Probablemente hayas escuchado alguna vez como respuesta a la pregunta de cuánto duran estos derechos de propiedad tan especiales la ya clásica coletilla de “70 años tras la muerte del autor”, computándose desde el día 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento. Sin embargo, la respuesta no debería ser tan categórica.

Nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual es fruto de numerosas directivas europeas que han armonizado en toda la Unión determinados aspectos de este asunto, como los derechos otorgados a los autores, las obras y prestaciones objeto de protección y la duración de sus derechos.

Precisamente, esta es una de las principales particularidades de los derechos de propiedad intelectual: mientras que quien adquiere la propiedad de una casa lo hace sin límite temporal, quien crea una canción, un libro o un cuadro únicamente podrá explotarla en exclusiva durante un limitado periodo de tiempo. Una vez pase dicho plazo, la obra pasará al dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquiera, debiendo respetar únicamente los derechos morales.

Sin embargo, existe la errónea percepción de que ese plazo de protección exclusivo a favor del autor es siempre “70 años tras la muerte del autor”, porque así lo dice el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. La propia Wikipedia expone esta cuestión de forma errónea en su entrada sobre el dominio público, al afirmar que “en España, por ejemplo, 70 años después de la muerte del autor sus obras pasan al dominio público”, citando incluso un documento disponible en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que también es impreciso.

Pero las leyes, como el buen chocolate, hay que disfrutarlas hasta el final. Si vamos a las últimas disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, vemos que hay una serie de normas que regulan qué ocurre con las obras creadas al albor de la antigua ley de 1879, es decir, antes de la aprobación de la de 1987.

Como resultado de este enjambre jurídico, para saber cuándo cae una obra en el dominio público hay que conocer quién fue el autor, en qué régimen fue creada la obra (si es colectiva o en colaboración, según se define en la Ley), cuándo murió su creador, su nacionalidad e incluso las leyes de su país de origen.

Hay algunas controversias más. Por ejemplo, en relación a la fecha de fallecimiento del autor, también a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, los plazos de protección no sólo no se han ampliado en España, sino que, al contrario, se han recortado. En nuestro país, hasta la aprobación de la reciente Ley de Propiedad Intelectual, el plazo de protección general para los autores era de toda su vida y 80 años tras su muerte. Para no perjudicarles, la nueva ley estableció que todos los autores españoles fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 seguirían disfrutando de dicho plazo, y que la nueva fórmula (70 años tras su muerte) se aplicaría para aquellos fallecidos a partir de tal fecha.

La consecuencia es que aún hoy debemos mirar a la vetusta ley de 1879 para hacer las cuentas, y que este año irán cayendo al dominio público obras de autores fallecidos en 1936, y no en 1945 como se podría pensar (antes el cómputo empezaba a contar desde la fecha de fallecimiento; tras 1987, desde el 1 de enero siguiente, para facilitar un poco las cosas).

Así, existe un repositorio de miles de obras que son de libre uso por parte de cualquiera, pudiendo reproducirse, distribuirse, transmitirse o transformarse sin tener que pedir permiso o pagar a nadie. Este año entrarán a formar parte de esta ya enorme lista autores de la talla de Ramón María del Valle-Inclán, muerto el 5 de enero de 1936, o Federico García-Lorca, fusilado a altas horas de la madrugada del 18 de agosto del mismo año.

El dominio público, desgraciadamente, está infrautilizado, ya sea por este complejo sistema o porque los ciudadanos únicamente tenemos interés por las obras más modernas. Sea como fuere, ahí tenemos todas esas obras para cuando no podemos explotar otras cuyo plazo de protección sigue vivo.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Andrea Puggioni y Wikimedia Commons

Hace unos cuantos años (dos décadas casi), cuando muchos comenzábamos a navegar por internet, la web era estática, aunque de vez en cuando encontrábamos pequeños oasis de movilidad en unos gráficos, generalmente horteras, que parecían dar vida a la página. Eran los famosos GIF. Aunque cayeron en desuso durante una década, ahora han vuelto, ya sea en su versión original o en otras un poco más modernas y de mayor calidad.

Inicialmente, los GIF se pensaron para dar movimiento a pequeños y sencillos gráficos creados por ordenador (un globo terráqueo, una arroba girando sobre sí misma…), pero rápidamente se vio su utilidad para publicar de forma sencilla un breve fragmento de vídeo, ya fuese de una película, un acontecimiento deportivo o un programa de televisión. Y, una vez más, cuando utilizamos contenidos creados o generados por otros es cuando toca decir que “con la ley hemos topado”.

Hace un par de semanas, Twitter decidió retirar un GIF animado para luego suspender la cuenta del blog que lo había compartido, Deadspin. Lo hizo porque el tuit contenía material protegido por derechos de propiedad intelectual y había recibido una reclamación de su propietario. Así, cabe hacerse dos preguntas: ¿puede una red social eliminar un GIF que alguien haya compartido y suspender su cuenta? ¿No se pueden utilizar ni tres segundos del vídeo de una película?

Las respuestas son, respectivamente, sí y no. Para empezar, una red social (o cualquier otro servicio de internet) puede y debe eliminar cualquier contenido que infrinja derechos de terceros (de cualquier tipo, incluyendo derechos de autor) y, por tanto, en teoría y en principio, no se puede coger un fragmento de un programa de televisión, un partido de futbol o una película, transformarlo en un GIF animado y subirlo a la Red.

La Ley de Propiedad Intelectual otorga derechos a cualquier autor o productor de una obra original o prestación, aclarando que cualquier utilización total o parcial requiere su autorización. Por tanto, leyendas urbanas como que la ley permite usar 10, 12 o 14 segundos de una canción o de una película son solo eso, meros bulos de internet.

Sin embargo, la realidad no es siempre blanca o negra. Las leyes de derechos de autor de Europa recogen una serie de excepciones a esta regla suprema, como la copia privada, la cita o la parodia. En virtud de estas excepciones, cuando un uso se enmarca en cualquiera de ellas, no hará falta autorización del autor y cualquier persona que cumpla estos requisitos podrá utilizar la obra en cuestión. Esa es la buena noticia. La mala es que, desgraciadamente y desde mi punto de vista, ninguno de los límites que tenemos ahora mismo en la Unión Europea podría amparar el publicar un GIF con fragmentos de películas o compartir en Vine el último gol de Cristiano Ronaldo.

La situación es diferente en Estados Unidos, donde esta serie de excepciones no están tan definidas como aquí, confiando la misión de equilibrar los intereses de unos (autores y productores) y otros (la sociedad) en el llamado 'fair use', lo que aporta más flexibilidad y, a la vez, más inseguridad respecto a qué se puede usar y qué no. Por ejemplo, un tribunal americano confirmó hace unas semanas que la actividad de escaneado de Google Books era un “uso justo”, algo difícilmente imaginable en nuestras fronteras.

El ‘fair use’ obliga a valorar en cada caso concreto los siguientes factores:

Por lo tanto, mientras en Europa la publicación de GIF de contenidos protegidos por propiedad intelectual estaría difícilmente justificada (y conllevaría que la red social pudiera eliminar el contenido en cualquier momento), los estadounidenses deben analizar cada caso concreto. Si se cumplen los requisitos del “uso justo”, el GIF permanecerá. No obstante, las redes sociales suelen ceder ante la denuncia del propietario de los derechos y de ahí que Twitter, de cuando en cuando, elimine imágenes en formato GIF y cierre las cuentas de usuarios reincidentes.

En una sociedad con servicios que no parecen entender de fronteras sería idóneo que, en temas como este, la legislación fuese si no idéntica en todos los países, al menos lo más parecida posible y acorde a la realidad social y tecnológica. Mientras tanto, por estos lares habría que solicitar autorización para compartir con tranquilidad un GIF con Yoda repartiendo sabiduría.Ahora bien, un retuit de los GIF compartidos en los perfiles oficiales de la propia película no te hará daño (ni pondrá a Twitter en tu contra).

La propiedad intelectual es tan compleja que a veces puede llevar a situaciones esperpénticas, como la polémica que protagonizó el verano pasado el 'selfie' de un mono o “la piratería más pequeña de la historia” que nos sorprendió a principios de este año.

Los casos estrambóticos no cesan en esta materia. La obra de Richard Prince, un artista plástico norteamericano, es célebre por intentar llevar al extremo las leyes de derechos de autor. Sus trabajos suelen plantear cuestiones en materia de autoría, como la reciente exposición 'New Portraits', para la que tomó imágenes de usuarios de Instagram y las reprodujo en gran formato, añadiendo determinada información (el nombre del usuario, su foto de perfil, número de 'likes' y comentarios de otros usuarios y del propio Prince). El autor considera que esta utilización se ajusta a los límites del 'fair use', una doctrina anglosajona (inexistente en nuestra ley) que permite la explotación de obras ajenas si se cumplen determinados requisitos.

Cada una de estas fotografías salió a la venta por 90.000 dólares (algo más de 80.000 euros), lo que provocó la indignación de algunos de los retratados, como Selena Mooney, que decidió vender la misma obra - básicamente, una foto suya con unas cuantas adiciones - por 90 dólares (unos 82 euros).

En este caso parece haber de todo. El artista utiliza imágenes ajenas para crear su obra (aunque podría estar legitimado por el 'fair use') y la protagonista de una de las piezas se rebela plagiando a Prince, de tal forma que parece vulnerar sus derechos de autor. Curiosa paradoja: la foto original es de la chica, pero es ella quien podría estar contraviniendo las leyes. Tanto intercambio sin autorización deja en el aire una pregunta: ¿puede alguien infringir sus propios derechos de propiedad intelectual?

¿Legal o ilegal?

Los autores de obras originales y creativas tienen, en principio, todos los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas. Ostentan, por una parte, derechos morales (derecho de paternidad, integridad, etc.); y por otra, derechos de explotación (de contenido patrimonial, para controlar cualquier reproducción, distribución, etc.). Estos últimos son susceptibles de cesión, al contrario de lo que sucede con los primeros. Así, al ceder estos derechos, el autor de una obra puede perder la posibilidad de explotarla.

En el caso de Richard Prince intervienen varios factores. En primer lugar, el artista debe utilizar las fotografías de los usuarios de Instagram con su autorización (al menos en nuestro país), ya sea expresa o porque las hayan publicado en internet con alguna licencia libre. En Estados Unidos, el 'fair use' cambia las cosas.

Por otra parte, habría que determinar si la obra de este autor es original o no (la ley solo protege las obras originales), algo que resulta dudoso porque únicamente le ha añadido algunos elementos y comentarios y la ha reproducido en gran formato. Si consideramos que no es original, simplemente estaría desprotegida y cualquiera podría explotarla, incluida la chica de la foto.

¿Hay plagio?

Curiosamente, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual no aparece ni una sola vez la palabra “plagio” (aunque sí en el Código Penal), si bien el Tribunal Supremo se ha encargado de definir este concepto, concluyendo que “por plagio hay que entender todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial”. Por tanto, si para plagiar hay que copiar creaciones de otros, parece que no es posible plagiarse a uno mismo.

Pero, ¿puedo infringir derechos de propiedad intelectual al explotar mi propia obra? Eso sí, y sería relativamente frecuente si cedes los derechos de tu obra (un libro, un guion, una canción…) a un tercero (generalmente, a cambio de dinero), y posteriormente utilizas de nuevo tu creación sin su permiso. En ese caso estarías infringiendo los derechos de explotación de tu propia obra, de los cuales ya no eres titular. Solo te corresponden sus derechos morales.

Aunque las preguntas parecían similares, las respuestas han resultado ser contrarias. Al final, lo único que está realmente claro es que la propiedad intelectual es tan compleja como la propia creación artística.

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Las imágenes de este artículo son propiedad Richard Prince.

En las últimas semanas se han puesto muy de moda aplicaciones como Meerkat o Periscope (recientemente adquirida por Twitter), que permiten a sus usuarios realizar retransmisiones en vivo a través de internet, usando para ello únicamente su teléfono móvil. Estas aplicaciones se pueden utilizar para contar a toda la Red qué está pasando a tu alrededor en ese momento (como el derrumbe de un edificio en Nueva York) o para retransmitir un concierto, una película o partido de fútbol o baloncesto.

Hace unos días, con el estreno de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', Twitter se apresuró a advertir que todos aquellos usuarios que infringiesen sus términos de uso (donde se prohíbe la retransmisión de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual), podrían ver su cuenta clausurada de forma permanente.

La difusión de este tipo de contenido no solo está prohibida por Twitter, sino también por la Ley de Propiedad Intelectual, que concede derechos exclusivos al propietario de una canción, serie de televisión o película y que le permite actuar contra quien, sin su autorización, redifunda las mismas por internet (o por cualquier otro medio), con o sin ánimo de lucro. Lo mismo ocurre con un concierto de música, ya que la misma ley otorga derechos exclusivos a sus intérpretes, por lo que cualquier retransmisión de este tipo deberá ser expresamente autorizada por los titulares de derechos afectados.

Más compleja es la retransmisión de eventos deportivos, ya que en nuestro país no existe ninguna norma que determine quién tiene los derechos sobre una competición deportiva y sobre los partidos que se desarrollan dentro de ella. La mayoría de los países de la Unión Europea han considerado que los derechos sobre un partido corresponden a cada uno de los clubes que forman parte de una competición con respecto a los partidos que se disputen en su estadio. Incluso teniendo en cuenta este criterio, algunas ligas se han organizado para vender de forma conjunta los derechos televisivos, como el sonado caso inglés.

En nuestro país se ha optado por la autorregulación, así que cada sector ha determinado si negociar de forma conjunta estos derechos (como es el caso de la liga de baloncesto ACB), o hacerlo de forma individual (como la liga de fútbol LFP). Por eso, en nuestras fronteras, esta cuestión se regula principalmente por el derecho de admisión, por el cual quien tiene el control sobre el acceso a un determinado recinto deportivo podrá prohibir o permitir la entrada a determinadas personas, o la realización de determinados actos en el interior del mismo como, por ejemplo, utilizar dispositivos para retransmitir lo que allí ocurre.

De hecho, es una práctica habitual que, al adquirir una entrada para un evento deportivo, el comprador se someta a unos términos y condiciones en los que se suele incluir la prohibición de grabar y retransmitir el partido.

Por tanto, la clave estará en comprobar si el organizador del evento deportivo ha establecido limitaciones para la utilización de dispositivos tecnológicos y para la retransmisión del propio evento al acceder al mismo. En el caso de la Final Four de la Euroleague de baloncesto, vemos que el organizador permite la entrada de cámaras de hasta 10 megapíxeles para uso personal, pero se reserva el derecho de pedir información a quien introduzca dispositivos de vídeo de mayor resolución. Además, de forma clara, prohíbe la grabación, reproducción y/o transmisión del evento (incluyendo los momentos anteriores y posteriores al mismo y los descansos), incluso de forma parcial, con una mención específica a la prohibición de difundir el partido través de internet y de teléfono móviles.

Mientras que en los eventos a puerta cerrada el organizador podrá limitar este tipo de actos, será mucho más difícil prohibirlos en aquellas competiciones deportivas que se desarrollen en un espacio público, como la Vuelta Ciclista a España o el recientemente celebrado Maratón de Madrid. Al desarrollarse estas competiciones en la vía pública, los organizadores no podrán ejercer dicho derecho de admisión, y únicamente podrán tener cierto control sobre ciertas zonas exclusivas a las que no puede acceder el público en general, en las que podrá limitar la retransmisión de la carrera.

Así, a la pregunta de si puede un aficionado retransmitir un partido desde la grada, la respuesta es un incierto “depende”. Dependerá, como hemos visto, de si el evento se desarrolla en un espacio público o privado y de si el organizador ha decidido limitar (o directamente prohibir) la retransmisión, generalmente advirtiendo a la hora de comprar la entrada y en el reverso de la misma.

Aplicaciones como Meerkat o Periscope pueden verse como nuevas vías de explotación de imágenes de competiciones deportivas, así que más que centrarnos en cómo eludir las normas ya existentes, lo interesante es que descubramos qué nuevas formas de explotación se pueden desarrollar que sean beneficiosas para los usuarios de estas apps, los organizadores de las competiciones deportivas y los internautas.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Anthony Quintano, Periscope y Meerkat App

Hace tan solo una semana terminó el carnaval de Cádiz. Durante los días que dura esta fiesta, todo amante del folclore andaluz ha disfrutado, presencialmente o a través de YouTube, de coros como La Trattoría y La Niña Bonita o chirigotas como Ahora es cuando se está bien aquí.

Si de algo pueden presumir los gaditanos es de reírse de todo y de todos, incluso de ellos mismos. De hecho, los cuartetos, comparsas, coros y chirigotas llevan décadas sacando punta a cualquier tema de actualidad, burlándose de personajes famosos (mítica ya Esto sí que es una chirigota, emulando a todos los ministros del Gobierno) o parodiando canciones, libros y películas (como Las Muchachas del Congelao, en alusión a las princesas Disney).

Este afán del ser humano por reírse de todo lo que le rodea también se manifiesta en internet y en las redes sociales, y es habitual que a los pocos minutos de que una persona, hecho, canción o película se haga popular, se publiquen multitud de parodias en YouTube, Twitter y Facebook. Por ejemplo, tras la genial campaña de Old Spice 'The Man Your Man Could Smell Like' surgió en YouTube una legión de seguidores parodiando el anuncio.

Otro formato de esta peculiar forma de humor son los 'memes' que adquieren viralidad a través de Facebook - y, sobre todo, de Whatsapp -, como los famosos de Julio Iglesias (“y lo sabes…”) o los del popular vestido multicolor:

¿Son legales estas chirigotas, parodias y 'memes'?

La Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la libertad de expresión (artículo 20), que permite a cualquier ciudadano manifestar sus pensamientos, ideas y opiniones. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Como aclara ese mismo artículo, tiene “su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Por tanto, antes de idear una campaña con el objetivo de que se convierta en 'meme', suponiendo que tal cosa sea posible, habría que analizar si el vídeo o la imagen que queremos difundir a través de internet infringe el también derecho fundamental al honor o a la intimidad de la persona protagonista de la fotografía.

La ley que desarrolla este derecho (del año 1982) aclara que es flexible y está condicionado por los “usos sociales” y por los “propios actos” de cada persona. Por su parte, los tribunales consideran que si alguien está constantemente vendiendo su vida a través de entrevistas y exclusivas, sube vídeos voluntariamente a YouTube en situaciones comprometedoras o tiene una profesión con impacto público, su ámbito de privacidad es más reducido y no podrá impedir críticas o guasas razonables (no hirientes) por parte de terceros.

Por eso, en casos muy excepcionales se podrán realizar 'memes' o vídeos de broma sobre una persona que no tenga dicho impacto mediático por razón de sus propios actos o de su profesión. En la mayoría de los casos, realizar un 'meme' o acto paródico de un compañero de clase o del trabajo, o de un amigo, será un atentado contra su honor (y/o su intimidad). Además, hay que tener especial cuidado con internet, donde una broma o la publicación de un vídeo inicialmente gracioso se nos puede ir de las manos y condicionar el futuro de la persona retratada (todos recordamos aún el famoso vídeo 'Contigo no, bicho').

El análisis jurídico de estos 'memes' tiene, además, otra vertiente: la Ley de Propiedad Intelectual. Generalmente, en estas piezas virales se utilizan fotografías, dibujos o vídeos sacados de la propia Red, que normalmente tienen un legítimo dueño. No obstante, la recién reformada normativa, para garantizar la libertad de expresión, establece una excepción a ese derecho exclusivo del propietario permitiendo la parodia siempre que “no implique riesgo de confusión” con la obra original ni se infiera un daño a ésta o a su autor.

En casos como el de Old Spice está claro que se toman elementos de la obra original para reírse de la misma, pero en otras ocasiones se utilizan para mofarse de algo o alguien ajeno a la propia obra, como puede ser un famoso, un deportista o un político. Estos supuestos no se encuentran amparados por la citada excepción a los derechos de autor, así que hay algo que no debemos olvidar si queremos hacer una parodia legal: tenemos que ridiculizar la propia obra.

Esta es, al menos, la teoría. En la práctica, suele haber cierta tolerancia por parte de los propietarios de los contenidos o dr las personas parodiadas, habida cuenta de la escasa entidad patrimonial que tienen este tipo de fenómenos.

Sigamos entonces parodiando y riéndonos de nosotros mismos (y del prójimo), pero siempre desde el respeto (a las leyes y a las personas) y de forma responsable. Es la única manera de crear una sociedad de la información madura y divertida.

Una de las acciones más esenciales de internet es a la vez una de las más polémicas. Durante los últimos 15 años, numerosas leyes y sentencias en todo el mundo han tratado de establecer en qué escenarios es justo enlazar a una página o recurso de internet ajeno y en qué momentos dicha acción lesiona derechos y, por lo tanto, debe ser apercibida.

Aunque la inmensa mayoría de los enlaces no dañan los derechos o intereses de terceros, en ocasiones así ocurre. Por ejemplo, si una persona menciona a otra, incluyendo en su nombre un enlace a la página de Adolf Hitler en la Wikipedia, ¿el mencionado podría considerar que su honor ha sido trasgredido?

U otro caso: después de años de esfuerzo, hemos escrito un libro o tesis doctoral, alguien la sube sin permiso a internet, pero nadie tiene constancia de ello hasta que una web con millones de visitas facilita la localización exacta (el 'link'). ¿Debería tener responsabilidad esta web, que es la que probablemente ha provocado mayor daño al autor del libro, y que podía no saber que el libro estaba en dicho servidor sin autorización?

En nuestro país, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ya precisa desde 2002 cuándo el administrador de una página es responsable por los enlaces que se incluyan en su web, algo que además ha sido ampliamente desarrollado por los tribunales. En términos generales, dicho administrador no será responsable por los enlaces que lesionen derechos de terceros (por ejemplo, dirigiendo a dicha copia ilícita de un libro) si no tiene “conocimiento efectivo” de dicho hecho o, si lo tiene, actúa con diligencia para suprimir el enlace.

Los tribunales aceptan que ese “conocimiento efectivo” se adquiera de diversas formas, pudiendo ser un email del afectado, un burofax o cualquier medio que acredite que se comunicó al administrador que en su web había un enlace que derivaba a contenido ilícito o lesivo. Además, no es ni siquiera necesaria esa comunicación cuando es notorio que el contenido al que se deriva es ilícito, por ejemplo al enlazar a contenido que, manifiestamente, daña el honor de una persona.

Sin embargo, este año, la práctica de enlazar, embeber o la transclusión (incluir un documento o parte del mismo en otro documento) han dado mucho que hablar por dos sentencias europeas y, sobre todo, por el polémico nuevo artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (el famoso 'canon AEDE'). Entonces, ¿cuándo se puede enlazar o embeber un vídeo sin miedo a las consecuencias?

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea básicamente han establecido que al enlazar a un recurso disponible en internet no es necesario solicitar permiso a su titular de derechos siempre que se facilite el acceso al mismo “mediante el mismo método técnico utilizado originariamente” ('streaming', descarga...) y “que no se dirija a un público nuevo o diferente al pretendido por el titular de derechos”.

Por lo tanto, no podremos enlazar permitiendo la descarga de un archivo al que el propietario únicamente permitió disfrutar mediante 'streaming', o haciendo que esté disponible abiertamente cuando inicialmente sólo lo estaba para los suscriptores o abonados a una página web. En esos casos, el enlace requerirá la autorización del titular de derechos. Por eso no tendremos problemas cuando insertemos en nuestra web un vídeo de YouTube autorizado que tenga habilitada la opción de embeber o cuando incluyamos un enlace hacia el mismo.

El usuario medio de internet y los blogueros tampoco deben temer al 'canon AEDE', no sólo porque (por muchos motivos) su aplicación es casi imposible, sino también porque únicamente se aplica (sea lo que diantres sea) a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”, y a la “puesta a disposición del público [...] de fragmentos no significativos de contenidos”.

Por tanto, no habrá que pagar por enlazar a noticias, menos aún cuando no se utilice ningún elemento (como el titular) del artículo enlazado. Podremos seguir incluyendo enlaces hacia las webs de los medios de comunicación siempre que no seamos “agregadores de contenidos” o, siéndolo, no reproduzcamos fragmentos del contenido original.

Como resumen, y a pesar de que algunos auguran la muerte del enlace, podremos seguir enlazando con normalidad, sin tener que pagar a nadie a cualquier contenido disponible en internet, en abierto y que no sea flagrantemente ilícito. La inmensa mayoría de los enlaces no se verán alterados por este cambio en la ley y las nuevas sentencias europeas, ya que las mismas únicamente afectarán a un reducido número de páginas webs.

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Las imágenes utilizadas para este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Chris Dlugosz y Thomas van de Weerd

Afortunadamente, internet ha permitido que cualquier persona pueda publicar de forma sencilla y asequible cualquier tipo de información, ocasionando una revolución en la manera en la que se emite y recibe la información. Esta democratización ha permitido conocer noticias y opiniones que, hasta ahora, estaban controladas por los escasos medios de comunicación existentes, pero también ha ocasionado que determinadas noticias u opiniones no contrastadas, técnicamente no rigurosas o emitidas por personas no cualificadas proliferen con la misma repercusión mediática (o incluso mayor) que aquellas más precisas.

Estamos en un momento de repensar los conceptos, desmontar falsos mitos y descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Por eso también es buen momento para redescubrir conceptos jurídicos, desmontarlos y, sobre buenos cimientos, plantear alternativas. Como ya adivináis, me estoy refiriendo a la ardua tarea de reconstrucción del mal llamado “canon digital”, para lo que pediré al lector que olvide todo lo que sabe o ha oído sobre él, libere su mente de polémicas, eslóganes y malos ejemplos recurrentes (“si grabo en un CD las fotos de la primera comunión de mi sobrino…”) e intente ser analítico, porque sólo sobre una buena base podremos encontrar modelos mejores que los sufridos en los últimos años.

Para empezar, el “canon digital” no existe, es decir, no existe ninguna ley en la que se utilice el concepto como tal. Esto nos coloca en una buena posición, porque si jurídicamente el “canon digital” no existe, el proceso de deconstrucción puede partir desde cero. Aún más, el término “canon” está mal aplicado a este derecho, ya que ninguna de las acepciones que ofrece la Real Academia Española se adapta al mismo (suele estar asociado a un pago que se realiza a una Administración Pública por el disfrute de un bien público).

Por tanto, partimos desde la nada.

La Ley de Propiedad Intelectual concede derechos exclusivos a los autores de obras originales y creativas durante un determinado periodo de tiempo. Esto implica que cualquier acto de explotación de la obra (cualquier reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) debe estar autorizada por el autor. Este principio básico nos beneficia cuando somos autores de una fotografía, un artículo o un dibujo y no queremos que reproduzcan, copien o exploten nuestro trabajo, pero nos entorpece un poco cuando queremos utilizar una obra creada por otro.

Como en toda regla, hay excepciones. Este principio básico de exclusividad, que implica que, por ejemplo, cualquier reproducción deba estar autorizada por el autor, tiene ciertos límites, y gracias a ellos la ley permite realizar ciertas reproducciones, distribuciones o comunicaciones públicas sin autorización de los autores implicados siempre y cuando se realicen cumpliendo ciertos requisitos. Por tanto, podremos realizar reproducciones de obras sin contar con la autorización del autor siempre que cumplamos lo que, básicamente, establecen los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Quizá el límite a los derechos de autor más significativo de los últimos años es el del artículo 31.2, que es el de copia privada (el cual, por cierto, no es un derecho propiamente dicho, sino un límite a los derechos de los autores), que permite a las personas físicas (nunca empresas) realizar reproducciones/copias de obras sin autorización, siempre que se cumplan cinco requisitos:

Así, únicamente las copias que cumplan estos cinco requisitos serán legales y el resto simplemente serán reproducciones no amparadas por esta excepción y, por lo tanto, ilícitas. Parece justo un sistema en el que el creador tiene un derecho exclusivo sobre su obra, pero con determinadas excepciones (justificadas por fines culturales, de acceso a la información o de privacidad – por la imposibilidad de controlar las copias privadas que se hacen en ámbitos domésticos) y que se compense al autor por esa pérdida parcial de control sobre su obra.

Esa remuneración es precisamente el canon digital: la “compensación equitativa por copia privada”, como la definía el derogado artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, un sistema que trataba de remunerar a autores y resto de titulares de derechos por las reproducciones privadas (que cumplían todos requisitos del artículo 31.2) que realizamos los ciudadanos en nuestras casas.

Por tanto, en este proceso de deconstrucción del concepto, vemos que esta compensación no tiene por finalidad remunerar por la realización de copias ilícitas (como recientemente ha aclarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), y no da por hecho que todos vayamos a delinquir (como incluso ha llegado a afirmar algún político), porque su objetivo no es compensar por las copias ilegales, sino por las “privadas” legalmente realizadas (que limitan un derecho exclusivo de una persona).

El gran problema ha sido la desinformación (la propia entrada de la Wikipedia tiene errores técnicos) y la forma irracional de ordenar esta compensación, que ha hecho que pasemos de un sistema con pocos criterios objetivos y ponderadores que podía afectar, sobre todo, a empresas y autónomos, a otro sistema (el actual) inédito en Europa y aún más “indiscriminado” que al anterior. Este nuevo régimen de compensación no se aplica a los soportes y dispositivos grabadores que adquirimos regularmente, sino sobre los Presupuestos Generales del Estado, haciendo que se repercuta sobre todos los ciudadanos y no únicamente sobre aquellos que hacen copias.

Partiendo de la base de que creo que es justo compensar a quien pierde cierta exclusividad sobre su obra, la clave está en analizar sobre qué se debe establecer esta compensación, la cuantía de la misma, quién deberá hacer frente a dicha remuneración y qué criterios se utilizarán para hacer más equilibrado y justo este sistema, sabiendo que es la menos mala de todas las posibles soluciones.

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Las imagenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Michael Hicks, Indi Samarajiva y Shawn Carpenter

Desde que la App Store de Apple se lanzase en 2008, el mercado de las aplicaciones móviles se ha desarrollado sorprendentemente en todo el mundo. Aunque desde hace más de 10 años existen las PDAs (aún recuerdo mi primera agenda personal, una Olivetti daVinci que servía para poco más que presumir delante de tus amigos, con la esperanza de que ninguno te preguntase qué hacía el cacharro) y algunos teléfonos casi inteligentes, los consumidores no utilizábamos de forma masiva aplicaciones móviles por la fragmentación y poca accesibilidad de este mercado. Hoy en día, lo único que se necesita para entrar en este sector es una idea y algunos fondos para ejecutarla.

Numerosos informes y estudios están viendo este nuevo mercado de las 'apps' como la principal salida para la crisis, animando a jóvenes y recién licenciados a que apuesten por el emprendimiento y por este nuevo sector de costes moderados, gran incertidumbre, pero potenciales beneficios. Sin embargo, España aún debe desarrollar tejido empresarial y una mentalización colectiva que prepare a estos nuevos empresarios en su aventura, para que sean conscientes de los riesgos, puedan valorarlos y así anticipar posibles contratiempos.

Una de las grandes diferencias entre EE.UU. y nuestro país es que, allí, los emprendedores tienen muy presente desde la concepción de la idea de negocio que estamos en una economía digital que negocia a impulso de 'bits', en la que el valor de una compañía son sus datos e información, por lo que la protección de los intangibles de la empresa debe estar en su ADN. Desgraciadamente, en nuestro país aún existe la mentalidad de acudir al abogado de forma reactiva cuando existe un problema, cuando lo recomendable es confiar en él para proteger, desde el inicio, todos los activos intangibles de la empresa.

Lo primero, es importante recordar que las ideas no son protegibles, por lo que en el momento en el que le contemos a cualquier persona nuestra idea de negocio o de 'app', estaremos poniendo en potencial peligro cualquier novedad que esta pudiese tener. La propiedad intelectual protege la forma en la que se expresa o desarrolla una idea, pero no esta en sí. Por tanto, no es posible monopolizar ideas de 'apps' (para guardar recetas de cocina, para recordar datos o información, para realizar actividad física, etc.), ya que en nuestra economía de libre mercado cualquier competidor podrá tomar esa idea y desarrollarla de forma diferente.

Por tanto, si queremos proteger una idea de negocio, tendremos que mantenerla en secreto (no divulgando información relevante, exigiendo la firma de acuerdos de confidencialidad, etc.) y divulgarla una vez que dicho desarrollo esté realizado. Si anunciamos la idea innovadora antes de que la 'app' esté terminada, corremos el riesgo de que un competidor con más recursos acceda antes al mercado.

Quizá, de entre todos estos activos, la marca es el más importante, sobre todo por la necesidad de diferenciarse en un mercado inmenso (sólo en la App Store de Apple – con la que, por cierto, al ser ciertamente genérica, ha tenido problemas de marcas la empresa de Cupertino - hay más de 1.200.000 aplicaciones móviles que competirán con la nuestra). En muchas ocasiones, los emprendedores deciden apostar por denominaciones genéricas o descriptivas de su producto para ayudar a su posicionamiento (SEO o SEM), sin caer en la cuenta de que difícilmente van a poder distinguir su producto del de sus competidores (por ejemplo, en Google Play hay una decena de aplicaciones que se denominan “avisador” o “detector de radares”).

Por ello, es fundamental que el emprendedor apueste por una denominación que le pueda distinguir en el mercado y que sea lo más arbitraria y 'de fantasía' posible (es decir, que no signifique nada y que no existiese anteriormente, como WhatsApp o Spotify). Además, deberá comprobar si dicha denominación está disponible en la Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM (para una marca nacional) - o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI (para una marca comunitaria) -, ya que el registro es necesario como normal general para la protección de la misma.

Del mismo modo, como el núcleo del negocio será esa 'app' (la cual no deja de ser un 'software'), es muy importante también explotar de forma correcta dicho código informático y otros elementos creativos del mismo (fotografías, vídeos, gráficos, textos, etc.). A diferencia de las marcas, las obras literarias, artísticas o científicas no necesitan inscribirse en ningún registro para estar protegidas (aunque es recomendable en caso de plagio), sino que la Ley de Propiedad Intelectual las protege desde el mismo momento en el que son creadas. Así, el titular de derechos de esa imagen, código o interfaz gráfico, tendrá derechos exclusivos en todo el mundo, pudiendo exigir la paralización de cualquier uso no autorizado de sus obras.

Sin embargo, los problemas suelen estar aquí por una incorrecta cadena de cesiones de las obras creadas. Es frecuente que al desarrollar una aplicación, un joven emprendedor o una 'startup' tiren de amigos y contactos para realizar determinados elementos de la misma, pidiéndole a un conocido que escriba el código o parte del mismo, a otro el diseño gráfico y a un tercero la grabación de vídeos. Todo ello sin contrato, sin cesiones de derechos y, si no hay demasiado recursos, incluso sin retribuir. Por eso es importante saber que la Ley de Propiedad Intelectual exige que toda cesión de derechos se realice por escrito, ya que si no se cumple este formalismo, el emprendedor va a poder explotar dichas obras y prestaciones de forma limitada.

La innovación está en el ADN de los emprendedores y de los desarrolladores informáticos, pero no siempre lo está la protección de los activos intangibles que generan. Por eso, a la hora de desarrollar una 'app' para móviles o tabletas, es fundamental analizar cuestiones de propiedad intelectual, marcas, diseño industrial, patentes, secreto industrial y de protección de datos de carácter personal, para minimizar los riesgos legales y maximizar la rentabilización de la inversión realizada. Así, los cimientos del proyecto serán mucho más sólidos y su posible éxito será también mayor.

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