El calor vuelve a azotar Andalucía en el último fin de semana de septiembre y el primero del otoño, con el aviso amarillo decretado para este sábado, 26 de septiembre, en diferentes comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla por máximas de hasta 39 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) expone que las altas temperaturas comenzarán a las 13.00 horas y se mantendrán vigentes hasta las siete de la tarde.

La alerta afectará a las campiñas sevillana y cordobesa, donde se esperan máximas de hasta 39 grados, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se preve que los termómetros lleguen a registrar hasta 38 grados.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales y brumas en el litoral mediterráneo, más persistentes en el área del Estrecho, tendiendo a nubosos de nubes altas a partir del mediodía. Asimismo, se preve nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios, mientras que las máximas descenderán en el interior de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán moderados de componente este en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto. En el Estrecho, soplará levante fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.

Descenso de temperaturas

De cara al domingo, desaparecerán las alertas por calor y en buena parte del territorio habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en la mitad occidental de la comunidad. Además, persistirá la bruma en el litoral mediterráneo, sobre todo en el área del Estrecho y, en general, las temperaturas tendrán un descenso generalizado en el valle del Guadalquivir.

No obstante, las máximas rondarán los 36 grados en Córdoba, los 34 grados en Jaén y Sevilla, mientras que Málaga, Huelva y Granada bajarán a alrededor de los 30 grados. Una tendencia que se consolidará el lunes, ya que, ahora sí, habrá probabilidades altas de lluvias débiles, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas ocasionales en el interior de Granada y la costa almeriense. Por lo demás, el termómetro descenderá, en especial en el interior oriental, dejándose notar el efecto de la nueva estación otoñal.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la “lista de espera de pruebas diagnósticas” en la comunidad autónoma andaluza.

Así se recoge en una resolución firmada por el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez, adelantada por la Cadena SER y consultada por Europa Press, y con fecha del pasado martes, 22 de septiembre, que responde a una reclamación presentada por escrito en septiembre de 2025 por un ciudadano ante dicho organismo “en materia de acceso a la información pública”.

El referido ciudadano acudió al Consejo de Transparencia tras presentar, el 21 de julio de 2025, ante el SAS una solicitud de acceso a información en relación a “la lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”, con los datos puestos al día “a la fecha más actualizada en el momento de responder” a dicha petición.

El mismo ciudadano solicitaba al SAS que, “caso de no existir un informe” con los datos reclamados, le aportara, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el número de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Provincia, tramos de tiempos de respuesta y tiempo medio de respuesta”. Además, solicitaba, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el total de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Especialidad y Tiempo medio de respuesta”.

El SAS, “sin ninguna herramienta”

El SAS contestó a esta petición el 19 de agosto de 2025 señalándole que “no se cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada” en los términos que dicha persona solicitaba sobre la “lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”.

El reclamante de la información reaccionó a dicha respuesta del SAS considerando “sorprendente” esa contestación, “puesto que lo que se solicitaba eran elementos sencillos de un básico sistema de información, que parece absolutamente imposible que no disponga el SAS, puesto que conocer lo que se solicita es absolutamente básico para cualquier planificación del servicio”, añadía el ciudadano.

En su resolución en respuesta a la reclamación del ciudadano, el Consejo de Transparencia aclara que “el Registro de Procedimientos Diagnósticos sobre el que se solicita la información es el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para la realización de una prueba diagnóstica/terapéutica en atención especializada, solicitada por un médico autorizado por el Servicio Andaluz de Salud”.

“Se entiende como prueba diagnóstica aquel procedimiento que sea solicitado por facultativos que desempeñen sus funciones en consultas programadas ambulatorias de un centro de atención primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, aclara también la resolución de Transparencia antes de señalar que “es requisito exigible que el órgano o entidad interpelada realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada”.

“Satisfacer la petición con la información que obre en su poder”

En esa línea, desde el Consejo argumentan que “el esfuerzo referido exige que la entidad ofrezca, cuando sea posible, al menos la información que obre en su poder y que no exija una acción previa de reelaboración, y que permita al menos satisfacer parcialmente la petición”.

“Y este requisito no podemos apreciarlo en la resolución recaída”, advierte la resolución del Consejo de Transparencia, que llama además la atención acerca de que el SAS “no acredita motivos que le imposibiliten para proporcionar los datos de los que sí disponga, aunque no sea organizados o clasificados como requiere el solicitante”.

El Consejo de Transparencia puntualiza que “esta carencia resulta aún más necesaria de justificarse si se analiza el contenido del Real Decreto 605/2003, de 723 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que “obliga a la tenencia y remisión de determinada información sobre las listas de espera”.

El Consejo de Transparencia considera que el SAS “ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc”.

“La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física”, puntualiza también la resolución del Consejo de Transparencia.

De esta manera, dicho organismo ha resuelto que el SAS “deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado” al respecto de la ocultación de datos personales, “en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución”.

“La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona solicitante la información de que disponga y que se pueda obtener mediante un uso informatizado de uso corriente y que responda al menos con el contenido y nivel de desagregación lo más cercano posible al que la información ha sido solicitada”, precisa también la resolución del Consejo de Transparencia, contra la que cabe interponer contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación“.

PSOE-A critica la “opacidad” del SAS

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha aludido este viernes a esta resolución en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha subrayado que “la salud es lo más importante que tenemos todos en nuestras casas”, y hay “una opacidad tremenda” en el ámbito de la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera.

En esa línea, la dirigente socialista ha subrayado que es “importante” tener acceso a dicha información teniendo en cuenta que hay gente que “lleva meses, años, esperando una cita con el traumatólogo”, o “para poder operarse” o tener los “resultados de una biopsia”.

La próxima campaña de vacunación, que empieza el 1 de octubre, incorporará la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial -causante de la bronquiolitis- a adultos, concretamente, a mayores que viven en residencias y a personas con estados de inmunodepresión grave.

Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias este jueves en comisión parlamentaria. Además, se administrará la vacuna antigripal de alta carga antigénica a partir de los 75 años, en vez de a los 80, y se utilizará la vacuna española Bimervax contra la covid en residencias de mayores y centros de discapacidad, así como en determinados pacientes con inmunodepresión grave de 12 años o más.

“Fortalecer la salud pública significa precisamente eso: anticiparnos a los riesgos, prevenir la enfermedad y proteger a la población antes de que necesite atención sanitaria, y hacerlo, además, ante nuevos desafíos vinculados al cambio climático, las enfermedades emergentes o la seguridad alimentaria”, ha explicado el consejero de Sanidad.

Tramos de acceso

Los primeros en acceder a la vacunación serán los niños de entre 6 meses y casi 5 años, y su personal docente; los niños de entre 5 y 17 años con patologías y situaciones de riesgo, y las embarazadas. Este año también, como novedad, las personas de residencias de mayores y centros de discapacidad, junto a los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario, podrán vacunarse también desde el 1 de octubre.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se realizará en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal. También podrán vacunarse los profesores de estos menores y las personas que conviven habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid incorporará a partir del 7 de octubre a los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas a partir de 70 años, y para los adultos menores de 60 años con patologías y situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales. Asimismo, los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal podrán ir recibiéndola al mismo tiempo que los grupos diana con los que conviven, conforme se vayan incorporando al calendario programado.

“Lo importante es protegerse”

Antonio Sanz ha animado a los andaluces que forman parte de los grupos recomendados a vacunarse y hacerlo cuanto antes, recordando que la vacunación constituye “una herramienta fundamental” para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables. “Lo importante es protegerse y proteger a los demás, porque la vacunación es prevención y los datos de nuestras campañas y de nuestras investigaciones nos permiten seguir mejorando y tomando decisiones para proteger a los andaluces”, ha concluido.

En la campaña del año pasado un total de 1.939.424 andaluces se vacunaron frente a la gripe, una cifra que, según ha destacado el consejero, se sitúa “por encima del récord histórico”. Asimismo, 778.824 personas recibieron la vacuna frente al Covid-19, mientras que 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

Primero se filtraron los temarios, las bases y la convocatoria de las oposiciones en Canal Sur, luego la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) difundió los documentos en la intranet de su plantilla (y horas después en el portal de transparencia de la cadena), y 48 horas después la primera oferta de empleo público para periodistas en 20 años ha aterrizado, este jueves, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las bases de la convocatoria de oposiciones a Canal Sur Radio y Televisión para cubrir 228 plazas se han oficializado, al menos dos semanas después de haberse filtrado los temarios, en posesión de trabajadores sin plaza, periodistas de otros medios e incluso academias de formación de opositores, según ha podido saber este periódico. Esa polémica ha enfrentado a la dirección de la cadena con los sindicatos, que han reclamado una “investigación interna” y alertan del riesgo de que se impugne un proceso que llevan “muchos años demandando”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en una nota de prensa que se trata de “una convocatoria histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA que permitirá dar estabilidad y mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo”, al mismo tiempo que ha destacado que “este hito supone también un paso decisivo para la organización que permitirá reforzar los objetivos de esta empresa pública, de la mano de todos sus profesionales, que cada día son un ejemplo de vocación y servicio público y que realizan un trabajo excepcional para llevar la información de nuestra tierra a todos los andaluces”. El comunicado no hace referencia a la filtración de los temarios, adelantada por elDiario.es hace unos días, ni a la polémica que este asunto ha generado entre los sindicatos de trabajadores.

A finales de julio, la mesa de contratación acordó las bases del proceso para la cobertura de esas 228 plazas de personal laboral fijo, al igual que lo temarios correspondientes a los distintos puestos de trabajo. Esta convocatoria, permitirá dar estabilidad y fijeza a 228 plazas; facilitar el retorno de personas en situación de excedencia; ofrecer oportunidades de traslado definitivo al personal fijo; impulsar la promoción interna; abrir posteriormente el proceso de concurso-oposición libre; y generar nuevas bolsas de trabajo vinculadas a la promoción interna y a las oposiciones.

Las plazas corresponden principalmente a las bajas producidas durante varios ejercicios anteriores. Además, el proceso anticipa la cobertura de 38 plazas asociadas a futuras bajas, cuya formalización definitiva en la fase de concurso posición libre se producirá tras la obtención de las autorizaciones correspondientes. El procedimiento se desarrollará de forma sucesiva en cuatro fases, como está previsto en el convenio colectivo: reingreso de excedencias; concurso de traslados definitivos; promoción interna; y concurso-oposición libre.

Después de la aprobación de las bases por el Consejo de Administración, el miércoles 9 de septiembre y la publicación en el BOJA, se inicia la fase de reingreso de excedencias. Las plazas disponibles para la siguiente se actualizarán una vez concluida cada etapa. La culminación de este proceso constituirá “un hito para RTVA y Canal Sur, no sólo por su impacto en la estabilidad y el desarrollo profesional de la plantilla, sino también porque contribuirá a reforzar la actividad de la organización y a avanzar en la consecución de sus objetivos empresariales de servicio público”.

Los sindicatos de la RTVA no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria de oposiciones en el Portal de Transparencia de Canal Sur, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

El director general de Canal Sur Radio y Televisión-RTVA, Juande Mellado, considera que se logra un hito para seguir avanzando en el futuro de Canal Sur y valoró que esta histórica convocatoria nace del consenso con todos los sindicatos. La convocatoria completa se puede consultar en el enlace https://juntadeandalucia.es/boja/2026/186/22 Asimismo, RTVA Canal Sur ha habilitado un espacio para informar sobre todo al que se puede acceder en el enlace https://www.canalsur.es/rtva/transparencia/oposiciones-canal-sur/.

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y en colaboración con las organizaciones sindicales UGT y CCOO de Sevilla y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), ha entregado este miércoles los III Premios de Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, con los que se reconoce la trayectoria, dedicación y contribución de profesionales vinculados a distintos ámbitos de la actividad turística. Los premios, de carácter honorífico, se entregaron durante la Gala conmemorativa del Día Mundial del Turismo 2026 que se celebró en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra.

Estos galardones tienen como objetivo poner en valor la labor de aquellas personas cuya profesionalidad, compromiso y experiencia contribuyen al desarrollo, la promoción, el posicionamiento y la sostenibilidad del turismo en la provincia de Sevilla, así como reconocer el papel esencial del capital humano en la calidad y competitividad del destino.

Asimismo, los premios pretenden fomentar una cultura de excelencia continua en el sector turístico y servir de reconocimiento a profesionales que, desde ámbitos y responsabilidades muy diversos, contribuyen con su trabajo diario a mejorar la actividad y la experiencia turística.

En esta tercera edición, los profesionales galardonados han sido Manuel Gutiérrez Gutiérrez, por su trayectoria y compromiso en el ámbito de la hostelería en Sevilla y en la defensa de los derechos laborales; Manuel Antonio García Maqueda, fundador del Hotel GM, de Marchena, y profesional con una larga trayectoria en la hostelería; Silvia Carretero Arteaga, camarera de sala del Hotel Los Lebreros (Sevilla), donde desarrolla su actividad profesional desde hace más de tres décadas; y Paula Moreno Robledo, directora de la Oficina Municipal de Turismo de Carmona, vinculada desde 1995 a la promoción turística de este municipio.

También recibirán este reconocimiento Pedro González Nogueras, propietario del Hotel Goya (Sevilla) y con una extensa trayectoria profesional y asociativa en el sector hotelero sevillano; Damiana Pitzalis, guía oficial de turismo y gestora de actividades culturales en Naturanda Turismo Ambiental, cuya trayectoria combina la investigación y el conocimiento del patrimonio con su divulgación turística; y María Isabel Amaya Romero, coordinadora general de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Ángeles, de Montellano, y una de las primeras mujeres en formar parte de su Consejo Rector. Esta cooperativa incorpora a su actividad propuestas de oleoturismo y turismo industrial, contribuyendo a poner en valor el patrimonio productivo y la cultura del olivar como recursos turísticos del territorio.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.

En declaraciones a Europa Press, Chaves ha explicado que la tarifa fue aprobada en la última junta directiva de la SGAE y que se calculará sobre la cantidad que la entidad organizadora abone a la formación musical.

La obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo, por lo que puede tratarse de una hermandad pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.

“La banda es un ejecutante”, ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.

También en pueblos pequeños

Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.

En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro (Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional), con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores. “Lo interesante de esto es que protege a los autores y compositores, porque si nos limitamos solamente a tocar a aquellos que están libres de derechos, no estamos dándole cabida a los nuevos autores jóvenes que están componiendo”, ha asegurado.

Unas tarifas con ajustes

Tras ese proceso la SGAE ha incorporado la nueva tarifa a su libro oficial. Ahora, la entidad trabaja en explicar cómo se aplicará y en establecer la colaboración necesaria con hermandades, bandas, ayuntamientos y otros organizadores para conocer qué composiciones se interpretan y poder repartir los derechos entre sus autores.

Chaves ha afirmado que ya están manteniendo contactos con distintos consejos de hermandades y con otros colectivos afectados. La SGAE desarrolla, además, encuentros divulgativos en distintos puntos de España para informar sobre la medida, que tendrá alcance nacional.

En cuanto a si el porcentaje aprobado admite modificaciones o si se contemplarán condiciones específicas para las hermandades con menos recursos, el director territorial ha señalado que esas situaciones deberán estudiarse durante las conversaciones. Ha explicado que existen ajustes en otras tarifas de la entidad, aunque ha insistido en que, en este caso, el punto de partida es el 7%.

Sin fecha para el primer cobro

Sobre la situación de las formaciones musicales que no emiten facturas o no tienen regularizada su actividad, Chaves ha precisado que la SGAE no les impone por esta tarifa una nueva obligación administrativa. Ha reconocido, no obstante, que su aplicación puede poner de manifiesto la situación en la que opera alguna banda, mientras que otras ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Aunque la tarifa está aprobada, Chaves ha diferenciado ese hecho de su puesta en práctica generalizada. Según ha explicado, la entidad se encuentra ahora en una fase de “pedagogía”, reuniones y diálogo, por lo que el cobro se implantará de forma paulatina y “no de la noche a la mañana”.

Así, pese a que la previsión de la SGAE es aplicar la tarifa durante la Semana Santa de 2027, su director territorial ha confirmado que aún no se sabe cuándo se reclamará el primer pago. También ha evitado concretar si se exigirá ya en las procesiones extraordinarias que puedan celebrarse antes de esa fecha, al señalar que la implantación requiere trabajar previamente con las entidades afectadas.

Los Premios T son unos galardones de ámbito nacional que entrega la Asociación Trans de Andalucía - Sylvia Rivera y constituyen el máximo reconocimiento que se otorga en el Estado Español a las personas, entidades e instituciones que con sus acciones favorecen la defensa de la dignidad y el avance en derechos para las personas trans. El evento tendrá lugar el día 2 de octubre a las 18 horas, en la sala Antiquiarium de Sevilla, entrada gratuita hasta completar aforo.

Las personas y entidades galardonadas en esta edición son:

Iván Gelibter, periodista y director de Revista SIX, utiliza la comunicación para visibilizar la realidad LGTBIQ+, reivindicar derechos y preservar la memoria del colectivo.

Satín Greco, ganadora de la quinta temporada de Drag Race España, referente del transformismo con más de 20 años de trayectoria, defensora de la visibilidad y los derechos de la comunidad trans y drag.

Imperio Reina, artista cordobesa, cantante y transformista, destaca por una trayectoria que combina copla, espectáculo y denuncia social para visibilizar la diversidad y reivindicar la libertad de expresión.

Falete, referente de la copla y el flamenco, destaca por su autenticidad y valentía al defender la libertad de ser y expresarse sin etiquetas.

María Peláe, cantautora malagueña, utiliza su música para reivindicar la diversidad y los derechos LGTBIQ+, combatir los estereotipos y defender la libertad y la memoria.

Alba Flores, actriz y referente de diversidad, reivindica la libertad, la visibilidad y la autenticidad, dando voz a la realidad LGTBIQ+ y a sus raíces gitanas.

Transexualia, fundada en 1987, fue la primera asociación trans de España y un referente pionero en la defensa de los derechos, la dignidad y la inclusión de la comunidad trans.

El FAGC, fundado en 1975, organización histórica del movimiento LGTBIQ+ en España, pionera en la lucha contra la persecución y por la libertad, la igualdad y los derechos del colectivo.

Isla Mágica, empresa que apuesta por la diversidad y la inclusión LGTBIQ+ mediante iniciativas de visibilidad y un convenio que facilita la inserción laboral de personas trans.

Alba Pérez, mujer trans, emprendedora y empresaria, destaca en la alta costura con MR Tocados, rompiendo estereotipos y promoviendo la visibilidad trans.

La gala estará amenizada con las actuaciones de Imperio Reina y presentada por Ángeles Ortega “La Kiska” y Sergio Morante. Al finalizar el acto se ofrecerá a las personas asistentes un servicio de catering.

“Los datos oficiales siempre llegan con retraso y, desgraciadamente, mientras analizamos esas estadísticas seguimos sumando nombres a nuestro contador. A día de hoy hablamos ya de 94 personas que han salido a trabajar y han perdido la vida. No podemos acostumbrarnos a esta realidad ni asumirla como inevitable”, ha señalado el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas este miércoles en rueda de prensa.

Sánchez Villegas ha advertido además de que el ritmo al que se están produciendo los accidentes mortales permite realizar una preocupante proyección para los próximos meses. “Hace unos meses decíamos que cada tres días moría una persona trabajadora en Andalucía. Hoy hablamos ya de una muerte cada dos días y medio. Si continúa este ritmo, Andalucía podría sumar al menos otras 30 muertes antes de que termine el año. No podemos esperar a que esas previsiones se cumplan para actuar”.

Según el análisis elaborado por UGT Andalucía a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, durante los siete primeros meses del año se produjeron 61.118 accidentes de trabajo con baja, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 556 fueron graves, lo que supone que más de uno de cada cinco accidentes graves registrados en España se produce en Andalucía.

En cuanto a la mortalidad, los datos oficiales hasta julio contabilizan 83 fallecimientos, nueve más que un año antes, lo que representa un incremento del 12,16%. De ellos, 68 se produjeron durante la jornada laboral y otros 15 fueron accidentes in itinere. Pero UGT Andalucía advierte de que el balance real a fecha de hoy es ya más grave, al elevarse a 94 víctimas mortales según los datos recopilados por el propio sindicato.

“Llevamos demasiado tiempo viendo cómo las cifras aumentan mientras las causas de los accidentes se repiten. No basta con lamentar cada muerte cuando se produce. Tenemos que actuar antes. La prevención tiene que hacerse en los centros de trabajo todos los días y no quedarse en un papel para cumplir un expediente”, ha reclamado Sánchez Villegas.

Andalucía concentra el 19,21% de la mortalidad laboral de España

Los datos oficiales hasta julio sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor mortalidad laboral, concentrando el 19,21% del total nacional, pese a que la población asalariada andaluza representa el 15,95% del conjunto de España. En cuanto al número total de accidentes laborales, Andalucía se sitúa únicamente por detrás de Cataluña.

La evolución de los últimos años refuerza la preocupación del sindicato. Frente a los 88 fallecimientos registrados durante todo 2014 o los 93 de 2015, Andalucía cerró 2023 con 122 muertes, 2024 con 133 y 2025 con 125. Los 83 fallecimientos oficiales acumulados hasta julio de 2026 constituyen ya la tercera cifra más elevada de la serie de los últimos doce años para ese mismo periodo.

Por sectores, de los 61.118 accidentes registrados hasta julio, 36.884 se produjeron en Servicios, 9.603 en Construcción, 9.262 en Industria y 5.369 en Agricultura. Servicios presenta también el mayor número de fallecimientos, con 39, mientras que Construcción acumula 22.

Territorialmente, los datos oficiales sitúan a Sevilla como la provincia con mayor mortalidad laboral hasta julio, con 24 fallecidos, seguida de Málaga, con 17, y Almería, con 15.

Una de cada tres muertes se debe a patologías no traumáticas

UGT Andalucía ha llamado también la atención sobre el peso de las denominadas patologías no traumáticas en la mortalidad laboral. Según ha explicado Sánchez Villegas, aproximadamente una de cada tres muertes que se producen durante el trabajo en Andalucía está relacionada con infartos, ictus y otras patologías cardiovasculares o cerebrovasculares.

“Tenemos que empezar a hablar también de esta realidad. Existe evidencia científica sobre la relación que pueden tener determinados factores psicosociales, como el estrés y la ansiedad, con este tipo de patologías. Y el estrés y la ansiedad también pueden estar vinculados a las condiciones y a los entornos de trabajo”, ha señalado.

Para UGT Andalucía, estos datos refuerzan la necesidad de adaptar la prevención a los nuevos riesgos laborales y prestar una atención específica a los riesgos psicosociales y a la organización del trabajo.

Más vigilancia y control en las empresas

Para UGT Andalucía, la evolución de la siniestralidad demuestra que es necesario reforzar el cumplimiento efectivo de la normativa preventiva. Hasta mayo de este año se habían impuesto en Andalucía 1.356 sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, frente a las 2.385 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 45,14%.

“¿Significa esto que hay menos incumplimientos? Para nosotros, no. Lo que demuestra es que necesitamos más vigilancia y más control”, ha señalado Sánchez Villegas.

Además, según los últimos datos oficiales consolidados, correspondientes a 2025, el 47,6% del total de accidentes de trabajo graves y el 36% de los mortales se produjeron sin tener realizada una evaluación de riesgos obligatoria.

“No podemos hablar de prevención mientras haya centros de trabajo en los que ni siquiera se están evaluando correctamente los riesgos. Las empresas tienen la obligación de proteger la seguridad y la salud de sus plantillas y las administraciones deben garantizar que esa obligación se cumple”, ha subrayado.

UGT Andalucía reclama, por ello, más recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Salud Laboral, de manera que puedan intensificar el control del cumplimiento de la normativa e investigar y depurar las posibles responsabilidades derivadas de los accidentes graves y mortales.

Asimismo, el sindicato vuelve a reivindicar la creación de una figura similar al Delegado o Delegada Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente para mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y muchas de las cuales carecen de representación sindical.

UGT cuestiona la ausencia de la siniestralidad laboral entre las prioridades del pacto de Gobierno

Sánchez Villegas ha cuestionado también el lugar que ocupa la seguridad y la salud laboral entre las prioridades del nuevo Gobierno andaluz y se ha referido al acuerdo de Gobierno suscrito por PP y Vox y sus 150 medidas.

“Hemos buscado cuántas menciones hay en ese acuerdo a la siniestralidad laboral y cuántas medidas se plantean específicamente para reducirla. Ninguna. No encontramos una sola medida destinada a evitar que las personas trabajadoras pierdan la vida en sus puestos de trabajo”, ha denunciado.

El responsable sindical ha contrapuesto esta ausencia con otras materias que sí aparecen recogidas en el acuerdo. “Se habla de tauromaquia, de sustituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia, de prohibir el burka y el niqab o de repatriación de menores, pero no encontramos una sola línea sobre cómo reducir la siniestralidad laboral ni una sola mención a reforzar la Inspección de Trabajo”.

“Se habla de ayudar a las familias, pero no de garantizar la seguridad laboral de las personas que sostienen esas familias. Se habla de cultura de la vida, pero no encontramos una sola medida para proteger la vida de las personas trabajadoras”, ha añadido.

Para Sánchez Villegas, ante unas cifras que sitúan a Andalucía como la comunidad con mayor mortalidad laboral de España, “la seguridad y la salud de las personas trabajadoras tienen que convertirse en una prioridad política real, con medidas y recursos concretos”.

En este sentido, UGT Andalucía ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple ya treinta años y se encuentra inmersa en un proceso de actualización, por lo que Sánchez Villegas ha reclamado el compromiso de todas las fuerzas políticas: “Esperamos que todos los grupos parlamentarios entiendan que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”.

Las enfermedades profesionales, otra realidad oculta

UGT Andalucía pone también el foco en la infradeclaración de las enfermedades profesionales. Hasta agosto se habían comunicado 1.470 partes de enfermedades profesionales en Andalucía, pese a contar la comunidad con más de 3,1 millones de personas asalariadas.

Andalucía concentra el 15,95% de las personas asalariadas de España, pero únicamente representa el 6,51% de los partes de enfermedades profesionales declarados en el conjunto del país.

“¿Significa esto que en Andalucía hay muchas menos enfermedades profesionales? Evidentemente, no. Lo que significa es que muchas enfermedades profesionales no se están declarando como tales”, ha advertido Sánchez Villegas.

Especialmente significativo resulta el cáncer de origen laboral: solo se han declarado dos partes correspondientes al grupo 6 de enfermedades profesionales, relacionado con agentes carcinógenos.

“Tenemos también una parte de la siniestralidad que permanece invisible. Si una enfermedad causada por el trabajo no se reconoce como profesional, desaparece de las estadísticas y se dificulta enormemente actuar sobre sus causas. Necesitamos que aflore esa realidad para poder prevenirla”, ha explicado.

“La prevención tiene que llegar antes que el accidente”

UGT Andalucía insiste en que los accidentes laborales son evitables y reclama que la prevención ocupe un lugar central en la organización del trabajo, junto con una actualización de la normativa que permita responder a los nuevos riesgos laborales.

El sindicato considera necesario avanzar en cuestiones como los riesgos psicosociales, la desconexión digital, el ciberacoso, la protección frente a fenómenos meteorológicos adversos derivados del cambio climático y la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos.

“Hoy hablamos de 94 personas fallecidas. No queremos que mañana sean 95. La prevención tiene que llegar antes que el accidente. Necesitamos empresas que cumplan, más vigilancia y unas administraciones con recursos suficientes para garantizar ese cumplimiento. Ir a trabajar no puede costarle la vida a nadie”, ha concluido Pablo Sánchez Villegas.

Uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía acaba de ser descubierto en Antequera (Málaga). El edificio presenta unas dimensiones aproximadas de 52 metros de diámetro, lo que pone de manifiesto la entidad del conjunto monumental y el potencial arqueológico que todavía conserva el yacimiento. Las excavaciones, las primeras en 35 años, han permitido descubrir parte del graderío medio del teatro, cuyos grandes sillares presentan un excepcional estado de conservación.

Los trabajos desarrollados durante este mes en la ciudad romana de Singilia Barba han permitido sacar a la luz nuevos restos del teatro, en una intervención que supone el regreso de la investigación arqueológica al yacimiento tras más de tres décadas, ha informado la Universidad Complutense de Madrid.

Los resultados obtenidos han superado las expectativas iniciales del equipo científico. Según los investigadores, la relevancia de lo descubierto radica en el buen estado de conservación de los sectores superiores de los teatros romanos, que generalmente presentan más deterioro como consecuencia de derrumbes, procesos de expolio y reutilización de sus materiales constructivos.

Los trabajos en Antequera son el primer paso dentro de un proyecto de investigación que requerirá nuevas campañas de excavación y estudio para conocer con mayor precisión la configuración, cronología y evolución del teatro.

La intervención arqueológica ha sido autorizada por la Junta de Andalucía y financiada en el marco del proyecto 'Redescubriendo Singilia Barba: entre la geoarqueología y la caracterización de la cultura material', de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense.

Singilia Barba se encuentra en el actual Cortijo del Castillón, a unos siete kilómetros al noroeste de Antequera y a apenas dos del río Guadalhorce, en un emplazamiento estratégico que explica su importancia en la Antigüedad; es de origen túrdulo; está documentada al menos desde el siglo III antes de Cristo y pronto se integró en la órbita romana.

Los trabajos han sido dirigidos por Manuel Romero Pérez y los investigadores complutenses Sergio España Chamorro, del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y Luis Romero Novella, especializado en arqueología e Historia Antigua, y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera.

Quedan pocos días para dar por cerrada la cuarta edición del concurso de fotografía en Instagram #GentedeAndalucía2026, organizado por elDiario.es Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol. Si llevas semanas pensando en participar, tienes una fotografía guardada que todavía no has presentado o has captado alguna escena que merece ser compartida, este es el momento de dar el paso.

Andalucía también se cuenta a través de sus calles, sus fiestas, sus costumbres y, sobre todo, de las personas que forman parte de ellas. Una mirada, un encuentro, una tradición, un instante cotidiano... cualquier escena puede convertirse en una fotografía capaz de reflejar la esencia de esta tierra y su gente.

Todavía puedes optar a los premios de esta edición y a que tu fotografía forme parte de la exposición colectiva que reunirá una selección de las imágenes participantes en la sede de Fundación Cajasol, en el corazón de Sevilla.

Solo tienes que preparar tu fotografía, revisar las bases del concurso y compartirla en Instagram siguiendo los requisitos de la convocatoria. No olvides repasar las claves para asegurarte de que tu publicación llega correctamente al concurso, antes del 30 de septiembre.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Si tienes esa fotografía en mente, no la dejes para el último día.

Un hombre de 78 años que resultó herido en el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en el paraje de la Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, el hombre presentaba quemaduras externas en entre el 30 y el 35% de la superficie corporal. Tras ser evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga, fue trasladado posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha fallecido.

En el incendio se produjeron además otros tres heridos. Un bombero del Infoca sufrió una fractura de muñeca tras una caída y fue atendido por los servicios sanitarios. Asimismo, dos particulares fueron atendidos por inhalación de humo, uno de ellos por una afección leve y dado de alta en el mismo lugar.

El incendio, que quedó extinguido el pasado lunes, obligó también al desalojo de unas 50 personas de la urbanización Montemayor como medida preventiva.

Las entradas para visitar el Caminito del Rey en la provincia de Málaga entre el 7 de diciembre de este año y el 2 de mayo de 2027 se pondrán a la venta este miércoles, 23 de septiembre, a partir de las 10:00 horas a través de la web www.caminitodelrey.info. La venta estará abierta tanto al público general como a las excursiones organizadas y agencias de viaje.

Así lo ha dado a conocer, a través de un comunicado, en el que han precisado que la entrada general mantiene un precio de diez euros, con un límite de diez entradas por comprador, mientras que la modalidad que incluye visita guiada oficial tiene un coste de 18 euros. Estas visitas se realizan en español e inglés y están dirigidas a grupos de un máximo de 30 personas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado el éxito de ventas del anterior periodo, cuando, según ha señalado, “se agotó la mitad del cupo disponible durante las primeras horas”. Asimismo, ha recordado que el recorrido cuenta desde el pasado mes de junio con un nuevo atractivo, un puente colgante de 110 metros.

Para este nuevo periodo se ponen a la venta alrededor de 190.000 entradas para visitar el Caminito del Rey, con un horario de invierno de 9:00 a 14:30 horas. A partir del 28 de marzo, ya en primavera, el horario se ampliará hasta las 17:30 horas.

Los menores de ocho años no pueden acceder al Caminito del Rey, mientras que los mayores de esa edad deberán acreditar su edad mediante el DNI original o el Libro de Familia. Los menores de 18 años deberán acudir acompañados de un adulto.

El recorrido cuenta con un centro de recepción de visitantes situado en el término municipal de Ardales, que ofrece información sobre el paraje natural y su entorno y dispone de un aparcamiento con capacidad para 240 vehículos. El precio del estacionamiento es de dos euros por jornada y puede abonarse a través de la web al adquirir la entrada. Se recomienda aparcar con al menos una hora de antelación.

Desde este aparcamiento parte un autobús lanzadera de ida y vuelta hasta el Caminito del Rey. El billete, válido durante toda la jornada, puede adquirirse también a través de la web o directamente al conductor, en este último caso únicamente en efectivo. El precio es de 2,50 euros.

El nuevo puente colgante “más largo del país”

Una de las novedades del recorrido es el puente colgante de 110 metros, que abrió al público el pasado 9 de junio y que, según la Diputación, “es el más largo de España de estas características”.

La infraestructura se encuentra antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro y permite establecer un itinerario alternativo en el tramo final del Caminito. Esta opción reduce en casi un kilómetro la bajada por terrenos más escarpados y busca reforzar la seguridad de los visitantes, aunque quienes lo prefieran podrán continuar utilizando el tramo final actual.

El Caminito del Rey tiene un recorrido de unos tres kilómetros y una anchura aproximada de un metro, con algunos tramos situados a más de 100 metros sobre el cauce. El enclave permite además disfrutar de los paisajes y de la flora y fauna vinculadas a los hábitats rocosos, con presencia de especies de avifauna rupícola como el buitre leonado, la chova piquirroja y el vencejo real, entre otras.

La Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la Mesa Negociadora han alcanzado un preacuerdo para renovar el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración andaluza, que componen cerca de 21.000 profesionales, y que abre una nueva etapa para este colectivo regido hasta ahora por un convenio firmado hace 24 años. El nuevo marco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Según el Gobierno andaluz, el acuerdo permite avanzar en uno de los “objetivos ineludibles” de esta legislatura, como es la renovación del convenio firmado en 2002 y prorrogado desde 2008. En la negociación han participado UGT, CCOO, CSIF y Ustea.

Tras el acuerdo, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, ha destacado el valor del diálogo social para hacer posible este acuerdo y ha subrayado que la culminación del convenio era un compromiso de legislatura.

Entre las principales novedades del preacuerdo se encuentran la implantación de una carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño, la reclasificación de categorías y funciones, el avance en la funcionarización voluntaria y con garantías y una mejora del reconocimiento del trabajo en turnos, noches, festivos y jornadas especiales.

El nuevo marco contempla además un concurso abierto y permanente para facilitar la movilidad y cobertura definitiva de puestos, una bolsa única para la contratación temporal y un mayor protagonismo de las Subcomisiones de cada Consejería. El preacuerdo deberá completar ahora su tramitación con el correspondiente informe de Hacienda antes de su aprobación definitiva.

UGT SP Andalucía ha valorado “como un éxito” el nuevo convenio, haciendo hincapié en la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, que conllevan “nuevos complementos retributivos”. El sindicato destaca también la clasificación profesional y reclasificaciones, donde el nuevo diseño de un sistema de grupos y subgrupos, así como las mejoras retributivas y garantías salariales, con una reordenación de las retribuciones fijas y variables que revisa el complemento de puesto por factores como peligrosidad, penosidad o toxicidad y actualizando el pago por festivos y fines de semana; conciliación y nuevos derechos, entre otras.

Por su parte, desde CSIF han señalado que la rúbrica supone “un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales del personal laboral y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo”, tal y como ha afirmado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco. En materia de movilidad, se mejoran condiciones para solicitar la permuta, que podrá plantearse siempre que resten al menos tres años para la jubilación; asimismo, se incorpora la implantación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, junto con nuevas modalidades de excedencias.

CCOO-A destaca que el acuerdo pone fin a casi 24 años de vigencia del VI Convenio, tras un largo proceso impulsado por el sindicato desde principios de 2025, momento en que trasladó a la administración la necesidad “inexcusable” de renovar la norma. Para la coordinadora del Área Pública de CCOO de Andalucía, Marina Vega “la mejora salarial asociada a la carrera horizontal, la recuperación de la jubilación parcial, la reclasificación de categorías profesionales con subidas retributivas y otros derechos sociales son avances importantes que ya eran urgentes”.

“El proceso de negociación ha sido duro, por el inmovilismo de algunas partes y por la negativa de la administración a determinadas reivindicaciones planteadas por CCOO que, sin duda, seguiremos luchando para conseguir en el futuro”, ha concluido.

El sector agroalimentario andaluz cuenta con un amplio y diverso grupo de profesionales que están contribuyendo a transformar una de las principales industrias estratégicas de la comunidad. Así lo refleja la nueva lista de Forbes España, Los más influyentes del sector agroalimentario andaluz, que reúne a 50 empresarios, directivos, productores, investigadores, emprendedores y divulgadores vinculados al sector, y que se presentará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el próximo martes, 29 de septiembre, a las 20.00 horas.

Al día siguiente, 30 de septiembre, Forbes España organiza en el mismo escenario, el Hotel Alfonso XIII, el Forbes Agro Food Summit, un encuentro empresarial e institucional de alto nivel que reunirá a los principales representantes del sector agroalimentario junto a líderes empresariales, institucionales y expertos para analizar los grandes retos y oportunidades que marcarán el futuro del agro andaluz.

La lista Los más influyentes del sector agroalimentario andaluz pone de manifiesto la dimensión y diversidad de un ecosistema que abarca desde la agricultura y la producción hasta la industria alimentaria, la distribución, el cooperativismo, la investigación, la biotecnología y la divulgación. Entre los nombres incluidos figuran representantes de algunos de los principales grupos y organizaciones agroalimentarias con actividad en Andalucía, junto a perfiles vinculados a la innovación y a las nuevas formas de comunicación del sector.

Entre los profesionales seleccionados se encuentran Antonio Luque, presidente de DCOOP; Antonio Hernández Callejas, presidente ejecutivo de Ebro Foods; Gonzalo Guillén Benjumea, CEO de Acesur; Ignacio Silva, presidente y CEO de Deoleo; Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de COVAP; José Martínez Portero, presidente de Unica Group; Juan Antonio González Real, presidente de Vicasol; o Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne, entre otros representantes de compañías y organizaciones de referencia.

La lista también incorpora perfiles procedentes del ámbito científico y tecnológico, como Julio Berbel, catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba; David Iglesias, fundador y CEO de Biorizon Biotech; o Pablo Montañés, CEO de Kimitec; poniendo de relieve el papel que la investigación, la tecnología y la innovación están adquiriendo en la evolución del campo y de la industria agroalimentaria.

Otro de los elementos destacados por Forbes es la aparición de una nueva generación de divulgadores y prescriptores agroalimentarios. Profesionales como Alberto Rojas, Ana María Martos, Germán Fernández, Lorena Guerra o Paula de Prado representan una forma diferente de acercar la realidad del sector primario a nuevas audiencias y de abordar cuestiones como la digitalización, la sostenibilidad, el relevo generacional y la profesionalización de las explotaciones.

La selección refleja asimismo la diversidad territorial y productiva de Andalucía. Aceite de oliva, frutas y hortalizas, berries, ganadería, lácteos, aceituna de mesa, vino, biotecnología o agricultura ecológica están representados a través de profesionales con diferentes responsabilidades y trayectorias.

El cooperativismo ocupa igualmente un espacio relevante, con representantes de organizaciones como DCOOP, COVAP, Unica Group, Vicasol, Cuna de Platero, Almazaras de la Subbética, Coprohníjar o Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Para elaborar la selección, Forbes España establece una metodología basada en cinco grandes dimensiones: liderazgo e impacto económico, influencia sectorial e institucional, innovación y transformación, internacionalización e intereses editoriales. La publicación señala además que busca equilibrar diferentes sectores, provincias, modelos empresariales y perfiles científicos, institucionales y divulgativos.

De esta manera, la lista no se limita a medir el tamaño económico de las organizaciones representadas, sino que pretende ofrecer una fotografía amplia de las personas que participan en la transformación del ecosistema agroalimentario andaluz.

Un sector estratégico para Andalucía

La publicación de Forbes España llega en un momento en el que el agroalimentario afronta importantes retos relacionados con la sostenibilidad, la gestión eficiente de los recursos, la digitalización, la innovación, la adaptación al cambio climático y la apertura de nuevos mercados.

En este contexto, los 50 perfiles seleccionados representan diferentes maneras de abordar esos desafíos: desde la gestión empresarial y la internacionalización hasta la investigación, la innovación tecnológica, el fortalecimiento del cooperativismo o la comunicación con las nuevas generaciones.

La lista de Forbes pone así el foco en las personas que están detrás de una industria considerada estratégica para Andalucía y que, desde diferentes posiciones dentro de la cadena de valor, contribuyen a proyectar el sector agroalimentario andaluz tanto dentro como fuera de España.

Consulta la lista completa: Los más influyentes del sector agroalimentario andaluz

Sevilla acogerá el próximo 30 de septiembre la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía, en el marco del proyecto europeo REC4EU, bajo el lema “Una nueva era para las comunidades energéticas: regulación, financiación y profesionalización”.

Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Fernando Mañes, Concejal delegado de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales del ayuntamiento de Sevilla y Rafael Benjumea, presidente de UNEF, inaugurarán el encuentro, que reunirá en el espacio Marqués de Contadero de Sevilla a representantes de las administraciones públicas, expertos, empresas y comunidades energéticas para compartir las oportunidades que suponen tanto para ciudadanos como para empresas.

Un espacio de referencia a nivel nacional para analizar cómo impulsar este modelo energético participativo, en un año clave a nivel normativo para su desarrollo, tras la aprobación del RD-Ley 7/2026 que introduce medidas para su impulso y en el que se espera además que se publique un Real Decreto específico. Cambios normativos que analizarán en una mesa específica que contará con la participación, entre otros, de Jesús Ferrero, subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Oportunidades, desafíos y nuevos modelos

Ya existen en España 837 Comunidades Energéticas, según el estudio Energía Común de ECODES, con un creciente interés de actores no tradicionales del sector energético, como ayuntamientos, cooperativas agrarias e industrias.

Precisamente, uno de los objetivos de esta tercera edición será mostrar la diversidad de modelos que ya se están desarrollando y facilitar herramientas y conocimiento para que puedan surgir nuevas iniciativas y cómo pueden crecer las existentes. La agenda contará con experiencias vinculadas al ámbito urbano, industrial y agrario, con especial foco en las comunidades de regantes, y analizará las oportunidades y retos específicos de cada una de estas tipologías.

Asimismo, se analizará el ecosistema de PYMES locales que las Comunidades Energéticas estimulan, ofreciendo servicios relacionados con ellas como la instalación de soluciones de autoconsumo y almacenamiento, rehabilitación de edificios, actuaciones de eficiencia energética o movilidad eléctrica.

El encuentro, que cuenta con la colaboración de ECODES y el patrocinio de Ampere Energy, Cox, Edinor, Exnaton, Quantica, Samsø, SD Verdia y Senda; será un espacio práctico para todas aquellas personas, organizaciones, empresas y administraciones interesadas tanto en participar en una comunidad energética como en promover y desarrollar nuevos proyectos.

El papel protagonista de los municipios andaluces

La celebración de la Cumbre en Sevilla permitirá prestar una atención especial al papel que está desempeñando Andalucía en el desarrollo del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas.

La jornada analizará cómo las Comunidades Energéticas pueden beneficiar a los territorios y qué papel pueden desempeñar las entidades locales para facilitar su desarrollo y darles mayor solidez. 

La agenda contará, además de con la participación de la Agencia Andaluza de la Energía, con representantes de la Diputación de Málaga, la Diputación de Granada, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA), la Escuela de Economía Social de Sevilla y de diferentes iniciativas andaluzas.

También tendrán presencia experiencias cercanas a Sevilla, como la Comunidad Energética Local de Mairena del Aljarafe, junto a proyectos procedentes de otros puntos de España, lo que permitirá compartir modelos y aprendizajes que puedan ser replicados en diferentes municipios y sectores.

De la creación de Comunidades Energéticas a su desarrollo y consolidación

La Cumbre abordará también uno de los retos que afronta actualmente el sector: cómo conseguir que las comunidades energéticas que ya se han constituido puedan crecer, profesionalizar su gestión, incorporar nuevos socios, ampliar sus actividades y generar nuevos recursos propios que les permitan apuntalar su solidez y sostenibilidad en el tiempo

Para ofrecer una fotografía actual de su desarrollo, ECODES presentará durante la jornada el informe “Energía Común” sobre el diagnóstico de las comunidades energéticas en España, que permitirá conocer la evolución y extensión de este tipo de iniciativas en nuestro país.

Además, la III Cumbre de Comunidades Energéticas mirará hacia Europa para conocer hacia dónde están evolucionando estos modelos y qué innovaciones pueden trasladarse a España, con la participación de expertos y organizaciones europeas como Rescoop.

Finalmente, la financiación ocupará un espacio específico en el programa. La Cumbre analizará fórmulas que permitan hacer viables los proyectos más allá de las ayudas públicas, incluyendo instrumentos públicos de financiación, colaboración con entidades financieras, PPAs y otras alternativas.

Con esta tercera edición, UNEF y la Agencia Andaluza de la Energía quieren facilitar el encuentro entre quienes ya están desarrollando comunidades energéticas y quienes quieren ponerlas en marcha, participar en ellas o desarrollar servicios asociados, favoreciendo el intercambio de experiencias, la identificación de soluciones y la creación de nuevas alianzas.

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital ha fallecido finalmente este lunes.

El agresor se quitó la vida y la víctima fue trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital hasta que ha fallecido cinco días después.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18:00 horas del pasado miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años, constaban en el sistema VioGén.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento. En dicho documento se explica que, “con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo”, que “se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo”.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que “la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno”. Se trata de un cambio especialmente relevante, ya que, mientras el control previo se realiza antes de aprobar el gasto y permite suspender el expediente hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, el control financiero permanente actúa una vez realizada la actividad y ejecutado el gasto, sin efectos suspensivos.

Los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado “justifican, con carácter general, la sustitución” del control previo por el financiero permanente “en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos”.

“No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo”, se puede leer en el resumen del informe, en el que se señala que “dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados”.

Alcance de la aplicación del procedimiento

En el resumen del informe se detalla que, “desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques”; en concreto, “órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos”.

Desde el punto de vista económico, “las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024”. El “mayor peso” corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

No hay registro centralizado y homogéneo

Posteriormente se advierte de que “la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento”.

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, “del total de informes definitivos” de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% -un total de 12- son “con opinión favorable”, 134 “con salvedades” (71,28%), y 42 presentan una “opinión desfavorable” (22,34%). En conjunto, por tanto, más del 93 % de los informes no fueron plenamente favorables.

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son “la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos”.

En subvenciones y ayudas, “destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%”, se detalla también en el resumen del informe.

Y, en “otros gastos”, las incidencias más relevantes se refieren a “errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%”.

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que “la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad”.

“En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera”, se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que “esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública”.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones a la Junta, como “implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento”, y “realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control”.

Otras recomendaciones incluidas en el informe son “analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad”, y “definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía”.

La directora del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) y una profesora han sido víctimas de “agresiones físicas y verbales” por parte de los padres de un alumno matriculado en el centro, según han confirmado desde la Delegación Territorial de Educación.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:25 horas del pasado jueves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil que practicaron diligencias. De momento, la Guardia Civil ha detenido a la madre del menor y el padre está siendo investigado por su relación con la agresión al profesorado.

En señal de “absoluta repulsa” y apoyo a las compañeras agredidas, la comunidad educativa del IES Los Montecillos ha celebrado esta mañana una concentración silenciosa en la entrada del centro para condenar “los graves actos de violencia” sufridos por las profesionales en el ejercicio de sus funciones.

La Delegación Territorial de Educación en Málaga se ha sumado al “firme rechazo y reprobación” a estos hechos. “Estas conductas son rechazadas tajantemente por la administración educativa y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, aún menos en un ámbito como el escolar, donde los profesionales docentes se entregan con esfuerzo, dedicación y vocación a la formación de personas íntegras, respetuosas y solidarias, bajo los principios de tolerancia, humanidad y respeto que constituyen el eje vertebral de su ejercicio profesional”, reza el comunicado.

Por su parte, la comunidad educativa de Los Montecillos sostiene que “cualquier tipo de agresión hacia los docentes y el personal del centro es un ataque directo a la convivencia, al respeto y a los valores fundamentales que diariamente inculcamos a nuestro alumnado”. Asimismo, manifiestan que “no es admisible que quienes dedicamos nuestra labor a educar y proteger a los jóvenes de nuestra localidad tengamos que acudir a nuestro puesto de trabajo sintiendo miedo, desamparo o vulnerabilidad”.

Tras el episodio sufrido, el profesorado y el personal no docente reivindica “el derecho inalienable a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, tranquilo y respetado” y exige “sentirnos respaldados por las instituciones y por la sociedad, ya que la violencia jamás puede tener cabida ni justificación dentro de un espacio educativo”.

La administración educativa asegura que va a adoptar “todas las medidas administrativas y legales a nuestro alcance”. Para ello, han “activado el apoyo y la colaboración con las docentes que se han visto involucradas en estos hechos, a fin de que reciban la atención psicológica y letrada que la Consejería de Educación tiene prevista para estos casos”, continúa el comunicado, en el que se han mostrado “convencidos de que estos hechos no constituyen la relación habitual de las familias con los centros de enseñanza”.

Una mujer resultó herida este pasado miércoles a raíz de que su pareja presuntamente intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, delante de la hija de ambos, que llamó a Emergencias 112 para avisar de lo que sucedía. Tras esto, el hombre se suicidó.

Así lo ha confirmado la Policía Nacional, cuerpo que ha abierto una investigación en relación con estos hechos que sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18.00 horas.

La menor llamó al 112 avisando de que su padre estaba intentando estrangular a su madre. En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, efectivos que practicaron la RCP a la mujer y que fue trasladada al hospital.

Las fuentes policiales han confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género y que ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años y que se ahorcó, están en el Sistema VioGén.