La polémica sobre las macrogranjas y su posterior manipulación ha demostrado que la derecha española no tiene ningún límite a la hora de tergiversar y confundir. Mientras tanto, el PSOE no tiene ningún problema en seguirle el juego en un ejercicio de incongruencia dañino para el propio Gobierno español. Es un capítulo más del ambiente político virulento e irracional que vive el país, atizado por bulos mediáticos que disfrutan en el barro de la mentira. Al menos ha tenido un efecto positivo: que se hable, una vez más, de las macrogranjas.

Porque de las macrogranjas se había hablado ya, y mucho. Y se había conseguido una práctica unanimidad: muy pocos —excepto las empresas propietarias— las defendían, porque todos sabemos que son un problema ambiental, territorial y social muy grave, y un modelo incompatible con la sostenibilidad, la seguridad sanitaria y el bienestar animal. Ese “todos” incluye también a partidos que ahora alimentan un macrobochorno tan burdo como estéril por puro electoralismo. No hay más que echar un vistazo a sus cuentas de Twitter para comprobarlo (por mucho que se hayan apresurado a eliminar mensajes) o a las votaciones realizadas en instituciones en contra de este modelo ganadero contaminante e insostenible.

Uno de los foros donde se ha hablado de las macrogranjas y sus peligros es el Parlamento Europeo. Con el apoyo de Los Verdes Europeos, nuestra oficina parlamentaria organizó allí en 2018 un evento sobre el problema, en el que participaron representantes de muchas de las partes implicadas: ganaderos, habitantes de pueblos afectados, grupos ecologistas, etc. Una de las primeras conclusiones fue que, en efecto, no hay una definición clara de “macrogranja”. En este acto, el servicio de estudios del Parlamento Europeo propuso, con la profesionalidad y el rigor que le caracteriza, un método sencillamente cuantificable: la densidad de animales en el territorio, y propuso además una denominación más clarificadora. Cuando la densidad de cabezas de ganado es muy alta, entonces ya no se trataba de una granja, ni macro, ni micro, sino de “factory farming”. 

Y eso es otra cosa, no tiene nada que ver con una granja, ni siquiera con la ganadería. El “factory farming” debería traducirse al castellano como lo que es: “producción industrial de carne”. Si empezamos a llamar a las cosas por su nombre, lo veremos todo más claro. Se trata de industria, y por eso las organizaciones de ganaderos quieren quedar “al margen de la polémica”. Porque poner la mayor cantidad posible de animales recluidos en un espacio sin importar sus condiciones y engordarlos lo más rápido posible con piensos químicos y antibióticos, no tiene nada que ver con la ganadería. Se trata de una industria que ofrece un producto “low cost” y que como todo lo que es de bajo coste, implica también unas bajas condiciones de vida para los animales, unas bajas condiciones laborales para los que trabajan allí y una baja calidad para el producto final pero un alto coste para la salud, el campo y el clima. Hasta tal punto que el nuevo ministro verde de Agricultura de Alemania se ha propuesto acabar con los “precios basura” de la carne. 

Todo lo anterior son obviedades de sobra conocidas. Los pueblos no suelen querer una macrogranja en su término municipal. Su instalación en las zonas rurales no sólo no frena la despoblación —las condiciones de trabajo son muy precarias y crean poco empleo—, sino que en muchos casos la acelera por el deterioro que causa con la contaminación del agua y los malos olores que impiden otras actividades como la agricultura o el turismo. Llamemos a las cosas por su nombre, estamos hablando de una industria, la de producción de carne low-cost, y es una industria peligrosa. Mucho.

Más allá del ruido y basado en los hechos, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre del 2021 un informe sobre la estrategia “de la granja a la mesa” apostando de forma clara por la ganadería extensiva permanente o ecológica, llamando a “brindar apoyo a las explotaciones que efectúan la transición hacia formas de producción más sostenibles y abandonan(...) la ganadería de alta densidad”. El apoyo fue transversal e incluso gran parte de la derecha europea, menos el PP español, lo secundó. 

Mientras las cosas están avanzando en Europa, todo indica que también lo podemos hacer en nuestro país. En este sentido, es del mayor interés la propuesta de Verdes Equo y Más País en el Congreso —que ya cuenta con el apoyo de Compromís— que plantea crear un etiquetado de la carne similar a la que ya existe para los huevos, donde se diferencie la carne según si proviene de una ganadería extensiva o intensiva. Las personas consumidoras tienen derecho a tener una información fácil y sencilla sobre lo que comen para favorecer una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales. Por otro lado, se propone una moratoria sobre macrogranjas para que no se pueda crear nuevas ni ampliar las ya existentes, mientras que se fije una definición exacta de ganadería extensiva e intensiva, al igual que empezamos a hacer en Bruselas. Por último, es fundamental la cooperación entre los ministerios implicados (Agricultura, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo) para fomentar la dieta mediterránea, basada en una menor ingesta de proteínas animales y en una mejor calidad de la alimentación. 

Nuestra mejor baza para mejorar la vida cotidiana es una dieta equilibrada, el respeto al territorio y una mejor salud para todas las personas. Para ello, esperamos del resto del arco político más sosiego y propuestas, y al Gobierno más coherencia y BOE.

El darrer, perquè ja fa molt que la Punta ha estat sacrificada, trosset a trosset, de manera constant i implacable als interessos més espuris de les elits de la ciutat de València. Les vies del tren la partiren per la meitat sense que ningú pensara en mesures pal·liatives, els maquinadors del megaprojecte per convertir en una urbanització el Saler i l’Albufera traçaren per ací aquella autopista que no duu enlloc, les primeres ampliacions del port acabaren amb la seua platja... perquè sí, els veïns més vells m’ho asseguren: anaven caminant entre hortes i canyars a la platja de la Punta i al capvespre esperaven les barquetes per comprar peix barat i ben fresc. Queda ben poc de tot allò, però en queda. El darrer mos, terrible, ha estat en efecte el projecte de la fallida Zona d’Activitats Logístiques del port, una idea patrocinada per l’antic govern de la Generalitat Valenciana  amb el suport entusiasta del govern central i de la Unió Europea, que hi va contribuir amb finançament. Camps destruïts, alqueries i barraques enderrocades, famílies desallotjades... i tot això fet de manera il·legal –com han ratificat els tribunals- a favor d’un model de creixement megalòman, insostenible i desfasat. Com molts altres, el projecte fracassà: la ZAL no s’ha ocupat, allà no hi ha res més que una immensa ferida en forma de descampat.

Un pessimisme latent amera els habitants de la Punta; la població ha envellit, l’autobús públic passa molt de tant en tant, la darrera botiga va tancar ja fa molt i se senten abandonats.... i no obstant, han descobert que ara el seu barri, en temps de confinament, és l’enveja de València: estar confinat a l’horta ha sigut en efecte un gran privilegi. Els nous inquilins intentem animar-los i fer-los veure el que de meravellós té encara aquesta zona, a només trenta minuts –en bicicleta- del centre de la ciutat i enmig de l’horta.

La Punta ja no pot donar més a València, ha estat espremuda a consciència. Revertir a la situació anterior la zona destruïda pel projecte fallit de la ZAL és una quimera. La Punta ho ha perdut per sempre però encara podem escollir qui ho ha de guanyar. La Punta ha de fer de nou una ofrena a València, però no al Port o als interessos dels especuladors, sinó a la seua ciutadania. El projecte de Per l’Horta de comunicar el jardí del Túria amb la platja de Pinedo i el parc de l’Albufera és una oportunitat magnífica per crear un corredor verd únic a Europa, des del llac fins als boscos de la capçalera del riu; qualsevol ajuntament progressista i sensible el convertiria en una prioritat absoluta. Insistir en dur endavant la ZAL a qualsevol preu seria donar la raó als que actuen aplicant polítiques de fet consumats, de forma il·legal i cegats per l’ambició.

La pandèmia hauria de servir per posar en valor el que realment és important per crear una ciutat amable i sostenible, per escoltar tots aquells valencians que han descobert l’entorn meravellós de la seua urbs. Aquest hauria de ser el darrer sacrifici de la Punta. I a canvi, és també el moment que l’Ajuntament de València es preocupe per aquesta pedania que ha estat extraordinàriament generosa amb la ciutat, a canvi de res. És el moment de plantejar alternatives urbanístiques que frenen qualsevol temptació especulativa, que permeten consolidar el patrimoni urbà i rural de la zona i que a més amplien els serveis i les possibilitats per atraure població i revifar el barri. No creu l’alcalde Joan Ribó que la Punta s’ho mereix, que ha arribat el seu moment?

Jordi Sebastià és veí de la Punta

En la política europea se privilegia el eje izquierda-derecha. Es una oposición que muchas veces no agrada a los protagonistas políticos, especialmente a los partidos mayoritarios que intentan recabar apoyo entre los indecisos, y prefieren definirse como “liberales” o “progresistas”, o matizan su posición en el eje con invenciones muy creativas y sutiles como “centro-derecha” o “centroizquierda”.

Ciñéndose a la clasificación originaria y prescindiendo de matices evasivos, la mayoría de los analistas han indicado que la manifestación del pasado domingo fue convocada por la derecha, mientras que los más detallistas apuntan que fueron “las derechas”, la derecha y la extrema derecha. Eso dejaría fuera del bloque de la derecha a partidos claramente conservadores, como el PNV, Coalición Canaria i el PdCAT, que no convocaban. Necesitaríamos pues recurrir a otro esquema también muy utilizado por nuestros analistas políticos, basado en el eje España-nacionalismos. La nomenclatura es evidentemente tramposa puesto que sabiendo que el adjetivo nacionalista tiene connotaciones negativas, sólo se le aplica a aquellos grupos que no tienen España como referente identitario-nacional. Intentando ser más objetivos, deberíamos hablar de nacionalismo español vs. otros nacionalismos. Añadiendo esa corrección diríamos que la manifestación la convocó la derecha nacionalista española.

Los convocantes, sin embargo, huyen de este encasillamiento y proclaman otro esquema, según ellos mucho más adecuado: constitucionalistas vs. anticonstitucionalistas. La Constitución se ha convertido en España, país muy dado a las reliquias, en un objeto sagrado, cuya mera mención cubre todo diálogo con un manto de dogma divino que acaba por impedir cualquier discusión. Más que a la Constitución, los llamados constitucionalistas se aferran a lo que de ella interpreta el sanedrín del Tribunal Constitucional, por muy desatinadas que les parezcan esas interpretaciones a muchos profesores de, precisamente, derecho constitucional... Para los convocantes pues, la manifestación era una exaltación constitucionalista. Sin embargo, eso dejaría fuera al PSOE, que no se cansa de manifestar su voluntad de pertenecer a toda costa a esa cofradía de la que pretenden expulsarle.

Puestos a jugar a las clasificaciones, a mí se me ocurre otra, que desde mi modesto punto de vista aclara mucho mejor el panorama de las opciones políticas en España desde la muerte del dictador Franco: los grupos que condenan el franquismo y los que no. Con este eje tan simple, la manifestación del domingo queda muy clara: fue convocada por los partidos que NO condenan el franquismo; los mismos que se resisten a llamar por su nombre a la sangrienta dictadura colaboradora del nazismo y los que opinan que “no hay que mirar al pasado”. A mi juicio, el presidente Sánchez, y el PSOE en general, deberían fijarse más en este eje y hacerlo prioritario a la hora de buscar aliados para, de una vez, democratizar este país. Porque si se obstina en jugar en el club de los “·patriotas constitucionalistas”, donde es evidente que no le quieren, corre el riesgo de situarse en un fuera de juego permanente que a los demócratas nos puede costar muy caro.

*Jordi Sebastià (Portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo)

La comissària i el president van repetir amb convicció el mantra que a la UE ha esdevingut un dogma incontestable: el lliure comerç és el progrés, consubstancial amb l’essència de la democràcia. Els que per ací intentem alçar alguna veu crítica, per molt argumentada que siga, som immediatament titllats de “proteccionistes”, “chavistes bolivarians”, “amics de Trump” i d’altres perles semblants corejades entre rialles pels representants de la Grosse Koalition que ens governa: els socialistes, els liberals i els populars.

Malmström i Puig volgueren concretar les bondats intrínseques del lliure comerç amb l’exemple del CETA, l’acord signat entre Canada i la UE. Exhibiren l’augment de les exportracions de cítrics i parlaren dels beneficis que prompte tindran moltes empreses valencianes. L’exemple era doblement desafortunat. Primer perquè el president Puig deu el seu càrrec als vots dels diputats del PSOE, Podemos i Compromís, i aquestes dues darreres formacions –amb una de les quals governa- sempre s’han manifestat en contra del CETA. Tot i estar en la capital europea de la diplomàcia, el president Puig es va mostrar molt poc elegant. En segon lloc perquè a l’hora de parlar del CETA no es va dir res, per exemple, dels informes que quantifiquen en més de 200.000 els llocs de treball que es perdran a la UE, informes que van fer que la Comissió d’Ocupació del Parlament Europeu votara en contra del CETA.

És possible que per a alguns sectors valencians el CETA puga representar una oportunitat, com per a l’agricultura, donat que el clima de Canada no permet produir ni les verdures ni les fruites que nosaltres exportem; però el CETA és només una etapa en la senda desbocada del lliure comerç per on ens porta la UE. Un “lliure comerç” que no és res més que un comerç desregulat, sense reciprocitat de condicions de producció, ni ambientals ni socials, on els països pobres exporten matèries primeres i productes agropecuaris mentre els rics els instal·len les seues multinacionals. Posats a elogiar els tractats comercials, el president i la comissària podien haver anat a una cooperativa valenciana a lloar les excel·lències del tractat amb Sudàfrica, que ja ha aconseguit que les grans distribuïdores europees preferesequen les seues taronges, produïdes sense garanties socials ni sanitàries, a les dels productors valencians, que cada dia abandonen més hectàrees de terra fèrtil. Exportar unes poquetes taronges més a Canada, a canvi de perdre l’immens mercat europeu: aquesta és la historia completa sobre el “lliure comerç” que Puig i Malmström no ens contaren. Una aberració contra el sentit comú i una barbaritat incompatible amb la lluita contra el canvi climàtic.

Per acabar la lloança, la comissaria i el president van animar les empreses valencianes a participar en la pròxima bicoca: el tractat entre la UE i Japó. Però no digueren res sobre el fet que, com a gest de bona voluntat, la UE ja ha alçat la prohibició d’importar productes agrícoles des de la zona afectada per l’accident nuclear de Fukushima. Potser a alguns dels que els van aplaudir se’ls haurien llevat les ganes. Són petites qüestions sobre el “lliure comerç” que els seus apologistes no ens conten mai i que a mi em vingueren al cap en el que havia de ser la celebració del 9 d’octubre però va ser una cosa molt diferent.

*Jordi Sebastià (Portaveu de Compromís al Parlament Europeu)

A una buena parte de la izquierda española, progresista, internacionalista, solidaria, ecologista, pacifista y todo eso, el procéscatalà se le ha atragantado, no hay manera de que lo digiera. Tanto es así que ha acabado por alinearse en el bando de los del “A por ellos”, donde ahora se la puede ver muy a gusto, como en casa. Y, en principio, no parece que hubiera muchos obstáculos ideológicos para que ese mundo progre apoyara el movimiento catalán. Al fin y al cabo, y aunque a Puigdemont le haya tocada encabezarlo, el procés está claramente dirigido por una fuerza de izquierda, ERC, y apoyado por otra aún más a la izquierda, las CUP. Los independentistas quieren establecer de forma pacífica y con los votos una república social, y se cabrean cuando los tribunales del Reino de España bloquean iniciativas como la prohibición de las corridas de toros, la ley contra la pobreza energética o la implantación de más impuestos a la banca; ideas que, en principio -repito- deberían ser del agrado de los “progresistas” españoles y suscitar su simpatía. Pero es evidente que no, que el procés resulta más que antipático a ese mundo que padece lo que algún analista cuyo nombre no recuerdo llamó el “síndrome de las 2000 millas”, que le permite solidarizarse con causas muy diversas, siempre y cuando sean bien lejanas.

Sin ser psiquiatra –creo que sería el profesional más adecuado para explicar esa repulsión visceral al procés- veo al menos tres motivos que pueden ayudar a entender esta situación que aunque se haya aceptado como normal revela una profunda esquizofrenia.

Para empezar, el procés ha reavivado el relato en que una parte muy importante de esa izquierda española se instaló durante los años 70 y del que no consigue, ni quiere, salir. Se trata de esa explicación simplista, y por tanto falsa, codificada literariamente en las Últimas tardes con Teresa de Marsé, según la cual el nacionalismo catalán es substancialmente, aunque quiera disimularlo, burgués, mientras las auténticas clases trabajadoras de Cataluña son emigrantes como el Pijoaparte, andaluces o castellanos y por tanto buenos españoles, explotados por esos burgueses. El tópico no resiste ningún análisis serio, ni histórico ni demográfico, pero para muchos progres españoles es una verdad científica e inmutable que ni siquiera se pone en duda cuando es obvio que muchos de esos emigrantes o sus descendientes son un elemento clave que explica la fuerza del procés. Con esta óptica, las figuras como Gabriel Rufián resultan desconcertantes y ante la imposibilidad de encajar en el marco establecidoe infalible, acaban demonizadas.

Para continuar, el procés ha tenido como uno de sus efectos más notables sacar a la superficie todas las miserias de esa transición española tan mitificada, que poco a poco se va revelando como lo que realmente fue: un pacto del miedo que permitió a las estructuras tardofranquistas mantenerse bajo la máscara democrática. Es muy probable que no hubiera otra opción, habida cuenta de que el dictador murió en la cama y los que le apoyaban no sólo detentaban el poder sino que contaban con el apoyo de la “comunidad internacional”, pero a la izquierda que tuvo que aceptar aquello –una monarquía designada por el caudillo, un poder judicial viciado, una constitución con artículos dictados por la cúpula militar…- le bastó un poco de movidapara aceptartambién que la transición había sido “ejemplar”.Y ahora, cuando ese relato se tambalea, reacciona indignada y lo defiende, como el buen converso. Cuando el rey hace un discurso digno de un sátrapa de opereta,los tribunales actúan como inquisidores y la policía muele a palos a pacíficos ciudadanos, la izquierda acomodaticia calla acomplejada y se revuelve contra el independentismo catalán, que no ha hecho otra cosa que ser víctima y evidenciarque la pobre democracia española tiene mucho de farsa.

Para acabar, a la izquierda española que hace bastante se dejó seducir por la inevitabilidad del neoliberalismo, el fin de la historia y el imperio del mercado, a esa izquierda a la deriva que cada vez tiene más problemas para ser izquierda, no le ha quedado otro remedio que ser bien española, asumir el dogma de la unidad de la patria y añorar los viejos y buenos tiempos en que las familias no “estaban divididas”, cuando no se hablaba de política en casa…¿Y la solidaridad, el internacionalismo, el apoyo a las causas democráticas de los pueblos? ¿Eso? Eso se queda para los kurdos, los tibetanos, los zapatistas…

*Jordi Sebastià, portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo

Aquí no valen los pseudoargumentos que llenan columnas de opinión y minutos de pantallas televisivas en la prensa española. No vale, por ejemplo, recurrir al manido recurso de que “los toros son una tradición”. Nadie lo duda. En la península ibérica y el sur del estado francés se han celebrado desde hace mucho, festejos que incluían sacrificios de toros. ¿Y qué? Ese mismo argumento de la tradición lo utilizan los fascistas polacos para pedir que la mujer no tenga acceso al voto. Las tradiciones no son buenas per se. Las sociedades democráticas deben decidir cuáles conservan y cuáles no.

Más ridícula resulta aún la llamada a “la libertad”. Los toros están ahí, quien quiera que vaya y quien no quiera no… las drogas están ahí, quien quiera que las venda y quien no quiera no… Las sociedades democráticas deciden qué actividades permiten, y cuando alguna se considera inadecuada para el conjunto de la sociedad se prohíbe, y no hay argumento de libertad que la cubra. Vivir en común civilizadamente es eso: aceptar unas reglas, que en ocasiones pueden no gustarnos, en pro de la convivencia. Y las reglas cambian cuando la sociedad lo considera oportuno…

El debate, por tanto, es mucho más sencillo. ¿Queremos mantener las corridas de toros o no? Y aquí los argumentos, los verdaderamente pertinentes, deberían centrarse en el fondo de la cuestión: los valores. Aquí sí hay un elemento claro de discusión. Para los antitaurinos -entre los que me encuentro- los valores que acompañan el toreo son nefastos: se justifica la tortura de un animal para crear un espectáculo. Para los protaurinos, sin embargo, se trata de un arte, la tauromaquia; estamos hablando de cultura, de las creaciones más elevadas de una sociedad. Es precisamente el recurso a la cultura, el que permite que tanto en Francia como en España, que tienen leyes muy claras contra el maltrato animal, la excepcionalidad de las corridas de toros se permita.

Esa “excepcionalidad” ya resulta reveladora. Si en lugar de un toro hubiera cualquier otro animal, un burro, un elefante, un cocodrilo o un avestruz, los promotores del espectáculo serian encarcelados sin excusa. Pero los toros son “cultura”… y deben mantenerse. ¿Lo son? Muchos, también la UNESCO, pensamos que no, que ya no; que en el pasado las corridas de toros crearon un “arte” -en el sentido de una serie de capacidades- para enfrentarse públicamente a un animal encerrado, torturarlo y finalmente matarlo, y que eso provoco incluso una “visión estética”; pero que hoy el espectáculo del sufrimiento de un animal ya no puede provocar sino repugnancia y compasión.

Las dos posturas son muy distantes y el diálogo parece complicadísimo. Se me ocurren pocas valoraciones tan opuestas para una misma actividad: tortura contra arte… ¿Qué debería hacer una sociedad democrática y libre ante un desafío así? Los lectores lo saben tan bien como yo: votar. Sin miedo. Y acatar lo que la mayoría decida, de forma tranquila y responsable. Es obvio que las corridas de toros son polémicas y que los debates se están agriando cada vez más, con faltas de respeto y violencia incluidas. Los referéndums sirven, entre otras cosas, para acabar con eso.

Jordi Sebastià es Portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo

En realidad no se trata tanto de un cambio de significado sino de aquél a quien se aplica. La libertad ha pasado de ser una cualidad humana a convertirse en un “derecho” para los objetos, para las mercancías, para el dinero, para los activos financieros: ¡Que nada impida su movimiento! ¡Que circulen, que circulen! Europa trabaja duro para eliminar barreras comerciales, sanitarias, sociales, prepara el gran acuerdo con el amigo americano para que el trasiego sea aún mayor. La consigna está muy clara: ¡El libre comercio nos sacará de la crisis, nos hará prósperos! Hay que “desregular”, quitar trabas, eliminar controles, reducir restricciones, barreras obsoletas que sólo perjudican el crecimiento y el progreso. En el cajón quedan recluidas iniciativas absurdas y paralizantes como la directiva europea de baja maternal o la de calidad del aire, ¿a qué viene preocuparse con esas minucias que sólo suponen más problemas para nuestra economía? ¿No hay bastante con toda esa pesada legislación laboral y medioambiental que tienen que arrastrar nuestras empresas y que perjudica su competitividad? El concepto sagrado, el dogma incontestable: la competitividad…

En un contexto así, a nadie debería sorprenderle que la iniciativa de reglamento de la Comisión Europea para marcar unos límites máximos de contaminación radiactiva para los productos alimenticios afectados por un accidente nuclear, permita de facto la comercialización de productos altamente contaminados. Los expertos de la Comisión de Investigación e Información Independiente sobre la Radiactividad (CRIIAD) la consideran una auténtica aberración. Sus informes alertando de que los límites establecidos son muy bajos y de que el consumo de productos contaminados con las dosis toleradas por la Comisión representa una grave amenaza para la salud, especialmente de los grupos más vulnerables como niños y mujeres embarazadas, han sido menospreciados. El parlamento Europeo ratificó en su sesión de julio esta propuesta. La responsable del informe sobre ese proyecto, la eurodiputada del PP español Esther Herranz García, ironizó sobre las demandas de transparencia -¿a qué viene eso en un tema puramente científico?- y proclamó su absoluta confianza en los expertos consultados, todos ellos técnicos de Euratom, un organismo cuyo objetivo es “el rápido desarrollo de la industria nuclear”, y todos ellos protegidos por un estricto anonimato…

La lección está muy clara: un poco de radiactividad y el riesgo de unas cuantas malformaciones y algún que otro cáncer no nos van a parar: el show debe continuar. La orquesta de la Gran Coalición sigue tocando… como la del Titanic.

Hay que advertir sin embargo que, aunque parezcan un asunto nuevo y los propios FEM se reivindiquen como tal, no lo son; ya tienen tradición en países de Sudamérica y Europa, como Italia. Incluso en España han existido, aunque con menos fuerza: ¿recuerdan aquel empresario corrupto convertido en eurodiputado o aquel contertuliano de programas nocturnos que decía haber descubierto las tramas ocultas del nacimiento de ETA, convertido en concejal de una hermosa ciudad con catedral gótica? Como se puede comprobar, y éstas son sus dos características principales, los FEM necesitan por una lado un personaje público -poco importa de dónde venga- popular y hábil en la palabra, y por otro un medio de comunicación de masas -especialmente una televisión- que le dé apoyo. Y también necesitan la crisis. Los FEM emergen en periodos de descontento social y se nutren del votante enfadado. Aprovechan que las organizaciones políticas que gobiernan han traicionado sus programas o han entrado en una espiral de corrupción para irrumpir, pero es imprescindible que haya una crisis porque por desgracia el índice de tolerancia a la corrupción es altísimo cuando la economía marcha y en esos momento los FEM no tienen ninguna posibilidad, y dejan el trabajo de oposición y de denuncia de la corrupción a otros.

A partir de estas premisas los FEM construyen un discurso simple, alejado voluntariamente de la ideología: “los de abajo contra los de arriba”, “no somos de izquierdas ni de derechas”, “hay que expulsar a la casta”, “somos la regeneración”, “aplicaremos el sentido común”, “nosotros sí somos la voz de la ciudadanía”... Invito al lector a cerrar los ojos un minuto y a meditar con la respiración acompasada sobre estos mensajes: descubrirá con facilidad que no sólo están vacíos de contenido, sino que representan un auténtico insulto a la inteligencia... y no obstante funcionan. Apelan a sentimientos básicos y justicieros y llegan fácilmente a esa masa de votantes impulsivos que buscan resultados rápidos sin importarles demasiado cómo. Por eso no son nada concretos. La concreción es un terreno donde los FEM no se sienten cómodos; y así, con contadas excepciones, huyen de la política local: eso de decidir sobre planes urbanísticos o tasas de la basura no va con ellos, aspiran a mayores metas. También reniegan de las organizaciones políticas “tradicionales” - a las que meten intencionadamente en un mismo saco sean o no culpables de corrupción o mal gobierno- y las condenan como representantes de la “vieja política”; aunque una mirada detenida a sus miembros dirigentes constatará que la inmensa mayoría proviene de aquellas organizaciones de que abominan. La fuerza de los FEM, personalidad del líder y apoyo mediático, es también su debilidad. Si el líder flaquea, abandona o se ve envuelto en algún escándalo, o si los medios de comunicación que les apoyaron deciden abandonarlos a su suerte, los FEM se desvanecen. Algunos FEM, en cuanto llegan a las instituciones -donde difícilmente pueden ocultar su esencial incoherencia programática- quieren reivindicarse como organización política, exhiben su trabajo parlamentario, sus iniciativas... pero eso no les sirve de nada si sus medios les olvidan o deciden apostar por otro FEM porque, repito, no son organizaciones políticas, y sus electores -muy volubles- no les consideran ni valoran como tales.

Los FEM pues, son actores electorales muy potentes pero su capacidad política real es escasa o nula, y mucho más eficiente en cualquier caso para bloquear que no para construir. A la hora de valorar su comportamiento una vez están presentes en las instituciones, y para evitar decepciones, convendrá aplicar aquella máxima de la sabiduría castellana: no le pidas peras al olmo.

"La Directiva de Maternidad significaría un verdadero progreso en la protección de las madres trabajadoras desde una perspectiva de igualdad de género y de la sostenibilidad del mercado de trabajo", afirman los autores

La Directiva sobre la Protección de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, también conocida como la Directiva de Permiso de Maternidad, fue adoptada por el Parlamento Europeo por amplia mayoría en octubre de 2010. Tras 4 años, la Directiva aún está bloqueada en el Consejo como consecuencia de la oposición de algunos Estados Miembros. Recientemente, la Comisión Europea ha señalado en su programa de trabajo de 2015 que si en 6 meses no se produce ningún movimiento al respecto ésta será finalmente retirada. Esta decisión significa un retroceso importante en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en Europa.

El Parlamento Europeo acordó en 2010, tras dos años de debate,  adoptar una posición más ambiciosa que la propuesta presentada por la Comisión,  extendiendo el permiso de maternidad de 14 a 20 semanas con sueldo completo, reconociendo los mismos derechos a las trabajadoras domésticas y madres adoptivas e incluyendo un permiso de  paternidad remunerado de al menos dos semanas. La amenaza de la Comisión y la inactividad del Consejo ante esta Directiva, aprobada democráticamente por una mayoría de la eurocámara, es completamente inaceptable, ya que demuestra una falta de respeto a lo acordado en el Parlamento Europeo y pone de relieve que la Comisión ha preferido escuchar las peticiones de las grandes empresas en detrimento de la igualdad de género,  de los derechos, la seguridad laboral y de la salud de las propias mujeres trabajadoras.

Además, no debemos olvidar que actualmente en la Unión Europea las mujeres siguen ganando un 16,4% menos que los hombres. Muchas mujeres en Europa no tienen acceso a una pensión y las que lo hacen reciben un 39% menos que los hombres. Si Europa no puede garantizar un buen nivel de remuneración durante el periodo de maternidad, las mujeres seguirán siendo las castigadas económicamente por el hecho de tener hijos y por lo tanto la brecha salarial entre hombres y mujeres en Europa seguirá aumentado, provocando así graves consecuencias en el cálculo de sus pensiones.

Aunque todos los Estados Miembros tienen leyes que protegen a las mujeres embarazadas, las mujeres hoy siguen siendo discriminadas en el puesto de trabajo durante el embarazo y después de dar a luz. Por ejemplo, aunque está prohibido por la ley, en muchas entrevistas de trabajo se sigue preguntado a las mujeres jóvenes sobre  sus intenciones sobre tener hijos. Por lo tanto, la UE necesita ahora más que nunca una legislación común que proteja y fortalezca los derechos de todas las mujeres durante y después del embarazo. Es indignante que hoy en día  en la UE no todas las madres tengan garantizado un acceso a un sistema de bienestar avanzado que proporcione las medidas adecuadas para su propia protección.

Uno de los principales argumentos por los que algunos Estados miembros están bloqueando la Directiva es la idea de que más de 14 semanas de permiso de maternidad debilitaría drásticamente la posición de las mujeres en el mercado laboral.  Otros estados defienden que esta ley implicaría una “carga financiera” inasumible en tiempos de crisis económica. Sin embargo, estos argumentos están alejados de la realidad. Al observar el ejemplo de los países nórdicos, uno puede darse cuenta de que cuanto más generosos son los permisos de maternidad  menos sienten las mujeres que su vida laboral es incompatible con tener hijos. El argumento de las patronales y de algunos estados sobre los enormes costes de la propuesta también queda en entredicho si tenemos en cuenta que el estudio de impacto realizado sobre la Directiva  demostró que un aumento de la participación laboral femenina de 1,4% cubriría todos los costes de esta legislación. Considerando por lo tanto que los Estados Miembros han acordado en la Estrategia de la UE 2020 aumentar la participación laboral femenina de un 60% a un 70%, las 20 semanas de permiso de maternidad y dos semanas de paternidad no sólo son económicamente viables sino también una oportunidad única para mejorar las condiciones de trabajo y de igualdad laboral de las mujeres y madres.

Otro elemento controvertido de la directiva es el permiso de paternidad. Aunque 19 Estados miembros ya han introducido el permiso de paternidad en su legislación nacional, el Consejo parece no querer aceptar esta propuesta. Sin embargo, el permiso de paternidad es una medida vital para la igualdad de género. Si queremos más mujeres en el mercado laboral, es esencial que los hombres asuman más responsabilidades en el cuidado de los niños. Está demostrado que cuando un padre se acoge al permiso de paternidad  inmediatamente después del nacimiento del bebé, su participación en el cuidado del bebé aumenta considerablemente. Compartir las responsabilidades familiares es vital para promover una igualdad real entre hombres y mujeres.

La Directiva de Maternidad significaría un verdadero progreso en la protección de las madres trabajadoras desde una perspectiva de igualdad de género y de la sostenibilidad del mercado de trabajo. Los intereses empresariales y las prioridades de algunos Estados no pueden imponerse a los derechos de las madres, los padres y sus derechos laborales, de salud y bienestar. Es responsabilidad de todos nosotros y nosotras seguir con la presión y levantar nuestra voz para decir a la Comisión Europea, al Consejo y especialmente a algunos Estados, que esta Directiva no puede ser abandonada y que no hay alternativa a mantenerla viva y proseguir la negociación. El Parlamento Europeo está dispuesto a hacerlo y ya es hora de que el Consejo y la Comisión también lo estén. 

"¿Acaso tenía Juan Carlos I alguna otra opción? ¿Alguien cree de verdad que aquel esperpento con Tejero y compañía ofrecía alguna posibilidad de futuro al Borbón? ¿Tenía aquel golpe alguna oportunidad en la Europa de finales del siglo XX?", afirma el autor

Dentro del calendario de la liturgia de la llamada transición, el 23F es sin duda un día muy señalado; un día de celebración porque según la narrativa oficial el fracaso de ese golpe de estado fue decisivo para afianzar la democracia española. Y la monarquía. Monarquía que en aquel momento pasaba por horas bajas de popularidad y que a partir de entonces, y gracias a la decisión de Juan Carlos I de no secundar las veleidades golpistas de aquel grupo de militares revoltosos, quedaría indisolublemente unida a la modernidad y el futuro de España. Incluso ahora, conocidos y aireados los deslices borbónicos del abdicado rey, con sus matanzas de elefantes, sus viajes con amigas especiales y los problemas de su familia con el ministerio de Hacienda, la apuesta firme y decidida por la opción democrática aquel 23 de febrero de 1981, sirve como escudo protector contra toda crítica.“Es cierto, Don Juan Carlos ha tenido sus debilidades pero, si no fuera por él –nos dicen los analistas políticos (categoría inefable donde las haya)– ¿dónde estaríamos ahora?”

El mensaje televisivo del rey condenando el golpe y acatando el orden democrático y constitucional, se ha convertido en un icono ineludible de la historia de España del siglo XX. A pesar de las sombras que todavía planean sobre aquel 23-F y de las incógnitas que lo rodean –y que han dado pie a todo tipo de teorías conspiratorias y a programas de televisión más o menos graciosos-, la figura del rey sale siempre reforzada de aquella especie de “examen de democracia” que fue –o nos dicen que fue– el 23F. Las dudas sobre la sinceridad democrática de aquel Borbón a quien Franco había ungido como sucesor quedaron despejadas de un plumazo. Y sin embargo…

Mirada con frialdad, eludiendo la confortante versión oficial, la valoración puede cambiar bastante porque… ¿Acaso tenía Juan Carlos I alguna otra opción? ¿Alguien cree de verdad que aquel esperpento con Tejero y compañía –lo cual no quita su peligro potencial pero esperpento al fin y al cabo– ofrecía alguna posibilidad de futuro al Borbón? ¿Tenía aquel golpe alguna oportunidad en la Europa de finales del siglo XX?

Imaginemos por un momento que Juan Carlos I no fuera el ferviente demócrata que nos ha presentado la historiografía oficial. Pensemos que después de haber conseguido “heredar” el trono de un dictador y de haber logrado eludir las responsabilidades por la muerte de su hermano, sólo le interesara aferrarse al poder y al puesto al que había dedicado los esfuerzos y las maniobras de toda su vida. ¿Qué habría hecho aquel 23F? ¿Qué habría hecho si solamente hubiera querido salvarse a sí mismo, mantenerse en el trono y continuar en él para disfrutar de las prerrogativas que tanto le había costado conquistar? ¿De qué lado se habría decantado? ¿Del de aquellos golpistas de sainete –aunque fueran armados– o del de aquel parlamento a quien Europa y los Estados Unidos  habían dado su apoyo?

Fiel a su trayectoria, Juan Carlos I escogió la opción que más le beneficiaba personalmente… Y consiguió además una aureola de salvador de la democracia que no merecía. Y la propaganda oficial, amablemente acogida y difundida por el sistema mediático imperante, hizo el resto.

El mensaje televisivo del rey condenando el golpe y acatando el orden democrático y constitucional, se ha convertido en un icono ineludible de la historia de España del siglo XX. A pesar de las sombras que todavía planean sobre aquel 23-F y de las incógnitas que lo rodean –y que han dado pie a todo tipo de teorías conspiratorias y a programas de televisión más o menos graciosos-, la figura del rey sale siempre reforzada de aquella especie de “examen de democracia” que fue –o nos dicen que fue- el 23-F. Las dudas sobre la sinceridad democrática de aquel Borbón a quien Franco había ungido como sucesor quedaron despejadas de un plumazo. Y sin embargo…

Mirada con frialdad, eludiendo la confortante versión oficial, la valoración puede cambiar bastante porque… ¿Acaso tenía Juan Carlos I alguna otra opción? ¿Alguien cree de verdad que aquel esperpento con Tejero y compañía –lo cual no quita su peligro potencial pero esperpento al fin y al cabo- ofrecía alguna posibilidad de futuro al Borbón? ¿Tenía aquel golpe alguna oportunidad en la Europa de finales del siglo XX?

Imaginemos por un momento que Juan Carlos I no fuera el ferviente demócrata que nos ha presentado la historiografía oficial. Pensemos que después de haber conseguido “heredar” el trono de un dictador y de haber logrado eludir las responsabilidades por la muerte de su hermano, sólo le interesara aferrarse al poder y al puesto al que había dedicado los esfuerzos y las maniobras de toda su vida. ¿Qué habría hecho aquel 23-F? ¿Qué habría hecho si solamente hubiera querido salvarse a sí mismo, mantenerse en el trono y continuar en él para disfrutar de las prerrogativas que tanto le había costado conquistar? ¿De qué lado se habría decantado? ¿Del de aquellos golpistas de sainete –aunque fueran armados- o del de aquel parlamento a quien Europa y los Estados Unidos habían dado su apoyo?

Fiel a su trayectoria, Juan Carlos I escogió la opción que más le beneficiaba personalmente… y consiguió además una aureola de salvador de la democracia que no merecía. Y la propaganda oficial, amablemente acogida y difundida por el sistema mediático imperante, hizo el resto.

Este artículo ha sido redactado originalmente para el Euroblog de eldiario.esEuroblog

Algunos animales nos resultan tiernos, o crueles, porque proyectamos en ellos cualidades y comportamientos humanos. Por eso nos parece ridículo el cangrejo. Mientras con sus grandes pinzas parece desafiar a cualquiera que se le acerque, sin importarle el tamaño del enemigo, con sus patitas corre a toda velocidad hacia atrás en una vergonzosa retirada permanente. Nos recuerda al brabucón pendenciero que se pierde en amenazas que no llegan a ninguna parte y a las que no podemos tomar en serio.

La actitud que ha tomado la Comisión Europea presidida por el señor Juncker parece imitar la estrategia del cangrejo. En el último pleno del Parlamento Europeo, el presidente Juncker, junto al vicepresidente Timmermans presentaron el plan de trabajo de la Comisión, y nuestros peores temores se confirmaron. A las grandes declaraciones sobre la necesidad de invertir, de apostar por la creación de empleo, de acabar con la política de austeridad y de reforzar Europa, siguieron las propuestas concretas de invertir sólo 21.000 millones de Euros -que ya estaban presupuestados anteriormente-, de continuar con las “reformas estructurales necesarias para seguir siendo competitivos” y de retirar las normativas europeas que no son realistas y que sólo constituyen una traba para, de nuevo, la competitividad de nuestras empresas. ¿Qué normativas? Pues, por ejemplo, la que apostaba por exigir una calidad del aire saludable en toda Europa y por tanto penalizaba las actividades contaminantes, o la de baja maternal, que exigía un tiempo mínimo para padres y madres, con salario pleno, para poder disfrutar con tranquilidad de la llegada de un hijo sin por ello perder su puesto de trabajo.

Mientras Juncker balancea las pinzas y alardea de la nueva Europa fuerte y unida a la que quiere dirigirnos, Timmermans se apresura a seguir las presiones de empresarios descontentos con las “feroces” normativas ambientales y sociales que implican una pérdida de beneficios, y de los estados que no quieren que Europa les quite un ápice de su poder y que sólo ven la Unión Europea como una discreta organización que garantice la tranquilidad de mercados y multinacionales. La Comisión Europea corre a toda velocidad hacia atrás, renunciando a reforzar Europa, a ir más allá de una mera organización comercial. En una súbita conversión al anarquismo de boquilla, Juncker proclama que no hay que hacer tantas normativas ni regulaciones, que lo que Europa necesita es agilidad, flexibilidad y no más legislación.

Era de esperar que la Gran Coalición europea formada por liberales, socialistas y populares apostara por un camino así: continuar con el que había. Pero no hacía ninguna falta que el señor Juncker nos intentara engañar con frases en las que parecía haber comprendido algo de las necesidades y sufrimientos de gran parte de la población europea como–y cito textualmente-: “el dinero necesario para la educación y la sanidad no debe perderse en el pago de la deuda”.

Mientras los pacientes de hepatitis C ven como el dinero necesario para su curación se invierte en otros menesteres y gran parte se pierde en el pago de esa deuda convertido en dogma de fe incuestionable, las palabras de Juncker resultan especialmente crueles. Pero a Europa eso no parece preocuparle, como tampoco le ha preocupado que el gobierno del PP haya institucionalizado la corrupción y el asalto sistemático de las arcas públicas, o que ese mismo gobierno se burle de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena su legislación hipotecaria por atacar los derechos fundamentales; lo que preocupa es una posible victoria de Syriza en Grecia… porque se atreve a hablar de la deuda, la sacrosanta e intocable deuda.

Este cangrejo ya no resulta cómico, no hace ninguna gracia escuchar sus bravuconadas y comprobar la velocidad con que sus pasos van en dirección contraria, desmantelando normativas sociales y ambientales que habían sido consensuadas por el Parlamento Europeo y olvidando que la pobreza se ha instalado en muchos hogares del continente, y eliminarla debería ser su objetivo principal. Así van las cosas en esa Unión Europea que todavía está muy lejos de ser nuestra.

Este artículo ha sido originalmente publicado en el Euroblog de eldiario.es

Algunos animales nos resultan tiernos, o crueles, porque proyectamos en ellos cualidades y comportamientos humanos. Por eso nos parece ridículo el cangrejo. Mientras con sus grandes pinzas parece desafiar a cualquiera que se le acerque, sin importarle el tamaño del enemigo, con sus patitas corre a toda velocidad hacia atrás en una vergonzosa retirada permanente. Nos recuerda al brabucón pendenciero que se pierde en amenazas que no llegan a ninguna parte y a las que no podemos tomar en serio.

La actitud que ha tomado la Comisión Europea presidida por el señor Juncker parece imitar la estrategia del cangrejo. En el último pleno del Parlamento Europeo, el presidente Juncker, junto al vicepresidente Timmermans presentaron el plan de trabajo de la Comisión, y nuestros peores temores se confirmaron. A las grandes declaraciones sobre la necesidad de invertir, de apostar por la creación de empleo, de acabar con la política de austeridad y de reforzar Europa, siguieron las propuestas concretas de invertir sólo 21.000 millones de euros –que ya estaban presupuestados anteriormente–, de continuar con las “reformas estructurales necesarias para seguir siendo competitivos” y de retirar las normativas europeas que no son realistas y que sólo constituyen una traba para, de nuevo, la competitividad de nuestras empresas. ¿Qué normativas? Pues, por ejemplo, la que apostaba por exigir una calidad del aire saludable en toda Europa y por tanto penalizaba las actividades contaminantes, o la de baja maternal, que exigía un tiempo mínimo para padres y madres, con salario pleno, para poder disfrutar con tranquilidad de la llegada de un hijo sin por ello perder su puesto de trabajo.

Mientras Juncker balancea las pinzas y alardea de la nueva Europa fuerte y unida a la que quiere dirigirnos, Timmermans se apresura a seguir las presiones de empresarios descontentos con las “feroces” normativas ambientales y sociales que implican una pérdida de beneficios, y de los estados que no quieren que Europa les quite un ápice de su poder y que sólo ven la Unión Europea como una discreta organización que garantice la tranquilidad de mercados y multinacionales. La Comisión Europea corre a toda velocidad hacia atrás, renunciando a reforzar Europa, a ir más allá de una mera organización comercial. En una súbita conversión al anarquismo de boquilla, Juncker proclama que no hay que hacer tantas normativas ni regulaciones, que lo que Europa necesita es agilidad, flexibilidad y no más legislación.

Era de esperar que la Gran Coalición europea formada por liberales, socialistas y populares apostara por un camino así: continuar con el que había. Pero no hacía ninguna falta que el señor Juncker nos intentara engañar con frases en las que parecía haber comprendido algo de las necesidades y sufrimientos de gran parte de la población europea como–y cito textualmente-: “el dinero necesario para la educación y la sanidad no debe perderse en el pago de la deuda”.

Mientras los pacientes de hepatitis C ven como el dinero necesario para su curación se invierte en otros menesteres y gran parte se pierde en el pago de esa deuda convertido en dogma de fe incuestionable, las palabras de Juncker resultan especialmente crueles. Pero a Europa eso no parece preocuparle, como tampoco le ha preocupado que el Gobierno del PP haya institucionalizado la corrupción y el asalto sistemático de las arcas públicas, o que ese mismo gobierno se burle de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena su legislación hipotecaria por atacar los derechos fundamentales; lo que preocupa es una posible victoria de Syriza en Grecia… porque se atreve a hablar de la deuda, la sacrosanta e intocable deuda.

Este cangrejo ya no resulta cómico, no hace ninguna gracia escuchar sus bravuconadas y comprobar la velocidad con que sus pasos van en dirección contraria, desmantelando normativas sociales y ambientales que habían sido consensuadas por el Parlamento Europeo y olvidando que la pobreza se ha instalado en muchos hogares del continente, y eliminarla debería ser su objetivo principal. Así van las cosas en esa Unión Europea que todavía está muy lejos de ser nuestra.

Una mirada detenida al mismo concepto de transición nos deja bien claro lo que ésta entraña. La transición de un modelo político a otro, en el caso español de la dictadura fascista franquista a la democracia, implica que durante un periodo de tiempo -precisamente el de transición- perduran elementos del primer modelo en convivencia con los del segundo. Eso explica las peculiaridades del caso español, donde ministros franquistas como Fraga desarrollaron un papel político clave que se alarga en el tiempo, desde el franquismo a la actualidad, ahora a través del partido que él fundó y que nos gobierna: el PP.

Al concepto de transición se opone el de ruptura, que se caracteriza por suprimir de modo tajante el primer modelo –la dictadura- y erigir de forma libre y autónoma el segundo –la democracia-, sin elementos perturbadores. El problema que se plantea es obvio ¿se puede realmente superar una dictadura con una transición y no con una ruptura? ¿A alguien se le ocurre un proceso semejante en Alemania, un periodo de transición donde ilustres políticos nazis colaborarían en la puesta en marcha de un sistema democrático?

Las fotos de cachorros del PP con el brazo en alto, la libertad con que grupúsculos ultras muestran esvásticas en actos oficiales como el último 9 d’octubre en Valencia, o la firmeza con la que el ministro progre del PP, el dimitido Gallardón, se enorgullece de ser un hijo político de Fraga, no son más que las pústulas que muestran el envenenamiento del sistema. La corrupción institucionalizada, el clientelismo, la sumisión a los poderes fácticos, -económicos o eclesiales-, el control del poder judicial, todo aquello que condena la democracia española a tener una bajísima calidad, son precisamente las marcas del sistema franquista que perduran y se enquistan gracias a la transición; a ese modelo perverso que nos vendieron como el único que garantizaría un “cambio tranquilo” y que cada día se revela más como nuestra condena. No resulta por tanto extraño que ahora que el paradigma sagrado de la transición comienza a resquebrajarse, el presidente Rajoy, acorralado por la corrupción y la ineficacia, ahogado en la podredumbre de su partido, saque fuerzas para declarar bien alto que “no piensa apearse de la transición”. Lógico: le va la vida, a él y a los que como él quieren perpetuar a toda costa ese modelo emponzoñado que les permite aprovecharse de la miseria moral que inoculó en el sistema el régimen franquista. Sacralizar la transición es asegurar una democracia paupérrima, un simulacro, que “deje las cosas como están” y en el gobierno “a las personas de orden”… ya sabemos de qué orden.

Este artículo también ha sido publicado en Zona crítica, la seccion de opinión de eldiario.es

Una mirada detenida al mismo concepto de transición nos deja bien claro lo que ésta entraña. La transición de un modelo político a otro, en el caso español de la dictadura fascista franquista a la democracia, implica que durante un periodo de tiempo -precisamente el de transición- perduran elementos del primer modelo en convivencia con los del segundo. Eso explica las peculiaridades del caso español, donde ministros franquistas como Fraga desarrollaron un papel político clave que se alarga en el tiempo, desde el franquismo a la actualidad, ahora a través del partido que él fundó y que nos gobierna: el PP.

Al concepto de transición se opone el de ruptura, que se caracteriza por suprimir de modo tajante el primer modelo –la dictadura- y erigir de forma libre y autónoma el segundo –la democracia-, sin elementos perturbadores. El problema que se plantea es obvio ¿se puede realmente superar una dictadura con una transición y no con una ruptura? ¿A alguien se le ocurre un proceso semejante en Alemania, un periodo de transición donde ilustres políticos nazis colaborarían en la puesta en marcha de un sistema democrático?

Las fotos de cachorros del PP con el brazo en alto, la libertad con que grupúsculos ultras muestran esvásticas en actos oficiales como el último 9 d’octubre en Valencia, o la firmeza con la que el ministro progre del PP, el dimitido Gallardón, se enorgullece de ser un hijo político de Fraga, no son más que las pústulas que muestran el envenenamiento del sistema. La corrupción institucionalizada, el clientelismo, la sumisión a los poderes fácticos, -económicos o eclesiales-, el control del poder judicial, todo aquello que condena la democracia española a tener una bajísima calidad, son precisamente las marcas del sistema franquista que perduran y se enquistan gracias a la transición; a ese modelo perverso que nos vendieron como el único que garantizaría un “cambio tranquilo” y que cada día se revela más como nuestra condena. No resulta por tanto extraño que ahora que el paradigma sagrado de la transición comienza a resquebrajarse, el presidente Rajoy, acorralado por la corrupción y la ineficacia, ahogado en la podredumbre de su partido, saque fuerzas para declarar bien alto que “no piensa apearse de la transición”. Lógico: le va la vida, a él y a los que como él quieren perpetuar a toda costa ese modelo emponzoñado que les permite aprovecharse de la miseria moral que inoculó en el sistema el régimen franquista. Sacralizar la transición es asegurar una democracia paupérrima, un simulacro, que “deje las cosas como están” y en el gobierno “a las personas de orden”… ya sabemos de qué orden.