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Lo urgente en Europa

Imagen de archivo: refugiados llegan a la costa de la isla de Lesbos tras cruzar el mar desde Turquía en el puerto de Mytilene (Grecia).

Hemos cruzado el ecuador de la actual legislatura en el Parlamento Europeo. Después de dos años y medios combatiendo los efectos devastadores de la austeridad y defendiendo medidas para reforzar el pilar social de la Unión Europea –y ahora que ha cambiado el panorama institucional con las tres sedes comunitarias copadas por los populares– es el momento de trazar una nueva estrategia política que nos permita a los socialdemócratas consolidar nuestro proyecto y valores.

Los recortes de las políticas conservadoras y la falta de soluciones a los problemas de la gente está llenando las urnas de votos populistas, xenófobos y antieuropeos. Para cuando se demuestre la falacia de las recetas que proponen estas fuerzas extremas, es probable que ya no quede tiempo. Esta realidad, unida a problemas inéditos como la salida de Reino Unido de la UE, nos obliga a reaccionar.

Los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo somos importantes para el futuro de la UE. Conscientes de este rol y de la responsabilidad que acarrea, desde la delegación española hemos propuesto a nuestros compañeros del Grupo Socialdemócrata y del Partido Socialista Europeo que de aquí a lo que resta de legislatura establezcamos unas prioridades claras y trabajemos en la misma dirección para defenderlas ante la Comisión y el Consejo.

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En defensa del CETA

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Pleno del Parlamento Europeo.

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría el Acuerdo Económico y Comercio Global con Canadá, más conocido como CETA. El acuerdo entrará ya en vigor de manera provisional una vez haga lo propio el parlamento canadiense sujeto, en todo caso, a la ratificación posterior por todos los Estados miembros. El acuerdo ha estado sujeto a notables críticas, amplificadas por el debate sobre el TTIP, el acuerdo con Estados Unidos, que se encuentra paralizado o incluso muerto tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En esta breve columna pretendo salir al paso a algunas de las críticas que se han vertido sobre el acuerdo y, por lo tanto, defender mi voto afirmativo. Quiero clarificar que mis argumentos van dirigidos a aquellos que como yo aspiran a vivir en una sociedad igualitaria en el marco de una economía social y de mercado, junto a eficientes instrumentos de regulación y redistribución de la renta. O dicho de otra manera, hay personas que están contra el CETA en la medida en que están siempre contra el mercado. Mi colega Miguel Urbán es anticapitalista y, por lo tanto, se sitúa contra este acuerdo comercial. Por ello, la discusión sobre este asunto con estos amigos no puede focalizarse sólo en el CETA, sino en el modelo de sociedad al que se aspira. Por lo tanto, quiero dejar claro que al debatir las bondades o maldades del CETA no puedo entremezclarlo con un intercambio de opiniones sobre la naturaleza de la economía de mercado. Ese es otro debate. Quiero así circunscribir claramente el objetivo de este artículo.

El actual comercio de la Unión Europea y Canadá supone tan sólo el 1,8% del comercio exterior de la UE. Sin duda, un volumen reducido. Por ello, el CETA es más un símbolo que un tratado de alto impacto. Pero es un símbolo importante. Y lo es porque para Europa marca las líneas de juego de la futura política comercial de la Unión que ha puesto el foco de las decisiones en Bruselas y no en los Estados miembros. Muchos hemos pedido que Europa negocie con una sola voz y tras el Tratado de Lisboa lo hemos conseguido. Por ello, en primer lugar, no entiendo la petición de que todo sea aprobado por cualquier cámara legislativa, incluso por los Ayuntamientos. Estamos yendo en contra del espíritu europeísta que hemos defendido tantas veces. Pero la simbología del CETA no acaba en esta cuestión competencial.  

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PP, PSOE y Ciudadanos aprueban el CETA en la Eurocámara, pero aún podemos pararlo en el Congreso

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Varios manifestantes bloquean el acceso al Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), hoy, 15 de febrero de 2017, mientras protestan contra el tratado de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá (CETA).

Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui, José Blanco, Esteban González Pons, Javier Díaz de Mera, Pilar del Castillo, Luis de Grandes, Teresa Jiménez Becerril, Javier Nart, Izaskun Bilbao y Ramon Tremosa son sólo algunos de los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdC la gran coalición europea, que han votado este miércoles a favor de la ratificación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá.

El texto ha contado con 408 votos favorables, 254 en contra y 33 abstenciones y ha sido aprobado antes de someterlo a votación en los parlamentos estatales de los Estados miembros para presionar a los gobiernos europeos y blindarlo, ya que se empezará a aplicar de manera provisional y ya no podrá ser modificado.

La jugada no puede considerarse más que una estafa y un golpe a nuestras democracias y cuenta con el privilegio de ser el primer caso en el que se aplicará una legislación en la UE antes de estar debidamente aprobada. Sin embargo, a pesar de haber perdido una votación, lo primero que debe quedar claro es que no está todo perdido, porque ha sido la presión social de estos últimos meses lo que ha hecho que el CETA tenga que pasar por los Estados.

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Tres años después de Tarajal

Imagen de archivo del espigón del Tarajal por donde intentaban entrar a España las personas que murieron el 6 de febrero de 2014.

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como "medidas disuasorias". A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha". Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas "devoluciones en caliente" en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de "rechazo en frontera", a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Pero las devoluciones en caliente son sólo la punta del iceberg. Personas migrantes han llegado a ser "devueltas" desde Marruecos en autobuses al desierto, cerca de la frontera con Argelia, donde corren el riesgo de morir de deshidratación. Es parte de la llamada política de externalización de fronteras de la Unión Europea, por la cual se delega en países de tránsito la "contención" de migrantes y solicitantes de asilo, tal como se hizo con el pacto Turquía-UE. Tras la cumbre de Valetta en noviembre de 2015, donde se aprobó el "Fondo fiduciario de Emergencia" para África –a través del cual se destinan 1.800 millones de euros para securitización y control de fronteras– se firmaron acuerdos con países africanos como Etiopía, Níger y Mali.

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Hay futuro sin carbón

Afrontemos la realidad. Por motivos económicos, ecológicos y de salud, el carbón ya no tiene futuro. Primero, desde el punto de vista económico, las ayudas para el cierre de las minas de carbón terminarán a finales de 2018. Ninguna mina en España —y de rebote algunas centrales de carbón— podría ser rentable sin ayudas públicas, ni tendrían capacidad de devolver las ayudas recibidas para el cierre si decidieran seguir abiertas. Desde el punto de vista climático, el acuerdo de París marca el camino a seguir tanto a las minas como a las centrales de carbón. Ha terminado la era de las energías sucias y necesitamos descarbonizar del todo la economía europea para 2050: empieza la era de las renovables. Desde el punto de vista sanitario, son altísimos los daños a la salud causados por la quema de carbón, un impacto que, además de tener un gran coste social y económico, no está internalizado en el precio de la electricidad.

Ante esta triple realidad, desde las instituciones y la sociedad civil decidimos ser valientes y proponer una transición ordenada, planificada y participativa hacia una economía no dependiente del carbón (incluyendo minas y centrales). Reconociendo la labor histórica de los mineros y sus familias, y su aportación fundamental para construir la sociedad española y europea actual, podremos poner en marcha una transición justa y sostenible de las cuencas mineras, aprovechando su gran potencial cultural, solidario y participativo para dar el paso definitivo hacia los sectores sostenibles. Apostemos entonces, de forma valiente y decidida, por una economía verde donde los empleos de hoy y mañana son a la vez dignos, seguros y respetuosos del medio ambiente y nuestra salud.

Así que, si bien no hay futuro para el carbón, sí hay un gran futuro para los mineros y el resto de habitantes de las cuencas mineras. Y de ello tenemos ejemplos claros como el de Loos-en-Gohelle, un pueblo minero francés pionero en un futuro post-carbón. Gracias al proceso de transición participativa que ha puesto en marcha el equipo de gobierno junto con el tejido empresarial y asociativo local, han conseguido que la cuenca minera y sus vestigios (pozos, cargues, escombreras, talleres, hospitalillos, poblados mineros…) sean declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Así la identidad, entendida como "lugar de memoria", se transforma en palanca cultural, turística y económica.

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¿A quién le importa si el CETA perjudica a los países en desarrollo?

Una concentración de paraguas rechaza el CETA y pide al Parlamento Europeo que vote en contra de su ratificación.

Hay ocasiones en que las contradicciones de la política económica de la Unión Europea se hacen aún más tangibles de lo habitual. La semana pasada tuvo lugar uno de esos momentos en que, a pesar de llevar ya tres años trabajando en el Parlamento Europeo, sus paradojas me indignaron como el primer día.

El martes pasado la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio su visto bueno al CETA, el macro tratado comercial negociado entre Canadá y la Unión Europea. Este era el último paso que faltaba antes de que el CETA estuviese listo para votarse en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 14 de febrero. Lo paradójico es que un día después, en la Comisión de Desarrollo del Parlamento, se presentaba el borrador de un estudio sobre el impacto de CETA en los países en desarrollo. Un borrador que, como reconoce su autor, se encuentra como primer obstáculo con que en los estudios que se habían hecho hasta entonces no se habían recopilado ni tenido en cuenta datos específicos sobre cómo afectará el tratado a estos países. Ante la falta de datos el estudio se limita a sacar conclusiones aproximadas de fuentes secundarias, o deducir posibles efectos a partir de los estudios que se han hecho para otros acuerdos. Y estas pocas conclusiones son nefastas para los países en desarrollo.

Se trata de uno de los ejemplos más sangrantes de cómo la Unión Europea no tiene reparos para violar sus propios principios elementales cuando el beneficio de los lobbies está en juego. Este futuro estudio en profundidad llegará tarde, si es que llega, y sólo nos quedará la posibilidad de luchar para poner parches al destrozo que vamos a provocar en medio mundo con la puesta en práctica de este tratado.

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El acceso a los medicamentos en la Unión Europea, una prioridad política

En la Unión Europea el desabastecimiento de medicamentos esenciales y los precios elevados es a día de hoy un problema generalizado, especialmente de determinados medicamentos como los hospitalarios o cardiovasculares, al mismo tiempo que se viene desarrollando un comercio paralelo desde países con precios más baratos hacia otros donde el precio es mayor. 

El gasto en fármacos representa el 17,1% del gasto en salud en la UE y el 1,41% del PIB, y de aquí a 2020 se prevé un incremento del 7%, en parte por el crecimiento en el número de nuevos diagnósticos de cáncer de hasta un 68% respecto a 2012. 

Hace apenas dos semanas conocíamos un informe de la OCDE que refleja la preocupación que existe sobre las dificultades de acceso a los medicamentos, los altos precios y los defectos en el sistema, de ahí que haya puesto en marcha incentivos para investigar en las áreas que no son rentables para la industria.

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Nuestra única agenda común: desarrollo y derechos humanos

Fotografía tomada el pasado 8 de marzo en la que se registró un grupo de feministas y amigos de la asesinada líder indígena hondureña Berta Cáceres, al exigir justicia y que su caso sea esclarecido pronto por las autoridades.

2015 supuso un año de cambios profundos en la política de desarrollo. La comunidad internacional selló tres acuerdos que revolucionarán el paradigma de nuestras políticas públicas: en Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo, en París sobre el cambio climático y en Nueva York sobre la Agenda 2030. Este último comprende 17 objetivos que, de cumplirse, transformarán profundamente nuestra sociedad. En mi opinión, el cambio radical reside en la desaparición del concepto país donante–país receptor: esta Agenda se aplicará por igual a los 193 países firmantes.

Si profundizamos más, vemos que, por un lado, la política de desarrollo deja de ser secundaria y pasa a ser transversal. Todas nuestras acciones deben tener una única finalidad: el cumplimiento de las 169 metas que nos hemos marcado. En otras palabras, nuestras políticas tienen que guardar una coherencia entre sí. A pesar de que en la Unión Europea la idea de la coherencia política ya está recogida desde 1992 en el artículo 208 del TFUE, la realidad es que aún existen demasiadas deficiencias.

Por otro lado, el tener la obligación de incorporar estos objetivos a todas nuestras políticas implica que todos somos responsables de su ejecución. Es decir: todos (instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ciudadanos y empresas) somos al mismo tiempo sujeto y objeto de su cumplimiento, y debemos trabajar conjuntamente para combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

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No, no estamos ante el fin de la Gran Coalición en Europa (desafortunadamente)

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Vista de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.

El pleno del Parlamento Europeo decide este martes a su nuevo presidente tras la huida de Martin Schulz a Alemania. Atendiendo a la lógica turnista de la Gran Coalición, Antonio Tajani, el candidato conservador, debería ser quien ostente la Presidencia en los dos años y medio que quedan de legislatura. Al menos, esto es lo que acordaron el 24 de junio de 2014, un mes después de las elecciones europeas, los presidentes de los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Manfred Weber y el propio Schulz.

Ambos firmaron un contrato que decía lo siguiente: "El Grupo PPE y el Grupo S&D acuerdan que durante el periodo legislativo 2014-2019 del Parlamento Europeo deberán apoyarse mutuamente en la elección del presidente del Parlamento Europeo. Acuerdan que el Grupo S&D elegirá al presidente del Parlamento Europeo en la primera mitad de la legislatura y el Grupo PPE en la segunda mitad".

Dos días después, el presidente del grupo parlamentario de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Guy Verhofstadt,  se sumó a la fiesta de la democracia y estampó su firma en otro documento que decía esto: "El acuerdo de entendimiento firmado por el Grupo PPE y el Grupo S&D el 24 de junio de 2014 se hace extensivo al Grupo ALDE. El Grupo PPE y el Grupo S&D se comprometen a apoyar a los candidatos de ALDE en el Parlamento Europeo".

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La urgencia de las movilizaciones sociales contra el CETA (y otros tratados)

Cabecera de la marcha contra el TTIP y CETA, en el Paseo del Prado de Madrid

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA ( Comprehensive Economic and Trade Agreement ), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

Estos tratados no se paran desde el Parlamento Europeo o desde el Congreso de los Diputados, se paran desde la organización y la movilización. Por ello es importante desbordar la realidad institucional y bajar a la calle. Y es en este sentido que cobra importancia la existencia de estas campañas contrarias a los tratados, ya que representan a miles de activistas y a cientos de organizaciones unidas con un mismo objetivo. Organizaciones políticas y sindicales pero también y en gran medida movimientos sociales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones de pymes y un largo etcétera que trabajan para que no se aprueben estos tratados y conseguir fórmulas alternativas de comercio que contemplen a las personas y al planeta –como dice el lema de la campaña- antes que los intereses de las multinacionales.

El próximo 21 de enero habrá movilizaciones en toda Europa contra el CETA. La campaña estatal #NoalTTIP hace un llamamiento, al igual que se hizo el pasado 15 de Octubre, a toda la ciudadanía para que acuda a esta convocatoria y a todas las organizaciones adheridas a que movilicen a sus militantes, simpatizantes y votantes. Salgamos a la calle contra los tratados de las multinacionales y por nuestros derechos.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU. Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo  //   Pablo Jiménez. Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de IU y de la campaña estatal #NoalTTIP. Cocoordinador del libro “Las amenazas del TTIP y el CETA”

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