Macarena Cabello, concejala del Partido Popular en un pequeño pueblo de Huelva, ha disfrutado de su minuto de gloria por su respuesta al Partido Socialista durante el debate de una moción sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Todo este ruido por un 1%, fue el argumento esgrimido por la concejala para recriminar a los socialistas que hicieran política con un tema que para ella es puramente anecdótico, ya que solo afecta a 2 .317 mujeres, cuando son 388.000 las que acceden al cribado anualmente.

Lamentablemente, Macarena Cabello no explicó el detalle más importante: a partir de qué porcentaje tiene la oposición derecho a hacer política con una negligencia que ha costado la vida a varias mujeres, amén de la pérdida de uno o dos de sus pechos a otras muchas, así como verse sometidas a tratamientos de quimio agresivos que se hubieran podido evitar.

Hay que insistir en la necesidad de que Macarena Cabello explique de manera clara y didáctica cuál es el umbral que señala la posibilidad de exigir responsabilidades a los cargos públicos que han incurrido en estas negligencias, no vaya a ser que a alguien se le ocurra hacerlo con Isabel Díaz Ayuso.

Si se considera que en la Comunidad de Madrid residen unas 470.000 personas mayores de setenta años, los 7. 291 fallecidos en las residencias dependientes del gobierno de Ayuso no representan más que un 1,55%. ¿Todo ese ruido por un 1,55% que además se iba a morir igual?

Es que no hay nada como poner las cosas en perspectiva. Algo así debió pensar Federico Trillo, al fin y al cabo los 75 muertos en el ataúd volante conocido como Yak 42 tan solo representaban el 0,05% de los efectivos del ejército español.

Además, adelantándose al Moreno Bonilla System, no perdió el tiempo realizando interminables identificaciones, para evitar generar ansiedad a sus familias. Venga, dale un montoncito de restos a cada una, no se vayan a poner nerviosas esperando a tener los restos de sus hijos, de sus hermanos, de sus maridos, de sus padres.

Menos mal que Feijóo lo tiene claro. Sería una auténtica canallada por su parte forzar la dimisión de Mazón. Al fin y al cabo, los 229 fallecidos no por la dana, sino por la negligencia criminal de Mazón, tan solo suponen el 0,008% de la población de Valencia. Una pura anécdota.

Ahora resulta que la amnistía a los protagonistas del procés es corrupción política porque la aprobaron quienes se benefician de ella.

Si es así, tendremos que convenir que el mayor acto de corrupción política en este país lo representa la Transición, con la Ley de Amnistía del 77 y la Constitución del 78 ocupando lugares destacados.

No podemos ignorar que todo el proceso de transición a la democracia estuvo condicionado, precisamente, por quienes se beneficiaron del olvido colectivo de los crímenes del franquismo. Un olvido que nos impusieron como peaje por ese tránsito a la democracia, bajo la amenaza permanente del ruido de sables en los cuartos de banderas.

Con el paso de tiempo, y la necesaria perspectiva histórica, cada día se hace más intolerable el pecado fundacional que supone el haber edificado nuestra democracia sobre los huesos de los más de cien mil compatriotas que siguen enterrados en fosas y en cunetas.

El reparto de los costes de la transición no ha sido justo, ya que nuestro bienestar descansa sobre el sufrimiento de más de cien familias que no han podido dar un entierro digno a los restos de sus desaparecidos.

Esa factura pendiente la dejó sin pagar, entre otros, Felipe González y quiero pensar que, por más que fuera una decisión dolorosa, quizás era la única posible.

Sin embargo, con el tiempo y viendo la deriva del personaje y su indiferencia ante el color del gato con tal de que cace ratones, estoy en el derecho de pensar, con la misma libertad que él lo hace sobre Sánchez, que fue cómplice del mayor episodio de corrupción política en la historia de España.

Estoy en el derecho de pensar que quizás la izquierda nunca debió aceptar ese pacto, que nos llevó a una Transición inacabada e interminable, pues no se puede hablar de reconciliación, ni de superar lo de las dos Españas, cuando los muertos de una de ellas siguen sin recibir la adecuada sepultura.

Pero sobre todo, estoy en el derecho a pensar que quien dejó esa factura sin pagar no debería permitirse el lujo de criticar, por la pura soberbia de sentirse irreemplazable, a los dos presidentes socialistas que acometieron la dura tarea de avanzar en superar los frutos malditos de la corrupción política que supuso amnistiar los crímenes del franquismo y enterrar la historia dejando sin enterrar a los muertos.

Recapitulando, para poder entender la importancia del DIN-A4, el Ayuntamiento de Arrecife, allá por el año 91, decidió que el conocido como Islote del Francés, que albergaba las antiguas instalaciones de la conocida conservera Rocar, pasara a estar calificado como sistema general de espacios libres.

Una vez había finalizado el uso industrial, el gobierno municipal optó por destinar esa pieza de suelo a hacer ciudad, reservándola para espacios libres y no, no se trata de ninguna arbitrariedad bolivariana, se trata de hacer uso de las normas urbanísticas en beneficio de la mayoría, en lugar de plegarse a los intereses de los especuladores.

Para ello, se asignaba el nuevo sistema general a dos sectores de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, La Bufona y Puerto Naos. Asignar el suelo del Islote del Francés a esos dos sectores significa que los posibles aprovechamientos a los que tuviera derecho la propiedad del citado suelo deberán materializarse en La Bufona o Puerto Naos o, lo más probable, deberán ser compensados por los propietarios de los mencionados sectores.

Cuestión aparte es cuánto vale realmente esa propiedad, a efectos de compensación, ya que en gran parte está afectada por el deslinde de Costas, establecido en cien metros, lo que reduce de manera sensible la superficie que podría ser titular de cualquier tipo de aprovechamiento.

La propiedad del Islote, representada hasta su fallecimiento por el conocido promotor Jaime Cortezo, nunca estuvo de acuerdo y puso en marcha todo un conjunto de acciones para tratar de revertir la situación, y que se le permitiera construir en el Islote.

En primer lugar, consiguió que el Partido Popular, a través del también fallecido alcalde Cándido Reguera y su sucesora, Astrid Pérez, promoviera el reconocimiento de los supuestos derechos de la propiedad para construir un icono, llegándose a proponer la intervención de Calatrava.

El Partido Popular justificaba esta propuesta por lo beneficioso que sería poner a Arrecife en el mapa con un icono de Calatrava y porque así, la ciudad se ahorraría los doscientos millones que costaría la expropiación. Un disparate.

A partir de esa entente Cortezo-Partido Popular, se puso en marcha la correspondiente campaña de prensa y el Grupo Lancelot desempolvó su manido argumentario recurriendo a denunciar la intervención de la mafia verde, que no admite que Arrecife se desarrolle para favorecer a otros municipios gobernados por el PSOE, con el auxilio impagable de la FCM que ha abandonado la senda de Manrique y la colección de disparates delirantes que ya es habitual, incluida la advertencia de los famosos doscientos millones que le costaría a la ciudad no dejar construir el famoso icono.

El siguiente elemento de la estrategia fue la solicitud al Ayuntamiento de Arrecife de que llevara a cabo la expropiación forzosa del Islote del Francés. Ante la negativa del Ayuntamiento, el promotor se dirigió a la Comisión de Valoraciones, que le indicó que no tenía derecho a la expropiación forzosa, por lo cual inició el contencioso-administrativo que ahora se ha resuelto en contra de las pretensiones de los propietarios del Islote.

¿Y el DIN-A4? ¿Dónde está el DIN-A4?

El procedimiento iniciado por Cortezo se basaba en un plano en el que aparecía El Islote del Francés como suelo urbano consolidado, pero la sentencia deja bien claro que se trataba de un error del delineante y que encajar todo Arrecife en un DIN-A4 conducía a error, ya que esos defectos eran dificilmente apreciables trabajando con una escala tan pequeña. Sin embargo, en las fichas y en la Memoria, quedaba bien clara la calificación de ese suelo como no consolidado.

Así que, al final, el problema no estaba en el PSOE, ni en los ecologistas, ni en la FCM. El problema estaba en las medidas de ahorro que llevaron a utilizar un DIN-A4, un folio, para reflejar la calificación de todos los suelos de Arrecife.

Al final ha sido un DIN-A4, un maldito DIN-A4, el que ha dejado en el ridículo más espantoso al Partido Popular y a Lancelot, que siempre defendieron el carácter de suelo consolidado del Islote del Francés y advertían de indemnizaciones multimillonarias que arruinarían a Arrecife si no se construía el famoso icono.

Me queda, sin embargo, una duda. No sé qué hubiera sucedido con ese folio si la defensa del ayuntamiento la hubiera llevado Felipe Fernández Camero que, por lo que me cuentan, no vé muy bien de cerca. Eso sí, hay cosas que las ve de lejos.

Llevo desde ayer abriendo digitales de manera compulsiva. Temo comprobar que ha comenzado la matanza en Gaza. Si a ese sentimiento de espera temerosa le pongo el nombre de angustia, me quedo sin palabras con las que llamar a lo que puede estar sintiendo en este momento la población obligada a elegir entre una huida imposible o esperar a su verdugo.

Recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas y recuerdo pensar qué cara iba a salir la cura del orgullo herido de Estados Unidos y qué costosa iba a ser la terapia para recuperarse de la sensación de haberse descubierto vulnerables por culpa de un puñado de fanáticos.

Tras ver las imágenes de los ataques de Hamás y conocer las cifras de la tragedia, mis temores son los mismos al imaginar la sed de venganza del matón, dolorido y ridiculizado ante los golpes inesperados del que consideraba un alfeñique incapaz de plantarle cara. 

Temo el ensañamiento brutal del ejército israelí. Si Netanyahu, sus aliados y sus generales son capaces, desde la seguridad de sus despachos o los platós de los medios, de anticiparle al mundo su intención de arrasar Gaza, me imagino la violencia con la que actuarán las tropas sobre el terreno, ya que a las consignas de sus mandos se le añadirá la tensión del combate y la preocupación por su propia vida.

Me viene a la mente un nombre, Rachel Corrie, y su historia que, para mi vergüenza, tenía casi olvidada. Rachel, activista por la paz, fue aplastada por un bulldozer del ejército israelí, de manera completamente intencionada, al oponerse al derribo de infraestructuras civiles en Gaza hace ahora algo más de veinte años.

Si en ausencia de combates un soldado del ejército israelí fue capaz de pasar por encima de Rachel de manera deliberada, resulta aterrador pensar lo que sucederá en las callejuelas de la Franja mientras silban las balas y explotan las bombas.

Considerando que, como era de esperar, el caso Corrie se resolvió como si se tratara de un accidente, a pesar de los testimonios que dejaban clara la intencionalidad de atropello, desde el más laureado general hasta el último recluta, los efectivos que ejecuten la venganza sobre la población de Gaza saben que tienen garantizada la más absoluta impunidad y que, con un poco de suerte, pueden terminar por ganar alguna condecoración al valor, al sacrificio, al servicio o a cualquier otro eufemismo con el que se designe asesinar a civiles.

Temo por Gaza, por su gente. Pero temo también por las semillas de odio que se plantarán en estos días y en la siniestra cosecha que se recogerá en unos años cuando haya quien se ciña un cinturón cargado de explosivos recordando a Gaza, cuando haya quien ametralle un autobús escolar recordando a sus hijos o hermanos víctimas de los crímenes de guerra que Netanyahu ha ordenado cometer.

No entiendo la maldición que sufre el pueblo palestino. No entiendo cómo seguimos asistiendo impasibles a la degradación a la que someten a su gente, encerrada en un gueto, privada de todo tipo de derechos civiles, precisamente por quienes sufrieron en sus carnes la crueldad y el horror del régimen nazi y mantienen viva la memoria del Holocausto.

No olvido ni por un momento los crímenes de Hamás y me duelen las víctimas israelíes en la misma medida que lo hacen las palestinas, pero el camino emprendido por Israel ha demostrado que no conduce más que al odio y al dolor. 

Pero no olvido, tampoco, que Menájem Beguín, quien fuera primer ministro de Israel y firmante de los Acuerdos de Paz de Camp David, anteriormente fue el líder del movimiento terrorista Irgún, responsable, entre otras atrocidades, del atentado contra el Hotel Rey David o de la matanza de Deir Yassin. 

Como no olvido que Isaac Shamir, que también fue primer ministro de Israel, al igual que Beguín militó en el Irgún y participó en el atentado contra el Rey David.

Y también recuerdo a Ariel Sharón, otro primer ministro israelí, responsable de las matanzas de Sabra y Chatila, que costaron la vida a cientos de refugiados palestinos.

Me pregunto si no ha llegado la hora de que Israel entienda que para tener paz hoy es imprescindible dejar de lado al pasado. Como se aceptó a Beguín, Shamir y Sharón, a pesar de haber sido líderes terroristas, llegará el día en que tendrán que aceptar sentarse a negociar con quienes hoy son sus enemigos.

Con tu sinceridad habitual reconoces que te costó votar al PSOE el 23J y, vaya una sinceridad por otra, me alegra que hayas sacado el tema para poder decirte que a mí me costó mucho votar al PSOE cuando tú lo liderabas.

No me faltaban motivos para sentirme incómodo. Desde la reconversión industrial a la entrada en la OTAN, pasando por el intolerable «gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones», me diste motivos más que suficientes para que mi voto se convirtiera en un voto incómodo, respaldado en el deseo de creer que Felipe escribe derecho con renglones torcidos.

El tiempo te dio la razón en la mayor parte de las decisiones que tomaste, por más que algún nostálgico nos sueñe dentro del bloque de los No Alineados, o que si la reconversión era necesaria se quedó corta en la parte de generar nuevas oportunidades, jugándolo todo a la apuesta errónea por convertirnos en el resort de Europa.

Me atrevo a decir que a ti, si vivieras cien años y me alegraría si así fuera, te pasaría lo mismo con el tiempo. Te darías cuenta de que nuestro secretario general y presidente está poniendo los intereses de nuestro país por encima de cualquier otra consideración lo cual exige, entre otras cuestiones, impedir el acceso al gobierno de la peor derecha que ha sufrido nunca España.

Me cuesta pensar que preferirás que un mentiroso compulsivo, compi de narcos, con un acreditado historial de destrozo de lo público a sus espaldas, sería mejor presidente que Pedro. Tú, que tan aficionado has sido siempre a detectar y protagonizar los grandes cambios de la Historia, debes ser plenamente consciente de lo que nos jugamos como país si permitimos que gobierne la ultraderecha.

Debo reconocer que hace años te entendía. Al fin y al cabo, no tenías espejo en que mirarte para saber cuál es el papel de un expresidente que, hay que recordarlo, también le hiciste más de un feo a Zapatero.

Pero, mira por dónde, hoy sí tienes un ejemplo que pueda orientarte en estos años de tu senectud y es precisamente José Luis Rodríguez Zapatero, que continúa dando una lección impagable de lealtad a nuestro país y a nuestro partido, reconociendo y aceptando que haber sido secretario general del Partido Socialista y presidente de España le genera una obligación permanente de servicio a quien le dio todo, ese PSOE en el que ambos militamos, Felipe, y que hoy, te guste o no, lidera Pedro Sánchez.

Fíjate, hasta yo, que tan solo he llegado a ser secretario insular del PSOE de Lanzarote, un honor inmenso para mí, pero la nada comparado con tu trayectoria, reconozco que mi libertad para expresarme e incluso para desarrollar mi acción política está limitada por la enorme deuda que tengo contraída con mi partido.

Apelo a tu inteligencia, Felipe. Estoy convencido de que si reflexionaras te darías cuenta de que nada es tan triste y lamentable como mendigar los aplausos de los adversarios al precio de criticar a los propios.

Es una pena que a día de hoy no llegues a la altura del tobillo de tu propia historia y continúes empeñándote en negar a tu partido y a tu secretario general lo que tú tuviste de sobra: lealtad.

Te agradezco, sin embargo, que me hayas ayudado a aclarar mis ideas: hoy no te votaría ni de coña, Felipe.

Resulta imposible imaginar el formidable estruendo, los vientos huracanados, las nubes de agua vaporizada y material fundido que hicieron perceptible el impacto a miles de kilómetros de distancia.

Con total certeza, esos fenómenos ocasionados por el impacto tuvieron que ser vistos, que no observados, por los cientos de miles o millones de dinosaurios que terminarían por extinguirse como consecuencia de ese brutal choque.

Pero no. Los dinosaurios no fueron conscientes, su cerebro no daba para tanto, de que el tiempo de su dominio se acababa. Siguieron pastando, ramoneando o devorando a congéneres, según los hábitos de cada especie, totalmente ignorantes de que apuraban los últimos tic-tac del reloj que marcaba su existencia.

El terremoto provocado por el machismo flagrante y desacomplejado de Rubiales ha provocado el rechazo generalizado dentro y fuera de nuestras fronteras y ha sido visto, que no observado, por el propio Rubiales.

El pronto expresidente de la Federación ha seguido ramoneando, pretendiendo que ese colosal estruendo no va con él, al igual que gran parte de la manada federativa, que siguen sin darse cuenta del tic-tac imparable que conduce a su inevitable cese.

Cabe disculpar a los dinosaurios su ignorancia. Su cerebro no estaba preparado para conectar causas y efectos, y así prever las consecuencias del impacto del meteorito.

Quizás, solo quizás, el cerebro de Rubiales, forjado en el más rancio machismo y en la creencia de su propia impunidad, tampoco esté preparado para entender de manera cabal la gravedad de su comportamiento.

Él y la manada de dinosaurios agradecidos que le acompaña no han entendido que a lo largo de estos años el mundo ha cambiado. Que ha costado mucho. Que para llegar aquí han sido muchas las mujeres que se han visto estigmatizadas por denunciar los abusos. Que ahora no cabe dar ni un paso atrás permitiendo que estos comportamientos queden sin respuesta.

Si los dinosaurios nos dejaron en herencia unos fósiles que hoy nos causan asombro por su magnificencia, el fósil que va a dejar este espécimen será raquítico y miserable.

Será el fósil de un machista prepotente que a la hora de la verdad ha tratado de culpabilizar a la víctima, siguiendo a rajatabla el manual de primero de machirulo.

Pero será, sobre todo, el fósil de un auténtico imbécil. No solo por sus actos el día de la mayor victoria de nuestra selección femenina, sino por pensar que su comportamiento puede quedar impune.

Lo dicho. Menudo imbécil.

Coalición Canaria recuerda en su comunicado que no estaba dispuesta a apoyar ningún gobierno integrado por la extrema derecha o la izquierda y, claro, si Vox no entra en el gobierno, limitándose a apoyarlo como socio parlamentario, la cosa cambia.

Lo que no explica Coalición Canaria es qué va a suceder, en el caso de que fraguara esa intentona de Feijóo, con la Agenda de Vox, porque Vox también tiene su agenda y si Coalición Canaria con una diputada exige que se cumpla su Agenda, no cabe dudar de que Vox, con 33 escaños, hará lo propio.

Es decir, Coalición Canaria está dispuesta a intercambiar mejoras en los Presupuestos Generales del Estado, por la pérdida de derechos de las mujeres, o de las personas LGTBI, o de quienes llegan a esta tierra en busca de un futuro que la suya les niega o a mercadear con la lucha ante el cambio climático, a cambio de participar en la gestión de los aeropuertos canarios. 

Han dejado muy claro que los derechos y las libertades que se han ido conquistando a lo largo de estos años no forman parte de la Agenda Canaria, no tienen nada que ver con su idea de Canarias.

Se entiende así el daño que le han hecho a esta tierra y a su gente, situándola permanentemente a la cola de todos los indicadores de bienestar mientras encabeza los rankings de pobreza o de retraso en atención a la dependencia, a pesar de la mejora, que ha sido mucha, durante el gobierno de Ángel Víctor Torres y el Pacto de las Flores.

Resulta indecente recurrir a la Agenda Canaria para justificar lo injustificable. Las mujeres suponen el 50,57% de la población de esta tierra y ningún punto de la Agenda Canaria podrá compensar las agresiones procedentes de la Agenda de Vox a más de la mitad de nuestra gente.

Canarias ha realizado un inmenso esfuerzo de diálogo y concertación para la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía en 2018. Vox lleva en su Agenda derogar las autonomías. Efectivamente, no lo conseguirá, pero lo cierto es que condicionará al gobierno de Feijóo, en el improbable caso de que se diera, limitando cualquier avance del Estado Autonómico y tratando de podar todo aquello que pudiera.

Coalición Canaria no ha entendido que no hay ni un solo punto en su Agenda Canaria, porque es la suya y no la de esta tierra, que justifique que Vox imponga ni uno solo de los que contiene la suya.

O sí lo ha entendido y su famosa Agenda no es más que una disculpa para hacer lo que siempre ha querido hacer, unir su destino al del Partido Popular porque, en el fondo, defienden el mismo modelo de sociedad. Eso sí, una de ellas con aires atlánticos.

Y no es la primera vez. El fatídico 11 de marzo de 2004, quienes presumen de amor a España pisotearon la dignidad de las víctimas y el dolor de todo un pueblo, anteponiendo su avidez indecente por el poder al derecho a conocer la verdad.

Fue, sin lugar a dudas, un intento de golpe pues la esencia del sistema democrático consiste en el voto libre y no es libre el voto conseguido con mentiras, como no lo es el que se arranca con el miedo o con el odio.

Hoy nos encontramos en una situación parecida. No hay una mentira central (fue ETA), pero se ha tejido una tupida red de falsedades que tuvo su momento culminante en un debate que hará que Feijóo pase a la historia como epítome del mentiroso indecente.

Ahora se entiende por qué quería un solo debate. No podía arriesgarse a un segundo encuentro en el que su oponente pudiera demostrar con documentación que desde su primera intervención no hizo más que mentir de manera consciente y deliberada.

Pero más allá de las mentiras del debate, Feijóo llega al 23 de julio cabalgando sobre la desinformación interesada y la mentira permanente que han sembrado los medios de la derecha durante estos años.

Desde las inexistentes pagas a los extranjeros irregulares a la presencia de ETA en las instituciones, el Partido Popular y su brazo mediático han distorsionado la percepción de gran parte de la ciudadanía por lo que hay que insistir en que gran parte de los votos que contabilice la noche electoral no habrán sido ganados democráticamente.

Al fin y al cabo, hasta en eso recuerdan a la Mafia. Como decía Don Vito Corleone en El Padrino, “un abogado con su maleta puede robar más que cien hombres armados”.

Han aprendido y han comprobado que una buena campaña de mentiras puede robar el futuro mejor que cien guardias civiles comandados por el Tejero de turno.

Con independencia del rosario de pronunciamientos judiciales sobre los intentos de la Junta  de Extremadura por defender al menos lo ya construido y los de las organizaciones ecologistas por hacer cumplir la sentencia, la clave que explica lo sucedido está, precisamente, en el lapso temporal que se extiende entre 2007 y 2011 y, más concretamente, en la tibia posición de los Tribunales, en la voluntaria incapacidad de jueces y magistrados para poner coto al urbanismo desenfrenado y proteger el interés general.

Desde la interposición del contencioso promovido por Ecologistas en Acción y Adenex, estuvo en las manos de sus señorías hacer uso de su facultad de decretar una suspensión cautelar, tal y como solicitaron las organizaciones ecologistas, y paralizar el desarrollo de la urbanización hasta que se dictara la sentencia. 

El comportamiento “cauteloso” de la Sala hubiera provocado una situación radicalmente diferente en la que al término del recorrido judicial, la resolución definitiva sobre la legalidad del PIR, no se habría lesionado el principal valor a proteger, la integridad de la zona afectada por las construcciones, al tiempo que se evitaba entrar en el análisis de como resolver los derechos reales o aparentes de los terceros de buena fe y de la propia promotora.

Sin embargo, jueces y magistrados suelen entender la “cautela” en un sentido totalmente contrario, lo que supone llegar hasta el final del procedimiento sin excesivas complicaciones ya que, con suerte, ni siquiera les tocará ejecutar la sentencia y mientras tanto no sufren la presión de políticos, empresarios y medios de comunicación locales.

Valdecañas, como el Algarrobico o más de una veintena de hoteles ilegales en Lanzarote solo se explican por la voluntaria limitación que autoimponen jueces y magistrados a su capacidad de actuar, olvidando con preocupante frecuencia que el enorme poder que se deposita en sus manos exige el uso prudente del mismo y que su sistemática renuencia a intervenir cuando toca y esperar morosamente que culminen los procedimientos genera daños incalculables y llega a provocar incluso la desaparición del bien a proteger. 

El desarrollismo desenfrenado o la corrupción urbanística, según sea el caso, que han asolado España tienen responsables muy claros y, afortunadamente, cada vez son más los políticos, técnicos y empresarios que han tenido que pagar por sus desmanes. La asignatura pendiente es reconocer el papel que ha desempeñado durante todo este tiempo la justicia. 

Precisamente por su inevitable lentitud, dado el irrenunciable carácter garantista de la misma y la complejidad de los procedimientos, el ordenamiento jurídico ofrece a sus señorías la posibilidad de adoptar medidas de carácter cautelar. Medidas a las que, lamentablemente, parecen haber renunciado optando por diferir los problemas a un futuro que siempre termina por llegar, al tiempo que generan unos costes sociales y ambientales que solo pueden imputarse a su incapacidad para asumir el papel que les corresponde o, quizás, a su falta de valor para tomar ese tipo de decisiones.

Resulta especialmente indignante que esta insoportable negativa a actuar de manera cautelar se produzca en los Tribunales Superiores. Puede entenderse que al juez recién llegado a un órgano unipersonal, sin experiencia previa en procedimientos complejos, le tiemblen las piernas al constatar que tiene enfrente a toda una administración autonómica y a empresas que acudirán a su juzgado representadas por prestigiosos despachos. A los magistrados de los Tribunales Superiores se les debe exigir mayor entereza pues los privilegios de los que gozan suponen un mayor nivel de responsabilidad al que parecen haber renunciado.

Más allá del control del Consejo Constitucional, los resultados de estas elecciones parecen señalar que Boric tendrá muy difícil reeditar su presidencia pues ha pasado de ganar la segunda vuelta, en diciembre de 2021, por un contundente 55,9% de apoyos frente al 44,1% de Kast, a perder estas elecciones constituyentes de manera inapelable tras haber perdido, también, el referéndum constitucional celebrado en septiembre de 2022.

Efectivamente, la población chilena rechazó el anterior texto constitucional por un abultado 61,9% frente al 38,1% de votos que respaldaban la Nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional, con un claro predominio de la izquierda en su composición.

En la práctica, este resultado aboca a la población chilena, una vez termine sus trabajos el Consejo, a elegir entre mantener la Constitución de Pinochet o respaldar la del ultraderechista Kast y significa una derrota sin paliativos de la izquierda chilena, que ha perdido la oportunidad de promulgar una Constitución que supusiera una ruptura total con el pasado. Una oportunidad que difícilmente se volverá a repetir.

Resulta obligado preguntarse por las razones que explican la enorme distancia entre los votos recibidos por Boric y el apoyo al texto constitucional rechazado, que representa una pérdida de apoyos del 17,8%.

El mismo Boric, en un admirable ejercicio de sinceridad, atribuyó el fracaso de septiembre de 2022 a la incapacidad de los constituyentes para entender que la Constitución propuesta para ser refrendada debía concitar un amplio apoyo. Por el contrario, como señala Boric: “El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distintos”.

La explicación de Boric centra la responsabilidad en la propia convención, renunciando a escudarse tras la brutal campaña de descrédito puesta en marcha contra el proceso constituyente. Una campaña que, según algunos análisis, recurrió a más de 8.000 bots en redes sociales y que tuvo como protagonistas de excepción a la práctica totalidad de los medios privados de comunicación encabezados por El Mercurio y La Tercera.

Sin embargo, Boric acierta al fijarse en la cuota de responsabilidad de la izquierda, pues los ataques de la derecha, la desinformación y los bulos tienen que darse por descontados.

Esa es la lección más valiosa que puede extraerse del proceso vivido por Chile: no basta con tener razón o, al menos, razones, es necesario conseguir que la ciudadanía acepte como válidas las políticas propuestas desde la izquierda.

En demasiadas ocasiones se escucha a diferentes protagonistas de la izquierda más a la izquierda española explicar que sus posiciones son «más valientes», algunas y algunos presumen de «hablar claro y decir lo que otros no se atreven a decir» sin pensar que, quizás, el problema es que no están siendo capaces de «escuchar a quienes pensábamos distinto».

Las transformaciones sociales llevan su tiempo. Es inevitable que a quienes se sienten vanguardia les resulte insatisfactoria la prudencia con la que se deben abordar los procesos de cambio. Pero es imprescindible no dejar a nadie atrás y eso motiva en ocasiones una incómoda distancia entre las aspiraciones y lo posible y adecuado en cada momento.

Evidentemente, se puede tildar esta postura de acomodaticia o carente de valentía, pero lo cierto es que los sucesos de los últimos años parecen quitar la razón a quienes colocan la valentía, o su concepto de valentía, como bandera.

No es solo lo que ha pasado en Chile. El proceso constitucional islandés, faro y guía de cierta izquierda, murió antes de nacer a pesar de la ilusión que había generado.

En Francia, la agitación en la calle está haciendo crecer a la ultraderecha por más que algunos prefirieran las barricadas y los chalecos amarillos a las negociaciones. Meloni gobierna en Italia y habría que preguntarse en qué medida se debe a los vaivenes del Movimento 5 Stelle. Y, tristemente, las primaveras árabes, que parecían el espejo en el que mirarse, han devenido otoños cuando no crudos inviernos.

Al final, se trata de algo tan aburrido como la estrategia, algo difícil de aceptar para quienes se ven seducidos por la espectacularidad de los movimientos tácticos sin considerar nunca el medio y largo plazo.

Ojalá la izquierda española no tenga que explicar un evitable fracaso recurriendo a las palabras de Boric: «No supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto».

La justicia archiva la causa contra el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias por prevaricación urbanística

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado el procedimiento seguido contra Blas Acosta después de años de instrucción y ha dejado sin efecto la apertura de juicio oral decretada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, sin que quepa recurso alguno contra esta decisión que pone fin al auténtico infierno vivido por mi compañero.

Llegados a este punto, cabe preguntarse por el alcance de algunas de las afirmaciones contenidas en la resolución de la Sala.

Así, por ejemplo, la citada resolución señala de manera taxativa que ''no hay base indiciaria solvente que avale el contenido incriminatorio en el que se apoya el juez de instancia, y que ha servido, mientras se sustanciaban los recursos de reforma y apelación, de soporte a la acusación pública''.

Traducido: se ha mantenido abierto un procedimiento, hasta el punto de llegar a decretar la apertura de juicio oral, sin base indiciaria solvente que lo sustente, con las graves consecuencias que genera para las personas afectadas, tanto en el plano personal como en el político.

No se trata de una afirmación aislada. Según detalla la nota del TSJC, de la investigación realizada ''no cabe siquiera vislumbrar la existencia de una actuación administrativa injusta, ni tampoco arbitraria, que pueda tener encaje dentro de un ilícito penal''.

No es que no hubiera una base indiciaria solvente para sostener la acusación, es que la Sala reprocha que no cabía ni siquiera vislumbrar que la hubiera. Me recuerda demasiado a las afirmaciones contenidas en el archivo del procedimiento seguido durante diez años en mi contra, que reprochaban la instrucción errática de una querella profusa, difusa y confusa.

Quizás ahora, a la vista de lo resuelto por la Sala, se pueda comprender mejor algunas de las declaraciones de Blas Acosta. No lo disculpo. Fui, quizás, de los primeros en reprocharle lo inadecuado e inoportuno de sus declaraciones. Fui de los que le insistieron en que se retractara y pidiera disculpas. No lo justifico, pero lo entiendo.

Entiendo la rabia, casi imposible de contener, el dolor insoportable y el enfado de verse sometido a un procedimiento sin más base que el empeño de mantenerle imputado y llevarle a juicio en la esperanza de acabar con su carrera política.

Porque esa es una de las claves, o quizás la clave, de la persecución contra Blas Acosta: era un personaje incómodo, muy incómodo.

Después de años de un cierto acomodo y tibieza, Blas Acosta supuso un revulsivo para el PSOE de Fuerteventura. Creyó, y demostró, que se podía salir a ganar, que se podía aspirar a gobernar sin ser la muleta de Coalición Canaria, acabando con el endiablado baile de las sillitas que siempre ganaban los mismos.

Esa es, sin lugar a dudas, la característica que más me gusta de Blas Acosta. Me gustan otras muchas cosas suyas e, incluso, hay algunas que no me gustan tanto, algo que me pasa hasta conmigo. Lo cierto es que nadie puede negarle su empuje, su vocación de ganador, su empeño en colocar al PSOE en el lugar que le corresponde. Por eso había que acabar con él.

Acabo de llamarle para felicitarle y compartir su alegría. Me he permitido, atrevido de mí, aconsejarle que se centre en disfrutar de este archivo y que no le dé más vueltas a la miserable persecución de la que ha sido víctima.

Pero no he podido seguir mi propio consejo. Es, en efecto, un momento de alegría pero es también momento de pensar en las debilidades de un sistema que permite que se produzcan impunemente este tipo de persecuciones.

Confío en la justicia, y por eso me he puesto en sus manos en varias ocasiones. Confío en la prensa, pues solo ella puede darnos las claves para interpretar una realidad cada vez más compleja.

Mi confianza, sin embargo, no excluye la desazón que me producen situaciones como la vivida por mi compañero Blas Acosta a quien ya habían juzgado, condenado y etiquetado antes que la Audiencia dijera que no, que no hay caso.

¿Y ahora?

El principal objetivo de Ciudadanos es tratar de abandonar su condición de hipotética bisagra para convertirse en la fuerza de referencia de la derecha. En consecuencia, el PP ha de considerar como objetivo fundamental de sus decisiones el mantener a distancia al partido naranja, mientras no pierde de vista por el retrovisor a VOX.

Al PSOE no solo no le conviene un gobierno de coalición sino que tiene mucho que ganar con una posible caída de los resultados de Unidas Podemos y la consecuente pérdida de poder interno de Pablo Iglesias, tanto en Podemos como en la coalición de UP. Mientras, Pablo Iglesias no puede aceptar un acuerdo que no pase por ganar poder en el Gobierno para poder llegar a Vista Alegre 3 en posición de fuerza y timonear su propia sucesión.

Llegados a este punto conviene reflexionar sobre la inevitabilidad de este escenario y considerarlo como una consecuencia lógica de la ruptura del bipartidismo imperfecto y su sustitución por un multipartidismo de bloques. Un multipartidismo de bloques aún incipiente en el que, al menos teóricamente, caben relevos en el liderazgo de cada bloque, o al menos cambios importantes en la correlación de fuerzas, lo que provoca que las organizaciones que integran cada uno de esos bloques están tan atentas a la posible suma que alcanzarían con sus teóricos aliados como a la distancia que pueden marcar con respecto a los mismos.

Ha de observarse que, en última instancia, el posible crecimiento de cada fuerza política depende más del trasvase desde su teórico aliado que de los movimientos entre bloques ya que la polarización entre los dos grandes bloques convierte en poco relevantes los trasvases entre los mismos salvo el posible bonus que recibiría el PSOE al ganar en centralidad, sin necesidad de desplazar su posición, por el fuerte escoramiento a la derecha de Ciudadanos. No se trata, por tanto, de tacticismo, se trata de estrategias que dan respuesta a los principales objetivos de cada uno de los cuatro grandes. No se trata de incapacidad de ponerse de acuerdo ni de un fracaso con tintes de crisis institucional provocada por la efebocracia imperante. Se trata de un episodio inevitable de la competición electoral que, en esta ocasión como en la anterior, se dilucidará en dos episodios.

Para finalizar cabe apuntar que la mera celebración de unas nuevas elecciones permitirá desbloquear la formación de un nuevo gobierno por más que los resultados electorales repliquen en mayor o menor medida la actual situación. Si se permite la analogía, aunque las piezas sean básicamente las mismas no estarán colocadas exactamente de la misma manera en el tablero.

Un gobierno de coalición constituiría una auténtica pesadilla para el PSOE a pesar de la capacidad demostrada por ambas fuerzas para entenderse en el ámbito autonómico y municipal. No solo porque la desconfianza se ha instalado de manera permanente entre Sánchez e Iglesias sino porque en los próximos meses el Gobierno tendrá que hacer frente a la sentencia del procés y, posiblemente, a algún tipo de ajuste derivado del empeoramiento de la economía. Resulta difícil imaginar a Podemos respaldando las medidas que pudiera ser preciso adoptar no ya desde el Parlamento, sino desde el propio Gobierno.

Un pacto de gobernabilidad, a la portuguesa, resulta inaceptable para Podemos o, al menos, para su actual dirección. Más pronto que tarde, Podemos ha de celebrar Vista Alegre 3 y no es lo mismo llegar a un proceso interno con la fortaleza de estar en el Gobierno de España que, simplemente, apoyar a un ejecutivo desde fuera. Pablo Iglesias necesita imperiosamente un triunfo, después del insatisfactorio resultado electoral, para condicionar el resultado del proceso orgánico y decidir su sucesión o, al menos, influir en ella.

Ha de insistirse en que la clave está, precisamente, en la situación por la que atraviesa Podemos. Cualquier análisis desapasionado conduce a considerar que, realmente, la mejor opción para Podemos sería la del gobierno a la portuguesa pues le permitiría condicionar a Sánchez sin quemarse en decisiones impopulares para las que el PSOE debería buscar el apoyo del Partido Popular o Ciudadanos.

Pablo Iglesias, sin embargo, se aferra a una coalición no solo altamente imposible sino difícil de manejar tanto para el PSOE como para Unidas Podemos.

En contra de lo que pudiera parecer, la repetición electoral podría desbloquear esta situación. Cierto es que con casi total certeza los resultados de un nuevo proceso electoral volverían a hacer imprescindible el concurso de Unidas Podemos pero, también con casi total certeza, de esas nuevas elecciones saldría un Podemos aún más debilitado por lo que Iglesias sería incapaz de imponer a su organización, y a la propia coalición, su estrategia negociadora.

Sánchez y su equipo juegan con la variable de negociar con Unidas Podemos en una situación de debilidad, o de sustitución, de Iglesias por lo que preferirán ir a unas nuevas elecciones. Lo prefieren antes que pactar un

gobierno de coalición no solo incómodo sino incapaz de garantizar la estabilidad: no puede descartarse que Iglesias juegue a elegir el momento de provocar unas nuevas elecciones en la medida en que Unidas Podemos recupere su tirón y se desgasten Sánchez y el PSOE.

Ante ese escenario de inevitable repetición electoral cobra una importancia especial la apelación constante de Sánchez a la derecha para que se abstenga y le deje gobernar. Apelaciones que sabe perfectamente que no darán resultado, pues van a ser desoídas de manera sistemática, pero que le permiten seguir recuperando votos de Ciudadanos.

La estrategia de Rivera, abandonando su papel de hipotética bisagra, en pos del sueño de que Ciudadanos sustituya al Partido Popular como primera fuerza de la derecha, representa una oportunidad irrenunciable para que el PSOE gane transversalidad sin el riesgo de escorarse a la derecha. La coincidencia en el tiempo de la estrategia de Rivera con el endurecimiento de las posiciones de Iglesias le permite al PSOE reforzar su imagen de el partido que más se parece a España, la estrategia de ambas formaciones ensancha la base electoral del PSOE.

Por último, el Partido Popular no puede ni siquiera considerar la posibilidad de abstenerse pues supondría regalar a Ciudadanos la condición, por la que lucha, de referente de la derecha española.

Las encuestas señalan que los grandes beneficiados de la más que probable repetición electoral serían el PSOE y el Partido Popular pero, como se ha señalado, ni Iglesias puede aceptar un gobierno a la portuguesa ni Rivera va a volver a situarse en el papel de bisagra, por lo que parece inevitable que se llegue a unas nuevas elecciones.

Insisto, nunca he opinado sobre la orientación sexual de nadie y tampoco lo he hecho sobre la del senador Joel Delgado. Lo repito, no he opinado sobre la orientación sexual de Joel Delgado.

Me he limitado a exponer hechos: la pareja sentimental del senador Delgado fue detenida en la Operación Unión y esa afirmación se sostiene, sin ningún género de dudas, con la documentación obrante en las diligencias abiertas con motivo de la citada operación.

Hice esa afirmación para tratar de arrojar luz sobre algunas de las claves que explicaban mi comparecencia en una comisión del Senado como consecuencia de la petición expresa de Joel Delgado. Joel Delgado puede tratar de negar que me haya convocado por esas razones, tiene tanto derecho a negarlo como yo a sostener lo contrario. Lo que no admito es que afirme que miento y que niegue que se detuviera a su pareja sentimental al estallar la Operación Unión.

Además, lo que tampoco admito es que en un artículo lastimero Joel Delgado me atribuya el haberle atacado por su orientación sexual. Al igual que se refugió en enfermedades de familiares, cuando aparecieron sus facturas irregulares con el Cabildo, ahora pretende parapetarse en un supuesto ataque a su orientación sexual que no se ha producido.

Como se esconde detrás del antiguo alcalde popular, tomando su nombre en vano y atribuyéndose su herencia. Imagino que también aceptará, como parte de la misma, la indecencia de esperar para presentar la moción de censura a que dos concejales salieran de la cárcel en la que estaban precisamente por saquear Arrecife (algo que ya reconocieron en los juzgados).

Y sí, reconozco que he opinado sobre Joel Delgado, no sobre su orientación sexual, sino sobre su comportamiento deleznable con su pareja, las presiones a que le sometía, o el brutal chantaje emocional del que le hizo víctima.

Las transcripciones de las conversaciones entre Joel Delgado y su pareja, y de los SMS que se intercambiaban, relatan el acoso constante de Delgado, una presión permanente para que accediera a sus exigencias.

Pero no solo presionaba reiterando machaconamente sus peticiones. Exigía a su pareja que no le llamara más. Le acusaba de mentir cuando decía que le quería mientras no accedía a sus solicitudes. Le enfrentaba a la contradicción que suponía presumir de amor cuando no lo probaba con sus actos, pues no solo no conseguía enchufar a su madre en el Ayuntamiento de Arrecife, sino que no le ingresaba como antes, para hacer frente a determinadas necesidades económicas de carácter personal.

Ese relato, desagradable en grado sumo, es el que me lleva a opinar sobre Joel Delgado, y no su orientación sexual. Me parece intolerable el ejercicio de cualquier tipo de violencia en cualquier tipo de relación. Me repugnan el chantaje emocional y la presión. Me indigna que alguien se sirva de los sentimientos de otra persona para extorsionarla y obtener favores económicos.

No. No he opinado sobre la orientación sexual de Joel Delgado. He opinado de cómo se sirvió de su relación con su pareja sentimental, que era concejal en Arrecife para tratar de enchufar a su madre en el Ayuntamiento mientras, de paso, le exigía que le cubriera determinadas necesidades vitales sometiéndole a una presión que cabe tildar de chantaje.

Estremece contemplar, a través de las transcripciones, a un hombre enamorado de otro más joven en quien ha creído encontrar a alguien digno de su amor cuando, realmente, había tenido la mala suerte de encontrarse con alguien que se comporta como una sanguijuela.

Lo que critico es el comportamiento de Joel Delgado, no que su pareja se llamara Ubaldo Becerra.

Cometimos una injusticia imperdonable con Juan Carlos. Embelesados con el fenómeno Juan Fernando, al que no le niego ni un ápice de su mérito y sus éxitos, fuimos incapaces de reconocer el extraordinario papel que Juan Carlos jugó en esos años previos, en los que el PSOE puso las bases para el inapelable éxito que tuvimos en las locales y autonómicas de 2007.

Cometimos la injusticia de no reconocer y aplaudir públicamente su enorme generosidad. Cuando el trabajo realizado en Canarias y la ola nacional hacían prever un resultado excepcional del PSC-PSOE, tuvo la gallardía de dar un paso al lado y colocar al frente de nuestro proyecto al que consideraba el mejor, conformándose con una posición secundaria.

Y volvimos a ser injustos cuando no valoramos como merecía su último sacrificio: renunciar a mitad de su mandato para no convertirse en un obstáculo. Acabó con la bicefalia de manera radical: renunciando a su papel de secretario general y convocando un congreso extraordinario para ceder el liderazgo orgánico a quien le reconocía el liderazgo social e institucional.

Ese es el recuerdo que atesoro de Juan Carlos: su enorme generosidad. Una generosidad que no sólo mostró en los grandes temas, la practicaba a diario con su disponibilidad para cualquier compañera o compañero.

Fue, hasta el momento, el último secretario general enamorado profundamente del partido. Preferiría que mis palabras no se interpretaran como crítica a ninguno de sus sucesores, pero estoy dispuesto a correr el riesgo, pues no quiero seguir sumando injusticias y Juan Carlos merece que se le reconozca su pasión por el partido.

Otras compañeras, otros compañeros, se sienten más cómodos con el trabajo intelectual o en las instituciones. Juan Carlos, que cubría sobradamente esas otras parcelas, sumaba esa pasión por el partido, por su vida orgánica, por sus equilibrios internos, por la gente que lo componemos.

Quizás una cierta cobardía, un cierto temor a que reconocer públicamente el valor del trabajo realizado por Juan Carlos pudiera parecer un demérito de su sucesor, me limité a reconocerle esos méritos en alguna de las conversaciones que sostuvimos, tras su incorporación a la Audiencia de Cuentas.

Hoy reparo esa injusticia en la parte que me toca.

Hasta siempre, Jefe.

Saltamos unos años adelante y la CUP, que hizo bandera de su negativa a investir a Artur Mas, lleva a una asamblea la posibilidad de respaldar al candidato de Junts pel Sí. Lo hace mediante un proceso asambleario que es saludado como un gesto democrático sin precedentes.

Más allá de la anécdota del empate en la asamblea de la CUP, que ha devuelto la pelota al Consell Politic de la formación, ambos casos coinciden en que una fuerza política necesita legitimar un cambio de postura que contradice un compromiso electoral previo. Sin embargo, difieren los mecanismos utilizados por cada uno de los actores.

El el caso del PSOE, su secretario general podía haber realizado una consulta a sus bases, o trasladar la decisión a sus órganos federales, pues el Partido Socialista no tiene carácter asambleario. Sin embargo, consideró que tal cambio de criterio debía de ser sometido a un contraste más amplio y optó por someter a referéndum la permanencia de España en la OTAN.

Por contra, los órganos de dirección de la CUP han considerado adecuado solventar la situación con una consulta a sus bases. Salvando la imposibilidad de la CUP para organizar un referéndum, que ya se sabe que los referéndums los carga el diablo, lo cierto es que la organización asamblearia podía haber optado por una consulta popular, que abriera la posibilidad de participar no sólo a los militantes, sino a la sociedad catalana en general.

En cuanto a la legitimidad para adoptar la decisión, el PSOE había obtenido en las elecciones generales previas al referéndum un 48,11% de los votos (10.127.392) y disfrutaba de 202 escaños sobre 350, una mayoría sin parangón en la historia democrática de este país. En el referéndum votaron 17.246.458 personas, ganando el sí por un 52,5% (9.054.509 votos a favor), por lo que con independencia de que guste o no la decisión, lo cierto es que fue adoptada de manera democrática.

La CUP obtuvo en las últimas elecciones catalanas un total de 336.375 votos, lo que representa el 8,2% de los votos y supone 10 escaños sobre 135. En la asamblea celebrada este domingo, han participado algo más de 3.000 inscritos y se ha registrado un empate a 1.515 votos. Unas tres mil personas han sustituido, como mínimo, a más de trescientas mil que respaldaron las candidaturas de la CUP.

Las similitudes son claras. Ambas fuerzas, PSOE y CUP, han pasado por una situación en la que han considerado adecuado desdecirse de un compromiso previo. Ambas fuerzas han buscado la legitimidad para ese cambio de criterio sometiendo la cuestión a un cuerpo decisorio mucho más amplio que el de sus órganos de dirección.

Las diferencias son claras también. El PSOE de Felipe González opta por dar voz a la ciudadanía, mientras la CUP reserva la capacidad de decisión a su militancia.

Sin embargo, a pesar de las similitudes que igualan ambas situaciones, y las diferencias que juegan en favor del PSOE, el juicio de la historia ha condenado al PSOE a penar de manera irredimible por su cambio de criterio, a pesar de haberlo contrastado con la ciudadanía. Mientras, la CUP protagoniza un “hito democrático sin precedentes” por reunir a sus militantes en asamblea.

Preocupa pensar que en un escenario que se vuelve política y socialmente cada vez más complejo, se trabaje con simplificaciones tan burdas y con análisis tan lineales.

*Carlos Espino es militante socialista

La acción ha sido más propia de un gorila de discoteca que de las fuerzas armadas de un país democrático. Ha sido la exhibición macarra de un matón

Las imágenes no engañan: la zodiac de Grenpeace fue brutalmente embestida por otra de la Armada.

Una de las claves del contrato social, cada vez más incumplido, es la reserva en favor del estado del monopolio de la violencia. Para legitimar el uso por parte del estado de la fuerza contra sus propios ciudadanos han de darse dos circunstancias imprescindibles: que sea necesaria para la defensa del bien común y que su uso sea proporcionado tanto con respecto a la intensidad de la agresión, como al valor del bien a defender.

Sin embargo, la violencia ejercida por la embarcación militar no guarda proporcionalidad alguna. No pretendía repeler una agresión y no corrían riesgo alguno la tripulación o el barco encargado de las prospecciones o el propio buque.

La acción ha sido más propia de un gorila de discoteca que de las fuerzas armadas de un país democrático. Ha sido la exhibición macarra de un matón. Un puro ejercicio de fuerza bruta que parece querer marcar el terreno sembrando el temor.

Esta salvaje exhibición de poderío no puede quedar impune. Deben exigirse responsabilidades, comenzando por el patrón de la embarcación, que demostró una total falta de sensibilidad con respecto a las consecuencias de su acción. No se trataba de un videojuego, no era un juego de guerra. Era lanzar una embarcación militar contra otra tripulada por civiles poniendo en riesgo sus vidas. Por supuesto, hay que determinar quién ordenó la acción, en qué términos y con qué límites.

Pero, y quizás es más importante, hay que reflexionar sobre la oportunidad de encargar este tipo de misiones a la Armada. Por definición, quienes integran las Fuerzas Armadas reciben entrenamiento de combate. Se supone que enfrente tienen a un enemigo.

Sin embargo, quienes tienen la misión de controlar el orden público han de ser conscientes de que enfrente tienen a un ciudadano que, en ocasiones como ésta, ni siquiera se trata de alguien que delinque, sino de un grupo de personas que manifiestan su legítima oposición a una decisión injusta.

Tal vez para este tipo de misiones se debiera recurrir a la Guardia Civil. Goza de medios suficientes y de una formación más adecuada en cuanto sus miembros están preparados para garantizar el orden público.

La brutal agresión protagonizada por nuestra Armada debe llegar al Parlamento, debe provocar un debate a fondo, más allá de recurrir ramplonamente a la abnegación y el espíritu de sacrificio de nuestras tropas y a la criminalización de los activistas.

Las mismas Fuerzas Armadas que se han ganado nuestro respeto por sus intervenciones humanitarias no pueden dejar sin consecuencias esta intervención brutal y despreciable.

El PSE podría haber conformado un bloque de izquierdas, forzando al PPE a incorporar a la ultraderecha a su pacto con los liberales

La única manera en que la ciudadanía entienda este pacto es si la legitimidad que el PSE/PSOE ha perdido al formalizar su acuerdo con el PPE, la contrarresta con la legitimidad derivada del ejercicio de su actividad en el Parlamento Europeo

El acuerdo entre el Partido Socialista Europeo (PSE) y el Partido Popular Europeo (PPE) para proponer a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea y elegir a Martin Schulz como presidente del Parlamento Europeo, coloca al PSOE en una posición terriblemente incómoda que requiere explicación.

Elegir al presidente del Parlamento Europeo, al igual que proponer al presidente de la Comisión Europea, requiere una mayoría de 376 votos. Sin contar con los integrantes de la coalición Europa de la Libertad y Democracia Directa y los No Adscritos que engloban a la ultraderecha, auntieuropeístas y 2 eurodiputados del Partido Comunista Griego, tan sólo caben dos posibilidades reales: un pacto de la derecha, los liberales y la ultraderecha, o un acuerdo entre el PSE y el PPE.

Un acuerdo que englobara a la izquierda tradicional del PSE y a la izquierda alternativa dispondría de sólo 293 votos, se quedaría a 83 votos de lograr un presidente del Parlamento. Un hipotético bloque de derechas y liberales dispondría de un total de 358 votos, con lo que sólo precisaría de 18 escaños adicionales para conformar una mayoría.

El PSE podría haber conformado un bloque de izquierdas, forzando al PPE a incorporar a la ultraderecha a su pacto con los liberales. Esta posición hubiera supuesto entregar en bandeja las presidencias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo a la derecha. A cambio, el PSE no sufriría el desgaste de incorporarse a una coalición de difícil explicación a sus votantes.

La opción elegida ha sido la contraria: llegar a un acuerdo que permite al PSE garantizar su presencia en una posición clave, como es la presidencia del Parlamento Europeo, e impedir que la ultraderecha antieuropea disponga del plus de representatividad que le otorgaría ser el socio imprescindible del PPE.

Es una decisión arriesgada que exige del PSOE/PSE primero una explicación rigurosa de por qué se ha adoptado y, en segundo lugar, un esfuerzo por demostrar que este pacto tiene consecuencias reales positivas para la ciudadanía europea.

En cuanto a las imprescindibles explicaciones mal se empieza. La provisionalidad de la actual dirección del PSOE y el papel que han adoptado los candidatos a la secretaría general, desmarcándose del pacto, hacen que la ciudadanía no disponga de ninguna opinión autorizada que explique las razones del acuerdo y las consecuencias que se producirían en el caso de no haber pactado. Nada hace pensar que la dirección que salga del voto de la militancia y del Congreso Extraordinario vaya a asumir como propio este pacto, por lo que presumiblemente quedará sin explicar, sumándose un motivo más de desafecto.

Es en el terreno de la justificación del pacto mediante sus resultados donde queda trabajo por hacer. En primer lugar, existe la posibilidad real de modular la respuesta de la derecha a la crisis. Cuando se critica la gran coalición alemana, normalmente se olvida que ya ha tenido resultados tangibles en las condiciones de vida de las clases trabajadoras, con medidas relacionadas con el salario mínimo y la edad de jubilación. El PSE tendrá que demostrar capacidad de acuerdo y de presión con el PPE, de manera que la ciudadanía europea se vea beneficiada por las medidas que emanen del Parlamento.

En segundo lugar, el PSE ha de ser capaz de sacar adelante propuestas conjuntas con la izquierda alternativa, incluso a pesar del PPE. En el Parlamento Europeo no es infrecuente que se produzcan fugas de votos de los grandes grupos en función del asunto que se someta a votación, por lo que los 83 votos que faltan e impiden una mayoría estable de izquierdas, pueden venir puntualmente de la bancada de conservadores y liberales.

Se ha perdido la oportunidad de explicar que no se podía dejar a Europa en manos de la derecha. Una oportunidad aprovechada de manera legítima por la izquierda alternativa que pretende achicar el espacio del PSE/PSOE enfrentándolo a sus contradicciones (relaes o aparentes) sin aclarar que el pacto de izquierdas no era posible en ningún caso.

Es imprescindible que la decisión adoptada suponga mejoras tangibles en las condiciones de vida de las clases trabajadoras. La única manera en que la ciudadanía entienda este pacto es si la legitimidad que el PSE/PSOE ha perdido al formalizar su acuerdo con el PPE, la contrarresta con la legitimidad derivada del ejercicio de su actividad en el Parlamento Europeo.

De esta manera la pena no solo la sufre él, sino que la sufre su familia, puesto que la deportación de uno de sus miembros obligaría a la familia a salir del país en caso de pretender algo tan básico como mantener la convivencia.

Pero hay, además, un efecto perverso de mayor calado. Si en España residen más de 5,5 millones de extranjeros, de los cuales la mayor parte son trabajadores o trabajadoras y sus familias, el mensaje que se les está enviando es aterrador: o callas o te echamos.

Para el resto, los nacionales, se avisan reformas que dificultaran el legítimo derecho a tomar las calles, las plazas, el espacio público, para protestar.

“La calle es mía” , llegó a afirmar en sus delirios autoritarios el padre “intelectual” de la derecha española. A este paso, sus herederos están a punto de hacer cierta la frase.

Por eso yo soy José Morales. ¿Y tú?

Carlos Espino

Y si la RAE dice que acatar es tributar homenaje de sumisión y respeto o aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, me niego a acatar esa sentencia injusta. La soportaré, la aguantaré, me la envainaré, pero me es imposible acatarla.

Siempre he sostenido que por encima de los comportamientos erróneos de los poderes públicos, está la consideración de las instituciones, pero hoy esa convicción se resquebraja por culpa de una caterva de togados que han prostituido la ley, que han violado a la Justicia, bajo la disculpa de garantizar los derechos constitucionales (que los tienen) de una banda de delincuentes.

Me es imposible obligarme a sentir respeto por estos personajes y sus actos y me cuesta contener la rabia y el desprecio que siento ante el atropello cometido.

Me inunda una sensación de vergüenza cuando pienso que soy ciudadano de un país capaz de despedir como un hombre de estado al franquista Fraga y condenar a un Juez como Garzón, de una ejecutoria ejemplar en la persecución del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.

Siento que me he equivocado, que yo también fui de esos ingenuos que creí en la transición, que creí que se había desmontado el régimen cuando lo cierto es que los herederos del dictador siguen mandando en las cortes y en los juzgados.

Carlos Espino