Ya han pasado algunos días desde que somos campeones del mundo y todavía me sorprende escribirlo. Campeones del mundo. Lo he dicho en voz alta varias veces, a solas, a ver si de tanto repetirlo me lo creía. Ganar. Hasta la palabra me suena rara: en este país aprendimos a pronunciarla bajito, no fuera a oírnos la mala suerte.

Y, sin embargo, lo importante no es que hayamos ganado. Es cómo.

De eso quería escribir. No del resultado, que se lo saben de memoria hasta las piedras, sino de la manera. Del modo en que ganan estos chicos, que no se parece a ninguno de los que yo conocía. Y del hombre que los dirige, que en esto tiene mucho que ver.

En el minuto 119, los míos, mis hijos, me agarraron del brazo. No dijeron nada.

Messi había levantado la cabeza en la banda derecha y en aquel segundo volvieron todos los fantasmas que ellos no conocen: esa costumbre nuestra de presentir la desgracia un minuto antes de que ocurra. El centro entró en el área. Cubarsí, diecinueve años, lo mandó a córner sin despeinarse, como quien retira un plato de la mesa.

Los míos me soltaron el brazo.

Yo tardé bastante más en volver.

Cuarenta días antes yo no le había dado la razón a Luis de la Fuente. España tiene cuarenta y nueve millones de seleccionadores y yo, aquel día, era uno más: discutí una lista, un once y un cambio con la autoridad moral de quien no ha entrenado en su vida ni al equipo del patio del colegio. Unos días después se la di. El domingo se la di del todo, y sin que me doliera, que es lo raro.

Perdóname, Luis. Prometo no volver a hacerlo.

Los dos sabemos que miento.

De la Fuente es un tipo tranquilo. Habla bajo y no necesita levantar la voz para que se le note el carácter, que lo tiene y mucho. Toma decisiones difíciles y las sostiene aunque medio país esté convencido de que se equivoca. Y luego resulta que no. Y encima no te lo restriega, que es una forma de elegancia bastante poco española y, desde el domingo, completamente española.

He pensado mucho en él estos días. En que un equipo termina pareciéndose a quien lo dirige. Estos chicos ganan como él gana: sin ruido, fiándose de lo trabajado, sin humillar a nadie y sin pedir perdón por hacerlo bien. La manera de ganar del entrenador se les ha metido en las piernas.

Porque yo aprendí a desconfiar. Crecí, en los ochenta y los noventa, viendo a la selección salir a los Mundiales pidiendo perdón por adelantado, con el complejo puesto como una camiseta interior que no te quitabas ni en agosto: a ver si no hacemos el ridículo, a ver si pasamos de cuartos, a ver si al menos competimos.

Y cuando llegaba la derrota, el consuelo: nos han robado.

Perder así tiene una comodidad enorme, porque si te roban no hace falta que mejores. Es la coartada perfecta. Uno se va a la cama ofendido, que duele menos que irse a la cama siendo peor.

Durante el Mundial le preguntaron a uno de estos chicos si de verdad se veían capaces de ganarlo. Contestó:

—¿Y por qué no?

A mí, que vengo de donde vengo, me pareció una temeridad. Ahora empiezo a pensar que era, simplemente, fe. Otra cosa que yo había desaprendido.

Ciento seis minutos

Vi la final en casa, con el Atlántico entero de por medio, mientras a nueve mil kilómetros el MetLife se llenaba de gente y de banderas. Empezó con luz y terminó de noche cerrada. La pasé de pie casi entera. Mi familia ya ni pregunta: aparta los muebles y me deja sitio.

En julio, con las ventanas abiertas, aquí uno no ve el partido: lo oye. Sabes lo que ha ocurrido por el grito del vecino antes de que la imagen llegue a tu televisor. Es un sistema de alerta temprana bastante fiable y malísimo para el corazón. El domingo, la isla entera funcionó como una sola grada mal sincronizada.

Pasaron ciento seis minutos hasta que ocurrió.

Ciento seis.

España había rematado unas veinte veces a puerta y Argentina ninguna, y aun así allí no entraba nada, y lo que había entrado lo habían anulado, porque Emiliano Martínez estuvo inexpugnable e insoportable hasta que dejó de ser lo primero. Rodri sostenía el partido desde el centro con esa cara de contable que le sale cuando la cosa se pone fea. Acabaron eligiéndolo mejor jugador del torneo, que es la manera elegante de reconocer que el hombre más importante del campo juega en el lugar donde casi nadie mira.

Dani Olmo insistía. Lamine Yamal volvía a intentarlo. Porro seguía recorriendo la banda como si todavía le quedaran piernas, que no le quedaban. Y en casa ya nadie hablaba.

Entonces llegó el gol.

No fue la genialidad solitaria de nadie, y quizá por eso se parece tanto a la España que me gusta.

Yamal vio un hueco donde yo solo veía piernas y no quiso rematar: la dejó corta. Porro cruzó el balón al otro lado del área después de llevar cien minutos subiendo y bajando esa banda. Nico llegó antes que el portero y tampoco quiso terminar la jugada: la bajó de cabeza. Y Ferran Torres, el discutido, el que este país llevaba meses debatiendo en todas las barras de bar de aquí a Fuerteventura, hizo lo más difícil y lo más sencillo: fiarse del trabajo de los otros y pegarle de primeras.

Sin pensarlo, porque si lo piensa no entra.

Minuto ciento seis.

Ninguno de los cuatro habría podido marcar aquel gol solo. Los cuatro juntos lo hicieron inevitable. Así es como ganaron: no marcó el mejor, marcó el último de una cadena en la que cada uno se había fiado del anterior y confíaba en el siguiente.

De lo que hice yo se acuerdan mejor en casa que yo mismo. Sé que grité. Sé que se me fue la voz en el grito y que al día siguiente hablaba como una puerta vieja. Y sé que los míos se rieron de mí un segundo antes de abrazarme, que es exactamente el orden correcto.

Nadie miró al árbitro

Hay un detalle de aquella noche que me ha dado más vueltas en la cabeza que el propio gol.

A España le anularon dos tantos en la final. Uno en el tiempo reglamentario y otro en el minuto 113, cuando Ferran ya lo estaba celebrando. Dos goles anulados en una final del mundo. En el país donde yo me crie, eso habría dado para tres semanas de tertulia, dos conspiraciones y un agravio histórico con derecho a monumento.

Y no pasó nada.

Ni brazos en alto, ni corrillo alrededor del colegiado, ni caras de mártir. Sacaron y siguieron jugando, como si aquello también formara parte del oficio.

Fue entonces cuando lo entendí. No es que estos chicos sean mejores que nosotros. Es que aprendieron otra manera de estar. No juegan contra el árbitro, ni contra la historia, ni contra todos los fantasmas que yo tenía sentados en el sofá.

Juegan contra el rival.

Que resulta ser, ahora que lo pienso, lo que había que hacer desde el principio.

Y ganan por ahí. No por tener más suerte ni menos enemigos, sino por gastar toda la energía en lo único que depende de ellos: el balón, el compañero, el minuto siguiente.

Cuando terminó el partido, los jugadores españoles hicieron pasillo a los subcampeones y los aplaudieron mientras recogían sus medallas. Ganar bien es también eso, lo que no aparece en ningún marcador: cómo tratas al que acaba de perder.

Al otro lado se eligió otra manera de estar en aquel escenario. No la voy a contar con detalle. Lo dejo ahí. Este artículo va de una sola cosa, y esa cosa es la manera.

Lo que no entienden los míos

Después, ya de madrugada, intenté explicarles a los míos por qué había sufrido de aquel modo. Les hablé de los cuartos de final, de las derrotas que convertíamos en agravios, de la costumbre de mirar al árbitro antes que a nosotros mismos, de aquella España que salía a competir pidiendo perdón.

Me escucharon con esa paciencia que se reserva a los padres cuando cuentan cosas de un país que ya no existe del todo.

Y entonces caí en la cuenta de que la mejor noticia de la noche no era que España hubiera ganado un Mundial.

Era que ellos no entendían por qué a mí me había parecido tan improbable.

En aquel campo había chicos de diecinueve, de veintitrés, de veinticinco años. Habían llegado desde lugares distintos, con acentos distintos, familias distintas y maneras distintas de entender el mundo. Algunos se arrodillaron sobre el césped para dar las gracias y después hablaron de su fe sin bajar la voz, con la naturalidad de quien nunca ha pensado que eso pudiera ser un problema. Otros no hicieron nada de aquello, y a nadie le pareció extraña ninguna de las dos cosas.

A ninguno le pidieron que dejara de ser quien era para jugar con los demás.

Solo que corriera por el de al lado. Que aceptara el golpe sin instalarse en la queja. Que confiara en que otro terminaría la jugada. Y que, cuando llegara el momento, no tuviera miedo.

Ahí estaba, ahora que lo veo escrito, casi todo lo que quiero de un país: equipo, trabajo, alegría y fe. Correr por el de al lado. Fiarse del de al lado. Celebrarlo con el de al lado. Y creer, contra todo pronóstico, que se puede.

A fuerza de oír todos los días que aquí no sabemos estar juntos, uno termina confundiendo el ruido con el país. Yo llevaba tiempo confundiéndolos.

El domingo, durante ciento veinte minutos, vi otra cosa: gente distinta por dentro, segura sin ser arrogante, competitiva sin vivir del agravio, capaz de fiarse del talento ajeno y de ganar sin necesidad de que nadie perdiera la dignidad.

Ganar así, resulta, no era una temeridad. Era, todo el tiempo, una manera.

No es una definición. Es apenas el país que quiero. La que me alegra, la que deseo, aquella en la que me gusta vivir y criar a los míos. Y ni siquiera sé si dura más que un verano.

Pero aquella noche, con las ventanas abiertas, los míos todavía agarrados a mi brazo y la isla entera gritando a destiempo, esa España estuvo jugando.

Y ganó.

La Palma se prepara para afrontar una de las principales renovaciones de su sistema eléctrico de las últimas décadas. La isla, cuya generación depende mayoritariamente de los combustibles derivados del petróleo, podrá incorporar nuevos grupos de producción para sustituir parte de los equipos más antiguos de la central térmica de Los Guinchos.

La actuación responde a un problema acumulado durante años. Buena parte de la electricidad que consumen los hogares, empresas y servicios públicos palmeros se produce en esta central mediante motores diésel. Algunos de esos grupos generadores superan los 50 años de antigüedad y continúan desempeñando un papel esencial en el suministro insular.

El mantenimiento ha permitido prolongar su funcionamiento, pero la edad de los equipos aumenta el riesgo de averías y reduce la capacidad de respuesta del sistema. En una red pequeña y aislada como la de La Palma, la parada repentina de uno de los principales generadores puede provocar desequilibrios y extender la incidencia al resto de la isla.

A diferencia de los sistemas eléctricos conectados a grandes redes continentales, La Palma debe producir dentro de su territorio toda la energía que consume. Cuando falla una unidad de generación, no puede recibir de forma inmediata electricidad de otra isla para compensar esa pérdida.

Esta situación ha convertido la renovación de Los Guinchos en una demanda planteada durante años por instituciones, sectores económicos y responsables del sistema eléctrico. La autorización de nuevos procedimientos para incorporar potencia firme abre ahora la posibilidad de reemplazar los grupos obsoletos y aumentar el margen de seguridad.

Nuevos grupos para garantizar el suministro

El Ministerio para la Transición Ecológica ha previsto para La Palma la incorporación de 52 megavatios de potencia firme con el horizonte de 2031.

La potencia firme es aquella que puede activarse cuando el sistema la necesita, con independencia de que haya viento o radiación solar. En el caso de La Palma, permitirá disponer de generación de respaldo cuando aumente el consumo, se produzca una avería o disminuya la producción de otras fuentes.

El procedimiento contempla la instalación de nuevos equipos, la modernización de instalaciones existentes y otras actuaciones destinadas a garantizar el suministro en los sistemas eléctricos no peninsulares.

La renovación permitirá sustituir motores con varias décadas de servicio por unidades de mayor eficiencia y fiabilidad. Los nuevos equipos necesitarán menos combustible para producir la misma cantidad de electricidad y ofrecerán una respuesta más rápida ante las necesidades de la red.

Sin embargo, durante los próximos años una parte importante de esta potencia seguirá dependiendo previsiblemente de combustibles fósiles. La renovación resolverá el problema inmediato de la antigüedad de los motores, aunque no eliminará la dependencia energética exterior de la isla.

Una batería para responder en segundos

Otra de las actuaciones previstas es la incorporación de una batería de emergencia vinculada al sistema eléctrico de La Palma.

Este tipo de instalación puede entregar energía a la red casi de forma instantánea cuando se produce la desconexión de un grupo generador. Su función principal será sostener el sistema durante el tiempo necesario para activar otros equipos y evitar que una incidencia puntual termine provocando un apagón general.

La batería también permitirá almacenar parte de la electricidad producida en momentos de menor consumo o de mayor generación renovable. Esa energía podrá utilizarse posteriormente, por ejemplo, durante la noche o en situaciones de mayor demanda.

No sustituirá a la central térmica ni podrá mantener por sí sola el suministro de toda la isla durante periodos prolongados. Su importancia reside principalmente en su velocidad de respuesta y en su capacidad para estabilizar la red durante los primeros momentos de una avería.

La ubicación prevista en el entorno de Los Guinchos facilitará su integración con la principal instalación de generación de la isla, aunque el proyecto deberá completar los correspondientes procesos administrativos, técnicos y de ejecución antes de entrar en servicio.

Una reactancia para controlar la tensión

La mejora del sistema incluirá también la instalación de una reactancia en la red eléctrica insular.

Aunque se trata de un equipo menos conocido que una batería o un generador, su función es relevante para mantener la estabilidad. La reactancia permite controlar la tensión y absorber determinados excesos que pueden aparecer en las líneas eléctricas.

En una red insular, donde las distancias, el tamaño del sistema y la distribución de la demanda condicionan el funcionamiento, las variaciones de tensión pueden afectar a la calidad del suministro. Este dispositivo ayudará a mantener los valores dentro de los límites necesarios para el funcionamiento seguro de la red.

La batería y la reactancia cumplirán funciones diferentes. La primera aportará energía y capacidad de respuesta rápida, mientras que la segunda actuará sobre la tensión y el equilibrio eléctrico. Ambas instalaciones se sumarán a la renovación de los grupos generadores y a las posibles mejoras de subestaciones y líneas.

Una red más preparada frente a los apagones

La combinación de nuevos grupos, almacenamiento y equipos de regulación debería aumentar la resistencia del sistema eléctrico palmero durante los próximos años.

Cuando un generador antiguo se avería, la red dispone actualmente de un margen limitado para compensar la pérdida. Con nuevos motores y una batería, la respuesta podrá producirse con mayor rapidez. La reactancia contribuirá, por su parte, a mantener estable la tensión durante el funcionamiento normal y ante determinadas incidencias.

Estas actuaciones no garantizan que nunca se produzcan cortes de suministro. Los apagones también pueden originarse por averías en líneas, subestaciones, sistemas de control u otros elementos de la red. No obstante, la renovación reducirá uno de los principales factores de riesgo: la dependencia de equipos que llevan más de medio siglo en funcionamiento.

La entrada en servicio de las nuevas instalaciones dependerá de que los proyectos anunciados completen su tramitación y se ejecuten dentro de los plazos previstos.

El reto de sustituir progresivamente los combustibles fósiles

La renovación de la central coincide con el debate sobre el futuro modelo energético de La Palma.

La isla necesita mantener suficiente potencia gestionable para garantizar el suministro, pero también debe aumentar la producción de origen renovable. La energía solar y la eólica pueden reducir el consumo de combustibles fósiles, aunque su producción varía en función de las condiciones meteorológicas.

Por este motivo, el desarrollo renovable deberá estar acompañado por sistemas de almacenamiento, mejoras en la red y tecnologías capaces de proporcionar electricidad cuando no haya sol o viento.

Entre las alternativas que se estudian se encuentra la geotermia. Esta tecnología aprovecha el calor del subsuelo y, en caso de confirmarse la existencia de un recurso viable, podría producir electricidad de manera continua.

La geotermia presenta una diferencia importante respecto a otras fuentes renovables: no depende de la radiación solar ni de las condiciones del viento. Por ello, podría aportar generación renovable gestionable y reducir parte del funcionamiento de los motores térmicos.

Su posible desarrollo se encuentra todavía en una fase de investigación. Será necesario determinar la disponibilidad del recurso, su viabilidad económica y sus efectos ambientales antes de plantear una explotación comercial.

Sustituir generación, no solo añadir potencia

Los nuevos grupos de Los Guinchos garantizarán el suministro mientras avanza la incorporación de energías renovables. La planificación energética deberá determinar durante cuánto tiempo continuarán funcionando y qué parte de su producción podrá ser sustituida por otras fuentes.

El objetivo técnico es que la energía solar, la eólica, el almacenamiento y, en su caso, la geotermia reduzcan progresivamente las horas de funcionamiento de los motores que utilizan combustibles fósiles.

La incorporación de renovables sin una reducción equivalente de la generación térmica aumentaría la potencia total disponible, pero mantendría la dependencia del petróleo. Por ese motivo, la evolución del sistema no se medirá únicamente por el número de nuevas instalaciones, sino también por la disminución del combustible utilizado para producir electricidad.

La Palma afronta así dos procesos simultáneos. El primero es inmediato: sustituir equipos obsoletos y reforzar la red para reducir el riesgo de apagones. El segundo se desarrollará a más largo plazo: transformar un sistema basado casi por completo en combustibles fósiles en otro con una mayor participación de fuentes renovables.

La ejecución de los proyectos previstos durante los próximos años determinará el ritmo de esa transformación y la capacidad de la isla para disponer de un suministro más seguro y menos dependiente del petróleo.

Mira, chaval: tú ves a España en una final del Mundial y probablemente piensas que esto es normal, que venía instalado de fábrica, como el wifi o la cámara del móvil. Pero no.

Durante muchos años, la selección española llegaba a los cuartos de final con la misma tranquilidad con la que uno entra en la consulta del dentista: sabiendo que aquello iba a doler y que, además, alguien acabaría diciendo “abre un poco más”.

Antes de 2010, España había disputado cuatro eliminatorias de cuartos en un Mundial (1934, 1986, 1994 y 2002) y había perdido las cuatro. Cuatro de cuatro. Una eficacia extraordinaria, aunque aplicada exactamente a lo que no convenía. La única excepción histórica era el cuarto puesto de 1950, pero aquel Mundial se decidió mediante una liguilla final, porque hasta los formatos conspiraban para impedirnos presumir de semifinal.

Yo aprendí a ver a la selección con el freno de mano puesto. Nunca celebraba un gol inmediatamente. Primero miraba al árbitro. Después, al juez de línea. Luego, al marcador. Y, si todo parecía correcto, esperaba unos segundos por si aparecía alguna autoridad internacional para comunicarnos que habíamos sido eliminados por defecto administrativo.

Crecí escuchando historias de desgracias futbolísticas como otros escuchaban cuentos de miedo. Algunas incluso me las contaron porque no había nacido o era demasiado pequeño.

Por ejemplo, el fallo de Julio Cardeñosa contra Brasil en 1978. El portero estaba batido, la portería parecía tan vacía que se podía alquilar como apartamento turístico y, aun así, el defensa Amaral terminó sacando el balón. España empató 0-0 y quedó eliminada en la primera fase.

Yo no la vi en directo, pero la heredé. En España, las frustraciones futbolísticas pasaban de padres a hijos junto con los apellidos, la vajilla buena y la frase “apaga la luz, que parece que somos ricos”.

En México 1986 llegó el gol de Míchel contra Brasil. El balón golpeó en el larguero, botó dentro y salió. Entró unos veinte centímetros, pero el árbitro y el juez de línea debían de estar mirando una nube especialmente interesante. España perdió 1-0. No fue un gol fantasma: el gol existió; los fantasmas eran los que decidían.

Aquel equipo se levantó, destrozó 5-1 a Dinamarca con cuatro goles de Butragueño y nos hizo pensar que, esta vez sí, habíamos engañado al destino. Craso error. Al destino español de entonces no se le engañaba: llevaba gabardina, una carpeta llena de desgracias y siempre encontraba nuestra dirección.

En cuartos apareció Bélgica. Empatamos 1-1 y llegamos a los penaltis. Eloy Olaya lanzó el segundo de España, le pegó mal y Jean-Marie Pfaff lo detuvo. Fue el único fallo de toda la tanda; Bélgica ganó 5-4. Eloy tenía 22 años y se pasó décadas viendo repetida aquella patada, una condena que hoy habría incluido, además, tres millones de memes antes de llegar al vestuario.

En Estados Unidos 1994 nos esperaba Italia. Perdimos 2-1 en cuartos y nos quedó para siempre la imagen de Luis Enrique sangrando después de que Mauro Tassotti le rompiera la nariz de un codazo dentro del área. El árbitro, Sándor Puhl, no señaló penalti. No había VAR, ni revisión, ni cámara superlenta, ni un señor explicándolo con flechas de colores. Había sangre, indignación y un vuelo de regreso.

Y después llegó Corea del Sur en 2002. Gamal Al-Ghandour quedó para siempre como el rostro de aquella pesadilla, aunque conviene ser precisos: buena parte de los errores más graves fueron de sus asistentes. Dos goles anulados, fueras de juego imaginarios y aquel centro de Joaquín que supuestamente había salido antes de que Morientes marcara. La pelota no había salido, pero nosotros sí: 0-0 y derrota por 5-3 en los penaltis. Así era nuestra relación con los Mundiales. Nos eliminaba un delantero, un portero, un árbitro, un linier, un poste o una interpretación creativa de las leyes de la física. El método cambiaba; el avión de vuelta era el mismo.

Hasta que llegó Luis Aragonés. El Sabio de Hortaleza no se limitó a cambiar futbolistas o a dibujar un sistema en una pizarra. Nos cambió la cabeza. Convenció a sus jugadores, y terminó convenciéndonos también a nosotros, de que España no tenía que pedir permiso para ser campeona. Luis resumía el fútbol con una frase que parecía sencilla, pero que para nosotros era casi una revolución: “Ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Eso es el fútbol”. Y eso hizo su selección.

En la Eurocopa de 2008 eliminamos a Italia por penaltis en cuartos. Precisamente a Italia. Precisamente por penaltis. Precisamente en cuartos. No fue solamente una victoria. Fue una puerta abriéndose. Fue el momento en que dejamos de pensar que la desgracia era una obligación reglamentaria. El Sabio nos enseñó a ganar; Vicente del Bosque recogió aquella herencia y la llevó hasta el lugar que durante décadas había parecido imposible.

Sudáfrica. Matemáticamente, la maldición murió cuando Villa marcó contra Paraguay en los cuartos del Mundial de 2010. Emocionalmente, la enterró Andrés Iniesta. Fue el 11 de julio, en Johannesburgo, contra Países Bajos. Minuto 116 de la prórroga. Cesc encontró a Iniesta, Iniesta controló y, durante un instante, el país entero dejó de respirar. Yo también. Después remató. El balón entró y salieron de nosotros décadas enteras de frustración. Salieron Cardeñosa, Eloy, Tassotti, el gol de Míchel, las banderas de Corea y todos aquellos cuartos de final que nos habían enseñado a esperar siempre la desgracia.

Aquel gol no entró solamente en la portería de Stekelenburg. Entró en nuestras casas, en nuestra memoria y en una parte muy profunda de nosotros mismos. Yo grité como si hubiera empujado el balón desde el salón. Creo que todos sentimos que habíamos puesto un poco de nuestra fuerza en aquel remate. Por eso aquel gol significó tanto para mi generación y para las anteriores. No era solamente ganar una copa. Era descubrir que el desastre no era inevitable. Era comprender que nosotros también podíamos llegar hasta el final. Que también podíamos levantar la cabeza, mirar al mundo a los ojos y decirle que habíamos venido para quedarnos.

Tus generaciones han crecido de otra manera. Habéis visto ganar Eurocopas, habéis visto a Nadal conquistar Roland Garros tantas veces que parecía tener allí el domicilio fiscal y habéis visto a los pilotos españoles dominar las motos como si las carreteras del mundo fueran una prolongación de Jerez. Para vosotros, ganar no es una aparición paranormal. Es una notificación en el móvil.

Pero el fútbol es algo más. De verdad que lo es. Con muchos jóvenes me cuesta encontrar un primer tema de conversación. Ellos hablan con palabras que yo finjo comprender y yo cuento historias que para ellos sucedieron aproximadamente durante el Imperio romano. Son muchos años de distancia. No siempre es fácil que ellos me entiendan o que yo los entienda a ellos. Sin embargo, basta con decir “¡qué barbaridad Cucurella!”, “¡cómo juega Lamine Yamal!” o “¡qué clase tiene Pedri!” y aparece un idioma común. Rodri, Oyarzabal, Dani Olmo, Porro… Son nombres, sí, pero también son un código compartido. Durante noventa minutos desaparecen los años que nos separan. El fútbol nos permite encontrarnos en un lugar donde todos tenemos la misma edad.

Y ayer volvió a ocurrir. España jugó su mejor partido de este Mundial contra una Francia gigantesca. Una selección con Mbappé, Dembélé, Olise y compañía: una alineación que, leída en voz alta, podía subirte la tensión, que da miedo.

Pero España le dio un baño de fútbol, de inteligencia y de personalidad. Oyarzabal abrió el marcador de penalti en el minuto 22, después de que Lamine se anticipara a Digne. Pedro Porro hizo el 2-0 en el 58 tras combinar con Dani Olmo. Unai Simón estuvo seguro; Cubarsí y Laporte parecían llevar una orden judicial que impedía acercarse al área; Cucurella convirtió su banda en propiedad privada; y Rodri, Fabián y Olmo administraron el centro del campo como si Francia necesitara cita previa.

Mbappé y Dembélé buscaron su sitio durante todo el partido. Sospecho que todavía están rellenando el formulario. Francia solamente consiguió dos disparos a puerta. España no ganó escondiéndose, resistiendo o pidiendo la hora. Ganó jugando, mandando y creyendo. Ganó como ganan los equipos que saben quiénes son.

Dieciséis años después, volvemos a una final. Mientras cuento esto todavía no sé si el rival será Argentina o Inglaterra. Tampoco sé si ganaremos. Bueno, saberlo no lo sé. Pero decir que vamos a ganar, lo digo desde ya. No porque pueda conocer el futuro, sino porque después de tantos años esperando la desgracia, el optimismo también es una forma de justicia.

Tú quizá veas solamente otro gran partido. Yo veré también a Cardeñosa delante de aquella portería, a Míchel contemplando un gol que entró y no existió, a Eloy caminando después de su penalti, a Luis Enrique con el rostro ensangrentado y a Iniesta esperando que el balón bajara. Veré al Sabio de Hortaleza recordándonos que esto consiste en ganar, ganar y volver a ganar. Veré a quienes lo intentaron, a quienes se fueron sin verlo y a quienes nos enseñaron a levantarnos después de cada derrota.

Y después te miraré a ti. Porque algún día serás tú quien le cuente esta historia a otro joven. Le hablarás de Lamine, de Cucurella, de Pedri, de Rodri, de Olmo, de Oyarzabal y de Porro. Le contarás dónde estabas y con quién abrazaste aquella noche. Así funciona el fútbol.

La memoria pasa de una generación a la siguiente hasta que deja de pertenecer a alguien y empieza a pertenecernos a todos. El domingo no saldrán al campo solamente once futbolistas. Con ellos saldrán nuestros padres, nuestros hijos y todos los que alguna vez creímos cuando parecía absurdo creer. Saldrá la generación que sufrió, la que aprendió a ganar y la que ahora se atreve a mirar de frente a la historia. Detrás llevaremos casi un siglo de memoria. Delante tendremos un rival. Y sobre el pecho, una estrella que nos recuerda que los imposibles también pueden ser derrotados.

No iremos a Nueva York, bueno, a Nueva Jersey, pero no estropeemos ahora el momento con la geografía, solo para disputar una final. Iremos con la ilusión de ganarla y con la lección del Sabio bien aprendida: creer, competir y volver a intentarlo. Esta España ya no juega pendiente de la desgracia, sino confiada en lo que sabe hacer. Sea quien sea el rival, saldrá a buscar la segunda estrella con la memoria de quienes abrieron el camino y la alegría de quienes hoy pueden vivirlo sin miedo. Nos vemos en Nueva York. A ganar, sí, pero también a compartir otra de esas noches que, con los años, terminan convirtiéndose en una historia que alguien vuelve a contar.

La Palma podrá contar con baterías de emergencia conectadas a la red eléctrica para responder con rapidez ante fallos de generación y reducir el riesgo de nuevos ceros energéticos. La isla, dicho con prudencia y algo de literalidad, se pone las pilas.

El cambio llega con el Real Decreto-ley 18/2026, en vigor desde el 1 de julio, que abre por primera vez una vía específica para instalar baterías como medida de emergencia en los sistemas eléctricos no peninsulares. La clave está en la llamada reserva rodante: la capacidad que necesita una red para reaccionar cuando una central se cae, una turbina dispara o la demanda cambia de golpe. En una isla aislada, esos segundos pueden separar un incidente técnico de un apagón general.

Hasta ahora, el marco legal permitía medidas extraordinarias para garantizar el suministro, pero estaba pensado sobre todo para grupos de generación convencional. Las baterías, aunque útiles, no encajaban bien en la arquitectura administrativa. No eran una central al uso, no producían energía primaria y su valor principal no estaba en vender electricidad, sino en estar disponibles cuando el sistema se tambalea. En España, como se sabe, una tecnología puede estar madura y aun así esperar años a que alguien le encuentre casilla en el formulario.

La nueva norma corrige ese vacío. Si el operador del sistema acredita falta de reserva en una isla y advierte de riesgo para el suministro, la comunidad autónoma podrá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica el reconocimiento parcial de los costes de instalación. El Estado podrá cubrir hasta el 25% de la inversión. El 75% restante deberá asumirlo la comunidad autónoma, con fondos propios o europeos.

El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que trabaja en una convocatoria para La Palma, con una estimación inicial de 16 megavatios y dos horas de almacenamiento. No es una cifra menor para un sistema insular pequeño, pero tampoco debe confundirse con una solución total. Las baterías no generan energía: la almacenan y la entregan en el momento crítico. Su fuerza está en la velocidad, no en sustituir al conjunto del sistema.

La urgencia no es teórica. El apagón total del 10 de junio de 2025 dejó sin suministro a más de 50.000 puntos en la isla tras el fallo de una turbina. El episodio volvió a mostrar la fragilidad de una red pequeña, aislada y con poco margen de maniobra. En la Península, una avería puede compensarse con otras centrales y líneas de apoyo. En La Palma, cuando falta generación suficiente, no hay una gran red detrás que venga al rescate.

Por eso las baterías pueden mejorar mucho la seguridad del suministro. Pueden aportar respuesta inmediata, estabilizar la frecuencia, evitar cortes en cascada y dar tiempo a que entren otros recursos. No harán milagros, pero en electricidad un margen de segundos puede valer más que muchas promesas a largo plazo.

El problema de fondo, sin embargo, seguirá ahí. La Palma necesita renovar o sustituir grupos de generación envejecidos, reforzar la red, aumentar el peso de la solar y la eólica, desplegar almacenamiento ordinario y planificar con seriedad el posible papel futuro de la geotermia. Las baterías de emergencia son un colchón, no un colchón y la cama entera.

Durante años, el bloqueo ha sido menos tecnológico que legal y económico. Las baterías existen, funcionan y cada vez son más competitivas. Lo que faltaba era decidir cómo se pagaba un servicio que se nota sobre todo cuando evita un desastre. Es el viejo problema del seguro: parece caro hasta que hace falta. El nuevo decreto no elimina el coste, pero establece una vía clara para justificarlo, financiarlo y ponerlo en marcha.

La medida también revela una cuestión más amplia sobre la transición energética en Canarias. No basta con instalar renovables. En sistemas insulares, la energía limpia necesita flexibilidad, almacenamiento y respaldo. Más placas y molinos ayudan a reducir combustibles fósiles; más almacenamiento permite que esa electricidad sea, además, más estable y aprovechable.

La Palma no va a resolver sus apagones solo con baterías, pero sí puede reducir su vulnerabilidad. Si se instalan bien, se conectan donde toca y se coordinan con el operador del sistema, darán a la isla una defensa rápida frente a incidentes que hasta ahora podían terminar en oscuridad general.

Después de años de expedientes, averías y discusiones sobre competencias, el avance no es menor. Las baterías dejan de ser una buena idea sin encaje legal y pasan a ser una herramienta reconocida para proteger el suministro. No es el final del problema eléctrico de La Palma. Pero sí puede ser el principio de una red con más reflejos.

El futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV), con sede principal en La Palma y apoyo científico en Tenerife, no está detenido porque falte dinero. Eso, al menos, no es hoy el principal problema: la partida de cinco millones de euros vinculada al proyecto figura en el marco presupuestario heredado de las cuentas del Estado de 2023 y, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el compromiso económico se mantiene. Lo que falta no es tanto el dinero como la fórmula para gastarlo sin que el expediente siga dando vueltas de despacho en despacho.

Más de un año después de que el Consejo de Ministros designara a La Palma sede física del futuro consorcio, dentro de una candidatura conjunta con Tenerife, el convenio que debe constituirlo formalmente sigue sin firma. El bloqueo tiene tres focos: el remanente presupuestario, el reparto de puestos en el consejo rector y el papel del Instituto Geográfico Nacional (IGN). A ellos se ha sumado, en los primeros días de julio, una disputa pública sobre si la financiación prometida se ha reducido en la práctica.

El proyecto prevé instalar su sede en una zona empresarial del municipio de El Paso, próxima a la colada del Tajogaite, con una segunda ubicación en la Casa Massieu, en el Valle de Aridane. La candidatura, impulsada conjuntamente por los cabildos de La Palma y Tenerife y respaldada por el Gobierno de Canarias, fue la única presentada y fue avalada por la comisión consultiva correspondiente. Tenerife acogerá una subsede de apoyo científico, apoyada en instituciones como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el supercomputador Teide, el CSIC y la Universidad de La Laguna.

La partida presupuestaria

La parte económica tiene menos misterio del que aparenta, aunque tampoco conviene despistarse. La partida está, no se ha gastado, y eso la convierte en una pieza que entra en la revisión de créditos no ejecutados de los ministerios. Cada verano, los departamentos revisan qué partidas no han usado, calculan el margen disponible y, hacia septiembre, valoran propuestas para reasignar remanentes a otros fines antes de que acabe el ejercicio.

Que una partida no ejecutada pueda ser revisada no significa que sea políticamente sencillo tocarla. Mover esos cinco millones a otro destino resultaría legalmente discutible según el trámite, administrativamente incómodo y políticamente costoso: la creación del CNV está asociada directamente a La Palma, a la reconstrucción posterior al Tajogaite y a una promesa institucional repetida por el Estado y por Canarias. Fuentes conocedoras de la negociación consideran que la partida es difícilmente desviable, no porque el dinero esté especialmente protegido, sino porque el coste político de reasignarlo sería alto. El Cabildo de La Palma ha denunciado retrasos y recortes, y el Gobierno de Canarias ha advertido de que el acuerdo debe quedar formalizado antes de final de año para evitar riesgos sobre los fondos.

El consejo rector y el reparto de puestos

El segundo nudo está en la gobernanza. El consejo rector del futuro consorcio se plantea con doce miembros: seis por la parte estatal y seis por la parte canaria. En el lado del Estado, el reparto está más encarrilado: la representación quedaría distribuida entre el Ministerio de Ciencia y organismos científicos y técnicos que ya participan o tienen funciones relacionadas con la vigilancia, la investigación o la gestión de riesgos, como el IGN, la AEMET, el CSIC y sus institutos especializados, el IGME o el IEO, además de la representación ministerial correspondiente.

El problema está en la otra mitad de la mesa. Canarias cuenta con seis puestos y más aspirantes que sillas: el Gobierno autonómico debe ordenar la presencia del Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el sector científico canario, la consejería competente en ciencia y las reclamaciones de Involcan, que lleva años defendiendo su papel en la vigilancia y la investigación volcánica en las islas.

La Palma reclama centralidad porque sufrió la erupción y porque la sede principal se le asignó formalmente. Tenerife defiende el peso de su ecosistema científico, con universidades, institutos y capacidades técnicas acumuladas durante años. Las universidades públicas reclaman presencia, los cabildos también, y la comunidad científica no quiere quedar al margen. Involcan considera necesaria una presencia clara de quienes llevan décadas trabajando sobre el terreno. El resultado es una negociación en la que ningún actor sobra, pero no todos caben en el reglamento del consejo rector.

El papel del Instituto Geográfico Nacional

El tercer bloqueo es más profundo y afecta al modelo del centro. El IGN, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mantiene hoy un papel central en la vigilancia volcánica, sísmica y geodésica: en virtud del Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, tiene atribuidas las competencias estatales en materia de vigilancia sísmica, volcánica y geodésica, que ejerce en el conjunto del territorio nacional, y su Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcánica y de otros Fenómenos Geofísicos fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de 2025 a propuesta de ese departamento. La dirección y coordinación de estos servicios corresponde a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con sede en Madrid.

La expectativa política en La Palma y en sectores del Gobierno canario era que el nuevo CNV no fuese solo una marca, sino una verdadera descentralización de capacidades hacia Canarias: que las decisiones y el trabajo técnico sobre volcanes se hicieran desde el territorio volcánico activo del país, y no a distancia. Ahí aparece la resistencia: el IGN no parece dispuesto a trasladar de forma significativa personal y funciones desde Madrid a La Palma o Tenerife.

Esa fricción se ha plasmado ya en el propio texto del convenio. Según ha explicado el Ministerio de Ciencia, el 20 de marzo de 2026 remitió al Gobierno de Canarias un borrador que retiraba de los objetivos del consorcio la función denominada “gestión integral del fenómeno volcánico”, por entender que esa expresión podía generar ambigüedad competencial y solaparse con funciones que la ley ya atribuye al IGN y a otros organismos estatales. El Gobierno canario no respondió hasta el 30 de junio, más de tres meses después, con una propuesta que insistía en mantener esa función dentro del futuro consorcio. Fuentes del Ministerio sostienen que la controversia responde a una cuestión de seguridad jurídica, ya que ningún convenio puede alterar competencias fijadas por ley, y no a una falta de voluntad política. En Canarias la lectura es distinta: el Cabildo de La Palma plantea la posición contraria, que sea el organismo que legalmente tiene atribuida la vigilancia volcánica el que se integre en la estructura canaria, de forma que la competencia se ejerza desde el propio territorio activo y no desde Madrid. El Cabildo de Tenerife se ha sumado a esa posición y ha calificado de preocupante cualquier intento de recentralizar la dirección científica del proyecto.

La preocupación de fondo es que el futuro consorcio nazca con sede física en Canarias pero con las palancas principales fuera. Nadie discute que el IGN cuente con experiencia, redes y personal cualificado; la cuestión es si el nuevo centro debe reforzar la presencia técnica en las islas o limitarse a coordinar desde allí lo que se decide en otro lugar.

Para evitar un choque frontal con la Relación de Puestos de Trabajo y con funcionarios que no desean trasladarse, se estudia una vía progresiva: vincular a La Palma y Tenerife las plazas nuevas que se vayan generando en los próximos años a medida que se extingan puestos por jubilaciones o vacantes en el IGN. Nadie tendría que mudarse por la fuerza, pero las nuevas incorporaciones podrían nacer ya con destino en Canarias. Es una solución más lenta y menos vistosa que una mudanza masiva, pero se considera más viable.

El precedente de la Agencia Espacial Española en Sevilla pesa en la conversación. Allí, el traslado de funciones y personal desde Madrid se encontró con resistencias, plazas no cubiertas y la necesidad posterior de convocar nuevos puestos. La experiencia sugiere que descentralizar organismos públicos no se resuelve solo cambiando la dirección postal en el BOE: exige mover talento, carreras profesionales, incentivos y estructuras, un proceso que, si no se hace bien, la sede llega antes que la plantilla, y eso es como inaugurar un observatorio sin telescopio: queda bonito, pero observa poco.

Una semana de reproches cruzados

El choque entre administraciones se ha intensificado en los primeros días de julio. El 1 de julio, el Cabildo de La Palma acusó al Gobierno de España de dilatar deliberadamente la firma del convenio y de reducir la sede canaria a una función administrativa sin capacidad real de decisión. Al día siguiente, el Ministerio de Ciencia respondió rechazando esa lectura y sosteniendo que es el Gobierno canario quien, al insistir en modificar el reparto de competencias, retrasa innecesariamente el acuerdo. Ese mismo día, fuentes parlamentarias de Coalición Canaria en el Congreso registraron una pregunta escrita al Ministerio de Ciencia, una proposición no de ley y una solicitud de comparecencia de la titular del departamento para que informe sobre el calendario de puesta en marcha del centro. Desde esa formación se ha recordado, además, que la actividad sísmica registrada en Tenerife durante 2026, sin implicar una erupción inminente, confirma que Canarias es un territorio volcánicamente activo que no puede permitirse más demoras en este ámbito.

Al día siguiente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática calificó la disputa de “artificial” y recordó que fue el propio Gobierno de España quien decidió ubicar el centro en Canarias, a petición del Gobierno autonómico durante la erupción del Tajogaite. Ese mismo día, la Presidencia del Gobierno de Canarias confirmó que continúan los intercambios de borradores entre las administraciones y que el Ministerio de Política Territorial se comprometió a revisar un informe técnico remitido esa semana por el Gobierno autonómico.

Qué queda por resolver

Está prevista para los próximos días una reunión, presencial o telemática, entre representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos de La Palma y Tenerife y los ministerios implicados. El objetivo declarado por el Gobierno de Canarias es formalizar el convenio antes de que finalice el año, tanto para evitar el riesgo de que los fondos comprometidos queden sin ejecutar como para resolver el reparto de sillas canarias y la transición de competencias con el IGN.

La salida pasa por ordenar las sillas canarias, asegurar que la partida presupuestaria no se toca y pactar con el IGN una transición realista pero efectiva hacia las islas. Sin imposiciones imposibles, pero también sin convertir la descentralización en una palabra decorativa. Canarias no pide un souvenir volcánico. Pide que el centro que se prometió tras el Tajogaite tenga contenido, personal, capacidad científica y arraigo territorial.

Porque si el único territorio español con vulcanismo activo no puede albergar de verdad el centro nacional que estudia los volcanes, habrá que reconocer que el problema no está bajo tierra. Está bastante más arriba, en los despachos.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de junio un anuncio que pasará desapercibido para la mayoría de los palmeros, pero que encierra una de las intervenciones más relevantes en la infraestructura eléctrica de la isla en las últimas décadas. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha abierto un período de información pública, treinta días hábiles a partir del 23 de junio, para la instalación denominada “Ampliación subestación Las Breñas 66 kV Nueva Reactancia 1”, una actuación promovida por Red Eléctrica de España con un presupuesto de 2.002.345 euros y emplazada en el término municipal de Breña Alta.

El proyecto (expediente AT26/008) fue visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife el 6 de mayo de 2026 y la solicitud formal de autorización se presentó ante el Gobierno de Canarias al día siguiente. A partir de ahí, el trámite habitual: información pública, alegaciones, evaluación de impacto ambiental ordinaria, a la que este proyecto está expresamente sometido, resolución de autorización, declaración de utilidad pública y, en su caso, expropiación. En este último punto, el anuncio del BOE ya identifica una parcela afectada de 133 metros cuadrados en Breña Alta, perteneciente a la mercantil Gestión de Promoción La Grama, Sociedad Limitada.

Pero vayamos a lo que importa: ¿qué es exactamente una reactancia y para qué sirve en una isla?

Un “tranquilizante” para la red

Una reactancia es, en términos sencillos, un componente eléctrico que no genera ni consume energía de forma útil, sino que la absorbe y la devuelve al sistema para regular la tensión. Si la red eléctrica fuera una autopista, la reactancia sería los quitamiedos: no lleva a ningún sitio por sí sola, pero evita que los coches, en este caso, la electricidad, salgan disparados fuera de la calzada cuando hay una curva brusca.

En un sistema aislado como el de La Palma, sin conexión por cable al resto del archipiélago ni a la Península, esta función es especialmente crítica. Cuando la demanda sube o baja de golpe, un gran consumidor que arranca maquinaria, una nube que tapa de repente una instalación fotovoltaica, un fallo parcial en la central, la tensión de la red puede oscilar de forma peligrosa. Esas oscilaciones dañan electrodomésticos, motores industriales y, en los casos más graves, pueden provocar cortes en cadena.

La reactancia proyectada en Las Breñas operará a 66 kilovoltios, que es el nivel de tensión de la red de transporte de la isla, la “autopista” eléctrica que distribuye la energía antes de que llegue a los transformadores de los barrios. Su función específica será absorber la llamada energía reactiva, un concepto técnico que hace referencia a la energía que circula por la red sin hacer trabajo útil pero que, si se acumula en exceso, eleva la tensión por encima de los límites seguros.

Por qué ahora

La Palma ha cambiado eléctricamente en la última década. La proliferación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, impulsadas, entre otros factores, por las ayudas europeas vinculadas a la reconstrucción tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021, ha modificado el comportamiento del sistema. Una red diseñada para fluir siempre en una sola dirección, de la central al consumidor, tiene que adaptarse ahora a un modelo en el que los propios consumidores inyectan energía en determinados momentos del día. Ese cambio, beneficioso desde el punto de vista medioambiental, introduce nuevas tensiones, en el sentido literal del término, que hay que gestionar.

La reactancia no es una respuesta aislada a este problema. Es una pieza de un rompecabezas mucho mayor. En mayo de 2024 se publicaron en el BOE los proyectos de la nueva subestación de Las Breñas, con un presupuesto de 5,1 millones de euros y doce posiciones de interruptor de alta tecnología tipo GIS, y de las nuevas líneas subterráneas y aéreas de 66 kilovoltios que conectarán esa subestación con la central de Los Guinchos. En marzo de ese mismo año ya se había autorizado y declarado de utilidad pública la ampliación de la propia subestación de Guinchos. Y ahora llega la reactancia. Son piezas del mismo tablero.

Todos estos proyectos están recogidos en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022. En julio de 2025, ese mismo Consejo de Ministros aprobó modificaciones adicionales al plan que incorporan diez reactancias en el conjunto del sistema español, dos de ellas en Canarias, reconociendo expresamente que la estabilización de la tensión se ha convertido en uno de los grandes retos de la transición energética en sistemas insulares.

Lo que esta instalación no hace

Conviene ser precisos. Una reactancia no genera electricidad. Si los motores de la central térmica de Los Guinchos fallan, o si hay un corte en alguna de las líneas principales, la reactancia no puede suplir esa carencia. No sirve para acabar con los apagones derivados de la falta de capacidad de generación o de averías en los grupos generadores. Su misión es más sutil: hacer que la red sea más robusta, que soporte mejor los cambios bruscos de demanda y que la tensión se mantenga dentro de los márgenes legales y técnicos que exige el suministro moderno.

En ese sentido, los ingenieros del sector eléctrico distinguen siempre entre dos tipos de problemas: los de generación, no hay suficiente energía para todos, y los de calidad de red, hay energía, pero llega mal, con tensión inestable o con perturbaciones. La reactancia de Las Breñas actúa sobre el segundo tipo, que es precisamente el que ha ido ganando protagonismo en La Palma a medida que se moderniza su parque generador y se incorporan fuentes renovables.

El largo camino administrativo

El anuncio del BOE abre un plazo de treinta días hábiles para que cualquier ciudadano o entidad presente alegaciones. El expediente puede consultarse, previa cita, en las oficinas de la Consejería de Transición Ecológica en la Avenida Francisco La Roche, número 35, planta séptima, en Santa Cruz de Tenerife, o bien descargarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias mediante los enlaces incluidos en el propio anuncio oficial.

Después vendrán la evaluación de impacto ambiental, obligatoria en este caso por mandato expreso de la ley, la resolución de autorización, la expropiación de los terrenos necesarios, la licitación de las obras y, por fin, la construcción. Un proceso que, en el mejor de los escenarios, rara vez se completa en menos de uno o dos años.

Dos millones de euros para hacer que la electricidad llegue de forma más estable a los hogares y empresas de La Palma. Un plazo de treinta días para que alguien presente una alegación. Y, a partir de ahí, la maquinaria administrativa canaria en pleno funcionamiento.

Así es la cosa, en La Palma como en cualquier parte.

Durante años, Puerto Naos ha vivido pendiente de un enemigo que no se ve. No tiene color, no hace ruido, no deja una marca directa en las fachadas. Pero condiciona cada puerta cerrada, cada local sin abrir, cada vivienda a la que se vuelve con prudencia o a la que todavía no se puede volver. El dióxido de carbono de origen volcánico ha sido, desde la erupción del Tajogaite, una de las heridas más persistentes de La Palma: una amenaza silenciosa que no destruyó las casas, pero sí suspendió su uso.

La novedad es que, por primera vez, el relato empieza a cambiar de verbo. Durante mucho tiempo, la palabra principal fue medir. Medir concentraciones. Medir oxígeno. Medir riesgos. Medir, en definitiva, para decidir si una zona podía abrirse o debía seguir cerrada. Ahora aparece otra palabra: extraer. No esperar a que el gas desaparezca, sino intervenir sobre el camino que sigue desde el subsuelo hasta los edificios.

Eso es lo que ha ensayado el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, en un edificio piloto de la calle Guzmán Pérez Pérez, número 3, en Puerto Naos. La idea parece sencilla cuando se cuenta, pero no lo es: crear una depresión controlada bajo el edificio para que el gas deje de entrar por donde no debe y salga por donde se le ordena. En vez de permitir que el CO₂ encuentre fisuras, cámaras, garajes o plantas bajas, se le ofrece una vía preferente, captada mediante arquetas de succión y conducida al exterior hacia una zona no habitada.

La técnica no nace de la improvisación. Procede de la experiencia acumulada en la mitigación del radón, otro gas del terreno que plantea problemas de salubridad en edificios. El salto de La Palma consiste en aplicar esa lógica constructiva, ya contrastada en otro ámbito, a un escenario volcánico singular: no un gas radiactivo que se infiltra de forma difusa en una vivienda, sino un flujo de CO₂ post-eruptivo, persistente, irregular y condicionado por un subsuelo que mezcla coladas, rellenos, excavaciones y fracturas.

El responsable científico que está dando forma a esta solución es Borja Frutos Vázquez, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en habitabilidad, salubridad y protección frente al radón en la edificación. Frutos pertenece al Instituto Eduardo Torroja, dentro del grupo de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, y su perfil explica bien por qué esta actuación es distinta. No se trata solo de volcanología, ni solo de emergencias, ni solo de arquitectura. Está justo en la intersección: cómo se comporta un gas en el terreno, cómo entra en una construcción y cómo puede modificarse el edificio para que deje de ser una trampa.

El sistema instalado en Puerto Naos tiene una escala casi doméstica si se compara con la magnitud del problema. Cuatro arquetas de succión bajo la losa del garaje. Dos extractores de 80 vatios. Una tubería exterior que, de forma provisional, evacua el gas hacia Playa Chica, en un punto no habitado. Nada en esa descripción suena grandilocuente. Y, sin embargo, ahí está precisamente la fuerza del ensayo: con una intervención relativamente contenida, diseñada tras ensayos de conectividad y permeabilidad del terreno, se ha conseguido alterar el comportamiento del gas no solo dentro del edificio tratado, sino también en el entorno.

Los resultados conocidos son relevantes. La reducción de CO₂ en el edificio piloto y en inmuebles colindantes se sitúa entre el 80% y el 90%. En edificios situados hasta unos 50 metros, los descensos rondan el 40% o el 50%. La cifra importa por dos razones. La primera es obvia: bajar esas concentraciones acerca la posibilidad de recuperar espacios. La segunda es más interesante: el sistema estaba pensado para actuar sobre un edificio, no sobre una pequeña porción urbana. Que su efecto se extienda decenas de metros sugiere que el subsuelo de Puerto Naos no se comporta como una suma de parcelas aisladas, sino como una red de caminos preferentes.

Esa conclusión obliga a una lectura prudente, pero optimista. Prudente, porque el terreno volcánico no es homogéneo. Donde hay una colada, un relleno, una excavación antigua o una discontinuidad, el gas puede circular de manera distinta. Un mismo sistema puede funcionar de forma excelente en un punto y de manera más limitada en otro. Optimista, porque por primera vez hay una herramienta que no se limita a convivir con el problema, sino que lo modifica.

La actuación tiene además un valor político y social que conviene no esconder. Puerto Naos y La Bombilla no son solo dos lugares afectados por un fenómeno físico. Son comunidades interrumpidas. Detrás de cada sensor hay una familia, un negocio, una comunidad de propietarios, un garaje, una farmacia, un restaurante, una persiana que quizá pueda volver a levantarse. La ciencia, en este caso, no opera en un laboratorio abstracto. Opera bajo el suelo de una calle concreta, en una isla concreta, con vecinos que llevan años aprendiendo una palabra, ppm, que nunca debieron necesitar.

Ahí entra también la coordinación institucional. El proyecto cuenta con la financiación del Instituto Geográfico Nacional y del Cabildo de La Palma, y se desarrolla en un marco de cooperación con el Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma, encabezado por Héctor Izquierdo Triana. Lo importante no es solo que participen varias administraciones, sino que cada una aporte una pieza diferente: vigilancia científica, emergencia, ingeniería, conocimiento constructivo, financiación y capacidad de convertir un piloto en una actuación replicable.

El Comisionado ha insistido en una idea que merece atención: La Palma puede convertirse en un referente internacional en la gestión de emergencias volcánicas si logra transformar una crisis prolongada en conocimiento útil. La frase podría sonar solemne si no hubiera detrás datos, sensores, tuberías y vecinos esperando. Pero los hay. La isla ya dispone de una red densa de vigilancia de gases, con sensores interiores y exteriores, protocolos de respuesta y seguimiento continuo. El paso que ahora se ensaya es el siguiente: de la vigilancia a la mitigación activa.

Ese cambio es decisivo. Monitorizar sirve para saber dónde estamos. Mitigar sirve para movernos. Durante años, el gran avance consistió en saber con más precisión qué viviendas podían usarse y cuáles no. Ahora la pregunta cambia: qué se puede hacer para que una vivienda deje de estar afectada. Es una diferencia pequeña en apariencia y enorme en la práctica. La primera pregunta clasifica el daño. La segunda intenta repararlo.

La solución global, sin embargo, no será tan simple como multiplicar por cien el sistema piloto. El propio diseño técnico apunta a una estrategia más compleja: analizar cada edificio, adaptar la solución a su cimentación y a su contacto con el terreno, crear una red exterior de colectores y conducir el gas hacia zonas no habitadas. Después vendrá otra cuestión, todavía más ambiciosa: qué hacer con ese CO₂. Las opciones van desde la dilución controlada hasta posibles usos industriales o sistemas de purificación. La imagen final se parece menos a un remedio provisional y más a una infraestructura urbana subterránea, pensada para convivir con una desgasificación que puede durar años.

La licitación de una nueva intervención de succión en Playa Chica, una de las zonas de mayor afección, será una prueba importante. Si confirma los resultados, Puerto Naos pasará de tener un éxito localizado a disponer de un modelo técnico. Y un modelo técnico, cuando funciona, permite planificar: dónde perforar, cuánto extraer, cómo canalizar, qué zonas priorizar, qué edificios recuperar antes y con qué garantías.

Conviene, aun así, evitar dos errores. El primero sería presentar esta actuación como una varita mágica. No lo es. Los gases volcánicos siguen ahí, el origen profundo del CO₂ no desaparece porque se instale un extractor, y la seguridad debe seguir dependiendo de datos continuos y criterios de salud pública. El segundo error sería minimizar el avance. Porque en una crisis larga, donde cada demora desgasta la confianza, demostrar que una intervención física reduce el problema es mucho más que un buen resultado técnico. Es una señal de dirección.

La ciencia pública suele ser menos vistosa que la catástrofe. No tiene la fuerza visual de una colada avanzando ni la épica inmediata de una evacuación. Trabaja después, cuando las cámaras se han ido y quedan los problemas difíciles: los que no se resuelven con una obra rápida ni con una declaración optimista. En Puerto Naos, el Instituto Eduardo Torroja está haciendo precisamente eso: convertir conocimiento acumulado en una solución concreta para un lugar concreto.

La Palma no necesitaba otra promesa. Necesitaba una técnica que pudiera medirse. Y eso es lo que empieza a tener. Cuatro arquetas, dos extractores, una tubería y una idea poderosa: si no podemos impedir que el volcán respire bajo tierra, al menos podemos aprender a conducir ese aliento lejos de las casas. A veces, la reconstrucción no empieza levantando muros, sino cambiando la presión del aire bajo nuestros pies.

En Santa Cruz de La Palma, durante dos días de mayo, el vocabulario habitual de la energía cambió de registro. Nada de placas solares, molinos, facturas o apagones. Las jornadas sobre geotermia celebradas en el Espacio Cultural CajaCanarias pusieron en el centro una palabra antigua y casi volcánica: calor. No el del verano ni el de una caldera, sino el calor profundo de la isla: ese que no se ve, no hace ruido y, si se encuentra en las condiciones adecuadas, puede convertirse en electricidad estable a cualquier hora del día.

La imagen más eficaz no fue una diapositiva. Fue una idea: Canarias puede dejar de mirar al petróleo que llega en barco y empezar a mirar al suelo que pisa. Pero conviene no confundir esperanza con propaganda. La geotermia no es magia; es ciencia, ingeniería, dinero, permisos, riesgo geológico y paciencia administrativa. Es, en términos más sencillos, intentar acertar dónde late una vena caliente a dos o tres kilómetros bajo una montaña. Si se acierta, la isla gana una fuente de energía firme. Si se falla, el agujero cuesta millones y no produce nada.

Una postal limpia con motor de gasoil

Canarias lleva décadas viviendo una contradicción difícil de explicar. Tiene sol, viento, volcanes y una conciencia ambiental creciente, pero su sistema energético sigue atado a combustibles fósiles importados. Joaquín Gurriarán, director de DISA Renovables, puso sobre la mesa el número que resume el problema: el archipiélago depende todavía en torno a un 80% de energía fósil. En 1990 las islas emitían aproximadamente nueve millones de toneladas de CO₂; hoy rondan los 13 millones. El discurso habla de transición; la realidad física sigue llegando al muelle en forma de combustible.

En electricidad algo se ha avanzado, pero la distancia con la Península sigue siendo enorme. Red Eléctrica situó la cuota renovable canaria en 2025 en el 22,7%, frente al 55,5% del conjunto de España. La diferencia no es un matiz estadístico: es la distancia entre un sistema que puede apoyarse en una red continental y otro formado por islas eléctricas pequeñas, frágiles y caras de gestionar. La Palma, además, fue en 2024 una de las islas con menor proporción de generación renovable del archipiélago.

Ahí aparece la geotermia como pieza de otro tipo. Una placa solar trabaja cuando hay sol; un aerogenerador, cuando hay viento. La geotermia, si el yacimiento responde, puede trabajar las veinticuatro horas. No viene a sustituir a la fotovoltaica ni a la eólica; viene a darles estabilidad y completar una arquitectura energética que hoy sigue siendo rehén del barco de combustible.

El primer pinchazo: Vilaflor

La intervención más esperada fue la de Gurriarán, y su valor no estuvo solo en lo que contó sino en el momento: por primera vez Canarias no hablaba de geotermia profunda como posibilidad futura, sino como obra en marcha. En Vilaflor, Tenerife, la perforación ya está en curso con el objetivo de alcanzar unos tres kilómetros de profundidad para comprobar si existe agua y temperatura suficientes para producir electricidad. La meta técnica mínima se sitúa por encima de 150 grados, aunque la rentabilidad mejora notablemente cuando el recurso se acerca a los 250.

Los números dan una idea del tamaño de la apuesta. Cada sondeo puede rondar los diez millones de euros, y la movilización inicial de maquinaria puede superar los dos millones. Cuando la perforadora está en obra, el coste operativo se aproxima a los 100.000 euros diarios. Una parada por un permiso que no llega o una pieza retenida en la aduana no es una molestia burocrática; es una factura capaz de comerse en una semana lo que un ayuntamiento pequeño invierte en varios proyectos. En esa dimensión se entiende por qué la geotermia profunda no despega solo con buenas intenciones.

El programa público de ayudas ha sido decisivo. El IDAE asignó a Canarias 106 millones de euros para impulsar los primeros sondeos de geotermia profunda en España. El ecosistema técnico del proyecto es internacional: empresas saudíes, británicas, supervisores de Nueva Zelanda, equipos islandeses. En la charla se habló de más de veinte nacionalidades operando alrededor de una misma perforación. La geotermia, vista desde fuera, parece un agujero en el suelo. Vista desde dentro, se parece más a una torre de control.

La técnica que lo hace posible es tan exigente como discreta. La broca tricónica no corta la roca como un cuchillo corta pan: la machaca y la desgasta mientras el sistema evacúa los materiales hacia la superficie. El sondeo de Vilaflor, según explicó Gurriarán, rondaba los 403 metros en el momento de las jornadas. La idea es bajar en vertical, proteger los acuíferos mediante encamisado y cementación hasta aproximadamente 1.100 metros, y después dirigir el pozo en diagonal hasta un kilómetro horizontal. No se trata de clavar una pajita recta en un vaso, sino de introducir una sonda que se desvía para buscar el punto exacto sin dañar lo que atraviesa.

La protección del agua fue uno de los asuntos más delicados de las jornadas. Cada sondeo puede necesitar hasta 40.000 metros cúbicos de agua para refrigerar y estabilizar el pozo. En una isla con estrés hídrico, esa cifra suena alarmante. DISA respondió que el sistema recupera y reutiliza buena parte del agua, e incluso afirmó devolver al sistema más de la consumida. Esa afirmación merece seguimiento y datos públicos. La dirección es correcta, pero no basta con decirlo: habrá que medirlo y publicarlo. Anécdotas contadas durante la charla ilustran la dificultad de la operación: una broca rota en los primeros 260 metros por la dureza del terreno; una pieza de diez kilos averiada que obligó a enviar a alguien a Italia a buscarla. En una obra que cuesta 100.000 euros diarios, una caja extraviada deja de ser una caja.

La Palma mira a 2027

Lo más importante para La Palma llegó casi como una fecha escrita en lápiz: si las previsiones se cumplen, DISA quiere empezar el primer sondeo en la isla durante el primer trimestre de 2027. Antes presentará los resultados de Tenerife. Después vendría La Palma, con el objetivo de tener datos suficientes para cumplir el calendario de las ayudas y presentar resultados en 2028.

Conviene decirlo con claridad para no fabricar frustración: esa fecha no significa que vaya a levantarse una central. Una cosa es perforar y otra muy distinta es explotar. Primero hay que demostrar que existen temperatura, agua, presión, permeabilidad y caudal suficientes. Luego viene tramitar, financiar, diseñar, conectar a red y fijar un régimen económico. El interés de La Palma, sin embargo, es evidente. Tras la erupción del Tajogaite, la isla conoce mejor que nadie la fuerza del subsuelo. La paradoja es casi literaria: lo que destruyó casas y fincas también recordó que bajo la isla hay energía. La geotermia no compensa una tragedia, pero puede convertir una herida geológica en una política de futuro.

Sodepal y el estetoscopio del subsuelo

El segundo protagonista de las jornadas fue Sodepal, la empresa pública del Cabildo de La Palma, que introduce una variable clave en el debate: el control público del conocimiento. Sodepal obtuvo derechos sobre 33 cuadrículas en zonas de alto interés científico, en los ámbitos de Mazo y Punta Sur, entre Villa de Mazo y Fuencaliente. En los últimos meses ha impulsado trabajos de exploración superficial para decidir dónde conviene arriesgar el sondeo.

La visita de campo del día 29 mostró una de esas estaciones magnetotelúricas en el Refugio de El Pilar. Para quien no esté familiarizado con el término: es como ponerle un estetoscopio eléctrico a la montaña. Los equipos miden variaciones naturales de los campos eléctrico y magnético de la Tierra; con esos datos, los técnicos construyen modelos de resistividad del subsuelo. Las zonas alteradas por fluidos calientes se comportan de manera distinta a la roca seca. No es una radiografía perfecta, pero reduce el margen de error. Y en geotermia reducir el riesgo equivale a ahorrar millones.

La escena tenía más importancia política de la que parecía: cables extendidos sobre el terreno, sensores colocados con paciencia, técnicos pendientes de señales que el ojo humano nunca vería. Un equipo local formándose, midiendo y acumulando datos evita que La Palma dependa solo de informes ajenos. Si el conocimiento lo producen otros, la isla negocia peor. Si lo produce también la isla, negocia mejor. Sodepal no está solo buscando calor; está construyendo capacidad pública.

El modelo: quién gana si hay éxito

En las jornadas, y especialmente en conversaciones de pasillo, algunos asistentes plantearon dudas sobre el modelo privado de explotación y sobre determinados socios internacionales. Es una crítica que debe formularse con precisión. Que una empresa sea islandesa, británica, saudí o canaria no la hace mejor ni peor por origen. Lo relevante es su experiencia técnica, su transparencia y las garantías que ofrece a un territorio pequeño.

Reykjavík Geothermal, presente en el ecosistema del proyecto tinerfeño, tiene alianzas con TAQA, compañía saudí vinculada al fondo soberano de Arabia Saudí. Ese dato no invalida un proyecto, pero sí obliga a hacer preguntas adultas: quién decide, quién financia, quién asume pérdidas, quién gana si hay éxito y qué información será pública. El sector privado aporta algo que el público muchas veces no tiene: velocidad, músculo financiero y capacidad de asumir riesgo. El sector público aporta algo que el privado no debe sustituir: legitimidad democrática y defensa del interés general. La geotermia necesita a los dos. Pero si el equilibrio se rompe, el resultado puede ser el habitual en estas latitudes: los riesgos se socializan y los beneficios se privatizan. En una isla pequeña, eso se nota antes.

El espejo más útil quizá sea São Miguel, en Azores. Allí la geotermia lleva décadas funcionando con centrales relativamente pequeñas, integradas en el territorio y ligadas a una empresa pública regional. La energía geotérmica cubre ya cerca de un tercio de la electricidad de la isla, y las ampliaciones aspiran a la mitad. La lección es triple: no hace falta una macrocentral para cambiar el sistema de una isla; una planta geotérmica no tiene por qué parecer una refinería; y si el recurso se gestiona con una entidad pública fuerte, el beneficio puede notarse en la factura de los hogares. El calor del subsuelo no lo fabricó nadie, no lo importó ninguna compañía. Está ahí porque la isla es la isla. Parece razonable, entonces, que, si un día produce electricidad, su valor revierta de forma directa en la ciudadanía.

El agujero no está en el suelo

El gran vacío regulatorio no está bajo tierra, sino en el BOE. Las empresas que investigan geotermia en Canarias aún no saben con claridad cómo se retribuirá la electricidad si los sondeos tienen éxito. Sin un régimen económico específico, el inversor no puede calcular el retorno de una inversión que puede superar decenas de millones de euros antes de vender un solo kilovatio. Esta incertidumbre no es un capricho empresarial; es una condición básica de cualquier infraestructura energética.

El otro enemigo es la tramitación lenta. Canarias ha demostrado muchas veces una capacidad sorprendente para convertir una oportunidad en un expediente interminable. En geotermia, perder tiempo no es neutro: puede hacer caer ayudas, encarecer equipos y romper calendarios. Si el Gobierno de Canarias quiere que esto salga bien, debe acompañar con agilidad y ventanillas claras. Agilidad no significa barra libre; significa que cada administración sepa qué tiene que pedir, cuándo y para qué.

Existe, además, un asunto que no debería quedar sepultado bajo la épica de los tres kilómetros: la geotermia de baja temperatura. Para producir electricidad se buscan recursos de alta entalpía, normalmente por encima de 150 grados. Pero para calentar agua no hace falta tanto. Un recurso a unos 80 grados puede tener usos directos muy valiosos: agua caliente sanitaria, piscinas, instalaciones turísticas, invernaderos. Todo kilovatio térmico obtenido del subsuelo es electricidad que se deja de consumir. La baja entalpía suele ser más sencilla, más barata y menos arriesgada. No dará titulares tan grandes, pero puede dar resultados antes. A veces la revolución energética no empieza con una turbina, sino con una ducha caliente que no depende de una resistencia eléctrica.

El comienzo de una prueba

Las jornadas de CajaCanarias dejaron una sensación rara y valiosa: por primera vez en mucho tiempo, La Palma no estaba hablando solo de reparar daños, sino de diseñar futuro. En el Refugio de El Pilar, unos cables extendidos sobre la tierra parecían poca cosa. Pero quizá estaban escuchando una pregunta enorme: si debajo de la isla hay calor suficiente para cambiar su destino energético, ¿seremos capaces de convertirlo en soberanía y no solo en negocio?

El primer pinchazo, si llega en 2027, no será el final de nada. Será el comienzo de una prueba. La prueba técnica de si hay recurso. La prueba administrativa de si Canarias sabe tramitar sin desesperar. La prueba política de si La Palma quiere ser espectadora o protagonista. Y la prueba moral de si una energía nacida bajo sus pies puede acabar aliviando la factura de quienes viven sobre ellos.

El Papa León XIV ha presentado su primera encíclica, Magnifica Humanitas, junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic. Y el detalle no es menor. No estaba al lado del CEO, ni del señor de la corbata que habla de rondas de inversión, crecimiento exponencial y futuro inevitable con la tranquilidad de quien no va a pagar nunca las consecuencias. Estaba Chris Olah.

Olah no representa tanto el negocio de la inteligencia artificial como su misterio. No es el hombre que vende la máquina. Es el que intenta entender qué pasa dentro. El que se asoma a los modelos como quien abre una puerta en una casa vieja y nota que allí hay algo funcionando, aunque todavía no sepamos ponerle nombre sin ponernos solemnes o ridículos.

Y esa elección, claro, no parece casual.

La Iglesia sabe perfectamente lo que hace cuando coloca a alguien en una foto. Lleva dos mil años administrando símbolos, gestos, silencios, incienso y escenografía. Si hubiera querido una imagen empresarial, habría sentado al lado del Papa a un consejero delegado con sonrisa de folleto y una frase preparada sobre “poner la tecnología al servicio de la humanidad”. Pero no. Ha llamado a un investigador que trabaja precisamente en abrir la caja negra. A alguien que se pregunta qué representan estos modelos, cómo organizan la información, qué aprenden realmente y qué parte de su funcionamiento seguimos fingiendo que entendemos para poder dormir tranquilos.

Ahí empieza lo interesante. Porque nos han vendido la inteligencia artificial como una herramienta más. Una especie de calculadora con ínfulas, un becario digital que escribe correos, resume documentos, hace presentaciones y, de paso, nos deja sin la última excusa que nos quedaba para entregar tarde un informe. Pero esa explicación empieza a quedarse corta. Muy corta.

La IA ya no es solo una herramienta que usamos. Es una infraestructura de poder. Decide qué vemos, qué leemos, qué se automatiza, qué empleos se vuelven prescindibles, qué verdades circulan y qué mentiras se vuelven verosímiles. Y lo más inquietante no es que sea inteligente. Lo más inquietante es que se está metiendo en la vida humana con una velocidad que no deja tiempo ni para entenderla ni para discutirla bien. Como pasa tantas veces, primero se instala el sistema y después ya veremos la ética. Muy nuestro, por cierto. Primero la obra, después el informe técnico, y si hay problemas ya se crea una comisión.

Por eso tiene importancia que el Papa hable de la inteligencia artificial no desde la fascinación tecnológica, sino desde la pregunta moral. Qué estamos creando. Para quién. En manos de quién queda. Con qué límites. A quién beneficia. A quién deja fuera. Qué parte de lo humano estamos dispuestos a entregar por comodidad, por eficiencia o por miedo a quedarnos atrás.

Y aquí viene la parte polémica. A Silicon Valley le encanta hablar de salvar el mundo, pero suele hacerlo desde empresas valoradas en miles de millones, con servidores que consumen cantidades brutales de energía y modelos que necesitan datos, atención, dependencia y mercado. Nos prometen liberación, pero muchas veces lo que construyen es otra forma de obediencia. Más amable, más limpia, con mejor diseño. Una obediencia con interfaz bonita.

El Vaticano, por su parte, tampoco llega a esta conversación con las manos puras de un niño de catequesis. La Iglesia ha llegado tarde a muchas revoluciones, ha bendecido poderes que no debía y ha aprendido, a veces después de demasiado daño, que la autoridad moral no se declara, se gana. Pero precisamente por eso este gesto pesa. Porque no viene de una institución ingenua, sino de una institución que sabe lo que es el poder, lo que es equivocarse con el poder y lo que cuesta corregir una época cuando ya se ha torcido.

Puedes llamarlo alianza estratégica. Puedes llamarlo lavado de imagen compartido. Puedes decir que Anthropic gana respetabilidad moral y que el Vaticano gana centralidad en el debate tecnológico. Y seguramente hay algo de todo eso. No somos nuevos.

Pero lo que ya no se puede decir es que la inteligencia artificial sea solo un asunto de ingenieros.

La encíclica tiene además un momento inesperado, casi hermoso, cuando el Papa recurre a El Señor de los Anillos y recuerda aquella idea de Gandalf: “No nos toca a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos”. La frase funciona porque no suena a adorno cultural. Suena a advertencia. No somos dueños absolutos de las fuerzas que despertamos. No podemos controlar todas las mareas. Pero sí somos responsables de lo que hacemos cuando la marea empieza a subir.

Y esa es la cuestión.

La inteligencia artificial nos coloca ante una tentación muy vieja con ropa nueva: la tentación de dominarlo todo. Predecirlo todo. Medirlo todo. Automatizarlo todo. Convertir la vida humana en datos manejables, la conciencia en cálculo, la educación en productividad, el trabajo en optimización y la política en gestión algorítmica de emociones. Todo muy eficiente. Todo muy moderno. Todo muy peligroso.

La Iglesia, con todos sus pecados y contradicciones, viene a decir algo que conviene escuchar incluso aunque uno no sea creyente: no todo lo técnicamente posible es humanamente aceptable. No todo avance es progreso. No toda inteligencia produce sabiduría. Y no toda máquina que responde merece que el ser humano deje de hacerse preguntas.

Eso es lo que cambia con esta encíclica. La IA sale del laboratorio, del consejo de administración y del entusiasmo de los gurús, y entra de lleno en el terreno moral. Ya no hablamos solo de algoritmos. Hablamos de dignidad, de límites, de poder, de conciencia, de desigualdad y de esa palabra tan gastada y tan necesaria que es responsabilidad.

La foto del Papa con Chris Olah no resuelve nada. Pero señala algo. Y a veces los símbolos sirven precisamente para eso: para decirnos que una época ha cambiado antes de que sepamos explicarla del todo.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede hacer cosas increíbles. Eso ya está respondido.

La pregunta es quién la controla, quién la entiende, quién se beneficia, quién paga el precio y qué queda de nosotros cuando hayamos delegado en una máquina casi todo lo que antes exigía juicio, paciencia, memoria y conciencia.

Y eso, mi niño, no se arregla aceptando las cookies.

Javier Herrera Llorente no llega al Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) como un gestor ajeno a la montaña. Antes de asumir la responsabilidad actual sobre las infraestructuras y servicios comunes del ORM, pasó por los telescopios Cherenkov MAGIC, por los LST, y por una parte de la vida diaria de una instalación científica que, vista desde fuera, parece una colección de cúpulas y espejos, pero que por dentro funciona como una pequeña ciudad técnica a 2.400 metros de altitud: carreteras, permisos, fibra óptica, agua, energía, seguridad, obras, visitantes, nieve, viento, astrónomos y administraciones que no siempre avanzan al mismo ritmo.

Nacido en Tenerife, formado en ingeniería de telecomunicación y ciencias físicas, doctorado en Valencia y con una etapa previa en fotónica y comunicaciones ópticas, Herrera habla con la calma de quien ha subido muchas veces al Roque como para no idealizarlo, pero conserva aún la capacidad de asombro. La conversación avanza desde su biografía hasta la nueva silueta del CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory), desde la carretera que cruza el corazón del Observatorio hasta el GTC y el futuro Telescopio Solar Europeo, y acaba en una idea que atraviesa toda la entrevista: La Palma debe sentir el Roque como algo propio y el Observatorio debe aprender a contarse mejor en la isla.

José F. Arozena (JFA). Para empezar por el principio, antes de hablar del cargo y de la montaña, ¿quién es Javier Herrera Llorente, de dónde viene y cómo acaba un ingeniero de telecomunicación ligado a una de las grandes infraestructuras científicas de Europa?

Javier Herrera Llorente (JH). Soy de Tenerife. Después viví mucho tiempo en Valencia, donde hice la ingeniería y el doctorado en la universidad politécnica. Mi campo inicial fue la fotónica y las comunicaciones ópticas. También estuve fuera, en Países Bajos, con una etapa de posdoctorado, y luego volví a Valencia. Ese fue mi primer mundo profesional: tecnología, laboratorio, sistemas ópticos, comunicaciones y proyectos de investigación con mucha carga técnica.

La física y las matemáticas me gustaban desde muy joven. Cuando tenía 16 o 17 años era lo que me atraía, pero acabé estudiando ingeniería porque parecía que tenía más salida. Esa vocación quedó ahí. Con el tiempo retomé Física. La fui haciendo poco a poco en la UNED, primero desde Valencia, y la terminé ya estando vinculado a La Palma y a MAGIC. El último examen lo hice en esa etapa. Al final mi trayectoria mezcla ingeniería, ciencia, tecnología y gestión de proyectos complejos. No vengo de una carrera de astrofísica clásica, sino de la parte técnica que permite que la ciencia se pueda hacer.

JFA. Esa primera vida profesional en fotónica y comunicaciones ópticas puede parecer lejos de una cumbre llena de telescopios, pero cuando uno mira el Observatorio por dentro quizá no haya tanta distancia. ¿Qué le dio esa formación para entender hoy el Roque?

JH. No está tan lejos. Un observatorio moderno es una infraestructura tecnológica de mucho nivel. No son solo telescopios con espejos mirando al cielo. Hay comunicaciones, electrónica, control, seguridad, sistemas ópticos, datos, redes, energía, mantenimiento y logística. Mi etapa anterior me dio una forma de pensar orientada a proyectos: cómo se integra todo, cómo se coordina a mucha gente, cómo se pasa de un diseño a una instalación real que tiene que funcionar todos los días.

Eso ayuda mucho en un lugar como el Roque, porque cualquier proyecto científico necesita luego una traducción muy concreta: permisos, obra civil, accesos, energía, comunicaciones, seguridad, relación con instituciones y con empresas. Un telescopio puede nacer en un diseño internacional, pero al final hay que ponerlo en una montaña concreta, con una carretera concreta, con viento, con nieve, con turnos de trabajo, con suministros y con normas ambientales. Ese es el lado menos visible del Observatorio, pero sin ese lado no hay ciencia.

JFA. De esa mirada técnica llega luego La Palma. Usted entra por MAGIC y por los primeros pasos del CTAO en la isla. ¿Cuándo empieza esa relación con el Observatorio del Roque de los Muchachos y qué aprende aquí que no se aprende desde un despacho?

JH. Llego a La Palma para trabajar como personal técnico en los telescopios MAGIC y en la construcción del primer LST (Telescopio de Gran Tamaño de la Red Cherenkov). Estuve vinculado a MAGIC y LST entre 2013 y 2018, y luego el IAC me contrató para gestionar la construcción de los LST 2, 3 y 4. Esa etapa fue, sobre todo, del proyecto CTAO, de telescopios Cherenkov y de obra en el Observatorio. Fueron años de aprender cómo se gestiona una instalación internacional, con equipos de muchos países, pero también con empresas locales, permisos, obra diaria y problemas muy pegados al terreno.

Más adelante obtuve la plaza de jefe de departamento del Observatorio, ya con una función más amplia sobre infraestructuras y servicios comunes. Antes estaba muy centrado en MAGIC y en los LST. Ahora, por el cargo, he tenido que abrir mucho más la mirada y conocer el conjunto del Observatorio: sus instalaciones, sus necesidades, sus problemas y sus opciones de futuro. Desde un despacho se entiende el proyecto; desde el Roque se entiende lo que cuesta que el proyecto funcione cada día.

JFA. En La Palma se sigue diciendo “el administrador del Observatorio” para referirse a su actual puesto, como se dijo durante décadas, aunque la estructura del IAC ya usa otros nombres. ¿Qué puesto ocupa usted en esa organización y qué significa en la práctica?

JH. Durante muchos años se conoció la figura del administrador del Observatorio. Todo el mundo en La Palma entiende esa expresión porque es la que se ha usado siempre. Pero el organigrama del IAC ha cambiado. Ahora hay una estructura más común para los dos observatorios, el del Teide y el del Roque de los Muchachos, y existen departamentos vinculados a infraestructuras, servicios comunes y otras unidades.

En la práctica, mi trabajo se parece bastante a lo que la gente entiende por administrador del ORM: relación institucional, coordinación con las instituciones usuarias, infraestructuras, servicios comunes, permisos, obras, seguridad y emergencias. Dicho de una forma más clara: hay que hablar con mucha gente dentro y fuera del IAC, encajar intereses distintos y conseguir que el Observatorio funcione. A veces eso significa trabajar con una institución científica; otras, con una administración pública; otras, con una empresa que tiene que subir material, o con personal que necesita resolver un problema básico en la cumbre.

JFA. Al venir de MAGIC y de los LST, uno puede pensar que tiene una querencia natural por la zona de los telescopios Cherenkov. ¿Le dicen que tiene favoritos dentro del Observatorio?

JH. Es normal que tenga un cariño especial por MAGIC y por los LST. Son muchos años de trabajo y los he vivido desde dentro. He visto crecer esa zona del Observatorio, he visto llegar piezas, montar estructuras, resolver problemas y pasar de una idea sobre plano a telescopios reales. Eso deja huella.

Pero mi función ahora no es cuidar de un telescopio concreto, sino del conjunto del Observatorio. Eso implica mirar al GTC, al TNG, al ING, a los telescopios solares, a los telescopios robóticos, a la residencia, a las carreteras, a los servicios comunes y a todo lo que permite que las instituciones usuarias puedan trabajar. El Roque es una comunidad científica muy variada y la administración del Observatorio tiene que servir a todo ese conjunto.

JFA. Hablando del CTAO, la imagen del Roque ya ha cambiado. Los cuatro grandes LST están ahí, se ven desde lejos y han pasado a formar parte del perfil de la cumbre. ¿En qué punto está ese proyecto?

JH. Los cuatro LST ya están montados. Son los grandes telescopios Cherenkov que se ven ahora en la zona baja del Observatorio. Todavía quedan trabajos de ajuste, puesta a punto, retirada de elementos auxiliares de obra y restauración ambiental del entorno, pero la estructura principal está ahí y ya forma parte del paisaje del Roque. Cuando uno compara la imagen de esa zona antes y ahora, el cambio es enorme.

El proyecto contempla también telescopios de tamaño medio (MST). Ahora mismo hay financiación para cinco MST. Los científicos querrían más. En fases anteriores se habló de nueve e incluso de números mayores, pero la realidad presupuestaria marcará lo que se pueda hacer en cada momento. Tenemos permiso para construir el primero de esos telescopios medianos y se está trabajando en las licitaciones. La idea es empezar por ese primer MST, ver que la ejecución sale bien y después avanzar con los otros cuatro financiados. Si se consigue más financiación, podrían venir más. Hoy lo real es hablar de cinco.

JFA. En el caso de los cuatro LST, hablamos ya de una obra enorme en el Roque. Después del verano se prepara una inauguración oficial de ese conjunto. ¿Qué supone cerrar esta etapa para el Observatorio y para La Palma?

JH. Supone cerrar una fase de muchos años. Empezamos la construcción del primer telescopio en 2016 y llegamos a 2026 con los cuatro LST. Son diez años solo de construcción, sin contar todo el trabajo anterior de diseño, preparación, acuerdos y prototipos, ni lo que queda de comisionado científico y técnico. En un proyecto así, la foto final de los telescopios montados no cuenta todo lo que hay detrás: contratos, transporte, turnos, ingeniería, coordinación internacional y mucha gente resolviendo problemas día a día.

La idea es que después del verano haya una inauguración oficial de los cuatro grandes LST del CTAO. Será una forma de celebrar el trabajo hecho y de mostrar que el proyecto ya está aquí. En La Palma se habla mucho del TMT, pero el CTAO no es una promesa lejana. Es una infraestructura real, visible y estratégica que ya ha cambiado el Observatorio. También es una oportunidad para que la isla entienda mejor que en el Roque ya se está jugando una parte del futuro de la astrofísica de muy altas energías.

JFA. En esa historia del CTAO aparece un liderazgo internacional muy fuerte, con Japón y España como piezas claves. ¿Qué peso ha tenido esa colaboración japonesa y qué papel ha tenido Masahiro Teshima?

JH. Ha tenido mucho peso. La colaboración de los LST ha contado con un impulso muy fuerte desde Japón y desde España, además de Alemania, Italia, Francia y otros países. El Profesor Teshima ha sido una de las figuras claves del proyecto LST desde el lado japonés, vinculado al Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio y al Instituto Max Planck de Física de Munich. Ha sido uno de los motores de esta parte del CTAO.

Esa dimensión internacional es una de las señas del Roque. En una isla pequeña hay proyectos en los que trabajan instituciones de muchos países. El CTAO muestra eso muy bien: ciencia global, obra civil local, tecnología de alta complejidad y una montaña que acaba entrando en redes de investigación de primer nivel. Para La Palma eso tiene un valor enorme, aunque no siempre se perciba desde fuera de la comunidad científica.

JFA. Todo eso exige que el Observatorio funcione como infraestructura. Y ahí aparece la carretera, que es la queja que más se repite entre trabajadores, visitantes, científicos y también vecinos. ¿Es hoy una de las grandes urgencias del Roque?

JH. La carretera tiene varios problemas. El primero es claro: algunos tramos han estado en muy mal estado, sobre todo dentro del Observatorio. Ha sufrido por el paso del tiempo, las obras de saneamiento, fibra óptica y otras actuaciones. El Cabildo tiene un contrato en marcha que contempla el asfaltado integral desde la entrada del Observatorio hasta la zona del mirador del Roque. Ya se actuó en un tramo que estaba muy mal y la previsión es seguir para dejar renovada la carretera interior.

Luego está la LP-4, con problemas de desprendimientos, vegetación, taludes y seguridad. Ahí también se han hecho actuaciones y esperamos que sigan. Entiendo que es un asunto complejo por financiación y por dificultad técnica, pero un observatorio internacional de primer nivel necesita accesos en condiciones. No se puede aspirar a atraer grandes proyectos científicos y tener a la vez una carretera que transmite inseguridad o una imagen pobre. Además, quienes trabajan arriba lo viven en su día a día: subir y bajar tantas veces por una vía así acaba pasando factura.

JFA. El asfalto es una parte del problema, pero hay otra más delicada: la carretera pasa por una zona sensible del Observatorio y cruza cerca de los LST. ¿Ese trazado se puede mantener tal como está?

JH. Ese es el segundo problema. La carretera pasa por el medio de una zona muy sensible, en torno a los LST, y por la noche puede suponer molestias para la operación científica. Además, durante el día soporta un tráfico añadido muy alto por la presión turística hacia el mirador. Se nota la saturación del aparcamiento del Roque de los Muchachos y de los puntos de visita en ciertas horas. No es solo una molestia para los telescopios; también es una cuestión de seguridad y de orden en un espacio que tiene muchos usos a la vez.

Hace años que se habla de una alternativa para que el tráfico no atraviese el corazón de algunas instalaciones. Nosotros hemos desarrollado un proyecto técnico para un acceso alternativo que conectaría con la LP-4 y llegaría hacia la zona de los telescopios ingleses. Se solicitó financiación al Ministerio de Transportes y esa actuación llegó a estar contemplada en borradores presupuestarios. En todo caso, la ejecución correspondería al Cabildo, porque conecta con la carretera insular.

JFA. Si se mira el Roque como lugar científico, pero también como icono turístico de La Palma, surge una pregunta difícil: ¿hay que desviar el tráfico, regularlo o hacer las dos cosas?

JH. Quizá las dos cosas. Un acceso alternativo ayudaría mucho, porque permitiría llegar al Roque sin atravesar zonas sensibles del Observatorio. También ayudaría a gestionar el efecto del tráfico por la noche. Pero también hay que estudiar si en ciertas horas punta se debe ordenar el tráfico hacia el mirador. No se trata de cerrar el Roque ni de impedir que la gente suba. El Roque es un lugar icónico de La Palma y todo el mundo debería poder visitarlo. Pero hay que evitar situaciones de saturación que son malas para la ciencia, para la seguridad y para la propia experiencia turística.

El ejemplo de La Cumbrecita es interesante. Cuando aquello se colapsaba, se implantó un sistema de reserva y control de acceso. Algo así tendría que estudiarse con prudencia, con consenso social y con todas las administraciones implicadas. Aquí intervienen el Cabildo, que gestiona las carreteras; el Ayuntamiento, por el mirador; el IAC; el Parque Nacional; y la sociedad palmera. También hay asuntos de seguridad ligados a la Caldera: coches que quedan arriba, senderistas que entran al parque, dudas sobre si alguien ha regresado o no. La convivencia entre la ciencia y el disfrute del sitio es posible, pero hay que ordenarla.

JFA. En ese posible ordenamiento, el Centro de Visitantes parecía llamado a jugar un papel clave. ¿Ha resuelto el problema o solo ha ayudado a entender su tamaño?

JH. Ha ayudado, pero no lo resuelve todo. El Centro de Visitantes tiene limitaciones de aparcamiento y su propia capacidad no absorbe toda la demanda. Además, hay momentos en los que su funcionamiento no permite descargar de verdad la presión que acaba llegando hasta el mirador. En el planeamiento municipal se había previsto una bolsa de suelo adicional para aparcamiento que podría facilitar una solución más ordenada: dejar los vehículos allí y subir con un sistema de tickets, lanzaderas, miniguaguas o algún sistema similar. Eso permitiría reducir presión arriba y ordenar mejor el acceso.

En Tenerife es más sencillo porque el Observatorio del Teide no tiene una carretera pública atravesándolo como ocurre en el Roque. Aquí hay que hablar con más administraciones y explicar bien que ordenar el acceso no va contra nadie. Va a favor de la seguridad, del parque, de los visitantes y de la ciencia. Y debe hacerse con cuidado, porque el Roque forma parte de la vida y de la imagen de La Palma. Cualquier cambio necesita pedagogía y acuerdo.

JFA. Del CTAO, que ya está en la montaña, pasamos al TMT, que sigue siendo el gran proyecto pendiente. La visita del Banco Europeo de Inversiones volvió a ponerlo en el centro del debate. ¿Qué posibilidades reales ve?

JH. La gestión del TMT la lleva directamente la Dirección y la Subdirección del IAC. Yo no soy quien toma esas decisiones. Pero, por lo que se nos traslada, se convertiría en el buque insignia del Observatorio durante los próximos 60 años. También es una operación complicada. Para que el proyecto salga adelante, La Palma tiene que ser la opción, pero la decisión depende del consorcio internacional, de su consejo de gobierno, y de la financiación. No basta con que el emplazamiento sea bueno o con que la isla esté preparada. Tiene que cuadrar una decisión internacional de gran tamaño.

El Banco Europeo de Inversiones vino a conocer el emplazamiento. Los llevamos al sitio donde se instalaría el TMT, en una loma detrás del Gran Telescopio Canarias, en Puntagorda. No es el lugar de las torres meteorológicas que se ven desde el GTC, sino otro emplazamiento. El trámite del sitio ha pasado por los tramites de autorizaciones y de evaluación ambiental, y cuenta con resoluciones judiciales favorables. Según la situación actual, el emplazamiento tiene sus permisos y su licencia. Si el proyecto decidiera venir a La Palma y resolviera la financiación, la instalación podría empezar. El paso siguiente está ahora en la decisión del propio TMT y en el esquema financiero.

JFA. España ha puesto sobre la mesa hasta 400 millones de euros. Aun así, usted insiste en que no basta con que España quiera. ¿Qué falta para que el TMT se mueva de verdad hacia La Palma?

JH. España ha hecho un compromiso muy importante. Pero el TMT no depende solo de España. Están las universidades de California, Canadá, India, Japón y otros socios. Cada uno tendría que aportar su parte y, además, el consejo del TMT tiene que decidir. A veces se simplifica mucho y se dice “el TMT viene” o “el TMT no viene”. La realidad es más compleja. Hay un lugar preparado, hay un interés claro y hay un apoyo español fuerte, pero el proyecto tiene su propia gobernanza.

También se ha generado alguna confusión pública con China. Hasta donde yo conozco, China no forma parte del TMT. Otra cosa es que pueda haber interés chino en colaborar con instrumentos o en desarrollar otros proyectos en el Observatorio. Pero el TMT, como tal, depende de su consorcio y de su propia decisión. Por eso conviene hablar de él con ambición, pero también con prudencia.

JFA. Mientras el TMT espera esa decisión, el Telescopio Solar Europeo (EST) parece avanzar por otro carril, con pasos de sitio y estudios previos. ¿Está cerca el EST?

JH. El TMT sería extraordinario, pero el Telescopio Solar Europeo es un proyecto que ahora avanza con pasos claros en la fase técnica del sitio. El EST tiene su ubicación prevista en la zona del Telescopio Abierto Holandés, el DOT, cerca de la Torre Solar Sueca. Ahora lo primero es hacer estudios geotécnicos, porque un telescopio solar de ese tipo tiene requisitos muy exigentes: altura, cimentación, estabilidad y conocimiento preciso del terreno.

Antes de desarrollar el proyecto técnico definitivo hay que conocer muy bien el lugar. Estamos pendientes de los trámites necesarios con Medio Ambiente del Cabildo y el Patronato de la Caldera para esos sondeos. La idea es que esa primera actuación se haga en breve. Después se podrá ajustar el emplazamiento y coordinarlo con otras decisiones, como qué se hace con el DOT. En un observatorio con espacio limitado, cada nueva instalación obliga a pensar en el conjunto.

JFA. Esa pregunta por el DOT abre otro asunto que casi nunca aparece en titulares: el Observatorio empieza a tener patrimonio científico que retirar, guardar o explicar. ¿Qué se hace con telescopios que han sido importantes y ya no operan?

JH. Es un tema muy interesante y delicado. Tenemos varios casos. El KVA, un telescopio de 60 centímetros muy ligado a la historia del Observatorio, está desmontado y almacenado a la espera de su traslado al futuro Museo de Astronomía de Garafía. También está el Círculo Meridiano, que ya no opera. Y está el DOT, cuyo futuro hay que coordinar con el proyecto del EST.

Lo deseable es aprovechar sitios ya utilizados para nuevas instalaciones y, a la vez, preservar la memoria científica del Observatorio. Pero mover estos instrumentos no es sencillo. Hay que desmontarlos bien, almacenarlos bien, buscar financiación, preparar espacios museísticos adecuados y coordinar administraciones. Además, hay una parte emocional: para muchas personas esos telescopios no son chatarra, sino piezas de una historia científica y también palmera. En el caso del KVA, hasta donde sé, el proyecto del museo en Garafía sigue avanzando, aunque con sus tiempos.

JFA. Volvamos a la isla. A pie de calle aún hay quien ve el Observatorio como algo lejano, extranjero, casi cerrado sobre sí mismo. ¿Le preocupa esa percepción?

JH. Sí, y creo que hay que trabajarla más. Existe una comunicación fluida con el Gobierno de Canarias, el Cabildo, Garafía, Puntagorda, el Parque Nacional y otras administraciones. Pero falta llegar mejor a la ciudadanía. Me gustaría que hubiera en La Palma una presencia comunicativa más fuerte del IAC, alguien permanente dedicado a contar de forma continua qué es el Observatorio, qué hace y qué devuelve a la isla. Lo hemos hablado dentro, aunque siempre aparecen las limitaciones de presupuesto y de personal.

La percepción de que arriba solo hay extranjeros no se corresponde con la realidad. Mucho personal del Observatorio es local, sobre todo personal técnico de ingeniería y de formación profesional. No sé si el porcentaje llega al 80 por ciento, como a veces se comenta, pero sí hay una apuesta fuerte por personal de La Palma. El problema es que no se cuenta lo suficiente. Y si no se cuenta, la gente no lo percibe. Hay que explicar que el Observatorio no es solo un lugar para investigadores de fuera; también es trabajo técnico, mantenimiento, logística, seguridad, administración, formación y oportunidades para gente de la isla.

JFA. La Palma ha dado al Observatorio territorio, cielo, paisaje, paciencia y generaciones de trabajadores. A cambio, ¿qué debería devolver el Roque a la isla?

JH. Debe devolver empleo, conocimiento, oportunidades, prestigio e infraestructuras. A veces se olvida que muchas cosas que hoy usa la isla se impulsaron por el Observatorio o por sus grandes proyectos. La carretera al Roque se hizo para el Observatorio, pero hoy la usa cualquier palmero que quiera subir. La fibra óptica y ciertas mejoras de suministro eléctrico en el norte de la isla se han visto empujadas por las necesidades del Observatorio y del GTC. Hay retornos visibles y otros menos visibles.

También está el turismo. No tengo ahora las cifras exactas de cuánta gente sube al Roque o visita el Centro de Visitantes, pero es claro que son muchísimas personas. Cualquier crucero, cualquier turista que aterriza en La Palma, acaba teniendo el Roque como uno de sus lugares de referencia. El Observatorio no es solo ciencia. También es un polo de atracción turística. Pero todo eso hay que explicarlo mejor, sin triunfalismo y sin dar por hecho que la sociedad lo sabe. Si la isla ha hecho un esfuerzo durante décadas, tiene derecho a conocer mejor qué recibe a cambio.

JFA. Esa explicación debería empezar por los jóvenes. En una isla que pierde población y oportunidades, ¿cómo se consigue que un estudiante palmero vea el Observatorio no como algo ajeno, sino como un lugar donde podría trabajar?

JH. Con contacto real. El programa Nuestros Alumnos de visitas de estudiantes de cuarto de ESO al Observatorio es muy bueno. Permite que alumnado de toda la isla conozca el Roque y especialmente, el Gran Telescopio Canarias, que es lo que más llama la atención. Este año ha habido problemas por la obra de mejora de la carretera y algunos centros han tenido que retrasar la visita, sobre todo los que suben desde ciertas zonas de la isla, pero la intención es continuarlo y que pase el mayor número de alumnos que se pueda.

A un alumno no se le convence con un discurso institucional. Se le convence cuando sube, ve un telescopio enorme, habla con un técnico, con una ingeniera, con una astrofísica de Garafía, con una persona de La Palma que trabaja allí y entiende que aquello no es una cosa ajena. Que puede ser una opción de futuro. Y ahí no hablamos solo de científicos. Hay perfiles de ingeniería, informática, mecánica, electricidad, electrónica, administración, mantenimiento, seguridad y servicios. El Observatorio necesita talento de muchos tipos.

JFA. Además de los institutos, están las jornadas de puertas abiertas, muy ligadas desde hace décadas a Garafía. ¿Se puede abrir más el Observatorio sin romper esa relación especial con el municipio que lo acoge?

JH. Las jornadas de puertas abiertas tienen una relación especial con Garafía, y creo que debe mantenerse. Garafía ha dado el terreno, el sitio, el cielo y una relación histórica con el Observatorio. Esa singularidad hay que respetarla. Es justo que el municipio que acoge el Observatorio tenga una relación propia con él y que esa relación no se diluya.

Pero también estamos pensando en abrir de alguna manera el Observatorio al resto de la isla, sin romper esa relación especial con Garafía. No es sencillo por capacidad, seguridad y logística. Hoy no es como hace 30 o 40 años. Ahora hay mucho turismo. Cualquier apertura se llena enseguida y hay que organizarla muy bien. Pero la idea de acercar más el Observatorio a la sociedad está ahí. Hay que buscar fórmulas que sean útiles, seguras y asumibles para quienes trabajan arriba.

JFA. Usted lleva más de una década subiendo al Roque. Hay quien dice que las primeras mil puestas de sol son las mejores, pero que luego uno se acostumbra. ¿Le sigue sorprendiendo la montaña?

JH. Me sigue gustando mucho. Cuando empecé en MAGIC subía casi todos los días, cuatro veces a la semana o más. Esa carretera, tantas horas de subida y bajada, pasa factura y ahora intento limitar los días que subo. Pero el lugar me sigue pareciendo maravilloso. Con el nuevo cargo, además, lo miro de otra manera: ya no solo como la zona de MAGIC o de los LST, sino como un conjunto de instalaciones, problemas y paisajes que hay que entender entero.

A veces me quedo a dormir arriba y es un privilegio poder salir de noche y ver ese cielo. Sé de astrofísica, pero no soy el típico experto en astronomía posicional que te identifica todas las estrellas y constelaciones de memoria. Aun así, salir de la residencia, mirar hacia arriba y ver ese cielo sigue impresionando. Durante el día ocurre lo mismo con el paisaje, sobre todo en primavera, con tajinastes, codesos y retamones. Es una combinación única: el Roque, la Caldera, los miradores, los senderos, los telescopios, la flora y las aves.

JFA. Esa belleza también trae presión. En primavera, con los tajinastes, o en fechas como las Perseidas, el Roque se llena. ¿Cómo se cuida un lugar que es a la vez observatorio, paisaje, parque, mirador y reclamo turístico?

JH. Esa es una de las claves. En la floración de los tajinastes o en las Perseidas se puede generar una presión enorme. El Roque no es solo un observatorio. Es también un espacio natural muy valioso. La flora endémica de Canarias es espectacular y hay que protegerla. Todos los canarios deberíamos tener claro que ese patrimonio hay que cuidarlo.

Ordenar el acceso no es solo por los telescopios. También es por el paisaje, por la seguridad y por la conservación. La ciencia necesita buenas condiciones, pero la isla también necesita que el Roque siga siendo un lugar vivo, visitable y protegido. Si se deja que cada hora punta se convierta en un colapso, pierden todos: los visitantes, el parque, el Observatorio y la propia imagen de La Palma.

JFA. Si dentro de cinco años tuviera que mirar atrás y decir que esta etapa ha valido la pena, ¿qué tendría que haber cambiado en el Observatorio del Roque de los Muchachos?

JH. Me gustaría ver el Observatorio con la carretera interior renovada, con una solución encaminada para el acceso y para la regulación del tráfico, con los LST integrados en operación, con los MST avanzando, con el Telescopio Solar Europeo en marcha y con una relación más fluida con la sociedad palmera. Y, por supuesto, si el TMT acaba decidiéndose por La Palma, sería una noticia extraordinaria.

Pero incluso sin esperar a ese gran titular, hay mucho trabajo que hacer. El CTAO ya es una realidad. El EST avanza. El Observatorio tiene muchas instalaciones y una comunidad internacional enorme. La Palma no debe ver el Roque como algo que está arriba y lejos, sino como una parte de su presente y de su futuro. Ese es quizá el gran reto: que la isla sienta el Observatorio como algo propio y que el Observatorio sepa estar más presente en la isla.

JFA. Gracias, Javier, por dedicarnos parte de tu tiempo. Mucha suerte en este nuevo puesto y en esta nueva etapa que comienzas.

Empecé a escribir en prensa durante el Covid, esas cosas que pasan: uno intenta ordenar lo que ocurre y acaba metido hasta el cuello en curvas, contagios, aerosoles, ruedas de prensa y expertos que, por lo general, duermen menos de lo recomendable. Mientras escribía sobre la pandemia, hice también un estudio acelerado de posgrado sobre epidemiología. No me convirtió en epidemiólogo, conviene decirlo antes de que alguien pida mi ingreso inmediato en un comité científico, pero sí me enseñó una cosa útil: cuando aparece una enfermedad infecciosa, lo primero no es gritar. Lo primero es mirar bien los datos.

Por eso, lo del MV Hondius no me coge del todo de nuevo. Después de leer, escuchar a quienes saben y seguir durante estos días la información disponible, estas son algunas de las cosas que, a día de hoy, creo que conviene tener claras. Ni estamos ante una nueva covid, ni ante una simple anécdota sanitaria que se pueda despachar con un “no pasa nada”. Entre el pánico y la frivolidad hay un territorio bastante serio: el de la prudencia bien informada.

Lo primero: el virus implicado en el barco ha sido identificado como virus Andes, una variante de hantavirus presente en zonas de Argentina y Chile. El instituto neerlandés RIVM afirma que el virus detectado a bordo del Hondius es la variante Andes y que está confirmado por pruebas de laboratorio; los hospitales universitarios de Ginebra también comunicaron la identificación de la cepa en una muestra positiva de una persona que había estado en el buque.

Esto importa mucho. No todos los hantavirus son iguales. La mayoría se transmiten de roedores a humanos, sobre todo al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de animales infectados. El problema del virus Andes es que, además, sí tiene documentada transmisión entre personas, algo excepcional dentro de esta familia de virus. Ahora bien, y aquí está la diferencia entre explicar y asustar: esa transmisión persona a persona no parece fácil ni eficiente. El ECDC señala que se ha documentado tras contactos estrechos y prolongados, y que no se espera una transmisión comunitaria amplia si se aplican medidas de prevención y control.

Ese es el punto central. El virus Andes puede transmitirse entre humanos, pero no se comporta, con lo que sabemos hoy, como un virus respiratorio pandémico. No basta con infectar a humanos para convertirse en una amenaza global. Para dar un salto de ese tipo tendría que salir de los humanos de forma eficaz, temprana y por vías compatibles con los contactos cotidianos. Dicho de otro modo: tendría que parecerse mucho más a un virus respiratorio de vía aérea superior, capaz de circular con facilidad antes de que el enfermo esté grave. Y eso, por ahora, no se ha demostrado.

Los datos conocidos del brote son graves, pero aún incompletos. El ECDC informó el 6 de mayo de 2026 de siete casos vinculados al crucero: tres fallecidos, una persona en estado crítico, dos sintomáticas y una con estado desconocido. También indicó que había 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades, y que al menos algunas muestras habían dado positivo para hantavirus y para virus Andes. La investigación sigue abierta.

La palabra “abierta” es importante. En un brote así no se sabe todo desde el primer día. Se reconstruyen viajes, contactos, camarotes, actividades, síntomas, vuelos, desembarcos y pruebas. Se cruzan calendarios. Se buscan exposiciones comunes. Se estudia si los primeros casos pudieron infectarse antes de embarcar, quizá durante actividades en zonas endémicas de Argentina, y si después hubo contagios entre pasajeros en el entorno cerrado del barco. Esa es, ahora mismo, una hipótesis razonable. No una sentencia.

Aquí entra una pieza fundamental: qué entendemos por contacto estrecho. En una enfermedad conocida, como la covid, acabamos manejando criterios bastante operativos: tiempo, distancia, espacio cerrado, mascarilla, ventilación, convivencia. Con el virus Andes la definición es menos clara. Contacto estrecho puede ser compartir camarote, cuidar a una persona enferma, manipular su ropa o sus sábanas, atenderla durante una evacuación, acompañarla durante horas o convivir en espacios cerrados cuando ya está en fase sintomática. El problema es que en un barco el concepto puede ensancharse: no porque el virus haya cambiado necesariamente, sino porque el entorno favorece contactos repetidos, cercanos y difíciles de reconstruir.

Un camarote no es una plaza abierta. Un pasillo estrecho no es una avenida. Un comedor compartido durante días no es un encuentro casual de diez segundos. Por eso, cuando se habla de “contactos estrechos y prolongados”, en un crucero hay que pensar con más cuidado. Puede que algunas exposiciones hayan sido muy claras, convivientes, parejas, asistencia directa, pero otras pueden quedar en zona gris. La epidemiología vive mucho en esa zona: no donde todo está confirmado, sino donde hay que decidir antes de tener una película completa.

También hay que distinguir entre tres cosas que en redes sociales suelen mezclarse con alegría de licuadora: que el virus sea grave, que se transmita entre personas y que tenga potencial pandémico. Lo primero parece claro: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede ser muy severo. Lo segundo es posible y está documentado para Andes. Lo tercero no está demostrado en este caso.

Para entenderlo conviene hablar del famoso R0, que no es un conjuro matemático, sino una idea sencilla: cuántas personas contagia, de media, un infectado en una población susceptible y sin medidas de control. Si ese número está por debajo de 1, la cadena tiende a extinguirse. Si está por encima de 1, puede crecer. Pero en brotes reales suele interesar más el R efectivo, es decir, cuántas personas contagia cada caso en las condiciones concretas del momento: con aislamientos, mascarillas, cuarentenas, contactos rastreados o pasajeros confinados en camarotes.

En el brote argentino de 2018-2019, publicado en The New England Journal of Medicine, se describieron 34 infecciones confirmadas y 11 muertes, con transmisión persona a persona y episodios compatibles con superdiseminación. Ese antecedente no significa que el Hondius esté repitiendo exactamente la misma historia, pero sí obliga a tomar en serio una posibilidad: podríamos estar ante uno o varios casos que hayan funcionado como superdiseminadores.

Un superdiseminador no es un villano epidemiológico. Es una persona que, por su momento de enfermedad, su carga viral, su comportamiento, sus síntomas, su entorno o simple mala suerte, contagia a muchas más personas que la media. En un barco, esa posibilidad pesa más. Si alguien enfermo, con alta carga viral y síntomas avanzados, comparte camarote, recibe asistencia, participa en actividades o entra en contacto cercano con varias personas, puede generar una cadena que parezca desproporcionada para un virus que, de media, no se transmite con facilidad. Esa es precisamente la trampa de los promedios: la media tranquiliza, pero los brotes los hacen personas concretas en lugares concretos.

¿Hay una nueva cepa más transmisible? A día de hoy, no hay evidencia suficiente para afirmarlo. Para sostenerlo harían falta genomas completos, comparación con linajes conocidos de Andes, reconstrucción fina de las cadenas de transmisión y, si se quiere ir más lejos, datos funcionales que indiquen cambios reales en el comportamiento del virus. El ECDC habla de investigaciones en curso y de incertidumbres significativas. La OMS también sitúa el episodio dentro de una investigación epidemiológica internacional aún no cerrada.

Aquí la secuenciación genética tiene un papel decisivo, pero tampoco hace magia. Secuenciar el virus permite leer su “DNI”: saber si es Andes, compararlo con virus conocidos de Argentina o Chile, buscar mutaciones, reconstruir posibles relaciones entre casos y comprobar si los genomas de distintos pacientes son casi idénticos o muestran diferencias relevantes. Pero la secuencia por sí sola no siempre dice si un virus transmite más. Puede dar pistas. La respuesta completa sale de combinar laboratorio y trabajo de campo: genomas, fechas de síntomas, contactos, camarotes, pruebas, traslados y evolución clínica.

Dicho de forma sencilla: la secuenciación puede ayudar a saber si todos los casos proceden de una fuente común, si hubo transmisión entre pasajeros o si aparecen cambios moleculares que merezcan vigilancia. Pero para afirmar que estamos ante una variante con mayor transmisibilidad humano-humano haría falta bastante más que una muestra positiva. Harían falta patrones consistentes: más contagios en contactos no íntimos, positividad temprana en saliva o nasofaringe, cadenas más largas y cambios genéticos compartidos que encajen con una ventaja biológica. Eso, por ahora, no se ha visto.

¿Puede evolucionar un virus? Claro. Los virus de ARN mutan. Además, los hantavirus tienen un genoma segmentado, lo que permite, al menos en teoría, fenómenos como el reasortment, una especie de intercambio de segmentos genéticos si dos virus compatibles coinfectan un mismo huésped. Pero que algo sea biológicamente concebible no significa que esté ocurriendo ahora. Esta diferencia parece pequeña, pero es la frontera entre la ciencia y el tráiler de Netflix.

Para que un virus Andes se volviera mucho más preocupante desde el punto de vista pandémico tendría que mejorar varios rasgos a la vez: replicarse mejor en mucosa respiratoria u oral, eliminarse con más facilidad en saliva o secreciones nasofaríngeas, transmitirse antes de la fase grave, resistir mejor en el ambiente y mantener su ciclo natural en roedores. No es imposible en abstracto. Pero tampoco basta con poner la palabra “mutación” en mayúsculas para que ocurra.

Aquí entra otro concepto importante: la diana celular. El virus Andes utiliza, entre otras, una proteína llamada PCDH1, protocadherina-1, relacionada con la adhesión celular y con la barrera epitelial. Esto ayuda a entender su capacidad para afectar al pulmón y al endotelio, es decir, a los tejidos que recubren vasos y participan en ese cuadro tan grave de fuga vascular, dificultad respiratoria y shock. Pero entrar bien en células pulmonares profundas no es lo mismo que comportarse como un virus que se transmite cómodamente por conversaciones, saludos o contactos casuales.

Por eso el riesgo realista hoy no es “otro 2020”. El riesgo realista son brotes focales graves: pocos casos, pero potencialmente muy severos; transmisión posible entre contactos estrechos; mucha importancia del aislamiento, las cuarentenas, el rastreo y la protección del personal expuesto. No es un escenario para dormirnos, pero tampoco para apagar la luz y declarar el fin de la civilización.

El barco, eso sí, cambia las condiciones. Un crucero es un lugar complicado para cualquier brote: espacios cerrados, convivencia prolongada, camarotes, comedores, pasillos, asistencia médica limitada y pasajeros que después pueden viajar a muchos países. Por eso tiene sentido actuar con un principio de máxima precaución. No porque Canarias esté en peligro inminente, sino porque un fallo operativo en un entorno así puede multiplicar problemas que, bien gestionados, deberían quedar contenidos.

Y aquí aparece un asunto que no debe tratarse como broma: si hay ratones o ratas en el barco, eso puede ser un problema serio. No porque un roedor bajando por la pasarela vaya a conquistar Tenerife, sino porque el mecanismo clásico de transmisión de los hantavirus está ligado precisamente a la exposición a orina, heces, saliva o nidos de roedores infectados. El CDC recuerda que evitar el contacto con roedores y sus excrementos es la principal forma de prevención, y que al limpiar zonas contaminadas hay que evitar remover polvo, usar desinfectante y aplicar procedimientos seguros.

Por eso está bien que el barco fondee y no se integre alegremente en la vida portuaria como si viniera de una excursión escolar. Fondear permite ganar control: limitar contactos, organizar desembarcos, proteger a los equipos, inspeccionar el buque y evitar que una posible contaminación ambiental se convierta en un problema logístico. Si se confirma presencia de roedores a bordo, debería hacerse una desratización fuerte, profesional y documentada, acompañada de limpieza técnica, toma de muestras si procede y eliminación segura de cualquier material contaminado. No se trata de echar veneno sin más ni de mandar a alguien con una escoba. Con hantavirus, barrer mal puede ser peor que no barrer.

El ECDC añade un matiz tranquilizador: el reservorio natural del virus Andes no está presente en Europa, por lo que no se espera una introducción en poblaciones de roedores europeas ni transmisión roedor-humano en Europa a partir de este episodio. Pero eso no elimina la obligación de controlar el barco. Una cosa es que no se espere que el virus se instale en la fauna local; otra, muy distinta, es permitir que un buque potencialmente contaminado se gestione con mentalidad de “ya se verá”.

También conviene hablar de los síntomas, porque ahí se juega buena parte de la vigilancia. El inicio puede confundirse con muchas enfermedades más comunes: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, cansancio y malestar general. El CDC advierte de que esos síntomas tempranos pueden parecerse a una gripe, y que el diagnóstico en fases muy iniciales puede ser difícil. En el brote del Hondius, el ECDC describe fiebre, síntomas respiratorios y gastrointestinales, con progresión rápida en algunos casos hacia neumonía, dificultad respiratoria aguda y shock.

La señal de alarma no es solo tener fiebre. La señal de alarma es tener fiebre o malestar con antecedente epidemiológico: haber estado en el barco, haber compartido espacio estrecho con un caso, haber atendido a un enfermo, haber manipulado ropa o material potencialmente contaminado, o haber participado en el operativo sin protección suficiente. Si además aparece dificultad para respirar, sensación de falta de aire, empeoramiento rápido o síntomas compatibles con neumonía, la respuesta debe ser inmediata. Aquí no se trata de que media población acuda a urgencias por cualquier catarro, sino de que las personas expuestas estén muy bien identificadas y monitorizadas.

Las autoridades deberían hacer tres cosas bien. La primera, sanitaria: aislamiento de casos, seguimiento de contactos, pruebas cuando correspondan, cuarentenas y protección estricta de personal sanitario, portuario y de transporte. La segunda, logística: desembarcos controlados, traslados específicos, nada de improvisar mezclas innecesarias con población general. La tercera, comunicativa: explicar lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que puede cambiar.

Esto último parece obvio, pero no lo es. Durante el Covid aprendimos que la mala comunicación también contagia. Contagia miedo, desconfianza y teorías raras. Decir “riesgo bajo para la población general” puede ser cierto, pero hay que explicar por qué. El riesgo es bajo si los contactos están identificados, si los sintomáticos se aíslan, si los traslados se hacen bien, si se protege al personal y si el barco se controla. El “si” no es un detalle gramatical: es la arquitectura entera de la respuesta.

También conviene evitar el otro extremo. No tiene sentido convertir a los pasajeros en sospechosos morales ni tratar al barco como si fuera una bomba biológica. La mayoría de las personas a bordo son, sencillamente, personas expuestas a una situación difícil. Algunas estarán asustadas. Otras estarán enfermas. Otras querrán volver a casa. La salud pública no consiste en señalar culpables, sino en cortar cadenas de transmisión.

Nos deberíamos quedar con una idea sencilla: el virus Andes es grave, pero no se transmite fácilmente en condiciones normales. El riesgo principal está en contactos estrechos, convivencia prolongada, atención a enfermos, limpieza de espacios contaminados y gestión del buque. Para quien no ha estado en el barco, no ha atendido a personas expuestas y no ha tenido contacto con casos sospechosos, el riesgo parece muy bajo.

El límite entre prudencia y alarmismo está justo ahí. Prudencia es fondear el barco, revisar a las personas, proteger a los equipos, hacer seguimiento, vigilar síntomas, estudiar la secuencia genética y desratizar si hay roedores. Alarmismo es insinuar que Canarias está al borde de una pandemia sin datos que lo sostengan. Prudencia es exigir transparencia. Alarmismo es rellenar cada hueco con una teoría. Prudencia es entender que un brote pequeño puede ser grave. Alarmismo es confundir gravedad con apocalipsis.

Con los datos disponibles, el Hondius no parece traer otro 2020. Pero sí trae una advertencia bastante seria: los virus raros existen, los barcos son malos lugares para improvisar y la salud pública se mide en los detalles. En España, aunque a veces la política se empeñe en parecer una parodia de sí misma, hay científicos, sanitarios, epidemiólogos, técnicos de laboratorio, equipos de emergencias y personal de salud pública muy preparados. Lo importante ahora es dejarles trabajar con protocolos, medios y una comunicación a la altura.

Porque los virus no leen comunicados oficiales. Y los ratones, si los hay, tampoco.

Hay un barco en Cabo Verde con casos sospechosos de hantavirus. Va en dirección a Canarias. Y aunque esto no es el argumento de una película de catástrofes, al menos de momento, sí es una buena excusa para hablar de algo que la ciencia lleva años intentando explicar y que muy poca gente quiere escuchar: los virus no se comportan como nosotros esperamos que se comporten.

No avanzan en fila india. No avisan. Y, sobre todo, no respetan tus deseos.

Lo que dijo el estudio que nadie leyó.

En 2019, The New England Journal of Medicine publicó el análisis de un brote de hantavirus Andes en Argentina. Treinta y cuatro contagios confirmados. Once muertos. Cifras que, en otro contexto, habrían ocupado portadas. Lo llamativo, sin embargo, no fue la magnitud del brote, sino su geometría.

La mayor parte de los infectados prácticamente no transmitieron el virus. Poca gente, poco contagio, historia conocida. Pero tres personas, solo tres, generaron la mayor parte del desastre. Y lo hicieron, ojo, acudiendo enfermas a reuniones sociales. Uno de los primeros eventos de transmisión masiva ocurrió en un encuentro con más de cien asistentes.

Traducción para uso doméstico: no hace falta una invasión. A veces basta una reunión de vecinos, una boda, un cumpleaños con buffet libre y alguien que “seguro que no es nada, que tengo un poco de fiebre”.

El supercontagiador, ese viejo conocido

El estudio describió algo que, pocos años después, millones de personas aprenderían con la COVID: el fenómeno del supercontagiador. Pacientes con alta carga viral, con síntomas iniciales perfectamente normales, o que se podían confundir con una gripe de temporada, capaces de transmitir el virus de forma masiva antes de que nadie, incluidos ellos mismos, supiera lo que estaba pasando.

Este mecanismo tiene un nombre técnico: transmisión sobredispersa. No todos los individuos infectados tienen la misma capacidad de contagio. En muchos brotes, una minoría de casos explica la mayoría de las transmisiones. Es el principio de Pareto aplicado a la epidemiología, y tiene consecuencias prácticas muy concretas: los protocolos de rastreo, aislamiento y control sanitario no son burocracia. Son exactamente la diferencia entre un brote contenido y uno que se va de las manos.

Canarias no es el apocalipsis. Pero tampoco es un territorio exento

Que haya un barco con casos sospechosos en la ruta hacia las islas no significa que vayamos a vivir ningún escenario catastrófico. El hantavirus Andes, además, no se transmite igual que el hantavirus clásico: este sí tiene transmisión persona a persona, lo que lo hace especialmente relevante desde el punto de vista epidemiológico, pero eso también significa que los mecanismos de control son conocidos y aplicables.

Lo que sí significa es que la vigilancia sanitaria, el seguimiento de contactos y la transparencia informativa son instrumentos que deben estar listos antes de que se necesiten. No mientras se necesitan. No después.

Porque los virus tienen una costumbre irritante: aparecen justo cuando alguien acaba de decir “bah, si eso está muy exagerado”.

El problema no es el ratón. Es la decisión

El hantavirus lo transmiten los roedores. Pero los brotes los construyen las personas, con sus reuniones, sus viajes, sus subestimaciones y, a veces, sus protocolos mal ejecutados. La historia reciente de las pandemias, desde el SARS hasta la COVID, pasando por el Ébola, podría contarse con una secuencia bastante repetida: un animal, un salto de especie, una ventana de tiempo en la que alguien miró para otro lado, y después una investigación parlamentaria preguntando qué falló.

No hay que ser alarmista. Hay que ser metódico.

Que es, casualmente, lo más difícil de vender en tiempos en que todo compite por la atención y lo urgente siempre le gana la partida a lo importante.

El barco está en Cabo Verde. Las islas están mirando. Esperemos que las autoridades sanitarias también.

Este artículo toma como base el estudio ‘Person-to-Person Transmission of Andes Virus in Hantavirus Pulmonary Syndrome’ publicado en The New England Journal of Medicine (2020).

Puerto Naos no parte de cero. Parte de una herida. Durante años fue uno de los nombres propios del turismo palmero, una franja costera donde se mezclaban apartamentos, un hotel, restaurantes, playa, agricultura y vida cotidiana. Después llegó el volcán, llegaron los gases, llegaron los cierres y la incertidumbre. La zona dejó de ser solo un destino turístico para convertirse también en símbolo de una recuperación difícil.

Ahora, el Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos y Charco Verde pretende abrir una nueva etapa. A finales de abril de 2026, la Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma dio el visto bueno al inicio del expediente. Conviene subrayarlo: no se han aprobado hoteles ni se han concedido licencias de obra. Lo que se ha activado es el procedimiento que permitirá estudiar, ordenar y someter a consulta pública un plan llamado a redefinir una de las zonas costeras más sensibles de la isla.

El proyecto plantea ordenar 27,7 hectáreas entre Puerto Naos y Charco Verde, con un límite máximo de 2.100 plazas alojativas. La propuesta no invade la playa y reserva más del 55% del suelo a zonas verdes, espacios libres y plataneras. Esa combinación, turismo y agricultura, es una de las claves del relato: no se trataría de sustituir por completo el paisaje agrario, sino de insertar la nueva actividad turística dentro de él.

La cifra de 2.100 plazas tampoco es menor. El plan no se presenta como una expansión ilimitada, sino como una recuperación parcial de la capacidad perdida tras la erupción. Puerto Naos y su entorno llegó a concentrar en torno a 3.000 camas turísticas antes del volcán. El IPST, por tanto, aspira a devolver parte de esa fuerza económica, pero bajo un modelo más ordenado, compacto y sometido a nuevas exigencias ambientales.

El diseño previsto apuesta por concentrar la edificación en lugar de dispersarla. En la práctica, esto significa crecer más en vertical que en extensión, dejando más suelo libre para jardines, caminos, cultivos y espacios abiertos. Es una solución con ventajas claras: reduce la ocupación del territorio, permite concentrar redes de agua, saneamiento y energía, y facilita la gestión de servicios. Pero también plantea una de las inquietudes de vecinos y grupos ecologistas: que la altura de los edificios pueda alterar el paisaje o generar un efecto de barrera en una costa que no admite errores estéticos ni ambientales.

El expediente entra ahora en una fase delicada. Tras el inicio de la tramitación ambiental, deberá abrirse un periodo de consulta pública. Después llegarán los informes sectoriales (agua, costas, carreteras, seguridad, medio ambiente), las posibles alegaciones, la aprobación plenaria, la publicación definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, los convenios urbanísticos con los propietarios y, finalmente, las licencias municipales. Solo al final de ese recorrido podrían empezar las obras.

Ese calendario explica por qué el IPST es, de momento, más una promesa ordenada que una realidad material. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane promueve el plan, pero la inversión en hoteles y equipamientos correspondería a promotores privados. La administración ordena el suelo; los inversores decidirán si entran, con qué proyectos y bajo qué condiciones. Ese detalle resulta fundamental para entender el alcance de lo aprobado: no se ha construido nada, pero se está preparando el marco para que pueda construirse.

Las oportunidades son evidentes. La Palma necesita actividad económica capaz de sostenerse más allá de la subvención, del parche y de la emergencia. Necesita empleo, inversión y razones para que la población joven no vea la salida de la isla como único horizonte razonable. Un Puerto Naos reactivado podría generar trabajo en construcción, hostelería, mantenimiento, transporte, restauración, comercio, ocio, agricultura vinculada al turismo y servicios profesionales. No sería una solución mágica, pero sí un motor posible para una comarca que ha visto demasiado tiempo cómo la normalidad se aplazaba.

También podría ayudar a reforzar la conectividad turística de la isla. Más plazas alojativas significan más capacidad para atraer visitantes, sostener rutas y dar estabilidad a una oferta turística que en La Palma siempre ha sido más frágil que en otras islas del Archipiélago. La cuestión, sin embargo, no es solo traer más turistas. Es decidir qué tipo de turismo se quiere y qué deja realmente en el territorio.

Ahí aparecen los riesgos. Los grupos ecologistas pueden cuestionar el impacto territorial, el consumo de agua, la presión energética, el aumento de residuos o la posible pérdida de paisaje agrícola. Algunos vecinos, especialmente en una zona marcada por evacuaciones y restricciones, reclaman seguridad, información y garantías. La presencia de gases volcánicos sigue siendo un elemento que obliga a extremar la prudencia. Cualquier desarrollo en Puerto Naos tendrá que convivir con esa realidad y prever protocolos claros.

El agua será otro examen. El propio planteamiento del IPST incorpora reutilización de aguas regeneradas, drenaje sostenible y energías renovables. Sobre el papel, son medidas necesarias y coherentes. En la práctica, exigirán inversión, mantenimiento y control. Un hotel eficiente no lo es porque lo diga una memoria, sino porque sus instalaciones funcionan, se auditan y no compiten de forma injusta con las necesidades de la población residente y del sector agrícola.

Tampoco puede ignorarse el efecto sobre la vivienda. Un desarrollo turístico de alta gama, de cinco estrellas, puede generar empleo e ingresos, pero también tensar precios, atraer especulación y cambiar el equilibrio social de la zona. La oportunidad económica debe ir acompañada de políticas que eviten que quienes trabajen en ese nuevo Puerto Naos no puedan vivir cerca de él.

Qué queda ahora: las fases del IPST

A Puerto Naos aún no han llegado las grúas. Antes queda un recorrido largo: consulta pública, informes sectoriales, respuesta a alegaciones, aprobación definitiva, convenios con propietarios y promotores, proyectos técnicos y licencias municipales. Solo entonces el IPST pasará del papel al terreno. Esa temporalización será decisiva, porque permitirá comprobar si el proyecto mantiene el equilibrio prometido entre inversión turística, paisaje agrícola, seguridad volcánica y participación ciudadana.

Lo aprobado hasta ahora es el arranque de la tramitación ambiental y administrativa. A partir de este punto, el camino previsto incluye varias fases:

1. Consulta pública y alegaciones

Tras el inicio del expediente, se abre un periodo de consulta en el que podrán pronunciarse administraciones, vecinos, propietarios, colectivos y personas interesadas. Esta fase será clave para medir el grado de aceptación social del proyecto y para introducir posibles correcciones.

2. Informes sectoriales

El expediente deberá recabar informes de las áreas competentes: agua, costas, carreteras, seguridad, medio ambiente, energía y otros servicios afectados. Estos informes determinarán si el plan necesita ajustes técnicos antes de seguir avanzando.

3. Revisión de alegaciones y ajustes del documento

Con las aportaciones recibidas, la administración tendrá que estudiar las alegaciones y decidir cuáles incorpora. Aquí podrían modificarse aspectos como accesos, integración paisajística, medidas ambientales, garantías sobre el agua o condiciones de seguridad volcánica.

4. Aprobación provisional o plenaria

Una vez revisado el documento, el IPST deberá someterse a aprobación por el órgano competente. Esta fase servirá para fijar políticamente el modelo de ordenación que se quiere para Puerto Naos y Charco Verde.

5. Aprobación definitiva y publicación oficial

Si supera los trámites anteriores, el plan deberá aprobarse definitivamente y publicarse en el boletín oficial correspondiente. Solo a partir de ese momento el IPST tendría plena eficacia jurídica.

6. Convenios urbanísticos con propietarios y promotores

Después será necesario concretar los acuerdos con los propietarios del suelo y con los promotores interesados. Estos convenios deberán fijar cesiones, obligaciones, garantías, compromisos de ejecución, conservación del paisaje agrario e infraestructuras necesarias.

7. Proyectos concretos y licencias municipales

El IPST ordena el ámbito, pero no construye por sí mismo. Cada hotel, equipamiento o actuación deberá presentar su proyecto específico y obtener las licencias municipales correspondientes.

8. Inicio de las obras

Solo cuando estén aprobados el planeamiento, los convenios, los proyectos técnicos y las licencias podrán comenzar las obras de urbanización y edificación.

El IPST llega, por tanto, con una doble condición: puede ser una gran oportunidad para La Palma, pero solo si se hace bien. Si el proceso es transparente, si las alegaciones se escuchan de verdad, si los compromisos ambientales se convierten en obligaciones verificables y si la riqueza generada se reparte en empleo, actividad local y servicios, Puerto Naos podría convertirse en un ejemplo de recuperación inteligente después de una catástrofe.

Si el expediente avanza sin grandes tropiezos, el primer hotel podría inaugurarse en torno a 2029 o 2030. En un escenario más lento, con alegaciones, ajustes técnicos o litigios, la apertura podría demorarse hasta 2031 o más. Esa horquilla resume bien la naturaleza del IPST: no es una obra inmediata, sino una carrera de fondo administrativa, urbanística y ambiental.

La isla no necesita elegir entre economía y paisaje, ni entre turismo y agricultura, ni entre inversión y prudencia. Necesita demostrar que puede combinarlos sin engañarse. Puerto Naos tiene ahora una segunda oportunidad. El IPST no es todavía el renacimiento, pero sí el plano sobre el que ese renacimiento podría empezar a dibujarse.

Puerto Naos vuelve poco a poco a ocupar el lugar que nunca debió perder en la vida de La Palma. Tras años marcados por la erupción volcánica, las restricciones de acceso, la presencia de gases, la incertidumbre vecinal y una recuperación lenta, este enclave del litoral aridanense empieza a mirar de nuevo hacia el futuro. No desde la euforia, sino desde una mezcla comprensible de esperanza, prudencia y necesidad.

En ese contexto aparece una de las operaciones territoriales más importantes de las últimas décadas en la isla: la ordenación turística del litoral comprendido entre Puerto Naos y Charco Verde mediante un instrumento de planificación singular. No se trata de un expediente técnico más, ni de una discusión reservada a especialistas en urbanismo. Estamos ante una decisión que puede condicionar el modelo económico, paisajístico y social del Valle de Aridane durante muchos años.

La Palma necesita inversión. Necesita empleo. Necesita recuperar actividad económica, fijar población joven y ofrecer oportunidades reales a quienes quieren vivir y trabajar aquí. Por eso, cualquier iniciativa capaz de dinamizar una zona especialmente golpeada merece ser escuchada sin prejuicios. Pero precisamente porque la oportunidad es grande, la responsabilidad también lo es.

El futuro de Puerto Naos no puede decidirse como si solo estuvieran en juego parcelas, licencias y metros cuadrados. Está en juego algo más profundo: el tipo de isla que queremos construir después del volcán. Una isla capaz de atraer inversión sin perder identidad. Una isla que genere riqueza sin sacrificar paisaje. Una isla que mire al turismo como motor económico, pero no como excusa para repetir errores que otros territorios ya conocen demasiado bien.

Ordenar. El IPST

El Instrumento de Planificación Singular Turística es una figura prevista en el marco normativo canario para permitir actuaciones consideradas de interés insular. En el caso de La Palma, se vincula a la llamada Ley de Islas Verdes, pensada para territorios con menor presión turística, economías más frágiles y necesidad de activar proyectos estratégicos.

Sobre el papel, el objetivo es razonable: ordenar, dar seguridad jurídica, fijar condiciones y permitir que determinadas actuaciones puedan avanzar sin quedar atrapadas durante años en una maraña de planeamiento incompleto, informes sucesivos y trámites interminables. La planificación, cuando se hace bien, no es enemiga del territorio. Al contrario: puede evitar la improvisación, poner límites y establecer reglas claras.

El problema, como casi siempre en urbanismo, no está solo en la herramienta, sino en cómo se utiliza. Un instrumento de este tipo puede servir para proteger lo valioso y facilitar una inversión útil para la sociedad. Pero también puede generar recelos si se percibe como una vía rápida para convertir suelo de alto valor paisajístico y agrario en una gran bolsa de desarrollo turístico sin suficiente explicación pública.

Por eso la pregunta no debería ser únicamente si Puerto Naos debe crecer o no. La pregunta importante es otra: cómo debe crecer para que gane la isla en su conjunto.

La propiedad del suelo y la confianza pública

En operaciones urbanísticas de esta dimensión, es habitual que existan propietarios con superficies muy distintas: pequeños titulares, propietarios medianos y también grandes tenedores que, por acumulación histórica, compraventas anteriores o estrategias patrimoniales legítimas, disponen de una parte significativa del terreno afectado.

Según informaciones publicadas en medios regionales, una parte relevante del suelo estaría concentrada en manos de un número reducido de propietarios privados, y uno de ellos podría reunir más de la mitad de los terrenos incluidos en el ámbito del IPST. Tener suelo es legal. Conservarlo durante años también lo es. Aspirar a desarrollarlo conforme al planeamiento vigente o futuro forma parte del ejercicio ordinario del derecho de propiedad.

Del mismo modo, es legítimo que la administración busque fórmulas para atraer inversión, activar economía, ordenar zonas estratégicas y generar empleo. Una isla como La Palma, especialmente después de la crisis volcánica, no puede permitirse rechazar de entrada cualquier iniciativa capaz de crear actividad. El desarrollo económico no debe tratarse como una sospecha. Bien orientado, puede ser una herramienta imprescindible para mejorar servicios, sostener población y abrir oportunidades.

Ahora bien, que algo sea legal no significa que deba quedar fuera del debate público. Cuando una decisión urbanística pública puede aumentar de forma notable el valor de determinados suelos, modificar el paisaje, condicionar infraestructuras públicas y abrir la puerta a nuevas actividades económicas, la exigencia de transparencia debe ser máxima. Para proteger la confianza de todos.

El urbanismo no solo ordena terrenos: también reparte expectativas, beneficios, cargas y oportunidades. Por eso, cuanto mayor sea la dimensión económica de una operación, mayor debe ser la claridad del procedimiento. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se permite, qué se limita, qué se protege, qué obligaciones asumen los promotores, qué mejoras públicas se garantizan y qué controles existirán para que el resultado responda al interés general.

No se trata de enfrentar propiedad privada e interés público. Ambos pueden convivir perfectamente. El mejor urbanismo es aquel que permite que la iniciativa privada invierta, pero dentro de unas reglas públicas claras y comprensibles. El propietario puede obtener un rendimiento legítimo de su suelo, pero la isla también debe recibir beneficios tangibles: empleo, infraestructuras, espacios públicos, protección paisajística, mejoras ambientales, accesibilidad y actividad económica real.

Si la ciudadanía percibe que una operación se diseña solo para desbloquear expectativas privadas, el proyecto nacerá con desconfianza. Si, por el contrario, se explica bien, se documenta bien, se somete a controles rigurosos y se vincula a compromisos sociales y ambientales verificables, puede convertirse en una oportunidad compartida.

Una oportunidad económica evidente

Sería injusto negar el potencial económico del proyecto. La zona de Puerto Naos y Charco Verde tiene condiciones muy atractivas: clima, paisaje, litoral, tradición turística, cercanía al Valle de Aridane y una memoria previa como espacio de alojamiento, restauración y ocio.

La posible implantación de nuevas instalaciones hoteleras y extrahoteleras podría generar inversión, empleo directo e indirecto, actividad comercial, ingresos fiscales y mejora de servicios en una zona que lleva demasiado tiempo soportando una situación excepcional. Para muchos negocios del Valle, la recuperación turística de Puerto Naos no es una abstracción: puede significar clientes, contratos, proveedores, transporte, mantenimiento, hostelería, construcción, limpieza, jardinería y vida en la calle.

También puede ayudar a diversificar una economía insular demasiado vulnerable. La Palma no puede vivir solo de la nostalgia ni de una conservación entendida como parálisis. Proteger el territorio no debe significar condenar a la isla a no hacer nada. La conservación inteligente también puede incluir actividad económica, siempre que esta se someta a límites claros.

El riesgo está en confundir desarrollo con ocupación intensiva del suelo. Una cosa es reactivar Puerto Naos y otra muy distinta convertir su litoral en una pieza más de turismo indiferenciado. La Palma no compite bien imitando modelos masivos. Su valor está precisamente en lo contrario: paisaje, autenticidad, escala humana, naturaleza, silencio, cielo, senderos, agricultura, volcanes, mar y una identidad que no se puede fabricar con hormigón.

Los riesgos

La ordenación turística de Puerto Naos tiene riesgos evidentes si no se gestiona adecuadamente.

El primero es el impacto paisajístico. El litoral occidental de La Palma no es un solar cualquiera. Es una franja de enorme valor ambiental, visual y emocional. Cualquier actuación debería integrarse con delicadeza, evitando volúmenes agresivos, barreras visuales o una urbanización que rompa la relación natural entre el mar, la costa y el paisaje volcánico.

El segundo riesgo es la presión sobre los recursos. Nuevas plazas turísticas implican consumo de agua, energía, movilidad, residuos, mantenimiento urbano y servicios públicos. En una isla limitada, estos factores no pueden tratarse como detalles secundarios. Deben estar cuantificados y explicados antes de que las decisiones sean irreversibles.

El tercer riesgo es la vivienda. Si el desarrollo turístico aumenta la presión inmobiliaria sin medidas paralelas, los residentes pueden acabar pagando parte del precio de una operación que, en teoría, debería beneficiarles. Una recuperación económica que encarece la vida de quienes ya viven aquí no puede considerarse plenamente exitosa.

El cuarto riesgo es la movilidad. Puerto Naos y el litoral de Los Llanos necesitan accesos seguros, aparcamientos razonables, transporte público eficaz y soluciones que no conviertan cada temporada alta en un problema de tráfico. El turismo no empieza en la recepción de un hotel: empieza en la carretera que permite llegar a él.

Y el quinto riesgo, quizá el más importante, es la confianza. Después de años de expedientes complejos, documentos ambientales revisados, dudas técnicas y debates públicos, la administración debe extremar la claridad. Un proyecto de esta escala no puede avanzar con la sensación de que la ciudadanía se entera tarde o mal. Los documentos deben estar accesibles, los planos deben explicarse, los condicionantes ambientales deben conocerse y las alegaciones deben ser tomadas en serio.

La evaluación ambiental como garantía

Uno de los errores habituales en este tipo de debates es presentar la evaluación ambiental como una traba burocrática. No lo es. En un territorio como La Palma, la evaluación ambiental es una garantía democrática y técnica.

Si un documento se devuelve porque contiene errores, carencias o aspectos incompletos, eso no debería verse solo como un retraso. También puede interpretarse como una señal de que el sistema de control funciona. Mejor corregir antes que lamentar después. Mejor exigir informes completos que aprobar documentos débiles. Mejor perder unos meses que hipotecar décadas.

La protección ambiental no está reñida con el desarrollo económico. De hecho, en La Palma son inseparables. Nadie viene a esta isla buscando un destino turístico cualquiera. Quien viene a La Palma busca paisaje, naturaleza, autenticidad y una sensación de lugar que no se encuentra en cualquier parte. Dañar eso sería dispararse en el pie.

Por eso debería hacerlo con criterios exigentes: integración paisajística, control de alturas, eficiencia energética, gestión responsable del agua, corredores verdes, respeto al litoral, mejora de accesos, seguridad volcánica y compromisos verificables con el empleo local.

No basta con construir. Hay que construir bien.

El retorno social

Una de las grandes preguntas es qué gana La Palma más allá de la inversión inicial. Porque una operación turística de esta magnitud no puede medirse solo en millones de euros ni en número de camas. Debe medirse también en calidad del empleo, estabilidad laboral, formación profesional, contratación local, mejora de infraestructuras, espacios públicos, acceso ciudadano al litoral y beneficios para el comercio de la zona.

Sería deseable que cualquier avance del proyecto viniera acompañado de compromisos claros: prioridad para empresas y trabajadores locales cuando sea posible, planes de formación, medidas para evitar precariedad, creación de espacios públicos de calidad, integración con el tejido comercial existente y mecanismos de seguimiento.

El turismo puede ser una gran oportunidad si se reparte bien. Si no, corre el riesgo de convertirse en una riqueza que se ve pasar, pero que no termina de quedarse. La Palma debe exigir que una parte importante del valor generado permanezca en la isla. No por rechazo a la inversión exterior, sino por sentido común. El territorio es de aquí. El paisaje es de aquí. Las infraestructuras públicas las sostiene la ciudadanía. Por tanto, el beneficio también debe notarse aquí.

Ni bloqueo ni barra libre

El debate sobre Puerto Naos corre el riesgo de caer en dos extremos igual de pobres. Por un lado, quienes consideran que cualquier desarrollo turístico es una amenaza. Por otro, quienes creen que cualquier inversión debe aprobarse casi sin preguntas porque la isla necesita empleo.

La realidad es más compleja.

La Palma no puede permitirse bloquear indefinidamente todo proyecto estratégico. Pero tampoco puede aceptar una barra libre urbanística. Entre el “no a todo” y el “sí a todo” hay un camino más inteligente: sí, pero con condiciones; sí, pero con transparencia; sí, pero con límites; sí, pero con retorno social; sí, pero con respeto al paisaje.

Ese debería ser el punto de encuentro.

Puerto Naos puede convertirse en un ejemplo de nueva planificación turística para islas frágiles. Un modelo que combine inversión y prudencia, actividad económica y paisaje, empleo y sostenibilidad, propiedad privada e interés general. Pero para lograrlo hay que explicar más, escuchar más, publicar más y condicionar mejor.

La ciudadanía no molesta cuando pregunta. Participa.

Una decisión que va más allá de Puerto Naos

Lo que se decida en Puerto Naos enviará un mensaje a toda la isla. Dirá cómo entiende La Palma su recuperación después del volcán. Dirá si el territorio se gestiona como un recurso finito o como una oportunidad de negocio sin memoria. Dirá si somos capaces de atraer inversión sin perder el alma. Dirá si el interés general está realmente por encima de las prisas.

El Valle de Aridane necesita buenas noticias. Necesita que Puerto Naos vuelva a respirar. Necesita que la actividad económica regrese. Necesita que quienes perdieron tanto puedan mirar hacia adelante. Pero también necesita seguridad, paisaje, vivienda, servicios y confianza.

Por eso este proyecto no debería plantearse como una batalla entre progreso y conservación. Esa es una simplificación injusta. El verdadero progreso consiste en conservar lo que nos hace valiosos mientras creamos nuevas oportunidades. Y la verdadera conservación no puede ser indiferente al desempleo, a la despoblación o a la falta de futuro de los jóvenes.

Puerto Naos puede ser una gran oportunidad. Probablemente una de las mayores que tendrá La Palma en los próximos años.

Si la ordenación turística de Puerto Naos se hace bien, puede ayudar a reconstruir una zona herida, generar empleo, modernizar servicios y demostrar que La Palma tiene futuro. Si se hace mal, puede aumentar la desconfianza, tensionar el territorio y dejar la sensación de que una vez más el paisaje pagó la factura de decisiones tomadas demasiado lejos de la gente.

La verdadera cuestión no es solo aprobar un plan. Es merecer la confianza de la isla.

Puerto Naos no debe ser una operación a favor de La Palma. A favor del empleo, sí. A favor de la inversión, también. Pero, sobre todo, a favor de un modelo de isla que no venda su futuro por resolver su presente.

Porque el desarrollo, cuando es inteligente, no destruye el paisaje: lo mejora, lo ordena y lo protege. Y La Palma, después de todo lo vivido, merece exactamente eso: crecer sin dejar de ser La Palma.

En el Roque de los Muchachos no hay aún excavadoras, ni espejos, ni una fecha marcada en rojo. Hay algo menos vistoso, pero quizá más importante: una oportunidad de Estado. El Thirty Meter Telescope (TMT), concebido para mirar el universo con un espejo de 30 metros, sigue atrapado entre Hawái, la política estadounidense, la financiación internacional y una pregunta que cada mes pesa más: dónde puede construirse de verdad.

La historia del TMT tiene ya algo de novela larga. Una de esas en las que el protagonista anuncia que va a llegar, todos preparan la escena, se encienden las luces, se mira al horizonte y, al final, el personaje no cruza la puerta. El telescopio fue pensado para Maunakea, en Hawái, una de las montañas más importantes del planeta para la astronomía, pero también un lugar sagrado para parte de la comunidad nativa hawaiana. Ahí empezó el atasco. Y no ha sido un atasco pequeño, de esos que se arreglan con paciencia y café. Ha sido una parálisis de años.

El TMT no es un telescopio más. Su espejo primario de 30 metros permitiría estudiar exoplanetas, galaxias lejanas, agujeros negros y algunas de las preguntas más antiguas de la ciencia moderna: cómo nació el universo, cómo evolucionaron las primeras galaxias, si hay planetas parecidos a la Tierra en otros sistemas solares. El Ministerio de Ciencia lo presentó en 2025 como una de las grandes infraestructuras astronómicas del siglo, con capacidad para abrir una nueva etapa en la observación del cosmos.

Pero una cosa es diseñar una máquina capaz de mirar casi al principio del tiempo y otra, bastante más terrenal, conseguir construirla. El acuerdo maestro del TMT se firmó en 2013 con participación de instituciones de Estados Unidos, Canadá, China, India y Japón. Entonces se preveía iniciar la construcción en 2014 y empezar las operaciones científicas en 2022. Ese calendario, visto desde 2026, parece ya un documento de otra era.

Durante mucho tiempo, La Palma aparecía en esta historia como el plan B. Una alternativa seria, sí, pero alternativa, al fin y al cabo. El Roque de los Muchachos ofrecía un cielo probado, una infraestructura científica consolidada y una experiencia de décadas con telescopios internacionales. Pero Maunakea seguía siendo la primera opción. El propio TMT lo ha repetido en distintas ocasiones: Hawái es su sede preferida. La Palma era la salida si la puerta hawaiana no se abría.

El problema es que esa puerta lleva demasiado tiempo cerrada.

En 2018, el consejo del TMT aplazó una decisión definitiva entre Hawái y Canarias. El motivo era claro: en Hawái seguían los recursos judiciales y el proceso ligado al uso de Maunakea; en Canarias avanzaban los trabajos ambientales y de permisos para la alternativa del Roque de los Muchachos. El consorcio decía entonces que Maunakea seguía siendo la opción preferida, pero mantenía viva la vía canaria.

Desde entonces, la situación no ha ganado sencillez. La oposición en Hawái no se reduce a una protesta puntual. Tiene raíz cultural, histórica y política. Para parte de la comunidad nativa hawaiana, Maunakea no es solo una cumbre con buen cielo, sino un lugar sagrado. La construcción del TMT se ha convertido allí en un símbolo de una discusión más amplia sobre territorio, ciencia, soberanía, memoria y poder. EFE resumía este mes de abril que el proyecto sigue bloqueado por la oposición de la comunidad indígena a levantarlo en una montaña sagrada.

La National Science Foundation (NSF), la agencia científica de Estados Unidos, mantiene abierta la revisión ambiental y cultural relacionada con una posible inversión federal en el TMT en Maunakea. Ese proceso no es un simple trámite. La propia NSF reconoce la sensibilidad del lugar y ha ampliado el horizonte de su revisión hasta el 31 de diciembre de 2026. También advierte de que una decisión de no financiar el proyecto puede producirse en cualquier momento del proceso.

Ahí entra La Palma.

España ha decidido pasar de la simpatía a la oferta. El 23 de julio de 2025, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció que España ofrecía hasta 400 millones de euros, a través del CDTI, para atraer el TMT al Observatorio del Roque de los Muchachos. No era una declaración bonita para salir en la foto. Era una cifra. Y en los grandes proyectos internacionales, las cifras hablan un idioma que todos entienden, incluso cuando fingen no escucharlo.

Ese movimiento cambió la posición española. La Palma dejó de presentarse solo como un enclave con buen cielo y pasó a presentarse como una propuesta de Estado. Con permisos avanzados, con tradición astronómica, con respaldo político y con dinero público sobre la mesa. En una isla acostumbrada a que muchas promesas suban a la cumbre y se queden por el camino, el matiz no es menor.

El segundo impulso llegó desde Europa. En diciembre de 2025, el Banco Europeo de Inversiones anunció apoyo de asesoramiento para estudiar la viabilidad económica y financiera del TMT en La Palma. El BEI no dijo que fuera a pagar el telescopio. Eso conviene dejarlo claro para no vender humo, que bastante calima tenemos algunos días. Lo que anunció fue algo menos vistoso, pero más útil: ayudar a estructurar el proyecto, analizar su viabilidad y explorar fórmulas para atraer inversión pública y privada.

La presidenta del BEI es Nadia Calviño, exvicepresidenta económica del Gobierno español. Su papel añade una lectura europea al asunto. El TMT ya no se presenta solo como una ambición científica de La Palma o de España, sino como una posible infraestructura estratégica para Europa. El propio BEI estimó el coste total del proyecto en torno a 3.000 millones de euros y situó su intervención dentro de una planificación económica y financiera más amplia.

El mensaje, traducido al castellano de la calle, sería este: España pone una parte importante del dinero, Europa ayuda a ordenar la operación y La Palma ofrece un lugar donde el proyecto puede salir del bucle. No es poco.

La partida se volvió más interesante con el viaje de Pedro Sánchez a China el 14 de abril de 2026. Según EFE, el presidente del Gobierno defendió ante Xi Jinping la candidatura de La Palma para albergar el TMT. El dato llamó la atención porque China ya no forma parte hoy del consorcio del telescopio. Y ahí está uno de los matices importantes de esta historia.

China sí estuvo en el TMT. Firmó el acuerdo maestro de 2013 y formó parte de la arquitectura inicial del proyecto. Pero hoy no figura entre los miembros actuales del Thirty Meter Telescope International Observatory. En la web oficial aparecen Caltech, la Universidad de California, Japón, India y Canadá, con AURA como asociado. Un informe externo de la NSF fechado en diciembre de 2024 señala, además, que la República Popular China se retiró de forma amistosa del TIO a comienzos de 2024.

Eso obliga a leer con cuidado la visita a Pekín. No parece riguroso presentar la conversación como un simple intento de que China vuelva al TMT. Puede haber más capas. China tiene su propia agenda astronómica y trabaja para reforzar su capacidad en grandes telescopios ópticos. La Universidad de Pekín, por ejemplo, ha presentado el proyecto EAST, con fases de 6 y 8 metros en Lenghu, en Qinghai, como paso hacia telescopios aún mayores. Sus propios documentos señalan que China necesita ganar experiencia tecnológica para futuros telescopios terrestres de entre 15 y 30 metros.

Visto así, La Palma puede aparecer ante China no solo como el posible destino del TMT, sino como una plataforma científica disponible en Europa. Un lugar con cielo, experiencia, seguridad jurídica y un Estado dispuesto a poner dinero. No hay constancia pública de que Sánchez ofreciera formalmente a China una vía propia para instalar otro gran telescopio en la isla. Eso sería ir más allá de los datos. Pero sí parece razonable interpretar que España ha querido situar La Palma en el mapa de la diplomacia científica china, al mismo tiempo que lanza un mensaje al consorcio del TMT: si el proyecto necesita una salida, aquí hay una.

Y ese mensaje también mira a Estados Unidos.

La NSF no es un socio ordinario del TMT, pero su peso financiero y político puede condicionar el futuro del proyecto. En 2025, la solicitud presupuestaria de la NSF para 2026 planteó avanzar con el Giant Magellan Telescope y no con el TMT hacia la fase final de diseño con nuevos fondos federales. No equivale a enterrar el TMT, porque el Congreso estadounidense tiene su propia capacidad de decisión presupuestaria, pero sí muestra que el proyecto ha perdido tracción en Washington.

Ese detalle pesa mucho. Un proyecto de 3.000 millones no vive solo de entusiasmo científico. Necesita socios, calendarios, aportaciones, permisos y una cadena de mando que no se rompa cada vez que cambia el viento político. Hawái conserva el valor simbólico y científico de la sede original. La Palma gana valor por otro camino: el de la posibilidad real.

No se trata de presentar a La Palma como la vencedora moral de una disputa ajena. La oposición hawaiana no es un capricho ni un obstáculo pintoresco. Es una protesta arraigada en una historia de agravios, identidad y uso del territorio. La ciencia no puede mirar galaxias lejanas y, al mismo tiempo, fingir que no ve a las comunidades que tiene delante. Ese es uno de los grandes aprendizajes del TMT.

Pero tampoco se puede ignorar el otro lado: la astronomía internacional lleva más de una década esperando. Los socios han invertido tiempo, dinero, tecnología y reputación. Los instrumentos se diseñan, las generaciones de investigadores cambian, los costes suben y la competencia no se detiene. Mientras el TMT duda, otros telescopios avanzan. En ciencia, perder una década no es un detalle administrativo. Es perder preguntas, equipos, talento y liderazgo.

Ahí está la oportunidad palmera.

El Observatorio del Roque de los Muchachos no necesita inventarse una biografía. Ya la tiene. En sus cumbres trabajan telescopios de referencia internacional, entre ellos el Gran Telescopio Canarias. La isla sabe convivir con la astronomía, aunque no siempre haya sabido convertir esa presencia en suficiente empleo cualificado, formación técnica y tejido empresarial local. El TMT llevaría esa relación a otra escala.

La clave no estaría solo en levantar una gran estructura en la cumbre. Estaría en todo lo que obliga a mover alrededor: ingeniería, óptica, electrónica, mantenimiento de precisión, datos, transporte especializado, servicios técnicos, formación profesional, contratos locales, colaboración universitaria y presencia internacional. Un telescopio así no arregla por sí solo los problemas de La Palma. No llena las casas vacías, no abarata la vivienda, no resuelve el envejecimiento ni detiene la marcha de los jóvenes. Pero cambia el tablero. Y a veces cambiar el tablero ya es mucho.

También exige prudencia. La Palma conoce bien el peligro de confundir titulares con realidades. El TMT no está decidido. Hawái no ha desaparecido. La NSF mantiene abierto su proceso hasta finales de 2026. El consorcio sigue teniendo a Maunakea como opción preferida. Y España, por mucho que ponga 400 millones, no puede decidir sola el destino de una infraestructura internacional.

Pero hay algo nuevo. La Palma ya no espera sentada al fondo de la sala, como quien aguarda a que la llamen si falla el plato principal. Ahora tiene una propuesta con dinero, papeles, respaldo europeo y recorrido diplomático. La isla ha pasado de ser el plan B discreto a convertirse en la alternativa que todos deben tomar en serio.

Por eso la conversación con China importa, aunque China ya no esté dentro del TMT. Importa porque muestra que España ha sacado el telescopio del cajón técnico y lo ha puesto en la mesa grande, donde se mezclan ciencia, industria, financiación y geopolítica. Importa porque La Palma no solo se ofrece al TMT. Se ofrece como territorio europeo para la gran astronomía del siglo XXI.

La decisión final no está tomada. Quizá tarde más de lo que conviene. Quizá el consorcio siga mirando a Hawái con la nostalgia de lo que pudo ser. Quizá La Palma tenga que esperar otra vez, que en esta isla esperar es casi una asignatura no oficial. Pero el equilibrio ha cambiado.

Durante años, el TMT fue el telescopio que no llegaba. Ahora empieza a ser otra cosa: el telescopio que obliga a decidir. Y si algún día sus espejos se abren sobre el Roque de los Muchachos, tal vez se recuerde esta etapa como el momento en que La Palma dejó de pedir sitio en el mapa y empezó a ofrecer algo más difícil de encontrar: una salida con los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo.

Sus algoritmos no premian la verdad: premian la indignación. Una mentira emocionalmente cargada viaja, según un estudio del MIT publicado en Science, aproximadamente seis veces más rápido que su corrección. Y cuando el desmentido llega, ya ha cumplido su función: ha contaminado el ambiente, ha consumido la energía cívica que podría haberse gastado en algo real

La mentira industrial no aspira a convencer: aspira a agotar. Cuando la desinformación triunfa de verdad, no es porque hayas aceptado una falsedad. Es porque has dejado de buscar.

Hay un momento, si eres honesto, lo reconocerás, en el que dejas de comprobar si algo es verdad. No por pereza ni por ignorancia. Sino porque has calculado, con la frialdad del que ha sido quemado demasiadas veces, que el esfuerzo no vale la pena. Que habrá una versión contraria con el mismo tono de certeza inapelable. Que el hecho verificado llegará tarde, viajará despacio y convencerá a nadie que no estuviera ya convencido. Ese momento de rendición, tan silencioso, tan razonable, es exactamente el momento que alguien lleva años intentando provocarte.

Hannah Arendt lo escribió cuando el humo de los hornos todavía era reciente y su advertencia sonaba a anatomía del pasado. Hoy suena a diagnóstico del presente: la mentira sistemática, explicó, no pretende convencerte de una falsedad concreta. Pretende destruir en ti la capacidad misma de distinguir lo verdadero de lo falso. No aspira a tu credulidad. Aspira a tu agotamiento.

La diferencia es crucial, y tendemos a pasarla por alto. La propaganda clásica, la del cartel, el noticiario estatal, el periódico que solo existe en una versión, requería que creyeras. El modelo contemporáneo no. Le basta con que dudes de todo. Con que iguales, en un gesto de falsa simetría intelectual, al que miente sistemáticamente con el que verifica laboriosamente. Con que repitas, como señal de pensamiento crítico, que “todos mienten igual”. Esa frase, pronunciada con la satisfacción del que cree haber escapado al engaño, es el engaño.

En España llevamos décadas sometidos a este experimento con la paciencia de cobaya bien alimentada. No es que un partido mienta más que otro, la contabilidad comparativa del bulo tiene sus propios problemas metodológicos, sino que el efecto acumulado de la mentira competitiva ha producido algo más valioso para el poder que cualquier falsedad concreta: la indiferencia activa. El Gobierno publica una cifra; la oposición presenta otra con distinta metodología y el mismo tono de evidencia irrefutable. El INE es gubernamental. Los medios son del establishment. Los verificadores tienen su sesgo. Bienvenido al ecosistema perfectamente diseñado para que el ciudadano más informado acabe con la misma capacidad de acción política que el que no lee nada: ninguna.

Trump no inventó este mecanismo, pero lo industrializó con la eficiencia de quien ha encontrado su vocación tardía. Sus desmentidos de hechos comprobables, audiencias de inauguración, fraudes electorales que ningún tribunal encontró en ningún Estado, datos sanitarios que contradecían a sus propios epidemiólogos, no buscaban ser creídos por todos. Buscaban algo más modesto y más devastador: instalar la duda, convertir a los verificadores en actores políticos, hacer que el propio acto de comprobar pareciera un gesto partidista. Lo consiguió. La confianza de los votantes republicanos en los medios de comunicación ha caído a mínimos históricos, según Gallup. No es que crean a Trump. Es que han dejado de creer a nadie más. Lo que es, por supuesto, exactamente lo mismo.

Rusia opera con la misma lógica, pero sin la fanfarria. La desinformación sobre Ucrania no pretende convencer al mundo de que Kiev bombardea sus propias ciudades, esa batalla la tiene perdida de antemano; pretende que el mundo diga “hay versiones para todo” y mire hacia otro lado. La confusión no es un efecto secundario de la campaña. Es el objetivo central del briefing.

Las redes sociales son la infraestructura perfecta para este proyecto, aunque sus ingenieros nunca la diseñaran con esa intención, o eso dicen, que también cuenta. Sus algoritmos no premian la verdad: premian la indignación. Una mentira emocionalmente cargada viaja, según un estudio del MIT publicado en Science, aproximadamente seis veces más rápido que su corrección. Y cuando el desmentido llega, ya ha cumplido su función: ha contaminado el ambiente, ha consumido la energía cívica que podría haberse gastado en algo real. Las redes no son plazas públicas donde se debate. Son máquinas de producir suficiente ruido para que nadie escuche nada con claridad, y se han revelado extraordinariamente buenas en su trabajo involuntario.

Aquí está la trampa más elegante de todo el sistema. El escepticismo absoluto, esa pose de “todo es mentira, todos mienten igual”, se vende a sí mismo como lucidez. Como la actitud del ciudadano que no se deja engañar. Es, en realidad, exactamente lo contrario: es la actitud que el embustero necesita para operar sin resistencia. El que exige verificación es peligroso. El que ha decidido que nada es verificable es perfectamente inocuo: puede protestar todo lo que quiera en las redes sociales, que para eso están.

Arendt advertía que cuando la mentira sistemática triunfa, el resultado no es una sociedad que cree las mentiras oficiales, sino una sociedad que ha perdido el sentido con el que nos orientamos en la realidad. Eso no es una sociedad engañada. Es algo considerablemente peor: una sociedad que ya no sabe que lo está.

Defender la verdad factual en este clima no es ingenuidad ni militancia. Es, paradójicamente, el único acto verdaderamente subversivo que queda. Porque la subversión real no consiste en dudar de todo, eso es exactamente lo que el sistema quiere de ti, sino en tener la paciencia, el rigor y la incomodidad de distinguir. De verificar. De decir: esto es falso, esto es verdadero, y la diferencia importa, aunque a nadie le parezca rentable decirlo.

El embustero te necesita cansado.

No se lo pongas tan fácil.

El presidente Pedro Sánchez aprovechó su visita oficial a Pekín, a comienzos de abril de 2026, para poner sobre la mesa de Xi Jinping un asunto que interesa directamente a La Palma: la candidatura del Observatorio del Roque de los Muchachos como sede del Telescopio de Treinta Metros (TMT), el instrumento óptico más ambicioso que la humanidad ha proyectado construir. La mención no fue el centro del viaje —diecinueve acuerdos de cooperación, un mecanismo de diálogo estratégico y ocho convenios en ciencia e innovación monopolizaron los titulares—, pero su presencia en el comunicado oficial de La Moncloa no es inocente.

La baza china

China forma parte del consorcio internacional TMT International Observatory junto a Estados Unidos, Japón, Canadá e India. Como socio de pleno derecho, Pekín tiene voz en las decisiones sobre emplazamiento y en la estructura de financiación del proyecto. Que Sánchez haya elegido este foro bilateral para reiterar la “disponibilidad” de España responde a una lógica diplomática clara: si China apoya la opción canaria frente a la hawaiana de Maunakea, el peso del Pacífico se equilibra con el del Atlántico dentro del consorcio.

A ese argumento político España añade uno financiero de calado. El Gobierno ha puesto encima de la mesa hasta 400 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la oferta pública más concreta formulada hasta la fecha. La señal que se traslada a todos los socios, incluido China, es que España no solo ofrece cielo, sino también dinero y voluntad política sostenida.

Una candidatura con trayectoria

El interés de La Palma por acoger el TMT no nació este mes. Ya en 2019 hubo gestos políticos de apoyo a la candidatura canaria, y en 2025 el consorcio reconoció que exploraba una “vía prometedora” para instalar el telescopio en el Roque de los Muchachos. Eso supone un salto cualitativo respecto a la hipótesis: hay un trabajo técnico y diplomático en curso, aunque sin decisión formal de cambio de ubicación.

El impacto potencial para la isla justifica ese interés. Estudios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) calculan que el TMT generaría miles de empleos directos, indirectos y de servicios a largo plazo, además de consolidar La Palma como nodo astronómico de referencia mundial. Solo durante la construcción, la ministra Diana Morant cifró en hasta 500 los puestos de trabajo que se crearían en el entorno de Puntagorda.

Las sombras que persisten

Con todo, el escepticismo está justificado, y procede de varias direcciones.

La más determinante es estructural: el socio con mayor peso dentro del consorcio TMT no es China, sino la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF). Washington financia y orienta el proyecto de forma decisiva, y la posición oficial estadounidense sigue considerando Maunakea como emplazamiento primario. Cualquier viraje hacia La Palma requeriría, ante todo, convencer a la NSF, y esa negociación es más compleja —y más opaca— que un comunicado conjunto hispano-chino.

Señal política, no anuncio

El balance más honesto del viaje de Sánchez en lo que respecta al TMT es este: una señal política de apoyo, reforzada con un argumento financiero tangible, dirigida a un socio que tiene influencia, pero no el control del proyecto. No hay calendario de construcción, ni acuerdo cerrado, ni decisión del consorcio que anunciar. Lo que sí existe es una estrategia acumulativa —2019, 2025, 2026— que va añadiendo capas de respaldo para que La Palma no salga del tablero cuando el consorcio tome su decisión definitiva.

Para una isla que todavía reconstruye su tejido económico tras la erupción del Tajogaite, la perspectiva del telescopio más grande del mundo en el Roque de los Muchachos es mucho más que astronomía. Por eso cada movimiento diplomático, aunque modesto, vale la pena seguir de cerca.

Dos aerogeneradores llevan años plantados junto al Aeropuerto de La Palma mirando al mar. La mayoría de la gente que pasa por allí los mira de reojo y sigue su camino. Pero hay una pregunta que cada vez resulta más difícil de esquivar: ¿siguen girando, o llevan tiempo quietos?

La respuesta corta es que no lo sabemos con certeza. La respuesta larga es un expediente.

Conviene empezar por el principio, porque estos molinos no llegaron al aeropuerto palmero como un accidente ni como una ocurrencia de última hora. En enero de 2002, el periódico Cinco Días contó que Aena iba a instalar en La Palma la primera central eólica aplicada a un aeropuerto en España, y que el director de energías renovables del INTA la calificaba de pionera en Europa y probablemente en el mundo. Un año después, en septiembre de 2003, la revista Energías Renovables confirmó que el aeropuerto palmero se había convertido en el primero de Europa en obtener la energía que necesita a partir del recurso eólico. Dos aerogeneradores, impulsados por Aena y el INTA, situados en la cabecera sur, sin interferencias en la navegación aérea.

Hay que situarse en ese momento para entender lo que aquello significaba. Mucho antes de que las cumbres climáticas se convirtieran en liturgia y los planes de sostenibilidad en papel de relleno, una isla periférica y pequeña intentaba que su aeropuerto funcionara con viento. Eso no era retórica. Era una apuesta técnica y también una declaración: que las islas no tienen por qué esperar a que el modelo cambie en el continente. Que pueden ir por delante. Aquella decisión, vista hoy, tiene un punto de osadía que merece ser reconocido antes de entrar en los problemas.

Porque los problemas llegaron. O, más exactamente, llegó el tiempo.

Las Estadísticas Energéticas de Canarias de 2006, publicación institucional del Gobierno autonómico, recogen el parque eólico del Aeropuerto de La Palma con los siguientes datos: fabricante MADE, dos aerogeneradores de 660 kilovatios cada uno, potencia total de 1.320 kilovatios, municipio de Villa de Mazo y año de puesta en servicio 2003. Está clasificado como instalación de consumo asociado, es decir, no vierte a la red general, sino que produce para el propio aeropuerto. Esa ficha ya corrige una de las cifras que circularon en 2002, cuando Cinco Días hablaba de dos máquinas de 1.600 kilovatios cada una. La discrepancia no invalida el proyecto, pero sí sugiere que entre el anuncio y la ejecución hubo ajustes, como suele ocurrir cuando la ingeniería choca con la realidad regulatoria y con los límites físicos del espacio aéreo.

Lo que importa es lo que vino después. Y lo que vino después está en los contratos.

Entre 2021 y 2022 la documentación de contratación pública registra tres expedientes vinculados al mantenimiento de los dos aerogeneradores del aeropuerto palmero, todos adjudicados a Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica SLU. El primero, SPC-52/2021, fue un contrato menor de 14.874 euros para suministro de repuestos. El segundo, SPC-38/2022, otro contrato menor de 8.925 euros para servicio de mantenimiento. El tercero, SPC-19/2022, fue ya un contrato abierto de mayor envergadura: presupuesto base de 45.000 euros, valor estimado de 135.000, adjudicado finalmente por 90.000 euros y con una vigencia de dos años, de septiembre de 2022 a septiembre de 2024. En ese último contrato se presentó una sola oferta. Una sola.

Ese detalle no es menor. Cuando en un contrato público solo concurre un licitador, hay varias explicaciones posibles. Puede ser casualidad. Puede ser que el importe no resulte atractivo. O puede ser algo más estructural: que el perfil de empresa capaz de mantener estos aerogeneradores, con acceso a un recinto aeroportuario, experiencia específica en el modelo MADE, personal habilitado para operar en infraestructura crítica y acceso a repuestos de una tecnología de los años noventa, sea un perfil muy escaso. En ese nicho de mercado no compiten decenas de empresas. Compiten muy pocas. A veces solo una.

Cuando el contrato de 2022 llega a su fin, en septiembre de 2024, empieza la parte más reveladora del expediente. En julio de 2025 se publica la licitación SPC-47/2025 para el mantenimiento de los dos aerogeneradores, con un presupuesto base de 14.990 euros. El 8 de septiembre de 2025 el resultado es declarado desierto. Nadie se ha presentado. En octubre del mismo año se intenta de nuevo con el expediente SPC-66/2025, esta vez con un presupuesto base de 57.000 euros y un valor estimado de 114.000. La resolución llega el 24 de octubre: desierto también, aunque en este caso consta un licitador. Alguien se presentó, pero no pasó el filtro.

Dos licitaciones desiertas en menos de cuatro meses. Traducido al lenguaje de cualquier persona que no vive de los pliegos: el aeropuerto no consigue que nadie se haga cargo del mantenimiento de sus molinos. No porque no quiera pagar, porque el segundo intento casi cuadruplicó el presupuesto del primero. Sino porque el mercado, en este punto, se ha encogido tanto que ya no cabe casi nadie.

La propia Ley de Contratos del Sector Público lo contempla. El artículo 168 permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad cuando un procedimiento previo ha quedado desierto, o cuando no exista competencia por razones técnicas o protección de derechos exclusivos. En otras palabras: el ordenamiento jurídico prevé el escenario en que el mercado desaparece y deja una salida de emergencia. Pero esa salida también tiene sus condiciones, y usarla deja rastro. Lo que no deja rastro es el silencio institucional sobre el estado real de los aerogeneradores.

Porque ahí está la laguna más llamativa de esta historia. Con la documentación pública disponible es posible saber cuándo se instalaron, quién los fabricó, qué potencia tienen, cuánto se ha gastado en mantenerlos y qué ha pasado con las últimas licitaciones. Lo que no aparece es una comunicación oficial reciente que explique si las máquinas están operativas, paradas de forma preventiva, en espera de una decisión técnica o en proceso de estudio para su sustitución. Esa información, si existe, no es pública. Y su ausencia dice tanto como cualquier dato.

A eso hay que sumarle lo que el tiempo hace con las máquinas que viven junto al mar. La literatura técnica sobre energía eólica lleva años documentando que los aerogeneradores entran en su fase más exigente cuando se acercan a los veinte o veinticinco años de vida. Es el tramo en que aumenta el riesgo de fallos por fatiga, en que los componentes más castigados empiezan a dar señales, y en que el propietario tiene que tomar una decisión entre tres opciones que no son cómodas: extender la vida del equipo con inversión creciente, desmantelar y asumir el fin del activo, o repotenciar instalando tecnología nueva en el mismo emplazamiento. El parque palmero, con puesta en servicio en 2003, está exactamente en esa frontera.

Y está en un entorno que no perdona. La cabecera sur del aeropuerto de La Palma está expuesta al mar, al viento cargado de sal y a la humedad que aquí se mete en todo. En ambientes marinos o costeros, la corrosión no es una amenaza futura. Es un proceso continuo que trabaja sobre el acero, los recubrimientos, los tornillos y las estructuras desde el primer día. La investigación europea sobre eólica marina describe con detalle cómo la pérdida de espesor, la aparición de grietas y el deterioro de la protección superficial se aceleran en estos entornos. El aeropuerto de La Palma no es un parque offshore, pero comparte el vector principal: el salitre como desgaste constante, invisible y acumulativo.

Todo esto ocurre mientras Aena despliega su Plan de Acción Climática con el objetivo declarado de alcanzar la neutralidad de carbono en 2026 y el Net Zero en 2040. En la misma hoja de ruta figura la meta de que en 2026 el cien por cien de la energía de sus aeropuertos provenga de fuentes renovables. Son compromisos ambiciosos, y hay que tomarlos en serio. Pero precisamente por eso resulta más difícil ignorar la contradicción: mientras la estrategia corporativa apunta hacia delante, uno de sus activos pioneros en renovables parece estar atrapado en un bucle de expedientes sin resolver.

La cuestión no es de escala. Los 1.320 kilovatios del parque palmero son un porcentaje mínimo de los planes de autoconsumo que Aena tiene para toda su red. Desde el punto de vista de los números, dos molinos viejos en una isla pequeña no mueven ninguna aguja en Madrid. Pero desde el punto de vista de lo que representan, sí importan. Fueron una idea temprana y valiente, fueron la demostración de que era posible, y llevan demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega en forma de comunicación oficial sino en forma de licitación desierta.

La transición energética tiene una parte que se fotografía bien: la inauguración de paneles solares, el anuncio de nuevos parques, los informes de sostenibilidad. Y tiene otra parte que no sale en las fotos: el mantenimiento de lo que ya existe, la decisión de qué hacer cuando una tecnología envejece, el coste de sostener lo que se prometió cuando prometerlo resultaba fácil. En La Palma, que sabe lo que es convivir con promesas grandes y realidades complicadas, esa segunda parte es la que merece más atención.

Esos dos molinos llevan años plantados en la cabecera mirando al mar. Todavía no sabemos con certeza si siguen girando. Pero el expediente, ese sí, está hablando.

25 de marzo. Abres el teléfono. Nada. Ninguna notificación. Ningún emoji de ángel. Ningún trending topic.

El mundo lleva semanas enloquecido por si tal famoso se divorcia, por si tal político miente, como si fuera novedad, y por si el aguacate sube de precio. Mientras tanto, hoy ocurrió, o más bien, hoy ocurrió hace dos mil años, que en términos teológicos es prácticamente lo mismo, el acontecimiento más radical de la historia del universo conocido y desconocido, y Twitter no ha dicho absolutamente nada.

Esto, señores, es lo que los filósofos llaman una paradoja. Y lo que yo llamo un escándalo de proporciones cósmicas.

El error de Belén (con todo el respeto a los pastores)

Permítanme empezar con una herejía menor, de esas que no queman en hoguera, pero sí irritan en cenas familiares:

La Navidad está sobrevalorada.

Esto no lo digo yo. Lo dice, con más elegancia, la teología católica de siempre. Belén es el estreno. La premiere, el acto público con cohortes angélicas y estrella incluida. Muy bonito todo. Muy fotogénico. Perfecto para tarjetas y para que las marcas te vendan cosas desde octubre.

Pero hoy, 25 de marzo, ocurrió algo incomparablemente más gordo: Dios entró en el mundo sin que nadie se enterara.

Sin fanfarria. Sin cobertura mediática. Sin rueda de prensa. En el vientre de una muchacha judía de una aldea que ni siquiera salía en los mapas importantes. Si hubiera habido periodistas, habrían ido a cubrir otra cosa. Si hubiera habido algoritmos, habrían ignorado la historia por falta de engagement.

El Verbo eterno, por el que fueron hechas todas las cosas, optó por comenzar su existencia humana de la misma forma en que la mayoría de nosotros empezamos la nuestra: completamente invisible, completamente dependiente, y sin la menor capacidad de escribir un hilo explicativo en redes sociales. La ironía es perfecta. Casi sospechosamente perfecta.

Nueve meses. Biología.

El 25 de marzo más el embarazo humano estándar da como resultado el 25 de diciembre. Esto no es numerología new age ni código Da Vinci. Es aritmética básica y afirmación teológica brutal: La Encarnación fue real. Con náuseas matutinas y todo.

El cristianismo es la única religión del mundo que se toma en serio la biología de su propio fundador. Buda apareció iluminado bajo un árbol. Mahoma recibió revelaciones en una cueva. Los dioses griegos surgían ya adultos, ya armados, ya esculturales. Solo el Dios cristiano tuvo el atrevimiento, o la locura, según se mire, de pasar por el primer trimestre.

Esto escandaliza a los gnósticos, molesta a los demasiado espirituales, y tiene a los materialistas sin argumentos, porque resulta que el materialismo más extremo del universo lo inventó la Iglesia Católica: Dios se hizo materia. No energía cósmica. No vibración universal. No metáfora poética para gente sensible. Carne. Huesos. Dentición de leche.

El mismo día muere. Y aquí empieza el vértigo.

Ahora viene la parte que pone nerviosos a los que prefieren la religión decorativa. La tradición antigua, esa que estudiaban los que pensaban de verdad antes de que pensar se volviera opcional, consideraba que el 25 de marzo también fue el día de la muerte de Cristo. Alfa y Omega. Principio y fin. El mismo día en que Dios entra en el mundo es el mismo día en que el mundo intenta, sin éxito notable, quitárselo de encima.

Si esto fuera una novela, los críticos literarios dirían que la estructura es demasiado perfecta. Demasiado circular. Demasiado deliberada. Tienen razón. Lo es. Lo cual dice algo sobre quién escribió la historia.

El escándalo supremo: Dios pidió permiso

Y aquí llegamos al corazón del asunto. Al punto que hace que el cristianismo sea o la cosa más verdadera que existe, o la más absurda. Sin término medio. Sin posición cómoda para agnósticos de salón. María podía haber dicho que no. Mediten esto. No durante cinco segundos mientras esperan que cargue el siguiente vídeo. Piénselo durante cinco minutos.

El Dios omnipotente, creador del tiempo y del espacio, de los quarks y de las galaxias en espiral, de la fotosíntesis y del jazz, se presentó ante una adolescente de Nazaret y esperó su respuesta. No la programó. No la manipuló. No actualizó sus parámetros de respuesta para garantizar el resultado deseado. Esperó. Como espera cualquier persona que pide algo importante a alguien que importa.

Esto destruye por completo la imagen del Dios tirano que tanto gusta a los ateos de catálogo y a los creyentes mediocres por igual. El Dios del 25 de marzo no es el jefe que da órdenes. Es, si me permiten la imagen, el enamorado que llama al timbre sin saber si le van a abrir la puerta. Y ella abrió. Sin garantías. Sin manual de instrucciones. Sin saber exactamente en qué se estaba metiendo. Con un ángel delante que, siendo ángel, tampoco debía de ser exactamente tranquilizador.

Tolkien lo sabía. Y usted probablemente también, aunque no lo recuerde.

Tolkien era católico de los de verdad, de los que van a misa los martes sin que nadie los vea, y construyó su mitología entera sobre esta intuición: el mundo no se salva mediante el poder que aplasta, sino mediante la decisión pequeña que persevera. Frodo no derrota a Sauron. Frodo solo acepta el camino. Sam solo sigue a Frodo. Y eso basta. María no reorganiza el cosmos. María solo dice sí. Y eso basta.

Hay algo en el alma humana, incluso en la de los que juran no tener alma, que reconoce este patrón como verdadero. Las mejores historias que hemos contado desde que somos humanos tienen esta forma. No el héroe invencible que arrasa con todo. Sino la persona ordinaria que, en el momento decisivo, elige bien, aunque tiemble. Si eso es propaganda religiosa, es la propaganda con mejor instinto narrativo de la historia.

Por qué lo ignoramos (y lo que eso dice de nosotros)

Seré directo, y me parece un buen modelo a seguir: ignoramos el 25 de marzo porque nos resulta incómodo. La Navidad es fácil. Tiene luces, tiene niño bonito, tiene emoción garantizada y no exige nada. La Pascua también es manejable: hay victoria, hay triunfo, hay final feliz que justifica el sufrimiento previo. Pero hoy no hay nada de eso. Hoy hay una habitación, una muchacha, una pregunta y un silencio que duró lo suficiente como para que el peso del universo lo notara. Hoy es el día de la incertidumbre radical. Del riesgo sin red. De la decisión irreversible tomada sin ver el resultado. Hoy es, en otras palabras, exactamente el tipo de situación que nuestra época ha decidido hacer todo lo posible por evitar. Vivimos en el tiempo del me lo pienso, del ya veremos, del depende de cómo me sienta. Un mundo que ha convertido la no-decisión en virtud cardinal no puede celebrar el día en que una decisión partió la historia en dos. Y por eso, naturalmente, lo ignoramos.

Conclusión (o más bien: el problema que le dejo a usted)

Dentro de nueve meses será Navidad. El mundo entero lo celebrará. Habrá villancicos en los supermercados desde octubre, polémicas sobre si el Papa dijo algo raro, y esa conversación familiar sobre qué poner de segundo plato que siempre termina igual. Todo eso tiene su origen aquí. En este día. En ese sí. Si la Encarnación es verdad, y si lo es, es la verdad más grande que existe, entonces hoy es más importante que Navidad, que Pascua, que cualquier aniversario político o cultural que figure en su calendario.

Y si no es verdad, entonces es la ficción más bien construida que ha producido la imaginación humana, y merece al menos el mismo respeto intelectual que dedicamos a otras ficciones fundacionales. En cualquier caso: ignorarla porque no tiene hashtag oficial me parece, con todo el respeto del mundo, una forma particularmente triste de perderse algo. Hoy no es un día bonito. Es el día en que alguien apostó todo sin ver las cartas. Y ganó. O ganamos. Depende de cómo usted responda a la misma pregunta.

La isla que aprendió a contar la luz

España acaba de adjudicar 14,5 millones para fabricar el microchip que detectará fotones uno a uno desde las cumbres de La Palma. La isla que el volcán cubrió con lava en 2021 se postula hoy como laboratorio cuántico de referencia mundial. Esto no es un comunicado de prensa. Es una apuesta de verdad.

El lunes 16 de marzo de 2026, en alguna sala de reuniones que probablemente tenía café malo y vistas a un aparcamiento, comenzó algo que La Palma llevaba años esperando sin saber exactamente que lo esperaba. Fue la reunión de lanzamiento del contrato para diseñar, fabricar y validar un microchip capaz de detectar fotones individuales, los cuantos mínimos de luz, con una precisión temporal de picosegundos. Un billonésimo de segundo. El tiempo que tarda la luz en recorrer 0,3 milímetros. El contrato, de 14,5 millones de euros y 37 meses de duración, lo ejecutará la empresa sevillana Teledyne-Anafocus. El chip se validará en el Gran Telescopio Canarias. Y el proyecto al que servirá, el La Palma Quantum Interferometer (LPQI), tiene su corazón físico en las cumbres del Roque de los Muchachos.

Todo esto sucedió unos días. Y casi nadie lo sabe.

Lo que hace un Spad y por qué importa

Conviene entender, antes de seguir, qué es exactamente lo que España se ha propuesto fabricar. Los detectores SPAD, Single-Photon Avalanche Diode, son dispositivos semiconductores capaces de registrar la llegada de un único fotón y sellar ese instante con una precisión de decenas de picosegundos. No están detectando el brillo de una estrella; están contando sus fotones uno a uno y apuntando la hora de llegada de cada uno con la exactitud de un reloj atómico en miniatura.

La razón por la que esto cambia las reglas es la interferometría de intensidad. El LPQI propone correlacionar estadísticamente los fotones detectados de forma independiente en cada telescopio, sabiendo exactamente cuándo llegó cada uno. La física cuántica permite eso. Pero necesitas relojes perfectos y detectores que no mientan.

El resultado, si todo funciona como está previsto: una resolución espacial mil veces superior a la del Hubble o el James Webb. No como sustituto, son instrumentos complementarios, sino como herramienta para ver lo que esos telescopios no pueden ver: los discos de acreción en torno a agujeros negros, los eventos ultrarrápidos que duran microsegundos, la geometría de objetos compactos que hoy son apenas puntos de luz imposibles de resolver.

“Con la tecnología de detección de fotones individuales, y una sincronización de tiempo sin precedentes, el interferómetro de La Palma establece una nueva frontera en la astronomía” afirma Francisco Prada, IAA-CSIC.

Francisco Prada y la paciencia de las ideas grandes

Detrás del LPQI hay un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía llamado Francisco Prada. Prada no es el tipo de científico que aparece en los titulares por declaraciones polémicas. Es el otro tipo: el que lleva años trabajando en una idea antes de que esa idea tenga nombre, el que construye consensos antes de anunciar resultados, el que entiende que la ciencia de frontera se hace exactamente en el borde donde el instrumento aún no existe.

La intuición era sencilla de enunciar y extraordinariamente difícil de ejecutar: el futuro de la astrofísica no está solo en construir telescopios más grandes, sino en medir mejor la luz que ya recogemos. Contar fotones. No integrarlos. Contarlos. La diferencia no es semántica; es la diferencia entre saber que llovió y saber que cayeron exactamente 3.847 gotas por metro cuadrado y cuándo llegó cada una.

Esa idea, que durante años se movió en conversaciones discretas, en Granada, en La Palma, en Madrid, en los márgenes de congresos donde siempre hay alguien pensando más rápido que el programa oficial, hoy es un contrato de 14,5 millones de euros financiado con fondos públicos españoles y europeos.

El factor Izquierdo: cuando la política funciona

Ese papel lo asumió Héctor Izquierdo Triana, Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma. El cargo existe porque en 2021 el volcán Tajogaite enterró bajo metros de lava más de 3.000 edificaciones, borró pueblos enteros del mapa y expulsó de sus casas a cerca de 7.000 personas. La reconstrucción tiene un componente urgente, carreteras, viviendas, servicios, pero también, si alguien tiene la visión suficiente, un componente estratégico.

Izquierdo ha entendido que reconstruir La Palma exactamente como estaba sería, en el mejor de los casos, una oportunidad perdida y, en el peor, una condena. Una isla con tendencia a la despoblación, dependiente del plátano y del turismo, necesita algo más que cemento. Necesita un motivo para que la gente joven con formación científica decida quedarse. Fijar talento, en el lenguaje de los documentos institucionales, solo ocurre donde hay proyectos a largo plazo.

No es filantropía. Es estrategia territorial con sentido. Y hay que reconocerlo, aunque resulte raro elogiar a alguien del aparato del Estado.

Del Roque al Puertos de Tazacorte: la arquitectura de un ecosistema

Mientras el LPQI construye su caso en las cumbres, algo igualmente relevante está sucediendo en la costa. En el Puerto de Tazacorte, en el antiguo edificio de un colegio infantil cedido por el Ayuntamiento a la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), avanzan las obras del Observatorio BECOMAR, denominado “Rogelio Herrera”. El edificio albergará investigación marina de primer nivel y compartirá espacio con el CSIC.

PLOCAN no es una entidad menor. Su plan plurianual 2026–2028 tiene un presupuesto de 37 millones de euros, está incrementando su plantilla de 59 a 71 trabajadores en tres años y, entre otras cosas, desplegará una boya oceanográfica en La Palma, entre otras actuaciones.

Y esto es obra de otra persona clave en todo lo que está sucediendo, Joaquín Hernández Brito, director del PLOCAN sin cuya visión esto no sería posible.

Lo que está pasando es esto: en La Palma se está construyendo, con lentitud y sin dramatismo, un ecosistema científico que tiene dos polos. Uno en las cumbres, el IAC, el Roque de los Muchachos, el LPQI, los telescopios, y otro en la costa, PLOCAN, el BECOMAR, la oceanografía, la economía azul que brota de los nuevos deltas lávicos que el volcán dejó como herencia involuntaria.

Los que no salen en la foto

Llamémosles Manuel, Laura y Jose. No porque esos sean necesariamente sus nombres, sino porque en cualquier proyecto que funciona de verdad hay alguien que responde a cada uno de esos perfiles. Son arquetipos. Los nombres de un tipo de persona sin la cual nada de lo demás existe, aunque nadie lo escriba en ningún sitio.

Manuel es el anfitrión. Tiene un “espacio” de encuentro, simplemente una mesa con café permanente y la costumbre de no pedir cita previa. Allí se sentaron científicos y técnicos con personas que no tenían título oficial en el asunto, pero sí algo más escaso: criterio, tiempo y la disposición a escuchar una idea rara antes de que tuviera nombre.

Laura convierte las conversaciones en agendas y las agendas en compromisos que se cumplen. Sabe qué hilo está atascado, quién debe llamar a quién y qué documento está bloqueando qué decisión. Sin ese alguien, los proyectos no avanzan: se reúnen, que es una cosa completamente distinta.

Jose teje. No dirige ni investiga. Conecta. Tiene los teléfonos de los dos mundos, el de la ciencia y el del territorio, el de las instituciones y el de las personas, y sabe cuándo marcar cada uno.

Representan el nodo que no aparece en el grafo, pero sin el cual el grafo no funciona. Tres perfiles. Una docena de personas reales repartidas entre ellos. Son el tejido conectivo de la ciencia real, la materia oscura de la innovación: no la ves, no la mides, pero sin ella todo se desintegra.

Y si el chip funciona, y si La Palma acaba siendo lo que podría ser, habrá que recordar que en el origen había una mesa, un café, y alguien con la generosidad de ponerlos a disposición de una idea que todavía no tenía forma.

La trampa del turismo científico y cómo evitarla

Muchas regiones han intentado construir identidades basadas en la ciencia sin crear empleo científico real. El resultado suele ser el mismo: un observatorio turístico, unos paneles explicativos en el aeropuerto y ningún investigador que decida vivir allí. La ciencia como decoración del paisaje, no como motor económico.

Lo que distingue la situación actual en La Palma es que los proyectos en marcha tienen masa crítica propia. El LPQI no necesita turistas; necesita ingenieros y astrofísicos. El BECOMAR no necesita visitantes; necesita personal científico permanente. Y la adjudicación del contrato de 14,5 millones a Teledyne-Anafocus, una empresa española, es exactamente el tipo de decisión que puede generar cadena de valor.

Es un proceso lento, frágil y reversible. Pero está en marcha. Y eso, en el contexto de una isla que hace cinco años contemplaba el mar de lava desde las carreteras cortadas, no es poco.

Lo que los telescopios no cuentan

Hay una ironía silenciosa en el centro de todo esto. La Palma lleva décadas siendo uno de los mejores lugares del planeta para observar el universo. El cielo del Roque de los Muchachos figura entre los tres o cuatro más transparentes, estables y oscuros del mundo. Los telescopios, el GTC con sus diez metros de espejo, el William Herschel, el Nordic Optical, el Telescopio Nazionale Galileo, llevan décadas mirando hacia afuera con resultados extraordinarios.

Y, sin embargo, hasta hace relativamente poco, esa riqueza científica tenía una conexión escasa con la economía de la isla. Los investigadores llegaban, observaban, y se marchaban. El conocimiento generado en esas cumbres se publicaba en revistas que nadie leía en Los Llanos de Aridane. La isla era la plataforma; los beneficios, de otra parte.

Lo que ha cambiado desde hace unos años es que los instrumento se fabrican aquí. Que la tecnología se valida aquí. Que los laboratorios están aquí, en la costa y en las cumbres. Que la cadena de valor, en lugar de exportarse entera, va a dejar una parte en la isla. No toda. Probablemente ni siquiera la mayor parte. Pero algo. Y ese algo es la diferencia entre ser anfitrión de la ciencia y participar en ella.

Lo que queda por hacer

El LPQI tiene 37 meses por delante para producir un chip que funcione como se supone que debe funcionar. Eso no es trivial: la microelectrónica de fotón único está en la frontera de lo que la industria sabe hacer, y los plazos en ciencia e ingeniería tienen una relación con la realidad que los comunicados de prensa no siempre reflejan con fidelidad.

El BECOMAR necesita que el personal científico que llegue tenga escuelas, médicos, vivienda a precio razonable y una conectividad de telecomunicaciones que en algunas zonas de La Palma sigue siendo motivo de vergüenza ajena. Fijar talento no es solo poner un laboratorio; es hacer que vivir en ese lugar sea vivible para alguien que tiene opciones.

Y el ecosistema completo necesita que las instituciones implicadas mantengan la coordinación más allá de los actos de firma y los comunicados de prensa. Las siglas se multiplican con elegancia en estos proyectos: IAA-CSIC, IAC, CDTI, PLOCAN, FEDER, ACIISI, GTC, NOT... Que el conjunto funcione requiere algo que ningún contrato garantiza: que la gente involucrada mantenga el foco cuando cambien los gobiernos, los presupuestos y los titulares.

Dicho todo eso: hay algo que empezó el 16 de marzo de 2026 en esa sala de reuniones con café malo. Un microchip que aprenderá a contar fotones. Una isla que lleva años mirando al cielo y que, finalmente, está aprendiendo a tocarlo.

Pocas veces el verbo contar ha tenido tanto peso. Contar fotones. Contarse a uno mismo entre los que hacen ciencia, no solo entre los que la contemplan. Que La Palma cuente.

Fuentes: Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y Proyecto DELTA. La reunión de lanzamiento del contrato SPAD-LPQI tuvo lugar el 16 de marzo de 2026. El BECOMAR sigue en obras a fecha de publicación.