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No, no estamos ante el fin de la Gran Coalición en Europa (desafortunadamente)

Vista de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.

El pleno del Parlamento Europeo decide este martes a su nuevo presidente tras la huida de Martin Schulz a Alemania. Atendiendo a la lógica turnista de la Gran Coalición, Antonio Tajani, el candidato conservador, debería ser quien ostente la Presidencia en los dos años y medio que quedan de legislatura. Al menos, esto es lo que acordaron el 24 de junio de 2014, un mes después de las elecciones europeas, los presidentes de los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Manfred Weber y el propio Schulz.

Ambos firmaron un contrato que decía lo siguiente: "El Grupo PPE y el Grupo S&D acuerdan que durante el periodo legislativo 2014-2019 del Parlamento Europeo deberán apoyarse mutuamente en la elección del presidente del Parlamento Europeo. Acuerdan que el Grupo S&D elegirá al presidente del Parlamento Europeo en la primera mitad de la legislatura y el Grupo PPE en la segunda mitad".

Dos días después, el presidente del grupo parlamentario de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Guy Verhofstadt,  se sumó a la fiesta de la democracia y estampó su firma en otro documento que decía esto: "El acuerdo de entendimiento firmado por el Grupo PPE y el Grupo S&D el 24 de junio de 2014 se hace extensivo al Grupo ALDE. El Grupo PPE y el Grupo S&D se comprometen a apoyar a los candidatos de ALDE en el Parlamento Europeo".

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La urgencia de las movilizaciones sociales contra el CETA (y otros tratados)

Cabecera de la marcha contra el TTIP y CETA, en el Paseo del Prado de Madrid

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA ( Comprehensive Economic and Trade Agreement ), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

Estos tratados no se paran desde el Parlamento Europeo o desde el Congreso de los Diputados, se paran desde la organización y la movilización. Por ello es importante desbordar la realidad institucional y bajar a la calle. Y es en este sentido que cobra importancia la existencia de estas campañas contrarias a los tratados, ya que representan a miles de activistas y a cientos de organizaciones unidas con un mismo objetivo. Organizaciones políticas y sindicales pero también y en gran medida movimientos sociales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones de pymes y un largo etcétera que trabajan para que no se aprueben estos tratados y conseguir fórmulas alternativas de comercio que contemplen a las personas y al planeta –como dice el lema de la campaña- antes que los intereses de las multinacionales.

El próximo 21 de enero habrá movilizaciones en toda Europa contra el CETA. La campaña estatal #NoalTTIP hace un llamamiento, al igual que se hizo el pasado 15 de Octubre, a toda la ciudadanía para que acuda a esta convocatoria y a todas las organizaciones adheridas a que movilicen a sus militantes, simpatizantes y votantes. Salgamos a la calle contra los tratados de las multinacionales y por nuestros derechos.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU. Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo  //   Pablo Jiménez. Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de IU y de la campaña estatal #NoalTTIP. Cocoordinador del libro “Las amenazas del TTIP y el CETA”

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El pueblo saharaui tiene la ley de su parte

El pasado miércoles 21 de diciembre, en una sentencia histórica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaba sin ambigüedades que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y no puede por tanto aplicarse allí ningún acuerdo de la UE (Acuerdo de Asociación, Acuerdo de Liberación de la Agricultura, Acuerdo de Pesca, etc.) con Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui. Se trata, por tanto, de un fallo con profundas implicaciones no sólo para los derechos de este pueblo, sino también para las relaciones exteriores de la UE.

En primer lugar, la sentencia pone de manifiesto que, por más de 40 años, los Estados miembro, la Comisión Europea y una mayoría del Parlamento Europeo han estado violando los principios más básicos del derecho internacional con sus políticas de doble rasero en la región. Mientras por un lado nunca dejaron de reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para alcanzar una solución política a uno de los conflictos más longevos en su entorno más inmediato, por otro lado, en la práctica, han contribuido activamente y directamente en el saqueo de los recursos (especialmente pesqueros) de un territorio ocupado, consolidando los intereses del régimen marroquí y sus partidarios en mantener el Sáhara Occidental firmemente bajo su control.

En este contexto de miopía severa y prolongada de la Comisión y el Consejo, el Tribunal de la UE ha tenido que intervenir para recordar la normativa internacional. Se trata, por tanto, de una victoria trascendental para el pueblo del Sáhara Occidental al ver su territorio inequívocamente distinguido del de Marruecos por la más alta instancia legal de la UE, que a su vez confirma su derecho más fundamental: la autodeterminación. El pueblo saharaui tiene hoy la ley de su parte.

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La oscuridad amenaza a Polonia

Imagen de archivo de un grupo de mujeres participa en una manifestación para expresar su oposición al endurecimiento de las regulaciones sobre el aborto en Polonia.

Cuando cayó el telón de acero su sombra permaneció. Y se diría que todavía lo hace, impidiendo a los países occidentales ver con claridad lo que ocurre en Europa central y oriental. En el caso de España es posible, además, que cuarenta años de dictadura terminaran por afectar al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro geopolítico, agravando nuestra dificultad para ver lo que sucede más allá de Alemania, como en aquellos casos que describía el doctor Oliver Sacks. Hacemos de la incapacidad virtud y miramos hacia el Atlántico. Sabemos y nos preocupa la deriva autoritaria en Venezuela, por ejemplo. En cambio, apenas miramos lo que ocurre en nuestra casa europea, en la Hungría de Orbán o en la Polonia de Ley y Justicia. Estos países aparecen poco en los medios españoles y no suscitan acalorados debates en las tertulias.

Y no nos lo podemos permitir. Con más de 38 millones de habitantes, Polonia tiene un peso importante en la Unión Europea. Por población, será el quinto mayor país cuando se consume el Brexit. Decenas de miles de polacos emigraron a España en los años 80 y 90 del pasado siglo, muchos de ellos para trabajar en la construcción –contribuyendo al crecimiento y al creciente sistema de bienestar de nuestro país–, y regresaron a su país cuando la economía mejoró. Esto es algo que conviene tener en cuenta.

Hoy Polonia sufre una regresión democrática. La naturaleza del problema la ilustra el caso de un libro de texto para alumnos de instituto en el que se mostraba a un hombre atendiendo a un bebé y se preguntaba si la imagen mostraba a una familia tradicional. La respuesta era no, ya que el cuidado de los niños corresponde a la mujer.

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El muro que rodeará la Europa Fortaleza

Policías turcos escoltan a los refugiados que fueron deportados desde la isla griega de Lesbos, a su llegada en barco a Izmir, Turquía.

La Comisión Europea ha decidido cambiar su estrategia con las personas migrantes y demandantes de asilo ante la constante violación de los derechos humanos a las puertas de Europa. Las muertes, las palizas, la inseguridad y el no cumplimiento del derecho internacional nos han convertido, según la Oficina Internacional de las Migraciones, en el destino más peligroso del mundo para estas personas. Sin embargo, ese cambio de estrategia no tiene nada que ver con la apertura de vías legales y seguras de entrada a suelo europeo, o con la expedición de visados humanitarios.

La Unión Europea está trabajando a contrarreloj para generalizar y consolidar su proyecto de externalización de fronteras, ofreciendo dinero a terceros países para que hagan el trabajo sucio, lo que permite a los gobiernos mirar a otro lado ante las crudas imágenes de quienes huyen de la guerra, la miseria y la explotación que la propia Unión exporta al mundo.

Este tipo de política migratoria nace en la frontera sur del Estado español gracias al Acuerdo de Readmisión Hispano-Marroquí suscrito con Marruecos en 1992. Su resultado son años de palizas en la frontera, muertes, devoluciones en caliente y deportaciones forzosas de espaldas a la legislación internacional. De esta manera, las autoridades españolas se han situado a la vanguardia de un modelo que, como definió recientemente un representante de la Comisión Europea, busca "que los migrantes no aparezcan en nuestras fronteras de manera espontánea".

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Tren caro, viajero pobre

Todos los días se toman decisiones políticas que afectan directamente a la vida de la gente. Tantas, que muchas pasan desapercibidas hasta que llegan las consecuencias. Dichas decisiones definen nítidamente las prioridades de quienes las promueven y las toman. El llamado Cuarto Paquete Ferroviario, que esta semana se ha votado y ha salido adelante en el Parlamento Europeo de Estrasburgo con el voto mayoritario de populares, socialistas y liberales europeos, es un claro ejemplo de ello.

En un contexto de paro desorbitado, precarización laboral y degradación de la condiciones de vida de la mayoría (casi un tercio de la población se encuentra en riesgo de exclusión social), se siguen tomando medidas cuya consecuencia es el desmantelamiento de los servicios públicos. Servicios que permiten reducir la creciente desigualdad satisfaciendo necesidades básicas de la ciudadanía, como la educación, la sanidad y el transporte, independientemente de sus ingresos.

Y el conjunto de directivas denominado Cuarto Paquete Ferroviario ahondará precisamente en esta línea: en la privatización del sector ferroviario al imponer la liberalización del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril.

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Supervivientes del mayor desastre de la medicina del siglo XX

Contergan, Imidan, Varian, Gluto o Naftil eran algunos de los fármacos que se recetaron en los años sesenta a miles de mujeres europeas para paliar las náuseas durante los primeros tres meses del embarazo.

Todos estos medicamentos contenían el mismo principio, la talidomida, desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH y comercializado en los años 50 y 60 como sedante y calmante de las náuseas durante el embarazo.

Llegó a convertirse en un sedante muy popular al que no se atribuía ningún efecto secundario, hasta que empezaron a nacer bebés con deformaciones en las extremidades. La talidomida no solo afectó al feto cuando lo tomaba la embarazada, también transmitía los efectos nocivos a través del esperma, desde el mismo momento de la concepción.

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La UE en defensa de los derechos humanos: hacia el fin de los minerales de sangre

Esta semana conmemoramos la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un enorme hito con el que representantes de los 5 continentes establecieron, por primera vez en la historia, los derechos fundamentales que deben respetarse en el mundo entero.

68 años después, podemos aclamar que la Unión Europea (UE) es líder mundial en su defensa. Los europeos, con una larga tradición democrática, somos muy críticos, porque queda mucho por hacer y errores que corregir, pero no podemos poner en peligro lo que tanto nos ha costado construir. En el año 2012, la UE fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a los más de 50 años de paz y estabilidad que han sido posibles gracias a un complejo modelo de integración que, aunque con una gobernanza todavía ineficiente, es visto desde fuera como modelo de referencia.

Movidos por nuestros valores en defensa de los derechos humanos, hemos aprobado una nueva legislación europea para prohibir el comercio de productos que puedan emplearse para infligir torturas o la pena de muerte. Y hace tan solo dos semanas se alcanzó otro acuerdo histórico entre las Instituciones Europeas para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales, a practicar un comercio más responsable. Me refiero al llamado Reglamento de los "minerales de conflicto". De prosperar esta propuesta, que aún deberá someterse a aprobación de los miembros del Consejo y del Parlamento Europeo, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio, deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por graves conflictos o violaciones de derechos humanos.

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La voz de las nadies

Entre la indemnización a la jefa de prensa de Albert Rivera, las declaraciones del alcalde de Alcorcón (David Pérez) y la respuesta de Pablo Casado sobre las camareras de piso hay un mismo hilo conductor: el de quienes no saben, no tienen ni la más remota idea de lo que significa ser mujer trabajadora en este país. No es casual que Pablo Casado responda con una comparación sobre el salario de un médico, su hermano, cuando todas sabemos que la precarización que sufren un hombre y una mujer nunca será la misma, ni mucho menos si uno de los trabajos se considera "cualificado" y el otro no. A la sazón, me pregunto cuántas habitaciones habrá limpiado Pablo Casado desde que el mundo es mundo...

Pueden ser muchos los motivos por los que Albert Rivera, Pablo Casado o David Pérez desconozcan las circunstancias de nuestro género y además desprecien el trabajo que hacemos: no las han vivido de cerca. No han tenido cerca mujeres ni madres ni hermanas que hayan pasado por las vicisitudes a las que muchas veces se enfrenta una mujer en el trabajo: acoso laboral, condescendencia, desprecio, desigualdad salarial, entre otras muchas.

Y, sobre todo, no han tenido cerca mujeres que se hayan dedicado a hacer trabajos "impropios" de los cargos públicos (como dejó claro Félix de Azúa al decir de Ada Colau que "debería estar sirviendo en un puesto de pescado"), a saber: barrenderas, limpiadoras, costureras, pescaderas, carniceras, camareras, jornaleras, ganaderas, pescadoras... Y podría seguir.

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Un año de Macri: la sombra del libre comercio vuelve a Mercosur y a América Latina

Durante el último año, tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina en noviembre de 2015, la llegada al poder de Temer en Brasil y el incremento de la inestabilidad política en Venezuela, estamos asistiendo a una transformación del Mercosur como proyecto de integración regional que hasta ahora servía de paraguas para promover un desarrollo sostenible, endógeno y social en la región. El actual proceso de cambio se ve acompañado de una apuesta por la inclusión en el marco global de libre comercio y del consiguiente deterioro en materia de bienestar y justicia social.

En noviembre de 2005, durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en la que se esperaba poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se produjo un histórico enfrentamiento entre los gobiernos que defendían el ALCA, encabezados por Estados Unidos, y aquellos que, liderados por Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, se oponían al mismo.

Ello resultó en la paralización definitiva del ALCA, lo que abrió un nuevo ciclo en América Latina: un ciclo de desarrollo sostenible y de defensa de la dignidad humana y de los pueblos que duró hasta noviembre de 2015 con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina.

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