El testimonio de Rita Maestre en su entrevista en la Cadena SER resulta estremecedor. Es moralmente inadmisible que nuestra sociedad, y en particular los poderes públicos, sigan aplicando, en el ámbito de la violencia en Internet contra las mujeres, las mismas viejas recetas de los últimos 20 años. Pero todavía es más grave que, disponiendo entre el arsenal normativo de medidas que permitan, como mínimo, actuar de manera contundente y ejemplar, estas ni se apliquen ni se ejecuten. 

En este artículo, ni toco de oído ni me aproximo desde la Academia a un fenómeno social y jurídico. De hecho, no he sido capaz de escuchar el conjunto de la entrevista. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, el día en que me reuní con una brillante estudiante de una carrera científica, destrozada por el dolor y la ansiedad. En una titulación de hombres, dos protomachitos alfa no tuvieron mejor ocurrencia, para fastidiar a la compañera con el mejor currículum, que tomar una fotografía del aula virtual y publicarla con su teléfono móvil en un servicio de contactos y prostitución, dibujando un perfil de mujer dispuesta a hacer las mayores barbaridades. Mi estudiante se encontraba psicológica y humanamente destrozada. Había experimentado una violación virtual sin necesidad de contacto físico alguno. Su dolor, y el de su familia, eran inmensos. Pusimos a su disposición los pocos medios de los que puede disponer una universidad pública e intentamos la persecución de la aberrante conducta que había padecido. Hoy, casi 20 años después, escribo sobre los mismos hechos en un contexto que no ha dejado de empeorar.

Al caso de la concejal de Madrid pueden sumarse centenares, si no miles, de casos en los que se utilizan las redes sociales y las mensajerías para la pornovenganza. A ello se ha añadido la inteligencia artificial, que se utiliza como instrumento para generar deepfakes de contenido sexual con el claro objetivo de causar el mayor daño posible a las mujeres. Y lo que es todavía más grave: este tipo de agresiones está empezando a ser desarrollado por niños y adolescentes, sin la menor conciencia de estar causando un daño, como conductas normalizadas y, al parecer, divertidas. Añadamos que, en el último año, cada vez que se ha destapado un caso de abuso contra las mujeres, poco después alguien se ha preocupado diligentemente de asegurarse de que la identidad de las mujeres concernidas fuera rápidamente conocida en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Por otra parte, allí donde la tecnología podría ofrecer resultados particularmente interesantes en la lucha contra la violencia de género, no despliega todos los resultados esperables. En primer lugar, porque el sistema VioGén se ha diseñado para operar en aquellos casos en los que ya existe algún tipo de actuación policial-penal y en los que, por tanto, el riesgo es máximo y es altamente probable que algún daño grave se haya producido. Incluso aquí nos encontramos frente a situaciones en las que han existido fallos en el funcionamiento de las pulseras de geolocalización, sin que sepamos bajo qué condiciones se pudo notificar la brecha a las propias víctimas para asegurar su autoprotección. Añádase la cantidad de municipios que, desde el sesgo ideológico, no se han integrado en los programas y, por tanto, carecen de la capacidad de utilizar el potencial de la policía local como cuerpo de seguridad de proximidad para proporcionar seguridad, protección y capacidad de reacción rápida.

Además, basta con entrevistarse con cualquiera de las profesionales que guardan relación con la violencia de género y con la violencia vicaria en el entorno familiar para ser capaces de entender que, salvo en casos muy concretos, no se trata de estallidos repentinos e imprevisibles de violencia, sino que suceden a través de una espiral incremental cuyos síntomas solo son detectables bajo ciertas condiciones. Ello implica, por ejemplo, que los servicios sociales municipales puedan identificar una situación de precariedad en un contexto familiar, incluida la existencia de problemas psicosociales, pero, en virtud de la normativa de protección de datos, tengan severas restricciones a la hora de poder comunicar esta información a otras unidades y/o administraciones. Otro tanto sucede en la consulta médica o en el entorno escolar. Puede que el personal médico o la enfermería en atención primaria identifique las primeras manifestaciones de una situación de violencia psicológica o de leve violencia física, o que en el entorno de la escuela profesores y psicopedagogos detecten que algo anda mal. Por último, en alguna ocasión es posible que la policía local haya intervenido, a petición de los vecinos, en casos en los que se escuchan gritos o molestias en un determinado domicilio. Ninguno de todos estos profesionales posee evidencias significativas suficientes para detectar un escenario de generación de futura violencia de género. Legalmente, tampoco pueden vincular estos datos, que ayudarían a una detección temprana.

Según el  informe de evidencia científica sobre la violencia digital contra las mujeres que ha presentado el Ministerio de Igualdad, el 70% de las denuncias recibidas en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres, como por ejemplo el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), corresponden a violencia digital contra mujeres, el 80% de las mujeres jóvenes entre 16 y 24 años en España ha sufrido acoso en redes sociales y más del 70% de las mujeres a escala global ha experimentado alguna forma de violencia en línea, entendida como «cualquier acto de violencia cometido o amplificado por las TIC que cause daño físico, sexual, psicológico o político».

Comprenderán mis lectoras que el escenario que dibujo no es en absoluto alentador. Resulta sencillamente sorprendente, con estas cifras, la carencia de políticas públicas de las autoridades concernidas para actuar de manera contundente con todas las armas a su disposición en este ámbito. En este sentido, el Canal Prioritario de la AEPD, que inició Mar España y que ofrece datos tan significativos, no estaría siendo aprovechado de manera significativa para la generación de políticas públicas. En mi experiencia, cuando una mujer se encuentra sometida a este tipo de vejaciones digitales, la situación de angustia es tal que difícilmente es capaz de discernir cuál sea la mejor acción a desplegar. Y esto en el caso de personas con un grado de formación universitaria. Imagínense ustedes cuando se carece de las herramientas competenciales adecuadas.

Por otra parte, si se analizan las actuaciones desplegadas, no pueden tildarse sino de anecdóticas. Por ejemplo, sancionar a un niño por crear y difundir un deepfake tiene una importante repercusión mediática, pero no resuelve problema alguno. Las distintas autoridades con competencia en todas y cada una de las normas aplicables a estos supuestos —el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Inteligencia Artificial— suelen tener la capacidad tanto de dictar disposiciones generales de carácter interpretativo como de iniciar acciones de oficio mediante técnicas de auditoría que les permitan conocer con mayor detalle la realidad y, si fuera necesario, ejercer su potestad sancionadora. 

Mediante instrucciones, guías y otros instrumentos las autoridades independientes tienen la obligación de disciplinar el mercado y trasladar a los operadores el compromiso de actuar para proteger los derechos de la mujer. En cualquier caso, ya pasó el tiempo de la mera recomendación buenista. La construcción de una verdadera tutela de la mujer frente a la violencia digital exige una acción sistemática que culmine, si fuera necesario, con la imposición de decenas de sanciones. La ejemplaridad no se construye con notas de prensa en casos anecdóticos sino demostrando a la sociedad una voluntad firme y decidida de actuar sin esperar a cada denuncia mediante políticas estructuradas, eficientes y, sobre todo, firmes.  

Por otra parte, la gravedad de la situación es tal que se impone un impulso político decisivo que conduzca a un endurecimiento de la legislación y a mejorar las condiciones que permitan identificar y perseguir a los responsables. Defender el anonimato en las redes y dejar en manos de la propia autotutela individual la protección de las mujeres agredidas, bajo una falsa concepción liberal de la libre autodeterminación frente al Estado, no solo es un argumento falaz, sino sencillamente indecente.

Existen otros elementos que parece necesario considerar para entender el futuro inmediato. El primero de ellos, y no menor, es el relativo a la alta demanda de recursos energéticos que exige esta tecnología y también de recursos naturales para la fabricación de su infraestructura física. Ello implica una sensibilidad extrema al escenario geopolítico, la necesidad de disponer de recursos energéticos dedicados, incluidas centrales nucleares y el impulso de fuentes alternativas al petróleo-, y la disponibilidad de recursos para su inversión en la construcción y mantenimiento de los centros de datos.

Es probable por tanto que hablar de burbuja sea una mera especulación y, sin embargo, la mera hipótesis este empezando a producir efectos significativos. El no menos despreciable consiste en que los mercados busquen respuesta a un conjunto de preguntas muy sencillas: ¿cuál va ser el retorno de la inversión? ¿cómo van a monetizar estas empresas? ¿cuál es el modelo de negocio? Una primera respuesta apunta a caminos de sobra conocidos: la apertura al uso gratuito y la publicidad.

La monetización de la privacidad un camino antes recorrido

Es importante hacer un poco de historia y recordar que el crecimiento de al menos dos de las empresas que pueden liderar la IA basada en modelos de lenguaje, -META y Google-, se encuentra ligado a la monetización de la información personal. De hecho, el primer pilar en esta monetización ha sido sin duda la publicidad personalizada mediante estrategias de profiling. Este proceso creció tecnológica y económicamente a medida que las posibilidades técnicas potenciaban el crecimiento de las capacidades de extracción, almacenamiento y tratamiento de la información. Y de su historia pueden obtenerse valiosas lecciones aprendidas.

Recordemos que Google y Facebook se posicionaron en su día como operadores dominantes en dos mercados con pocas posibilidades de elección: los buscadores y las redes sociales generalistas. Y recordemos que una y otra compañía no dudaron en adquirir cualquier startup competidora o que pudiera integrar y completar su modelo de negocio. En este contexto la primera gran batalla fue la de las cookies. Una cookie es un pequeño dato que el navegador guarda y devuelve al dominio que la puso cuando se vuelven a cargar recursos de ese mismo dominio. En la práctica inicial de la publicidad online, muchas cookies relevantes eran de terceros: no las ponía la web que se visitaba, sino un dominio embebido que servía anuncios o etiquetas. Cada vez que se visitaba cualquier sitio con espacios publicitarios se cargaba un script/píxel de una red publicitaria y se colocaba una cookie propia en el navegador del usuario. Ese identificador puede ser reconocible por la red publicitaria que lo emitió (y por sus integraciones) y usarse para seguimiento/segmentación entre sitios que carguen sus recursos. Gracias a ello las redes publicitarias pueden acumular páginas vistas, intereses, interacción con anuncios etc., lo cual permite ajustar el target publicitario al comportamiento del usuario. DoubleClick lideró el negocio hasta que fue absorbida por Google.

En esta fase inicial nuestra privacidad se situó en el centro de la cadena de valor. A diferencia de cualquier otro entorno Google podía indexar no sólo cookies sino también nuestras búsquedas, ofrecernos el correo gratuito le abrió la puerta a nuestros pensamientos, ideas y emociones. Por su parte Facebook obtenía datos relevantes en el registro mediante estrategias emocionales, “si me indicas a qué colegio fuiste podré ponerte en contacto con tus antiguos compañeros de clase”, y podía desplegar análisis de esas cookies, y de fingerprints equivalentes, en cada like. Por otra parte, el análisis de la red, la identificación de sus interacciones permite modelar las redes de interacciones como un grafo donde los sujetos son nodos y sus relaciones son aristas. Esto permite analizar y representar las redes. Así, mediante su análisis pueden inferirse las relaciones sociales y emocionales. Con ello iniciaba una nueva frontera para la explotación de la información personal:  la privacidad de grupo. Cuando se tiene la capacidad de catalogar redes, sujetos, relaciones y comportamientos puedes afinar el perfilado de cada persona mediante inferencia relacional. Esta técnica añade una capa de valor ya que no sólo se dispone de información subjetiva sobre un sujeto, sino que también se lo puede situar en un contexto social determinado.

El crecimiento del volumen de usuarios retroalimentó los ingresos publicitarios, no en vano Google y Facebook acabaron siendo las primeras compañías en facturación publicitaria y facilitó las siguientes rondas de inversión en hardware y tecnología. Y ello proporcionó lo que la teoría de la inteligencia artificial necesitaba desde finales de los años 50: grandes volúmenes de datos y recursos de computación. Sin necesidad de entrar en el detalle, baste con señalar que el análisis del lenguaje que te proporciona una red social, el correo electrónico o las búsquedas crece exponencialmente cuando se incorporan nuevos servicios de valor añadido. Por ejemplo, cada imagen que se sube y etiquetas ofrece un contexto a ese lenguaje. El vídeo aporta además sonido. Y esto no es banal. Primero trato de aprender a transcribir lenguaje como servicio de valor añadido y después, por ejemplo, lo integro en la mensajería del móvil ofreciendo al usuario siempre la posibilidad de corregir la transcripción. Lo mismo sucede con las traducciones a otras lenguas. Por otra parte, internet se concibió como una red abierta y solidaria y nada me impide explotarla, copiarla entera mediante scraping.

A partir de aquí, se dispone de las herramientas que caracterizan el momento actual. Se dispone de grandes capacidades para la analítica de datos basados ya no sólo en navegación, sino en la trazabilidad de cada acción en un entorno online, en cada texto escrito o compartido, en cada icono o emoji usado o en cada audio o vídeo emitidos. Además, el ecosistema se enriquece con información contextual gracias a los smartphones en ámbitos que van desde la geolocalización a la información que proporcionan aplicaciones específicas hasta donde la imaginación y los permisos del sistema operativo permiten: -wellness, pulseras de actividad, recomendadores…

Ello proporciona a las compañías un alcance holístico respecto de la conducta humana y desde hace muchos años les proporciona algo más que la explotación publicitaria. Entre otros modelos de negocio podemos referir el análisis de mercados, el soporte a las estrategias de marketing político, la generación de un mercado alternativo e informal en el ecosistema de los medios de comunicación, los influencers, y en muchísimos casos la identificación de nichos de mercado altamente dependientes de las necesidades y aspiraciones humanas desde los servicios de asistencia a la conducción a los servicios de salud. El próximo salto cualitativo apunta a una mejora sustancial de los asistentes personales mejorados desde la interacción a través de chat a la gestión autónoma de tareas al servicio del usuario.

Las interacciones con la IA basada en lenguaje: un salto cualitativo

A nuestro juicio el uso generalizado de servicios basados en IA basada en lenguaje, puede experimentar una salto cualitativo cuando se abran a monetizar con publicidad u otros servicios de valor añadido basados en datos. Formalmente hablando, las políticas de privacidad de entidades como OpenAi o Gemini reproducen fielmente un esquema muy conocido desde la llegada de las redes sociales. En esencia, el usuario debe ser capaz de entender que sus datos van a ser reutilizados tanto para el negocio asociado, incluida la divulgación a terceros, como respecto de finalidades tan genéricas como “mantener y mejorar nuestros servicios”. Por otra parte, se incluyen disclaimers de responsabilidad de manera que aquello que uno sube, declara o comparte, lo hace bajo su exclusiva responsabilidad.

Sin embargo, hay una cuestión absolutamente diferencial, aunque en gran medida compartida y aprendida desde el funcionamiento de las redes sociales. Por mucho que se pretendan categorizar los datos “la conversación” es dinámica y permite obtener cualquier tipo de dato mediante inferencia. Además, en las cuentas de acceso libre y gratuito salvo que expresamente se ofrezca opting-out los procesos que alimentan la IA, las inferencias obtenidas con las interacciones y los resultados pueden usarse para retroalimentar el modelo.

Si nos atenemos a las noticias que se vienen publicando, la relación entre el usuario con este tipo de herramientas tiende a humanizar a la IA. Ello implica un modo muy particular de interactuar que en muchos casos acaba implicando la solicitud de consejo médico, psicológico, económico… El potencial de tratamiento de categorías especiales de datos, ideología etc. crece exponencialmente y con ello los riesgos de manipulación accidental e intencional. Por otra parte, hay dos factores adicionales cuya evaluación resulta de difícil análisis sin conocer el modelo de interacción con el cliente publicitario y su infraestructura. Así, por ejemplo, desconocemos que capacidad de transferencia de información sobre el usuario que usa la IA se implementará, en qué casos la empresa que publicita su producto podrá disponer de información previa sobre este usuario o generarla con otras fuentes en tiempo real. Por otra parte, los mecanismos usados para ofrecer el servicio o producto final pueden ser muy diversos desde un enfoque publicitario que no ofrezca dudas a un modelo conversacional humanizado.

¿Usuario responsable o siervo digital?

Las lecciones aprendidas en el periodo inmediatamente anterior no son nada halagüeñas. Buscadores y redes sociales cimentaron su estrategia desde el cumplimiento de la normativa de protección de datos. La estrategia jurídica fu sin duda brillante. En primer lugar, la errónea concepción del consentimiento y su aplicación por parte de las autoridades de protección de datos sustentó de modo determinante el modelo de negocio. Tanto desde la sociología como desde el derecho se ha demostrado de modo incontrovertido que la suscripción a servicios de red social, buscadores o correo electrónico gratuito no se hace en un marco de igualdad y libertad. Se producen múltiples asimetrías. En primer lugar, ya sea por la dimensión del servicio cuando ocupa una posición de operador dominante ya sea por su especialización, al usuario sólo le queda una respuesta binaria: registrarse o no hacerlo. Para muchos usuarios ni siquiera existe esa opción cuando la consecuencia de optar por no usar el servicio significa su aislamiento social o la pérdida de oportunidades profesionales. Por tanto, la idea del consentimiento libre no es más que una falacia.

Por otra parte, la propia naturaleza del servicio opera en favor de las compañías. Desde un punto de vista material se produce un intercambio de servicios a cambio de información personal. En esto, la estrategia también es brillante. Al recurrirse al consentimiento en lugar de un contrato se despoja al usuario de todos sus derechos como consumidor. Al mismo tiempo se banaliza el valor que aporta ya que, al fin y al cabo, nuestros datos no valen nada hasta que los agrega el proveedor. de nuevo un argumento falaz en un contexto publicitario enfocado al comercio online. Porque si nuestros datos no valen nada, ¿por qué la respuesta de Meta a los límites al profiling en la legislación europea consistió en tarificar el servicio de red social a unos 14 euros/mes?

Por último, de manera implícita el contexto favoreció el traslado de la responsabilidad al usuario. El proveedor del servicio opera como un benefactor al cuál hay que agradecer que proporcione servicios de alto valor social de manera gratuita. Es más, como se defendió en el asunto del derecho al olvido y se nos recuerda una y otra vez, los servicios de buscador y redes sociales son el pilar que sustenta nuestra democracia al soportar el libre acceso a la información y una libertad de expresión sin restricciones. El usuario es un ser absolutamente libre e incondicionado que debería ejercer responsablemente su libre autodeterminación. Si un menor se registra, se debe sin duda a la irresponsabilidad parental. Si alguien propaga el discurso del odio ejerce sus libertades tal vez con estridencia, pero ¿qué hay de malo en ser vehemente?

 En la práctica los hechos se alinean con quienes se han preocupado por el repunte de una sociedad de la vigilancia en manos de leviatanes empresariales, por quienes alertan de los graves riesgos a los que se enfrenta la democracia y por una evolución de la economía capitalista que adquiere tintes autoritarios, que reserva feudos a determinados operadores y pone a las personas a trabajar al servicio de sus intereses generando riqueza con su datos y siendo influenciada desde el algoritmo en su opciones personales, emocionales, políticas y de consumo. Pasamos de ciudadanos a siervos digitales.

Una oportunidad para el cumplimiento

El despliegue de los nuevos modelos de negocio para la IA guarda una diferencia sustancial respecto de sus precedentes: se enfrenta a un marco legal robusto basado en principios muy claros. Desde el RGPD la legislación digital europea pivota sobre dos elementos sustanciales: la garantía de los derechos fundamentales y el sistema democrático y la sujeción del desarrollo a estándares normativos precisos que definiremos como orientación a producto. Ello impone ineludiblemente un proceso de diseño e implementación que debe evitar incurrir en cualquier tipo de prohibición ya sea por contravención de una norma ya sea por que se encuentre directamente tipificada. Este proceso de diseño pasa ineludiblemente por un proceso de análisis de riesgos para los derechos fundamentales que materialmente debería impedir la falacia de trasladar responsabilidades al usuario. El proveedor está obligado a asegurar que no se vulneren derechos fundamentales y a no poner en riesgo ni el Estado de Derecho, ni nuestro sistema democrático.

Por otra parte, los sistemas deben ser seguros para el usuario, no deben causar daño alguno ni en su esfera de derechos, ni en la sociedad ni al propio usuario en sentido psíquico y físico. Para ser entendible una IA financiada con publicidad que materialmente manipulase la percepción y el proceso de decisión de personas vulnerables por razones de salud alentando a la compra de productos milagro, como el hipoclorito contra COVID, vulneraría el artículo 5 del Reglamento sobre Inteligencia Artificial. Pero incluso antes de llegar ahí, desde el Reglamento General de Protección de Datos la empresa proveedora debería saber que el tratamiento de categorías especiales de datos obliga a una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, que esta obliga a verificar todo tipo de riesgos, particularmente en los derechos fundamentales, y a establecer medidas de salvaguardia. Y este no es un ejercicio formalista o teórico: posee un contenido material. Y a nadie se le escapa cuáles son los riesgos de una aplicación capaz de realizar diagnósticos diferenciales y localizar tratamientos. Y tampoco podemos estar tan ciegos para considerar admisible que “todas las personas entenderán un disclaimer del tipo: esto no es un consejo médico”.

 En conclusión, las compañías ya no deberían poder “moverse rápido y romper cosas” o jugar a categorizar sus servicios buscando eludir cualquier tipo de responsabilidad. Y si ellas no lo hacen, corresponderá actuar a los reguladores.

Un error geopolítico y un riesgo para los derechos

 En este contexto las políticas promocionales centradas en la responsabilidad del usuario son absolutamente inanes. Ni sirvieron en el pasado, ni van a servir ahora. Basta con analizar los hechos. El crecimiento exponencial de ChatGpt en 2022 se basó de manera transparente en una estrategia de gamificación propia de las redes sociales y le permitió alcanzar 100 millones de usuarios en pocos meses. Con ello, la compañía que es obvio que había aprendido las lecciones de las redes sociales completó seguramente la última pieza de su modelo de negocio: aprender directamente con interfaces humanos.

Si ahora esta industria siente la necesidad de monetizar la Unión Europea va a ser la primera perjudicada en cualquier dimensión si no se asegura el cumplimiento estricto de las reglas del juego. En primer lugar, pierde en el territorio más obvio. ¿No aprendimos nada en el periodo 2000-2015? ¿No entendemos que definitivamente se pierde la soberanía individual y colectiva? Poner en marcha el modelo de consentimiento para el data-altruism que propone la Data Governance Act es un acto de heroicidad con los requisitos que define el Comité Europeo de Protección de Datos. Pues bien, para cualquier modelo de lenguaje en IA desplegar su servicio de asistentes y recomendadores de salud, de asistente en la compra o de lo que se pueda imaginar, es cuestión de meses y al parecer hemos admitido que le baste un mero consentimiento informado del usuario que nadie lee ni entiende.  

Este estado de cosas perjudica a la competitividad de los innovadores e investigadores de la Unión Europea, a nuestra capacidad de crecimiento. Y es así, porque el esfuerzo de construir los espacios europeos de datos en un ecosistema que garantice la seguridad, los derechos de las personas y la soberanía digital es enorme y requerirá tiempo mientras los grandes proveedores de IA solo necesitan abrir un servicio “healthy” de recomendadores y asistentes de salud para que la población europea en masa les suba su historia clínica.

Y aquí, ya no se tratará de la complejidad de la normativa referida por el Informe Draghi sino de la ceguera de los reguladores que imponen obligaciones de imposible cumplimiento a los operadores locales mientras ejercen sus funciones de control con una lentitud exasperante. El Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Inteligencia Artificial ofrecen poderosas herramientas para disciplinar este nuevo mercado. Lo que resulta sencillamente sorprendente es que la metodología de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto, que tantos recursos consume a los operadores no se aplique por los propios reguladores. Estos riesgos son visibles para cualquier experto y, de hecho, ya han motivado actuaciones de oficio de alguna autoridad.Las campañas bienintencionadas dirigidas a los usuarios no producirán resultado alguno. Carecen de capilaridad y presencia social, y no interesan a su target al que ya han capturado otros intereses. ¿A que velocidad se va a mover la task force on AI enforcement del Comité Europeo de Protección de Datos? ¿En qué medida se van a monitorizar las conductas prohibidas del Reglamento de IA? ¿Qué acciones directas, rápidas y eficaces se adoptarán? 

Se necesitan respuestas claras. Una sociedad asistida por una IA sin una monitorización exigente se deslizará muy pronto hacia territorios de alto riesgo para nuestras libertades que no son difíciles de prever. Ya no hay tiempo para la reactividad diferida basada en denuncias o infracciones. Se impone una acción de supervisión regulatoria continua del mercado, inspirada en la idea de vigilancia poscomercialización, sin renunciar a un acompañamiento en la fase precomercial. Ello implica ejercer las funciones de auditoría de las que se disponen, mantener conversaciones abiertas y directas con la industria y promover el beta‑testing en sandboxes antes del lanzamiento de productos. El diálogo debe ser abierto y constructivo, pero también exigente desde la autoridad normativa.

En las tecnologías de la información y las comunicaciones, ser reactivo exige prepararse para admitir la derrota de las libertades. No nos equivoquemos de nuevo.

Los estudios científicos apuntan a un modelo que fomenta la adicción a las redes, a una situación patológica que está afectando gravemente a nuestra infancia y adolescencia, como acredita el Informe del  comité de expertos del Ministerio de Juventud e Infancia. Es evidente que ello obliga a tomar decisiones valientes y sería de una inocencia naif creer que los operadores no amenazarán con retirarse. Asumir que la enorme dependencia psicológica del público de estos servicios paraliza nuestras políticas públicas sería una mala noticia. Las acciones normativas son urgentes y necesarias y la libertad de expresión se utiliza como una pantalla para tratar de obstaculizarlas.

Para entender la cuestión es necesario referirse a la histórica sucesión de sentencias que enfrentaron a la ACLU (American Civil Liberties Union) con el Gobierno de los EE.UU. a propósito de la Communications Decency Act de 1997 en los tribunales estatales (District Court for the Eastern District of Pennsylvania) y ante el Tribunal Supremo. En estas sentencias se aplicó a Internet la doctrina del libre mercado de las ideas. La primera sentencia definió internet como una conversación global o mundial sin fin y equiparó internet con la prensa escrita. Por ello, no era posible aplicar ningún tipo de limitación al ejercicio de la libertad de expresión y, por supuesto, ningún tipo de control previo o posterior. De acuerdo con estas reglas del juego, las redes sociales prestarían un inestimable servicio público a la ciudadanía ya que pondrían al alcance del ciudadano medio los mismos recursos de los que por ejemplo dispone el New York Times. Sin embargo, esa internet ya no existe.

Como se destacó con el profesor Jose María Vidal en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia la posición de neutralidad de las redes sociales no se sostiene. La realidad es muy evidente: las redes sociales no funcionan con un criterio de ordenación temporal de contenidos y, en general, aplicando un criterio neutral. Su algoritmo responde a un diseño intencional centrado en el perfilado del usuario con fines publicitarios y en promover cualquier contenido que al ser de consumo masivo les permita obtener el máximo rendimiento a costa de nuestra privacidad. Desde un punto de vista técnico el argumento de las redes sociales como distribuidor neutral de contenidos no se sostiene y obliga a un cambio de enfoque por distintas razones. 

Primero, resulta necesario plantearse hasta qué punto una red social con las características que se acaban de señalar debería considerarse un editor. Para sustentar el enfoque de la red social como editor sería necesario acreditar que las decisiones algorítmicas responden a una estrategia no sólo publicitaria y expresan una determinada concepción social, cultural o ideológica de la empresa. Para ello, sería necesario desplegar las potestades de investigación que la Ley, al menos la de la Unión Europea, atribuye a la Comisión y a los jueces. La toma de posición pública de Elon Musk y Mark Zuckerberg ofrece evidencias significativas de ello. 

En el primero de los casos se hace particularmente complicado diferenciar al usuario cualificado de la Red X, pero usuario al fin, del propietario de la compañía. Esencialmente porque ningún usuario posee la capacidad de dirigir al equipo de ingeniería y no es muy frecuente que se realicen entrevistas en prime time para potenciar a una candidatura electoral en Alemania o para calificar de fascista al presidente del gobierno del Reino de España. La propiedad de la compañía no es neutral y todo parece apuntar a que el algoritmo opera de manera neutral. La compañía, del mismo modo que sucede en los medios de comunicación tradicionales, adopta una decisión editorial y lo lógico es que sea fiscalizable cuando pone en riesgo elementos tan valiosos como la convivencia democrática o los derechos de las personas menores de edad.

Por otra, la legislación vigente de la Unión Europea atribuye a la red social una posición de garante. Así, el Reglamento de Servicios Digitales les obliga a disponer de servicios ágiles para que los usuarios puedan notificar incidenciasacompañados de un sistema interno eficaz de gestión de reclamaciones, les impone el deber de detectar, analizar y evaluar con diligencia cualquier riesgo sistémico y particularmente refiere su obligación de establecer medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores. 

En respuesta a ello, Meta ha renunciado a la verificación humana experta (fact-checking) y ha pasado a un sistema de notas de comunidad equivalente al de X. Sin embargo, de acuerdo con el documento interno “P95 spenders” este sistema se mantendría con la finalidad de proteger a los grandes anunciantes respecto del contenido adverso. Si algo demuestra la pervivencia de un servicio “premium” para grandes clientes en Meta es el reconocimiento de la eficiencia del sistema de verificación soportado por humanos expertos. Es decir, es un coste económico viable cuando afecta a clientes “rentables”. Esta opción evidencia que los usuarios “normales” de Meta no son un sujeto de derechos sino un objeto susceptible de explotación económica.

Uno y otro ejemplo, restan toda credibilidad a la invocación de la libertad de expresión como fundamento último de este tipo de decisiones. En los conflictos que afectan al derecho a la información y a la libertad de expresión ha prevalecido siempre un criterio rector que puede rastrearse ya en la seminal obra “The Right to Privacy” de Samuel Warren y Louis Brandeis. El criterio de prevalencia de estos derechos se fundamenta en garantizar la formación de una opinión pública libre como elemento fundante de una verdadera democracia. Ahora bien, este no es un derecho absoluto y requiere de la presencia de interés público en la noticia y veracidad, entendida como diligencia en la comprobación de los hechos. En el ámbito más flexible de la libertad de expresión el ánimo vejatorio, que por cierto suele caracterizar a los discursos de odio, y la garantía de la dignidad operan como límite inexpugnable. Y esta es una regla que aplica sin excepción a todas las personas, no sólo a los periodistas. Y cada usuario debería entender que asume su responsabilidad.

Pues bien, cuando el negocio consiste precisamente en ofrecer un ecosistema para el ejercicio de estos derechos a un público amplio, el despliegue de medidas de gestión del riesgo no es un coste sino una inversión. Y la responsabilidad de la compañía es el corolario necesario para que la norma produzca efectos. En ningún momento, ni una sola norma en la Unión Europea ha promovido censura alguna. Como se ha destacado, las previsiones del Reglamento de Servicios Digitales obligan a las grandes plataformas a disponer de un modelo de análisis de riesgos y a desplegar una batería de medidas para su gestión. 

Como se ha señalado anteriormente las plataformas ni se han diseñado para verificar de modo adecuado la identidad de sus usuarios ni para ofrecer información plural. Un compromiso verdaderamente democrático de las plataformas comportaría un diseño algorítmico que en el espacio no financiado del time line de cada usuario asegurase que pudieran aparecer opiniones diversas. 

Y es aquí donde, sin ningún género de dudas, puede identificarse un riesgo sistémico para la democracia. El consumo de medios ha cambiado de forma radical: el público se queda en el titular y rara vez está dispuesto a profundizar, lo que alimenta el clickbait y facilita la difusión de fake news. Además, la información en formato audiovisual se consume de manera asíncrona y depende cada vez más de los influencers y de su capacidad de redistribución en redes. La conversación en el ágora, como espacio compartido de deliberación, prácticamente ha desaparecido. Hoy, la conversación se despliega desde las plataformas bajo una apariencia de neutralidad y de compromiso democrático con el derecho a la información. 

Por otra parte, como hemos tenido la oportunidad de analizar con el profesor Joan Carles Carbonell en infoLibre, la idea de defender el anonimato en una red social es insostenible e inadmisible en un Estado democrático. Si coincidimos con los tribunales norteamericanos en la idea de que en internet un ciudadano tiene los mismos derechos que el New York Times la consecuencia es obvia: también tiene las mismas obligaciones. Una red social no puede afirmar alegremente que identificar a un sujeto y verificar su edad sea fascismo cuando esta obligación deriva de un ordenamiento democrático en el que el Estado de Derecho garantiza la libre convivencia democrática que incorpora no sólo derechos sino también el deber de ejercerlos responsablemente sin causar daños.  

Este estado de cosas conduce al agotamiento de la paciencia del Estado democrático. En la primera década de este siglo estos operadores depredaron y monetizaron nuestra privacidad ante una legislación dispersa y laxa sobre protección de datos y, probablemente gracias a ello han ocupado posiciones monopolísticas en el mercado publicitario. El modelo de compartición de contenidos ha fracturado los medios de comunicación tradicionales y los hace dependientes de estas plataformas. Y ahora, en el horizonte se aprecia una estrategia de intervencionismo directamente declarado en nuestras democracias, o indirecto mediante la relajación de los controles algorítmicos y humanos. 

Centrar el discurso únicamente en la libertad de expresión puede conducirnos a los mismos errores que cometimos en el ámbito de la privacidad. No aplicar el Derecho en su momento condujo a una acumulación de datos y recursos que ha empobrecido a la Unión Europea y la obliga a diseñar una estrategia propia altamente costosa para poder competir en la investigación y la innovación para su transformación digital. No entender, que nos enfrentamos a un cuestionamiento global de nuestras democracias y a una injerencia intolerable en el gobierno de nuestros Estados supone un riesgo que no nos podemos permitir. 

Quiles no busca tanto el debate como la reacción que éste provoca. Su presencia en universidades, sin autorización institucional, responde a una lógica de provocación que persigue despertar la curiosidad de la población estudiantil y con ella la viralización de sus acciones. El algoritmo premia la confrontación, y Quiles lo sabe. Se trata de una estrategia que combina los medios tradicionales y los digitales. Nadie puede discutir que el conflicto que Quiles construye en la vía pública es noticiable y asegura su presencia en todos los medios. Por otra parte, al interpelar a una población específica, grabar su performance y difundirla en redes activa una cadena de interacciones que alimenta las cajas de resonancia digitales. Además, el consumo de titulares de los medios de comunicación conduce a la caja a aquellas personas cuyo interés es genuinamente informativo. 

Pero el impacto va más allá del momento. Cuando un estudiante pincha en una noticia, en el post de un contacto en redes o directamente en el perfil de Quiles, pero también cuando busca información sobre su universidad o interactúa con contenidos relacionados, el algoritmo comienza a perfilarlo. A partir de ese instante, su experiencia informativa se verá condicionada por esa interacción inicial. Lo que parecía una curiosidad puntual se convierte en una trayectoria informativa que responde a un diseño intencional. Es decir, la acción se diseña para tratar de alcanzar a más de 300.000 potenciales votantes si sumamos la población universitaria de las ciudades visitadas.  

Este fenómeno es especialmente preocupante en entornos universitarios, donde miles de jóvenes están construyendo su identidad política y social. La estrategia de Quiles puede atrapar a muchos en filtros burbuja emocionales en los que únicamente recibirán contenidos afines a una narrativa confrontativa, polarizada y, en ocasiones, basada en estrategias de desinformación. La pluralidad informativa se ve sustituida por la reiteración de consignas, memes y titulares diseñados para reforzar una visión del mundo excluyente.

No se trata solo de maximizar seguidores o monetizar contenidos. Esta estrategia puede ser funcional a una lógica de manipulación electoral. Al generar burbujas emocionales, se condiciona el comportamiento político futuro de miles de ciudadanos que viven en un contexto en el que la percepción de crisis es muy alto.  La polarización no es un efecto colateral, sino un objetivo. La indignación, la victimización y la confrontación se convierten en herramientas para moldear el voto.

Este tipo de prácticas ha sido objeto de regulación por parte de la Unión Europea. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establece obligaciones para las plataformas en relación con la moderación de contenidos, la transparencia algorítmica y la protección de los derechos fundamentales. La estrategia de Quiles, al operar en el límite de la provocación y la desinformación, plantea desafíos que deben ser abordados desde una perspectiva jurídica y ética. Y no es una tarea fácil puesto que, como más arriba se señaló desde un punto de vista objetivo se ha buscado que la estrategia se base en hechos objetivamente noticiables y amparados por tanto por el derecho a la información como por la libertad de expresión del protagonista.

Las universidades, por su parte, se enfrentan a un dilema complejo. Prohibir estos actos puede reforzar la narrativa de victimización. Permitirlos sin control puede poner en riesgo la convivencia y la seguridad. La respuesta debe ser institucional, firme y pedagógica. No se trata de censurar, sino de proteger el espacio académico como lugar de debate plural, riguroso y respetuoso. La gira universitaria de Quiles, inspirada en modelos como el de Charlie Kirk en EE.UU., busca precisamente romper esos consensos. La confrontación física, la viralización de insultos y la instrumentalización del espacio público son parte de una estrategia global que apunta a erosionar los pilares de la democracia. Y otro tanto sucede con los medios de comunicación que obviamente deben informar sobre asuntos de interés público. 

En este contexto, es urgente que los reguladores y la sociedad civil comprendan que el algoritmo no es neutral. La arquitectura digital puede ser utilizada para amplificar discursos de odio, manipular emociones y condicionar decisiones políticas. La libertad de expresión no puede ser una coartada para la destrucción del espacio público. 

No basta con confrontar desde una crítica reactiva y emocional. El camino es otro. En primer lugar, es fundamental considerar que el grado de desconocimiento social sobre el funcionamiento del algoritmo es amplísimo. Y ello obliga a todos y cada uno de los responsables académicos de nuestras universidades a diseñar estrategias formativas que alcancen al conjunto de los estudiantes. La población universitaria debería conocer de primera mano y en un marco de análisis científico y racional en qué consiste este tipo de estrategia, como funciona y qué fines persigue. Y esta tarea puede anclarse en la realidad de los hechos como objeto de estudio en seminarios de análisis y esta formación no requiere crear nuevas asignaturas sino integrar la alfabetización algorítmica transversalmente. Desde el pleno respeto a la ideología de cada persona se impone el deber académico y ético de pinchar la burbuja de filtros desde el mundo físico. 

 Por otra parte, la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York proporciona lecciones valiosas desde muy diversas perspectivas. Aunque a primera vista pueda parecer un movimiento simpático y provocador responde en realidad a una estrategia sofisticada que ha estudiado como funciona el debate en redes y busca contrarrestar claramente los riesgos de la polarización. Es muy difícil evaluar cómo la campaña de Mamdani ha conseguido romper esas cajas de resonancia y devolver el debate público a su lugar natural en una sociedad democrática: la confrontación abierta de ideas ante la opinión pública.  Mamdani ha sido viral en redes, pero de un modo abierto, participativo y, si se admite la expresión, buen-rollista. Su lenguaje parece haber sido claro, entendible, preciso y articulado en la propuesta activa en positivo de políticas públicas de interés para el electorado. Pero al mismo tiempo, ha sido capaz de activar una amplia red de voluntarios y simpatizantes en el mundo físico. Parece que hay otro modo de interactuar con la personalización algorítmica que convendría explorar y adaptar al contexto nacional si queremos construir una verdadera democracia que recupere y privilegie el debate y el diálogo y por encima de una polarización que debería desaparecer.    

En el momento actual abordar el problema de la polarización política algorítmica es urgente para hacer frente a un un marco de confrontación basado en el discurso del enemigo que fragiliza la democracia. Los agentes concernidos deberían entender cuál es el alcance de su responsabilidad.  Las universidades deberían integrar alfabetización algorítmica en el currículum y disponer de mecanismos de respuesta ante este tipo de hechos desde el diálogo y la formación. Necesitan reconocer el escenario de oportunidad analítica y formativa que les brindan hechos como los que aquí se analizan.  Las plataformas deben auditar sus sistemas de recomendación como exige la regulación europea aplicándola de modo adecuado y responsable. Los medios podrían plantearse su modo de abordar estas cuestiones e informar sobre este tipo de provocaciones explicando la estrategia subyacente, no solo viralizando el insulto. Finalmente, los partidos deberían recordar el papel central que les otorga la Constitución Española y ejercerlo desde la responsabilidad desde aproximaciones constructivas, deliberativas y abiertas al diálogo. Todos podemos contribuir a promover una ciudadanía informada que participe en democracia desde el conocimiento en lugar de la mera reacción emocional.

La democracia no se defiende solo en las urnas. Se defiende también en los pasillos de las facultades, en los timelines de las redes sociales, en el modo en que construimos el discurso y contribuimos al debate y en la capacidad de resistir la provocación sin caer en la trampa de la viralización. Vito Quiles no es solo un provocador. Es un síntoma de una época en la que el algoritmo se ha convertido en un actor político. Pero regular algoritmos no significa censurar voces. Significa exigir transparencia sobre cómo las plataformas amplifican los contenidos, prohibir el microtargeting opaco con fines electorales y garantizar que la arquitectura digital no privilegie sistemáticamente la polarización sobre el diálogo ocultando al usuario opciones y visiones alternativas. Como demuestra el caso Mamdani, es posible viralizar sin manipular, movilizar sin polarizar. La pregunta no es si debemos regular, sino cómo diseñamos regulación que proteja democracia sin ahogar debate.

Por ello es necesario plantear una consideración previa. No se puede desconectar nunca una situación de acoso del contexto familiar y social de las personas que acosan y de la acosada. En consecuencia, bajo ninguna condición se propone aquí eximir de responsabilidad a padres y cuidadores. Sin embargo, varios casos sucesivos apuntan hacía una cierta falta de compromiso del centro escolar. Este aspecto es particularmente relevante en la gestión del riesgo en este tipo de situaciones ya que su tarea es determinante para la monitorización preventiva y para la articulación de procesos de mediación y remedio.

Según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) el acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, social y/o virtual producido entre escolares de un mismo centro, de forma reiterada a lo largo del tiempo, tanto en el aula y otros espacios del colegio, como a través de las redes sociales e internet. En 2023 el Informe sobre Convivencia Escolar en Educación Primaria del Ministerio de Educación y Formación Profesional señalaba que un 9,53% del alumnado declaraba haberse sentido acosado y un 9,2% haber sufrido ciberacoso. El 7,7% de las familias creían que su hijo había sido acosado.

Estos datos son coherentes con los del I Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España (2023), realizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ColaCao con datos más contundentes si cabe. El estudio, con un universo de 20.662 estudiantes de las 17 comunidades autónomas, de 325 centros educativos, revela que el 6,2% de los estudiantes entre 4º de primaria y 4º de secundaria manifestó haber sufrido acoso escolar en los últimos dos meses. Por otra parte, el 19,2% del alumnado reconocía haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar, tales como llamar por motes o burlarse. En el caso del ciberbullying, las víctimas de estas situaciones ascendían al 10,3%. Asimismo, se afirma que haber sufrido acoso escolar incrementa el riesgo de sufrir ciberacoso y casi la mitad de las víctimas de bullying (46,4%) reconocía haber sufrido alguna situación de maltrato digital. Resulta alarmante conocer que según este estudio el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. En el caso del ciberacoso, este dato es del 21,1% de las víctimas y del 24,9% de los acosadores. El estudio de Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña (2024) revela que los insultos, motes y burlas son las formas de agresión más frecuentes (87,6%), seguidos del aislamiento (42,6%) y aproximadamente la mitad del alumnado (47,3%) que sufre acoso lo experimenta durante meses, y el 26,6% lo sufre durante más de un año. Por otra parte, cuando se presencia una situación de acoso, el 30,9% de los alumnos y alumnas indica habérselo comunicado a un profesor, el 20,17% a un familiar y el 14,8% a un compañero.

En su trabajo sobre la generación ansiosa Jonathan Haidt señala dos factores muy relevantes no sólo para la plaga de enfermedades psicológicas que padecen nuestros adolescentes sino también para los efectos del acoso escolar. El primero de ellos, consiste en la aparición de un fenómeno de sobreprotección de la infancia desde finales de los años 90 del pasado siglo. El efecto de ello consiste en que la vida social de niños, niñas y adolescentes se despliega fuera de la escuela en entornos reglados como gimnasios, piscinas, clases adicionales o clubes deportivos. Se ha perdido el juego en la calle o el parque y con él los escenarios de aprendizaje sobre conflicto y autorregulación. Además, ello tiene un efecto indirecto respecto de la capacidad de padres y madres a la hora de conocer el entorno social en el que crecen sus hijos. Por otra parte, Haidt subraya el efecto pernicioso de las redes sociales en los que las conductas a imitar pueden ser tóxicos y los referentes sociales influencers. A ello podemos añadir, como pueden retroalimentarse las relaciones tóxicas en juegos sociales interactivos violentos o el impacto de las redes sociales en la maximización de los acosos. Resulta sonrojante tener que explicar a estas alturas que una “broma” en una red social se mantiene 24 horas al día 7 días a la semana y puede no dejar de viralizarse y crecer nunca. En resumen, el escenario en el que el acoso se hace visible, el espacio en el que puede educarse, el ámbito en el que puede atajarse ni es el hogar, ni las relaciones vecinales: es la escuela.

Por ello, la respuesta “son cosas de niños” ante el acoso escolar incipiente constituye una de las formas más perjudiciales de normalización y relativización del problema. El acoso tampoco puede concebirse simplemente como una etapa normal del crecimiento y que las víctimas deben aprender a lidiar con ello por sí mismas. Cuándo un centro escolar no presta atención, cuando trivializa el acoso y no responde se convierte en parte sustancial del problema, lo acoge, lo alienta, lo propaga. Es imposible no intuir que el relativamente alto umbral de tolerancia al acoso se encuentre en la raíz del grave problema emergente. La hipótesis en la que el centro esquive su responsabilidad para proteger su reputación resultaría tan éticamente intolerable que no merece la pena explorarla.

Ni el centro escolar, ni el profesorado pueden seguir mirando hacia otro lado esquivando el problema se hace imprescindible pasar a la acción. Y no se trata sólo de aplicar los protocolos en caso de conflicto. Me refiero al despliegue de políticas proactivas y preventivas. Se supone que esa es la tarea primordial de un docente y promover la convivencia democrática y respetuosa con los derechos fundamentales de los demás un objeto central en el modelo educativo de la Constitución Española.

Al tiempo, es necesario reivindicar políticas públicas de soporte. Se suele afirmar que el profesorado se encuentra desasistido en recursos y menoscabado en su autoridad. Desgraciadamente desde el punto de vista de las situaciones humanas que analizamos no es justificación suficiente. Nunca un titulado superior, adulto y con capacidades debería éticamente rehuir su responsabilidad ante el acoso escolar, y queda por delimitar que piense un juez de su responsabilidad civil. En este sentido, más allá de campañas publicitarias y números de atención preocupa saber cómo están funcionando los planes de convivencia escolar y los eventuales planes de prevención del acoso, y bajo qué condiciones se desarrollan. Pero, sobre todo, como se articulan las políticas públicas que ayudan a su gestación.   

La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia obliga a todos los centros educativos a contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y protección, figura clave para la prevención y respuesta ante el acoso escolar. Parece claro que el coordinador o coordinadora tendrán que desplegarse y su tarea será central. También, lo es, al menos si se atiende a la Guía Técnica publicada por educación editada en 2022, que las tareas de detección que se le asignan implican un cambio de rumbo. Si nos inspiramos en el ordenamiento laboral, al igual que en el caso del acoso psicosocial, se impone una primera etapa de análisis de riesgos y un marco de mantenimiento de los procesos de monitorización. De la misma forma que una empresa debe evaluar los riesgos psicosociales de sus trabajadores y actuar preventivamente, los centros educativos deben identificar sistemáticamente situaciones de riesgo de acoso y desplegar medidas antes de que el problema se consolide. La respuesta rápida, sistemática, ordenada a través de procesos claramente estructurados que generen evidencia verificable también parece imprescindibles.

No parece de recibo que tres años después de la publicación de esta guía se conozca que un centro no dispone de mecanismos ni preventivos, ni reactivos. Es obligación clara y precisa del centro escolar, es el entorno de detección y reacción más cercano a la víctima y es el espacio adecuado para la educación y la concienciación. Por ello se impone un cambio radical de actitud. Al centro escolar no se le debe rendir ni pleitesía, ni agradecimiento por hacer su trabajo, se le debe exigir responsabilidad profesional. Y, si quien me lee se siente desatendido debe tomar rápidamente el camino de la inspección educativa, de los servicios sociales o de la Fiscalía, o todos ellos a la vez. La intervención tardía tiene costes en términos de pérdida de rendimiento académico y consecuencias psicológicas que se extienden a la vida adulta. No olvide que lo que está en juego es el resto de la vida de su hijo o hija. Y a veces, desgraciadamente esa vida podría ser muy corta.

Como buen universitario que se precie aproveché el festivo del Nou d’Octubre para participar en el encuentro de la Red de investigadores en Inteligencia Artificial TELSECTAI y a seguir viaje para celebrar un curso sobre la materia en Granada. Me preocupa pensar en cómo será este último cuando en unas horas lo imparta. Mientras escribo estas líneas suenan voces y retumba el techo con los juerguistas que regresan. Ellos y ellas sí van a dormir. El perfil de edad y apariencia, desgraciadamente es de universitario. También lo es el día: noche del jueves, y son fechas poco propicias para un turismo que por estas fechas es de fin de semana.

Hace una semana que hice la maleta y me fui de casa expulsado por los estudiantes erasmus que alimentan la cuenta corriente de un inversor alemán. Esta es la realidad de las ciudades universitarias como Valencia y por lo que vivo esta noche, Granada. Pero no crean que éste sea un fenómeno que se limita a italianos, franceses y alemanes disfrutando del país, los locales no son menos. Pregunten a los vecinos de la plaza de Honduras.

Es el elefante en la habitación. Este es el día a día de un país que ha exportado su imagen de marca: es el paraíso en el que puedes hacer lo que quieras. Aquí serás feliz, se cena tarde y mal, se está de fiesta hasta las mil y quinientas y nadie te multa o te arresta. Para un profesor que se debe al ejercicio de la razón se hace verdaderamente complicado huir de generalizar y que los lectores confundan la parte con el todo. Es evidente que todos los y las estudiantes no hacen estas cosas. Pero no podemos huir de la realidad, esa parte de ellos que hoy no me deja dormir genera un grave problema de salud pública.

Me pregunto a cuantas personas habrán perturbado el sueño hoy. Entre las brumas del medio sueño desde el que escribo puedo imaginar a personas mayores que no han podido huir de sus barrios de siempre, hoy explotados por depredadores sin escrúpulos para el negocio inmobiliario. Para ellos dormir es crucial. La vejez viene las más de las veces acompañada de un equilibrio precario de enfermedades crónicas y comorbilidades. Puede que alguno de nuestros estudiantes sea la causa remota o directa de la degradación neuronal, o del futuro ictus o del infarto de la persona anciana que vive arriba, al lado o en la fachada de la plaza en la que celebra el botellón.

Pienso en escenarios de riesgo grave para muchas personas. Al fin y al cabo, a mí solo me espera impartir un seminario nefasto y asegurarme de estar atento al cruzar la calle. Bueno y no dormirme al transbordar en el AVE en Córdoba. Pero, ¿es posible que alguien que debe conducir mañana haya sufrido el mismo acoso que yo? ¿Cuántos profesionales de la salud comenzarán a las 8 un turno de 12 horas muertos de sueño con riesgo para la salud de los pacientes a los que atienden? Perdonen la crudeza, la mera posibilidad de que mañana una sola persona se encuentre en riesgo gracias al hedonismo narcisista de unos pocos me revuelve el estómago.

Pero esta reflexión puramente emocional, es la anécdota. La categoría es otra. En el presente inmediato debería preocuparnos lo que para estas personas representamos como país. Al parecer somos la tierra de promisión para borrachos de jueves o, en el mejor de los casos, fiesteros con la expectativa de una marcha que no para hasta las seis de la madrugada. Un país de camareros serviles en el que todo vale para alimentar un negocio que con no poca frecuencia nos da lecciones y nos recuerda que mantiene viva la economía. Un sector de comercio hostelero que prospera gracias a calles peatonales, jardines de 12 km, trenes y aeropuertos, que pagamos con los impuestos de todos. Y, en el caso de los estudiantes, de cada uno de los erasmus que me han expulsado de mi casa, quién me lea debe saber que ha financiado entre el 60 y el 80% del coste de sus estudios. Y hablamos de miles de euros por estudiante, millones de euros del dinero de todas y todos.

Sin embargo, hay algo que me da verdadero pavor. Mis erasmus no son cualquiera. Usualmente proceden de una escuela de negocios francesa y vienen a la Facultad de Economía. Están llamados a dirigir el mundo, o como poco a gestionarlo allí donde desarrollen su carrera profesional. ¿Qué clase de valores les inspiran? ¿Qué valores expresan? Cuando preguntas cuál es la política de convivencia vecinal que se les informa en sus universidades de origen, y en las de acogida en Valencia, te da la impresión de que o no existe o no produce efecto. ¿Cuál es el compromiso de la universidad con los vecinos cuando “sus estudiantes” son los que perturban la convivencia y la paz social?

Por otro lado, o la Policía Local, -y las demás-, carecen de efectivos o bien tienen otras prioridades. Es más, las ordenanzas sobre el ruido, la ocupación de la vía pública o la concesión o control de las licencias de actividad o no son eficaces o no se aplican. Y así, a la bien merecida fama de tolerantes hasta la estupidez se une la ausencia absoluta de esa coerción con música de Wagner de fondo que uno siente en cuanto pisa el suelo de cualquier país no latino de la Unión Europea.

Puede que desde la desesperación del insomnio no esté siendo justo e incluso mi percepción no sea la correcta. Precisamente por ello si yo fuera un político con aspiraciones de gobierno, o de continuar en él, me preocuparía y no poco. Hay un rumor de fondo, una rabia sorda que va penetrando en los vecindarios de nuestras ciudades. Igual, en las próximas elecciones se produce un voto irracional, bastará con que alguien proponga acabar con el turismo y la fiesta.

Sin embargo, hay problemas que nos acompañan desde hace más de un decenio y de los cuales no parecemos tener conciencia. Es posible que cuando matriculamos a nuestros hijos e hijas firmásemos un impreso de “consentimiento informado”. Puede que ese documento haya llegado esta semana a casa. Y, aunque menos frecuente, es posible que a lo largo del curso se entregue una comunicación del profesorado, u otra ficha de consentimiento informado, para alguna actividad docente que puede implicar quién sabe si la grabación y compartición de imágenes de NNA.

Si usted ha recibido el impreso y lee este artículo le aconsejo encarecidamente que marque la casilla del NO. Si ya lo hizo sería bueno que proceda a notificar al centro que revoca su consentimiento para que las imágenes de sus hijos e hijas o los vídeos que se les graben sean compartidas en redes sociales o entornos web abiertos. Decir que SÍ significa ni más ni menos que autorizar la comercialización de estas imágenes y contribuir a un ecosistema educativo que hace entender a sus estudiantes menores de edad que es positivo exponerse en entornos sociales. No obstante, en este artículo se indicarán buenas prácticas que eventualmente podrían considerarse confiables.

Compartir imágenes de escolares no contribuye a ningún fin educativo.

No existe ni un solo plan de estudios de la educación infantil al bachillerato que considere que la exposición pública de imágenes los escolares persiga ningún fin educativo. Tampoco encontrarán una sola habilitación para ello en la legislación orgánica sobre el derecho a la educación ni en cualquier norma legal o reglamentaria en materia educativa. ¡Por eso necesitan de su consentimiento! En cualquier caso, hágase usted una pregunta muy sencilla: ¿en qué área de conocimiento va a mejorar esa personita porque su video se haya compartido en Instagram? Y si la respuesta se refiere a las capacidades digitales del estudiante, debería preguntarse por qué, en lugar de compartir imágenes de seres humanos en edades particularmente vulnerables, no nos dedicamos a compartir vídeos de gatitos.  

En realidad, el único derecho fundamental que hipotéticamente estaría ejerciendo el centro escolar es el de información. Y lo haría con un problema significativo ya que si atendemos a la legislación específica no existe ninguna causa razonable para publicar esas imágenes. Es más, los medios de comunicación convencionales se preocupan y mucho, de asegurarse de las condiciones en las que la fotografía o el video de un menor de edad aparecen en sus cabeceras. Y la realidad es que esto ocurre con carácter excepcional. Cualquier ley que se consulte, la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y las más recientes leyes o proyectos de ley coinciden en un mismo aspecto: es imprescindible garantizar el interés superior del menor. Así que para publicar en un medio abierto información sobre personas menores de edad es imprescindible la concurrencia de un interés público tan relevante como para justificar ese grado de afectación a sus derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. Y por eso le piden su consentimiento.

En realidad, seamos sinceros, lo que el centro escolar está realizando de manera consciente o inconsciente no es otra cosa que su propia promoción comercial. Para que se realice una actividad promocional o publicitaria no es necesario que se genere una expectativa de lucro. A veces existe una motivación inconsciente y probablemente fruto de la buena fe que consiste en poner de manifiesto ante la comunidad que nuestro centro escolar es el mejor y que hacemos cosas muy interesantes. Pero esto no justifica exponer a nuestros niños, y niñas y adolescentes en entornos abiertos. Les propongo un ejercicio muy simple pongan “CEIP” en el buscador, verifiquen qué tipo de imágenes o vídeos se comparten y júzguenlo desde la óptica que aquí se propone.

Si no consientes “discriminas a tu hijo”

Una cuestión muy interesante consiste en que se supone que al firmar el impreso el consentimiento posee la característica de ser libre, específico, inequívoco e informado y manifestado a través de una acción afirmativa. Es decir: podemos decir “no”. Sin embargo, no es tan sencillo. En primer lugar, a nadie se le escapa que el centro escolar ocupa una posición de prevalencia respecto de padres, madres y escolares. No deberíamos hablar de temor reverencial, pero en algo se le parece. Porque lo primero en lo que pensamos es en qué sucederá si nos negamos a consentir en el tratamiento de estas imágenes. A continuación, imaginamos posibles repercusiones en el modo en el que nuestros hijos e hijas pueden ser tratados por el profesorado, por el centro y por el resto de la comunidad escolar desde dos puntos de vista. El primero suele consistir en no estar seguros sobre cómo repercutirá la negativa en la relación académica y en la consiguiente evaluación. El segundo tiene que ver con que de algún modo nos ponemos en evidencia como “esos raritos” que están en contra de lo común y normal.

Además de la autorrestricción consciente de nuestra libertad puede ocurrir algo peor. Una vez manifestamos nuestra negativa es altamente probable que recibamos una llamada del centro indicándonos que o bien nuestra acción impide tomar imágenes al conjunto de la clase o bien que se sienten incómodos porque deberían discriminar a nuestros hijos o hijas de modo evidente. Una y otra posibilidad constituyen infracciones muy graves al Reglamento General de Protección de Datos y convierten por defecto cualquier consentimiento manifestado al centro escolar en nulo de pleno derecho al hacer desaparecer de modo radical la libertad de elección. En tal caso, lo razonable debería ser pertrecharse de pruebas y poner los hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

En cualquier caso, la disyuntiva que nos plantean es de una perversidad y carencia de ética reseñables. Al apelar a sentimientos gregarios de grupo o al hacernos sentirnos culpables como padres, trasladan una presión insostenible a la familia de la persona cuyos derechos deberían tutelar con la intención de que renuncie a los mismos. La obligación ineludible del centro escolar tanto en el marco de la legislación que tutela los derechos de los menores como en la específica legislación educativa consiste en garantizar a toda costa el interés superior del menor.

Ya es dudoso que la mera iniciativa de exponer por ejemplo a niños de educación infantil en YouTube, Instagram o equivalentes no infrinja gravemente este deber. Pero es que, además, la normativa en materia educativa sitúa la garantía de los derechos fundamentales en el centro de las tareas de los entornos educativos. Cuando una familia niega el consentimiento para el tratamiento de imágenes la obligación del centro docente consiste en asegurarse de que se respetará su voluntad, de que ni una sola práctica discriminatoria será posible. Y, ya puestos a ello, me atrevería a sugerir que tal vez sea una magnífica oportunidad para explicar en clase en qué consisten los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos y por qué son valiosos.

Compartir imágenes expone a niños, niñas y adolescentes a riesgos

No se trata de ser alarmistas, pero es bastante obvio que existen riesgos relacionados con la compartición de imágenes de niños, niñas y adolescentes. Voy a limitarme a indicar algunos de ellos. En primer lugar, deberíamos ser conscientes de que una imagen puede ser utilizada como instrumento para realizar búsquedas. Es decir, que un acosador podría tratar de navegar entornos escolares para identificar objetivos y después utilizar capturas de pantalla para tratar de localizar a esos niños o niñas en redes sociales. En el más enfermizo de los casos es posible que se contente con tener esas capturas de pantalla o videos en su ordenador, y aun así no deja de ser inquietante.

Un segundo riesgo se relaciona con la conformación de la identidad digital del menor. En la práctica, muchas de esas actividades escolares que serán objeto de captación y compartición no se corresponden para nada con la identidad y personalidad de los niños y las niñas. Participan en ellas porque no tienen más remedio, porque forma parte de sus obligaciones. Así que cuando no se sienten representados con lo que están haciendo y además les exponen en internet se está conformando una identidad digital del menor contra su voluntad.

En relación con el anterior riesgo existe otro que afecta a la convivencia. En cuanto cualquiera de esas imágenes sea mínimamente ridícula estamos sembrando un futuro acoso digital entre iguales. Porque es evidente que si “bailas mal, tienes un inglés ridículo o no te expresas con claridad”, ese video en internet será utilizado por los matones de turno para ridiculizar y acosar 24 horas al día 7 días a la semana. Y todo gracias a la extraña vocación de exponer a los menores.

El riesgo probablemente mayor es el relativo a los valores que se transmiten. El equipo docente que ha tomado la decisión de compartir esas imágenes no es consciente del mensaje que está lanzando a niños, niñas y adolescentes. Les están diciendo que todas esas redes sociales, que al parecer han causado tanto daño como para que limitemos el uso de pantallas, son algo positivo. Les están educando para posar frente a una cámara, para conceder más importancia a los likes que a su propio valor como personas. Y lo que es peor si el adulto que cuida de mi supervisión está compartiendo mis imágenes en internet, ¿qué tiene de malo que yo me conecte a una red social y qué me exponga? Y este último impacto es demoledor por su incoherencia con los valores que debería abanderar una escuela responsable y por los riesgos que genera largo plazo.

¿Y si recibimos una nota relacionada con la grabación de una actividad con finalidad académica?

Utilizar la tecnología en el desarrollo de actividades académicas puede ser algo profundamente positivo, pero está sujeto a ciertos requisitos. En primer lugar, en ninguna circunstancia puede ser una decisión discrecional del profesorado. Es obligación de éste planificar el curso y definir formal y documentalmente los objetivos que se van a alcanzar y las tareas e instrumentos necesarios para ello. Por lo tanto, si no existe una relación funcional precisa y clara entre el empleo de un medio tecnológico y las finalidades propias de la asignatura en ningún caso podrá utilizarse éste.

En segundo lugar, el profesorado viene obligado a seguir un conjunto de procesos administrativos específicamente reglados. Cuando se trate de una actividad de investigación o innovación que repercute en derechos fundamentales de personas vulnerables lo razonable es disponer de la aprobación de un comité ético, asegurar el principio de no maleficencia y garantizar el derecho tanto a no participar en la actividad como a retirarse libremente de ella cuando se desee sin que de ello derive ninguna consecuencia para el menor. Los incentivos para el consentimiento como obtener un plus en la nota final constituyen por su propia naturaleza manifestación de una grave carencia ética con consecuencias jurídicas respecto de la nulidad del consentimiento.

Por otra parte, tanto en el caso anterior como especialmente si la actividad por su propia naturaleza es obligatoria, debería haber sido adecuadamente supervisada por la persona delegada de protección de datos. Ello implica que no sólo basta con “la notita”. Debe ser un tratamiento debidamente documentado en el registro de actividades de tratamiento, precedido de un análisis de riesgos y en algunos casos de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos y acompañado de políticas de transparencia accesibles y comprensibles. Si una petición de esta naturaleza le llega como una simple comunicación o como una anotación en la agenda escolar, debería plantearse seriamente iniciar la ruta de notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de presentar la correspondiente denuncia ante la inspección escolar exigiendo la apertura de un expediente disciplinario.

Y se llega a esta dura conclusión tras años de predicar en el desierto y de entender que existe una absoluta carencia de implicación del personal docente por ignorancia y falta de formación. En protección de datos las meras recomendaciones no se escuchan mientras que las noticias sobre una sanción corren como la pólvora y generan un efecto de mancha de aceite que extiende la adopción de políticas de cumplimiento en el entorno geográfico inmediato en el que los hechos han acaecido.

¿Entonces no deberían tomarse imágenes?

Lo cierto, y seguramente contraintuitivo, es que la respuesta es afirmativa: ¡claro que pueden tomarse imágenes! Pero hay que hacerlo bien. Para empezar la captación de imágenes con fines promocionales debe informarse de modo muy preciso obteniéndose y tramitándose el consentimiento adecuado. Todos y cada uno de esos niños y niñas de cuento que vemos en catálogos de imágenes y publicidad han llegado los mismos a través de procesos jurídicamente reglados y confiables.

Del mismo modo, el derecho a la información concede al centro escolar la posibilidad de comunicar hechos de interés público relevante. Si nuestro colegio ha vencido en la Olimpiada matemática, ha resultado el mejor evaluado por un informe, o se da cualquier circunstancia de estas características, existe claramente el derecho a informar. Y la información puede ser ilustrada razonablemente con imágenes tomadas y editadas con la debida mesura y proporcionalidad. Lo que desde luego no es un hecho noticiable es que los de segundo de la ESO hayan grabado un video bailando en el gimnasio o lo hayan pasado muy bien en su hotel del Pirineo en la semana blanca. Esto con todos los respetos es otra cosa. Además, cuando se cuenta con un asesoramiento legal responsable se adoptan estrategias razonables en cuanto al modo en el que se captan las imágenes y en cómo se publican. Por ejemplo, nunca deberían publicar un primer plano que haga reconocible a las personas menores de edad y se buscan enfoques generales que dificulten la identificación sin restar valor a la noticia que ilustran.

Por último, el consentimiento para tratar las imágenes de sus hijos e hijas no se puede utilizar como coartada emocional. Porque el argumento final, el más demoledor desde el centro escolar, consiste en afirmar que si negamos el consentimiento no podrán generar recuerdos del paso de los niños y niñas por la escuela. Eso es un argumento falaz. En realidad, este es el escenario más sencillo ya que se basa en la definición de unas políticas de actuación responsable que aseguren que la captación de imágenes es adecuada y no plantee problemas. Además, está sujeta a una precondición indispensable que consiste en una necesaria comunicación formal a la comunidad escolar, al conjunto de padres y madres, sobre la naturaleza específicamente privada de las imágenes y la prohibición de divulgación.

Aquí no basta con un consentimiento informado, cada madre o padre debe firmar un compromiso de confidencialidad y asumir que no podrá compartir las imágenes de otros NNA con terceros ni en redes sociales. Y precisamente aquí es donde el centro escolar puede hacer pedagogía sobre la defensa de la privacidad y explicar a la comunidad educativa el riesgo inherente a la compartición de imágenes en redes sociales.

Ahora que se anuncia la decisión del Gobierno de España de introducir racionalidad en la dieta escolar creo que es el momento de reivindicar políticas públicas estructurales en este ámbito. El Gobierno de España da los pasos correctos a la hora de definir cómo debe articularse la dieta en los comedores escolares, prohibiendo cierto tipo de vending en estos entornos y promoviendo políticas públicas que de algún modo recuerdan a las campañas antitabaco. Será también fundamental el compromiso de la escuela a la hora de educar, no sólo a las niñas y niños, también a sus padres. Desgraciadamente no es la única medida necesaria.

No hace falta ser un experto para entender que existe una alta probabilidad de que en las últimas dos décadas nuestra población haya añadido a factores tradicionales, como la crisis económica y la pobreza, el crecimiento del consumo de ultraprocesados y el sedentarismo y las pantallas. Hoy abundan en nuestros supermercados alimentos baratos que incluyen azúcares o grasas perjudiciales. Mientras, el coste de los alimentos sanos no para de crecer. La socialización del centro comercial y comida rápida es 

seguramente la única al alcance de millones de personas en el umbral de la pobreza. Finalmente, y seguramente la lista de riesgos sea mayor, parece que caminamos de regreso con paso firme a la Antigua Roma, a las infraviviendas sin cocina. Pero ahora alimentadas por comida basura y platos precocinados y ultraprocesados que se recalientan en un microondas. La obesidad de mi generación, y la que está por llegar, anuncian una epidemia de enfermedad y dolor que difícilmente podremos sustentar con el presupuesto público. 

Por otra parte, como señala el Informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia el impacto de las redes sociales impone una normatividad estética cuyos efectos en la conducta alimentaria no son en absoluto desdeñables. No podemos confundir salud, u obesidad, con la apariencia falsaria que las compañías y el colectivo influencer transmiten a la sociedad. Deben ser puestos frente al espejo: son causa de intolerancia, acoso, dolor, enfermedad mental y en casos extremos de la enfermedad y la muerte. Y esto, no debe tolerarse. De lo contrario, en lugar de prevenir la obesidad y promover una cultura alimentaria adecuada podríamos correr el riesgo de que la nueva medicación sirva para promover la búsqueda asistida de cuerpos normativos, desde una normatividad impuesta, enfermiza y al servicio del negocio. 

Por último, las políticas de igualdad y la reducción de la pobreza constituyen sin duda el elemento nuclear. El incremento del salario mínimo interprofesional y el esfuerzo de contención de precios en la cesta de alimentos básicos no deberían ser considerados desde una visión cortoplacista. El sentido común es incompatible con una visión a largo plazo que garantice la sostenibilidad de nuestra sociedad. Es muy sencillo vender la idea de que pagar impuestos es algo pernicioso. En nuestro caso, y desde esta visión, el gordo merece lo que le pasa por su falta de voluntad, por su incompetencia por su debilidad. Y yo, contribuyente joven o de mediana edad sano, no tengo porque correr con los gastos de su glotonería. Pero esto es una falacia. Hasta el más sano de esos contribuyentes enfadados que creen que se les roba envejecerán y necesitarán cuidados que excederán con mucho su propia contribución y, sólo entonces, entenderán la grandeza que implica el modelo de un Estado Social que socializa el coste de la enfermedad y al redistribuir la riqueza y promover una mayor calidad de vida contribuye a la minoración del riesgo. ¿O es que nuestra sociedad de profundas convicciones judeocristianas podría soportar un mundo en el que al que al pobre gordo y viejo se le abandone como infrahumano?

La ciencia abre un rayo de esperanza que las políticas sociales deberían completar. Será sin duda complicado encontrar el punto de equilibrio presupuestario que permita abordar los aspectos clínicos con fármacos que por primera vez han abierto una opción que parece viable. Ya lo fue antes con otros medicamentos. Pero, si lo que prometen los estudios es cierto, los beneficios para la salud cardiovascular y respiratoria de la población, los efectos estructurales sobre nuestra masa corporal, el impacto en enfermedades como la diabetes y la mejora en la movilidad, apuntan la necesidad de incorporar cuanto antes estos medicamentos al sistema de previsión y ponerlos al alcance de la población afectada sin menoscabar o poner en riesgo a las personas diabéticas. A la vez, el modelo de sociedad que alentó la Unión Europea debe mantenerse y prosperar garantizando nuestros derechos. Reducir la obesidad no es lo mismo que cronificarla. Ahora que la farmacopea nos ofrece soluciones deberíamos impulsarlas sin olvidar que el objetivo último no es otro que la igualdad, la dignidad y el bienestar del ser humano. 

Entre las certezas hay dos que resultan claras y ya han comenzado a materializarse. La primera de ellas consiste en una apuesta significativa por la desregulación de los sectores tecnológicos y, particularmente el relativo a la inteligencia artificial. La segunda, directamente relacionada con ella, se refiere al modo en el que los grandes hiperescalares del sector desplieguen o acaten las condiciones que definen el nuevo escenario ante las instrucciones directas y constantes que cada día emite el ejecutivo norteamericano. Porque lo que es indudable es que las políticas que se proponen por la Administración Trump entran en directa contradicción con el marco regulador emergente de la Unión Europea. Por su importancia significativa debemos referirnos a la eliminación de toda política relacionada con la gestión del riesgo para la democracia y las libertades en los entornos sociales de Internet. Y, aunque la proliferación de las noticias falsas y el discurso del odio sean preocupantes, esta no debería ser la única cuestión que centre nuestra atención y puede que ni siquiera resulte la más importante.

No es en absoluto desdeñable el anuncio de una fuerte ronda de inversión pública dedicada por el Gobierno de los Estados Unidos a la inteligencia artificial. Esta iniciativa sumada a la desregulación mediante la retirada de la orden ejecutiva de Biden, anuncia un ecosistema de desarrollo de la tecnología en el que Estados Unidos profundiza en su modelo de innovación flexible y desregulada a la vez que probablemente esté adquiriendo rasgos propios de las decisiones que han alimentado la geopolítica tecnológica del Gobierno chino en los últimos años. Cabe así esperar una aceleración de los procesos de innovación centrada en alcanzar resultados competitivos desde un enfoque poco responsable. Así, la velocidad en el desarrollo y la consecución de los objetivos previamente definidos por un negocio se impondrían a cualquier otra consideración. Y ello incluye la garantía de los derechos de las personas.

No afirmaremos en ningún caso que EE. UU. carezca de las garantías propias de un Estado de Derecho. Sin embargo, la diferencia sustancial reside en un modelo de control jurídico altamente dependiente del resarcimiento por la causación de daños. Es decir, en ausencia de un conjunto de procedimientos normatizados para el desarrollo de la tecnología las compañías operan a partir de las herramientas que se encuentran en el estado del arte. Estas son esencialmente de dos tipos. Pueden acudir a mecanismos de estandarización, como las normas ISO sobre inteligencia artificial o el framework que proporciona el NIST. Junto a ellos pueden aplicar principios o estándares éticos de la inteligencia artificial corporativos o proporcionados por organizaciones como la OCDE.  

El elemento diferencial en términos de riesgo regulador consiste en que únicamente en aquellos casos en los que el resultado fuese dañoso cabría acudir a un tribunal para exigir la correspondiente responsabilidad. Obviamente, esta podría exigirse en materia de propiedad intelectual, -en aquellos casos en los que se considere que, por ejemplo, la utilización de técnicas de scraping ha supuesto un enriquecimiento injusto o un reaprovechamiento de información sin el debido permiso-, a la legislación sobre patentes o a la normativa sobre privacidad cuando se afecte a los derechos de las personas a partir del tratamiento de su información. Pero sea cual fuere la base legal y el procedimiento que se inste para exigir responsabilidad, con toda seguridad esto se producirá cuando el producto ya se encuentra en el mercado, en el largo plazo y con unos costes que no siempre van a ser asumibles para el consumidor, salvo que la cuestión caiga bajo la competencia de la Federal Trade Commision.

Existe otro motivo significativo para la preocupación. Se está ordenando a las compañías norteamericanas renunciar a las políticas de diversidad y discriminación positiva. Imaginemos otro escenario. Hemos asistido al espectáculo ofrecido en la reunión entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos. ¿Es posible que la Administración Trump presione a Starlink para que reduzca o retire el soporte a la conectividad en Ucrania? Esto podría generar serios inconvenientes operativos para el Ejército ucraniano y para el funcionamiento ordinario de la sociedad. A nuestro juicio este es un escenario imposible, pero esta es una palabra que pierde significado cada minuto que pasa. ¿Deberían prever nuestras universidades, hospitales, industria y más de una administración un escenario de este tipo? No es en absoluto banal incluir en sus planes de contingencia la migración a otros entornos y/o la confirmación de las garantías que hubieran recibido de sus proveedores.

En términos geopolíticos esto podría suponer, más allá de la dependencia tecnológica, una pérdida de competitividad europea que el Informe Draghi atribuye a la hiperregulación europea. Debemos subrayar que la Unión Europea apuesta por un mercado regulado y tutelado por distintas autoridades independientes en el tratamiento de los datos de carácter personal, en los ecosistemas de datos no personales y en la regulación específica de la inteligencia artificial. Además, cuenta con el refuerzo de la coerción que proporciona un marco sancionador soportado mediante multas que podrían implicar altísimos costes para las empresas.

Y ese modelo sigue creciendo. Todas y cada una de las decisiones relacionadas con la generación de conjuntos de datos no solo se encuentran sometidas al Reglamento General de Protección de Datos y a las correspondientes autoridades. Aparecen nuevos organismos administrativos ya sea para la gestión del sistema, ya sea incorporando potestades administrativas y capacidad sancionadora. Por otra parte, determinados desarrollos tecnológicos, -desde los dispositivos médicos electrónicos a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pasando por las historias clínicas electrónicas-, exigen seguir un proceso de validación por un organismo notificado para obtener el sello CE que les permita alcanzar el mercado. La asimetría resulta más que evidente. Cualquier compañía norteamericana que acceda a fondos privados y a fondos públicos en sus rondas de financiación va a disponer de un importante músculo económico y de procesos de desarrollo muy flexibles. Así, desplegarán sus productos en un tiempo significativamente más breve que el que se requeriría para sus competidores en el mercado de la Unión.

Llegados a este punto, es evidente, que lo que resultaría más sencillo sería desregular y competir con las mismas armas. Sin embargo, y en esencia, ello supondría no sólo claudicar sino renunciar a los valores que fundamentan nuestras democracias desde la Posguerra. La sociedad algorítmica que se dibuja en el horizonte norteamericano se parece cada vez menos al capitalismo de la vigilancia y emigra hacia el feudalismo digital. Ese modo de ver el mundo puede que genere riqueza, pero va a dejar en el camino a los más vulnerables, arrasar el estado social y obliga a renunciar a una democracia deliberativa que será sustituida por un estado de manipulación emocional permanente. No creo que sea esto lo que nuestras sociedades deseen, al menos no de manera consciente.

Sin embargo, podemos alcanzar el mismo resultado de persistir en el enfoque regulador que ha caracterizado la protección de datos y que no hemos sabido ni dirigir ni enfocar. Con demasiada frecuencia hemos confundido la garantía de un derecho fundamental con su prevalencia absoluta e indiscutible y hemos alterado la posición constitucional de los reguladores. Esta afirmación es dura, pero demostrable. No resulta en absoluto posible creer que esta materia se regula por el RGPD y mediante decisiones fiscalizables por los tribunales. Porque no es cierto. En realidad, en lugar de utilizar los instrumentos interpretativos de naturaleza reglamentaria que sí podrían ser objeto de recurso, el verdadero derecho está siendo generado mediante instrumentos de soft-law, como guías, directrices o informes jurídicos, que no son susceptibles de recurso.

Por otra parte, la generación de estos instrumentos en la mayor parte de las ocasiones no responde a un proceso de diálogo y co-creación sino a un criterio que se impone desde el regulador. Y ello suele arrojar resultados del más variado signo. El más común consiste en promover un grado de excelencia tan elevado como inalcanzable. En el otro extremo del espectro se sitúan las recomendaciones que hacen prevalecer a ultranza el derecho tutelado, a riesgo de la vida de las personas si fuera necesario, como demostró COVID. El resultado final es absolutamente contrafactual. En la práctica la gestión del riesgo regulador es de tal intensidad que paraliza la capacidad de innovación y obliga a los equipos jurídicos a una estrategia defensiva insostenible para las organizaciones. Aquellas que poseen una estructura multinacional pueden decidir dónde sitúan sus desarrollos a los demás sólo les queda emigrar o alquilar su talento a las temibles empresas norteamericanas.

Este estado de cosas obliga a reconsiderar el rol de las autoridades de protección de datos, y de las autoridades de inteligencia artificial y otras que irán surgiendo, en el contexto geopolítico hacía el que nos dirigimos. La independencia, el control regulador sobre el mercado y la defensa de los derechos fundamentales no se preservan mejor desde una grave carencia de políticas públicas que potencien el desarrollo de las tecnologías digitales. Para muestra valga un botón. En estos días se discuten en fase de información pública, las Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation. El documento, contiene un párrafo, el número veintidós que parece apuntar a objetivar el concepto de dato seudonimizado. Si hemos leído bien el resultado será obvio: la anonimización de un dato personal es imposible. Es decir, aunque hayamos realizado un esfuerzo de anonimización muy robusta, aunque dispongamos de un espacio seguro de procesamiento, aunque integremos una intermediación de software que opere como barrera frente a usos indebidos y trace todos los usos, aunque utilicemos tecnologías criptográficas, si el conjunto de datos presenta un riesgo de reidentificación presente o futuro aplicará el RGPD. Es decir, aunque el usuario no pueda reidentificar, aunque el sistema evite ataques externos y ni un solo dato pueda salir del mismo, será un dato personal seudonimizado con todas las exigencias del RGPD. El resultado es evidente: no se podrán generar grandes conjuntos de datos en la Unión Europea porque salvo en el futuro Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios no existen excepciones a la regla del consentimiento ni habilitaciones específicas. Y de existir, dependen de la interpretación del Comité Europeo de Protección de Datos y de las mismas autoridades de protección de datos cuya visión estricta y restrictiva resulta más que evidente.

Por tanto, asumiendo que el marco regulador es imperativo y compartiendo su necesidad y carácter esencial para la garantía de los derechos fundamentales, es evidente que la partida de la geopolítica del dato se juega en los despachos de los reguladores. ¿Entenderán cual es su papel en este nuevo Gran Juego?

Este estado de cosas no sitúa en una posición de muy difícil equilibrio desde el punto de vista de la apuesta europea por la soberanía digital y la regulación como como palanca para nuestra transformación digital. Expuesta de modo sucinto, la política normativa de la UE busca generar un contexto de compartición de datos que alimenten el desarrollo de productos y sistemas basados en inteligencia artificial responsable. Existen poderosas razones para tomar esta decisión. Las lecciones aprendidas con el referéndum del Brexit, los problemas asociados a la desinformación y el discurso del odio y las injerencias de potencias extranjeras en nuestros procesos democráticos mediante la manipulación electoral del electorado necesitaban de una respuesta adecuada.

En su primer acto de gobierno el nuevo presidente de los Estados Unidos ha revocado la orden ejecutiva de Biden en la que establecía ciertos principios mínimos para un desarrollo seguro de la inteligencia artificial en su país. Por otra parte, el último proceso electoral y el posicionamiento del CEO de la red social X en relación con las elecciones en Alemania, apuntan a una intervención directa en los procesos electorales que ya no se plantea como un accidente o un ataque por parte de terceros si no como una decisión empresarial intencional. 

Este escenario ha situado a los reguladores en un contexto en el que la toma de decisiones va a ser particularmente difícil. No sería la primera ocasión. Durante el mandato de Artemi Rallo el equipo de la Agencia Española de Protección de Datos tuvo que tomar políticas de cumplimiento normativo respecto de tecnologías emergentes como la videovigilancia, el cloud computing o en el asunto del derecho al olvido. El liderazgo de nuestro director y la significativa precisión técnica de las decisiones adoptadas definieron un camino que proporcionó seguridad al mercado garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales. Y esta sin duda es una posición de equilibrio muy difícil.

Porque no hay duda de que en el escenario que se avecina la aplicación del marco regulador europeo va a exigir templanza y rigor a partes iguales. Por una parte, a nadie se le escapa que con todas sus imperfecciones las redes sociales se han convertido en un vehículo natural para la socialización y la expresión de opinión. Se trata de un servicio altamente demandado por la población cuyo funcionamiento preocupa en la medida en que puede repercutir significativamente en todas las esferas de nuestra vida. 

En el plano individual las altas capacidades de redes y buscadores a la hora de procesar información personal, y de atribuirle un significado contextual preciso, deja en manos de los operadores un conocimiento profundo sobre nuestras ideas, creencias e incluso sobre nuestras opciones sexuales. Las decisiones empresariales relativas a la retirada de los procesos de revisión dirigidos a preservar los derechos de las minorías podrían incrementar los conflictos y plantear riesgos significativos. La consecuencia lógica sería un crecimiento relevante de los casos que podrían invocar la tutela administrativa de las autoridades independientes o la acción de la justicia.

Por idéntica razón el funcionamiento de los procedimientos de verificación de los bulos y noticias falsas, así como las medidas de prevención del riesgo sistémico en los grandes operadores puede implicar la necesaria acción de la Comisión Europea en el contexto del Reglamento de servicios digitales. De alguna manera al mensaje que se lanza plantea la posibilidad teórica de que se hayan producido cambios en la programación algorítmica que añadan al riesgo de sesgo y burbuja de contenidos decisiones editoriales que promuevan determinadas formas de expresión. En un contexto electoral, ello podría implicar una alteración significativa de las reglas democráticas que exigen el libre contraste de opiniones. Este es indispensable para que la opinión pública pueda adoptar decisiones de voto libres y responsables. De materializarse este riesgo la posición del proveedor del servicio dejaría de ser neutral y debería estar sujeta a responsabilidad.

Asegurar la garantía de nuestros derechos y los principios democráticos en nuestras sociedades implica en el contexto de la transformación digital y la inteligencia artificial un enfoque regulador que al mismo tiempo produce profundos efectos en nuestra economía. Andrés Pedreño y Luis Moreno avanzaron con su trabajo un análisis geopolítico y económico que sitúa la UE por detrás de Estados Unidos y China en la carrera de la IA. Con posterioridad el Informe Draghi ha subrayado como la presión regulatoria afecta significativamente a nuestras capacidades de innovación, investigación y emprendimiento. Si además, lo que se anuncia para el futuro es la desregulación en EE. UU. y un reforzamiento del empuje chino ante el regreso de las políticas arancelarias, el enfoque de la UE se enfrenta a grandes retos. 

Por una parte, los reguladores europeos no pueden bajo ningún concepto renunciar a un modelo constitucional y a una concepción del estado social y democrático de derecho que ha proporcionado a nuestro continente el mayor período de paz y prosperidad que se recuerda. De otra, el modo en el que se despliegue y aplique el Código de Derecho Digital europeo no sólo va a influir respecto de nuestra protección frente a las amenazas, sino que además podría repercutir significativamente sobre nuestra economía. Si desde la templanza y el rigor las autoridades independientes no son capaces de encontrar un adecuado equilibrio es probable que nuestro tejido productivo no pueda asumir el coste regulador. Esto podría tener una consecuencia a largo plazo. En buena medida nuestra aproximación a la innovación tecnológica es la propia de un “early adopter”. Somos capaces de incorporar muy rápido la innovación, aunque no la hayamos producido. Sin embargo, en el futuro podríamos acabar siendo un cliente absolutamente dependiente de lo que produzcan terceros. 

En cualquier caso, desde el mundo jurídico nos enfrentamos a una cuestión prácticamente insoluble por cuanto es de naturaleza geopolítica. Y desde este punto de vista, el reto es extraordinario ya que sitúa a las condiciones de aplicación de la regulación en el centro de la estrategia de la UE y define un nuevo papel para la primacía del estado de derecho y la garantía de los derechos de las personas. De una parte, el nuevo enfoque estadounidense y las decisiones empresariales auguran amenazas que difícilmente se van a poder combatir si la UE no manifiesta una unidad sin fisuras, desde la fortaleza de un enfoque basado en un desarrollo sostenible centrado en el ser humano y con una fuerte resolución jurídica. 

De otra, este marco de acción no puede perjudicar nuestros propios intereses.   De cara a los tiempos que se avecinan el marco jurídico es claro:  la aplicación de los Reglamentos de protección de datos, servicios digitales e inteligencia artificial hará mutar profundamente el rol de los reguladores independientes. Estos, si así lo deciden, podrían experimentar un cambio trascendental y pasar a ser algo más que meros defensores especializados de derechos específicos en el ámbito de la competencia, la libertad de información o la privacidad, para convertirse en un pilar en el sistema de defensa de nuestras democracias. Además, les guste o no, se erigen en un agente económico de primer nivel en la medida en que sus decisiones sancionadoras, y el soft-law van a modular sectores cruciales para nuestra economía. Esta, por sorprendente que resulte, es una de sus principales armas en la medida en la que la disciplina de mercado sea capaz de limitar el riesgo y promover la innovación responsable. 

Y ello, aboca a estas autoridades a un cambio sustancial que podría suponer abandonar posiciones meramente reactivas o preventivas para definir políticas públicas funcionales a los valores constitucionales de la UE que, simultáneamente, proporcionen una gobernanza de la innovación que promueva el desarrollo. Su ejercicio debe ser impecable en su independencia y a la vez balancear derechos y economía de un modo equilibrado y al servicio del bien común en un escenario global de desregulación que apunta a una competencia descarnada. 

Queremos un Smartphone, una Tablet y una consola. Bueno, si no pueden ser los tres, por lo menos la Tablet que sirbe para casi todo. Es que todos en el cole vienen con el Smartphone y se lo pasan muy bien. Todo el rato estan hablando por el WhatsApp, y aunque a veces se enfadan, es muy dibertido. Además, mi hermana dice que sus amigas están todo el rato viendo cosas por el TikTok, yo me pensava que eso estaba proibido, pero me dicen que no, que tu te apuntas diciendo que tienes 14 años y hay maneras de que te cojan. El baile de fin de curso del año pasado de las chicas lo aprendieron allí y después subieron el suyo. Además, ellas aprenden muchas cosas útiles de maquillarse y todo eso. A mis amigos también les gusta mucho porque hay cosas de ser mayor, y de deportes y en el cole jugamos a los retos que están allí y es muy divertido. El otro día dormimos a Guillé pero fue más divertido cuando Juanra hizo el Supermán. Bueno a veces, algunos se burlan de los pringaos pero nosotros no. Además, lo del móvil es superimportante para jugar. En el patio muchos se van a jugar a escondidas, y el finde cuando sales como todos están con el móvil haciendo cosas si no tienes uno no puedes salir y te aburres.

La tablet la queremos porque la pantaya es más grande y así puedes ver pelis y Internet. Mis papás no tienen Netflix ni Disney pero nos han dicho que hay sitios en internet donde ves lo que quieres. Jóse dice que ve videos guarros, pero yo no me lo creo. Además, la Tablet la queremos para hacer trabajos del coeé. Mi amiga Sole saca muy buenas notas porque se copia los trabajos de la Wiquipedia que eso como es como una enciclopedia y es legal y aprendes mucho.

La consola es para jugar. Eso es también superimportante. Cuando llegamos a casa del cole y hacemos los deberes, como no nos ponen muchos nos aburrimos un montón. Como ahora no salimos a la calle como en verano en el pueblo y muchos están en natación o en el futbol no sabes que hacer y leer libros es superavurrido. Y en la consola puedes jugar a coches sobre todo a ese que va de chocarse y hacer carreras ilegales. Además, mis amigos me dicen que si juegas online puedes comprar cajas de sorpresas y todo y que hay juegos de héroes donde compras ropa y armas superbaratas.

Papa Noel y Reyes Magos, a ver si os portáis bien que sólo pedimos tres cosas y hemos sido muy buenos este año.

Mensaje de la corporación Navidad y Reyes.

Estimados padres.

Cómo Vds. saben, el papel que San Nicolás y Reyes Magos S.A. desarrollan al servicio del bien común y el desarrollo económico nos exime de toda responsabilidad. Nosotros somos meros intermediarios y nos limitamos a satisfacer las demandas de nuestros clientes. Entendemos, que en tanto que adultos responsables Vds. han leído y aceptado nuestros términos y condiciones y en ejercicio de la patria potestad que les confieren las leyes civiles son conscientes y asumen plenamente su responsabilidad. Ambas entidades seguimos un modelo de gestión de calidad certificado. En nuestros procesos asumimos que los padres han supervisado debidamente las solicitudes de los niños, niñas y adolescentes, verificamos que el scoring de buena conducta es satisfactorio y procedemos a preparar la entrega de los regalos a los que siempre añadimos una pieza de carbón dulce bajo en calorías y sin conservantes ni endulzantes artificiales. Sirva en consecuencia la presente, para reiterar nuestra neutralidad en el proceso y nuestra ausencia de responsabilidad tanto respecto del producto servido como respecto de su adecuación o ulteriores consecuencias derivadas del uso.

Sin embargo, tras la reciente publicación del Informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia hemos reforzado nuestras políticas de responsabilidad social corporativa. De este modo, ante la petición de regalos como la que propone la carta 1854-5a.CV-ESP remitida por sus hijos debemos recordarle los riesgos asociados a la misma.

En primer lugar, existe una obvia carencia de adecuación en cuanto a la edad de los solicitantes y el tipo de recurso demandado. Hasta hace pocos años la mayor parte de regalos solicitados estimulaban aspectos como la sicomotricidad, el pensamiento crítico, la socialización o fomentaban las habilidades en lectoescritura. En términos menos técnicos, lo que en nuestra jerga interna denominamos ahora “juguetes antiguos”, servían para que niños y niñas compartieran experiencias, hicieran deporte y dejaran volar su imaginación.

El pedido de referencia incorpora dispositivos que incluyen efectos secundarios. Así, todo aquello que incluye pantallas tiende a ser utilizado a escondidas por la noche en el dormitorio. Si bien, no es responsabilidad del fabricante del dispositivo lo cierto es que los brillos y colores de las redes sociales y otros recursos de internet inhiben la síntesis de melatonina y retrasan la llegada del sueño. Además, suelen ser páginas sin fin. Ese scrolling infinito en un menor que no es consciente del paso del tiempo, reduce drásticamente las horas de sueño. Esto produce como mínimo dos efectos. El primero, es que dificulta significativamente la recuperación que proporciona el descanso, y su relación con el crecimiento a esas edades, así como la consolidación de la memoria a largo plazo. Por otra parte, en el día siguiente el cansancio afecta a la concentración y atención de sus hijos en el colegio.

Por otra parte, y vista la carta de sus hijos, es altamente probable que desarrollen adicciones al juego y una alta dependencia de las pantallas. En realidad, es muy posible que la plasticidad neuronal y las capacidades de raciocinio asociadas a las funciones de los lóbulos frontal y temporal del cerebro se vean afectadas. Ello puede implicar una afectación a la capacidad de aprender, razonar y a la conducta de sus hijos. Por otra parte, los juegos que sus hijos proponen para la consola, además de estar prohibidos para este rango de edad, suelen compartirse online con adultos con un lenguaje y conducta que podría no ser apropiada. En cuanto a la tableta, como hasta sus hijos saben, los proveedores de servicios online, aunque deberían tener metodologías de verificación de edad, gestionar los riesgos y daños para los menores, evitar que vean pornografía o contenidos ilegales, se encuentran en una situación parecida a la nuestra. Según vemos en sus notas de prensa, ellos consideran que basta con un conjunto de medidas mínimas, no siempre eficaces, y desde luego les recuerdan que si sus hijos se registran indebidamente, si juegan a juegos violentos, o consumen porno algo habrán hecho Vds. muy mal.

Desde San Nicolás y Reyes Magos S.A. no tenemos la menor duda que nuestros padres y madres saben educar a sus hijos en un uso responsable de los medios tecnológicos. Asumimos que Vds. conocen el grado de madurez de sus hijos y estiman que los regalos solicitados son perfectamente adecuados. También, tenemos la plena confianza en que sus hijos han recibido una adecuada educación y son capaces de comportarse correcta y respetuosamente. Estamos seguros de que sus hijos gracias al control parental no consultarán contenidos ilícitos e inadecuados, presumimos que han sido educados en valores democráticos y jamás se registrarán donde no deben, nunca acosarán a otros niños o niñas, conocen los límites, no consumirán pornografía ni incurrirán en comportamientos sexistas, no apostarán online, consumirán internet prudentemente en tiempo y contenidos, y serán honestos académicamente.

Estamos final y plenamente convencidos que Vds. y los profesores conocen la diferencia entre prohibir y educar, y son conscientes que la erradicación de los medios digitales puede también conducir a crear una generación de analfabetos funcionales, ajenos a todo pensamiento computacional e incapaces de integrarse en un futuro entorno laboral con una alta demanda de competencias digitales.

Por todo ello, salvo respuesta inmediata en los próximos cinco días naturales le informamos que procederemos a servir la consola y la Tablet en Navidad y el Smartphone el día de los Reyes Magos.  

De una parte, el sector público puede ver enriquecido y soportado a su equipo haciendo descansar distintas actividades en desarrolladores expertos en diseño ágil, y ahora en el soporte de IA generativa para la programación o, como es mi caso, en el soporte al cumplimiento normativo, a la revisión de soluciones avanzadas basadas en Inteligencia Artificial o en la garantía de un enfoque de riesgo en la concepción y la aplicación de metodologías de protección de datos desde el diseño y por defecto. De otro lado, el sector privado dependiendo del origen de sus impulsores acude a soluciones de muy diverso tipo. Así, colectivos como DANA Warriors operan desde entornos de mensajería privada de todo tipo. Asimismo, se han diseñado bajo la filosofía de la Web-APP soluciones generalistas o específicas que tratan de resolver necesidades en materias como la logística y la distribución o la identificación de necesidades en marketplaces donde la solicitud de ayudas y la oferta se encuentran y tratan de resolverse de modo ágil. 

 El haber participado en ambas proporciona una visión de conjunto que podría aportar lecciones aprendidas para el futuro.  Las primeras de ellas, se relacionan con el necesario enfoque de riesgos. En primer lugar, las iniciativas ciudadanas a menudo operan de manera independiente, sin una conexión formal con las autoridades locales o los servicios de emergencia. Ello puede generar un efecto llamada que, en palabras del general responsable de la UME, pueden contribuir a alimentar el caos. También, pueden implicar sobresaturación de recursos o una inadecuada distribución de los mismos. Por otra parte, y especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales, estas plataformas pueden no cumplir con las regulaciones vigentes. Por último, la rápida implementación y la naturaleza abierta de estas plataformas pueden hacerlas vulnerables a amenazas de seguridad e incluso a exponer a riesgo a personas vulnerables ante usuarios maliciosos que acudan a las plataformas como pretendidos “voluntarios” para identificar domicilios o personas vulnerables a las que estafar o robar, ahora o en el futuro.

Mi experiencia personal obliga a subrayar públicamente el enorme esfuerzo de este colectivo voluntario y su incalculable valor. Es emocionante asistir en directo a las vidas de personas que desde cualquier posición, -estudiantes, funcionarios públicos, profesionales independientes, investigadores y profesorado o empresarios de todo nivel-, renuncian a su vida personal, a sus trabajos y a su salud y se esfuerzan en turnos de 16 horas para demostrar que la palabra imposible no existe. Es algo más que solidaridad, es una declaración de amor a los demás que nunca será lo suficientemente reconocida. Es un ejemplo de lo que nos hace humanos.

Y con ese esfuerzo nace una explosión de creatividad inmensa que demuestra el enorme potencial que el tratamiento de datos y la transformación digital pueden aportar a nuestra sociedad. Uno se queda boquiabierto cuando aprecia la capacidad de las personas para conectar los puntos y crear. Alguien puede estar pensando, y de hecho lo está haciendo, que existe una excelente aplicación GoCertius que “es un servicio regulado de confianza digital que utiliza el sellado de tiempo cualificado (‘timestamp’) para aportar la máxima seguridad jurídica a los archivos digitales”. Y que eso permite sustituir en tiempos de escasa conectividad a certificaciones, de manera que puedes hacer un escrito, fotografiarlo y certificarlo. Pero ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no hacer fotos de los destrozos en tu casa para la aseguradora? ¿Y si ofrecemos además acceso una calculadora que permita una primera visión de la potencial cantidad a recibir?

Cuando pase la DANA no debemos dejar esta inmensa labor de creación en el olvido. Tenemos una obligación ineludible. En primer lugar, deberíamos analizar la estructura y funcionamiento de las aplicaciones web desarrolladas durante la Dana 2024 y tratar de evaluar la eficacia de estas plataformas en la coordinación de ayuda durante las inundaciones. Además, y no es una cuestión banal será necesario identificar los riesgos legales y de seguridad asociados con estas iniciativas y si procede, proponer mejoras para la integración de estas herramientas con los sistemas oficiales de gestión de emergencias. De modo que se aproveche el caudal de creación mediante su reutilización

Pero, además, es imprescindible emprender dos tipos de acciones en el corto plazo. Deberíamos ser capaces de indexar a las personas que han dedicado su esfuerzo a la innovación solidaria y crear grupos interdisciplinares de desarrollo. Cuando las aguas bajen, hay mucho trabajo por hacer y debería ser el momento de producir una suite de herramientas informáticas funcionales a estas necesidades y mantenerla a medida que la tecnología evoluciones. Un ejemplo paradigmático de ello va a ser nuestra capacidad de integrar sensorización e internet de los objetos. Este esfuerzo debería sin duda integrar a la Administración y los reguladores especializados. 

Y aun así, incluso si fuéramos capaces de empaquetar esas soluciones, de integrarlas de manera eficiente y de compartirlas de modo abierto, libre y gratuito será necesario generar conocimiento y metodología. Porque este proceso es iterativo e imparable y volverá a suceder. Y cuando ello ocurra será imprescindible que existan guías prácticas para futuros desarrolladores de aplicaciones similares y un conjunto de referentes organizativos y funcionales capaces de ordenar el caos. Personalmente espero dedicar parte de mi esfuerzo futuro a esta materia ¿alguien se apunta?

Opinión - Cuando bajen las aguas

Ayer publiqué Cuando bajen las aguas. Tenía un objetivo muy sencillo: compartir desde la emoción las vivencias de una víctima de las inundaciones de 1982. Seguramente las únicas comparables con las que padecemos en la Comunitat Valenciana junto con las del Turia en 1957. Hoy me siento avergonzado, vil, incluso ruin. Mi relato palidece ante la cruda realidad. Nadie puede siquiera aproximarse a lo que ha sucedido en estos días.

El 20 de octubre de 1982 tuvimos una ventana de oportunidad en función de nuestra distancia geográfica con el Pantano de Tous. Durante ocho horas pudimos tomar decisiones y algunas personas las tomaron. Se subieron coches a los barrios altos y algunos, muy pocos, hasta desmontaron muebles. La policía local circuló por el pueblo ordenando subir a los pisos.  Hasta los más imprudentes tuvimos el control sobre nuestros actos y salvamos la vida. Lo que no teníamos en aquellos años era la información técnica y la cultura científica de 2024.

No puedo ni siquiera acercarme a la angustia infinita de las personas que han visto subir el agua subidos a un coche, o en un tren. Trato de hacerlo. De imaginar la terrible sensación de no comprender qué es lo qué te está pasando mientras una muerte cruel llega.  Y honestamente, desde mi más absoluto desconocimiento no puedo dejar de hacer preguntas que vienen de la experiencia.

El refrán valenciano es muy claro “a la vora del riu no faces niu”. Y, sin embargo, parece que los responsables de la legislación sobre vivienda y planificación urbanística no conocían el proverbio ni los modelos geológicos y climáticos. En la ciudad de Valencia las lecciones aprendidas condujeron al Plan Sur, al nuevo cauce del Turia. Y sin embargo hemos autorizado construcciones en zonas inundables. ¿Por qué se autorizaron? ¿Por qué no se incluyó entre las cargas de la urbanización la sobreelevación del terreno y el adecuado encauzamiento de las rieras?

En 1982 el cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja de Carcaixent dejó todo y se desvivió por su comunidad. Desde entonces hemos legislado y dotado de recursos a Protección Civil y nuestro conocimiento y medios han crecido. Se supone que las autoridades responsables de planificar las emergencias deben actuar conforme a protocolos establecidos. Los modelos de gestión del riesgo, presentes en decenas de normas de estandarización, exigen dibujar escenarios que correlacionan la probabilidad de que una amenaza se materialice con su impacto potencial. Hasta el más necio sabe que la probabilidad de DANA en la costa mediterránea es alta o muy alta y que en zonas bajas densamente pobladas el impacto es devastador. Y ello exige un plan de contingencia porque el riesgo resultante únicamente es mitigable en prevención y reparable en los daños.

¿Y si esto es así por qué se eliminó la Unidad de Emergencias de la Comunitat Valenciana? ¿A partir de cuantos muertos resultaría rentable? De hecho, hay una pregunta que me tortura. Cada año hago una advertencia a mis estudiantes. Cuando exista alerta de DANA les prohíbo venir a clase, aunque no se haya suspendido. La experiencia me hizo aprender que el riesgo está en los desplazamientos y no quiero sentirme culpable de un accidente o de una muerte. Esta vez, la Universitat de València suspendió las clases de inmediato y envió a sus trabajadores a casa poco después. Cabe entender que la información que manejó su Comité de Emergencias estaba al alcance del resto de las administraciones. ¿O no?    

En 1982 tuvimos tres fuentes de información: la sirena del pueblo a todo trapo, los altavoces de los coches policiales y la radio. Hace unas semanas en Estados Unidos los servicios públicos de emergencia lanzaron un mensaje tan contundente como claro. Llega un huracán si Vd. no evacúa haga el favor de rotular su nombre en partes visibles de su cuerpo para facilitar la identificación de su cadáver. La pregunta es inevitable. Por qué en el año 2024 en una sociedad hiperconectada la alerta llegó tan tarde. En primer lugar, los medios convencionales no han desaparecido: la radio existe y la gente la escucha. Y para las generaciones que se informan de otro modo existe el teléfono móvil. Sin embargo, en la prevención de emergencias el mensaje sobre lo obvio aunque ayuda a la mayor parte de la población llega tarde para los que van a morir.

En 1982 la economía se hundió. Sufrimos paro y pobreza. Remontar costó décadas y muchos negocios y personas no se levantaron jamás. Y en este contexto hay una lección aprendida. Las políticas de austeridad son ineficientes. No basta con declarar zona catastrófica y dar unas ayudas cuando las personas han perdido todo y el tejido productivo desaparece. Y esta vez el impacto no se ha producido sobre una zona agrícola, ha impactado directamente en polígonos industriales estratégicos para la región y ha afectado a infraestructuras críticas para la comunicación y el transporte. Ahora cada minuto, cada euro, van a contar.

Las víctimas de 1982 esperamos años a obtener información fidedigna sobre lo que sucedió, y una justicia y reparación más que relativas. Hoy esto no es tolerable. Se impone de manera urgente una investigación que analice exhaustivamente todo lo sucedido. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó sobre la DANA desde el viernes 25 y emitió una nota muy precisa el día 28 donde una frase retumba con la sonoridad de un trueno: “5.-Grado de probabilidad: Alto (> 70 %)”. Y el 29 hubo un aviso rojo a primera hora del día. Posteriormente a las 14.30 el aviso especial de fenómenos adversos número 17/2024 del que se podía deducir un riesgo muy alto con claridad meridiana.

En 1982 en Carcaixent tuvimos un margen de acción preventiva de horas. Y hasta el más iletrado sabía que cuando llueve en el cauce alto del Xúquer y el Albaida vendrán muy mal dadas. Como también sabemos que cuando llueve intensamente en la sierra los barrancos desbordan con rapidez y virulencia. Hoy manejamos modelos de previsión muy complejos, y también certeros. Podemos medir casi en tiempo real la intensidad de la lluvia y su impacto en los cauces río abajo. ¿Qué es lo que no ha funcionado?

Ayer escribí Aguas abajo desde la emoción y el miedo. Hoy desde el insomnio y la racionalidad. Enterremos a nuestros muertos, seamos solidarios y empáticos con las víctimas. Pero desde el lunes hay que investigar, obtener lecciones aprendidas y rendir cuentas. 100 familias destrozadas para siempre y comarcas enteras merecen saber.    

A la DANA, la llamaron gota fría en mi época hace ahora 42 años. Recuerdo el 20 de octubre de 1982 a partir de las 12.00. Prácticamente cada minuto. Y sin embargo mis recuerdos en los días posteriores se difuminan se convierten en sensaciones. Ese 20 de octubre yo cursaba octavo de EGB en el colegio público Navarro Darás de Carcaixent, más conocido como el parque por su proximidad al mismo. Cuando sonó la sirena municipal que alertaba del riesgo de inundación salimos todos para casa bajo una lluvia intensa, aunque no torrencial. No sabíamos lo que estaba sucediendo aguas arriba del Xúquer y del Albaida. Recuerdo haber visto el informativo de Televisión Española, Aitana, en el que junto a las noticias sobre las lluvias presentes se hablaba del 25 aniversario de las inundaciones de Valencia de 1957. En mi memoria la luz en la habitación, la luz en todas partes, es gris y mortecina. Es una memoria de años en blanco y negro.

En un arranque de intuición, mis padres decidieron alojarnos en casa de unos familiares lejanos en el único barrio en alto en toda la ciudad. Sin embargo, aquellos, imprudentemente consideraron horas después que “sólo” era una riada más y mejor regresar a casa. Jamás les he perdonado. Llegar a nuestra casa atravesando la carretera que entonces cruzaba la ciudad fue la primera experiencia terrorífica. Por ella ya corría un río a gran velocidad, aunque con una profundidad escasa. Quisiera que imaginen la escena, mi padre y sus cuatro hijos, un chico de 13, dos chicas de 10 y siete respectivamente, y un bebe de unos tres años. Intenten visualizar a mi padre, un señor bajito pero fibroso, con las dos niñas en brazos. A mí con el bebé y a él indicándome, con la triste experiencia que le daba haber vivido toda su vida junto al brazo del Xúquer en Alzira, que debíamos cruzar con sumo cuidado a favor de la corriente, nunca enfrentándonos a ella y con mucha atención ante la posibilidad que las tapas de las alcantarillas hubieran saltado. Aquella fue la primera vez en pocas horas, en la que mi padre salvó mi vida.

Una vez en casa, la escena era realmente tétrica. Sin luz, con una enorme e imposible fuente de hamburguesas que no conseguía comer nadie a la luz de las velas. Cada segundo la cuestión empeoraba y llegó un momento en el que mi padre consciente de la situación obligó a que todos subieran a los pisos altos de la comunidad de vecinos. Éramos una familia humilde, vivíamos en una vivienda de protección oficial y apenas podíamos subsistir con los jornales de la recogida de la naranja en plena crisis económica. Así que los “hombres” de la casa nos pusimos a salvar cosas. Hicimos un único viaje en el que salvamos la televisión y algún enser más que no recuerdo. En el segundo de los viajes de repente a la puerta de casa nos dimos cuenta que la calle era invisible. Una cortina de agua cubría toda la cristalera de la entrada hasta arriba. Mi padre con una enorme sangre fría me sujetó fuertemente en el momento en el que la puerta reventó y una enorme corriente de agua nos desbordó. Esperamos el reflujo al llegar al final de la casa y pudimos salir a favor de corriente y alcanzar la escalera. Por segunda vez estábamos vivos.

Fue aquella una noche terrible. Una de esas noches de transistores. Recuerdo a las mujeres de la casa cocinando sin parar ante la previsión de que, con posterioridad, la falta de electricidad pudriera los alimentos. Aún recuerdo el olor, incluso el sabor de una especie de tortitas de harina cocinadas a modo de pan. Los niños mirábamos por el balcón pasar los coches, los camiones, los barriles y los árboles flotando. El color marrón del agua y la sensación del sonido corriente tenían algo de espectáculo increíble y aterrador a la vez. No había manera de dormir, juraría que hasta que lo conseguimos, se escuchaba de fondo a José María García, informando y anunciando la primera creación o instalación de zonas para la recogida de alimentos, agua y ropa que se iba enviar a la comarca desde varios puntos de España.

Y después, después bajaron las aguas. Les prometo que no soy capaz de saber si fue el 21 o el 22 de octubre hasta mi salida de Carcaixent pocos días después carezco de ningún recuerdo que pueda asimilarse a una fecha con una fecha salvo la lancha de la Cruz Roja y los helicópteros. Nuestra vivienda estaba sobreelevada unos cinco escalones sobre el nivel de la calle, lo cual nos permitió ver el estado en el que había quedado bastante pronto. Cada una de las tres familias de los bajos asistió horrorizada a la ruina de lo que fue su casa, con llantos, con gritos, con desesperación. Y, sin embargo, mi querido padre y yo nos miramos a los ojos conscientes de que nosotros sí pudimos haberlo perdido todo.

A estas alturas mis posesiones se limitaban a los zapatos de los domingos, que por alguna extraña razón decidí vestir, un pantalón de pana y una horrible camisa amarilla a rayas. Y por poco tiempo, porque en cuanto saliera a la calle a recoger los litros de leche que la Guardia Civil estaba repartiendo también iba a perder mis zapatos. Y, sin embargo, no recuerdo haber tenido frío. Seguramente por ignorancia o por desconocimiento todo lo que teníamos acabó en la basura. La biblioteca que mi querido abuelo Gostinet había reunido con un esfuerzo enorme de años acabó en la basura o en casa de aquellos vecinos que tuvieron la paciencia de tomar los libros y exponerlos al sol para que se secaran. A mí apenas me quedan un par de ejemplares. No conservo fotografías propias de mi infancia ni una sola. La memoria y la infancia se fueron con las aguas en unas horas.

Sin embargo, fui afortunado. En el vecino pueblo de Manuel no sólo prepararon alimentos para Carcaixent, sino que estuvieron dispuestos a acogernos en calidad poco menos que de refugiados en sus propias casas. Recuerdo mi llegada en furgoneta al ayuntamiento, y haber bebido con ansia un, dos, tres vasos de leche caliente casi tan buena como el chocolate que alguien me había dado antes en la furgoneta. Y nunca olvidaré nuestra deuda de gratitud con la familia García-Navalón. Pero hay una imagen que quedará en mi memoria para siempre, miento un sonido, no sería capaz hoy de reconocer a aquella mujer. Desolada y a través de los radioaficionados contaba sus familiares que su hermana tratando de salvar objetos de casa se había quedado atrapada contra una pared y había muerto ahogada. Los niños estaban bien.

Los meses, diría que los años posteriores fueron muy duros. Sobrevivimos un corto periodo gracias a una ayuda a fondo perdido del Gobierno, y de la generosidad de la comunidad evangélica de Xàtiva que nos proporcionó vivienda temporalmente, un trabajo y a la vuelta a Carcaixent muebles y ayuda alimentaria. Doy cada día las gracias al esfuerzo enorme y a la generosidad del gobierno municipal de mi ciudad. Lo presidía Vicent Eusebi Pla i Noguera. No quiero olvidarme jamás que, al menos una persona: Arcadio España i Piera. Mi padre, Ricardo Martínez Oliver, era un niño que creció en la posguerra, trabajando duro desde los 10 años. Fibroso, duro, constante, una mula de carga capaz de trabajar a todo trapo 14 horas seguidas. Pero en esa época vivía la indignidad de no poder alimentar a sus hijos en tiempos de crisis agravada por la inundación, en una casa llena de humedades y sin trabajo. Así que dependía del turno de empleo del ayuntamiento. Turno en el que repetía probablemente con más asiduidad de la debida, pero gracias al cual conseguimos llegar con bien al año 84.

A partir de ahí todo es historia. Una generación de desheredados tuvo que renunciar a todo, tuvo que conseguir trabajo y cuando la economía remontó dedicar extenuantes turnos de 60 y 70 horas a la semana trabajando a destajo en la construcción para recuperarse. Algunos, los más afortunados, pudimos acogernos al salvavidas del instituto de bachillerato nocturno José María Parra de Alzira y prosperar trabajando y estudiando la vez. De aquella época sólo me queda dolor, rabia y orgullo. Dolor por la pérdida, por haberme visto obligado a convertirme en adulto de golpe y sin transición. Dolor por la sensación de pobreza, de miseria por esa angustia vital de no saber si llegas a final de mes, por la indignidad de vestir ropa prestada, por carecer apenas de recursos. Rabia al saber que aquello pudo haberse evitado, que los ingenieros civiles del Estado habían previsto una doble presa que no se construyó y por la ineficiencia y lentitud de la justicia no resolviendo a tiempo las debidas indemnizaciones que tan necesarias hubieran sido. Y orgullo de pertenecer a una comunidad solidaria, trabajadora, resiliente.

Y ahora apenas soy capaz escuchar la radio o ver la televisión, porque todo vuelve a repetirse porque ese dolor y esa rabia reaparecen como algo somático, maligno, enfermizo. Sólo me queda pedir que mañana cuando bajen las aguas ustedes lectores y lectoras, la política, la sociedad entera no olviden que para varias comarcas de la Comunitat Valenciana llegan tiempos difíciles y que es ahora cuando el Estado social alcanza todo su sentido y cuando a la irreparable pérdida de víctimas humanas no debería acompañar el olvido sino la solidaridad y el apoyo. Para no dejarnos atrás nunca más.

Una de las principales conclusiones del informe Draghi (The future of European competitiveness-Part A. A competitiveness strategy for Europe) afirma que la falta de competitividad de la industria digital europea puede tener su origen en la existencia de un marco de hiperregulación. Recientemente hemos sabido que las industrias que algunas de las industrias de Silicon Valley han decidido no abrir sus más recientes tecnologías en materia de inteligencia artificial al público de  la Unión Europea debido al riesgo regulador. En este contexto, es razonable plantearse si la UE está adoptando la estrategia adecuada en un contexto en el que se puede hablar de geopolítica de la inteligencia artificial y si esta estrategia la va a conducir directamente al fracaso o a la pérdida de la carrera.

Sin embargo, es probable que esta discusión se esté planteando desde un punto de vista ciertamente maniqueo. Así, para la industria, la Unión Europea estaría planteando barreras insostenibles que le impiden operar en nuestro mercado. Desde el otro lado, se estaría realizando una afirmación radical de la normatividad que chocaría frontalmente con la filosofía empresarial que existe al otro lado del Atlántico. Es probable que uno una y otra aproximación admitan un enfoque que pase del blanco y negro a la escala de grises.

En primer lugar, es bueno hacer historia y recordar de dónde venimos. Y la verdad es que el panorama no es en absoluto alentador. Lo que sucedió cuando las autoridades administrativas independientes y los tribunales de la UE no actuaron con el derecho vigente a su disposición no fue otra cosa que la ley de la jungla. Si el lector prefiere una formulación más suave digamos que las empresas comenzaron a moverse rápido y a romper cosas. Y hoy estamos pagando el precio de aquella filosofía corporativa. Así, en los últimos años hemos asistido a significativos intentos de manipular nuestra democracia. Algunos de ellos como el BREXIT o la manipulación del votante en las elecciones norteamericanas culminaron con éxito gracias a la tecnología proporcionaba por Cambridge Analytica. Y hoy podemos apreciar como el uso de los grandes modelos del lenguaje en el perfilado de los usuarios de redes sociales y su reutilización para configurar su experiencia de usuario, llamémoslo por su nombre para definir filtros burbujas ajustados al target publicitario, permite a terceras potencias y organizaciones delincuenciales delictivas, producir severos daños en nuestras democracias, en la reputación de nuestras empresas y en la economía.

Por otra parte, tenemos un serio problema con los menores. Estamos asistiendo sin duda a los resultados perniciosos de 20 años de desregulación, o si se prefiere, de inacción de las autoridades a la hora de garantizar principios básicos que podemos encontrar en los tratados internacionales y en la mayoría de códigos civiles existentes. Esto es la garantía del interés superior del menor, el principio de no maleficiencia y la exigencia de responsabilidad por daños a aquel que los cause intencional o negligentemente. Cada día nos despertamos temerosos de la siguiente noticia. ¿A qué grupo de niños se le ocurrirá hoy crear una deep fake con las caras de sus compañeras en forma de fotografía o de película porno fabricada con inteligencia artificia? ¿Cuántas nuevas adicciones fomentadas por las redes sociales y las aplicaciones móviles descubrirán psicólogos y pediatras? ¿Cómo está cambiando la plasticidad neuronal y la capacidad de aprendizaje la adición a las pantallas? Así que con toda certeza lo que resulta inmoral desde un punto de vista sociales apostar de modo claro y determinante por la desregulación. Porque ya sabemos a dónde nos conduce. Nos lleva a la pérdida de dignidad humana, a la transferencia de un control sobre nuestra identidad digital y sobre nuestra personalidad a entidades empresariales que pueden negociar con ellas en el mercado. Y esto en materia de inteligencia artificial puede producir consecuencias devastadoras.

Del otro lado también resultaría muy alegre afirmar que la regulación europea es excelente, que resolverá todos los problemas y que seguramente es la mayor pieza regulatoria que vieron los tiempos. No es así. En 2024 cualquier experto les dirá que existen severas carencias en la garantía del derecho fundamental a la protección de datos en la mayor parte de las organizaciones. Por otra parte, desde el punto de vista del conocimiento experto puede afirmarse que el modelo de despliegue en esta materia se ha caracterizado por una aproximación carente de diálogo sectorial. Si la ley es excelente, el nivel de excelencia de las guías publicadas por muchas autoridades de protección de datos, y es probable que en el futuro por parte de las autoridades de inteligencia artificial, a veces es tan excelso que resulta de imposible aplicación.

No olvidemos que la regulación de nuestros derechos desde el punto de vista digital se caracteriza por una dimensión prestacional de alto impacto económico. La implementación del conjunto de medidas necesarias para la gestión del riesgo y para la programación de los sistemas de información exige un alto nivel de inversión no sólo en términos de análisis de datos y programación, sino también desde el punto de vista de la contratación de expertos en el ámbito del derecho y de la ética. Y estos costes, y en esto Draghi desgraciadamente tiene razón, están fuera del alcance de la pequeña y mediana empresa de la Unión Europea. Y así se produce una situación absolutamente contrafactual. Aquellos que rechazan cumplir con las normas de la UE son los que poseen el suficiente músculo financiero para garantizar el cumplimiento. Mientras que los que aparentemente se beneficiarían en términos competitivos del marco regulador europeo carecen de recursos para cumplirlo.

Por eso no basta con ser gigantes reguladores. Es necesario adoptar una estrategia basada en políticas públicas que haga posible y viable el cumplimiento de nuestras normas en el seno de las organizaciones empresariales y públicas en nuestro propio territorio. Ello implica que los reguladores ofrezcan soluciones de cumplimiento normativo viables y sobre todo consensuados. Si además proporcionan estándares y metodologías de libre acceso ahorrarían enormes cantidades de dinero a las pequeñas y medianas empresas que tratan de prosperar en el ámbito de la innovación y la investigación. Del mismo modo, los servicios de intermediación que van a surgir al amparo del Reglamento de Gobernanza de Datos y otras normas como las relativas al Espacio Europeo de Datos de Salud deberían no sólo intermediar en el mercado, facilitando el acceso seguro a los datos, sino también proporcionar capacidades de prestar soporte al cumplimiento en origen por las pequeñas y medianas empresas que van a requerir sus servicios.

Así pues, esta discusión no puede enfocarse desde el maniqueísmo de unos o de otros. Desde el punto de vista de los objetivos que se ha planteado la Unión Europea en esta materia es fundamental impulsar las capacidades de sus investigadores, -y del tejido productivo-, para ser capaces de desplegar herramientas de IA susceptibles de competir en los mercados globales aportando como valor añadido la seguridad, la robustez y el compromiso ético y jurídico con la garantía de los derechos fundamentales y el sistema democrático. De no ser así, tarde o temprano nos veremos obligados a abrir las puertas a aquellas soluciones cuyo desarrollo no se ajusta a los estándares éticos cuando por cualquier razón resulten indispensables. ¿O es que acaso si alguien desarrolla un modelo de sistema inteligencia artificial fuera de la Unión Europea que nos ayude a gestionar la próxima pandemia no lo vamos a comprar?

La policía compareció tras la llamada de los vecinos, alertados por los hijos de la víctima que habían presenciado el asesinato. No teníamos constancia, nunca los habíamos escuchado, parecían una pareja muy normal, apenas los conocíamos…

Este es sin duda un estribillo que se repite con no poca frecuencia en las noticias sobre violencia de género. Cuando existe denuncia, la analítica de datos sobre la VIOGEN se construye ofrece un perfil de riesgo que facilita la adopción de pedidas preventivas, protectoras y reactivas funcionales a dicho perfil. Es este hecho, la existencia de una denuncia la que activa las posibilidades que la legislación específica en violencia de género y, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021 en materia de protección de datos, pone a su disposición. Puesto que la protección policial de las mujeres víctimas de violencia de genero es altamente dependiente de la existencia de denuncias el modelo produce un efecto perverso y desprotege a las que no denuncian.

Este enfoque presenta severos inconvenientes respecto de la prevención temprana de la violencia de género, en la definición de políticas públicas que aborden el problema holísticamente y en seguramente incremente la posición de debilidad en la que se sitúa a la mujer víctima. Esta fue una de las cuestiones que preocupan a las personas que participaron en las Jornadas de Trabajo sobre Protección de Datos y Violencia de Género celebradas en marzo en Universitat de València y organizadas conjuntamente por la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia y la Fundació Protegir VLC vinculada a la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia junto con otras entidades. Desde la apertura de las Jornadas por Aaron Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ajuntament de València, y en todas y cada una de las intervenciones se reivindicó una doble necesidad centrar el objetivo en los agresores y gestionar la información disponible de modo adecuado, coordinado e interinstitucional. 

En las Jornadas se trató de definir las necesidades sectoriales de información de cada uno de los agentes implicados en las políticas de prevención del riesgo de violencia de género y mapear el flujo de información y las interacciones estos agentes. Ello implica además la necesidad de identificar las condiciones de adecuación los tratamientos de datos al ordenamiento jurídico vigente y de definir las eventuales necesidades de innovación normativa. 

El diagnóstico previo resultaba singularmente preocupante. En primer lugar, y a pesar de su incremento, el volumen de denuncias sigue siendo bajo. En el año 2022 se contabilizaron 49 víctimas mortales de violencia de género en España, de las cuales, según las cifras oficiales, se habían denunciado previamente los hechos en un 43% de los casos. Según el Departamento de Interior de la Generalitat, en 2022, solo un tercio de las mujeres asesinadas había denunciado previamente. La Encuesta de Violencias Machistas de Catalunya (2021) sitúa la cifra negra de mujeres que sufren violencia y NO denuncian los hechos en el 81,6%. A ello deberíamos sumar las denuncias que resultan retiradas. Por otra parte, según cifras de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género el periodo de tiempo que pasa hasta que una mujer decide denunciar varía de los 3 años en los grupos más jóvenes pero podría llegar hasta los 26 años de media en los grupos de edad más elevados. 

En este contexto se han planteado algunas medidas como informar a las víctimas de la condición de maltratador reincidente de su agresor. Sin embargo, en el marco de los debates se abrió paso una idea muy precisa: la calidad de la información y su compartición por los agentes públicos implicados en las políticas contra la violencia de género es crucial y su enfoque no puede centrarse exclusivamente en los casos en los que exista denuncia. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el ecosistema de unidades, servicios, administraciones y sujetos capaces de obtener, administrar y tomar decisiones a partir de una información relevante es muy amplio. En el ámbito local, los esfuerzos en esta materia corresponden a la Policía Local o Municipal, los servicios sociales y, cuando existen a los servicios de atención especializada. En una comunidad autónoma esta materia se relaciona con las áreas o departamentos de salud-sanidad, educación, servicios de atención especializada, policía autonómica y servicios o sistemas de analítica de datos propios equivalentes a VIOGEN. En el Estado (AGE), además de los Ministerios de Justicia, Igualdad o Interior y la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, debemos considerar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los jueces y tribunales. Ello sin olvidar a las organizaciones sociales que prestan soporte o representan intereses y al entorno social y familiar. 

Todos y cada uno de estos sujetos pueden percibir una parte de ese enorme elefante que se encuentra en la habitación, pero solo una denuncia permite integrar cada visión en un único sistema de información: VIOGEN o su equivalente autonómico. ¿Y hasta ese momento que sucede? Volvemos a la casilla de salida de este artículo: no existe información sobre esta pareja, sobre agresor y víctima en el sistema de información. Probablemente el psicólogo del centro escolar apreció en aquel niño conflictivo trazas de problemas de origen familiar. Y la enfermera o la doctora del centro de salud identificaron un traumatismo o una situación depresiva potencialmente compatible con la violencia de género. Los servicios sociales tenían información sobre una situación de vulnerabilidad o de alcoholismo. Y la Policía Local había visitado alguna vez la vivienda por denuncias de los vecinos. Pero… no existía información en el sistema porque no existía una denuncia previa de los hechos. 

Cuando se aborda este tipo de supuestos parece existir un consenso unánime entre las expertas respecto del hecho que la valoración adecuada de cada unidad por separado es muy dependiente del acceso directo o indirecto a toda la información disponible. ¿Podría haber confirmado el centro de salud sus impresiones de cotejar una situación de especial vulnerabilidad en servicios sociales? No se trata de una necesidad de información exhaustiva, bastaría con algún tipo de alerta limitada a la información estrictamente necesaria. A día de hoy, salvo contadas excepciones existen marcos de cooperación y/o confianza interinstitucional informales o formalizados mediante acuerdos de colaboración de distinta naturaleza. Pero no existen sistemas de información compartidos que permitan volcar aquella información estrictamente necesaria. Y ello, sin duda afecta a la posibilidad de construir soluciones holísticas o definir una estrategia de prevención coordinada y global que integrase dinámicamente marcos de cooperación interdepartamental. 

Evidentemente, las personas expertas identificaron barreras en el acceso a la información derivadas de la protección de datos. El marco regulador del derecho fundamental a la protección de datos cumple con una función determinante en la definición de políticas públicas altamente dependientes del manejo de información personal de alta repercusión en el derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de datos, incluido el manejo de categorías especiales de datos. Cualquier limitación de este derecho (SSTC 292/2000 y 76/2019) obliga a: 1) identificar un valor constitucional relevante que la justifique; 2) asegurar la debida predeterminación y precisión normativas; 3) verificar la proporcionalidad de la medida (idoneidad, intervención mínima y presencia de interés público relevante o prevalente) y , 4) adoptar garantías adecuadas respecto de los derechos las personas cuyo derecho fundamental resulte limitado. 

Desde un punto de vista práctico, existe una tendencia a la autorrestricción en el manejo de información ante el riesgo de infringir este marco normativo, pero también a acudir a procedimientos informales. A ello cabe unir una formación insuficiente del personal que genera tanto el riesgo de no tratar información como el de incumplir la Ley. Por otra parte, salvo excepciones muy puntuales, y a pesar de los enormes esfuerzos de la Agencia Española de Protección de Datos, no se desarrollan protocolos, esto es patrones de privacidad formalizados aplicando la metodología de la protección de datos desde el diseño y por defecto. En consecuencia, no existe una guía clara que permita definir un modelo preciso de usos, gestión y compartición de la información con seguridad jurídica y procesos estandarizados.  Resulta urgente por ello y debe reivindicarse una revisión interpretativa, pero también proactiva, del marco jurídico que permita:

- Definir un modelo de tratamiento de la información personal en la prevención de la violencia de género en sus estadios tempranos.

- Identificar barreras o espacios necesitados de mejora en la calidad normativa.

No basta con tener a la víctima protegida en una jaula de oro. Si la política pública incluye entre sus dimensiones la prevención, incluida la interacción con un agresor “potencial”, resulta necesario profundizar en la naturaleza de las tareas que acomete la educación, la sanidad o los servicios sociales y dotarlas de instrumentos eficaces. Un adecuado manejo de los datos resultaría aquí un elemento central.  Sin duda el diseño de tratamientos y sistemas de información debe basarse en los valores que propugna la Unión Europea asegurando un uso de los datos al servicio del bien común, un diseño basado en el respeto de la dignidad humana y la garantía de los derechos fundamentales, un enfoque de riesgo capaz de identificar los problemas del tratamiento y resolverlos y una metodología, también en la propuesta de normas, basada en la protección de datos desde el diseño y por defecto.

Sin duda, la posición aquí mantenida será discutida por los paladines de la privacidad. Nuestro modelo constitucional de garantía del derecho fundamental a la protección de datos nace de un miedo atávico y justificado entonces al tratamiento de información personal por el Estado. Sin embargo, como se señaló en Agenda Pública en 2021 es necesario entender que nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Hace unos años, la Agencia Española de Protección de Datos no tuvo el menor empacho en establecer una excepción al entonces llamado derecho de información en la recogida de datos por abogados y procuradores directamente basada en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. La inferencia era muy sencilla para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes había que negar esta información a las demandadas hasta la interposición de la correspondiente acción. ¿Merece alguna consideración desde la interpretación constitucional gestionar el riesgo para la mujer desde el primer momento? O tal vez, y perdonen lo duro de la expresión, ¿podemos limitar el derecho fundamental a la protección de datos a partir de la primera ostia recibida y sólo si hay denuncia o existe margen para una prevención más fina? 

En protección de datos es común, realizar análisis de riesgos. Ello nos obliga a establecer una matriz de riesgo que relaciona la probabilidad de que un evento suceda y la naturaleza del daño que podría producir. Por baja que sea la probabilidad de enfrentarse a una situación capaz de degenerar en violencia de género el impacto es incalculable. El sufrimiento, el daño psíquico y emocional para el entorno familiar trasciende generaciones. Los daños físicos, la pérdida, la muerte son sencillamente intolerables. Y deberíamos hacernos una pregunta: ¿pudo una intervención social gestionar el riesgo? En un supuesto óptimo por su benignidad, ¿pudo contribuir a evitar que una persona también vulnerable se convirtiera en agresor? Si la respuesta es afirmativa, deberíamos apostar por cambiar las cosas.   

El derecho existente, ofrece metodologías y garantías suficientes en el control de los procesos de tratamiento de la información. Sin embargo, desde el punto de vista de la legitimación para el tratamiento sea necesario un rediseño de la legislación que permita la coordinación de esfuerzos que aquí se reivindica. Y en este camino legislativo seguro que podemos dotar al sistema de las debidas garantías y controles que aseguren los derechos de las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento y el objetivo final: salvar vidas.     

Mucho ha llovido desde entonces y bien poco hemos mejorado. Nuestro espacio de vida privada se ha ido reduciendo y el marco de disposición que constitucionalmente proporciona el derecho a la propia imagen se ha diluido hasta casi desaparecer en ciertos contextos. Así, y a pesar de que legalmente el Reglamento General de Protección de Datos obliga a desarrollar los entornos digitales aplicando la protección de datos desde el diseño y por defecto, ésta no parece alcanzar a la gestión de la imagen.

En la práctica, la ausencia de responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la información ha operado desde la presunción de licitud en la subida de cualquier imagen por un usuario. La única barrera integrada en las plataformas consiste en la posibilidad de bloquear el etiquetado. Resulta sin duda demasiado costoso e ineficiente generar un contexto de solicitud de permisos o de alertas previas a las personas afectadas. Ello implica que si alguien publica nuestra imagen tenemos más posibilidades de reacción si no bloqueamos el etiquetado y si somos usuarios de la red. Si no es así, lo más probable es que nuestra imagen, y la información que pueda contener, circule por las redes sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento. De facto, la propia imagen, que en su conformación constitucional se construye como un derecho de naturaleza reactiva resulta ineficiente ante la completa ausencia de instrumentos de control material sobre la publicación en internet.

A la carencia de metodologías de gestión y obtención del consentimiento debemos sumar las actitudes que despliegan los propios usuarios de los entornos digitales. Me refiero a miles de padres y madres que comparten bulímicamente fotos de sus hijos e hijas conformando un determinado perfil digital, desde la ecografía y durante la infancia, y normalizando la renuncia al derecho a la vida privada. Fenómeno, al que no son en absoluto ajenos los entornos escolares que ya sea por una transparencia y presencia pública malentendida, ya sea por la necesidad de competir en el mercado de la captación de matrículas, se suman a la cultura de la explotación de la imagen. Si se añade la carencia de competencias digitales del profesorado es obvio que la generación analógica será la última que entienda a Abigail Roberson.

De hecho, en el último lustro el derecho a la propia imagen se enfrenta a una vuelta de tuerca: los filtros. El “arreglo” que proporcionaba Photoshop, el más conocido de los programas profesionales de edición, se ha puesto al servicio de cualquier usuario. Parece razonable editar una imagen para mejorar su luz, contraste o calidez. Sin embargo, se trata de algo más significativo. Basta con buscar “filtros” para encontrar decenas de aplicaciones. Una de ellas “permite corregir imperfecciones de la piel, modificar facciones del rostro, blanquear tu sonrisa, ponerte un bronceado, marcar tus pómulos o hacer tus ojos más grandes”. Otra de las aplicaciones proporciona “más de 100 filtros, más de 40 efectos diferentes y más de 20 herramientas libres de edición”. Al igual que ya sucediera con los buscadores surgen alternativas como Be Real, una aplicación móvil-red social en la que se dispone de un máximo de dos minutos para tomar y compartir una fotografía que no puede ser retocada. 

En cualquier caso, la presencia y uso de los filtros implica un salto cualitativo. El poder de disposición sobre la propia imagen alcanza ahora a la posibilidad de editarla de modo que responda a ciertos cánones de “mejora” cuyo límite de idealización puede llegar a falsear la realidad. Estas capacidades ampliamente utilizadas por los y las llamados “influencers” generan un discurso estético que permea a personas de toda edad y condición. No parece tratarse de un fenómeno asociado a la adolescencia. Es una conducta normalizada en el ámbito profesional, dónde la imagen física idealizada y el comportamiento formalmente asertivo tienden a sustituir al conocimiento y la profesionalidad reales. Pero también en el privado. Señala este periódico en un artículo reciente que en el ámbito de la cirugía estética se aprecia el crecimiento de la dismorfia en la autopercepción por el propio sujeto. El cliente requiere estos servicios para conseguir alcanzar quirúrgicamente la imagen ideal que previamente ha diseñado con los filtros de la red social. 

Todo ello conduce a un modo determinado de construir la identidad online que define una imagen alternativa y distinta a la real, que algunas personas tratan de obtener en el mundo físico. La vía rápida es la cirugía, pero no la única. Hay elementos como el peso o lo masa muscular que pueden alcanzarse por medios tradicionales como el ayuno prolongado, -o la anorexia-, las dietas milagro o el ejercicio físico retroalimentado con dopaje proteico. El reconocimiento social y la propia autoafirmación son tributarios del “like” en cada foto y los cuerpos se convierten en esclavos de un estándar social ficticio construido al servicio del beneficio de empresas que monetizan de nuestra vida privada.

Así, ejercer el derecho a la propia imagen en su sentido tradicional resulta imposible. Son tantos los impactos recibidos desde distintas fuentes que convierten cualquier acción jurídica en un proceso inabarcable e ingobernable. A la vez, se fomenta un entorno social digital en el que la construcción de la imagen se basa en la manipulación y la mentira, no responde a la realidad material e incluso fomenta dependencias psicológicas que ponen en riesgo la dignidad y la salud de las personas.

Por otra parte, se hace muy difícil delimitar cuál debería ser el contorno de la imagen en el derecho a construir una identidad digital. Y esta dificultad teórica crecerá sin duda en el contexto del metaverso en el que parece razonable que podamos disponer de avatares que heredarán el problema de los filtros. Por ello, parece poco razonable reconocer o amparar el derecho a falsear la propia imagen. Y, aunque sin duda resultará polémico, es necesario abrir el debate sobre la transparencia en el etiquetado de imágenes alteradas mediante filtros digitales. 

El World Economic Forum y Mackinsey así lo creen y sin embargo alertan sobre el carácter esencial de la inclusión para este proceso, señalando la necesidad de mejorar la infraestructura digital y conectar a poblaciones más amplias y a segmentos hasta ahora excluidos. Pero este enfoque limitado por su objeto requiere de una mirada con mayor perspectiva. Es evidente, que las empresas con alta digitalización seguramente resistieron mejor los embates de la crisis de 2008. Pero también, que una desregulación tecnológicamente desasistida y sin trazabilidad contribuyó a un crecimiento incontrolado de la especulación. Del mismo modo, COVID 19 nos puso frente al espejo de las altas capacidades de la industria para el desarrollo acelerado de una vacuna, frente a las limitadísimas herramientas del sector público en salud pública y sanidad digitales. Hoy el reto, no por más anunciado menos acuciante, es el de la ciberseguridad. Y todo ello, acontece en un contexto geopolítico que pivota hacía Asia y respecto del que corremos el riesgo de acabar siendo dependientes de tecnologías que potencialmente pueden desarrollarse sin respeto a los derechos humanos y bajo un control estatal directo.

La Carta de Derechos digitales es un instrumento de naturaleza política, prospectiva y asertiva, y al igual que la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, con la que comparte la mayor parte del contenido, se presenta como una bitácora capaz de inspirar el diseño de políticas públicas y regulatorias. En este sentido, un año tal vez sea un periodo demasiado corto para hacer un balance mesurado.

En primer lugar, resulta preocupante, que aquello que es obvio, que existe y que debería aplicarse no se acabe de cumplir adecuadamente. Hoy es noticia la enésima filtración. Y en ella hemos descubierto como una empresa “disruptiva” abordó su modelo de negocio y su crecimiento exponencial “rompiendo cosas”. No es admisible. Como señala el primer párrafo de la Carta “los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España son aplicables en los entornos digitales”. La Carta nace en el contexto de la Agenda España Digital 2025“, como hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y por ello debería lanzar un mensaje claro a entidades subvencionadas y proveedoras de bienes y servicios: deben aplicar el principio cumplimiento normativo desde el diseño y por defecto.

En otro orden de cosas, sería razonable reivindicar el completo despliegue de aquellas políticas públicas que ordena el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, muchas de las cuales son coherentes con la Carta. Particularmente, relevantes son todas aquellas políticas y derechos relacionados con la protección de nuestros niños y niñas.

Resulta imposible, abordar aquí todos y cada uno de los aspectos que incluye la Carta. Pero existen dos que adquieren relevancia por su importancia para el diseño de nuestro futuro como país. La Carta propone el derecho de acceso a datos con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica, fines estadísticos, y fines de innovación y desarrollo y el derecho a la protección de la salud en el entorno digital. Ambos derechos nos enfrentan por una parte al desarrollo de infraestructuras para el proceso de datos personales y no personales y de otra a evolucionar la regulación. La segunda parte, está siendo abordada por la Unión Europea mediante la Data Governance Act y la Propuesta de Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Ambas normas definen espacios para la acción del Estado en la regulación de la investigación y para la conformación de políticas públicas. La primera es tan necesaria como urgente.

Tal vez juzguemos el todo desde una pequeña parte. Sin embargo, este año demuestra que la filosofía que inspira y los principios que incorpora la Carta de Derechos Digitales, serán esenciales para un desarrollo digital inclusivo de nuestra sociedad. Es una apuesta a la que no podemos renunciar.

Una de ellas se refería a un centro escolar que por puro altruismo había iniciado la grabación de un video de apoyo a una determinada asociación de enfermos. Escolares y profesores habían estado trabajando con perspectiva positiva y altruista. Ello incluía su adecuada dosis de solidaridad sonriente, de emociones y fuertes abrazos. Lo interesante del mensaje consistía en que a los padres les informaban de algo que ya se estaba haciendo, de un gran trabajo que compartir con la comunidad. Esto si, por supuesto “cumpliendo con la Ley”: «si alguna familia prefiere que sus hijos no aparezcan solo tiene que enviar un correo al centro comunicándolo lo antes posible para así poder editar el video y borrar las imágenes». Permitan que traduzca a un lenguaje más claro lo que esto significa. Estamos grabando un video que promete ser viral, que deja a nuestro colegio por las nubes de super-solidario que es y si a Vd. se le ocurre decirnos que “no”, que sepa que nos lo va a fastidiar y que a su niña o niño lo borramos, porque lo que es grabarlo lo hemos hecho ya.

Mi segunda anécdota se refiere a un centro de salud. En el mismo, un enfermero entusiasta comparte en su Instagram “privado” fotografías e información sobre dos programas de salud comunitaria: un taller sobre lectura y memoria y una actividad física. En ambos casos, las personas asistentes son mayores con los que trabajar la motricidad, la movilidad y evitar o prevenir el deterioro cognitivo. En resumen, unos pretenden compartir el video de los menores en redes, otros revelan cuándo y dónde localizar a personas de avanzada edad de los que se puede inferir su enfermedad. 

En una y otra actividad pueden detectarse patrones comunes. En ambas, se ha producido una normalización de conductas que ponen en riesgo los derechos de colectivos vulnerables. A los dos responsables de esta captación y/o reproducción de imágenes su conducta no les parece arriesgada. Lo normal, lo deseable es compartir la imagen de tiernos infantes en redes y lo raro sería que esto ofenda, moleste o ponga en riesgo a nadie. En el segundo caso sólo falta que la persona responsable anuncie en la sección “robos y estafas en casa de gente mayor” de la red social qué día pueden localizar y seguir a personas mayores que viven solas.

La segunda nota común deriva de una posición de dominio. En un caso, es el claustro de profesores en su integridad. En el otro, el profesional de la salud responsable de los cuidados. Es decir, figuras investidas de autoridad que generan confianza promueven la exposición en redes de personas con las que guardan una relación de sujeción o cuidado. Lo que en realidad puede concluir una persona experta es que se trata de profesionales escasamente formados que desconocen los riesgos en los que incurren y los más elementales deberes de seguridad y secreto que les incumben. 

En el caso de los menores, aplican nada menos que hasta cuatro normas distintas: la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). De todas ellas se deducen exactamente las mismas reglas. Grabar y reproducir la imagen de un menor exige un análisis de riesgos que debe pivotar sobre el interés superior del menor. En caso de hacerlo es necesaria la autorización de quienes ostenten la patria potestad o tutoría. Y esta se manifiesta por medio de un consentimiento necesariamente previo, libre, inequívoco, específico e informado. Y seamos precisos, libre significa exento de todo tipo de influencia y de manipulación autoritativa o emocional. 

En el segundo caso, la normativa de protección de datos es por lo demás obvia. Sabemos desde el 6 de noviembre de 2003, con el caso de la buena de la señora Lindqvist, que no es buena idea que se pueda identificar a una persona en una web que permita conocer aunque sea potencialmente un estado de salud. El régimen de tratamiento de categorías especiales de datos es particularmente riguroso. No insistamos ya en el riesgo que deriva del hecho de publicar para todo el barrio fotos de personas mayores que podrían vivir solas.

Unos deberían saber que el Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación sobre función pública autonómica obliga a aplicar el Derecho y garantizar los derechos fundamentales. Y tal vez conocer que la Ley Orgánica no sólo es de “Protección de Datos Personales” sino de “garantía de los derechos digitales” y dedica a menores y centros escolares algún precepto de una claridad meridiana. El otro caso tiene más enjundia. Resulta que el artículo diez de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad concede el derecho al respeto a la intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y la estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. Y esta regla se ha mantenido inalterada hasta hoy desde su primera versión de 29 de abril de 1986.

Así que en la misma semana en la que la defensa del derecho al olvido se traduce en una multa millonaria, la tozuda realidad pone en evidencia la más elemental carencia de cultura de privacidad en personas que interactúan con colectivos particularmente vulnerables. Puede que al leerme se considere la mía una posición exagerada. Y, de hecho, no se trata de prácticas de extrema gravedad sino más bien de conductas que la sociedad ha normalizado. 

La cuestión que debería preocuparnos reside más bien en el conjunto de procesos previos que deberían haberse seguido en un entorno público antes de alcanzar el resultado. La garantía del derecho a la vida privada y la cultura de la privacidad comienza por el respeto al Derecho y a los procedimientos. ¿A quién se comunicó el tratamiento? ¿Quién lo informó y definió las reglas a seguir? ¿Quién lo autorizó? ¿Cómo se garantizó la libre autodeterminación de las personas concernidas? ¿Por qué razón información procedente de un entorno de salud acaba en el perfil privado de un profesional?

No juzguemos la cuestión exclusivamente desde el punto de vista de un resultado aparentemente banal. Cuando un servidor público infringe las reglas no existe excusa alguna. Es obvio que en ambos casos debería haberse notificado previamente al responsable del tratamiento la intención de captar y compartir imágenes. Alguien debería haber ponderado los riesgos y definido las condiciones adecuadas y proporcionales para conseguir el resultado que se buscaba. 

En el caso de los menores, además de consultar a la persona delegada de protección de datos,  hubiera sido más que razonable desplegar un trabajo que integrase al conjunto de madres y padres e implicarles en el diseño de la actividad. Así evaluada la relación riesgo-beneficio se hubieran podido tomar decisiones relativas por ejemplo al modelo de distribución de las imágenes. Pero, lo que a mi juicio es más importante, se hubiera podido implementar un diálogo activo integrando en las tareas a quienes no deseasen participar. ¿Nadie piensa que en estos supuestos existen otras alternativas en lugar del borrado de imágenes o de discriminar al que no quiere salir en la foto? Resulta inconcebible que en lugar de exponer a la comunidad educativa la importancia de la garantía que incorporan los derechos a la propia imagen y a la protección de datos se sancione materialmente al ostracismo a quienes los ejercen legítimamente. En un buen diseño, las niñas y niños cuyos padres se negasen a la grabación podrían haber asumido otros roles durante el proceso creativo de un modo participativo e integrador.   

El segundo caso, resulta todavía más obvio. La compartición de experiencias profesionales en el ámbito de la salud no encuentra su lugar en una red social privada. Y si lo hace debe salvaguardar a toda costa el anonimato de las personas afectadas. Un proceso adecuado hubiera finalizado con el adecuado soporte jurídico. Y en él, el profesional hubiera sido advertido sobre las implicaciones éticas y jurídicas de su actividad y sobre los debidos procedimientos de consulta y autorización. Y no dudo que no se le hubiera ofrecido otra indicación que la salvaguarda del anonimato de los pacientes y la recomendación de derivar los estudios profesionales a revistas especializadas previa autorización e informe de los responsables de investigación y, bajo ciertas condiciones del comité de ética. 

Ambos casos expresan sin duda una carencia de recursos en nuestra Administración. No busquemos torticeras intenciones, la cuestión es más sencilla: los profesionales concernidos no han recibido formación y desconocen los procedimientos que existen en su propia organización. Y ello, en entornos que trabajan con personas vulnerables debería hacernos reflexionar sobre los riesgos que pudieran derivar para el tratamiento de la información de estos colectivos  en contextos de mayor impacto.  

De otro lado los usos secundarios más allá de la historia clínica, podrían incluir expedientes sociales, datos administrativos, datos genéticos y genómicos, datos procedentes de repositorios públicos, investigaciones clínicas, cuestionarios de investigación o biobancos. Adicionalmente se plantea una noción amplia del contexto de análisis de los datos relacionados con la prestación del servicio de salud y contemplan los usos potenciales para la generación de políticas públicas y de impulso de la investigación y la innovación. Todo ello sin perjuicio de que se introduzcan cautelas dirigidas a evitar el impacto de las decisiones automatizadas y al mismo tiempo se definan condiciones para la donación de datos coherentes con la propuesta Data Governance Act. Todo el esfuerzo regulador es altamente dependiente de la tecnología y la seguridad y por ello pone el acento en la interoperabilidad de los sistemas de información, que hará posible el tratamiento transfronterizo de datos para la prestación de servicios de salud y para la promoción de un espacio europeo de investigación. Ello sin perder de vista las condiciones bajo las cuales se interactúa con las previsiones de la propuesta de Data Act en relación con las transferencias internacionales de datos.

Sería prematuro mantener una opinión en relación con una norma que no hemos tenido la ocasión de examinar. Sin embargo, la existencia de un borrador constituye en sí misma una buena noticia. Y nos debería abordar los retos que deberíamos abordar en el ámbito nacional en este punto. Gracias a la disposición adicional decimoséptima sobre tratamientos de datos de salud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales disponemos de un marco normativo que ha generado un contexto adecuado para la promoción del uso de datos de salud para con fines secundarios de investigación y con un enorme potencial en el contexto de los usos primarios. Transcurridos casi cuatro años deberíamos ser capaces de entender todas las posibilidades que ofrecía esta regulación y utilizarlas como motor de cambio que nos sitúe a la cabeza de los Estados Miembros mejor preparados para explotar el salto cualitativo que el nuevo marco normativo europeo parece proponer.

Ello implica resolver de modo definitivo el reto de la interoperabilidad de las historias clínicas y los sistemas de información sanitaria en el ámbito nacional. Teniendo en cuenta que el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) constituye ya un referente europeo las decisiones en esta materia deben ofrecer resultados significativos. Deberíamos seguir profundizando el cambio cultural que implico la integración de un delegado de protección de datos o un experto en la materia en los Comités de Ética. Se extinguen las viejas prácticas de investigación con datos sobre la base de la autorización entrega a los equipos de investigación de explotaciones de datos codificados con una única capa de anonimización para su uso en recursos de los investigadores. Caminamos hacía ecosistemas de datos con capas de seudonimización/y o anonimización que emplean técnicas de diferential privacy o multiparty computation, entre otras, ofreciendo seguridad, control y trazabilidad. Ya no son viables, ni admisibles, los accesos directos y sin control a la historia clínica que están siendo sustituidos por modelos dotados de gobernanza.

Podemos identificar retos emergentes como la gestión de un entorno de complejidad en la generación de datos clínicos que desborda con mucho los sistemas de información de la historia clínica. En un mismo ecosistema pueden coexistir decenas o centenares de fuentes de información algunas de las cuales no se integrarán necesariamente en la historia del paciente. En muchos casos, somos tributarios o dependientes del proveedor de una máquina o proceso. Y debemos añadir el impacto de la medicina personalizada y participativa a través de teleasistencia, wearables, aplicaciones móviles o aparatos conectados a la internet de los objetos desde el domicilio del paciente. La multiplicación de las fuentes de generación de la información será considerable.

Nuestro país posee condiciones y capacidades relevantes para gobernar estos riesgos. La cultura de protección de datos y la cultura de seguridad vinculada al Esquema Nacional de Seguridad ha calado de modo muy significativo en las instituciones de investigación vinculadas a hospitales de referencia. En ellas se está desplegando un enorme esfuerzo ordenado la gobernanza de los datos generándose espacios de investigación de alta calidad, tanto desde el punto de vista de la excelencia en el cumplimiento normativo, como desde el de la garantía de los derechos de los pacientes y de la seguridad de la información. Estos esfuerzos deberían servir de referencia a la hora de proponer un enfoque global para la gestión de los datos de salud tanto para usos primarios como secundarios en nuestro país. No deberíamos esperar a los procesos de tramitación en la Unión Europea para diseñar un ecosistema nacional y autonómico de gestión de los datos de salud. Un sistema que debería situar su centro en la garantía de los derechos de los pacientes, ser capaz de empoderar a las personas y susceptible de impulsar una investigación de excelencia al servicio de la comunidad.

Nuestra sanidad pública ha demostrado en pandemia su resiliencia. Las y los profesionales que la sirven han mostrado un compromiso férreo e inquebrantable en una concepción de servicio público de carácter universal e inclusivo. Y, sin embargo, podríamos haber multiplicado nuestras capacidades con una gestión integral de datos que no acaba de llegar. COVID ha demostrado que la visión holística de un paciente en pandemia es altamente tributaria de datos socioeconómicos, ambientales, de movilidad… Y, sin embargo, podíamos hacerlo y de hecho la Agencia Española de Protección de Datos ha reconocido y premiado modelos de buenas prácticas en la generación de repositorios de datos de salud para la investigación. En los últimos años hemos avanzado en calidad legislativa y hemos desarrollado modelos de excelencia. Nuestro país se encuentra preparado para enfrentar los retos que plantea el Espacio Europeo de Satos de Salud. Sigamos avanzando.