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Acabar con el bloqueo de la agenda de igualdad de género en la Unión Europea

Una mujer en la manifestación del Día Internacional de la Mujer. / Olmo Calvo.

Europa sigue solo a medio camino de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y los últimos años, ha dado incluso pasos atrás. Si seguimos al ritmo actual se calcula que aún deberemos esperar como mínimo 70 años más para conseguir la igualdad salarial, 50 años antes que el trabajo de doméstico y de cuidado sea repartido a partes iguales entre hombres y mujeres y más de 20 años para conseguir una representación paritaria en la política. ¿De verdad debemos esperar más de una o dos generaciones para alcanzar estas metas?

Como miembros de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de género del Parlamento Europeo hemos tenido la oportunidad este año de redactar el informe anual que valora la situación de la igualdad de género en la UE, aprobado este martes en el pleno del Parlamento Europeo.

La conclusión es clara: los progresos en igualdad de género son muy lentos. Según el índice de igualdad de género 2015 del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés) la Unión sigue estando solo al 52,9% de conseguir la igualdad, y durante los últimos 10 años solo ha aumentado en 1,6 puntos.

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Por qué llevar el debate sobre la Política Agraria Común al conjunto de la sociedad

Imagen de archivo.

La UE abrió a principios de febrero una consulta ciudadana sobre la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) para 2020. La PAC lleva funcionando desde los años 60 y fue la primera política europea común. Nació para asegurar el autoabastecimiento de los principales productos agrarios en Europa y hacer eso compatible con unas rentas adecuadas para los agricultores. Todavía hoy absorbe el 40% del presupuesto de la UE. Pero poco tiene que ver esta Unión Europea con los objetivos que la gestaron. Lo hemos visto con la crisis de valores derivada del drama de los refugiados. Y lo llevamos viendo en nuestros campos décadas y décadas de reformas de la PAC que nos han llevado a modelos de producción insostenibles, a desequilibrios territoriales, a paradojas de una burocracia desconocedora de la realidad de las tierras, al enriquecimiento de unos pocos y a la ruina de muchos agricultores, desprotegidos ante el sector de la distribución.

La trama de poder y negocios configurada alrededor del campo es más evidente que nunca en el mundo. Tres grandes multinacionales (Bayer, Monsanto y Dupont) están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas. La volatilidad de los precios agrarios es altísima y afecta gravemente a los productores desde que, en 2007, las grandes corporaciones financieras comenzaron a especular con los productos alimentarios en en la Bolsa de Futuros de Chicago. Desde entonces, asistimos a la aberración de un mercado mundial que permite que se pudran cosechas enteras para que los precios suban, mientras 40.000 de personas mueren al día de hambre.

La Comisión Europea ha emprendido una nueva estrategia comercial bajo la premisa de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momentos de crisis. Asistimos así al auge de los tratados de libre comercio, como el TTIP o el ya aprobado CETA, que van en la dirección opuesta al establecimiento de una política agraria que proteja tanto a los productores europeos como a los consumidores. Por eso creo que es importante que toda la sociedad se vuelque en este debate. La nueva política comercial de la UE es una amenaza para tanto nuestros agricultores (porque muchas de las denominaciones de origen podrían desaparecer como tales) como para nuestra seguridad alimentaria (porque los estándares medioambientales, de calidad y seguridad se homogeneizan siempre a la baja). Así que, en el fondo, lo que está en juego es algo tan importante como nuestra comida y nuestra soberanía alimentaria.

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No sólo es injusto, también es un error

Imagen de archivo de una trabajadora.

Otro 8 de marzo, otra vez un motivo para hacer balance de los retos alcanzados, de los pasos desandados y de las piedras que adivinamos en el camino.

Este año, la Unión Europea ha querido llamar la atención sobre la importancia del empoderamiento económico de las mujeres, porque la falta de recursos y de autonomía es una de las causas más directas de la desigualdad.

A día de hoy, las mujeres europeas ganan de media un 16% menos por hora que los hombres. Y de seguir el ritmo actual, hasta 2086 no llegarían a cobrar lo mismo que los hombres.

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Un Pilar Social contra la ira

Imagen de archivo: personal sanitario se concentra delante de un muro levantado para bloquear el acceso al Ministerio de Sanidad durante una protesta simbólica contra las medidas de austeridad en Atenas (Grecia).

La vida de muchos europeos se asemeja a los campos de California que describía Steinbeck en Las uvas de la ira. "No hay más que dolor cubierto de piel" decía uno de sus personajes. En la UE viven 119 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. No es de extrañar que su ira haya acabado tomando forma de insurrección electoral.

Hagamos un breve control de daños. Clase media maltrecha. Grave repunte de la desigualdad en la Europa meridional. Divergencia rampante Norte/Sur que dificulta los consensos políticos internos. Mercado laboral gripado que ha dejado de ser fuente de seguridad y bienestar amenazado por la digitalización y robotización. Pero sobre todo y ante todo, para muchos, el futuro ha dejado de ser un lugar deseable.

¿Las causas? Nos son pocas. La gran recesión. Un andamiaje monetario deflacionista e incompleto. Un cóctel económico tóxico (austeridad y devaluación interna). Una globalización sin suficientes amortiguadores de compensación. En definitiva, la nueva piel del capitalismo; hipertrofia financiera, creciente desigualdad e internacionalización de los mercados (Costas y Carlos Arias).

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Lo urgente en Europa

Imagen de archivo: refugiados llegan a la costa de la isla de Lesbos tras cruzar el mar desde Turquía en el puerto de Mytilene (Grecia).

Hemos cruzado el ecuador de la actual legislatura en el Parlamento Europeo. Después de dos años y medios combatiendo los efectos devastadores de la austeridad y defendiendo medidas para reforzar el pilar social de la Unión Europea –y ahora que ha cambiado el panorama institucional con las tres sedes comunitarias copadas por los populares– es el momento de trazar una nueva estrategia política que nos permita a los socialdemócratas consolidar nuestro proyecto y valores.

Los recortes de las políticas conservadoras y la falta de soluciones a los problemas de la gente está llenando las urnas de votos populistas, xenófobos y antieuropeos. Para cuando se demuestre la falacia de las recetas que proponen estas fuerzas extremas, es probable que ya no quede tiempo. Esta realidad, unida a problemas inéditos como la salida de Reino Unido de la UE, nos obliga a reaccionar.

Los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo somos importantes para el futuro de la UE. Conscientes de este rol y de la responsabilidad que acarrea, desde la delegación española hemos propuesto a nuestros compañeros del Grupo Socialdemócrata y del Partido Socialista Europeo que de aquí a lo que resta de legislatura establezcamos unas prioridades claras y trabajemos en la misma dirección para defenderlas ante la Comisión y el Consejo.

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En defensa del CETA

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Pleno del Parlamento Europeo.

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría el Acuerdo Económico y Comercio Global con Canadá, más conocido como CETA. El acuerdo entrará ya en vigor de manera provisional una vez haga lo propio el parlamento canadiense sujeto, en todo caso, a la ratificación posterior por todos los Estados miembros. El acuerdo ha estado sujeto a notables críticas, amplificadas por el debate sobre el TTIP, el acuerdo con Estados Unidos, que se encuentra paralizado o incluso muerto tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En esta breve columna pretendo salir al paso a algunas de las críticas que se han vertido sobre el acuerdo y, por lo tanto, defender mi voto afirmativo. Quiero clarificar que mis argumentos van dirigidos a aquellos que como yo aspiran a vivir en una sociedad igualitaria en el marco de una economía social y de mercado, junto a eficientes instrumentos de regulación y redistribución de la renta. O dicho de otra manera, hay personas que están contra el CETA en la medida en que están siempre contra el mercado. Mi colega Miguel Urbán es anticapitalista y, por lo tanto, se sitúa contra este acuerdo comercial. Por ello, la discusión sobre este asunto con estos amigos no puede focalizarse sólo en el CETA, sino en el modelo de sociedad al que se aspira. Por lo tanto, quiero dejar claro que al debatir las bondades o maldades del CETA no puedo entremezclarlo con un intercambio de opiniones sobre la naturaleza de la economía de mercado. Ese es otro debate. Quiero así circunscribir claramente el objetivo de este artículo.

El actual comercio de la Unión Europea y Canadá supone tan sólo el 1,8% del comercio exterior de la UE. Sin duda, un volumen reducido. Por ello, el CETA es más un símbolo que un tratado de alto impacto. Pero es un símbolo importante. Y lo es porque para Europa marca las líneas de juego de la futura política comercial de la Unión que ha puesto el foco de las decisiones en Bruselas y no en los Estados miembros. Muchos hemos pedido que Europa negocie con una sola voz y tras el Tratado de Lisboa lo hemos conseguido. Por ello, en primer lugar, no entiendo la petición de que todo sea aprobado por cualquier cámara legislativa, incluso por los Ayuntamientos. Estamos yendo en contra del espíritu europeísta que hemos defendido tantas veces. Pero la simbología del CETA no acaba en esta cuestión competencial.  

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PP, PSOE y Ciudadanos aprueban el CETA en la Eurocámara, pero aún podemos pararlo en el Congreso

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Varios manifestantes bloquean el acceso al Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), hoy, 15 de febrero de 2017, mientras protestan contra el tratado de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá (CETA).

Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui, José Blanco, Esteban González Pons, Javier Díaz de Mera, Pilar del Castillo, Luis de Grandes, Teresa Jiménez Becerril, Javier Nart, Izaskun Bilbao y Ramon Tremosa son sólo algunos de los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdC la gran coalición europea, que han votado este miércoles a favor de la ratificación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá.

El texto ha contado con 408 votos favorables, 254 en contra y 33 abstenciones y ha sido aprobado antes de someterlo a votación en los parlamentos estatales de los Estados miembros para presionar a los gobiernos europeos y blindarlo, ya que se empezará a aplicar de manera provisional y ya no podrá ser modificado.

La jugada no puede considerarse más que una estafa y un golpe a nuestras democracias y cuenta con el privilegio de ser el primer caso en el que se aplicará una legislación en la UE antes de estar debidamente aprobada. Sin embargo, a pesar de haber perdido una votación, lo primero que debe quedar claro es que no está todo perdido, porque ha sido la presión social de estos últimos meses lo que ha hecho que el CETA tenga que pasar por los Estados.

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Tres años después de Tarajal

Imagen de archivo del espigón del Tarajal por donde intentaban entrar a España las personas que murieron el 6 de febrero de 2014.

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como "medidas disuasorias". A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha". Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas "devoluciones en caliente" en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de "rechazo en frontera", a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Pero las devoluciones en caliente son sólo la punta del iceberg. Personas migrantes han llegado a ser "devueltas" desde Marruecos en autobuses al desierto, cerca de la frontera con Argelia, donde corren el riesgo de morir de deshidratación. Es parte de la llamada política de externalización de fronteras de la Unión Europea, por la cual se delega en países de tránsito la "contención" de migrantes y solicitantes de asilo, tal como se hizo con el pacto Turquía-UE. Tras la cumbre de Valetta en noviembre de 2015, donde se aprobó el "Fondo fiduciario de Emergencia" para África –a través del cual se destinan 1.800 millones de euros para securitización y control de fronteras– se firmaron acuerdos con países africanos como Etiopía, Níger y Mali.

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Hay futuro sin carbón

Afrontemos la realidad. Por motivos económicos, ecológicos y de salud, el carbón ya no tiene futuro. Primero, desde el punto de vista económico, las ayudas para el cierre de las minas de carbón terminarán a finales de 2018. Ninguna mina en España —y de rebote algunas centrales de carbón— podría ser rentable sin ayudas públicas, ni tendrían capacidad de devolver las ayudas recibidas para el cierre si decidieran seguir abiertas. Desde el punto de vista climático, el acuerdo de París marca el camino a seguir tanto a las minas como a las centrales de carbón. Ha terminado la era de las energías sucias y necesitamos descarbonizar del todo la economía europea para 2050: empieza la era de las renovables. Desde el punto de vista sanitario, son altísimos los daños a la salud causados por la quema de carbón, un impacto que, además de tener un gran coste social y económico, no está internalizado en el precio de la electricidad.

Ante esta triple realidad, desde las instituciones y la sociedad civil decidimos ser valientes y proponer una transición ordenada, planificada y participativa hacia una economía no dependiente del carbón (incluyendo minas y centrales). Reconociendo la labor histórica de los mineros y sus familias, y su aportación fundamental para construir la sociedad española y europea actual, podremos poner en marcha una transición justa y sostenible de las cuencas mineras, aprovechando su gran potencial cultural, solidario y participativo para dar el paso definitivo hacia los sectores sostenibles. Apostemos entonces, de forma valiente y decidida, por una economía verde donde los empleos de hoy y mañana son a la vez dignos, seguros y respetuosos del medio ambiente y nuestra salud.

Así que, si bien no hay futuro para el carbón, sí hay un gran futuro para los mineros y el resto de habitantes de las cuencas mineras. Y de ello tenemos ejemplos claros como el de Loos-en-Gohelle, un pueblo minero francés pionero en un futuro post-carbón. Gracias al proceso de transición participativa que ha puesto en marcha el equipo de gobierno junto con el tejido empresarial y asociativo local, han conseguido que la cuenca minera y sus vestigios (pozos, cargues, escombreras, talleres, hospitalillos, poblados mineros…) sean declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Así la identidad, entendida como "lugar de memoria", se transforma en palanca cultural, turística y económica.

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¿A quién le importa si el CETA perjudica a los países en desarrollo?

Una concentración de paraguas rechaza el CETA y pide al Parlamento Europeo que vote en contra de su ratificación.

Hay ocasiones en que las contradicciones de la política económica de la Unión Europea se hacen aún más tangibles de lo habitual. La semana pasada tuvo lugar uno de esos momentos en que, a pesar de llevar ya tres años trabajando en el Parlamento Europeo, sus paradojas me indignaron como el primer día.

El martes pasado la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio su visto bueno al CETA, el macro tratado comercial negociado entre Canadá y la Unión Europea. Este era el último paso que faltaba antes de que el CETA estuviese listo para votarse en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 14 de febrero. Lo paradójico es que un día después, en la Comisión de Desarrollo del Parlamento, se presentaba el borrador de un estudio sobre el impacto de CETA en los países en desarrollo. Un borrador que, como reconoce su autor, se encuentra como primer obstáculo con que en los estudios que se habían hecho hasta entonces no se habían recopilado ni tenido en cuenta datos específicos sobre cómo afectará el tratado a estos países. Ante la falta de datos el estudio se limita a sacar conclusiones aproximadas de fuentes secundarias, o deducir posibles efectos a partir de los estudios que se han hecho para otros acuerdos. Y estas pocas conclusiones son nefastas para los países en desarrollo.

Se trata de uno de los ejemplos más sangrantes de cómo la Unión Europea no tiene reparos para violar sus propios principios elementales cuando el beneficio de los lobbies está en juego. Este futuro estudio en profundidad llegará tarde, si es que llega, y sólo nos quedará la posibilidad de luchar para poner parches al destrozo que vamos a provocar en medio mundo con la puesta en práctica de este tratado.

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