Escribo este artículo desde el aeropouerto de Dubai. No hay vuelo directo de Manila a Barcelona, pero sí hay un “vuelo directo” para la electrónica. Lo explico. En Barcelona y en el mundo entero disfrutamos de una electrónica barata que va penetrando en nuestro estilo de vida a pasos agigantados. Una clase consumidora global, distribuida por los cinco continentes, engulle gran cantidad de artefactos electrónicos.

Dichos artefactos, por lo general, requieren estar conectados a infraestructuras eléctricas y digitales (enchufes, fibra óptica, rúters, antenas, satélites, centrales eléctricas, líneas de alta o baja tensión...).

Pero nuestro ciberuniverso tiene un soporte físico formado por, microchips, microcomponentes, células fotovoltaicas, baterías y otros componentes electrónicos que se interconectan, creando infinitas redes. Hasta el punto que, si queremos hablar de la llegada de la IA, no podemos hacerlo sin mencionar el trabajo en fábricas, talleres de sudor y en minas.

En general nos encanta la electrónica, optamos por una mayor digitalización y por una transición ecológica de la mano de energías renovables que, de nuevo, demandan incrementar los semiconductores y los circuitos electrónicos, sobre todo las baterías.

Ahora bien, ante tamaña superdemanda, ¿quién produce lo que no vemos? ¿En qué condiciones? ¿En qué rincones del planeta? ¿De dónde sale el material? ¿Será infinito?

Hemos viajado a las Filipinas para analizarlo de primera mano. Lo hemos hecho para conocer la 'cara B' de la electrónica, a propósito de la celebración en Barcelona de una de las orgías del negocio tecnológico más importantes del mundo, el Mobile World Congress.

Las Filipinas son una enorme fábrica de ensamblaje de semiconductores, uno de los eslabones de la parte baja de la cadena. Alrededor de 3,2 millones de personas trabajan en decenas de fábricas que generan entre el 30-40% del PIB. Por debajo de las fábricas sólo hay dos eslabones más: el de los talleres informales de ensamblado (sweatshops o talleres de sudor) y el eslabón de la minería, la extracción, el procesado y fundición del mineral.

Este país de 118 millones de habitantes es y ha sido tradicionalmente exportador de mano de obra barata a todo el mundo. De la más baratas de Asia: obreros para la construcción en Qatar, pescadores y marineros para pesqueros o buques mercantes con bandera de conveniencia, servicio doméstico -en ocasiones en condiciones de semiesclavitud-, obreros de la electrónica en Malasia... Hoy Filipinas es a la vez una enorme y barata fábrica de semiconductores, un exportador de mano de obra, y la segunda reserva mundial de níquel (clave para la industria de semiconductores).

Electrónica barata: el caso Filipinas

Las grandes plantas están ubicadas estratégicamente en Zonas Económicas Especiales, donde no se pagan impuestos. Muchas de ellas son de capital chino, pero también japonés, coreano, u occidental y alimentan de semiconductores y componentes a las grandes marcas globales. La mayor concentración de plantas está en la Región IV-A de Calabazón, que es precisamente el principal lugar de origen de la comunidad filipina de muchas ciudades europeas, como Barcelona.

En las grandes plantas donde se manufactura la electrónica suelen sucederse turnos interminables en una organización productiva férrea orientada a la máxima producción con el menor coste y un control de calidad que no permite errores. Según fuentes sindicales entrevistadas, la empresa Cirtek, por ejemplo, despliega turnos de 12 horas al día, 6 días a la semana; es decir, 72 horas a la semana por un salario de unos 70 euros.

¿Son 280 euros mensuales una retribución justa para una persona dedicada plenamente a trabajar? ¿Es consciente el consumidor de que la electrónica barata está ligada a este régimen global basado en condiciones de explotación laboral en la cola de la cadena global de la digitalización? Aquí radica una de las paradojas actuales de la electrónica: la disparidad en la retribución a lo largo de la cadena global.

La cara opulenta de la electrónica

Regresemos a Barcelona, donde se ha consagrado el Mobile World Congress. En el mundo de los negocios vale cualquier sacrificio para lograr un buen contrato de suministro. Casi 100.000 representantes de compañías, instituciones públicas, brokers, pertenecientes a la cima de la pirámide de la electrónica, tratan de cazar tendencias, lograr contratos, proyectar su imagen o pasar un buen momento en la entretenida ciudad de Barcelona.

Uno de los restaurantes emblemáticos del barrio de Gracia, el Botafumerio, reportaba el nivel de algunos comensales que, a cargo de la tarjeta de crédito de su compañía, invitaban a sus clientes a cenas que alcanzaron los 6.000€ el cubierto. Es decir, una sola cena en un restaurante de Barcelona para un ejecutivo de la electrónica equivale a más de dos años de trabajo intensivo de un operario de fábrica de la misma cadena global de suministro.

En definitiva la electrónica resulta ser uno de los negocios más estratégicos (base material para las revoluciones digital y verde y para la hegemonía industrial-militar), de los más lucrativos y de los más injustos a escala global. El “vuelo directo de la electrónica” entre Barcelona y Calabazón en las Filipinas es paradigmático. Por ello merece nuestra atención.

Siendo legal la compra de electrónica producida con eslabones que se enmarcan en la explotación laboral, ¿cómo avanzar hacia cadenas globales más justas?

Existen múltiples frentes para tratar de adecentar esas cadenas de la injusticia. Todas ellas insuficientes, pero necesarias. Una primera es el Mobile Social Congress, impulsado por SETEM, que trata de llamar la atención de la 'cara B' de la electrónica, es decir de lo que sucede en la fábrica y en la mina. Cada año tiene lugar en formato semipresencial y reúne a gentes que operan desde la lógica de la justicia global.

Ya en el campo de las políticas públicas, otro referente es Electronicswatch, una agrupación de administraciones públicas, por lo general locales y europeas, como los Ayuntamientos de Oslo o de Barcelona, o universidades que ponen su fuerza de contratación al servicio del respeto de los derechos humanos, en coordinación con ONG y sindicatos que operan en las fábricas de electrónica en países como Filipinas.

Cuando se reporta un caso de violación en una fábrica en un país del sur global, por ejemplo por el asesinato de un sindicalista por parte del Ejército, se reporta a los grandes compradores en el norte (big buyers) para que utilicen su capacidad de exigir cuentas a las empresas o gobiernos involucrados. Una telaraña alternativa para presionar en favor del respeto de los derechos humanos más allá de las propias fronteras.

Barcelona, a través de su alcaldía, ha suspendido temporalmente las relaciones institucionales con el Estado de Israel. Derivado de ello, se deja en 'standby' el acuerdo de 1998 de hermanamiento triangular entre Barcelona-Tel Aviv-Gaza.

El detonante ha sido la demanda de más de 100 organizaciones de la ciudad y cerca de 5.000 firmas. La decisión puede resultar controvertida y conviene explicar por qué la alcaldesa ha tomado esta decisión difícil, que ha sido calificada como “valiente” por la ONU, pero rechazada por otros grupos municipales como el PSC.

Vayamos a los noventa, años de esperanza. En el contexto de los Acuerdos de Oslo (1994) y la búsqueda de la paz entre Israel y Palestina basada en la convivencia y reconocimiento mutuo de ambos estados, los ayuntamientos de tres ciudades mediterráneas, Barcelona, Tel-Aviv y Gaza City, firmaron un acuerdo de amistad triangular (1998).

Este pacto buscaba una triangulación que abriera procesos de cooperación en las tres direcciones, al tiempo que impulsara desde el mundo local el entendimiento entre las partes en conflicto. Fue una muy buena iniciativa del equipo del alcalde Maragall, heredada luego por Joan Clos, que fue quien tomó la decisión por decreto.

Como se recoge en el informe enviado por el Ayuntamiento de Barcelona al Síndic de Barcelona, la cooperación entre Tel-Aviv y Gaza nunca llegó a prosperar. Mientras que las relaciones de Barcelona con Tel Aviv han sido durante este años más bien discretas. Barcelona, en cambio, sí ha acompañado a Gaza técnicamente, ha construido -y reconstruido- el Parque de la Paz de esta ciudad asfixiada, que el ejército israelí ha destruido ya en dos ocasiones, y hoy la apoya en el diseño urbanístico de su caótico frente litoral.

Durante el pasado diciembre, más de un centenar de entidades sociales y asociaciones con sede en Barcelona presentaron una petición al Ayuntamiento bajo el nombre “Barcelona con el Apartheid NO, Barcelona con los Derechos Humanos SÍ”. Solicitaban denunciar institucionalmente el crimen de apartheid contra el pueblo palestino, impulsar a las asociaciones israelíes y palestinas que trabajan por la paz en el territorio y romper los acuerdos de hermanamiento que Barcelona mantiene con el Ayuntamiento de Tel Aviv.

¿Por qué? Porque ya no obedecen ni al contexto ni a los objetivos con los que fueron firmados hace 25 años. Los colonos, como dice Salah Jamal, fundador de la Comunidad Palestina de Barcelona, han pasado de ser unos 20 mil a ser 750 mil en cientos de asentamientos en un proceso imparable de anexión de territorios y expulsión de palestinos.

La involución de la situación de 1998 a 2023 del pueblo palestino es más que evidente. Las oportunidades de paz a las que respondía el acuerdo triangular han desaparecido. La cooperación Tel-Aviv y Gaza es cero.

La comunidad internacional puede seguir poniéndose de perfil como hasta ahora, pero las ciudades (y Barcelona en particular) tienen una larga tradición de lucha contra las injusticias. Por eso, el gobierno actual, con su alcaldesa al frente, ha decidido desplegar una paradiplomacia eficaz por la paz en la región, a pesar de toda la presión que recibirá en contra y que ya conocemos.

Si tiramos la vista atrás, nos podemos hacer una idea de las consecuencias que tendrá. La historia de la lucha contra el apartheid sudafricano empezó con instituciones, medios y grupos de interés radicalmente a la contra, y tantos otros poniéndose de perfil. Aun así, la defensa legítima de los derechos humanos triunfó y hoy nadie dudaría de que luchar contra el apartheid fue, no sólo un acierto, sino una obligación histórica.

Después de los largos años de represión en Sudáfrica y su posterior aislamiento internacional ¿Estamos asistiendo a un nuevo apartheid? Además de Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el propio Parlament de Catalunya han considerado que la situación de ocupación indefinida de los territorios palestinos puede considerarse un crimen de apartheid.

Hace una semana recibimos el escrito de 140 mujeres palestinas, abogadas, periodistas, académicas, defensoras de los derechos humanos, artistas y trabajadoras de la sociedad civil que reclaman poner fin al hermanamiento entre la ciudad de Barcelona y Tel Aviv, recordando que existen más de 65 leyes israelíes que discriminan a los palestinos y palestinas.

La cooperación internacional de Barcelona sigue una política pública llamada de justicia global. Una de sus prioridades son las ciudades palestinas, con las que se trabaja a través de ONG con sede en Barcelona y en cooperación directa entre equipos técnicos de los ayuntamientos de Belén (Cisjordania), Gaza City (Franja de Gaza) y los de Barcelona.

Sin embargo, parte importante de los proyectos para la mejora del nivel de vida y derechos de la población palestina han sido afectados directamente por las políticas de anexión y apartheid. Es más, las contrapartes habituales de las ONG catalanas que operan en Palestina han sido declaradas por el estado israelí como organizaciones terroristas. En 2022 distintos gobiernos europeos (entre ellos el español) denunciaron la falta de base jurídica de los tribunales militares israelíes en los procesos contra la cooperación internacional y el uso de la prisión política contra la población palestina.

En definitiva, quedarse de perfil mientras se cometan crímenes de apartheid es una opción. La opción de una vieja comunidad internacional. Que nadie ni ningún oportunista político crea que ponerse de perfil conduce a la paz.. Sin embargo, la comunidad internacional tenemos responsabilidades y podemos ejercerlas. Debemos construir una nueva comunidad internacional que así lo asuma en este tema y en tantos otros.

Por el bien de la paz y una solución basada en ambos Estados, Israel debe recibir la presión de la comunidad internacional que obligue al abandono de las políticas de apartheid y de anexión ilegal de territorios palestinos. Igual que se hizo en Sudáfrica. Cuando esto se produzca, las relaciones podrán reactivarse con toda normalidad.

Los hermanamientos son para utilizarlos para la paz. La Alcaldía de Barcelona ha suspendido (que no rompe) los hermanamientos con ayuntamientos como Tel-Aviv o San Petersburgo porque no sirven para la paz. Quizás después haga lo mismo con otras ciudades. Quién sabe.

La COVID-19 dibuja con claridad escenarios preferibles que antes no percibíamos. Los confinamientos perimetrales, en el caso de Catalunya municipal, nos han descubierto los límites de nuestros pueblos y ciudades. Este año el municipio es nuestra casa grande, una jaula de oro, a la espera de la vacunación global y la inmunidad de rebaño. El dichoso virus ha puesto de rodillas al mundo entero, ha bloqueado los viajes y las relaciones sociales, pero sin embargo ha revalorizado los municipios: sus calles para pasear, las aceras, sus parques, las playas y paseos marítimos, plazas, vías ciclables, skate parks, los centros de salud, los bosques y los caminos paseables con los municipios colindantes..., son más importantes que nunca. Sufrimos la relocalización de nuestras vidas. La vivienda, el entorno inmediato (el municipio), y el mundo digital son ahora nuestra rutina. Los edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, aeropuertos están vacíos. Quizás por esta razón, en muchos pueblos, muchas ciudades, estamos descubriendo la obscena asignación de espacio público destinado a los coches y al asfalto. En el punto de mira el urbanismo, el espacio público y la movilidad sostenible, sí. Pero lo que más chirría son las llamadas “autopistas urbanas”.

Se trata de vías de alta ocupación que no pasan cerca de los cascos urbanos sino que los atraviesan como una espada. Dos ejemplos, la calle Aragón en Barcelona ciudad, o la Nacional II a su paso por el Baix Maresme en la costa catalana con 46.000 trayectos diarios de vehículos humeantes a gran velocidad ante la acera principal de la fachada litoral, a pocos palmos de los frágiles peatones. La N-II, ocupa el espacio “público” más deseado de los pueblos del litoral, el más plano, y de mayor belleza porque tiene vistas al mar. Una especie de “gran barrera de ruido y micropartículas” que se levanta en medio de los municipios que ahora son, a tenor de la COVID-19 y serán por la emergencia climática, nuestro hábitat natural. Un absurdo que ya ha emergido, imposible de ignorar, que requiere la determinación más ágil posible de los gobiernos que las han de erradicar. Muévanse, gobiernos.

Ahora bien, el día que se consiga la inmunidad colectiva, hay indicios para pensar que el municipio continuará siendo nuestro hábitat principal, y no un limbo o purgatorio transitorio, como posiblemente queremos creer. En primer lugar, porque la vacunación planetaria de la COVID-19 parece que se alargará. En segundo lugar porque el teletrabajo y la digitalización han venido para quedarse, y los viajes al trabajo (el commutting) se reducirán por aquellos segmentos laborales donde sea posible. Los viajes internacionales de negocios, de ferias y congresos, los de turismo, también se reducirán. Las casas se van volviendo oficinas, y como en el Mediterráneo son más pequeñas que por ejemplo en Estados Unidos, el espacio público se va convirtiendo aquí en un tesoro.

Y en tercer lugar, para hacer frente al caos climático que empieza a sacar las garras, habrá que descarbonizar nuestro modus operandi y el conjunto de la economía, disminuir desplazamientos y el consumo de larga distancia (¡Amazon no es el futuro!). Y cambiar el grueso de la movilidad de vehículos de humo de cuatro ruedas por los de dos, más pequeños y versátiles y sin humo. Asimismo nuestras calles y las vías diversas deberán readaptarse. Más peatones, más bicicletas, más patinetes, más pacificación, más parques, menos coches, más supermanzanas y la ciudad de los 15 minutos, con los servicios y las administraciones cerca y a pie.

En definitiva, tanto la COVID-19 como la crisis climática revalorizan radicalmente el municipio y el espacio público. Actúan como si se hubieran coordinado, la pandemia obligándonos a corto mientras el clima lo hace a largo plazo. El municipio es una tendencia inevitable.

En este contexto está naciendo una constelación de movimientos sociales que reivindican “recuperar la ciudad” con una “revuelta vecinal” en el sentido de recuperar el espacio público colonizado por los coches y devolverlo a los peatones, ciclistas y el espacio verde. Denuncian la inseguridad para la vida que genera el coche dentro de los cascos urbanos (por la contaminación, por las emisiones, los accidentes...) y pide una retirada ordenada. Familias y gente del barrio, AFAS de las escuelas, gente mayor, ciclistas y niños y niñas, cortan y se apoderan un día al mes de autopistas urbanas para jugar, bailar coreografías y leer las reivindicaciones, haciendo presión a sus gobiernos. De la contaminada ciudad de Barcelona, donde nació el movimiento y se reforzó por el confinamiento Covid, se ha contagiado a distintos municipios de Catalunya e incluso a la ciudad de Madrid y es previsible que siga expandiéndose. En Catalunya la presión se dirige a los gobiernos municipales y a la paralizada Generalitat. Va creciendo en número a los pueblos de la costa del Baix Maresme, en la ciudad de Barcelona, ​​en Sabadell, en L'Hospitalet, en Barberá, Olot, etc. El pasado domingo 28F, como ya se está haciendo cada mes, se ha vuelto a ocupar festivamente la N-II, la calle Aragó, la carretera de Collblanc, la de Barcelona, ​​la de la Caña y varias “autopistas” indeseables más. En los entornos de las escuelas la “revuelta escolar” toma la calle cada dos semanas para exigir entornos pacificados y menos contaminados en, por el momento, las escuelas de Barcelona y Madrid. Cada vez hay más movilizaciones en todo el territorio siempre festivas con expresiones parecidas.

En paralelo y por la misma razón, muchos gobiernos locales tratan de impulsar esa misma revolución en la concepción de los cascos urbanos, no exenta de conflicto con los que defienden la hegemonía del coche privado. Han entendido que la transición ecológica significa pacificar los cascos urbanos, rediseñarlos sin coches y poner la caminabilidad, las vías ciclables, los espacios públicos y el transporte público en el centro. Los lobbies del coche hablan de caos en la circulación, pérdida de competitividad económica, pero van perdiendo terreno.

Larga vida a este movimiento, a la pacificación verde de los cascos urbanos, y larga vida a la vida del municipio. Para que el planeta, la naturaleza y nuestros hijos e hijas puedan tener también una larga vida.

No hay datos sobre cuánto tiempo dedican las ONG a la burocracia. Esto es la suma de relleno de papeles y cuadros Excel, de trámites y pasos administrativos diversos, etc. Para acceder a los fondos públicos destinados a cooperación internacional. Al pedir una estimación a Luca Gervasoni, presidente de la federación catalana de organizaciones (Lafede.cat), me responde: “Las ONG podemos estar dedicando más del 50% del tiempo profesional del equipo técnico a la burocracia”. ¿Sorpresa? El presidente de la Coordinadora Española de ONGD, Andrés Amayuelas, me lo ratificaba un día después para hablar justo de ese tema en una jornada de la Fundació Musol.

“En ese tiempo burocrático”, precisemos, se referían a la formulación de propuestas, a su lanzamiento y adaptación a distintas convocatorias de subvenciones de distintas administraciones, la mayoría con formatos y requisitos distintos, al cumplimiento de obligaciones legales, a los informes de seguimiento y justificaciones diversas, a la contabilidad, etc. Todo aquello que las ONG identifican como burocracia y despacho, para diferenciarlo de la ejecución de las actividades. De ser cierto, el esfuerzo que se desvía a dar garantías legales, incluso a identificar y estructurar problemas y soluciones, y a darle seguimiento (en inglés accountability) puede considerarse exagerado. Dicho de otro modo, una pérdida de eficiencia y eficacia de la cooperación, una pérdida de dinero, un motivo de desesperación profesional y, en cierto modo, un absurdo. ¿Para qué tantos controles? Porque la burocracia tiene su sentido (justificar unos criterios reconocidos y públicos, ofrecer garantías de calidad y eficiencia, evitar la corrupción e impactos no deseados, obligar a la concurrencia pública de los procesos, etc.), pero un exceso de burocracia no tiene sentido alguno. 

Es cierto que en España la cultura de la financiación a causas sociales (tanto individuales como empresariales) es baja en comparación con el mundo anglosajón. La financiación vía socios la consiguen unas pocas ONG grandes como Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón, Amnistía Internacional o Greenpeace. Fuera de la primera división, existe la alternativa importante y legítima de la financiación pública, generalmente de concurrencia pública, resultado de la política pública de cooperación (para la justicia global, en el caso de Barcelona). Política que articula la voluntad de la administración de apoyar la solidaridad bajo varios factores, uno de ellos la presión que los movimientos sociales han ejercido antaño para que las administraciones destinásemos un esfuerzo a la cooperación internacional. 

En la concurrencia pública confluyen convocatorias muy diversas, unas pequeñas, algunas microscópicas o testimoniales, de municipios de tamaños diversos, a convocatorias complejas de ciudades grandes, fondos municipalistas, diputaciones, administraciones de comunidades autónomas, la AECID o las europeas. Sólo en Catalunya encontramos cerca de setenta convocatorias, por supuesto poco o nada coordinadas. Se trata de convocatorias que, ante el declive de la Cooperación Española, han sostenido muchos proyectos de las ONG. Es decir, las ONG han resistido gracias al apoyo de la cooperación descentralizada, principalmente municipalista. 

Las ONG aprecian la predictibilidad de las convocatorias para su propia planificación organizativa, pero éstas se mueven a lo largo del calendario, de un año a otro, por razones diversas, y en ocasiones por las elecciones. También la dotación presupuestaria se crea y se destruye, en función del color y la coyuntura políticos. Aunque un mismo proyecto se presente a administraciones distintas, con fórmulas de cofinanciación, estas administraciones poseen formularios distintos, protocolos presupuestarios diferentes, etc. La cacofonía de tantos pequeños municipios queda, en cierto modo, ordenada, sin embargo, a través de los fondos municipales de cooperación, que aglutinan, ordenan y dan capacidad a una gran cantidad de municipios que aportan su pequeño grano de solidaridad a un fondo con capacidades técnicas que los suma y potencia.

Así pues, el lío de los financiadores es sustantivo. Da trabajo y es un caos susceptible de ser armonizado y simplificado en algunos de sus eslabones y etapas si las diversas administraciones nos coordinamos y se abre el marco legal-normativo desde Madrid.

En un primer encuentro virtual entre administraciones y organizaciones, promovido desde Lafede.cat de organizaciones de justicia global, se avizoraban cuanto menos tres aspectos por armonizar y simplificar. En primer lugar, la documentación administrativa previa necesaria para poder concurrir en cada una de las convocatorias se podría concentrar y limitar a una suerte de PADOR, un repositorio telemático actualizado con los datos administrativos de la institución solicitante, compartido y homologado por una serie de administraciones que se coordinan. En segundo lugar, las distintas administraciones que quisieran armonizarse podrían acordar un formato y un criterio homologables para la elaboración del presupuesto, el alma económica del proyecto. Para ello, las Intervenciones del Estado presentes en las distintas administraciones públicas deberían estar de acuerdo en el formato acordado. En tercer lugar, las administraciones podrían planificar y dar algo de previsibilidad para constituir un calendario que tuviera cierto sentido y estabilidad. Estoy seguro de que hay muchas más. 

Ahora bien, el tiempo burocrático inútil no sólo se produce por la falta de armonización entre administraciones. Existen por lo menos dos factores más. 

Se produce también, en segundo lugar, por leyes y normativas inapropiadas, con enfoques obsoletos o inadecuados, que dan “derecho” a administraciones locales, como la propia Ley de Subvenciones, la Ley de Cooperación (ambas cumplen los veinte años), la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) o la Ley de Entes Locales. Ahondaremos en este factor en un próximo artículo. 

El tercer factor es lo que podemos llamar “choque de almas”. En las administraciones se encuentran varias almas, algo que ha sido analizado por la literatura sobre coherencia de políticas. El alma que suele comprender mejor el servicio y el contexto de la cooperación es la agencia o departamento de cooperación, que mantiene el contacto tanto con las ONG como con el terreno, y recibe sus inquietudes y necesidades. En la pequeña cadena de la cooperación dentro de una administración encontramos otros eslabones con almas orgánicamente distintas. Por un lado, el alma de los administradores/as y letrados de los servicios jurídicos, de los servicios generales, en ocasiones más predispuestos a evitarse problemas ante la Intervención del Estado y a ser limitantes ante la letra de la norma, que al servicio y sentido de la cooperación. Suelen lidiar con asuntos domésticos, los internacionales les resultan exóticos, periféricos y, a menudo, inoperables desde la perspectiva doméstica. Una tercera alma, el alma de la parte política. La del gobierno, que busca mostrar avances (a veces con contenido y otras no) y mantener relaciones adecuadas con las ONG, influencia en organismos multilaterales, colegas de países del sur o la opinión pública. La de los grupos de la oposición busca elementos para desenmascarar favoritismos, prebendas y una mala gestión del gobierno con ruido. Esa dinámica engorda los miedos de los servicios generales, la burocracia y ciertas tensiones internas que suelen bloquear procesos que podrían ser mucho más ágiles. Los departamentos de cooperación nos sentimos como el relleno de un sándwich cuyas rebanadas son el nivel político, el nivel administrativo-jurídico y las ONG e instituciones multilaterales. 

Conclusiones y propuestas

En síntesis, el tiempo burocráticamente estéril resulta excesivo a todas luces. Identificamos tres fuentes de tiempo burocráticamente inútil: el primero a una proliferación y descoordinación de las administraciones; segundo, a una normatividad anticuada y desajustada que no reconoce adecuadamente a las gobiernos locales como sujetos de cooperación internacional y sobrepone cautelas sin simplificarlas; y tercero, a la competición de almas presentes al interior de una misma  Administración.

Para cada uno de esos tres factores de pérdida de tiempo y eficacia deben plantearse estrategias paralelas de distinta índole. Para la armonización de las administraciones hemos señalado la necesidad que éstas coordinen una suerte de PADOR compartido. Así como una estructura presupuestaria y un protocolo de formulación lo más homogéneos posible, que prevean antes de cada ejercicio el momento de lanzar sus convocatorias. 

Para los aspectos normativos, es el momento de lanzar el debate, como está haciendo la la Confederación de Fondos de Cooperación (CONFOCOS), la Coordinadora española de ONGD (CONGDE),  la Lafede.cat, o la Fundacio Musol, entre otros, sobre las reformas legislativas necesarias para la simplificación y el reconocimiento de nuevos actores, nuevos repertorios de actuación, nuevas visiones de la cooperación para la justicia global. 

Y respecto al inevitable “choque de almas” dentro de cada administración, seguramente convenga que a las almas más alejadas se las haga partícipes de los debates de la cooperación, acercarlas a su sentido, aunque sea de forma puntual. Pueden ser de ayuda el levantamiento de documentos escritos desde un mundo homologado en lo jurídico-técnico, como el excelente informe que acaba de publicar la Fundació  Musol. Que los servicios generales, las ONG y los departamentos de cooperación puedan encontrarse para compartir percepciones, misión y generar alianzas. Tal vez un día habrá que viajar con ellos para conocer los proyectos en terreno.

El Gobierno del PSOE sustenta el peor argumento humanitario que se recuerde después de aquellos del aznarismo que justificarían la ocupación de Irak. Se trata de impedir la salida del barco de Open Arms desde el Puerto de Barcelona hasta su zona de acción. Nos referimos a las aguas del Corredor Central del Mediterráneo delante de la destrozada Libia, gigantesco área del Mar Mediterráneo donde los países europeos están imponiendo un inquietante apagón informativo, impidiendo operar a cualquier embarcación humanitaria, incluso a Frontex.

¿Cuál es el argumento? El Gobierno no permite el despacho del barco de salvamento hacia las aguas SAR de Libia porque la embarcación no dispone de una licencia para el transporte de pasajeros. ¿Cómo? Un corolario del mismo teletipo dice: los gobiernos de Italia y Malta (los más próximos a la zona de rescate) impiden (contra el Derecho Internacional Marítimo) el desembarco en sus puertos de los migrantes y solicitantes de asilo. De lo cual se deduce que los barcos tendrán que dirigirse a puertos ibéricos o franceses en travesías largas de varios días. El Gobierno desea considerarlas como inseguras, unas operaciones de transporte de pasajeros que no puede autorizar.

Es absurdo, inmoral y un crimen por omisión. Porque este apagón informativo se convierte automáticamente en humanitario. Pero tiene una lógica. Todo indica que se trata de una decisión de carácter político de Pedro Sánchez; o mejor, electoral. Cuando dedicar todos los esfuerzos a impedir la migración africana y de Oriente Próximo por vía marítima se percibe por el Gobierno del PSOE como un mal menor, necesario para poder ganar las elecciones. Veamos.

Después del esperanzador desembarco del barco Aquarius en el Puerto de Valencia durante el inicio de mandato socialista, la política de fronteras del Gobierno Central se ha ido torciendo hasta parecerse demasiado a la de sus colegas de la derecha y extrema derecha europea: los bloqueos burocráticos a los barcos Aita Mari en Bilbao y Open Arms en Barcelona, el silenciamiento y disminución de Salvamento Marítimo, la reactivación del acuerdo con Marruecos para facilitar las devoluciones y la construcción de un nuevo muro en territorio alauita, así como una lluvia de medidas antimigratorias.

¿Por qué este cambio? En primer lugar, las elecciones andaluzas y el triunfo de la derecha y la extrema derecha dieron a entender en algunas plazas con alta presencia de trabajadores migrantes indocumentados, como el Ejido en Almería, que el efecto de la migración africana estaba moviendo el tablero hacia posiciones conservadoras e incluso xenófobas. Los resultados electorales en Italia, Alemania, Austria y el referéndum sobre el Bréxit podían leerse también en esa clave.

Por otro lado, era de prever en el juego geopolítico la instrumentalización por parte de Marruecos del 'grifo migratorio' con el fin de arrancar ayudas y trato de favor a la Unión Europea (pesca, ocupación del Sáhara, ayudas para la gestión de fronteras), siguiendo el camino de Turquía y Egipto. Todo ello en un contexto competitivo de creciente insolidaridad entre los miembros de la Unión Europea, que en algunos casos como el de Hungría o Polonia roza lo aberrante.

Lo que es cierto es que existe un abismo entre la realidad y la percepción respecto a la migración. Los estudios más completos señalan que en Europa se “sobreestima en gran medida el número total de inmigrantes, se piensa que los inmigrantes están más alejados de ellos cultural y religiosamente, y son económicamente más débiles, menos educados, más desempleados, más pobres y más dependientes de las transferencias gubernamentales, de lo que es el caso” (Alesina, Miano & Stantcheva, 2018). Una distorsión de la realidad que es alimento para políticos, medios de comunicación y redes sociales.

El Gobierno ha optado por apagar el tema migratorio y sacarlo de los medios de comunicación, tal vez en consideración de que electoralmente no le favorece. Quiere reducir la migración hacia España a un 50% y no quiere imágenes en televisión o en WhatsApp. Ni miedos, ni compasión, ni indignación. Aun cuando la mayor parte de la migración no llega en patera sino en avión.

De hecho, las mismas encuestas y análisis afirman que las imágenes de que se está produciendo migración en este mismo instante favorecen a las opciones políticas de los laterales, fuera del mainstream y con visiones fuertes sobre la migración. Mientras derecha y extrema derecha suelen conectar con el miedo a la invasión, a la pérdida de seguridad, empleo y los fundamentos culturales tradicionales, izquierda y extrema izquierda apelan en cambio a la empatía, la justicia, a la diversidad, incluso a la demografía reclamando el derecho a migrar y a ser acogido.

El Gobierno de Sánchez, progresista, elige sin embargo la real politik del apagón y seguir alzando, al igual que la derecha, el abismo ante nuestros vecinos del sur. Una enorme decepción. Y con ello contribuye al hundimiento del proyecto europeo. En mi opinión, se trata del tipo de reacción política que autoriza que los grandes crímenes de la historia sucedan en la casa del vecino. Uno de esos episodios que cuando era pequeño siempre pensé que ya no veríamos más.

Es probable que políticamente se impongan condiciones más duras hacia las FARC, hasta el límite que se crea que estas pueden soportar. Que haya momentos tensos de violencia en un sentido y en otro, pasos adelante y atrás. Que el proceso se alargue más de lo necesario.

Quién lo iba a decir. Después de 52 años de guerra y violencia insoportable entre las FARC, el ELN, el Estado colombiano y los paramilitares, con las FARC dispuestas a dejar las armas y la selva, y el Gobierno ofrecerles garantías en Colombia... ¿Cómo puede ser que tanta población no votara (un 61% del censo)? Y del 39% que sí lo hizo, el 50,5% votó en contra de los acuerdos. Impensable horas antes.

Medellín ha sido la ‘capital del no’. ¿Por qué el no? Justo estos días estuvimos en Medellín en misión técnica en representación del Ayuntamiento de Barcelona, para actualizar los diversos proyectos de cooperación entre ambas ciudades, basadas en el acompañamiento técnico entre ayuntamientos y el apoyo vía ONG. Es una de las metrópolis de mundo con la que Barcelona mantiene una relación más estrecha. Medellín es la capital más dinámica de Colombia, a la vez que una de las urbes más desiguales y más violentas de América Latina. Medellín son tres medellines, tres planetas diferentes de un mismo sistema, cada uno con su órbita: los ricos y muy ricos, los muy pobres, y la clase media. La violencia, seguramente fruto de esta insoportable desigualdad pero también obviamente del martillo corrompido de la droga, y de la violencia armada, causaba en los años 90 cerca de 7000 muertes violentas al año en una ciudad del tamaño de Barcelona. Este año la violencia ha disminuido, disipando la sensación de guerra. Pero se mantenía espantosa en óptica europea, con 1.700 homicidios durante 2015: cerca de 5 asesinados o desaparecidos al día.

La guerra empezó con la represión del gobierno colombiano de unos primeros “campesinos comunistas” que se levantaron ante la extorsión latifundista y ante un Estado dominado por el bipartidismo liberal-conservador. Lo que llamaríamos resistir a la élite extractiva. Las FARC nacieron de esta revuelta y de la represión que sufrieron aquellos campesinos. Buscaban una reforma agraria. El movimiento militar y el conflicto escalaron a lo largo de los años y se expandió por el territorio colombiano. Las FARC actuales tienen poco que ver con aquel levantamiento armado, pese a que la propiedad de la tierra se mantiene apenas intacta, dominada por latifundistas como el expresidente Uribe y su esposa. Mientras guerreaba contra paramilitares y ejército, con el apoyo de EEUU, bajo una misión revolucionaria, esta guerrilla mataba, atemorizaba a gente, principalmente la de pequeñas comunidades rurales, producía y traficaba con droga, y secuestraba a ricos y a pobres para conseguir divisas y reforzarse militarmente.

La guerra, las FARC, las Autodefensas, la represión ilegítima del Estado con actuaciones como la de los falsos positivos (durante el mandato de Uribe y mientras Santos era su ministro de defensa), se habían de parar; debían terminar por el bien de todo el país. Después de varios intentos durante los 52 años de guerra escalofriante (con más de 250 mil personas asesinadas/desaparecidas), parecía que las FARC y el Estado accedían a firmar la paz. Por fin. Lo hacían a través de una larga negociación liderada por el presidente Santos y por el líder de las FARC, alias Timoshenko, y con la mediación internacional de Cuba y Noruega principalmente. Las encuestas apuntaban a un triunfo del sí por una mayoría de dos tercios. Los principales medios desplegaban toda su potencia por esta opción. Timoshenko había pedido perdón a las víctimas de las FARC. Todo indicaba que la gente votaría sí para dar paso a una nueva Colombia en paz, próspera y segura. ¿Por qué los colombianos votaron finalmente poco, y en contra de aquellos acuerdos?

Hay explicaciones que surgen a pesar de la poca perspectiva. Algunas las pude contrastar personalmente estando en el país durante aquellos días. Los seis millones y pico de votantes del no, representaban principalmente un voto urbano, de mayor edad, afín al partido de Uribe (Centro Democrático) y al Partido Conservador, y concentrado en Antioquia y en su capital Medellín (feudo del uribismo). Me encontraba, pues, en medio del ‘no’.

Las primeras dos posibles causas: primero, muchos votantes se tomaron el plebiscito como una capitulación injusta en la cual se bonificaba a los miembros de las FARC. Y segundo, a estos votantes el ‘sí’ les parecía una ratificación de Santos, un personaje con una aceptación decadente, e impopular entre el 20-30% de la opinión pública colombiana (salvo el Caribe). Los acuerdos de paz implicaban la derrota de los objetivos de las FARC, pero evitaban su humillación. Trataban de disuadir el miedo de los guerrilleros a empezar una vida “civil” en la ciudad, en un ambiente hostil y sin recursos. Los acuerdos postulaban por ejemplo la amnistía para los combatientes rasos, les asignaban una renta de 300 dólares, les garantizaban seguridad, y reservaban cinco escaños en el parlamento para el partido que naciera de las FARC. Todo ello mientras las víctimas no están recibiendo apenas apoyo económico en concepto de reparación de sus vidas, ni restitución de tierras, ni apoyo a la identificación de sus desaparecidos. Las víctimas de clase urbana, muchas de ellas de los estratos socioeconómicos más bajos, también votaron ‘no’, como comprobé en la Comuna 13, donde la colaboración de Medellín y Barcelona ha contribuido a dar a luz un nuevo barrio de unos 40.000 habitantes, Moravia, donde antes hubo un vertedero humeante lleno de barracas. Las víctimas del conflicto colombiano (más de 8 millones) son muy diversas, y ciertamente han votado diferente según el eje campo/ciudad.

Por tanto, en clave territorial conviene señalar la divergencia en torno a este eje. Las FARC nacieron del conflicto por la tierra fértil no por el asfalto. Y es en las poblaciones rurales donde están más implantadas, y sobre las que ha caído el gran peso de la guerra. Son las mismas comunidades que paradójicamente votaron más por el sí. Posiblemente para poner fin a más dolor y la falta de futuro. Sirva como ilustración: el icono de una de las masacres más cruentas acometidas por las FARC, la comunidad afrodescendiente de Bojayá, votó en un 96% de su censo por el sí. Mientras tanto en la gran ciudad de Bogotá ganaba ligeramente el sí, y en Medellín arrasó el no con una proporción de dos a uno. Es decir, la gente más afectada por la guerra, la del mundo rural, se inclinó mayoritariamente por el sí, mientras la población urbana (con la paz instalada de facto en las ciudades durante los últimos años) votó dividida inclinándose por el no, con una postura más cercana a aplastar las FARC sin perdón, en lugar de hacer tabla rasa y pensar en el futuro.

Una vez asimilado el fiasco del referéndum y la derrota de Santos, lo que también parece claro es que la desmovilización de las FARC ha venido para quedarse, como anunciaba poco después el propio Timoshenko. Lo que ha quedado perturbada es la correlación de fuerzas entre el expresidente Uribe, y su sucesor Santos. A pesar del apoyo externo que ha supuesto para este último el premio Nobel de la Paz. Polémico si se quiere. Un premio que en procesos de paz similares solía otorgarse en tándem (en este caso tocaría Santos-Timoshenko), pero que la academia sueca ha preferido conceder sólo a Santos, ante una opinión pública que rechazaría un reconocimiento a las FARC. Las instituciones como la Unión Europea irán saliendo del estado de shock y resituándose. También actores colombianos como Uribe que tampoco lo esperaban. Es probable que políticamente se impongan condiciones más duras hacia las FARC, hasta el límite que se crea que estas pueden soportar. Que haya momentos tensos de violencia en un sentido y en otro, pasos adelante y atrás. Que el proceso se alargue más de lo necesario. Habrá que apoyarlo, y desde la ciudad de Barcelona lo haremos, y seguro que desde muchas otras ciudades europeas. Sobre todo intentando dirigir los esfuerzos hacia las raíces de la violencia, que en mayor parte son las desigualdades. Libraremos estos esfuerzos desde la convicción de que lo mejor para nuestros hermanos y hermanas colombianas es la paz y un escenario progresivo de justicia transicional. Esperamos que se consiga.

És probable que políticament s'imposin condicions més dures cap a les FARC, fins al límit que es cregui que aquestes poden suportar. Que hi hagi moments tensos de violència en un sentit i en un altre, passos endavant i enrere.Que el procés s'allargui més del necessari

Qui ho havia de dir. Després de 52 anys de guerra i violència insuportable entre les FARC, l'ELN, l'Estat colombià i els paramilitars, amb les FARC disposades a deixar les armes i la selva, i el Govern a oferir-los garanties a Colòmbia... Com pot ser que tanta població no votés (un 61% del cens)? I del 39% que sí que ho va fer, el 50,5% va votar en contra dels acords. Impensable hores abans.

Medellín ha estat la 'capital del no'. Per què el no? Justament aquells dies érem Medellín en missió tècnica en representació de l'Ajuntament de Barcelona, per actualitzar els diversos projectes de cooperació entre ambdues ciutats, basades en l'acompanyament tècnic entre ajuntaments i el suport via ONG. És una de les metròpolis de món amb la qual Barcelona manté una relació més estreta. Medellín és la capital més dinàmica de Colòmbia, alhora que una de les urbs més desiguals i més violentes d'Amèrica Llatina. Medellín són tres medellins, tres planetes diferents d'un mateix sistema, cadascun amb la seva òrbita: els rics i molt rics, els molt pobres, i la classe mitjana. La violència, segurament fruit d'aquesta insuportable desigualtat però també òbviament del martell corromput de la droga, i de la violència armada, causava als anys 90 prop de 7.000 morts violentes a l'any en una ciutat de la mida de Barcelona. Aquest any la violència ha disminuït, i ha dissipat la sensació de guerra. Però així i tot es mantenia espantosa en òptica europea, amb 1.700 homicidis durant 2015: prop de 5 assassinats o desapareguts al dia.

La guerra va començar amb la repressió del govern colombià d'uns primers “camperols comunistes” que es van aixecar davant l'extorsió latifundista i davant un Estat dominat pel bipartidisme liberal-conservador. El que anomenaríem resistir a l'elit extractiva. Les FARC van néixer d'aquesta revolta i de la repressió que van patir aquells camperols. Buscaven una reforma agrària. El moviment militar i el conflicte van escalar al llarg dels anys i es va expandir pel territori colombià. Les FARC actuals tenen poc a veure amb aquell aixecament armat, tot i que la propietat de la terra es manté tot just intacta, dominada per latifundistes com l'expresident Uribe i la seva dona. Mentre guerrejava contra paramilitars i exèrcit, amb el suport dels EUA, sota una missió revolucionària, aquesta guerrilla matava, atemoria gent, principalment la de petites comunitats rurals, produïa i traficava amb droga, i segrestava rics i pobres per aconseguir divises i reforçar-se militarment.

La guerra, les FARC, les Autodefenses, la repressió il·legítima de l'Estat amb actuacions com la dels falsos positius (durant el mandat d'Uribe i mentre Santos era el seu ministre de defensa), s'havien d'aturar; havien acabar pel bé de tot el país. Després de diversos intents durant els 52 anys de guerra esgarrifosa (amb més de 250 mil persones assassinades/desaparegudes), semblava que les FARC i l'Estat accedien a signar la pau. Per fi. Ho feien a través d'una llarga negociació liderada pel president Santos i pel líder de les FARC, àlies Timoixenko, i amb la mediació internacional de Cuba i Noruega principalment. Les enquestes apuntaven a un triomf del sí per una majoria de dos terços. Els principals mitjans desplegaven tota la seva potència per aquesta opció. Timoixenko havia demanat perdó a les víctimes de les FARC. Tot indicava que la gent votaria sí per donar pas a una nova Colòmbia en pau, pròspera i segura. Per què els colombians van votar finalment poc, i en contra d'aquells acords?

Hi ha explicacions que sorgeixen tot i la poca perspectiva. Algunes les vaig poder contrastar personalment estant al país durant aquells dies. Els sis milions i escaig de votants del no representaven principalment un vot urbà, de més edat, afí al partit d'Uribe (Centre Democràtic) i al Partit Conservador, i concentrat a Antioquia i a la seva capital Medellín (feu de l'uribisme). Em trobava, doncs, enmig del 'no'.

Les primeres dues possibles causes: primer, molts votants es van prendre el plebiscit com una capitulació injusta en la qual es bonificava als membres de les FARC. I segon, a aquests votants el 'sí' els semblava una ratificació de Santos, un personatge amb una acceptació decadent, i impopular entre el 20-30% de l'opinió pública colombiana (excepte al Carib). Els acords de pau implicaven la derrota dels objectius de les FARC, però evitaven la seva humiliació. Tractaven de dissuadir la por dels guerrillers a començar una vida “civil” a la ciutat, en un ambient hostil i sense recursos. Els acords postulaven per exemple l'amnistia per als combatents rasos, els assignaven una renda de 300 dòlars, els garantien seguretat, i reservaven cinc escons al parlament per al partit que naixés de les FARC. Tot això mentre les víctimes no estan rebent quasi cap suport econòmic en concepte de reparació de les seves vides, ni restitució de terres, ni suport a la identificació dels seus desapareguts. Les víctimes de classe urbana, moltes d'elles dels estrats socioeconòmics més baixos, també van votar 'no', com vaig comprovar a la Comuna 13, on la col·laboració de Medellín i Barcelona ha contribuït a donar a llum un nou barri d'uns 40.000 habitants, Moràvia, on abans hi va haver un abocador fumejant ple de barraques. Les víctimes del conflicte colombià (més de 8 milions) són molt diverses, i certament han votat diferent segons l'eix camp/ciutat.

Per tant, en clau territorial convé assenyalar la divergència al voltant d'aquest eix. Les FARC van néixer del conflicte per la terra fèrtil, no per l'asfalt. I és en les poblacions rurals on estan més implantades, i sobre les quals ha caigut el gran pes de la guerra. Són les mateixes comunitats que paradoxalment van votar més pel sí. Possiblement per posar fi a més dolor i manca de futur. Serveixi com a il·lustració: la icona d'una de les massacres més cruentes escomeses per les FARC, la comunitat afrodescendent de Bojayá, va votar en un 96% del seu cens pel sí. Mentrestant, a la gran ciutat de Bogotà, guanyava lleugerament el sí, i a Medellín hi va arrasar el no amb una proporció de dos a un. És a dir, la gent més afectada per la guerra, la del món rural, es va inclinar majoritàriament pel sí, mentre la població urbana (amb la pau instal·lada de facto a les ciutats durant els últims anys) va votar dividida inclinant-se pel no, amb una postura més propera a aixafar les FARC sense perdó, en lloc de fer taula rasa i pensar en el futur.

Un cop assimilat el fiasco del referèndum i la derrota de Santos, el que també sembla clar és que la desmobilització de les FARC ha vingut per quedar-se, com anunciava poc després el propi Timoixenko. El que ha quedat pertorbada és la correlació de forces entre l'expresident Uribe i el seu successor Santos. Malgrat el suport extern que ha suposat per a aquest últim el premi Nobel de la Pau. Polèmic si es vol. Un premi que en processos de pau similars solia atorgar-se en tàndem (en aquest cas tocaria Santos-Timoixenko), però que l'acadèmia sueca ha preferit concedir només a Santos, davant d'una opinió pública que rebutjaria un reconeixement a les FARC. Les institucions com la Unió Europea aniran sortint de l'estat de xoc i resituant-se. També actors colombians com Uribe, que tampoc s'ho esperaven. És probable que políticament s'imposin condicions més dures cap a les FARC, fins al límit que es cregui que aquestes poden suportar. Que hi hagi moments tensos de violència en un sentit i en un altre, passos endavant i enrere. Que el procés s'allargui més del necessari. Caldrà donar-li suport, i des de la ciutat de Barcelona ho farem, i segur que des de moltes altres ciutats europees. Sobretot intentant dirigir els esforços cap a les arrels de la violència, que en bona part són les desigualtats. Lliurarem aquests esforços des de la convicció que el millor per als nostres germans i germanes colombianes és la pau i un escenari progressiu de justícia transicional. Esperem que s'aconsegueixi.

Davant el sobiranisme i l'unionisme emergeix l'articulació d'un tercer corrent al que caldria anomenar "supersobiranisme" o "sobiranisme 3D" que reconeix el dret a decidir-ho tot

El nou escenari electoral demana a crits un matís. Una de les paraules que darrerament hem après a dir més de vint cops al dia és “sobiranisme” (i llurs declinacions “moviment sobiranista”, “desafío soberanista”, etc). Es refereix al moviment social de caire polític que reivindica el dret a decidir del poble català, sovint donant per entès que això passa en primer lloc per la creació d'un Estat català independent o altament autònom de l'Estat espanyol. El sobiranisme no és exclusiu de Catalunya sinó que existeix en major o menor intensitat en famílies culturals, territorials i polítiques (nacions) sense Estat d'altres geografies, Quebec, Escòcia, el País Basc, les més conegudes. Però també el Kurdistan, Palestina, Galícia, Kosovo o diferents indrets de l'Amazonia.

A la Península Ibèrica, el sobiranisme està clarament confrontat políticament a un moviment que comença a ser conegut com “unionisme”. Es pot vestir de “constitucionalisme” però en realitat sembla significar '“espanyolisme” amb accent castellà. Sovint aquest unionisme procedeix de persones conservadores, tot i que també és fàcil de percebre'l en les esquerres d'arreu de l'Estat (no totes) que veuen el sobiranisme com una manipulació de les èlits catalanes, i per què no dir-ho, també perquè desafia profundament la seva identitat de “Nación” que han après de petits. Entre els sectors progresistes que acullen millor la diversitat peninsular, el federalisme predomina com a versió més convivencial de l'unionisme.

El moviment espanyolista és hores d'ara més poderós que el sobiranista, tant en nombre d'efectius com perquè acaparen les institucions de l'Estat central. Alguns partits moderadament sobiranistes també controlen administracions públiques autonòmiques com la Generalitat o el Govern Basc. Atesa la diferència de poder institucional, la força dels moviments sobiranistes se situa més aviat als carrers, a la petita institucionalitat (ajuntaments, associacions, empreses, etc), o en aliances internacionals. Per això la importància de l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI o la diplomàcia ciutadana.

Ara bé, emergeix l'articulació d'una tercera corrent a la que hauríem d'anomenar “supersobiranisme” o “sobiranisme 3D” . El sobiranisme 3D, esgrimeix el “dret a decidir-ho tot”, però “tot-tot”, emfatitzant que la sobirania rau en els pobles, les persones i els cossos. Afirma que els Estats són sobirans en la mesura que representen pobles, persones i cossos. Rebutja l'ús que de l'Estat en fan determinats grups d'interès privat, siguin Ponts Aeris, banquers, Aznars, Pujols, Closos, Millets o Aguirres. Reivindica així l'Estat o qualsevol comunitat amb regles i projecte, però en desconfia. Pren expressions territorials com la lluita local contra la MAT, cosmopolites com el moviment per la justícia climàtica, i alhora temàtiques com ara la sobirania alimentària, l'energètica, el dret a l'habitatge, a la salut universal, la multiculturalitat, etc.

En conseqüència, el sobiranisme 3D se sol oposar frontalment a l'unionisme conservador i al patrioterisme. Però el supersobiranisme tampoc se sent gens còmode amb el sobiranisme 1D, un sobiranisme restringit exclusivament a la cosa nacional que bloqueja o despista la presa d'altres decisions importants. Així doncs, el soberanisme 3D troba totalment legítim que qualsevol poble decideixi sobre la seva qüestió nacional. És internacionalista i coherentment solidari amb altres pobles, amb altres grups socials excepte els que colonitzen. Però a diferència del sobiranisme 1D, no es limita només a l'eix nacional ni ho aposta tot a la independència i a la creació d'un nou. Reacciona davant de la pèrdua de poder de la gent enfront als mercats internacionals (que en realitat són rics organitzats), de les màfies velles i noves, del patriarcat, de l'anticooperació transnacional i altres formes de dominació que considera inacceptables. Ho fa exigint per exemple que el diner públic es destini abans a cobrir urgències socials de la seva gent que a rescatar bancs i a contentar inversors internacionals en concepte del servei del deute i de cadenats del règim neoliberal global.

Perquè aquestes dimensions importen, afirmen que no s'ha de pagar el deute que han contret il.legítimament bancs i dirigents estafadors, com esgrimeix la PACD. Observa la pèrdua de sobirania que es produeix pel paulatí procés de financiarització de l'economia i propugna la creació de comunitats (és comunitarista que no comunista) de resistència i esperança com ara la PAH o l'Aliança contra la Pobresa Energètica i de reivindicació d'allò públic, com la Marea Blanca. Crea cooperatives de consum, de treball, d'energia neta i democràtica, de producció cultural i agrícola, de criança compartida o impulsa la banca ètica. Per això s'oposa a acords secrets inter-estatals com ara el TTIP entre la Unió Europea i els Estats Units per afavorir negocis privats en detriment de la gent, la natura i les administracions democràtiques. Saben que els Estats, les seves lleis i institucions són sovint segrestats per grups de poder i diverses èlits extractives. La Via Campesina lluita per la reforma agrària a favor dels petits camperols en països on predomina el latifundisme oligarca. Els indígenes zapatistes a Mèxic o el moviment del 15M o Occupy, molt diferents entre sí, també son moviments supersobiranistes.

Aquesta lògica del sobiranisme multidimensional reivindicat des d'alguns importants moviments socials s'està convertint en opció electoral i de la nova política. S'oposa a l'unionisme però avança per l'esquerra a l'anomentat front sobiranista, tot i criticant-lo de discrecional i com diu l'Ada Colau, de molt poc seriós. Per això des d'espais com Barcelona o Terrassa en Comú, però des de fa temps les CUP, del Procés Constituent, i de forma titubejant en allò nacional Podemos, la Federació d'Izquierda Unida i Equo, s'està d'acord amb el dret a decidir, però el dret a decidir-ho absolutament tot.

Ante el soberanismo y el unionismo emerge la articulación de una tercera corriente a la que habría que llamar “supersoberanismo” o “soberanismo 3D” que reconoce el derecho a decidirlo todo

El nuevo escenario electoral pide a gritos un matiz. Una de las palabras que últimamente hemos aprendido a decir más de veinte veces al día es “soberanismo” (y sus declinaciones “movimiento soberanista”, “desafío soberanista”, etc.). Se refieren al movimiento social de cariz político que reivindica el derecho a decidir del pueblo catalán, a menudo dando por entendido que eso pasa en primer lugar por la creación de un Estado catalán independiente o altamente autónomo del Estado español. El soberanismo no es exclusivo de Catalunya sino que existe en mayor o menor intensidad en familias culturales, territoriales y políticas (naciones) sin Estado de otras geografías, Quebec, Escocia, el País Vasco, las más conocidas. Pero también el Kurdistán, Palestina, Galicia, Kosovo o distintos lugares del Amazonas.

En la Península Ibérica, el soberanismo está claramente confrontado políticamente a un movimiento que comienza a ser conocido como “unionismo”. Se puede vestir de “constitucionalismo” pero en realidad parece significar “españolismo” con acento castellano. A menudo este unionismo procede de personas conservadoras, aunque también es fácil percibirlo en las izquierdas de cualquier parte del Estado (no todas) que ven el soberanismo como una manipulación de las élites catalanas, y por qué no decirlo, también porque desafía profundamente su identidad de “Nación” que han aprendido de pequeños. Entre los sectores más progresistas que acogen mejor la diversidad peninsular, el federalismo predomina como versión más convivencial del unionismo.

El movimiento españolista es ahora mismo más poderoso que el soberanista, tanto en nombre de efectivos como porque acaparan las instituciones del Estado central. Algunos partidos moderadamente soberanistas también controlan administraciones públicas autonómicas como la Generalitat o el Gobierno Vasco. Considerando la diferencia de poder institucional, la fuerza de los movimientos soberanistas se sitúa más bien en las calles, en la pequeña institucionalidad (ayuntamientos, asociaciones, empresas, etc.), o en alianzas internacionales. Por eso la importancia de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), Òmnium Cultural, la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) o la diplomacia ciudadana.

Ahora bien, emerge la articulación de una tercera corriente a la que habría que llamar “supersoberanismo” o “soberanismo 3D” que reconoce el derecho a decidir. El soberanismo 3D, esgrime el “derecho a decidirlo todo” pero “todo-todo”, enfatizando que la soberanía reside en los pueblos, las personas y los cuerpos. Afirma que los Estados son soberanos en la medida en que representan pueblos, personas y cuerpos. Rechaza el uso que del Estado hacen determinados grupos de interés privado, sean Puentes Aéreos, banqueros, Aznares, Pujoles, Closes, Millets o Aguirres. Reivindica así el Estado o cualquier comunidad con reglas y proyecto, pero desconfía de él. Toma expresiones territoriales como la lucha local contra la MAT, cosmopolitas como el movimiento por la justicia climática, y a la vez temáticas como la soberanía alimentaria, la energética, el derecho a la vivienda, a la salud universal, la multiculturalidad, etc.

En consecuencia, el soberanismo 3D se suele oponer frontalmente al unionismo conservador y al patrioterismo. Pero el supersoberanismo tampoco se siente nada cómodo con el soberanismo 1D, un soberanismo restringido exclusivamente a la cosa nacional que bloquea o despista la toma de otras decisiones importantes. Así pues, el soberanismo 3D encuentra totalmente legítimo que cualquier pueblo decida sobre su cuestión nacional. Es internacionalista y coherentemente solidario con otros pueblos, con otros grupos sociales excepto los que colonizan. Pero a diferencia del soberanismo 1D, no se limita solo al eje nacional ni lo apuesta todo a la independencia y a la creación de un nuevo Estado. Reacciona indignadamente ante la pérdida de poder de la población frente a los mercados internacionales (que en realidad son ricos organizados), de las mafias viejas y nuevas, del patriarcado, de la anticooperación transnacional y otras formas de dominación que considera inaceptables. Lo hace exigiendo por ejemplo que el dinero público se destine antes a cubrir urgencias sociales de su gente que a rescatar bancos y a contentar inversores internacionales en concepto del servicio de la deuda y de candados del régimen neoliberal global.

Porque estas dimensiones importan, afirman que no se debe pagar la deuda que han contraído ilegítimamente bancos y dirigentes estafadores, como esgrime la PACD (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda). Observa la pérdida de soberanía que se produce por el paulatino proceso de financiarización de la economía y propugna la creación de comunidades (es comunitarista que no comunista) de resistencia y esperanza como la PAH o la Alianza contra la Pobreza Energética y de reivindicación de lo público, como la Marea Blanca. Crea cooperativas de consumo, de trabajo, de energía limpia y democrática, de producción cultural y agrícola, de crianza compartida o impulsa la banca ética. Por eso se opone a acuerdos secretos interestatales como el TTIP entre la Unión Europea y los Estados Unidos para favorecer negocios privados en detrimento de la gente, la naturaleza y las administraciones democráticas. Saben que los Estados, sus leyes e instituciones son a menudo secuestrados por grupos de poder y diversas élites extractivas. La Vía Campesina lucha por la reforma agraria a favor de los pequeños campesinos en países donde predomina el latifundismo oligarca. Los indígenas zapatistas en México o el movimiento 15M u Occupy, muy distintos entre sí, también son movimientos supersoberanistas.

Esta lógica del soberanismo multidimensional reivindicado desde algunos importantes movimientos sociales se está convirtiendo en opción electoral y de la nueva política. Se opone al unionismo pero avanza por la izquierda en el llamado frente soberanista, aún criticándolo de discrecional y como dice Ada Colau, de muy poco serio. Por eso, desde espacios como Barcelona o Terrassa en Comú, pero desde hace tiempo las CUP, el Procés Constituent, y de forma titubeante en lo nacional Podemos, la Federación de Izquierda Unida y Equo, se está de acuerdo con el derecho a decidir, pero a decidirlo absolutamente todo.

A lo largo de estos años, se han generado muchas deudas ilegítimas

Si las analizamos desde una perspectiva política y no simplemente economicista, no deberíamos tener miedo a no pagar. Sobre todo si ello viene precedido de una auditoría ciudadana democrática y transparente

Se cierne ante nuestras endeudadas narices un ejemplo de deuda ilegítima de libro. Parece hecho para que aprendamos. Una deuda que en opinión de muchas personas no deberíamos pagar. Un caso que además se va a replicar sistemáticamente en la UE si se toman en cuenta las declaraciones de Juncker de movilizar 300.000 millones de euros para megainfraestructuras. Se trata del Proyecto Castor, un megaproyecto gasístico que cargará a los consumidores cautivos del sistema energético con unos 4.000 grandes millones de euros de sobrecoste. Y todo ello a cambio de nada. Durante los próximos 30 años, estos gases de la Casta nos saldrán muy caros, si es que para entonces todavía fluye gas. Hasta hace poco, este tipo de dislate podía quedar silenciado por el crecimiento de la actividad económica y de los créditos piramidales. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, sin embargo, comienzan a hacerse visibles y nos obligan a realizar una reflexión global sobre un posible no pago de la deuda.

Primera cuestión: ¿debemos tener miedo a no pagar? No si la deuda se trata desde una perspectiva política y no simplemente economicista. A lo largo de la historia se ha demostrado que la deuda es esencialmente poder, que a menudo conlleva sumisión, extorsión individual y colectiva e incluso esclavitud. Unos se endeudan y se enriquecen. Otros pagan y obedecen.

La deuda y el crédito dentro de unos márgenes de sostenibilidad pueden resultar saludables y necesarios. No obstante, cuando se superan esos márgenes como ha sucedido en el caso griego o español y se justifica la minimización de las garantías de Estado a costa del bienestar de la población, entonces el problema ya no es sólo económico. Es sobre todo político, social y moral. Al implicar directamente la extorsión a la ciudadanía, el pago de la deuda deviene ilegítimo. Esta ilegitimidad dobla su dosis cuando ha sido contraída mediante estafa a cuenta de todos. La casta, la “oligarquía vampira” instalada en los gobiernos puede perdonar 3.000 millones de euros a las eléctricas por olvido. O puede salvar cajas saqueadas con más 60.000 millones de euros que no irán a gasto social, sin que nadie acabe juzgado y en prisión.

El Florentinismo o el Gurtelismo no son algo nuevo. Como describe el antropólogo David Graëber en un célebre libro, el endeudamiento entre civilizaciones tiene más de 5000 años. Algunos movimientos políticos en América Latina y África entendieron bien de qué se trataba tras las dos décadas perdidas de los 80 y los 90. Y algunos de sus líderes, como Thomas Sankara, lo enfrentaron y lo pagaron con su vida.

Algo parecido sucede con las personas endeudadas cuando toman un crédito o se las induce a hipotecarse ante un escenario futuro que se tuerce de repente. Es el caso de los desahuciados (en la primera mitad del 2014 perdieron su casa en favor de la banca 26.500 familias españolas), o de aquellos a quienes las compañías eléctricas cortan el suministro de luz y gas al no poder pagar la factura. Una sociedad endeudada es más sumisa y tiene la necesidad de trabajar más para poder saldar su deuda ¿Es esto lo que queremos?

En su momento, muchos países del Sur se vieron obligados por los acontecimientos a pensar la deuda como algo político. Esto les permitió alumbrar una doctrina original y emancipatoria como la de la deuda ilegítima. Como bien recuerda la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, la deuda ilegítima seria aquella que no hay que pagar porque procede de préstamos concedidos y gestionados de forma irregular; porque fue concebida para financiar operaciones ilícitas y porque atenta contra la dignidad de la vida de los ciudadano/as y pone en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Esto no significa que ninguna deuda deba pagarse. En realidad, pueden distinguirse múltiples tipos de deudas que resultan ilegítimas: las deudas generadas por la opresión y la guerra, características de regímenes autoritarios; y aquellas que tienen su origen en la corrupción, en la actuación de las élites, en las políticas de rescate y en operaciones fraudulentas, todas ellas clave para entender el endeudamiento en el caso español. La jurista Laura Ramos y el Observatori del Deute en la Globalització las analizan y ejemplifican en el libro “Los crímenes de la deuda”.

Ciertamente, hoy está extendida la idea de que el impago de la deuda imposibilitará la obtención de nuevos créditos y, por lo tanto, nuevas operaciones comerciales. Se asegura que se produciría una suerte de cuarentena institucional, como la que afectó a Alan García en el Perú de los años ochenta. Financieramente, todo esto es discutible. Ahora bien, el problema de la deuda tampoco puede acotarse a una mera cuestión de solvencia y de acceso a crédito sin comprender la sumisión política que comporta respecto a los acreedores. En el Estado español, esta sumisión llevó al PSOE y al PP a pactar en 2011 una reforma de la hasta entonces sagrada Constitución de 1978 para obligar a los Gobiernos sucesivos a establecer un techo máximo en el endeudamiento estatal. El aliento procedía de Merkel y la Troika, corresponsables directos de la deuda española. Y ofrecía una coartada perfecta para recortar el gasto social y adecuarlo al techo constitucionalmente establecido.

Ante este despropósito generalizado, el pago de la deuda se convierte en un problema político, que debe resolverse políticamente. Esto tiene como mínimo dos implicaciones. La primera, comunicativa, es que el marco cognitivo (el frame, según Lackoff) que debe activarse es el político, dejando el económico en segundo término. La segunda implicación es ética y normativa, y es que para bien de la sociedad, no debe pagarse las deudas ilegítimas contraídas para engorde de cualquier suerte de Casta. Nosotro/as debemos pagar sólo nuestras deudas. Las demás no son nuestras y deben restituirlas quienes las contrajeron para enriquecerse o por propia incompetencia.

Que nuevos movimientos políticos que están despertando esperanza entre la población como Guanyem, Podemos o las CUP adopten esta perspectiva sería un gran paso adelante. Que debería colocarnos en el camino de una Auditoría Ciudadana con respaldo público, como hiciera la CAIC en el Ecuador. El objetivo de esta Auditoría sería desempaquetar lo empaquetado para destilar lo que debe ser pagado de lo que no. Que el sistema asigne los riesgos y responsabilidades correctamente, de modo que la economía, la casa en que vivimos, pueda funcionar razonablemente. Si un fondo alemán prestó irresponsablemente a la cúpula de Bankia, a Catalunya Caixa o al señor Florentino Pérez, que se las arreglen. Además, la película no va de países, va de clases sociales y grupos de interés. Nosotro/as debemos seguir saneado/as y asumir solo las responsabilidades que nos correspondan. Una sociedad instalada en la sistemática impunidad de los de arriba, será una sociedad herida, desigual, disfuncional y fracasada. Hoy la prioridad política debe ser desarmar la deuda. Desarmarla con un proceso generalizado, democrático y transparente de auditoría.

Guanyem Barcelona surge de un sueño, de una visión compartida durante unos meses de reflexión casi-clandestina

A la gente pequeña, la crisis nos provoca un hervor de sangre, hormigueo intranquilo, similar al de la tercera o cuarta dosis de cafeína. Una primera reacción de mirarse el ombligo para salvar la ropa particular que no se haya llevado la tormenta. Nos da miedo la crisis, nos deja en estado de “shock” como dice Naomi Klein. Más tarde, nos provoca un sentimiento de fatalidad y asunción cabizbaja, parecida a la que nos llega el día después de asumir una enfermedad grave. No se puede hacer nada, el mantra repite.

En Barcelona, pequeña comunidad de comunidades de gente pequeña concentrada en frente de un mar pequeño y conflictivo a menudo surgen chispas grandes de creatividad insurrecta y latina. He aquí. Esta es la historia de una chispa para pararle atención. Ha brillado en la ciudad en los alrededores del junio de 2014 La llaman Guanyem Barcelona. Surge de un sueño, de una visión compartida durante unos meses de reflexión casi-clandestina.

El sueño lo ha tenido gente que sufre la crisis pero que la entiende y no la quiere esperar como si se tratara de una fatalidad. Gente con largo recorrido en plantarle cara al status quo desde los rincones de la ruidosa ciudad. Gente firme como la que ha levantado el movimiento por una vivienda digna y articulado en todo el Estado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, gente que no quiere asumir deudas de ningún tipo, que rompe el mito del obligado pago de la deuda y que quiere que se auditen las administraciones a la búsqueda y captura de mafias público-privadas camufladas; gente que intenta mejorar los barrios desde las asociaciones vecinales, desde la base; o de la economía pequeña desde el variado movimiento cooperativo; también algunos universitarios comprometidos, gente ecologista, feminista, internacionalista, maestros de las escuelas de la ciudad, organizaciones por el derecho a decidirlo todo; etc.

Barcelona –pero también las otras Barcelonas de ese mundo que se aventuran al Ganemos Style, las CUP, el Procés Constituent, los círculos Podemos, y el nuevo municipalismo naciente también en ICV-EUiA–, empieza a estar llena a rebosar de virutas de la crisis, cada vez más resecos. Las chispas se convierten en fuego, y el fuego amplificado devuelve Barcelona a un nuevo episodio de la “Rosa de Fuego”, faro internacionalista como fue antaño y como probablemente será en el futuro.

¿Virutas? Gente que ha puesto sus ahorros de años, que la han engañado y que lo ha perdido todo; gente mayor que tiene que trabajar hasta demasiado tarde y jóvenes que sólo pueden trabajar gratis y dando las gracias; presiones a la gente pequeña de inversores, bancos, monopolios corporativos y juristas buitres de procedencias éticamente putrefactos; dirigentes políticos cenando con los anteriores a diario; pisos vacíos o turísticos y gente sin techo; invasión de turistas ruidosos bebiendo líquidos y atiborrarse de sartenes re-congeladas en franquicias con sede en paraísos fiscales; pobres energéticos que pasan frío en invierno; ... En definitiva, posibilidades de convivir bien que se bloquean.

Todo esto y mucho más se quiere cambiar, la gente lo pide. Pita por las calles de la ciudad un vientecillo que dice “Basta, no lo aceptamos más, es el momento ideal de tomar las riendas de este nuestro mundo secuestrado; basta de utilizar la ciudad como si fuera una explotación minera; hagámoslo juntas, empezamos por abajo y vamos subiendo, cambiaremos el régimen ...o lo intentaremos ”.

Pero lo más importante es el nuevo sueño por Barcelona. Apenas lo acaban de validar más de 30.000 soñadores/as. El sueño de una ciudad donde su gente convive bien, tiene una vida que merece la pena ser vivida, tiene los derechos garantizados, y lo hace en armonía con el resto del mundo sin acaparar nada a nadie ni dentro ni la exterior. Entonces su gente ve menester democratizarla, re-articularla y recuperarla de los poderes fácticos y de visiones obtusas, desplegar políticas sectoriales y territoriales virtuosas teniendo muy en cuenta no sólo las competencias municipales otorgadas por la ley, sino las capacidades en potencia de la ciudad, que son muchas más. Por ejemplo en el campo de la relocalización de la energía, de la comida o de la vivienda. Por eso al sueño lo llaman «Ganar Barcelona». Conseguir que sea una comunidad biodiversa de comunidades, felices, satisfechas de intentar controlar el propio destino superando el individualismo y los mantras negativos que provoca la crisis. Un ecosistema en plenitud, ¿se lo imaginan?

Ganar la ciudad es ganar en prácticas concretas, ganar las políticas públicas, y si es necesario, las instituciones del Consistorio. Pero también abrir espacios comunitarios donde no haya necesariamente ni mercado ni administración, reforzar los movimientos sociales y el asociacionismo. No es ganar asientos, ni posiciones privilegiadas, ni ganar contra los otros. Ganar preguntando es ganar con los demás, intentando la máxima confluencia posible y desplegando generosidad hacia quienes son diferentes, en un nuevo “zapatismo urbano”. Este es el sueño que tenemos.

Ganar la vivienda, la salud, la enseñanza, la energía, el agua, el transporte público racional que no haga humos, las culturetas propias, la ciudad común y cooperativa, la economía granular de los pequeños, los cuidados de los abuelos , los niños, los enfermos, distribuyéndolas equitativamente, recuperar las calles, las plazas y los espacios verdes, ser acogedores con los nuevos Barceloneses/as, y una buena relación metabólica con el medio natural y el resto de pueblos de este mundo. El sueño es en código abierto y como hacen los indígenas amazónicos, todas las personas que quieran vivir la segunda fase –del 16 de septiembre hasta las elecciones municipales del mayo– se sentarán alrededor de la hoguera de virutas para interpretar este sueño en confluencia, concretarlo y hacerlo realidad.

Guanyem Barcelona sorgeix d'un somni, d'una visió compartida durant uns mesos de reflexió quasi-clandestina

A la gent petita, la crisi ens provoca un bulliment de sang, formigueig intranquil, semblant al de la tercera o quarta dosi de cafeïna. Una primera reacció de mirar-se el melic per salvar la roba particular que no s'hagi endut la tempesta. Ens fa por la crisi, ens deixa en estat de “shock” com diu Naomi Klein. Més tard, ens provoca un sentiment de fatalitat i assumpció capbaixa, semblant a la que ens arriba el dia després d'assumir una malaltia greu. No s'hi pot fer res, el mantra repeteix.

A Barcelona, petita comunitat de comunitats de gent petita concentrada al davant d'un mar petit i conflictiu sovint sorgeixen espurnes grans de creativitat insurrecta i llatina. Heus ací. Aquesta és la història d'una espurna per parar-li atenció. Ha brillat a la ciutat als volts del juny de 2014. N'hi diuen Guanyem Barcelona. Sorgeix d'un somni, d'una visió compartida durant uns mesos de reflexió quasi-clandestina.

El somni l'ha tingut gent que sofreix la crisi però que l'entén i no la vol esperar com si es tractés d'una fatalitat. Gent amb llarg recorregut en plantar-li cara al status quo des de les raconades de la sorollosa ciutat. Gent ferma com la que ha aixecat el moviment per un habitatge digne i articulat a tot l'Estat la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, gent que no vol assumir deutes de cap casta, que trenca el mite de l'obligat pagament del deute i que vol que s'auditin les administracions a la cerca i captura de màfies públic-privades camuflades; gent que intenta millorar els barris des de les associacions veïnals, des de la base; o de l'economia petita des del variat moviment cooperatiu; també alguns universitaris compromesos, gent ecologista, feminista, internacionalista, mestres de les escoles de la ciutat, organitzacions pel dret a decidir-ho tot; etc.

Barcelona –però també les altres Barcelones d'eixe món que s'aventuren al Ganemos Style, les CUP, el Procés Constituent, els cercles Podem, i el nou municipalisme naixent també a ICV-EUIA–, comença a estar plena a vessar d'encenalls de la crisi, cada cop més ressecs. Les espurnes es converteixen en foc, i el foc amplificat retorna Barcelona a un nou episodi de la “Rosa de Foc”, far internacionalista com fou d'antuvi i com probablement serà en el futur.

Encenalls? Gent que ha posat els seus estalvis d'anys, que l'han enganyada i que ho ha perdut tot; gent gran que ha de treballar fins massa tard i joves que només poden treballar gratis i donant les gràcies; pressions a la gent petita d'inversors, bancs, monopolis corporatius i juristes voltors de procedències èticament putrefactes; dirigents polítics sopant amb els anteriors a diari; pisos buits o turístics i gent sense sostre; invasió de turistes sorollosos bevent líquids i atipant-se de paelles re-congelades en franquícies amb seu a paradisos fiscals; pobres energètics que passen fred a l'hivern; ... en definitiva, possibilitats de conviure bé que es bloquegen.

Tot això i molt més es vol canviar, la gent ho demana. Xiula pels carrers de la ciutat un ventet que diu “Prou, no ho acceptem més, és el moment ideal de prendre les regnes d'aquest nostre món segrestat; prou de fer servir la ciutat com si fos una explotació minera; fem-ho juntes, comencem per baix i anem pujant, canviarem el règim ...o ho intentarem”.

Però el més important és el nou somni per Barcelona. Tot just l'acaben de validar més de 30.000 somiador/es. El somni va d'una ciutat on la seva gent conviu bé, té una vida que mereix la pena ser viscuda, té els drets garantits, i ho fa en harmonia amb la resta del món sense acaparar res a ningú ni a dins ni a l'exterior. Aleshores la seva gent veu menester democratitzar-la, re-articular-la i recuperar-la dels poders fàctics i de visions obtuses, desplegar-hi polítiques sectorials i territorials virtuoses tenint molt en compte no només les competències municipals atorgades per la llei, sinó les capacitats en potència de la ciutat, que en són moltes més. Per exemple en el camp de la relocalització de l'energia, del menjar o de l'habitatge. Per això al somni n'hi diuen «Guanyar Barcelona». Aconseguir que sigui una comunitat biodiversa de comunitats, felices, satisfetes d'intentar controlar el propi destí tot superant l'individualisme i els mantres negatius que provoca la crisi. Un ecosistema en plenitud, s'ho imaginen?

Guanyar la ciutat és guanyar en pràctiques concretes, guanyar les polítiques públiques, i si cal, les institucions del Consistori. Però també obrir espais comunitaris on no hi hagi necessàriament ni mercat ni administració, reforçar els moviments socials i l'associacionisme. No és guanyar seients, ni posicions privilegiades, ni guanyar contra els altres. Guanyar preguntant és guanyar amb els altres, intentant la màxima confluència possible i desplegant generositat vers qui són diferents, en un nou “zapatisme urbà”. Aquest és el somni que tenim.

Guanyar l'habitatge, la salut, l'ensenyament, l'energia, l'aigua, el transport públic racional que no faci fums, les culturetes pròpies, la ciutat comuna i cooperativa, l'economia granular dels petits, les cures dels avis, dels nens, dels malalts, distribuint-les equitativament, recuperar els carrers, les places i els espais verds, ser acollidors amb els nous barcelonin/es, i una bona relació metabòlica amb el medi natural i la resta de pobles d'aquest món. El somni és en codi obert i com fan els indígenes amazònics, totes les persones qui vulguin viure la segona fase -del 16 de setembre fins les eleccions municipals del maig- s'asseuran al voltant de la foguera d'encenalls per interpretar aquest somni en confluència, concretar-lo i fer-lo realitat.

El sistema eléctrico de Barcelona reposa básicamente en manos de un monopolio lucrativo transnacional, Endesa (antigua Fecsa), que en 2013 presentó beneficios netos por valor de 1.879 millones de euros. Los vecinos a los que se les corta la luz por no poder pagarla (pobreza energética) en barrios como el de Ciutat Meridiana son salvados por un muy reciente fondo público del Ayuntamiento de Barcelona dotado con 500.000 € y no por Endesa, que avisa al Ayuntamiento cada vez que alguien no paga su micro-deuda con la compañía. ¿No debería ser la empresa quien tuviera que asumir los impagos como pasivos del negocio? Se desconoce el número de cortes en la ciudad por no existir aún normativa.

Por otra parte Endesa (para quienes trabajan notables espabilados como el ex-presidente Aznar por entre 300 y 400 mil euros anuales, o los vicepresidentes Solbes y Salgado, entre otros miembros de la casta) y el resto de compañías del llamado Oligopolio, han convenido con el PP (y la abstención de CiU) el desguace de las energías renovables para salvar sus intereses fósiles, nucleares y megahidroeléctricos. Lo han hecho principalmente por medio de la retirada de las primas a las renovables –y en cambio no a las energías sucias como el gas– y por medio de la inminente imposición de peajes para instalarse en casa o en el trabajo micro-centrales de generación eléctrica (por ejemplo, paneles solares en las cubiertas de los tejados y balcones).

Endesa y el PP imponen en Barcelona la electricidad sucia procedente principalmente de las centrales nucleares de Tarragona, y las centrales de ciclo combinado (gas) de las cercanías. Suministro eléctrico centralizado para poder controlar el negocio cautivo del suministro a los barceloneses y resto de habitantes del país, justo en tiempos en que podría impulsarse la instalación distribuida masiva de paneles en las cubiertas de los tejados de pisos, casas, escuelas e industrias, evitando electrones sucios y parásitos empresariales. Con una transición de este tipo –en Catalunya lo llamamos “relocalización energética”– la autonomía y ahorro de las familias, comercios, hospitales, fábricas aumentaría, y podrían nacer (como ya está sucediendo en Alemania), iniciativas comunitarias y/o pequeñas de generación, ahorro y consumo de energía, incluso de distribución. Eso sí que sería ser una ciudad “smart”. Además, la ciudad se adaptaría significativamente los límites planetarios que nos imponen climáticamente un cambio de modelo energético, y los barceloneses/as cortaríamos con una parte del acaparamiento energético que la ciudad provoca sobre las poblaciones situadas en las minas de hidrocarburos y uranio, como el Delta del Níger, con Argelia, Qatar y Egipto, principal origen del gas que consumen los hogares en Barcelona.

Pero el punto neurálgico son las redes de distribución, que permitirían redistribuir los excedentes entre quienes los requieran consumir en cada momento. La ley de liberalización del sector eléctrico obliga a segregar entre empresas diferentes la generación de la distribución y el consumo, de forma que el Ayuntamiento cuando generara electricidad en sus propiedades municipales para autoabastecerse por ejemplo, debería crear una empresa municipal de generación (ya la tiene, Tersa se llama), una de distribución y otra de comercialización (estas dos no). El quid de la cuestión radica en que la misma ley estatal que regula el sistema eléctrico define la red como un monopolio natural físico. Para disponer de tu red estás obligado a ponerte de acuerdo con los que dominan actualmente la red. Quién gestiona en Barcelona la red de distribución es también Endesa. Actúa como propietaria de facto y no lo es. Y si el Ayuntamiento quisiera municipalizar y relocalizar la energía, por las razones favorables a la ciudadanía que ya hemos dicho, el monopolio empresarial muy posiblemente se resistiría a ceder la red apelando al monopolio natural, y abriría con toda su potencia un litigio y una campaña de miedo basado en la falta de capacidad técnica del consistorio. Lo haría estratégicamente, para detener un posible efecto dominó en días en que esto es viable. Todo el negocio.

Pero donde mejor que la ciudad de Barcelona para ganar demostrativamente la electricidad a las ciudades secuestradas por oligopolios corporativos que imponen modelos absurdos e inviables a futuro? En Barcelona hay movimientos sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética , la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la FAVB, la Red para la Soberanía Energética, etc ... que lo piden y trabajan. Hay también partidos sensibles al tema, y hay suficiente músculo tanto para aguantar el pulso de un monstruo corporativo, como indignación y sueños para hacer de faro internacional, tal y como lo hacen algunas ciudades alemanas como Hamburgo o Berlín. Todo está en nuestras manos.

El sistema elèctric de Barcelona reposa bàsicament en mans d'un monopoli lucratiu transnacional, Endesa (antiga Fecsa), que al 2013 va presentar beneficis nets per valor de 1.879 milions d'euros. Els veïns a qui se'ls talla la llum per no poder pagar-la (pobresa energètica) en barris com el de Ciutat Meridiana són salvats per un molt recent fons públic de l'Ajuntament de Barcelona dotat amb 500.000€ i no pas per Endesa, que avisa a l'Ajuntament cada cop que algú no paga el seu micro-deute amb la companyia. No hauria de ser l'empresa qui hagués d'assumir els impagaments com a passius del negoci? Es desconeix el nombre de talls a la ciutat per no existir encara normativa.

D'altra banda Endesa (per a qui treballen notables eixerits com ara l'ex-president Aznar per entre 300 i 400 mil euros anuals, o els vicepresidents Solbes i Salgado, entre altres membres de la casta) i la resta de companyies de l'anomenat Oligopoli, han convingut amb el PP (i l'abstenció de CiU) el desballestament de les energies renovables per a salvar els seus interessos fòssils, nuclears i megahidroelèctrics. Ho han fet principalment per mitjà de la retirada de les primes a les renovables –i en canvi no a les energies brutes com el gas– i per mitjà de la imminent imposició de peatges per a instal·lar-se a casa o a la feina micro-centrals de generació elèctrica (per exemple, panells solars a les cobertes dels terrats i balcons).

Endesa i el PP imposen a Barcelona l'electricitat bruta procedent principalment de les centrals nuclears de Tarragona, i les centrals de cicle combinat (gas) de rodalies. Subministrament elèctric centralitzat per poder controlar el negoci captiu del subministrament als barcelonins i resta d'habitants del país, just en temps en que podria impulsar-se la instal·lació distribuïda massiva de panells en les cobertes dels terrats de pisos, cases, escoles i indústries, evitant electrons bruts i paràsits empresarials. Amb una transició d'aquest tipus –a Catalunya l'anomenem “relocalització energètica”– l'autonomia i estalvi de les famílies, comerços, hospitals, fàbriques augmentaria, i podrien néixer (com ja està succeint a Alemanya), iniciatives comunitàries i/o petites de generació, estalvi i consum d'energia, fins i tot de distribució. Això sí que seria ser una ciutat “smart”. A més, la ciutat s'adaptaria significativament als límits planetaris que ens imposen climàticament un canvi de model energètic, i els barcelonin/es tallaríem amb una part de l'acaparament energètic que la ciutat provoca sobre les poblacions situades en les mines d'hidrocarburs i urani, com ara el Delta del Níger, amb Algèria, Qatar i Egipte, principal origen del gas que consumeixen les llars a Barcelona.

Però el punt neuràlgic són les xarxes de distribució, que permetrien redistribuir els excedents entre qui els requereixi consumir en cada moment. La llei de liberalització del sector elèctric obliga a segregar entre empreses diferents la generació de la distribució i el consum, de forma que l'Ajuntament quan generés electricitat en les seves propietats municipals per autoabastir-se per exemple, hauria de crear una empresa municipal de generació (ja la té, Tersa es diu), una de distribució i una altra de comercialització (aquestes dues no). El quid de la qüestió rau en que la mateixa llei estatal que regula el sistema elèctric defineix la xarxa com un monopoli natural físic. Per disposar de la teva xarxa estàs obligat a posar-te d'acord amb els que dominen enguany la xarxa. Qui gestiona a Barcelona la xarxa de distribució és també Endesa. Hi actua com a propietària de facto i no ho és. I si l'Ajuntament volgués municipalitzar i relocalitzar l'energia, per les raons favorables a la ciutadania que ja hem dit, el monopoli empresarial molt possiblement es resistiria a cedir la xarxa apel·lant al monopoli natural, i obriria amb tota la seva potència un litigi i una campanya de por basada en la falta de capacitat tècnica del consistori. Ho faria estratègicament, per a aturar un possible efecte dominó en dies en que això és viable. Tot pel negoci.

Però on millor a que la ciutat de Barcelona per guanyar demostrativament l'electricitat a les ciutats segrestades per oligopolis corporatius que imposen models absurds i inviables a futur? A Barcelona hi ha moviments socials com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la FAVB, la Xarxa per la Sobirania Energètica, etc... que ho demanen i hi treballen. Hi ha també partits sensibles al tema, i hi ha prou múscul tant per aguantar el pols d'un monstre corporatiu, com indignació i somnis per a fer de far internacional, tal i com ho fan algunes ciutats alemanyes com Hamburg o Berlín. Tot està a les nostres mans.