En este artículo, y en este espacio periodístico de derechos animales, hablaré del infatigable trabajo de las tres organizaciones civiles de protección animal de la isla de La Palma ante un contexto desbordante como el de una emergencia volcánica; del ambiguo y contradictorio abordaje de la problemática de los animales pertenecientes a la fauna silvestre por parte de las autoridades ambientales interesadas en la conservación de especies; y del interesado rescate de aquellos animales que, por su valor económico en la explotación ganadera, sí fueron abordados por las administraciones canarias (en el mejor de los casos) o bien fueron forzados a calcinarse para que sus propietarios puedan cobrar los seguros correspondientes.

Nuestra relación con los otros animales puede entenderse mucho mejor dentro del marco de la desconexión general del ser humano con el resto de la naturaleza. Para cualquier otra especie animal esto representaría un sinsentido y un suicidio individual y colectivo, pero para el ser humano (gracias a esa falsa seguridad generada por unos cuantos centímetros de pavimento que separan nuestras ciudades del Planeta, y complementada con una indefendible educación antropocéntrica que nos otorga naturaleza divina y dignidad de dios) esta desconexión representa la base sobre la cual se ha construido un capitalismo suicida. Un sistema perverso que se deja a la mayoría de los humanos en el camino, y en el que un pedazo de papel -al que llamamos moneda- tiene más valor que un frondoso árbol, que, gracias a los muchos miles de años de preguntas y respuestas biológicas y orgánicas, hemos recibido como fuente de alimento, aire, y vida, o como póliza de seguro para la pervivencia del individuo, la especie y todo lo que le rodea. Por esta razón elegí un título provocador para quienes no estén del todo familiarizados con estos conceptos, ya que, ante todo, los humanos somos naturaleza; luego, somos animales y luego, en todo caso y si fuera necesario, somos todo lo demás.

Pero antes de las reflexiones filosóficas y políticas que me propició el volcán en torno a nuestra relación con los otros animales y el resto de la naturaleza -que retomaré al final de estos renglones-, comenzaré este artículo por un recorrido concreto y detallado sobre la realidad que vivieron -y que aún viven, y más aún vivirán- todos los otros animales antes, durante y después de la erupción del volcán de La Palma. 

Familias interespecie 

Probablemente, lo más llamativo -y con razón- en las noticias relacionadas a la situación de los animales en el volcán de La Palma hayan sido los rescates de los animales mal llamados mascotas. Y digo “con razón” ya que la afinidad que tenemos los seres humanos con estos animales, especialmente con perros y gatos, es superior a cualquier otra. Muchas veces son, para muchas y muchos de nosotros, parte indisoluble de nuestra familia e incluso, en algunos casos, son toda nuestra familia. Y más allá de lo extendido y aceptado que se encuentra este enlace interespecie, parece mentira que todavía no los hayamos incluido en los protocolos de rescate ante catástrofes y desastres, ya no por la consideración moral que debamos tener hacia ellos dado su valor intrínseco -ya que ese valor no debería distinguir entre especies-, sino por los lazos afectivos que muchos seres humanos tienen con sus familiares no humanos.

Durante estos días en la isla pude dialogar con varias personas damnificadas que denunciaban una falta total de sensibilidad de las autoridades en este sentido. Los refugios no aceptaron el ingreso de familias con sus miembros de otras especies, ni tampoco les ofrecieron alternativas más que un “déjelo en casa, seguro que se busca la vida”, sentenciando así a decenas de perros y gatos a morir abrasados por la lava y sin escapatoria.

Varios periodistas y equipos de rescate animal mostraron esta realidad in situ, con vídeos de perros encadenados en patios traseros de casas evacuadas, o gatos encerrados en viviendas de personas que explicaban que así se lo había demandado el Gobierno, Protección Civil o la policía durante el desalojo. También pude entrevistarme con un adulto mayor que decidió dormir en la incomodidad de su coche con tal de no separarse de sus perros, o una señora que incluso durmió algunos días en el refugio de emergencia creado de forma transitoria en un polideportivo de Los Llanos.

Pero la indiferencia de lo público es una de las caras de la moneda, la otra es la admirable coordinación y gestión de las ONG locales. Imaginemos la situación: tienes una pequeña organización en una pequeña isla, con unos pocos socios y socias, algo de voluntariado y recursos limitados a un pedacito de tierra no tan habitado. Y de pronto te encuentras con uno de los mayores retos al que te puedes enfrentar: una catástrofe. Y no cualquier catástrofe, sino un volcán. Esther, la coordinadora de la ONG Benawara, reflexionaba: “En un incendio sabes que cuando está activo rescatas y cuando se acaba te pones a reconstruir; con un volcán, en cambio, no sabes cuándo acaba todo”. Se refería a la incertidumbre con la viven esta situación excepcional de emergencia, y a las múltiples alarmas generadas por la erupción y que no se limitan a la emisión de la lava que lo quema todo, sino también a los gases que pueden contaminar el aire, a las cenizas que pueden inutilizar la aguas y la tierra, a las pedradas que caen del aire y, en el caso de los animales, además, a los estruendos que provocaron muchos de los escapes, especialmente de los gatos.

La organización Benawara no tenía refugio el día que estalló el volcán de Cumbre Vieja, pero hoy regenta un punto de transferencia muy cercano a las bocas abiertas del volcán. En este punto encontramos un campo de refugiados animales con un promedio de unos 30 perros y unos 5 o 6 gatos, que van moviéndose hacia las más de 100 casas de acogida disponibles en la red de la asociación. En una cancha de baloncesto techada, con el trabajo de decenas de voluntarios y gracias a los diligentes servicios de un especialista en comportamiento canino, los perros se encuentra permanentemente en paz y sin el estrés que cualquiera vería como normal en un contexto así, aunque desde la instalaciones se escuchen con fuerza los estruendos, caiga la gramilla de forma constante y se vean con claridad los estallidos de lava.

A este punto de transferencia llegan los casos de las evacuaciones y desalojos, pero también vienen cada día las familias damnificadas, las que lo perdieron todo menos a sus animales, para buscar alimento, comedores, camas, mantas, correas, transportines y cualquier material necesario. También vienen las familias que lo perdieron todo, incluso a sus animales, a ver si hay novedades y sus seres queridos de otras especies han aparecido. Cada “no” es desgarrador.

Allí llegan animales traídos por bomberos, policías y miembros de protección civil, así como vecinos abocados a esta tarea en los barrios damnificados, los que son alojados inicialmente en este campo de refugiados, atendidos por las veterinarias, y luego puestos a disposición de las casas de acogida. Algo que también pude ver en varias ocasiones a lo largo de mis días en la isla, y que funciona como bálsamo para el alma, son algunos reencuentros entre animales que buscan a sus familias y las familias que buscan a sus animales.

Al otro lado de la isla nos encontramos con otras dos ONG que llevan muchos años fortaleciendo sus refugios, pero a las que la situación del volcán ha generado una cantidad y una calidad de trabajo que claramente no esperaban y que nadie, ni la más grande y estructurada de las organizaciones, estaría lista para afrontar.

Una de ellas es la gatera de UPA La Palma, cuyo trabajo va mucho más allá de la gatera en sí. Tienen unos 50 gatos en sus manos, en un verdadero edén felino, cerrado para que no impacte en otras especies, controlado y aislado para que no sea atacado o vandalizado, y con una atención exquisita, cariñosa y cuidadosa, donde se respira paz y bienestar para los habitantes. Paula, la coordinadora, nos cuenta que esta gatera estaba pensada para ser un centro de transferencia para algún tipo de gato que se deriva a adopción, y de vivienda definitiva para otros gatos, pero la situación les ha dado de frente y han tenido que adaptarse de forma inmediata. A mi juicio lo han hecho muy bien. 

Además de la gatera tienen una red con más de 100 gatos en casas de acogida y gestionan colonias controladas, de gatos sanos y esterilizados, en varios puntos de la isla. Paula y sus compañeras realizan rescates en plena zona caliente para buscar a los felinos que han sido abandonados, o que nunca tuvieron familia, o a aquellos que se escaparon de sus casas por miedo, cuando comenzaron las erupciones.

Unos kilómetros más arriba, llegando a Puntallana, nos encontramos con el refugio Aanipal. Imanol coordina a más de 30 voluntarios y voluntarias que van cada a día a gestionar los casi 50 perros que albergan hoy en el refugio, y que coordinan además decenas de casas de acogida. Imanol nos contó que al menos 30 de los animales que están a su cargo, entre casas de acogida y el refugio, tienen una familia pero que su familia ya no tiene un hogar. Estos animales actualmente se encuentran en un limbo de incertidumbre. Por un lado, hay familias que tienen la voluntad de recuperarlos pero no saben muy bien ni cómo ni cuándo podrán hacerlo. Otras pocas, en cambio, ya han dado su consentimiento para poner a estos animales en adopción. Para Imanol lo peor está por venir. Cuando deje de salir lava aparecerán nuevos animales y la recesión económica en la que se anegará esta isla en los próximos meses será otro motivo de abandono o de desatención de los animales, ya que, como bien sabemos, ellos suelen ser los primeros en pagar las crisis económicas. 

Con limitaciones de espacio en el refugio, pero con buena atención y cuidado permanente de los perros que gestionan, la gente de Aanipal intenta hacerse a la idea de que no habrá un retorno a la normalidad que conocían y que ahora el desafío es pensar en cuál debe ser la nueva realidad que debe construirse en la isla y qué lugar tendrán los animales en este nuevo episodio de la historia de La Palma.

Para ayudar a todas estas organizaciones hemos creado un sistema informático de unificación de la información, que mantenemos de forma actualizada con dos activistas operando desde Barcelona, en la que las familias pueden encontrar a los animales que perdieron, y los animales perdidos pueden encontrar nuevamente a sus familias. En la página AnimalesLaPalma.org está toda esa información.

Valor económico: ganadería 

Tener un valor económico puede ser una salvación (a medias) o una condena (del todo). En este caso lo hemos visto con claridad. Muchos vídeos mostraron en las redes sociales cómo las administraciones, a través de la policía, los bomberos y los servicios de protección civil, rescataron cabras, ovejas, caballos, burros y algunas vacas. De estos animales sí se responsabilizó el Cabildo y esto explica estos rescates, cuya motivación a la vez se explica por el valor económico de estos animales para algunas de las familias que se dedican total o parcialmente a la ganadería en los entornos rurales de La Palma.

No debemos olvidar que la mayoría de esos animales van a ser ejecutados de todos modos cuando les llegue su momento, según mande su modelo de explotación. Sin embargo, al menos en estos casos, no murieron de la forma horrenda que les depara el magma cayendo por las laderas del Cumbre Vieja.

Sin embargo, hemos podido ver cómo muchos ganaderos explicaban a algunos medios de comunicación que debían dejar que sus animales fueran devorados por la lava, o si no no podían cobrar los seguros. Justificaban así el no haber permitido que los animales huyeran ante la llegada implacable de la lava. Y eso es así porque las pólizas así lo plantean, y esas pólizas son así porque ninguna ley les impide hacerlo. Es terrible, pero es una buena muestra de cómo los humanos tratamos a los animales de los que obtenemos beneficio económico. 

Animales silvestres 

Para la moral conservacionista (si es que eso existe) los animales silvestres no son importantes en función de su capacidad para sufrir como individuos, que temen al dolor de la lava quemando la piel, el tejido y calcinando los órganos, sino en función de cuántos quedan de su especie. Este pensamiento ya es en sí una catástrofe.

Por eso hoy me toca felicitar a los centros de rescate por haber dado la oportunidad a cientos de animales de algunas especies concretas, a la vez que criticar esa frialdad con la que asumen que otros no son objeto de solidaridad y compasión, un principio meramente numérico que, si aplicamos a los animales humanos, habría frenado cualquier rescate o desalojo de las familias afectadas.

Pero a los animales de la fauna autóctona me los dejé para el final no por casualidad, aunque son claramente la mayoría de animales afectados por el volcán, sino porque estos me darían pie al cierre que quiero plantear, sobre la necesaria reconexión del animal humano con la naturaleza, si es que pretende tener alguna mínima esperanza de sobrevivir al colapso ecosocial. 

Reconexión natural 

Mientras preparaba mi viaje a La Palma, influenciado por el alarmismo insoportable de los medios de comunicación de la península, y escuchando la narrativa de la lava llegando al mar como la final de un mundial, me encontré con un reportaje donde unos pescadores explicaban que, ya semanas antes de la erupción, los peces se habían marchado de las inmediaciones de las islas. Esto me dejó pensando, nuevamente, en algo que llevo años preguntándome: ¿qué voces escuchan ellos?, ¿quién les dice “sal corriendo de ahí”?, ¿por qué?, ¿no somos también animales?, ¿no somos también naturaleza?, ¿por qué la pachamama ya no nos habla si somos sus hijos predilectos y más evolucionados? (sarcasmo).

Busqué algo de información y descubrí que esto mismo sucedió en el tsunami del Sudeste asiático, en los huracanes de la isla de Providencia o en el terremoto de Ecuador, y en todos y cada uno de los diferentes episodios de las catástrofes y desastres de la historia reciente y documentada. Me pregunté durante muchos años por qué los animales tienen esta capacidad predictiva de los desastres y, en la misma línea, hace apenas unos días, me pregunté por qué los peces de La Palma tuvieron más margen de maniobra que las mega avanzadas tecnologías humanas y europeas.

Pero, a diferencia de las otra veces, esta vez, estando estos días en La Palma, descubrí que mi pregunta no tenía (ni tendrá nunca) una respuesta satisfactoria porque simplemente no era la pregunta correcta. El asunto aquí no es por qué todas las otras especies oyen estas voces, sino por qué los animales humanos hemos dejado de oírlas. En qué momento dejamos de ser naturaleza, y en qué momento vamos a tomar la decisión de volver a serlo. 

En este artículo pretendo desgranar algunos elementos que considero fundamentales para analizar lo sucedido hasta ahora, y para afrontar los tiempos de movilización organizada que vienen por delante. Es probable que el artículo sea excesivamente extenso para algunos gustos, me hubiera gustado tener la capacidad de síntesis que tuvo Evanfelino en la ilustración que generosamente aportó a este artículo, pero es que creo firmemente que estamos frente a un escenario que no habíamos tenido nunca, al menos en los más de 15 años que llevo militando en este movimiento, y vale la pena hablar extendidamente de ello.

Abordaré los hechos concretos del maltrato a Timple (como embajador de las decenas de casos de maltrato conocidos, y de los cientos que jamás conoceremos), pasando por un análisis de los marcos normativos en todo el Estado, y acabando con la hoja de ruta propuesta por 'El Pacto de Teguise' en el actual contexto político, que representa -probablemente- la mayor oportunidad histórica por la protección animal en España. Quienes conozcan el caso pueden ahorrarse la primera parte del artículo y pasar directamente a los últimos subtítulos donde abordo la hoja de ruta planteada, que se resume en un compendio de propuestas normativas y ejecutivas orientadas a prevenir el maltrato animal o bien a penalizarlo de forma efectiva si la prevención no funcionó. En este punto agradezco los aportes de grandes profesionales a este artículo, como las abogadas Anna Mulà e Irene Torres, el activista político Rubén Pérez y las entidades protectoras de animales de las Islas Canarias.

El caso de Timple

El día 6 de agosto algunos medios de comunicación de Lanzarote, y especialmente las redes sociales de las protectoras locales, mostraban un vídeo espeluznante: un perro rígidamente atado, con todas sus extremidades completamente inmovilizadas y con el hocico rodeado de varias capas de cinta americana, luchaba por respirar mientras se arrastraba bajo un sol intenso. Podían oírse sus llantos a través de los pocos escapes de aire que quedaban en su boca.

El hecho había sucedido unas semanas antes de que este vídeo saltara a la esfera pública, exactamente el día 18 de Julio. Y sucedió en una finca de la Villa de Teguise, en la isla de Lanzarote, en Canarias. ‪Las dos personas acusadas eran un hombre de 39 años de nacionalidad argentina, Pedro Borrelli, y una mujer de 41 años de edad, Miriam Coll, oriunda de la propia isla de Lanzarote.

La información llegó a los medios y redes sociales como consecuencia de la irrisoria sentencia después de celebrarse un juicio rápido. El Ayuntamiento no informó del hecho a las entidades protectoras ni se personó en la causa, por lo que la acusación fue formulada únicamente por el fiscal, el cual optó por la pena mínima (6 meses). La pena en caso de maltrato con resultado de muerte va desde los 6 meses a los 18 meses de prisión y, por tanto, hay una horquilla muy amplia donde el fiscal podría haber escogido otra pena de prisión más elevada. Ante la conformidad de los acusados con la pena solicitada, beneficiándose por tanto de la reducción de la pena en un tercio, la misma quedó en 4 meses, y por ser inferior a 2 años y no tener antecedentes penales, el juez otorgó la suspensión de la ejecución de la pena.

La acción judicial tiene los ingredientes para pensar que la justicia no es igual para todos, más aún sabiendo que la acusada proviene de una familia con fuertes influencias en la isla y es propietaria de varios medios de comunicación entre otros negocios, según me informaron algunas personas con las que pude dialogar durante mi visita. El mismo Pedro reconoce en su explicación pública de los hechos que Miriam ese mismo día llamó a alguien con influencias políticas.

La versión de los condenados tiene pinchazos se mire por donde se mire. Dijeron que el perro entró a la finca de Miriam y ella llamó a Pedro para que le ayudara a controlarlo. Sin embargo, Pedro dice que Miriam llevaba meses alimentando a ese perro y que incluso dormía en su finca. Pedro acudió a la finca ese día para ayudarla. “Le amarramos y ponemos un bozal. Él se intenta escapar, se quita el bozal y me muerde. Todo esto se alargó en un par de horas e intentamos calmarlo siempre”. Manifiesta, además, que tuvo que ir al hospital para tratarse la herida que le hizo Timple y que la grabación del vídeo se justifica porque Miriam “no sabía qué hacer”, parece ser, al verlo jadear en su agonía.

Timple era un perro miedoso, un bellísimo y joven podenco canario que llevaba meses deambulando por la villa y las inmediaciones de la finca donde fue maltratado hasta la muerte. Algunos vídeos previos a su maltrato y ejecución lo mostraban como un perro miedoso, pero amable y muy joven. Cuesta creer que haya mordido a Pedro al punto de mandarlo al hospital. En contrapartida, según indican varios medios de comunicación, Pedro y Miriam alegaban haber hecho “un favor a la perrera porque iban a tope de trabajo”. Del mismo modo los medios locales afirman que no mostraron síntomas de arrepentimiento durante el juicio, cosa que sí se dedicaron a exponer y publicitar ante el juicio social y la movilización de las redes.

En cualquier caso, incluso creyéndonos al 100% la desestructurada versión de los condenados, el acto no deja de ser una salvajada y estas personas verdaderos peligros para todos los animales (incluidos los animales humanos).

El papel del Ayuntamiento de Teguise

Según explican los vecinos y el propio autor material del hecho, en varias ocasiones se había solicitado el Ayuntamiento de Teguise, como administración competente, la recogida de este perro, algo que si hubiera sucedido no habríamos lamentado esta muerte tan espantosa. La Concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Teguise, Sara Bermúdez, pone el ingrediente final a este desaguisado tan opaco y desagradable, al afirmar que lamenta el hecho, pero se siente conforme con la sentencia, escapando a cualquier reconocimiento de culpa de su gobierno e institución pública que 1) no recogió al perro en meses (o años), 2) no informó del caso a las entidades de protección animal, 3) no se personó como acusación popular en el proceso judicial.

Movilización en las Islas y una video manifestación histórica

Normalmente nos encontramos fotos de perros o gatos muertos, hechos jirones tras -imaginamos- un maltrato previo horroroso. Quiero recordar a Cooper, el perro de Valladolid; al gato Grisito de Manacor; a la perra de Chantada, Alma, que fue arrastrada viva por un cazador; también a Sota, de Barcelona, ejecutada a sangre fría, y a las decenas de casos de maltrato animal todavía sin pena para los monstruos desalmados que ejercieron contra ellos la violencia. Pero el caso de Timple nos dejó además un vídeo, un vídeo que muestra poco más de un minuto de un sufrimiento que, según indican los propios autores, duró muchísimo más. Esto provocó estupor y consternación en medios de comunicación y periodistas, en personalidades con alta repercusión en la esfera pública, en cargos electos políticos y, por supuesto, en las organizaciones de protección animal, especialmente de las islas.

Tras conocerse el caso la consternación activó las redes sociales. Las caras y nombres de Miriam y Pedro dieron la vuelta al mundo. El vídeo se hizo viral. Medios de todas partes hablaban del asunto, incluso en varios idiomas. El viernes 14 un 'Tuitazo' convocado por FAPAM desde Madrid se hizo Trending Topic, reivindicando la reforma del Código Penal. Ese mismo día las organizaciones canarias celebraron una asamblea en la que participaron caras conocidas que mostraron su indignación y dolor: la actriz canaria Mariam Hernandez, Nuria Gago, Nathalie Poza, Natalia Verbeke, Fernando Tejero o Carolina Román son algunas de todas ellas. También participó el Colegio de Veterinarios de Gran Canaria. La asamblea fue muy estimulante. Personalmente la viví desde Gran Canaria, junto a algunas compañeras de las ONG locales. Al finalizar, nuestras caras y nuestro silencio demostraban que no dábamos crédito de lo que había sucedido: con el apoyo y el empuje de todas estas personas que participaron, acabábamos de acordar una hoja de ruta común de estas organizaciones locales, con reivindicaciones municipales, autonómicas y nacionales, y con el apoyo de algunas entidades internacionales, como la Fundación Franz Weber, y también de ámbito nacional como la organización de operadores jurídicos por los animales InterCids, o PRODA, organización de profesionales de la educación. Acabábamos de poner en marcha una inmensa ola que emergió en Canarias pero que llegaría muy pronto a Madrid.

Ese mismo día redacté el acta de la asamblea y la envié a varias activistas. El entusiasmo era impresionante. De algún modo intuíamos que en ese texto se encontraba la savia con la que unos días más tarde confeccionaríamos 'El Pacto de Teguise'.

En la asamblea también se decidió que haríamos una videomanifestación virtual transmitida desde la propia Villa de Teguise, ya que tanto la COVID como la distancia impedían convocar una manifestación masiva y presencial. Empezamos a mover la convocatoria a la video manifestación en las redes. Se veía que iba bien, muchos likes, muchos retweets. El objetivo era que las personas manifestantes se conectaran a las 19 horas por las redes de la Fundación Franz Weber. Vía Twitter, Facebook, Instagram y YouTube comenzaron a conectarse desde todos los rincones del Estado. En Teguise éramos una pequeña representación de 8 personas. Leímos el manifiesto y pusimos las primeras 8 firmas al pacto. Y justo cuando estábamos a punto de acabar, pedí a una compañera que me dijera cuánta gente teníamos en cada red, y fue ahí que nuestro entusiasmo se convirtió en euforia: 126.000 personas estaban conectadas y viendo este evento desde su teléfonos y ordenadores, 126.000 gritos pidiendo justicia, reparación y no repetición. Es paradójico que un perro al que encintaron la boca acabara siendo tan escuchado. Y desde Canarias, desde Lanzarote, como una ola, como un tsunami, llegaba nuestra espuma a golpear las puertas del Congreso de los Diputados y del Senado. Porque ya no alcanza con pequeños ajustes, es necesaria una receta normativa de varios ingredientes para que el final del manifiesto leído por las protectoras se cumpla: “ni un Timple más”.

El Pacto de Teguise: ni un maltrato más

1. Organización. Su importancia dentro del movimiento animalista y el tejido social sensible con la causa.

Conozco una ONG que lleva tiempo trabajando en la justicia gratuita y el turno de oficio para animales, otra que tiene un estudio pormenorizado del Código Civil, varias trabajan en el Código Penal, otra se encuentra trabajando el ámbito educativo en las escuelas para prevenir el maltrato animal y el bullying escolar al mismo tiempo, decenas trabajan en leyes autonómicas, y centenares impulsan normativa municipal, y todas sin excepción queremos una ley marco que ayude a coordinar los esfuerzos que se hacen en cada esquina y cada rincón del país. Hay organizaciones especializadas en gatos, en gatos mayores, en perros y en las diferentes formas de explotación a las que son sometidos según sus razas, en derecho animal, en el estudio de la violencia. Conozco catedráticas, profesoras y especialistas de todos los tipos y colores. ¿Se imaginan toda esa gente trabajando unida, cada quien en el ámbito que mejor sabe ejecutar? Justamente eso nos imaginamos, emocionándonos hasta las lágrimas, las personas que decidimos impulsar este pacto, no necesariamente la unión pero sí la coordinación, cooperación y el diálogo de todos los sectores del movimiento animalista.

2. La propuesta. Cambiar la política y la sociedad.

Se trata de una receta. Y como en toda receta todos los ingredientes tienen un sentido. Algunos son para dar textura, otros son para dar sabor, algunos alimentan y otros solo mejoran el aroma, pero todos deben ser incluidos sin excepción. El Pacto de Teguise intenta que la articulación de las competencias, el mejoramiento de los códigos y la aprobación de las leyes y ordenanzas necesarias, acaben generando un marco normativo capaz de prevenir el maltrato animal.

3. El contenido. Nivel Estatal, autonómico y municipal. Cómo estamos y a dónde vamos.

 España requiere de la aprobación de un conjunto de medidas legislativas, ejecutivas y educativas de carácter estatal, autonómico y local que doten al ordenamiento jurídico de la necesaria coherencia, unidad e integración del ordenamiento jurídico para evitar los casos frecuentes -diarios- de maltrato animal, y a la vez dar respuesta proporcionada a la gravedad de estos sucesos violentos en contra de los animales una vez se han producido. Dichas reformas son proporcionales a los requerimientos sociales actuales, fruto de factores cambiantes como el conocimiento científico y la moral de la época, unos cambios legislativos que proporcionarán beneficios a los animales y a la colectividad en general.

A nivel estatal, el primer punto de análisis son los marcos normativos. En cuanto a la legislación sobre protección de los animales, existe una disparidad de regímenes jurídicos en los que, según la comunidad autónoma de que se trate, nos encontramos con un mayor o menor nivel de protección animal. Para hacer frente a esta diversidad de regulaciones, y ante los intentos infructuosos de aprobar una Ley estatal de protección animal, España ratificó a finales de 2017 el Convenio Europeo sobre la protección de animales de compañía de 1987, que, si bien fue una decisión muy aplaudida, su contenido ha sido superado por algunas disposiciones de leyes autonómicas.

Una de las problemáticas de esta pluralidad normativa radica en la falta de uniformidad de conceptos, definiciones, conductas, infracciones o sanciones en toda la geografía española. Eso, y el hecho de que el Estado español haya legislado de forma escasa en materia de protección de animales de compañía o familia, hace necesario que la situación actual sea subsanada a través de unas bases de protección comunes para todo el territorio, acorde con la evolución social producida en estas últimas décadas y la correlativa tendencia legislativa más estricta en materia de protección de animales.  

Desde hace años, existe en España un debate sobre la necesidad de aprobar una Ley marco de protección animal aplicable a todo el territorio español. Sin embargo, y tras varios intentos infructuosos, todavía no se ha materializado ninguna iniciativa al respecto, existiendo diversos compromisos del Gobierno en relación a la elaboración de dicha Ley. Así, el Gobierno ha anunciado, a través del Ministerio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la aprobación de una Ley marco de protección animal que sirva para armonizar las leyes existentes y terminar con las carencias graves. Parece que hoy en día existe un amplio consenso en torno a esa ley estatal, necesaria para poner fin al maltrato y abandono de animales de familia, incluidos los perros 'potencialmente peligrosos' o los gatos que forman parte de colonias felinas.

En cuanto al Código Penal, actualmente recoge “los delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos” en el Capítulo IV del Título XVI. Desde que, por primera vez, incluyera el maltrato animal como falta, en 1995, y como delito en 2003, han quedado amparados penalmente, a través de las diversas reformas llevadas con posterioridad, los animales pertenecientes a especies protegidas de fauna silvestre, los animales domésticos y amansados, los animales que habitualmente están domesticados, los animales que temporal o permanentemente viven bajo control humano y cualesquiera otros animales que no vivan en estado salvaje. Los animales salvajes catalogados como especies silvestres amenazadas o sujetos a un régimen de protección legal especial gozan de protección penal cuando la acción sea la caza, la pesca, el comercio o tráfico, la destrucción de su hábitat y la realización de actividades que impidan su reproducción o migración.

Con la última reforma, en 2015, se ampliaron las categorías de los animales objeto de protección penal; se añadió una nueva conducta delictiva consistente en la “explotación sexual” de los animales; se incorporó como pena privativa de derechos la inhabilitación especial para la tenencia de animales; el abandono de animales cuando peligra la vida del animal pasa a ser delito; y se aumentaron las penas ante la concurrencia de determinadas circunstancias: utilización de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal; conducta con ensañamiento; causa al animal de la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; hechos en presencia de un menor; o muerte sobrevenida del animal.

Con la actual redacción, solo se contemplan esos agravantes para el delito del artículo 337.1 (maltrato con resultado de lesiones o explotación sexual) y no para la muerte del animal, recogida en el artículo 337.3, de modo que un maltrato sin muerte en el cual concurran circunstancias agravantes lleva aparejada una pena mayor que para el caso de un maltrato con resultado de muerte.

El Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sustanciado una consulta pública previa sobre la propuesta de Anteproyecto de reforma del Código Penal, en materia de maltrato animal, y a través de este trámite se ha recabado la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones potencialmente afectados por la futura norma durante el plazo de 15 días naturales, del 15 de julio al 30 de julio de 2020. Esa reforma es necesaria por razones de coherencia y proporcionalidad para ampliar los animales objeto de tutela penal y considerarlos como “víctima”; reducir los problemas interpretativos del artículo 337; añadir nuevas circunstancias agravantes; aplicar las circunstancias agravantes en los supuestos de muerte del animal; prever otras conductas delictivas; y revisar y endurecer las penas privativas de libertad y de derechos.

En cuanto al Código Civil, aprobado en 1889, dota a los animales del estatuto jurídico de “bienes muebles”. En 2017 se inició la tramitación de una Proposición de Ley de modificación del Código civil, la Ley hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil, sobre el régimen jurídico de los animales para la descosificación de los animales. El texto distinguía a los animales de las cosas e incluía el reconocimiento expreso de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, en total sintonía con el marco legal de la Unión Europea, que ya cristalizó este cambio de categorización legal de los animales en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La iniciativa decayó con la convocatoria de elecciones en marzo de 2019.

El cambio normativo que se pretendía introducir no se limitaba al estatuto jurídico de los animales, sino que afectaba a la inembargabilidad de los animales de compañía y la imposibilidad de extender la hipoteca a los animales colocados o destinados a una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo, prohibiendo asimismo el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía. Con esta reforma, los animales continúan siendo apropiables por las personas y objeto de relaciones comerciales, si bien se establecen limitaciones en el régimen jurídico de la propiedad en aras a proteger a los animales y a salvaguardarlos de prácticas abusivas durante las disoluciones de matrimonios o parejas de hecho, la tenencia, la convivencia, la pérdida y hallazgo y la venta de los animales.

Se hace imprescindible que se prosiga la tramitación de la Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, impulsando el procedimiento hasta su aprobación, con la posibilidad de introducir nuevas enmiendas a raíz del tiempo transcurrido que mejorarían su redacción.

En el ámbito de la Educación, actualmente no se incluyen en el curriculum escolar materias para que los niños y las niñas aprendan desde edad temprana a mostrar sensibilidad y respeto a los animales. Sin embargo, la actual Ley de 2006 incluye como uno de los fines a los que el sistema educativo español tiene que orientarse el de “la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente”. Asimismo, “conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado” constituye uno de los objetivos de la educación primaria de acuerdo con este cuerpo legal.

Por otra parte, la Ley de 2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, incluye expresamente entre los deberes del menor relativos al ámbito social el de “respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible”.

Incluir y trabajar de forma interdisciplinar la protección animal y la convivencia responsable en todos los elementos comprendidos del currículum escolar obligatorio es una necesidad urgente. Como antecedente, y para hacer realidad el mandato de las leyes anteriores, hemos de mencionar que el 14 de diciembre de 2018, la mayoría de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, que representaban a la mayoría absoluta de la Cámara, presentaron conjuntamente una proposición no de ley en la que se reclamaba la incorporación de la empatía hacia los animales en el currículum escolar, aunque el adelanto electoral impidió que la iniciativa fuera debatida y aprobada.

Actualmente, se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), por lo que se debe aprovechar esta oportunidad para incorporar los principios referentes a la protección de los animales en las distintas enseñanzas que ofrece el sistema educativo.

El sistema de justicia gratuita está pensado para garantizar el acceso al proceso judicial de todas aquellas personas que carecen de medios suficientes para litigar con abogado y procurador particular, de manera que estos profesionales se les designarán de oficio para la defensa de sus intereses. En el caso de los animales, la cuestión es compleja. El animal, por su propia naturaleza, no sólo carece de capacidad para denunciar o personarse en un procedimiento por sí mismo, sino que tampoco tiene acceso a abogado y procurador aún en el caso de que se inicie un procedimiento donde él es la víctima. El animal puede quedar entonces a expensas de lo que se decida en un proceso en el que el investigado, siempre asistido de abogado, desplegará toda la prueba de descargo que no se verá desvirtuada incluso por una acusación particular o popular, terminando con frecuencia en escandalosas sentencias que generan situaciones que, sin duda, desembocan en conductas de reincidencia que quedan silenciadas. En ocasiones, esta responsabilidad de denuncia y personación en procedimientos la están asumiendo en la práctica asociaciones sin ánimo de lucro, que muchas veces ni siquiera pueden llegar a personarse en el procedimiento por carencia de medios o por encontrarse desbordadas en sus funciones. En definitiva, tal como está planteada la redacción de la Ley de Justicia Gratuita, sólo las personas pueden ser beneficiarias y tener acceso a abogado y procurador de oficio. Esto genera en los animales un estatus de protección inferior, en tanto que pese a ser bien jurídico protegido en el orden penal, no ven cubiertas las garantías de su protección al carecer de defensa y representación específicos, por sí mismos.

Para solventar esta problemática, se hace necesaria la modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita, para que los animales puedan ser beneficiarios directos de la misma en aquellos supuestos en que se incoe cualquier atestado por delitos cometidos contra ellos. Una vez modificada la Ley, podrá crearse un turno de oficio específico para la defensa de los animales, que permita por ejemplo la activación directa de abogado de oficio en su representación desde el momento inicial en que los agentes de la autoridad incoen un atestado donde el animal sea la víctima-animal. Todo ello a fin de garantizar el seguimiento de cada uno de los procesos penales que se incoen, de manera que en la realidad de la práctica judicial se consiga la protección realmente querida por el legislador.

A nivel autonómico, desde los años 80 todas las comunidades y las dos ciudades autónomas han legislado sobre protección animal con distintos alcances y contenidos. Desde un punto de vista competencial, las leyes autonómicas sobre protección de los animales se dictan en atención a las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente, sanidad e higiene, ferias, fomento del turismo, asistencia social, entre otras, así como la competencia exclusiva en materias tan dispares que tienen atribuidas de conformidad con su Estatuto de Autonomía, como por ejemplo, en materia de agricultura y ganadería o fomento del turismo.

Aquí hemos de hacer una obligada referencia a la reciente Sentencia 81/2020 del Tribunal Constitucional de 15 de julio de 2020, con motivo del recurso de inconstitucionalidad promovido por el grupo parlamentario Popular del Senado contra diversos preceptos de la Ley de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En ella el Alto Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre la protección de los animales (al margen de las desafortunadas sentencias sobre corridas de toros) que ha denominado “novedosa”. El TC admite que “la protección animal conforma una 'política transversal', que resulta amparada por diversos títulos competenciales, tanto del Estado como de las CCAA”, y donde “nos encontramos ante un ámbito de entrecruzamiento o concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, estatales y autonómicos”. Lo más destacable en este asunto es el reconocimiento que el Alto Tribunal realiza de las políticas públicas de protección animal, recogiendo que “la creciente preocupación en la sociedad actual por la protección o el bienestar animal se ha trasladado a las políticas públicas, dando lugar a la aparición de diferentes disposiciones normativas, estatales y de las comunidades autónomas”. Resulta revelador el sostenimiento que el TC hace de la esterilización de los animales de compañía para “evitar la superpoblación y en última instancia el abandono de animales”, lo que considera “constitucionalmente legítimo”, hallándose “en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por España”, en alusión al Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía que España ratificó a finales de 2017. 

En los últimos años, muchas de las leyes de protección animal autonómicas han sido reformadas para elevar sustancialmente el nivel de protección de los animales y regular distintas cuestiones para adaptarse a nuevas realidades sociales. Esta tendencia tiene que seguir en aquellas que todavía no han sido capaces de modificar ni un artículo de su ley en tres décadas, y también ha de venir acompañada del consiguiente desarrollo reglamentario, cuya ausencia en muchas ocasiones supone la imposibilidad de que entren en vigor o puedan ejecutarse muchas de las medidas previstas en la ley.

Es importante que se diseñen en la norma estructuras gubernamentales para la protección de los animales, creando departamentos u organismos públicos especializados para la efectiva implementación de las normas de protección animal, con la asignación de los recursos correspondientes. Es decir, el impulso legislativo autonómico tiene que venir enlazado a la asunción de competencias y despliegue de recursos públicos para el cumplimiento de la legislación. De esta forma, ya son algunas las autonomías que han creado organismos autonómicos específicos de protección animal. Se trata de figuras sumamente importantes y necesarias, con múltiples funciones que en la práctica conlleva que se apliquen las normas y se desempeñen políticas públicas de protección animal. Esto es extensible a todos los niveles de la Administración -estatal, autonómica y local- e incluye desde Direcciones Generales integradas en Ministerios, hasta Comités/Consejos consultivos, Oficinas, Observatorios o el defensor/a del animal.

La formación a las y los empleadas públicos autonómicos resulta siempre indispensable, también en este ámbito. Las normas solamente son útiles cuando logran el fin para el que fueron aprobadas, y esto no sucederá a menos que el personal con autoridad para hacerlas cumplir las conozca y sepa cómo ponerlas en práctica. Es muy habitual que conductas infractoras no lleguen a sancionarse por archivo de los expedientes. Esto sucede bien por el desconocimiento de las normas por parte de los/las empleados públicos, o incluso por dejadez (que viene dada por la falta de concienciación en la materia), que hace que los expedientes caduquen. Todo ello conlleva un enorme malestar por parte de la ciudadanía que siente una gran impotencia al denunciar casos de maltrato y abandono, incluso exponiéndose a represalias por parte de la persona maltratadora (en ocasiones muy cercana a los denunciantes), sin que luego llegue a existir una sanción efectiva.

Esto ocurre no solamente en relación a las sanciones, sino también a los decomisos provisionales de animales que muy difícilmente se llevan a cabo, pese a permitirlo de forma expresa la mayoría de leyes de protección animal, ante indicios del incumplimiento. Estos decomisos preventivos son tan importantes que pueden evitar la muerte o secuelas irreversibles de los animales. No obstante, no suelen producirse a no ser que estos muestren síntomas como caquexia (delgadez extrema) o heridas profundas. Los supuestos de animales encadenados, sin refugio adecuado, sin alimentación suficiente o atención veterinaria, carentes de atención afectiva, etc. siguen sin ser considerados un maltrato susceptible de decomiso, y esto se debe a la falta de formación en materia de protección animal, unida a la falta de concienciación social. Por tanto, para que un caso de maltrato o abandono pueda ser detectado y resuelto protegiendo al animal, es vital que todos los/las empleados públicos de las autonomías con competencias vinculadas con esta materia estén adecuadamente formados.

La correcta formación de los y las empleados públicos es, además, esencial para que exista una correcta coordinación entre las autoridades públicas de los distintos niveles estatal, autonómico y local.  Se dan situaciones en que los agentes de la policía local, formados y concienciados, sienten una gran frustración al enviar sus actas a los organismos autonómicos superiores con potestad sancionadora y ver que estas sanciones jamás se llegan a hacer efectivas. También son reiteradas las situaciones en que una ciudadana llama a la policía local o al ayuntamiento para tratar de denunciar un caso de maltrato o abandono y es redirigida a múltiples funcionarios u organismos distintos (locales y autonómicos), donde finalmente nadie le proporciona una solución al caso. La formación puede solucionar esta problemática.

Todas las comunidades autónomas, y los ayuntamientos, deberían incluir programas educativos para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía desde las edades más tempranas. Ello al margen de la necesidad de que, a nivel estatal, esta materia sea incluida en el currículum escolar. Programas como el de Escola Animal han demostrado ser de gran utilidad. La realidad social en cuanto a la concepción que se tiene de los animales no cambiará hasta que no se eduque a los niños, niñas y adolescentes en la necesidad de respetarlos. Solo de este modo lograremos una sociedad más empática, más sana y menos violenta.

Pese a la gran importancia de contar con normas estatales y autonómicas de protección animal, se debe tener en cuenta que las administraciones más cercanas a la ciudadanía son los municipios, y por ello resulta fundamental que en el nivel municipal se cuente con una Ordenanza que garantice esa protección a los animales. Son muchas las localidades pequeñas que todavía no disponen de ninguna regulación en esta materia y además debe tenerse en cuenta que las necesidades de los municipios son distintas en función de las características poblacionales concretas, por lo que se hace preciso que las leyes autonómicas sean lo suficientemente flexibles para permitir la actuación de los poderes locales ante casos de maltrato y abandono de manera eficaz, una cuestión todavía no resuelta por la indiferencia, el desconocimiento o la falta de recursos.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local guarda silencio sobre las competencias y servicios mínimos de las entidades locales en materia de protección animal, a pesar de que gran parte de las funciones competenciales otorgadas por las leyes autonómicas recaen justamente en ellas. Sin embargo, los municipios, amparados en las competencias sobre medio ambiente o seguridad, entre otras, se hallan plenamente legitimados para actuar y evitar casos de maltrato y abandono de animales. Además, teniendo en cuenta los principios de autonomía local y de subsidiariedad o de proximidad en la prestación de servicios y satisfacción de necesidades dentro de dicho ámbito, los municipios disponen de un amplio margen de maniobra para reglamentar en esta materia.

Por tanto, las ordenanzas municipales deben ser actualizadas de forma acorde a los marcos normativos europeos, estatales y autonómicos y prever mecanismos para asegurar su efectividad, pues de nada sirven normas excelentes que son imposibles de poner en práctica. Siempre y cuando las Ordenanzas no contradigan los aspectos ya recogidos en las normas de rango superior, podrán fijar o determinar todas aquellas cuestiones que no aborden estas otras normas o bien que sean más específicas y que tiendan a otorgar un mayor nivel de protección a los animales. En este sentido, si otras Administraciones superiores no han regulado determinados aspectos, cabría la posibilidad de que el municipio lo hiciera, siempre considerando no invadir campos que únicamente pueden ser regulados por el Estado y las comunidades autónomas.

Siguiendo esta línea, las administraciones municipales tienen una gran capacidad de innovación en materia de protección animal, y ya son algunas las Ordenanzas en las que se puede ir observando esta tendencia. Así, en una Ordenanza de este tipo se podría regular de forma muy exhaustiva, por ejemplo, las condiciones de bienestar en las que deben mantenerse a los animales en los centros de cría, los paseos mínimos que deben darse a los perros, la obligación de esterilización obligatoria o desarrollar la figura del protocolo CER para colonias felinas, promover cursos educativos sobre convivencia responsable para las escuelas o formación para el personal del municipio y un largo etcétera de cuestiones que pueden ser incorporadas en estas normas. También pueden determinar las Ordenanzas Municipales sanciones relativas a aquellos actos u omisiones que incluyan como nuevas infracciones. También de ahí la mayor importancia de la concreción de las mismas, para que sean claras y precisas y no den lugar a abundantes interpretaciones. En cualquier caso, las normas de protección animal, siempre han de interpretarse de modo que favorezcan efectivamente el fin último de las mismas, que no es otro que la protección, defensa y bienestar de los animales.

Por otro lado, la formación es un pilar esencial para que las normas de protección animal surtan efecto y protejan realmente a los animales. Bajo ningún punto de vista se debe dejar al arbitrio del mayor o menor nivel de sensibilidad del funcionario/a competente el que, por ejemplo, un animal sea decomisado o un supuesto de maltrato o abandono sea sancionado. En este contexto, son innumerables los casos de denuncias formuladas por causa de maltrato animal debido a perros encadenados o en malas condiciones higiénico sanitarias o con refugios inapropiados que no les protegen del frío o del calor y que además no les permiten libertad de movimientos, o casos de animales que malviven en balcones, patios o terrazas. Estos son algunos de los supuestos de maltrato de animales de familia más habituales. Lamentablemente muchos agentes de la autoridad, obligados a inspeccionar estas viviendas, realizan actas en las que no determinan que exista maltrato, ya que no consideran que el agua que tienen los animales (si la tienen) esté demasiado sucia, o que el refugio sea inapropiado (se han visto casos en los que se considera un buen albergue un bidón de gasolina, unas cuantas piedras amontonadas, o un refrigerador), o la cadena sea demasiado corta, o que el animal no esté lo suficientemente delgado, etc.

Finalmente, es imprescindible que las administraciones cuenten con los medios y recursos adecuados. Por muy bien que realice su trabajo un agente de la autoridad, si no dispone de medios físicos para, por ejemplo, leer el microchip de un animal o decomisarlo y llevarlo a un centro ético, de poco servirá su trabajo.

La ciudadanía ya está agotada de tener que actuar ante la frecuente pasividad e inoperancia de las administraciones. No puede dejarse una función pública en manos de particulares que, cansados de denunciar y de no obtener resultados, terminan llevándose animales a sus casas o pagando esterilizaciones y residencias. La falta de actuación de las Administraciones públicas deriva en responsabilidad, inclusive de carácter penal en los casos previstos, como ha apreciado un Juzgado de Tenerife, al condenar al Ayuntamiento de Garachico a satisfacer la cantidad de 770,90 euros a una pareja que se hizo cargo de los gastos veterinarios de un gato abandonado, así como de sus cuidados hasta darlo en adopción, después de no conseguir ayuda alguna por parte del municipio. Otros miles de animales no corren la misma suerte y terminan falleciendo después de una larguísima agonía o viviendo toda su vida en condiciones de sumo maltrato.

Apoyos políticos: quién si, quién no

Un pacto social es bastante más que un acuerdo, algo más que firmar un manifiesto, y definitivamente muchísimo más que la mera voluntad política. Un pacto social trata de un compromiso mediante el cual cada parte firmante hace su aporte para que el objetivo común del pacto se consiga. En este caso, el de evitar nuevos maltratos como el sucedido en Teguise, o bien penalizarlos de forma efectiva como no sucedió con el caso de Timple. Por eso, el que los partidos políticos firmen el pacto aceptando su contenido es a la vez que una posición política inequívoca, una hoja de ruta para su consecución.

El sistema para sumarse al pacto no es centralizado, ni mucho menos moderado por ninguna organización ni persona en particular, es libre, abierto, democrático y voluntario, y la forma de adherirse es simplemente haciéndolo público. Cientos de organizaciones se han adherido hasta la fecha, y cientos más lo harán. Decenas de personas de gran relevancia pública también han comunicado en sus redes sociales su adhesión al mismo. La forma de adherirse es simplemente decirlo y comprometerse con la parte que nos toca en nuestro rol social, aquella parte que podemos hacer. Para los partidos será aprobar las normas, para los cargos electos convencer a su partido, para las organizaciones y activistas será la movilización permanente, para las y los profesionales del periodismo será explicar la verdad sobre estas cuestiones, para la sociedad civil en general será el usar las redes y medios de divulgación disponibles para presionar y mantener el debate activo en la agenda pública. Toda aquella persona u organización que quiera hacer algo, tiene algo para hacer en el Pacto de Teguise.

Hasta la fecha y por orden de llegada, hemos recibido la adhesión y firma del Pacto de Teguise de los siguientes partidos con representación: Izquierda Unida, Equo, En Comú Podem, Más País, Galicia en Comú, Podemos, Sobiranistes, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Socialista de Catalunya PSC, y EH Bildu. Además, distintos cargos electos e institucionales del PSOE han adherido también al pacto, como es el caso de la propia presidenta del partido y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; el senador Javier de Lucas y la diputada Sandra Guaita, entre muchas otras adhesiones socialistas, lo que me hace pensar que tanto el grupo parlamentario como el partido acabarán sumándose también en los próximos días tras los necesarios debates internos sobre el paquete de medidas propuesto. Algunos grupos municipales como JuntsxCat Barcelona y Barcelona en Comú también dieron soporte al pacto.

De momento, seguimos a la espera de algunas adhesiones claves como el Partido Popular, Ciudadanos, el grupo parlamentario de PdCat o el del PNV, y muy especialmente de los partidos canarios.

En este escenario, y en este contexto parlamentario, la aprobación del paquete de medidas reivindicado por el movimiento animalista en su hoja de ruta común a la que hemos llamado 'Pacto de Teguise' parece estar más cerca que nunca. Y aunque parece un sueño, no queremos soñar.

¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos?

Ahora toca organizarnos bien. En unas semanas emitiremos una serie de eventos online con los distintos partidos que nos están escribiendo para sumarse. Ahí tendremos clara la agenda de trabajo estatal. Y a partir de ahí pondremos a disposición una serie de foros y espacios de encuentro y cooperación para las organizaciones que están trabajando desde todos los rincones del Estado. El objetivo es comenzar una movilización histórica que se lleve por delante a todos aquellos que pretendan mantener a este país anclado en prácticas crueles y maltratos despiadados. Para todos ellos tenemos una mala noticia: estáis en rotunda minoría.

Dicen que a veces hace falta tocar fondo para darse impulso y sacar la cabeza del agua. Si eso es cierto, estamos frente a una de esas veces: el maltrato hasta la muerte de Timple, el hermoso Timple de Teguise, es el fondo más bajo donde podemos llegar, un maltrato despiadado sin pena efectiva y fruto de la inacción e inoperancia de la política institucional. Pero el caso de Timple, sin ser el primero ni el más grave, no es un caso más, sino el último caso sin una movilización que haga temblar los parlamentos y cabildos, es el Timple que colma el vaso.

“Fue la derrota del escepticismo”, reflexionó Maricinia Alvarez, activista antitaurina venezolana, en un vídeo conmemorativo de aquel palpitante 28 de Julio de 2010. Antes de aquel día el activismo antitaurino giraba en torno a la protesta y a la queja, incluso algunas manifestaciones antitaurinas ya pasaban a formar parte del paisaje de las ferias taurinas, como sucedía en el encierro humano previo a los Sanfermines de Pamplona. Por aquellas fechas, cada año esperábamos el artículo antitaurino de Manel Vicent en El País y lo festejábamos con cierto sabor a victoria, porque la victoria era, en aquel entonces, expresar unas ideas, mostrar que existíamos. Se sumaban las columnas de Ruth Toledano en El País o Pilar Rahola en La Vanguardia, y algún editorial de Arsenio Escolar completaba en 20minutos nuestra pequeña dosis de optimismo anual haciéndonos pensar que las ONG no estábamos tan solas como parecía. Eran épocas duras para los toros y para el movimiento antitaurino. No pensábamos en ganar, apenas si nos alegrábamos de existir y, en su caso, crecer en manifestantes cada domingo.

Nuestro primer contacto con partidos políticos en el Parlament fue decepcionante. Los números no daban. En varias ocasiones Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds habían presentado iniciativas en esta línea, pero ninguna de ellas prosperó. La ONG ADDA encargó un estudio de opinión que anunciaba una mayoría aplastante de ciudadanía catalana favorable a prohibir estos espectáculos. Veíamos entonces claramente que la democracia representativa no estaba representando la voluntad mayoritaria antitaurina y, por tanto, teníamos que hacer algo: teníamos la fuerza, pero no sabíamos usarla.

En ese entonces se estaba llevando a cabo la ILP 'Som lo que sembrem', que pretendía impedir el ingreso de los transgénicos en Catalunya. Muchas activistas animalistas éramos voluntarias de aquella iniciativa. Ahí conocimos lo más desconocido que hay en este país: la democracia participativa. Y ahí aprendimos un poco más sobre ese recurso, pero muy especialmente entendimos que usando el método de la ILP podíamos cambiar esa disonancia de representación antitaurina que se daba en el Parlament: ya no era un partido interpelando a otros, sino la sociedad entera interpelando a todos los partidos. Dejamos de ser movimiento social para pasar a ser una sociedad en movimiento, supimos enarbolar el discurso de la mayoría y el 28 de Julio de 2010 obtuvimos una victoria histórica para los animales.

La historia de cómo se gestionó la ILP y cómo se consiguió esa victoria histórica ya fue contada, escrita y explicada más de mil veces, así que no les voy a aburrir con eso. En este artículo quiero explicarles qué sucedió entre el 28 de Julio de 2010 y el día de hoy, 28 de Julio de 2020, con una década de por medio.

La ruptura de la coraza

El proceso de abolición de las corridas en Catalunya tiene un valor en sí mismo, no solo por los cientos de toros que se salvaron de una tortura y muerte vitoreada por psicópatas, sino que también encierra unos valores que exceden a su ámbito de tramitación y aplicación, siendo una experiencia política en la que se inspiraron muchas otras a posteriori, y cuyo modelo estratégico todavía hoy es aplicado por exitosas plataformas animalistas en todo el mundo.

Para mucha gente el 28 de Julio de 2010 se rompió la coraza y la protesta cambió de bando. Los taurinos pasaron de proclamas sonrientes “somos mayoría” a patéticas pataletas de “respeten a las minorías”, malversando una palabra que en absoluto se refiere a cuantificar numéricamente a personas, sino que habla de personas y colectivos que –incluso siendo mayoría numérica– tienen sus derechos aminorados, como las minorías éticas, minorías sexuales o de género, cuyas realidades poco tienen que ver con aficiones sanguinolentas como las que disfrutan los monarcas del reino de España, o con las cuantiosas subvenciones que recibe la Casa De Alba por criar toros para la lidia. Me cuesta pensar que el monarca, el ex monarca o Cayetano se encuentren en colectivos con derechos aminorados.

La abolición en Catalunya fue el principio del fin de la tauromaquia en todo el mundo, pues se dibujó un escenario irrevocable en el inconsciente colectivo: el maltrato y tortura animal no es un asunto individual o de mercado, es un debate colectivo y, por lo tanto, político. Catalunya entendió que las actividades crueles hacia los animales nos determinan como sociedad, y que, por tanto, su permanencia no puede depender de la cantidad de psicópatas que quieran verlas o practicarlas pagando una entrada para ello, sino que dependerá ineludiblemente de debates científicos, éticos, culturales y políticos. Catalunya entonces demostró que el maltrato animal no pertenece al ámbito de lo privado sino de lo público, como debería haber sido siempre. Y esa idea, ese pensamiento, se instaló en la cabeza de muchísima gente, y en especial de muchos cargos electos de todo el mundo, e incluso de los propios aficionados a la tauromaquia, que dedicaron gran parte de su tiempo y recursos a presentar e impulsar todo tipo de leyes, mociones y recursos para garantizar la supervivencia de las corridas de toros.

Desde el enfoque jurídico

Es cierto que alguien, aplicando cierta lógica –pero con escasa información– podría pensar que nuestra Iniciativa fue un fracaso, ya que el Tribunal Constitucional acabó tumbándola para dejarla finalmente sin efecto. Pero no seamos tan simples en el análisis, vayamos un poco más allá para estudiar los hechos. Para quienes quieran ahondar en la situación jurídica actual les recomiendo este artículo de Anna Mulà, quien fue responsable jurídica de la Plataforma PROU y que unos años más tarde, junto a representantes de AVATMA, redactó gran parte de la Ley balear que también fue derogada y a la que se hace referencia también en este texto. Quien, en cambio, prefiera basarse en aspectos más prácticos, el dato es innegable: hoy, 28 de Julio de 2020, y desde la entrada en vigor de esta ley, no se ha realizado ni una sola corrida de todos en Catalunya.

Axiomas antitaurinos

Según la antigua civilización egipcia, los axiomas eran puntos suspendidos en el plano, aparentemente iguales a los demás puntos, pero con capacidades multiplicadoras. Por tanto, el axioma cumplía su rol individual de punto en el plano, y también y a la vez su rol multiplicador. En el plano antitaurino Catalunya era uno de esos puntos, aparentemente igual, pero que acabó teniendo efectos de multiplicación.

Desde un enfoque más político y de comunicación, y más allá de lo jurídico, la plataforma PROU representó ese enorme axioma capaz de activar decenas de procesos similares en todo el mundo. Vamos a analizar algunos de ellos.

Axioma hacia el contenido y discurso

“En Catalunya se escribió la biblia abolicionista”, reflexionó el entonces senador colombiano Camilo Sanchez, en la presentación de una ley antitaurina en el año 2011 en el Congreso, y tras resumir las comparecencias que se ofrecieron en el Parlament en los días 3 y 4 de marzo de 2010. Parafraseó a Javier de Lucas, a Mercedes Cano, a Pablo de Lora y a Espido Freire, mientras recordaba que en Catalunya se pasó del debate de detractores versus aficionados, de estar o no de acuerdo, al de abolicionistas versus aficionados, el prohibir o no la salvajada. Porque el debate en Catalunya no se centró en lo que está bien o lo que está mal, sino en lo que la moral de la época está dispuesta a soportar y lo que ya no. Fue un debate de época y “progreso moral”, tal y como expresó en su colorida y didáctica comparecencia el divulgador científico Jorge Wangensberg, a quien hoy recordamos con cariño y agradecimiento.

La Plataforma PROU esgrimió sus mejores argumentos en 15 comparecencias y en 360 grados, desde el punto de vista de la ciencia, la filosofía, la política, la historia, la antropología, la violencia interrelacionada, la cultura, la filosofía del derecho y hasta, incluso, desde el punto de vista de un ex aficionado taurino. Entre todas estas comparecencias se creó un argumentario capaz de tumbar cualquiera de las falacias históricas que esgrimieron siempre los taurinos, desde el disparatado “el toro no sufre”, pasando por la desaparición de la dehesas y la extinción de los toros.

Axioma de ejemplo organizativo civil

“Sigamos a Cataluña, NO a la tauromaquia”, rezaba una enorme valla publicitaria que atravesaba una de las avenidas más transitadas del aquel D.F., hoy Ciudad de México. Una organización antitaurina local había colgado este anuncio para instar a la clase política mexicana a tomar la determinación de prohibir un espectáculo basado en la tortura de un mamífero superior, como es el toro.

Y no solo en México, también en Ecuador, en Colombia y en Portugal se crearon plataformas concebidas a imagen y semejanza de la plataforma PROU, algunas de las cuales aún se encuentran en buen funcionamiento, y que aplicaron las filosofías de transversalidad, con discursos renovados y pasando de la protesta a la presión y acción legislativa.

Axioma legislativo y público

Tras el proceso de abolición en Catalunya pudimos ver muchas reacciones que incluso se referían al caso catalán como un ejemplo a imitar. Uno de los primeros ejemplos vino de Italia, donde la entonces Ministra Turismo, Michela Brambilla, emitió un comunicado a los pocos días de la votación en el Parlament, donde decía: “si Cataluña ha prohibido los toros, lo mismo pueden hacer los italianos con las carreras de caballos, como el Palio de Siena”.

Así, unos meses después, a finales de 2010, la asociación PAE (Protección Animal Ecuador) nos anunciaba la celebración de un referéndum en todo el país donde, entre otras preguntas, el presidente Rafael Correa anunciaba la inclusión de una consulta acerca de la prohibición de espectáculos que incluyan la muerte de animales. En varias ocasiones el presidente Correa se refirió al caso catalán en forma y fondo, hablando de la necesidad de legislar sobre estos asuntos, siendo una demanda incansable de las juventudes, y ademas haciéndolo mediante la participación.

Ese referéndum se ganó en todos los cantones del Ecuador salvo en unos pocos, donde el movimiento abolicionista todavía mantiene su lucha activa, y particularmente en la ciudad de Quito, donde acaba de darse un paso definitivo hacia la erradicación de la tauromaquia.

Otro de los sucesos más interesantes de esta institucionalización del debate antitaurino se vivió (y todavía se vive) en Bogotá. En el año 2012 y bajo premisas constitucionales, el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, hacía suya la causa antitaurina y defendió con todas las herramientas legales de su gobierno la no celebración de corridas de toros en la capital colombiana. En varias ocasiones el alcalde mencionó el caso catalán como ejemplar e inspirador, y si bien usando vericuetos legales pudieron volver a celebrarlas, todavía hoy sus políticas antitaurinas mantienen un efecto sobre la cada vez más accidentada y escasa organización de corridas en la plaza Santa María.

Podríamos citar varios casos más, en los países latinos que todavía permiten esta excepción de maltrato, como Perú, México, Venezuela, Ecuador o Colombia, igual que sucedió en Francia y Portugal, o en países que pretenden deshacerse de otro tipo de costumbres maltratadoras, como el rodeo, las jineteadas o las peleas de gallos, pero la gran pregunta es ¿el efecto PROU tendrá impacto también sobre los correbous? ¿demostrarán nuestros cargos electos que en 2010 abolimos las corridas por razones éticas, o acabarán dando la razón a la derecha casposa que acusó nuestra movilización de identitaria? Por mi parte tengo toda la esperanza puesta en una plataforma que aglutina a las organizaciones y activistas más importantes de Catalnunya y del mundo, la Plataforma Prou Correbous. Porque llegó la hora de la coherencia, y que el efecto PROU alcance de una vez por todas a Catalunya para que en breve festejemos la abolición de toda la tauromaquia en este país.

El pasado jueves 25 de junio el ayuntamiento de Santander, con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, rehusó una propuesta presentada por PSOE, Partido Regionalista de Cantabria y Unidos por Santander para cerrar el zoológico de La Magdalena. Este pequeño zoo, que actualmente sólo alberga seis pingüinos, siete focas y dos leones marinos, saltó a la fama recientemente por dejar un león marino muerto y medio tapado con una bolsa de basura a la vista del público. Las fotos realizadas corrieron como la pólvora por internet y fue entonces cuando muchos de nosotros supimos de esta instalación arcaica y que no cumple ninguna función educativa, científica o conservacionista.

La gente empezó a publicar más fotos y vídeos de este espacio donde se mostraba algún pingüino con graves problemas respiratorios y las focas, particularmente una, cubierta totalmente por algas que crecían sobre su pelaje, algo que ni siquiera los expertos habían visto nunca en otras focas, ni libres ni cautivas. También supimos que este mini-zoo fue idealmente diseñado para tener leones, que luego tuvo incluso un oso polar, y que posteriormente las instalaciones se reconvirtieron para tener animales marinos.

Un día antes de esta votación, el PP hizo una contrapropuesta para no votar el cierre, sino iniciar un periodo de reflexión; algo que ya se había sugerido hace años (concretamente a inicios de 2016), pero a lo que el propio gobierno municipal (del PP y Ciudadanos) había hecho caso omiso. Ni PSOE, ni Unidos por Santander ni el Partido Regionalista de Cantabria mordieron el anzuelo con esta carnaza de última hora, y la propuesta para cerrar el zoo siguió hacia adelante tal como se había presentado. La propuesta se rechazó entre llamamientos de la alcaldesa de Santander a no legislar en caliente (nombrando una y otra vez el debate “viciado y falso” en redes sociales), aunque tuvieron más de cuatro años para hacer este debate “en frío” y tampoco lo hicieron.

En su justificación para no cerrar el zoo, el portavoz de Vox inició su intervención con un despectivo “[…] llevamos ya más de 45.000 muertos, según las últimas estadísticas, y nos traen ustedes aquí una cuestión relativa a la muerte de un león marino […]”. Toda una declaración de intenciones. Para este partido político no tiene sentido discutir nada en la ciudad de Santander que tenga menos importancia que la pandemia de la COVID-19. En definitiva, no tiene sentido discutir nada.

En la intervención de Ciudadanos, su portavoz, Francisco Javier Ceruti, contó que había ido ese domingo a otro zoológico donde había podido recordar que gracias a los zoos el caballo de Przewalski no se había extinguido. Difícilmente el señor Ceruti podía haber seleccionado un ejemplo peor, y a la historia hay que remitirse. A inicios del siglo XX, cuando este caballo se describía para la ciencia occidental en las estepas de Mongolia, el empresario alemán Carl Hagenbeck se lanzó a obtener algunos de estos animales. Hagenbeck era un comerciante de animales que importaba especies para vender principalmente a los zoos; hasta que descubrió que la exhibición de tribus indígenas en zoológicos y ferias era mucho más provechosa económicamente, momento en el que se lanzó a traer nativos de África, Asia y América para ser exhibidos por varios países europeos. En algunos casos, los nativos eran secuestrados y llevados por la fuerza a Europa (como el famoso caso de la étnia Kawésqar de Tierra de Fuego, actualmente extinta); en otros casos, simplemente se les engañaba y realmente no sabían lo que les esperaba cuando llegaba a Europa.

Hagenbeck, que jamás tuvo ningún tipo de mentalidad conservacionista, educativa o científica en su trabajo, no pudo capturar caballos adultos, pero se trajo de Mongolia 53 potros. No queda claro cuántos caballos de Przewalski quedaban en aquella época, pero se sabe que 60 años después ya estaban al borde de la desaparición y ninguna causa descrita había causado tanto impacto negativo en la población de esta especie como la expedición de Hagenbeck. La mitad de esos 53 potros murieron durante el viaje, y de los 25 que sobrevivieron, solo la mitad se reprodujeron. Como no existía ningún motivo conservacionista en aquella época, incluso se cruzaron caballos de Przewalski entre hermanos o se cruzaron con caballos domésticos. El resultado fue unos animales seleccionados para aguantar las condiciones de cautividad, empobrecidos genéticamente y con un cráneo significativamente más pequeño que el de los caballos salvajes.

Los zoos participaron activamente (y posiblemente de forma definitiva) en la extinción del caballo de Przewalski en la naturaleza, pero si se tapa la historia que no interesa, entonces parece que esta especie se ha salvado gracias a los zoos.

Y llegó el momento de hablar de uno de los otros zoos de Cantabria que fue muy nombrado durante el pleno: Cabárceno. El señor Ceruti preguntó a la oposición: “[…]¿Dónde habría ido el león marino cuando lo desecharon de Cabárceno después de estar durante años en su espectáculo? ¿Qué habrían hecho con él? ¿Sacrificarlo? A algún sitio tendría que ir una vez que no lo han querido en el parque de Cabárceno que es donde estuvo actuando durante muchos años[…]”. Posteriormente, la propia alcaldesa se vanaglorió de que cuando era concejala de turismo trajo leones marinos de Cabárceno porque “[…] esos dos leones marinos ya no valían para el espectáculo[…]”. La actitud de PP y Ciudadanos de reducir los animales a un simple juguete de usar y tirar nos hace comprender un poco mejor por qué la moción no salió hacia delante.

Incluso, el señor Ceruti comentó que el león marino “[…] había sido explotado convenientemente […]” en Cabárceno. Queda claro que mantener el zoo de La Magdalena es dar un respaldo a la política de explotación animal que utiliza Cabárceno, un zoológico, por cierto, envuelto constantemente en la polémica, especialmente desde que decidieron matar a tiros a todos sus lobos con la lamentable excusa de que no podían asegurar que no se iban a escapar de la instalación. Que parques como Cabárceno o La Magdalena sigan abiertos también dice muy poco del gobierno de Miguel Ángel Revilla, que es el que debe velar por el cumplimiento de la ley estatal 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

Lo cierto es que lo más sensato hubiese sido que se votara a favor de cerrar el zoo tal como propuso la oposición. Ese cierre solo hubiese implicado inicialmente que el público no pudiese acceder a ver las condiciones en las que están esos animales. Unos animales claramente enfermos (pingüinos con problemas respiratorios, focas y leones marinos con graves problemas oculares, sobrecrecimiento de algas en la piel de algunas focas, etc.) y con graves carencias de bienestar. Según la legislación actual, un zoológico que no recibe visitas o no está abierto al público para exhibir animales deja de ser un zoológico, y eso era todo lo que pedían los grupos de la oposición. Con el zoo cerrado como tal, ya habría tiempo de pensar qué hacer con los animales y con las instalaciones.

Además, todas las ideas lanzadas para reconvertir las instalaciones (centro de recuperación, santuario, centro de rescate…) implican que el espacio deje de funcionar como zoológico, por lo que ya se podía haber tomado el primer paso en esa dirección. Al final el pleno fue un buen ejemplo de cómo muchos zoos lamentables no se cierran solo para no darle ese gusto a quien ha sugerido hacerlo.

En repetidas ocasiones el equipo de gobierno echó en cara a la oposición no haber ido a ver las instalaciones interiores del zoo ni haber hablado con el veterinario. La verdad es que no hacía falta: viendo las condiciones en las que están los animales y conociendo la absoluta falta de componentes educativos, conservacionistas o científicos, el zoo debería cerrarse aun teniendo las mejores instalaciones interiores del mundo o el mejor veterinario del mundo. La sesión acabó con la alcaldesa reconociendo que, para cerrar el zoo, ella no tenía “[…]ni conocimientos ni criterio[…]”. Por fin estamos de acuerdo en algo.

La versión épica

La Plataforma ZOOXXI, que lleva casi 12 años de investigación minuciosa (y movilización ruidosa), exponiendo las vergüenzas del Zoo de Barcelona y los lobbies internacionales que lo manejan, logró un hito histórico hace justo un año: que el modelo de zoo que propone pase a ser una Ordenanza de obligatorio cumplimiento en la Ciudad Condal.

Tras la organización de una Iniciativa Ciudadana que comenzó en 2016 con la participación de centenares de activistas, y que recogió (y superó) las firmas necesarias para su tramitación, el Ajuntament de Barcelona aprobó por amplia mayoría un texto que levantó las ampollas del conservadurismo conservacionista, que vivía de la impunidad del silencio y la opacidad. Con una férrea oposición de los lobbies internacionales, que se instalaron durante meses en Barcelona (como es el caso de la internacional WAZA), la Plataforma ZOOXXI, compuesta por mucha gente común y corriente pero nutrida de un sector científico y académico, ajeno a cualquier interés económico o profesional en la explotación animal, acabó ganando esta partida. Como en esas películas donde la trama es dura y la contienda desigual, pero el final es épico y feliz.

Barcelona se convertía entonces en la primera ciudad del mundo en aprobar, vía normativa y por medio de la democracia participativa, un texto que le otorgó las herramientas necesarias para hacer de un lugar históricamente deplorable una herramienta valiosa para la conservación y para los animales. La celebración, en un día de lluvia torrencial, podía verse en las sonrisas de cientos de las personas que se habían esforzado durante meses, recogiendo miles y miles de firmas ciudadanas que pedían un cambio urgente en el modelo de zoo. También se sumaron a la alegría organizaciones y personas de muchos lugares del mundo y algunas incluso se acercaron en cuerpo y alma a la ciudad Barcelona para festejar tan colosal victoria, como Nathalie Poza, Nathalie Seseña, Fernando Tejero, Lluvia Rojo o Ruth Toledano, entre otras queridas amistades de la causa.

La Ordenanza se aprobó y la WAZA cerró su oficina en Barcelona al día siguiente, siendo que días antes ya había despedido a su director, demostrando así su único interés de intervenir en un proceso soberano de una ciudad democrática. Lo que viene siendo y llamándose un lobby empresarial de toda la vida. Y aunque sabíamos que una ordenanza no es el fin del camino, sino una herramienta más para seguir recorriéndolo, jamás pensamos que nos apuñalarían de la forma que lo está haciendo el actual gobierno municipal.

Segunda parte: versión de novela negra

Alguien apuñaló a la Ordenanza y a la participación ciudadana. ¿Quién pudo hacerlo?

Analicemos cómo fueron los hechos. La Ordenanza se votó el 3 de mayo de 2019 y en pocas semanas se celebraron elecciones municipales. Hasta entonces, partidos como PP, Ciudadanos o el PSC se habían mantenido contrarios a su aprobación, incluso a su tramitación (ya sabemos que esto de la democracia participativa no les va). En el caso del PP la posición era muy clara: no innovar. Para un partido tan conservador, las nuevos conocimientos científicos deben ser enviados a la hoguera (igual que los libros y los poetas). Lo que hicieron siempre estas derechas, vaya, nada nuevo bajo el sol. Curiosamente (o no) esa fue la postura que abrazaron y aplaudieron los empleados del zoo en la sesión de defensa de la Iniciativa Ciudadana. Obnubilados por la torpe demagogia del regidor derechista, acabaron pensando que la mejor forma de conservar sus puestos de trabajo era conservar las costumbres históricas que llevaron ese trabajo a tan férrea oposición ciudadana. Dejar las cosas como están.

Para Ciudadanos, en cambio, la ecuación es más simple: nada que sea bueno para Barcelona es bueno para su partido y por tanto su posición en contra era una confirmación de la nuestra, de que estábamos haciendo algo grandioso para la ciudad. La del PSC es más difícil de explicar, pero es donde podemos empezar a encontrar algunos indicios. ¿Por qué un partido progresista, o que se autodefine como tal, estaría en contra de algo tan claramente positivo para todo el mundo? ¿Por qué estarían en contra de la participación ciudadana? ¿Por qué el PSC asumió la posición más insultante contra la Plataforma ZOOXXI, tildándola, durante su tramitación, de títere del gobierno de Colau? ¿Por qué ni el regidor Daniel Modol ni su cabeza de grupo, Jaume Colboni, fueron capaces de atender ni una sola vez a la ciudadanía movilizada en la primera Iniciativa Ciudadana de Barcelona y, sin embargo, se reunieron innumerables veces con el lobby intervencionista de la WAZA? ¿Podría ser una pista a considerar que la empresa municipal gestora del zoológico (BSM) es una reserva de carnets socialistas? ¿Podría ser que después de decenas de años de gobernar la ciudad dejaron de herencia uno de los zoos más vergonzosos de Europa y sería mejor que eso no se destapara con tanta transparencia?

Pero para acabar de analizar los hechos y encontrar a los culpables de la conspiración que acabó en la puñalada a la Ordenanza, debemos tener en cuenta que Ada Colau, en su acuerdo de Gobierno, entregó la gestión del zoo al PSC, lo que, después de la experiencia observada durante la tramitación de la Iniciativa Ciudadana, es el equivalente a darle a Vox la gestión de acogida de inmigrantes. Janet Sanz, hasta el momento responsable del asunto, pretendió calmar nuestros ánimos, pidiendo que le diéramos un voto de confianza a Laia Bonet, que quizás ella no es como sus compañeros de partido, fundamentalistas del sistema carcelario animal y amigos de la opacidad de la institución.

Laia Bonet nunca nos atendió. Incluso cuando nos dio cita una vez. Luego la suspendió pero nos dio otra. Y así tres veces más. Y a la cuarta, con nosotras ya sentadas en su mesa, ni se presentó ni escribió ofreciendo excusas, despreciando así no solo a nuestra Plataforma sino a las decenas de miles de firmas que ella representa. Informamos de esto a Ada Colau y solo nos dio largas, avalando así el comportamiento ninguneador.

Para hablar el asunto y poder interpelar al Gobierno, convocamos un Consell municipal extraordinario, que se celebró el pasado 6 de febrero, y tanto Laia Bonet como el director del zoo, Sito Alarcón, se dedicaron a evadir las preguntas y se centraron en afirmar que todo estaba muy bien y que ya tenemos el zoo que queremos, tal y como publicaron en su campaña de publicidad engañosa 'El zoo que volem' (El zoo que queremos), como si ya estuviera todo hecho y no quedara nada por hacer.

La novela negra acaba entonces con una conspiración entre quienes, a cambio de mantener el poder en la ciudad, son capaces de venderlo (o regalarlo) todo, incluso el único ejercicio de participación que en esa ciudad ha habido. La ciudad de una alcaldesa que precisamente sin la participación no se habría hecho tan famosa ni hubiera podido ganar las elecciones.

Género humor: aunque no haga ninguna gracia

No nos olvidemos de que la actual dirección del zoo, que el grupo de Barcelona en Común vendió como el gran cambio de gestión, lleva en su puesto más de tres años. Habían prometido cambiar el paradigma del zoo hacia un modelo revolucionario, del siglo XXI, incluso usando gran parte de nuestra retórica de campaña. Pero en los tres años que llevan al timón de la institución no pudieron cambiar ni un snack. Y lo digo en serio: tienen carteles alertando sobre el negativo impacto del aceite de palma en Borneo, razón con la que justifican encerrar y reproducir orangutanes que jamás verán la selva, a la vez que ocho de cada diez productos vendidos en el zoo contienen, todavía a día de hoy, aceite de palma. De algún modo, esto, que parece anecdótico, explica la realidad de los zoos actuales: mientras peor le va a la naturaleza, mejor le va al zoo y viceversa.

Y esto lo demostró con claridad el zoo de Barcelona con su vergonzoso silencio, a la vez que con su financiación de un lobby llamado EAZA, que durante toda la convención de CITES en Ginebra se dedicó a pedir que los zoos puedan seguir atrapando bebés elefantes de la naturaleza. Cientos de tuits y solicitudes pidieron a Ada Colau, a Laia Bonet y a otros componentes del Gobierno que el Zoo de Barcelona se desmarcara de esas posiciones. Pero no solo no lo hicieron, sino que publicaron un tuit diciendo lo maravilloso que es el lobby de la EAZA para la conservación de especies, algo que hemos desmontado por completo en la página LaManoDetrasDelZoo.org.

Como les advertía, es género humor pero no hace gracia. Lo único chistoso es que crean que seguimos creyéndonos sus discursos y que muchas veces ellos mismos se los crean.

Y para el final, el género misterio

De la Ordenanza, técnicamente hablando, aún no se ha aplicado nada. De hecho, la ignoran y solo mencionan el plan estratégico. La única mención de la Ordenanza que hemos escuchado a la señora Bonet ha sido durante el Consell municipal del 6 de febrero, en relación a la elaboración, por parte de la dirección del zoo, de los planes de protección de hábitats y de especies, así como a la creación del nuevo comité científico y de ética.

Entendiendo la situación actual, pero especialmente porque hay una clara constatación de que las pandemias están relacionadas con la destrucción de los ecosistemas y la explotación de los animales, hemos pedido que se acelere la presentación de dichos planes. Dada la delicadísima situación económica actual, el zoo debe utilizar los recursos públicos para convertirse en un servicio esencial para la protección de los animales y de la naturaleza, única forma con la que seremos capaces de protegernos de nuevas pandemias y, aún más grave y acuciante, de los efectos de la emergencia climática y de la pérdida de biodiversidad.

Dicen que no hacen culling, pero no publican datos ni de muertes ni de nacimientos.

Dicen que reciben inspecciones, pero la Generalitat acaba de respondernos a una petición diciendo que llevan desde 2011 sin hacerlas, cuando tendrían la obligación de haberlas hecho.

Dicen que están construyendo los planes de especie, que aprobó nuestra Ordenanza. Pero aún no los muestran.

Dicen... Dicen... Como dijeron que iban a cambiar los snacks...

Y siguen diciendo que van a aplicar la Ordenanza aprobada por participación, pero hasta el momento no hemos visto pasos decididos en esa dirección, dado que el zoo de Barcelona sigue criando animales que no forman parte de ningún programa de protección de hábitats y que solo sirven para continuar con el intercambio de animales entre zoos, la mayoría privados. En estos meses de pandemia hemos visto a los zoos pidiendo ayudas públicas para poder mantener a los animales. Es obvio que si los zoos fueran un servicio esencial de protección de la naturaleza se hubieran protegido como tales. Pero la realidad es que los zoos son parques de ocio en los que la vida de los animales se encuentra mercantilizada.

Estaremos muy pendientes del contenido de los planes de hábitat y de especie, y exigimos, en cumplimiento de la ordenanza, la paralización de la cría de aquellas especies que no vayan a disponer de dichos planes. Recordemos que los planes contemplan también la participación del zoo en proyectos elaborados por otras instituciones u organizaciones, nacionales o internacionales, que estén realizando este tipo de proyectos en la naturaleza. ¿Creemos que lo harán? ¿El Gobierno de Colau está dispuesto a pagar el precio de despreciar la participación? ¿Seguirá el zoo en manos del PSC? ¿Seguirá sin transformarse el Zoo de Barcelona, financiando a los lobbies depredadores de la naturaleza como la EAZA o la WAZA?

Todo esto, de momento, seguirá siendo un misterio.

Hablo con Aníbal Vallejo, el de los animales, de Barcelona a Medellín. Porque ambas ciudades son ejemplo mundial por sus políticas públicas de protección animal, porque a Medellín le tocará decidir al respecto dentro de muy poco, en sus comicios municipales, y porque la mayor novedad, gran sorpresa para mí, fue encontrar entre los candidatos al Concejo a Aníbal Vallejo, conocido por más de 30 años de militancia cívica en la causa animalista, y especialmente en la Presidencia de la Sociedad Protectora de Animales de Medellín, la ONG animalista más antigua de Latinoamérica.

Medellín es de las pocas ciudades de Latinoamérica donde no hay tracción a sangre (caballos tirando de carros) en su tejido urbano, donde la Administración impulsó campañas de comunicación antitaurinas y donde los perros ni se matan ni se hacinan, sino que se esterilizan y se promueve su adopción.

En Barcelona se prohibieron las corridas de toros y el uso de animales en los circos, y es la única ciudad de todo el Estado español donde, desde hace más de 10 años, no se mata a los animales de compañía.

Profesor universitario, formado en arte y museografía, columnista habitual de varios periódico de gran importancia en Colombia, Aníbal Vallejo ha escrito libros y ofrecido centenares de conferencias. Conocido también por ser hermano del célebre escritor Fernando Vallejo e hijo de Aníbal Vallejo Álvarez, quien fue Ministro de Estado en Colombia. Excelente orador y con una memoria prodigiosa, resulta un auténtico placer, por el cual pagarías una entrada, el sentarse en su biblioteca a escuchar historias, anécdotas, argumentos y reflexiones filosóficas y políticas.

La candidatura de Vallejo refleja dos importantes aspectos que la hacen especialmente inédita y esperanzadora: por un lado, la necesaria participación activa del movimiento animalista en la política institucional, y por otro, aún más importante, la implicación de la sociedad intelectual en la consecución de los nuevos derechos aun no conquistados.

Vallejo se encamina hacia el Concejo para dar voz a los animales dentro de una lógica mas amplia, la lógica de una nueva sociedad y de un nuevo humano. Su objetivo es mantener algunas de las políticas bien encarriladas en la ciudad hasta la fecha, a la vez que poner en marcha todo aquello que todavía queda por hacer, y que nunca es poco.

Si tuviera que elegir diez palabras para sustentar su candidatura o su legislatura en un escaño de Medellín, ¿cuáles serían?

Educación, justicia, solidaridad, igualdad, pluralismo, compromiso, argumentación,  abolición, tolerancia, moral.

¿Cree que la política pública de protección animal ha llegado demasiado tarde o a destiempo?

La entidad que representé como presidente por 25 años, la Sociedad Protectora de Animales de Medellín, data del año 1917. Cuando yo llegué a su dirección, la ciudad atravesaba por una situación muy dramática de violencia por el narcotráfico.  No era la ocasión de presentar propuestas sobre animales, cuando el irrespeto a la vida cobraba sus víctimas sin discriminación.

El tema de los animales era marginal y desconocido cuando no era negado por la misma comunidad que en pocos años había cambiado esas épocas de sus inicios con un sentido cívico y había convertido el pequeño poblado en una incipiente ciudad, con la presencia en su seno de numerosos ciudadanos provenientes de distintos gremios.

Treinta años de trabajo voluntario con enormes limitaciones, generando los propios recursos para cumplir lo que es de competencia de los entes oficiales me han llevado a la política para hacer los cambios y concretar los procesos que de forma particular no logran trascender.

¿Qué se ha hecho en Medellín en materia de políticas públicas de protección animal?

Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos, adoptó tardíamente una legislación, para lo cual tuvo que aceptar sus excepciones. Después de 26 años de aprobado el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, no se ha reglamentado ni actualizado. Lastimosamente, una tendencia bienestarista, requerida por la comercialización internacional, ha marcado las relaciones con las especies animales en mi ciudad, como si de una concesión generosa se tratara, cuando es cuestión de justicia. Perfeccionar algo bien hecho es complicado.

¿Qué cree que puede hacer usted?

Los ministerios de Educación y del Medio Ambiente tienen la misión de lo ambiental, apoyando proyectos y utilizando los medios masivos. Por la Ley General de Educación constituye un área obligatoria, que no puede quedarse en la importancia de la Antártida o de la industria nuclear sin asumir el futuro que les espera a las especies animales. Para que las nuevas generaciones valoren lo que les rodea y den a las especies llamadas inferiores el trato digno que por principio les deben. La actitud sentimental con la que son mirados los animales es una manera evasiva para enfrentar la realidad que obliga a replantear presupuestos morales y a promover el desarrollo de nuevos ideales éticos. No basta con despertar conmiseración o lástima, es una cuestión moral.

Entre las muchas propuestas para mejorar la realidad de los animales en la ciudad, ¿podría destacar alguna?

La arquitectura, el transporte, los espacios públicos, el medio ambiente, son comunes a los humanos y a los animales en el contexto urbano. Sus necesidades son diferentes y no podemos humanizarlos construyendo espacios arquitectónicos inapropiados, para recluirlos o para comercializarlos.

¿Cuál es su elemento diferencial en relación a otros candidatos?

La interdisciplinariedad obliga a asumir una posición analítica y cercana a la academia para intervenir en los procesos que dentro del Concejo se dan. Se precisa una visión pluralista y reflexiva que permita incidir en la puesta en marcha de proyectos orientados a buscar un mejor desarrollo social, económico, urbanístico y cultural de la ciudad, al tiempo que se trabaja en los proyectos de respeto por las especies animales.

El Concejo municipal no puede ser un recinto para la hegemonía negado para otras voces que tienen el derecho a conformarlo, abriendo la oportunidad de las divergencias y otras miradas de un cuerpo colegiado, plural y democrático. No podemos desligar a los animales del contexto urbano, de la ciudad que compartimos: el mismo suelo, el mismo aire, las mismas calles.

¿Con qué apoyos cuenta para la campaña?

No cuento con aportes económicos, ni los busco. No pretendo convencer seguidores con ofrecimientos ni promesas. No presento imágenes impresionables, dolorosas ni tristes para despertar lástima. No busco escalar posiciones ni el reconocimiento vanidoso. No monopolizo ninguna temática ni usurpo la labor que la sociedad ha encomendado a los profesionales especializados. Me apoyo en sus conocimientos y acudo a conocer sus apreciaciones. No desprecio a los políticos, ni me considero superior a nadie. No soy misántropo y reconozco el derecho a compartir con otras especies para desarrollar una actitud humana basada en el respeto hacia los otros seres vivos. Mi apoyo son las realizaciones que sirven de aval al cumplimiento de un compromiso voluntario de 30 años, sin claudicaciones.

Como animalista, ¿ha sufrido ataques en el terreno político?

Lastimosamente, debo decirle que sí. En este momento soy objeto de campañas sucias, desobligantes, mentirosas y calumniadoras de quienes ahora actúan en el Concejo, y antes estuvieron de mi lado y en otro momento me hicieron distinciones en el recinto. Ahora, cuando aspiro a un escaño, soy para ellos enemigo, politiquero oportunista y niegan que haya trabajado por la defensa animal. No sé entonces qué defendía antes. Y ellos, ¿qué son? Ese es el tipo de política que la sociedad repudia y a la que yo no juego.

¿Con qué le atacan y qué responde usted a eso?

Un principio de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales señala que el respeto del hombre por los animales va unido al respeto del hombre por sus semejantes. Principio que regula mi actuación en esta campaña política. No tengo ningún arrepentimiento en 30 años de voluntariado por la defensa animal, como si lo debe tener alguno de los que me atacan. En mis 845 columnas de prensa nadie me ha reprochado lo escrito. No participo de protestas, respeto la opinión ajena como parte de la pluralidad, no busco generar radicalismos. Sus mensajes insultantes hablan muy mal de ellos, no de mí. Por ello hago caso omiso a las agresiones, que me resbalan y no contestaré.

Si algo me impresionó cuando lo conocí en su casa en Medellín es su exquisita memoria y su cálida y correcta retórica para exponer sus recuerdos. ¿Puede despedirnos con alguna historia que quiera contarnos?

En un recinto campestre rodeado de jardines estaba con un grupo de profesores en reunión académica conformando un círculo. Por la puerta entreabierta se asomó un gato. Miró con detenimiento a su alrededor y a cada uno de los asistentes. Cruzó en diagonal el círculo, llegó a mi puesto y se echó a mis pies. Allí se quedó acompañándome hasta el final de la reunión. Alguien preguntó por qué se había echado a mis pies y otro le respondió: “Miren a quién busca el animal”. Quienes han conocido mi trabajo en la causa y mis actuaciones sabrán muy fácilmente de qué lado buscar.

La protección animal en Colombia

Permítanme un par párrafos de historia, y así evitamos perdernos en una maraña de leyes, sentencias, instancias y jerga jurídica.

En 2004 se redacta en Colombia la Ley 916 de “Protección Animal”, que incluye un reglamento taurino que ningún amante de la mitología puede dejar de leer. Con expresiones que no se usan desde el Mío Cid, un grupo de nobles caballeros con armadura y hachas de petos redacta uno de los textos más alucinantes que se conozcan en ámbitos legislativos de la era moderna (esto es, no escrito en piedra).

En ese mismo estatuto, mediante el que supuestamente se debería haber tendido a la protección de los animales, el poderoso lobby taurino colombiano influye directamente sobre unos apocados legisladores que mientras lamían sus botas de latifundistas votaban a favor de aprobar un texto donde sólo faltaba culpar de las tormentas a Zeus y del mal de amores a Afrodita.

En 2010, la Sentencia C666 llega para plantear nuevos escenarios en el asunto, como, por ejemplo, la prohibición de celebración de espectáculos taurinos en lugares donde no se pueda demostrar la tradicionalidad ni en ciertas épocas del año que deberían estar también bien justificadas. Además, la Sentencia pide morigerar el dolor y sufrimiento de los animales en la lidia.

La Sentencia C666 incluye párrafos tan maravillosos como el siguiente:

“Aunque obvia, valga mencionar que la justificación radica en una apreciación fáctica incontestable: no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional”.

En ese texto se basa el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, para plantear a la Corporación Taurina un cambio en la dinámica de la lidia en el sentido de la Sentencia; en caso contrario, no les volvería a arrendar la plaza pública de la Santamaría para seguir realizando estos festejos. La Corporación Taurina se negó, y Gustavo Petro mantuvo su postura. Gracias a esta decisión del alcalde, desde el año 2012 no se realizan corridas de toros en la capital colombiana.

Como podía augurarse, el lobby taurino comenzó con sus estrategias políticas, mediáticas y jurídicas para perjudicar a Petro y echar atrás la decisión. Las estrategias políticas les resultaban peligrosas en un país -y más aún en su ciudad capital- donde las y los ciudadanos se posicionan abierta y mayoritariamente contrarios a estos espectáculos. Las estrategias mediáticas demasiado frontales corrían la misma suerte. La batalla jurídica la perdieron en varias ocasiones, pero parece ser -aún hoy no podemos confirmarlo al 100%- que su último órdago jurídico contra el alcalde y contra su decisión de frenar esta salvajada sangrienta en la ciudad capital (decisión, además, ampliamente avalada por el pueblo), conseguirá finalmente su objetivo: la Corte Constitucional estaría a punto de hacer pública una sentencia que, teóricamente, obligaría al consistorio a volver a arrendar la plaza a la Corporación Taurina. Y es que aquí viene lo mejor.

Una huelga de hambre escenificada

Hace apenas unos días un grupo de novilleros comenzó una escenificada huelga de hambre en la puerta de la plaza de la Santamaría de Bogotá para pedir que regresen los espectáculos sangrientos y embrutecedores, y de aquí desprenderé algunas reflexiones, no sin antes aclarar mi intencionada utilización de la palabra “escenificada” referida a esta huelga de hambre, que más bien veo como una huelga de verdades.

En una entrevista en radio, uno de los “huelguistas” manifestó: “A Petro sólo le quedan 18 meses de mandato, seguiremos en huelga de hambre ese tiempo si fuera necesario”. Al parecer quieren batir el récord universal y cósmico en días de huelga de hambre, superando los 500. Tal nivel de ignorancia sólo puede demostrar lo que ya intuíamos: no estamos en un escenario de protesta legítima, sino frente a una escenografía orquestada por la corporación, en la que tocan sus instrumentos los medios de comunicación y el sector político con intereses, y estos pobres tontos útiles que están en huelga de verdades. Ni tan sólo estudiaron el hecho, ni saben qué consecuencias tendría dicha participación en este tipo de protestas. Las responsabilidades de esta “gran idea” deben recaer sobre quienes incitaron a estos muchachos a emprender semejante travesía por la estupidez.

Y ¿para qué esta huelga?. Ahí viene lo nauseabundo: marcar agenda a la justicia colombiana, crear la escenografía para la salida de la tan anunciada sentencia. Tan vomitivo y repugnante como eso.

Gustavo Petro, un alcalde transformador y animalista

Por costumbre histórica las grandes corporaciones de medios masivos latinoamericanos se dedicaron a tratar de marcar agendas políticas y hojas de ruta a todas las fuerzas y poderes públicos y privados, incluyendo la justicia, y ni Colombia ni este caso son una excepción. Gustavo Petro es un animal molesto en esta selva: es honesto, abierto, idealista y valiente, ha denunciado los peores casos de corrupción y representa la voz de los movimientos sociales ninguneados, de las clases bajas desoídas, de los trabajadores excluidos. Se ha transformado en un transformador, abierto a las nuevas ciudadanías y a nuevas sensibilidades, favorable sin complejos a los derechos aún no conquistados -como los derechos de los animales-, llevando adelante políticas de inclusión y participación, de refuerzo de lo público como capital social; en definitiva, representa la fuerza de los más débiles en la ciudad y cada día más en todo el país.

Como no podía ser de otra manera, un gobierno abierto y progresista como el de Bogotá es ejemplo también en políticas públicas de protección animal. A la administración liderada por Gustavo Petro le debemos hechos tan históricos como la sustitución de más de 3.000 caballos trabajadores, que hoy se encuentran jubilados, y cuyos antiguos dueños han sido integrados en un circuito laboral digno. Estos caballos, que sufrían un enorme maltrato dada sus condiciones de trabajo y de vida, eran utilizados para recolectar residuos, escombros y chatarra en las calles bogotanas.

En dos años de mandato, además del freno a las corridas de toros y la mencionada sustitución de los 3.000 caballos trabajadores, el mismo gobierno de la ciudad colaboró con la campaña para la prohibición del uso de animales en circos en toda Colombia (aprobada el año pasado), creó y diseñó una política pública para animales de compañía que servirá para varias décadas de gestión pública en la ciudad. Actualmente trabaja en varios proyectos de la misma índole.

Nunca, en un periodo de tiempo tan corto, un alcalde capitalino en Latinoamérica había hecho tanto por la protección de los animales desde una visión tan acertada como la creación de un sistema de política pública solvente, sostenible y metódico.

Nunca antes, tampoco, la inescrupulosa caterva taurina había descargado tanta artillería contra un cargo electo utilizando métodos de camorra. Se ha trazado una línea entre lo digno y lo indigno; entre lo frontal y lo oscuro; entre lo pacífico y lo violento; entre Gustavo Petro con la sociedad decente, por un lado, y este lobby minoritario, poderoso, despreciable y violento, por el otro.

Todos estos factores hacen que Gustavo Petro haya sido perseguido políticamente, mediáticamente apaleado, pero socialmente apoyado y defendido. Quisieron destituirlo, estuvieron cerca pero no pudieron. Quisieron revocarlo, tampoco pudieron. No le permitieron gobernar, y aún así Bogotá es la primera ciudad a nivel mundial más premiada y con más reconocimientos internacionales por diferentes razones, tan diversas como “liderazgo climático”, innovación, “mejor enfoque de género” por sus políticas de igualdad, caída de la delincuencia e, incluso, por protección animal. Un artículo en el portal internacional MSN resume estas menciones y distinciones en los dos años de mandato de Gustavo Petro frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo personalmente entregué al alcalde Petro el “toro blanco”, símbolo abolicionista que recibieron personajes tan representativos de la Cultura de la Paz como el propio Dalai Lama.

El lobby taurino y la manipulación de los medios

De todo lo comentado, lo que me parece más patético, preocupante, denigrante, es el circo que están haciendo los grandes medios colombianos con este asunto. No me cabe ninguna duda de que fueron estas corporaciones casposas las que diseñaron esta escenografía, empujando a estos pobres diablos a emprender una huelga de hambre con el compromiso y promesa de difusión de la misma, cosa que están cumpliendo a rajatabla. Por su interés en embrutecer al pueblo mediante las corridas y los espectáculos violentos y sanguinolentos, y de paso (o al revés) en atacar al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, estos medios de manipulación masiva pretenden así incentivar y provocar la posición de la Corte Constitucional. De forma curiosa y preocupante, algunos de ellos ya conocían su resultado favorable a la tortura y la violencia desde hace muchos meses y así lo publicaron, veredicto que mágicamente adivinaron o vaticinaron cual Nostradamus de la decadente tauromaquia.

Sin embargo, fíjense ustedes, el panorama político convulso vino a retrasar dicha salida y sentencia que se esperaba -según estos medios- para finales del año pasado, de modo que, teóricamente, en enero de este año tendría que haber habido feria taurina, algo que, como sabemos, no sucedió. ¿Dieron alguna explicación los manipuladores que habían publicado a bombo y platillo lo contrario? No. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta: el tema no está zanjado y no era el momento de “presionar” al sistema judicial, dado que hubo casi de forma constante un panorama político poco conveniente: proximidad a elecciones, el paro agrario, o bien el proceso de destitución del alcalde, que tenía al pueblo muy movilizado. Ahora, tras haber asumido su segundo mandato presidencial Juan Manuel Santos, es el momento político y social de hacerlo, y los medios así se lo hacen saber a la Corte y a la sociedad en general. ¿Caerá la Corte en el juego o será otra de las artimañas taurinas? ¿Esta vez será verdad? ¿Son medios que informan de la realidad o que intentan provocar una realidad a su gusto y conveniencia? ¿Creen que somos idiotas? Es que, igual, sí lo somos.

Mi segunda reflexión es sobre los propios pobres diablos en huelga. Muchachos, abandonen, los están utilizando. La corporación taurina y las mediáticas utilizan los toros para ir contra Petro, pero las corridas no son la razón, son la excusa. Ustedes ni tienen la culpa de ser taurinos ni mucho menos de haber aprendido un oficio que de todos modos desaparece poco a poco en todo el mundo. Pregúntense por qué no les acompañan allí mismo, bajo la lluvia, el frío y el hambre, aquellas personas que tanto les animaron. Los periodistas, empresarios, los ganaderos, los políticos, y tantas (bueno, la verdad es que no tantas) personas que muestran su apoyo a la “huelga” desde casa, tapaditos y comiéndose un ajiaco con pan y vino bueno. ¿Se han preguntado esto?. Ellos no se van a enfermar, ellos no tendrán secuelas neurológicas por la falta de alimento (aunque por lo visto ustedes tampoco), y en unos meses nadie se acordará de sus nombres, supuestamente hambrientos.

Tengo constancia de que el alcalde Petro les ofreció estudiar puestos de trabajo para ustedes, pero también sé que los rechazaron. ¿Creen que la Corporación Taurina o los medios de comunicación habrían hecho lo mismo por ustedes?

El futuro es abolicionista

Y ahora, para terminar, viene la parte más interesante: el futuro. Supongamos que los medios taurinos consiguen su cometido y la sentencia tan vaticinada finalmente sale a la luz y deben volver las corridas a Bogotá. Por un lado, aún deben cumplir la C666 y sus mandatos. Por otro, las organizaciones con legitimidad en la protección animal todavía podemos recurrir a instancias internacionales. Y, más allá de eso, las movilizaciones se pronostican muy potentes: Plataforma ALTO (Animales Libres de Tortura) ha convocado para octubre en Bogotá una mega marcha bajo el lema “¡No hay marcha atrás!”, en la que han confirmado participación decenas de celebridades y políticos de los ocho países donde aún se permiten las salvajes corridas de toros, y donde la proyección internacional del asunto será, cuando menos, bochornosa. (El año pasado la Plataforma ALTO colocó por todo Bogotá vallas publicitarias con el lema “Las corridas no vuelven, Petro se queda”. El HT de Twitter #PetroSeQueda fue Trending Topic durante casi un año, y acabó siendo la marca distintiva de la revolución ciudadana en defensa del alcalde de Bogotá).

Al fin y al cabo, creo que el escenario no será tan malo: el comienzo de las corridas en Bogotá significará el fin de la tauromaquia en toda Colombia, y quizás en el mundo entero. Por fin los movimientos animalistas están indignados, organizados y consiguiendo más alianzas sociales que nunca.

Tal y como les sucedió en España cuando quisieron declarar las corridas “Bien de Interés Cultural” en reacción a la abolición en Catalunya, objetivo que además no pudieron cumplir incluso con mayoría parlamentaria de un partido ranciamente taurino, el taurinaje colombiano se encuentran también en “el dilema de la grieta”: el Coyote va persiguiendo a Correcaminos y llega a la punta de un saliente de piedra... Detrás de él se abre una grieta. Cuando intenta mover un pie para irse de la zona de la piedra que caería al vacío por el acantilado, la grieta se abre más rápido. Cuando se queda quieto, se sigue abriendo de todos modos. Entonces llega el dilema de la grieta: si se queda quieto, se cae al vacío; si se mueve para evitar su destino, se cae más rápido.

Lo inevitable es la fuerza de la gravedad, que en nuestro caso es la fuerza de la época, aunque eso no evite que, igualmente, alguien deba llevar al lobby taurino más allá de la grieta y ubicarlo en el dilema.

En Colombia la grieta la abrió Bogotá, la grieta ya está hecha y el lobby taurino en el dilema. Ahora les toca mover, moverse. O no.