de quien se encuentra en desventaja debido a la miseria que hemos contribuido a generar.

Aquí radica la parte más oscura del éxito de la integración europea. De otra forma hubiera resultado imposible mantenerse unidos ante tamaña iniquidad. El asentimiento paciente de la ciudadanía se ha hecho descansar en un cálculo de utilidad. Un cálculo por definición errado si se desconoce el valor de cambio de la lealtad institucional.

Hubo, claro está, razones poderosas para la sospecha: la orgía financiera de los mercados, el acoso y derribo de la escasa resistencia estatal a una política vergonzosa de austeridad económica, el delirio del denominado Tratado de Libre Comercio cuya negociación es confidencial o, en fin, las numerosas hazañas bélicas en las que Europa nunca perdió la ocasión de participar. Pero todas estas razones apuntaban en una misma dirección: la confianza en que, mal que bien, las cosas tenían una finalidad justificada, o si se prefiere moral.

Los millones de personas que claman hoy desesperadas a las puertas de Europa nos sitúan ante la confirmación más terrible de la sospecha. Pero como ciudadanos prudentes nos protegemos de los rigores del invierno poniendo la razón a hibernar. Nada hicimos, poco más hacemos que asistir impertérritos a la desidia que se acumula en el patio trasero de nuestra confortable pasividad. Asusta pensar que tenemos sus vidas en nuestras manos y las dejamos escapar. No puede negarse que hay razones poderosas que deben ser consideradas a la hora de abordar una crisis humanitaria como la actual. Pero no vaya a ser que de tanto pesar razones se nos olvide que el fiel de la balanza debe situarse precisamente en el respeto de la dignidad de los demás.

Las palabras de Draghi no hacen más que confirmar la renuncia definitiva de Europa a su compromiso moral. Aquel que se puso por escrito en solemnes Tratados que dotaban de sentido a una Unión que aspiraba a ser mucho más que comercial. La crisis que ahoga Europa ha obligado a poner en venta el solar en el que enraizaban aquellos ideales que aspiraban a borrar fronteras exportando solidaridad. La realidad se ha empeñado en demostrar que lo mejor de Europa se asentaba sobre los cimientos de la volatilidad comercial. Es normal que unas bases tan endebles se hundan hoy en el mismo fango en el que se arrastran miles de personas hacinadas entre la desesperanza y la crueldad. Seres humanos sumidos en una pesadilla dantesca de la que despiertan aterrorizados ante una Europa que externaliza la desidia al tiempo que leva el ancla de la legitimidad.

Seamos claros, la lógica de la eficiencia no entiende de dignidad personal. Si el dinero no vale nada, mejor emplearlo en pagar a otros que quiten de nuestra vista lo que nos negamos a mirar. Expertas en gestionar de forma óptima las crisis de identidad, las mafias siempre han tenido muy claro que el valor de la mercancía se encuentra en función de la demanda social. El uniforme oficial que visten los gestores de este sustancioso negocio no debe hacernos perder de vista su naturaleza criminal.

El debate sobre la forma de Estado, al igual que sobre la situación de Cataluña, tienen que ver con una exigencia de mayor participación en los asuntos públicos.

Tras la abdicación, lo lógico, en términos democráticos, sería consultar a la ciudadanía a través del referéndum previsto en la propia Constitución.

El anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I ha reabierto el debate, latente desde la transición, sobre la forma política del Estado. Como es sobradamente conocido el anuncio viene precedido, y no cabe descartar que al menos motivado en parte, por la reclamación de la sociedad catalana del derecho a decidir su futuro político. La reclamación se extiende de este modo al conjunto de la sociedad española y la negativa a celebrar una consulta popular consiste en apelar a la vigencia de la legalidad constitucional. Como quiera que esta es una aspiración genuinamente democrática, lejos de ser motivo de preocupación, debería ser recibida como un claro síntoma de normalidad política y, como acertadamente señaló el presidente Rajoy en el reciente debate sobre la ley de abdicación, requiere ser abordada con seriedad.

A pesar de que la aspiración soberanista y la republicana no caminan necesariamente en paralelo, tienen en común dos aspectos básicos: i) la exigencia de mayor participación democrática en los asuntos públicos y, ii) la tajante oposición de quienes abogan por el mantenimiento del statu quo amparándose en la vigencia del sistema de reglas consensuado en la Constitución. No resulta ocioso por tanto traer a colación aquí algunas consideraciones básicas al respecto. La finalidad no es otra que comprobar cuál es la solución más plausible a una cuestión de indudable trascendencia para nuestro futuro político, que ha sido absurdamente banalizada en el espectáculo mediático representado en la Cámara baja.

Dado que la vigencia de la Constitución queda fuera de toda duda, conviene recordar que, por idéntica razón, goza también de plena vigencia el principio democrático que en ella se consagra. Obviamente, este principio se refiere a un procedimiento de decisión que trae consecuencia de una consideración moral más básica, a saber, la igual dignidad y capacidad para decidir sobre los asuntos públicos de todos los individuos que componen la sociedad política. En esto consiste la soberanía popular de la que emanan los poderes del Estado. No es difícil colegir de todo ello que la legitimidad de la que goza este procedimiento de decisión radica precisamente en que todas las opiniones cuentan por igual y es, en consecuencia, incompatible con cualquier tipo de privilegio.

Una vez que se tienen en cuenta estas consideraciones básicas, no parece difícil dar respuesta a ciertas objeciones que aluden a cuestiones instrumentales como la legalidad, la oportunidad o el riesgo de inestabilidad que una consulta popular sobre el cambio de régimen podría conllevar en una situación de grave crisis económica e institucional como la actual.

En relación con lo primero, es evidente que la abdicación no supone más novedad que la sucesión en el trono, y que ésta se encuentra perfectamente prevista en la Constitución. Ahora bien, no es menos cierto que la Constitución prohíbe expresamente las leyes particulares, como a la que se ha dado luz verde en el Congreso, y prevé además la consulta ciudadana para las decisiones políticas de especial trascendencia. Así las cosas, la objeción de la idoneidad temporal de la consulta no ofrece ningún contrapeso al argumento moral con el que reequilibrar el fiel de la balanza democrática, como vergonzosamente se ha defendido por algunos portavoces parlamentarios. Por otra parte, si de lo que se trata es de esgrimir razones prudenciales y defender lo que la Constitución permite, quizá haya llegado la hora de someter a consideración de la ciudadanía la conveniencia de dar o no continuidad a un régimen cuya mayor hazaña parece consistir en haberse autoproclamado garante de un proceso transicional que lleva camino de consolidarse como inacabado. A fin de cuentas, si algo resulta evidente, es que el fundamento moral del principio democrático se pronuncia claramente en contra de cualquier pulsión de paternalismo injustificado. Parece que va siendo hora por tanto de que nuestra sociedad política se haga responsable de su llegada a la mayoría de edad y asuma el coste que conlleva liberarse de las ataduras de los muertos.

Es cierto que en este tipo de procedimientos no cabe presuponer fidelidades electorales ni divisiones preestablecidas, por lo que no es fácil acertar con los pronósticos. Pero si algo ha quedado palmariamente claro en el debate sobre la ley de abdicación es que la vocación democrática atañe por igual a quienes abogan por la continuidad del régimen monárquico y a los que aspiran a recuperar la forma de Estado republicana. Si esto es verdad, la solución más adecuada pasa por consultar a la ciudadanía a través del referéndum previsto en la propia Constitución. El procedimiento no puede ser más sencillo, consiste en levantar las manos y proceder al recuento. Las reglas que importan en este caso son las de la aritmética. Y como son políticamente neutras, el resultado que arrojen tan sólo puede fortalecer el principio democrático que todos estamos de acuerdo en defender. Lo contrario, además de ser una clara contradicción pragmática por parte de los conservadores del statu quo, constituiría un nuevo hurto al derecho ciudadano a decidir sobre los asuntos públicos que más directamente nos atañen.