El comité de huelga de Canal Sur ha rechazado las propuestas presentadas por escrito por la dirección de la cadena para tratar de alcanzar un acuerdo que evitara los tres paros convocados para los días 11, 12 y 14 de mayo, en plena campaña electoral a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate entre los candidatos previsto para este lunes día 11.

En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral. Según la corporación, esta situación podría alterar el normal desarrollo del Plan de Cobertura Electoral aprobado por el consejo de administración de la RTVA, así como el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de las distintas formaciones políticas, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Además, la dirección considera que los paros podrían perjudicar el servicio público que Canal Sur tiene legalmente encomendado.

En este contexto, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha informado en una nota de que UGT-RTVA se ha desvinculado de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga generan dudas sobre su encaje dentro del marco legal.

Discrepancias entre la dirección y el comité de huelga

Según ha informado la dirección de Canal Sur, esta semana se han mantenido tres reuniones con el comité de huelga para estudiar sus propuestas. La dirección dice haber presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas por el comité de huelga pese a que la dirección aceptaba trabajar en una buena parte de sus reivindicaciones.

El principal punto de fricción es la petición del comité de huelga –del que se salió UGT al no estar de acuerdo con la postura de los demás sindicatos– de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como “mínimo” del futuro concurso oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).

La dirección de la empresa, que se había comprometido por escrito a analizar con la Junta de Andalucía su viabilidad jurídica, defiende que para reservar puestos para esos trabajadores temporales hay que garantizar la seguridad jurídica, de ahí su rechazo a “reservar plazas al margen de lo que dice el propio convenio colectivo de la RTVA”.

Por su parte, el comité de huelga lamenta que “desde el martes que se recibió la propuesta de servicios mínimos la dirección ha obviado su negociación y aplicación hasta el punto de que mientras estábamos reunidos en la mañana del viernes y sin información alguna previa se han impuesto unos servicios mínimos totalmente desproporcionados y abusivos (en algunos centros y departamentos al 100%)”. La dirección insiste en que solo exigía que existiera una “garantía jurídica” y considera que las “plazas no se obtienen bajo las amenazas de huelgas y paros”.

Reivindicaciones del comité de huelga

Entre sus principales reivindicaciones, el comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

Al interrumpirse las negociaciones, el comité ha anunciado que la huelga se llevará a efecto en forma de paros parciales los días 11 de mayo (de 12h a 14h y de 18h a 20h), 12 (de 08h a 10h y de 15h a 17h) y 14 de mayo (de 08h a 10h y de 18h a 20h). Y ha animado a la plantilla y a la ciudadanía en general a participar en la concentración en defensa del Servicio Público de la RTVA del lunes 11 de mayo, a las 20h, frente al Pabellón de Retevisión.

Entretanto, la dirección de la empresa ha lamentado que los sindicatos, analizadas sus reclamaciones y considerando la empresa que “no existe una causa grave que justifique los paros en plena campaña electoral, alteren el normal funcionamiento informativo y democrático en un servicio público esencial como es Canal Sur y que los andaluces, que son los que financian con sus impuestos a la RTVA, sean los verdaderos perjudicados”.

La lluvia y las tormentas volverán a activar este sábado 9 de mayo avisos de nivel amarillo en distintos puntos de Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, donde se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y no se descarta la posibilidad de granizo.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, el litoral gaditano permanecerá bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 6:00 hasta las 15:00 horas de este sábado.

Asimismo, todas las comarcas de la provincia de Huelva –Aracena, Andévalo y Condado, y el litoral– estarán en alerta amarilla por estos fenómenos atmosféricos entre las 3:00 y las 15:00 horas.

En la provincia de Sevilla, concretamente en la Sierra Norte y la campiña, también se mantendrá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 6:00 hasta las 15:00 horas de la misma jornada.

En el conjunto de Andalucía se esperan para este sábado cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas y generalizadas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas de tormentas y con posibilidad de granizo menudo ocasional. Durante la tarde, la situación tenderá a mejorar en el litoral, donde los cielos quedarán poco nubosos, mientras que en el interior se abrirán claros.

Descenso de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán, de forma más acusada en las zonas del interior.

Además, durante la jornada soplarán vientos flojos y variables, que aumentarán a moderados de componente suroeste a lo largo de la mañana, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en el tercio occidental andaluz.

La borrasca atlántica que entrará desde el oeste de Andalucía y se extenderá por toda la comunidad autónoma dejará “lluvia durante todo el fin de semana”, afectando también a los primeros días de la próxima semana, según las previsiones de la Aemet.

La Comandancia de la Guardia Civil en Huelva acogerá este sábado 9 de mayor la capilla ardiente por los dos agentes que han fallecido este viernes en el transcurso de una operación contra el narcotráfico desarrollada en la costa onubense.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la capilla ardiente estará instalada de 9:30 a 11:30 horas. Además, la misa funeral será a las 12:00 horas en la iglesia de la Concepción.

Asimismo, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero han confirmado su asistencia a la misa funeral, tras haber suspendido los actos de campaña hasta el domingo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado su “más profundo pésame” a las familias de los agentes fallecidos este viernes en las costas de Huelva durante una operación marítima contra el narcotráfico y ha lamentado que “la administración tenía las advertencias sobre la mesa” pero “las ignoró”.

Desde la AUGC afirman que “el narcotráfico no eligió Huelva por azar”, sino porque “la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste, consolidando la costa onubense como uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa”. En ese sentido, la entidad apunta que la Comandancia de Huelva “opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener”, lo que supone “un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica” y que “tiene la mitad de agentes especializados en lucha antidroga que la de Cádiz”.

“Esto no es un accidente imprevisto”, afirma la AUGC, que atribuye la tragedia a “la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar”. Al respecto la asociación señala que presentó ante la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales diversas solicitudes específicas.

Entre ellas figuran las de una “evaluación específica del riesgo laboral derivado de las intervenciones marítimas frente al narcotráfico, atendiendo a la elevada peligrosidad y desproporción operativa” o la dotación “mínima de cuatro efectivos” por unidad “en misiones con posibilidad de abordaje o contacto físico con tripulaciones hostiles”.

También la restricción del uso de embarcaciones semirrígidas “sin protección” a funciones de vigilancia “no hostil”, con “dotación de medios de visión nocturna, cabinas o pantallas de protección física y medios disuasorios no letales” y la revisión del procedimiento de activación de embarcaciones rápidas tipo HS60, “para que pueda ser inmediata y descentralizada en situaciones de urgencia operativa”.

Ante ello, critican que “la administración respondió que el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema”. “Sin protocolo, sin dotación adecuada, sin respaldo previo de ningún tipo”, lamenta la asociación, afeando que “ese es el nivel de la respuesta institucional a las advertencias”.

Las condiciones del escenario operativo

Así lo ha indicado la asociación en un comunicado donde también expresa su “solidaridad” y su “deseo de pronta recuperación” a los agentes hospitalizados, uno en estado grave y otro con heridas leves.

Según ha señalado la AUGC, el servicio de los agentes “se inició a las 08:00 horas cuando una lancha semirrígida y la embarcación interceptora 'Río Antas', sexta unidad del modelo HS60 construida por el astillero gallego Aister y entregada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) en diciembre de 2025, estaban interceptando una narcolancha a entre 60 y 80 millas de la costa onubense”, en aguas comprendidas “entre Punta Umbría y Mazagón”.

Prosigue apuntando que “el choque entre dos de las embarcaciones durante la persecución ha costado la vida de dos agentes y ha dejado a otros dos fuera de combate”. Al respecto, han detallado que la 'Río Antas' cuenta “con cinco meses de vida” y es una de las embarcaciones “más capaces” de la flota del Semar“ y cuenta con ”18 metros de eslora y consigue más de 60 nudos de velocidad máxima“, por lo que alertan de que ”incluso con ese medio se produzca una tragedia de esta magnitud dice más sobre las condiciones del escenario operativo que sobre el equipamiento de la embarcación“.

El PP y el PSOE han suspendido la campaña electoral por el 17M hasta el domingo por la muerte de dos guardias civiles tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. La Junta de Andalucía, de hecho, ha decretado luto oficial para este sábado al confirmarse los dos fallecimientos.

En un comunicado remitido a los medios, el PP andaluz ha confirmado la suspensión de “todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias”.

En la misma línea, el PSOE ha decidido suspender sus actos públicos en las ocho provincias por la campaña electoral del 17M previstos para este viernes y sábado en señal de luto por la muerte de dos guardias civiles. A raíz de esta decisión, el mitin programado inicialmente para este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, se traslada a la jornada de este próximo domingo, 10 de mayo, según han informado fuentes socialistas.

Las mismas fuentes han indicado que la candidata y líder del PSOE-A asistirá este sábado al funeral “en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos de los agentes fallecidos”. La suspensión de la agenda de campaña se ha conocido minutos antes de que fuera a comenzar el acto que este viernes por la tarde tenían previsto compartir en Montilla (Córdoba) María Jesús Montero y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero han confirmado su asistencia a la misa funeral, que se celebrará este sábado a las 12:00 horas en la iglesia de la Concepción.

Dos años después de la tragedia en Barbate

La muerte de dos agentes en acto de servicio ha desencadenado una cascada de reacciones y decisiones, como la de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado “consternado” por la tragedia y ha agradecido “el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Además de las dos personas fallecidas, hay otros dos agentes que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita, han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado “una pronta recuperación” a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.

Santiago Abascal acompaña a Manuel Gavira en esta gira electoral por los comicios del 17 de mayo. Las proclamas son muchas, pero, entre tantas, quedó la del mitin que dio Vox en la ciudad sevillana de Dos Hermanas: “Queremos una Andalucía orgullosa de su identidad, que no es la identidad islamista de Blas Infante que enseñan en las escuelas, sino la de Fernando III el Santo, los Reyes Católicos y quienes recuperaron esta tierra de la invasión de los moros y de la invasión islamista. No vamos a olvidar nuestra historia”. Pero, ¿a qué historia se refería exactamente el líder de la ultraderecha? Los investigadores de las universidades públicas andaluzas tachan esta y otras declaraciones de la formación de “falsificación” con el fin de “fomentar odio y desprestigiar la identidad andaluza”.

El manifiesto, que responde al título de La Historia como aprendizaje de futuro, está firmado por más de una treintena de acádemicos y profesores dedicados a estudiar y divulgar el pasado y pone en entredicho “los intentos de la extrema derecha de manipular y tergiversar la historia reciente de Andalucía” mediante “bulos y falsedades deliberadas, realizando interpretaciones de nulo valor académico, al tiempo que se ensalzan regímenes autoritarios felizmente superados”. Desde su fundación, son muchos los ejemplos de cómo opera el partido, como en el uso anacrónico de reconquista, recogido por el Diccionario de la Real Academia Española en 1936, o la ausencia de rigor a la hora de proponer la eliminación de las figuras de Indalecio Prieto y Largo Caballero del callejero madrileño.

“Calculado intento cultural por destruir el autogobierno andaluz”

Los firmantes señalan especialmente las calumnias inventadas contra Blas Infante, para lo que señalan que, si bien no es obligado compartir el pensamiento del padre de la patria andaluza y la primera generación de andalucistas, “la discrepancia y la crítica deben realizarse con una mínima dosis de veracidad, sin recurrir a la invención de frases, pareceres o creencias que no le corresponden, ni sacando palabras del contexto histórico, doctrinal y literario en el que fueron pronunciadas”. “Más bien creemos que, tras las mentiras contra el legado del notario de Casares, esconden su utilización como ariete contra la propia identidad andaluza y el autogobierno por el que fue asesinado”, inciden.

En todo caso, contemplan que la descalificación de los símbolos de Andalucía e incluso la propia identidad del pueblo andaluz responde a un “calculado intento político y cultural por destruir el autogobierno andaluz”. Ante esta manipulación histórica, animan a la ciudadanía andaluza a la reflexión y “a negar el voto al partido que niega la existencia de Andalucía, que intenta destruir nuestra conquista autonómica y que se manifiesta como un generador de bulos y odios que nada contribuyen a la necesaria unidad de los andaluces y andaluzas”.

Así, en la batalla cultural que libra la ultraderecha cabe la tergiversación histórica, desoyendo que, por ejemplo, Granada fuera fundada por los musulmanes sobre los restos de una ciudad íbera y romana abandonada en la alta Edad Media y realmente se rindiera de forma pactada, o también las fiestas andaluzas, como la tauromaquia para captar el voto de los más jóvenes. Una forma para atraer a las urnas para las que los investigadores piden más sentido crítico. Entre las firmas, se encuentra el antropólogo Javier Aroca; Eloísa Baena Luque, directora del Archivo de Movimientos Sociales, la historiadora Pilar González Molino o Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia Contemporánea.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos agentes en acto de servicio en la mañana de este viernes, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Si bien en un primer momento se informaba de un fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado la muerte de otro de los agentes que se encontraban heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

Hace dos años murieron otros dos guardias civiles por un choque similar en Barbate (Cádiz). El suceso, en el que dos agentes perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha, puso en entredicho las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan su trabajo contra las redes de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar y se alzaron las voces para reclamar más medios materiales y humanos.

Los acontecimientos de hace un año se produjeron cuando una zodiac de la Guardia Civil acudió a un operativo para tratar de disuadir la presencia de varias embarcaciones de alta velocidad y gran envergadura –las llamadas gomas– que se estaban refugiando del temporal en el puerto de Barbate. Una de ellas arremetió en varias ocasiones contra la de los agentes, que era inferior en potencia y tamaño.

La última embestida fue la mortal, al pasar por encima de la zodiac y causar la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez. Además, otros tres guardias civiles quedaron gravemente heridos.

Dos guardias civiles con amplia experiencia en Servicio Marítimo

Desde la dirección general de la Guardia Civil se ha precisado que el accidente ha ocurrido en torno a las 11:00 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Entonces se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005. Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020. Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos.

El otro guardia civil fallecido es Germán PG, nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad. Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

El Club de ESADE Alumni en Andaluca Occidental ha celebrado en Sevilla el encuentro “Experiencias reales de la IA aplicada en la empresa”, una jornada que congregó a directivos, profesionales y expertos con el objetivo de acercar la inteligencia artificial a su aplicacion real en el ambito empresarial.

El evento, celebrado en la Fundacion MAS de Sevilla, puso el foco en como la inteligencia artificial está transformando ya la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la generación de valor en las organizaciones, evidenciando la necesidad de reducir la brecha existente entre el discurso teórico y su implementación práctica.

La sesión arrancó con una ponencia inspiradora a cargo de Carla Casas, experta en integración de IA y desarrollo organizativo, quien abordó el impacto de esta tecnología en el aprendizaje, la transformación empresarial y el desarrollo del talento. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el director de Canal Sur Lab, Agustn Madariaga, en la que participaron representantes de distintos sectores —consultora, industria, medios de comunicación y distribución— que compartieron casos reales de aplicación de la inteligencia artificial en sus organizaciones.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una herramienta estratégica clave, capaz de generar ventajas competitivas tangibles cuando se aplica con enfoque práctico y orientado a negocio.

La jornada concluyó con un espacio de networking que facilitó el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de colaboración entre los asistentes, reforzando el papel de ESADE Alumni como dinamizador del conocimiento, la innovacion y las relaciones profesionales en el tejido empresarial andaluz.

Con iniciativas como ésta, el Club de ESADE Alumni Andalucía Occidental consolida su posicionamiento como punto de encuentro para el debate cualificado sobre transformación digital e innovación aplicada, contribuyendo ademas a situar a Sevilla como un espacio relevante en la conversación empresarial en torno a la inteligencia artificial.

Amnistía Internacional exige la “rendición de cuentas efectiva” y una investigación con garantías cinco meses después de la muerte de Haitam Mejri en un locutorio de Torremolinos tras al menos recibir 11 descargas táser, además de inahalar gas irritante, recibir golpes y ser presionado en piernas y tronco durante una intervención de seis agentes de la Policía. La organización determina que en la investigación sobre la actuación policial no se ha cumplido con los estándares internacionales para determinarse si los hechos pueden “ser calificados como tortura”.

En un comunicado, Amnistía subraya que, tras el visionado de los vídeos, el joven no fue “en ningún momento” una “amenaza vital” para los seis policías que actuaron en el recinto. “Cinco meses después de la muerte de Haitam las autoridades no han dado los pasos adecuados para asegurar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de las múltiples pruebas que evidencian la brutalidad de la actuación policial”, señala Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, “su familia merece que se depuren responsabilidades y obtener verdad, justicia y reparación”. Por ello, llevan recogidas más de 20.000 firmas dirigida a las autoridades para exigir un nuevo proceso.

La jueza María José Alcázar del Juzgado de Instrucción nº 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la causa el pasado 10 de febrero, y tras recibir el informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML), desestimó el recurso de la familia, que anunció que apelaría. Basó la decisión en que no hubiera fallecido de no haber consumido drogas y que, por tanto, no había “relación causa efecto” con el dispositivo policial. Además, aseguraba que ha analizado los vídeos, de los que extrae que la actitud errática y delirante de Haitam reflejaba “tal grado de excitación” que influyó en su muerte y, junto con los análisis, le permite concluir que la muerte “ha traído causa en el consumo de tóxicos”.

La respuesta de las instituciones

Sin embargo, la familia de Haitam dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del informe oficial. Según este nuevo informe, los niveles de sustancias (ketamina, cannabis, MDMA y cocaína) detectados en sangre están dentro de los rangos de consumo recreativo y en fase metabólica avanzada, de modo que no habrían sido consumidas en los momentos inmediatamente anteriores.

“Tan duras han sido las actuaciones policiales como lo que vino después, que es la respuesta de las instituciones”, lamenta el hermano de Haitam, Naser. “Con todo este dolor que conlleva la pérdida de un ser querido, tenemos que estar luchando para demostrar la verdad que tienen ellos en imagen y audio desde el primer día”, añade. Cabe recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió el pasado 19 de marzo que había que dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, mientras que los diputados de Izquierda Unida exigían una nueva respuesta al Gobierno central en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso de dispositivos de descarga eléctrica en diferentes lugares del mundo, debido a la alarmante falta de regulación. En el caso de España, la organización señala que la incorporación de las pistolas táser en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización.

El municipio de Jerez de Los Caballeros, al sur de Badajoz, ha conseguido “colarse” en el video Kilómetro Sur con el que el PP andaluz ameniza sus actos de campaña, en los que se repasan imágenes de diferentes sitios de Andalucía y al que pone voz el propio candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno.

El diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de esta población, ha sido quien ha puesto el foco sobre el asunto al publicar en redes sociales la apreciación. La estampa más típica del municipio, limítrofe con la provincia de Huelva, la dan sus cuatro torres de su pasado templario.

Precisamente, la panorámica de tres de sus cuatro torres son las que se han colado en este video en que se mezclan imágenes de actos del candidato, paseos por calles andaluzas, playas y diferentes enclaves de la comunidad autónoma. A las estampas andaluzas las acompaña la voz de un cantante que suena inusitadamente como el propio Moreno, cantante en el pasado de dos bandas, aunque su equipo de comunicación ha eludido confirmar esta semejanza por el momento.

“El territorio no es atrezo de campaña”

“Hola @JuanMa_Moreno, ¿tan poco conoces Andalucía? En tu vídeo sale Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura”, ha escrito el diputado socialista, que añade: “Sabíamos que Jerez trasciende fronteras, pero admito que esta no la vi venir. ¿Así podemos votar aquí el 17M? Porque si es así, votaré a @psoeandalucia”.

A renglón seguido, Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura y alcalde de Salorino, también ha criticado el error en la edición del audiovisual. “Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros”, ha publicado en sus redes sociales, “el territorio no es atrezo de campaña”.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha incorporado a su colección la donación de obras de arte y fondos documentales pertenecientes al reconocido gestor cultural y referente del arte contemporáneo José Guirao Cabrera, que fuera ministro de Cultura con Pedro Sánchez. Esta aportación, que reúne 204 obras de arte y 1.824 piezas documentales, ha sido posible gracias a la mediación de su hermana, Beatriz María Guirao Cabrera, quien “ha cumplido con el deseo expresado por el gestor cultural en vida de que su colección y biblioteca pasaran a formar parte de los fondos del CAAC”.

La colección --cuya donación publica este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)-- reúne obras de diversas tipologías artísticas, con 107 obras gráficas, 35 dibujos, 32 fotografías, 24 pinturas y 6 esculturas. Entre los nombres más destacados figuran Manuel Rivera, Antoni Tàpies, José Guerrero, José Luis Cuevas, Antoni Miralda, Miguel Ángel Campano, Luis Gordillo, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Eduardo Arroyo, Antonio Saura, Juan Navarro Baldeweg, José María Sicilia, Daniel Vázquez Díaz, Manuel Ángeles Ortiz, Cristino de Vera, Francisco Peinado, Jacques Lipchitz, Antonio Rodríguez Luna, Txomin Badiola e Ilan Wolff, entre otros.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha manifestado la relevancia de este legado, destacando que “es un gesto de generosidad que enriquece el patrimonio cultural público y permitirá a las futuras generaciones disfrutar y aprender de estas obras y fondos documentales”. “Esta colección que ingresa en los fondos del CAAC es un testimonio del compromiso y la pasión de José Guirao Cabrera por la cultura y por Andalucía. Su generosidad abre nuevas vías de investigación y enriquece la oferta cultural”, ha indicado Del Pozo, quien ha resaltado la “calidad humana extraordinaria” de Guirao, con un “gran amor por la cultura y el patrimonio andaluz”.

José Guirao Cabrera (Pulpí, Almería, 1959 - Madrid, 2024) fue una figura clave en el ámbito de la cultura y el arte contemporáneo en España. A lo largo de su trayectoria, desempeñó cargos fundamentales en la gestión cultural, entre ellos la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars) de Madrid, La Casa Encendida y la Fundación Montemadrid, así como su labor como ministro de Cultura y Deporte entre 2018 y 2020.

Fue también patrono de diversas fundaciones culturales (Fundación Federico García Lorca y Fundación Antonio Gala, entre ellas) y profesor invitado en el máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid. Guirao Cabrera mantuvo siempre un estrecho vínculo con la cultura andaluza: fue director general de Bienes Culturales en la Consejería de Cultura y Medio Ambiente en el momento de la creación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 1991, institución de la que también formó parte durante años como miembro de su Comisión Técnica. Esta contribución constituye un valioso legado que enriquece el patrimonio cultural de Andalucía y que estará próximamente disponible para consulta y disfrute del público, tanto en los nuevos espacios del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) dedicados a la colección como en formato digital.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico, en lo que se refiere al trasvase de agua desde la demarcación del Guadiana al Tinto, Odiel y Piedras, rechazando los tres argumentos en los que basaban su impugnación. Con esta sentencia, fechada el 13 de abril de 2026, el Alto Tribunal avala dicho trasvase.

A este respecto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) ha valorado este pronunciamiento que considera que “refuerza la seguridad jurídica de una infraestructura clave para el equilibrio hídrico de la provincia” y “evidencia la falta de solidez técnica, jurídica y ambiental de unos planteamientos que trataban de cuestionar la planificación hidrológica sin base suficiente”, según ha indicado en una nota.

En primer lugar, el Supremo descarta la supuesta falta de cobertura legal del trasvase, reconociendo que este tipo de transferencias entre demarcaciones están contempladas en el marco normativo estatal. La sentencia “desmonta así uno de los principales argumentos de los colectivos recurrentes, confirmando su encaje jurídico”, señalan los regantes.

En este sentido, Huelva Riega subraya que la transferencia de recursos entre sistemas “no es una actuación nueva ni arbitraria, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia, como el sistema Chanza-Piedras, que lleva décadas garantizando el equilibrio hídrico del territorio”. Asimismo, recuerdan que este sistema “cuenta con cobertura legal desde su origen”, al haberse configurado “en un momento en el que ambas cuencas formaban parte de una misma unidad de planificación hidrológica”.

“No puede hablarse de una transferencia ajena o artificial”

La asociación incide además en que la actual configuración administrativa de las demarcaciones “no invalida ni elimina esa cobertura jurídica previa”, sino que “mantiene la coherencia del sistema”. En esta línea, añaden que infraestructuras como Chanza y Andévalo “forman parte funcional” del sistema Tinto, Odiel y Piedras, por lo que “no puede hablarse en términos reales de una transferencia ajena o artificial, sino de la gestión integrada de recursos dentro de un mismo sistema hidráulico”.

En segundo lugar, el Tribunal avala el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan, desestimando las alegaciones sobre su supuesta insuficiencia. En este sentido, la resolución respalda que la planificación incorpora criterios ambientales “rigurosos” y “alineados con la normativa europea”, frente a “interpretaciones que cuestionaban su validez sin sustento técnico acreditado”.

Por último, el Supremo rechaza que el incremento de reservas “suponga una vulneración del principio de gestión sostenible del agua”. Al respecto, la sentencia confirma que el modelo responde a un “enfoque equilibrado que permite compatibilizar la protección ambiental con los usos agrícolas, industriales y urbanos”.

“Frenar una infraestructura estratégica”

Desde Huelva Riega subrayan que “la resolución desmonta uno a uno los argumentos utilizados para tratar de frenar una infraestructura estratégica para la provincia”, y advierten de que este tipo de iniciativas “no contribuyen a una planificación rigurosa del agua, sino que generan incertidumbre sobre actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del territorio”.

En este sentido, añaden que “resulta preocupante que continuamente los colectivos ecologistas trasladen a la opinión pública planteamientos que el propio Tribunal Supremo ha rechazado por carecer de base suficiente desde el punto de vista jurídico, ambiental y técnico”.

La asociación señala que el objetivo de estas infraestructuras “no es incrementar de forma descontrolada el consumo, sino mejorar la distribución de los recursos disponibles, reducir la presión sobre acuíferos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible”. En esta línea, insisten en que la disponibilidad de agua superficial es “clave” para “sustituir extracciones subterráneas y garantizar la recuperación de espacios sensibles”.

“Perjudica a la sostenibilidad del sistema hídrico”

Huelva Riega ha reiterado que el agua es “un elemento estructural para el desarrollo de la provincia, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial y social”, y ha insistido en “la necesidad de seguir avanzando en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación vigente”.

Asimismo, la entidad señala que “bloquear o retrasar este tipo de actuaciones con argumentos que no han sido avalados por los tribunales no solo dificulta la planificación, sino que perjudica directamente a la sostenibilidad del sistema hídrico y al desarrollo socioeconómico de la provincia”.

“El respaldo del Supremo no solo despeja dudas jurídicas, sino que confirma que la planificación hidrológica debe basarse en criterios técnicos y no en planteamientos sin fundamento. Ahora es el momento de avanzar en la ejecución de las soluciones previstas”, han señalado desde la entidad.

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono 112 atendió a las 2.30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina. De inmediato, se activó a efectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 51 años, que ha resultado fallecido. De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha pedido a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que rectifique los mensajes de texto que envía a los electores cuando no ha podido entregarles la documentación necesaria para votar por correo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, tras detectarse un error.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, el PP-A ha tenido constancia de la existencia de mensajes de texto enviados por Correos en los que indica que los interesados en votar en correo tienen toda la documentación a su disposición “hasta el 17 de mayo”, cuando la fecha correcta es 13 de mayo.

Ante este hecho, la JEA ha instado a cambiar los mensajes de texto para los electores cuando no se les ha podido entregar la documentación necesaria para el voto por correo para que sea “el envío de INE Elecciones estará a disposición del elector hasta el 13/05/2026”.

Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía están enviando desde el pasado 27 de abril la documentación electoral a las personas que ya han solicitado el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo que se puede pedir, vía web o en oficinas, hasta este jueves 7 de mayo.

Así, los electores que deseen votar por correo en dichas elecciones pueden solicitar hasta ese 7 de mayo –inclusive– el certificado de su inscripción en el Censo Electoral, vía online o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles, 13 de mayo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura.

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que pregunta a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en la pieza separada del caso ERE por las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a empresas del Grupo Ruiz-Mateos. El auto tiene fecha del pasado 29 de abril, varios días después de que el 20 del mismo mes Bruselas frenase en seco el intento por parte de la Audiencia de Sevilla de que la Justicia Europea revise el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las condenas a los expresidente andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Vilaplana fue el juez que heredó las macrocausas de la primera jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, y ya dio un paso similar hace un año, cuando planteó una cuestión prejudicial ante la Justicia Europea ante el riesgo de que se archivasen ramificaciones de otro caso, en concreto el de los avales de la agencia IDEA del Gobierno andaluz, por exceder los plazos de la instrucción. La iniciativa la tomó hace después de que la Audiencia de Sevilla archivase alguna de las 19 piezas en las que se subdividió esta macrocausa, tras caducar la instrucción hace ocho años, al exceder los plazos establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Como entonces, el magistrado alerta de nuevo de la posibilidad de que “se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” en piezas derivadas del caso ERE, lo que chocaría con la prioridad de “salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea (UE)”. Por ello, solicita si debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación o no en esta pieza separada de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. En sus sentencias, estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la denominada pieza del “procedimiento específico” de los ERE, entre ellos Chaves y Griñán.

Cuestiones prejudiciales añadidas

En este sentido, entiende que procedería plantear al TJUE las mismas cuestiones prejudiciales que las elevadas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en julio de 2025, si bien añade otras adicionales vinculadas con la posible contradicción de la doctrina del TC con el Convenio comunitario de lucha contra la corrupción, de 26 de mayo de 1997 y con la Directiva Europea de lucha contra la corrupción (aprobada por el Consejo de la UE el pasado 21 de abril de 2026). A ello añade el choque con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (a la que se adhirió la UE en septiembre de 2008) y, principalmente, con el Régimen Europeo de Ayudas de Estado por vulneración de la normativa y la jurisprudencia comunitarias, en especial los artículos 107 a 109 del TJUE (antiguos artículos 87 a 89 del TCE), que parten del principio general de la incompatibilidad de las ayudas y del deber de transparencia o publicidad e información a la comisión.

En su resolución, el magistrado pone de manifiesto que “la eventual censura de esta doctrina del TC como contraria o disconforme a Derecho de la UE (...) conduciría a aplicar a todos los investigados acusados en la presente causa unos mismos criterios coincidentes con los de las sentencias” dictadas en la pieza separada del procedimiento específico por la Sección Primera de la Audiencia y por el Tribunal Supremo, “inaplicando la doctrina de las referidas sentencias del TC y de los autos de la Sección Séptima mencionados, posibilitándose así la continuación del presente procedimiento para esclarecer la responsabilidad penal por hechos constitutivos de delitos graves de corrupción (prevaricación y malversación), el fundamento de las pretensiones de condena ejercitadas y la eventual sanción efectiva de aquellos delitos por el Tribunal que enjuicie la causa”.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la pieza separada sobre la que se pregunta, el magistrado investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos relacionados con las ayudas otorgadas entre los años 2001 y 2010 por un montante superior a los treinta millones de euros a varias empresas del Grupo Ruiz-Mateos.

Comisiones mensuales de hasta 25.000 euros

Estas ayudas “estaban destinadas a favorecer a las empresas con financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) mediante pólizas de seguros para prejubilaciones”, consistiendo el “mecanismo de la trama” en que uno de los acusados en la pieza separada, identificado como Juan L., “ofrecía a los representantes y directivos de las empresas del grupo conseguir ayudas públicas a cambio de dinero”.

De este modo, y según expone el juez en el auto notificado hoy miércoles a las partes personadas, este investigado “contactaba con altos cargos de la Junta, quienes garantizaban la concesión de ayudas sin requisitos, condiciones ni fiscalización o control administrativo”. Tras ello, las empresas “presentaban expedientes de regulación de empleo con la promesa de rejuvenecer plantillas, utilizando a mediadoras como Vitalia y Uniter para gestionar pólizas de seguros”.

Así, la Junta de Andalucía “asumía todo o la mayor parte del coste de las pólizas, canalizando los pagos a través de la Agencia IDEA”, mientras que el acusado mencionado “recibía comisiones mensuales de hasta 25.000 euros, entregadas en sobres desde oficinas del grupo o directamente por sus directivos”.

Recurso tras las sentencias del TC

Por estos hechos, el instructor dictó el día 23 de abril de 2024 auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra un total de 21 investigados, tras lo que tanto el Ministerio Público como las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A presentaron sus respectivos escritos de acusación.

En este sentido, algunos de estos investigados recurrieron el auto en apelación ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que acordó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento respecto de tres de los acusados en aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en las sentencias que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta condenados en el caso ERE.

El pasado mes de julio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que juzgó y dictó sentencia en la pieza del “procedimiento específico”, acordó plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con las sentencias del TC, ya que considera “imprescindible” el planteamiento de esta cuestión prejudicial “para que este tribunal nacional español pueda decidir sobre el requerimiento derivado” de las sentencias del TC. Todo ello, añadía, “atendidas las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares (...)”, y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

Tres posibilidades procesales

La primera de las posibilidades procesales que refiere el magistrado, y sobre la que las partes deberán realizar alegaciones, es “dejar inaplicada la ejecución de los autos de la Sección Séptima que aplican la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ realizada en la presente causa, determinante de su archivo respecto de un relevante número de acusados; acordando en su lugar la apertura de juicio oral frente a todos los acusados respecto de los que se ha constatado la existencia de indicios suficientes de criminalidad, al resultar aquella ejecución contraria al Derecho de la Unión Europea”.

La segunda opción que plantea el instructor es el archivo/sobreseimiento de las actuaciones, “conforme a la aplicación de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ (...), al entender inexistente la incidencia del Derecho de la Unión en la presente causa”. Asimismo, y como tercera posibilidad procesal, el magistrado expone el planteamiento al TJUE de una o varias cuestiones prejudiciales “sobre la posible incompatibilidad de la doctrina del TC recaída en la causa del ”procedimiento específico“ y de su concreta aplicación en la presente causa con el Derecho de la Unión; incompatibilidad, en particular”, con una serie de principios y disposiciones comunitarias (sin perjuicio de otras que pudieran poner de manifiesto las partes).

La Junta Electoral de Andalucía ha estimado parcialmente este miércoles la denuncia presentada por el PSOE-A en relación a las declaraciones realizadas por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, sobre la huelga de médicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, España “vulneró el deber de neutralidad” de los cargos públicos en periodo electoral y ha instado a “extremar el cuidado en sus declaraciones públicas”. Asimismo, ha ordenado la retirada de las palabras denunciadas del vídeo publicado en el portal institucional de la Junta de Andalucía.

En dichas declaraciones, la portavoz del ejecutivo andaluz aseguraba que la huelga “se debía a la incapacidad del Gobierno de España de sentarse a dialogar, de alcanzar un acuerdo”, así como remarcar que dicho paro era “contra el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Para la JEA estas palabras “son valoraciones negativas al Gobierno central,de diferente signo político que el Consejo de Gobierno de Andalucía”.

“Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, no le exime del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad”, ha indicado el escrito en referencia a lo expresado por la Junta Electoral Central en un caso anterio.

Pese a reconocer la “falta de diligencia y contención”, la JEA no ha estimado abrir un procedimiento disciplinario “dado que no existe precedente en el presente proceso electoral de declaraciones de la misma consejera y portavoz del Gobierno en las que haya incurrido en infracción de la normativa en materia electoral”.

Según la denuncia presentada por el PSOE, la portavoz “no desaprovechó la ocasión para efectuar declaraciones de claro carácter electoral y venta de gestión o logros del Gobierno del que es portavoz en la que deslizó valoraciones de tono propagandístico en relación con algunos asuntos”.

Por su parte, la letrada del gabinete jurídico de la Junta ha defendido que las declaraciones de la consejera “constituyen una información objetiva sobre los acuerdos y tomas de conocimiento realizados durante la última sesión del Consejo de Gobierno y que se limita a responder espontáneamente a preguntas de un periodista sin tratarse de una manifestación preparada”.

Tras la publicación del acuerdo, se puede interponer recurso, que será resuelto por la Junta Electoral Central. El recurso deberá presentarse ante la Junta Electoral de Andalucía dentro de las 24 horas posteriores a la notificación.

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía ha dictado los servicios mínimos de cara a la huelga nacional de este jueves en los centros de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), convocada por los sindicatos CGT y CCOO, y que afecta al personal laboral. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, en todos los centros tendrá que estar el director y un auxiliar de cocina.

Además, en función del número de alumnos, se fija una cantidad mínima de profesionales. Así, en los centros con hasta 35 menores, tiene que estar un técnico; en los que tienen hasta 70 menores, dos técnicos; en los de hasta 100 menores, tres técnicos; y en los de más de 100, cuatro técnicos.

Según la Administración, “se debe tener en cuenta la gran vulnerabilidad del colectivo afectado, ya que no es posible dejar desatendidos a los menores de 3 años al tratarse de personas totalmente dependientes”. Ante este hecho, es “obligación de la Administración pública mantener unas condiciones mínimas que garanticen la atención y la cobertura de necesidades básicas para los menores en estos centros educativos que, en caso contrario, obligaría al cierre de los mismos”.

“Abandono” y “hartazgo”

CCOO y CGT llaman a esta huelga por el “abandono” institucional del ciclo y el “hartazgo” de los profesionales. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha demandado que el Ministerio y los grupos parlamentarios incluyan este ciclo en el proyecto de Ley de ratios y jornada lectiva, aprobado a mediados de abril en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Asimismo, ha instado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos “la pareja educativa, los apoyos educativos” y “más oferta pública ”para poder dar respuesta a todo el alumnado“. A las patronales, les ha solicitado que ”reflexionen“. ”Pedimos que progresivamente se equipare a las trabajadoras del sector público con las que trabajan en titularidades privadas“, ha indicado. A su vez, ha reclamado al Ministerio que trabajara en las orientaciones que reciben los jóvenes en los centros educativos cuando acaban su formación y deciden dedicarse a la Educación infantil para animar a más hombres a trabajar en el sector.

Etapa “de pleno derecho”

Por su parte, CGT ha indicado que las convocatorias responden al llamamiento de apoyo en la lucha que les han realizado las trabajadoras del sector, agrupadas en la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI). Según ha explicado, estas trabajadoras quieren que Educación integre el ciclo como etapa educativa “de pleno derecho”, “dignificando” sus condiciones laborales y las de la primera infancia. Con ello, quieren que se posibilite una bajada de ratios y la denominada pareja educativa.

Además desean que se favorezca la creación de una red “pública, gratuita, universal y de calidad en 0-3”. En su opinión, esta tendría que ser “100%” de gestión pública y en ella las trabajadoras deberían estar sujetas al Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reiterado que el Gobierno está “trabajando” en el Real Decreto que regula las ratios del ciclo de 0 a 3 años con la participación de las trabajadoras, con las que se ha reunido en dos ocasiones.

Los dos operarios que protestaban subidos a una grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días al no ser contratados, argumentando que existen “listas negras” en el sector del metal, fueron desalojados en la tarde del martes, 5 de mayo, por orden judicial, según ha informado a los medios la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha hecho hincapié en que el despliegue policial que se llevó a cabo en la tarde del martes era para “garantizar el cumplimiento del mandato judicial”, sin que tuvieran que intervenir “en ningún momento”. En ese sentido, ha continuado explicando que estas dos personas bajaron de la grúa tras una conversación con su abogada.

Ya en tierra, los dos operarios fueron recibidos con aplausos y vítores a las puertas del centro naval por sus compañeros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que ha mantenido su apoyo a esta protesta desde hace casi un mes al considerar que no eran contratados en la industria del metal tras ser despedidos en 2020 por “represión sindical” al ser de este sindicato. Está previsto que ambos declaren este miércoles en la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando.

Despedidos en 2020

Desde Navantia no han querido hacer comentarios sobre el acontecimiento de este martes por la tarde. Fuentes de la compañía han trasladado en varias ocasiones que “no hay vetos” por actividad sindical y que se ha velado por la seguridad e integridad de estas personas durante el tiempo que se han mantenido encima de la grúa.

Cabe recordar que estas dos personas iniciaron su protesta el pasado 8 de abril, desplegando entonces una pancarta y señalando que “el sindicalismo no es delito”, tras insistir en la existencia de listas negras en la industria del metal tras no conseguir trabajo después de su despido en 2020.

“Nosotros somos sindicalistas que lo único que hemos hecho es defender los derechos de los trabajadores y por ese motivo en la Bahía de Cádiz estamos represaliados y aunque hay un llamamiento por parte de la patronal de que hacen falta soldadores cualificados, a nosotros no nos dan trabajo”, aseguraban en un vídeo colgado en las redes sociales de CTM.

Apoyos políticos

Desde entonces han recibido el apoyo directo de representantes políticos como José Ignacio García, de Adelante Andalucía, o Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso. También se han solidarizado con ellos desde Por Andalucía.

Además, María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda y candidata a la Presidencia de la Junta por el PSOE, manifestaba en días pasados que “la responsabilidad que se pueda tener desde el Gobierno de España en relación con su empresa pública no es lo que están reclamando estos trabajadores”, que solicitaban que la industria privada auxiliar los contrate, y se interesaba por la situación de estos operarios.

La edición andaluza de elDiario.es vuelve a premiar a quienes mejor logren captar con su cámara la esencia de Andalucía a través de su gente. Por eso, la cuarta edición del concurso de fotografía en Instagram #GentedeAndalucía2026 ofrece la oportunidad de optar a grandes premios y de formar parte de una exposición colectiva que tendrá lugar en la Fundación Cajasol, en pleno corazón de Sevilla.

En esta ocasión, el ganador del primer premio se llevará una cámara instantánea Fujifilm instax mini 99 (o similar) con kit de películas, para que pueda seguir explorando su mirada creativa y capturando momentos en formato instantáneo desde el minuto uno.

El segundo y tercer premio recibirán un cheque regalo de El Corte Inglés, por valor de 200 y 100 euros, respectivamente. Además, los autores de las mejores fotografías verán sus creaciones expuestas en las paredes de la Fundación Cajasol, luciendo en gran formato.

Requisitos para participar 

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. En cuanto a los requisitos que hay que cumplir, conviene recordar que cada concursante podrá participar con un máximo de 5 imágenes. Todas ellas han de contener referencias humanas (ya sean rostros, multitudes, sombras, siluetas...) y ser de nueva creación. Es decir, no pueden haberse tomado ni publicado con anterioridad a la fecha de inicio del concurso (24 de marzo).

Recuerda que las fotografías que registren mayor número de 'me gustas' tendrán más posibilidades de quedar entre las seleccionadas, pero la decisión última estará en manos de un jurado experto formado por cuatro fotógrafos expertos, que valorará la creatividad, la originalidad y la calidad técnica de las obras.

Aprovecha los meses de primavera para salir a la calle a retratar las tradiciones y emociones que se viven en cada rincón de Andalucía, desde una mirada original. Asegúrate de cumplir todos los requisitos revisando los detalles de las bases del concurso en este enlace.

El debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta que emitió este pasado lunes, 4 de mayo, por la noche Radio Televisión Española (RTVE) de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo lideró en audiencia en esta comunidad autónoma, con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media en La 1 de TVE y el Canal 24 horas.

Así lo han destacado este martes desde RTVE, desde donde han precisado que el debate alcanzó “más de 1,1 millones de espectadores únicos”.

Además, a nivel nacional el debate anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% y 263.000 espectadores. En conjunto, alcanzó a más de un millón de espectadores únicos.

El debate enfrentó a los candidatos a la Presidencia de la Junta del PP-A, Juanma Moreno; PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero en las instalaciones de RTVE en la Isla de la Cartuja de Sevilla, el debate se articuló en torno a tres bloques --'Economía: empleo, vivienda e infraestructuras'; 'Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración'; y 'Financiación autonómica, pactos y regeneración'--, cada uno con una duración de 25 minutos.