Con motivo del 1º de mayo, los autores, ambos iuslaboralistas, reflexionan sobre la espinosa situación que atraviesa el mercado laboral en España y exponen la propuesta del Trabajo Garantizado, indispensable para caminar hacia una organización del trabajo capaz de satisfacer el bienestar de las mayorías sociales

Los datos de la última Encuesta de Población Activa, relativos al primer trimestre de 2015, muestran un panorama desolador. En los tres primeros meses del año de la “recuperación” el número de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo ha aumentado y la precarización de las asalariadas se extiende mientras también se reduce el número de las que realizan un trabajo autónomo. Según los datos recientemente conocidos, el empleo disminuye, particularmente entre las mujeres (se vuelve a abrir la brecha) y los jóvenes, la tasa de paro aumenta situándose en un gravísimo 23,4%, la temporalidad sigue siendo la más alta de la UE y continúa aumentando sin cesar. Como corolario de todo esto, la población activa se reduce mes tras mes, evidenciando que la emigración y el desánimo están impregnando el mercado de trabajo español.

Ante esta situación nos parece evidente que el tema central de cualquier propuesta política que persiga el bienestar de las mayorías sociales debe ser el Trabajo. El Trabajo (con mayúsculas) no se agota en el concepto “empleo”, ni mucho menos en las relaciones asalariadas precarizadas a las que los intereses empresariales nos abocan hoy en día. Al contrario, el Trabajo debe pensarse de manera amplia, entendiéndolo como la relación social que debe permitir a la mayoría de personas satisfacer sus necesidades vitales, trascendiendo la dinámica del aumento de la tasa de ganancia empresarial para enfocarlo a la consecución del bienestar social, a la superación de la discriminación sexual, a la regeneración de dinámicas de solidaridad, etc.

No se trata de un cambio terminológico ni de una reflexión anclada en el plano teórico, en absoluto. De hecho, el agotamiento del concepto de empleo actual puede evidenciarse con el fracaso de la clase empresarial para ser el actor que permita recuperar niveles de empleo compatibles con el bienestar social. No en vano la EPA nos dice que en el último trimestre el empleo privado se ha reducido en 143.500 personas, situándose en 14.498.100, mientras que el público ha caído en 29.200 personas.

Ante esta situación, es necesario avanzar hacia propuestas que, sin perder de vista el objetivo de generar puestos de trabajo (dignos), permitan a su vez una resignificación del Trabajo y la superación de la situación de precarización y devaluación de la prestación laboral, que afecta especialmente a mujeres y a jóvenes. En esta línea, la propuesta de Trabajo Garantizado (TG) aparece como particularmente interesante y tiene la virtud de romper esquemas y líneas rojas de una clase empresarial que, en connivencia con el poder público, se está beneficiando de esta situación de desastre social.

Las bases de la propuesta de Trabajo Garantizado han sido desarrolladas en el ámbito económico en artículos anteriores. Con ella se traslada al Estado la responsabilidad de garantizar un trabajo digno a aquellas personas que no lo consiguen en el mercado de trabajo privado o público. Así, el primer objetivo de la propuesta es actuar como un freno de mano a la situación de emergencia y excepcionalidad social en la que se encuentran millones de personas. Evidentemente, la magnitud del problema es tal (hemos alcanzado la terrible cifra de 5.444.600 personas desempleadas) que este objetivo requerirá una puesta en marcha paulatina, fijándose el objetivo inicial de garantizar un millón de puestos de trabajo durante el primer año de su puesta en marcha. Ello comportaría, según los estudios económicos realizados al respecto, un gasto equivalente al 1% del PIB, lo que obliga no solo a replantear la fiscalidad sino también las ingentes sumas de dinero que reciben las empresas con la finalidad, jamás verificada, de crear empleo de calidad. El segundo objetivo, de similar importancia en el medio y largo plazo, es la potencialidad del TG para resignificar políticamente el Trabajo partiendo de la constatación de que frente a la escasez/inexistencia de empleo existe un trabajo socialmente necesario que se encuentra cada vez más desatendido. Como tercer objetivo, el TG busca recuperar el valor político que en sí mismo tiene el trabajo,  superando el concepto de empleo y dotándolo de un contenido social para caminar hacia un modelo productivo que tome a las personas como sus destinatarias y no los intereses económicos y financieros de las grandes corporaciones.

Naturalmente, para cumplir estos objetivos, la puesta en marcha de la propuesta debería realizarse junto con una serie de medidas orientadas a asegurar por un lado la dignificación del trabajo asalariado y, por otro, la expansión de los servicios públicos. Así, es necesario que el TG no se plantee como una alternativa actual a ninguna de estas dos ubicaciones del trabajo sino como un instrumento transitorio para la solución del problema del desempleo que además sirva como punta de lanza de la reconceptualización y redignificación del trabajo que venimos exigiendo.

El desarrollo de la propuesta en términos jurídico-laborales es un reto interesante. Se plantea una relación laboral con unas características muy determinadas, y por tanto con una modalidad contractual específicamente creada al efecto, cuyo contenido podemos resumir en las siguientes notas: una jornada de 35 horas, un salario fijado por una norma estatal al nivel del SMI, un porcentaje de la jornada del 25% destinada a la formación profesional y una duración de la relación laboral según las necesidades particulares de cada persona y su relación con otras relaciones de trabajo o prestaciones de seguridad social.

Hay diversos puntos de la plasmación de la propuesta de TG que deben ser tratados con especial atención y que tan sólo podemos dejar aquí apuntados para el debate. Por un lado es necesario detallar la articulación del ente u organismo que debe gestionar la ingente tarea de organizar el TG. A efectos de involucrar especialmente a los agentes locales, se podría plantear una regulación marco estatal con un desarrollo autonómico y una puesta en marcha fundamentalmente local. En esta puesta en marcha sería imprescindible la actuación de los servicios públicos de empleo y debería involucrarse a asociaciones, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos… creando consejos de participación que colaboraran con el desarrollo de la propuesta del TG.

Además de la regulación de los instrumentos para su puesta en marcha, es imprescindible reflexionar sobre los sectores donde se van a ubicar los trabajos que se ofertarán dentro del TG. En la misma selección de estos sectores reside una de las potencialidades de la propuesta: la visibilización de los trabajos “invisibles” asumidos habitualmente por las mujeres cuyo reconocimiento y prestación organizada y remunerada iría erosionando la tradicional división sexual del trabajo. De esta manera, frente a la actual falta de concreción de las políticas activas de empleo, el TG ofrecería como virtud una selección específica de actividades donde se pretende invertir socialmente, a través de fórmulas de participación ciudadana directa que permitan la detección de aquellas necesidades sociales más acuciantes. De este modo, el significado y valor político del trabajo se vería reforzado haciendo posible el cumplimiento del tercer objetivo que encierra el TG.

La propuesta cuenta ya con una elaboración teórica avanzada que permitiría su puesta en práctica, al menos de su primera fase, de una forma bastante inmediata. Somos conscientes de que más allá de lo acertado y avanzado de dicha elaboración teórica, existen dos factores que actúan a modo de resistencia. El primero tiene que ver con el entendimiento fetichista de que el modelo de relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el sector público, continúa siendo una referencia a la que volver una vez superada esta etapa marcada por la crisis económica y financiera. El segundo de los factores se desenvuelve en torno a un sentimiento por el cual el trabajo, especialmente el asalariado, resulta ser un ámbito de intervención restringido exclusivamente al sujeto colectivo de representación de los trabajadores. Uno y otro factor han de ser cuestionados -ya lo están en la práctica-, abandonando ciertos dogmatismos que puedan estar impidiendo una representación política del Trabajo acorde con el momento actual. Un trabajo que, repetimos, debe tener como objetivo la consecución del bienestar para las mayorías sociales.

El discurso político imperante acepta el sufrimiento de las mayorías como condición para una quimérica recuperación económica.

Para ello, se vale de la criminalización del sindicalismo y de los derechos de los trabajadores.

El conflicto de Elcogas, en Castilla La Mancha, muestra que las cosas podrían hacerse de otra manera.

Asistimos a un momento de agudo sufrimiento y preocupación de todas aquellas personas que encuentran en el trabajo el vehículo de acceso a determinados bienes con los que satisfacer sus necesidades básicas. Nuestra cotidianidad aparece conformada por un nivel de desempleo insoportable y por unas condiciones de trabajo y de vida que distan mucho de consentir una existencia digna a la gran mayoría social.

La respuesta consolidada en el tiempo, seis años después de la irrupción de la crisis económica, resulta ser un desdén camuflado de cientificidad económica: devaluación interna, reducción del déficit público, competitividad exterior. El discurso político imperante acepta y justifica el sufrimiento y el padecimiento de las mayorías sociales como condición indispensable para una quimérica recuperación económica. O lo que es lo mismo, para un cierto pensamiento político, el desempleo, el empobrecimiento o las desigualdades socioeconómicas constituyen buenos augurios de recuperación de un determinado tipo de economía y de desarrollo que coincide plenamente con el tipo de economía que nos ha conducido hasta aquí.

Esta política del sufrimiento ha previsto, en el mismo sentido, una hoja de ruta de intervención sobre los sujetos colectivos de representación de los intereses de los trabajadores y el propio Derecho del Trabajo. De este modo, se justifica un constante asalto a la normativa laboral en base a una supuesta creación de empleo, aunque éste no se materialice nunca o carezca de derechos. Y lo mismo ocurre con la criminalización de los derechos colectivos de los trabajadores y, con ello, de las organizaciones sindicales por resultar un obstáculo al desarrollo económico.

Esta ofensiva se perpetra bajo el envoltorio de sesudos planteamientos jurídicos y económicos que convergen en la idea de que los derechos de los trabajadores impiden la creación de empleo (a salario cero, empleo infinito). Sin embargo, la política del sufrimiento no prevé en su agenda temas tan imprescindibles para el empleo como la inevitable reforma empresarial y del modelo productivo.

Esta es la situación que aparece nítidamente expresada en el conflicto de Elcogas en Puertollano. Si se materializa el peor de los escenarios, el cierre de la Central podría tener hondas repercusiones socioeconómicas en la comarca y en la propia provincia de Ciudad Real. El origen del conflicto hay que situarlo, a grandes rasgos, en la política energética desarrollada desde 1999 por los gobernantes del PP –y no solo-, basada en la privatización del sector y en la consolidación de éste como oligopolio. Los resultados obtenidos hasta ahora arrojan un fuerte contraste. Por un lado, el enriquecimiento de las grandes compañías eléctricas, que han visto multiplicar exponencialmente sus beneficios en un contexto de fingida competencia. Por otro, las tragedias sociales que comprenden desde el fenómeno denominado como pobreza energética hasta la pérdida, en el caso de Elcogas, de aproximadamente 300 puestos de trabajo. Esto es, el empobrecimiento generalizado de la mayoría social.

El conflicto de Elcogas en Puertollano debería ser entendido, en términos generales, como una oportunidad para debatir, sobre otras premisas, el futuro económico, del empleo y de las relaciones laborales. En definitiva, para hablar de una vez sobre el tan cacareado cambio de modelo productivo, que nunca parece ocupar un lugar concreto en la agenda política.

La experiencia empresarial desarrollada en Elcogas resulta interesante desde el momento en que acogió desde sus inicios dos principios que suelen brillar por su ausencia en la iniciativa del empresariado español: la inversión en investigación y la preocupación por una producción sostenible desde el punto de vista medioambiental.

A pesar de ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha, al igual que el del Reino de España, lejos de interrogarse sobre las implicaciones del cierre de una iniciativa empresarial como la de Elcogas y, por tanto, promover un debate serio al respecto, apuesta por la mordaza informativa y por la represión de los derechos de manifestación y huelga. Esto explica la indignación de los trabajadores de Castilla-La Mancha Televisión ante el apagón informativo de las masivas movilizaciones vividas durante los meses de junio y julio.

La sinrazón de los gobiernos autonómico y nacional llega a extremos tales como la de contrariar iniciativas europeas como el plan de reindustrialización que se pretende poner en marcha tomando como horizonte el año 2020, desaprovechando así los recursos que la propia Unión Europea ha puesto a disposición de los agentes involucrados.

Frente al modus operandi cada vez más extendido de una intensa violencia del poder público, casos como el de Puertollano plantean la posibilidad esperanzadora de llevar a cabo otra política. Una política que parta del entendimiento de que el debate público ha de ser el pilar sobre el que repose cualquier decisión que afecte a los intereses sociales y económicos de la mayoría. Esta forma de hacer política se está materializando a través de una simbiosis, no siempre perfecta, entre los intereses de los trabajadores (lugar de trabajo) y aquellos otros que con carácter general atañen a la ciudadanía (el territorio).

Las movilizaciones que han tenido lugar para impedir el cierre de Elcogas han obtenido ya como resultado positivo la convicción de esa gran mayoría social de que esta otra política, así como su articulación material, constituyen la única vía para afrontar el presente y el futuro de los trabajadores y ciudadanos de Puertollano. Y no solo para ellos.