Hace unos días fueron noticia las sentencias que el Tribunal General de la UE, dictaminó en los casos de Fiat y Starbucks. En estas sentencias se dirimió si los acuerdos fiscales privilegiados que habían pactado con algunos países de la UE eran legales o no. El Tribunal debía confirmar las investigaciones de la Comisión Europea, que concluyeron que en ambos casos las empresas se habían beneficiado de ayudas de Estado ilegales que vulneran las normas de competencia. La sentencia confirmó que Fiat tiene que pagar 30 millones de euros a Luxemburgo, mientras que la decisión de la Comisión sobre Starbucks fue anulada. Estas sentencias representan un hito importante en el camino hacia la justicia fiscal e indican los próximos pasos en la lucha contra la evasión fiscal a nivel de la UE. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que, en ambos casos, la Comisión tenía derecho a investigar la transferencia de beneficios en virtud de garante de las normas en materia de competencia. Se trata de una victoria importante para la justicia fiscal y la Comisión debería reaccionar en consecuencia ante esta decisión, asumiendo que, para garantizar una competencia justa entre empresas, debe introducir de forma sistemática el monitoreo de los acuerdos fiscales. En particular, la sentencia sobre Luxemburgo y Fiat ofrece a la Comisión la oportunidad de iniciar investigaciones sobre nuevos acuerdos fiscales privilegiados sobre todo en Luxemburgo, pero también en otros países. Lo hecho hasta ahora no es suficiente para restablecer la confianza en los sistemas fiscales europeos; por ello la nueva Comisión debe restablecer la confianza de la ciudadanía dando prioridad a la lucha continua contra los gigantes digitales. Esperemos que esta sea la primera prioridad de la Comisaria Vestager en su nueva función de Comisaria Digital.

Por otro lado, para los que trabajamos por la justicia fiscal, la sentencia sobre Starbucks, en la que el TJUE anuló la sentencia de la Comisión sobre ayudas estatales fiscales de Países Bajos, ha sido un golpe. El Tribunal confirmó que todos los beneficios de una filial de Starbucks se utilizaron para pagar cánones a otra filial de la misma empresa, lo que es un indicio claro de evasión fiscal. Sin embargo, el tribunal anuló la decisión de la Comisión porque no había demostrado que la norma fiscal ad hoc de la autoridad fiscal neerlandesa proporcionaba una ventaja selectiva a Starbucks. Sin ventaja selectiva, con las normas actuales, no se puede considerar que se trata de una ayuda estatal ilegal.

La semana pasada finalizaron las negociaciones en torno a la propuesta de Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes, después de años de esfuerzo y de pelea de muchos ciudadanos y ciudadanas que decidieron dar un paso adelante en favor de la verdad, jugándose su reputación, carrera profesional y arriesgándose a consecuencias penales. 

Esta directiva tiene como objetivo ofrecer protección y garantías legales a aquellas personas que quieran denunciar cualquier conducta ilegal, abuso o malas prácticas que se den en su lugar de trabajo. Una vez en vigor, introducirá sanciones para quienes intenten tomar represalias en contra de los denunciantes, y eximirá a quienes informen de las infracciones de la legislación de la UE de toda responsabilidad civil o penal relacionada con la divulgación de información en aras del interés público. 

El pasado 17 de septiembre, más de 200 científicos de diversas disciplinas firmaron una carta abierta publicada en varios diarios europeos. En ésta, abogan por una ruptura con el modelo económico centrado en el crecimiento económico y la competitividad, y denuncian la devastación tanto a nivel ambiental (cambio climático, agotamiento de los ecosistemas, extinción de especies, ¡incluida la nuestra!) como a nivel social (explosión de desigualdades, pérdida de identidad...). Este texto firmado por economistas, expertos en derecho laboral, doctores en ciencias ambientales, sociólogos, epidemiólogos, etc. precedió a una conferencia sobre el "post-crecimiento" celebrada en el Parlamento Europeo los dos días siguientes. Este evento, propiciado por los eurodiputados verdes y apoyado por eurodiputados de otros cuatro grupos políticos, tuvo como objetivo abrir la caja negra de los modelos económicos neoclásicos y crecentistas que sustentan la toma de decisiones políticas. 

La conferencia también tenía como objetivo allanar el camino para liberar a Europa de las garras del crecimiento económico. Desde la década de 1970, la caída ha sido escalonada pero constante, y la OCDE anunció en 2014 que el crecimiento de las economías de los países ricos sería de medio punto porcentual anual de aquí a 2050. Sin embargo, si "gobernar es planificar", como líderes políticos, es nuestro deber anticipar las implicaciones de este declive estructural y extraer las consecuencias para garantizar el interés general. De hecho, hoy en día, el pago de las pensiones y el desempleo, así como el reembolso de las deudas públicas y privadas (que son el doble de las públicas) se basan en el crecimiento. En nombre de la justicia y de la paz social, sería irresponsable no buscar alternativas a este estancamiento que, además, da alas a todos los extremos. 

Parecería, y así lo hemos creído durante meses, que la fuerte movilización ciudadana en Europa, así como la elección de Trump, habían enterrado definitivamente el proyecto del TTIP. Sin embargo, nos empiezan a llegar tímidas pero cada vez más notorias señales de que alguna cosa en este ámbito se está moviendo a un lado y otro del Atlántico.

Sin querer ser alarmistas, deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo en los grupos de trabajo ejecutivos creados por Juncker y Trump a raíz de su reunión del pasado 25 de julio para resolver cuestiones comerciales transatlánticas. La declaración conjunta de esa cumbre indicaba dentro de su vaguedad que todavía no se había decidido nada y que el "Grupo de Trabajo Ejecutivo" no era más que un espacio donde no se iban a tomar decisiones relevantes, sino simplemente ir explorando posibles campos de colaboración futuras. 

La semana pasada nos escandalizamos al ver en el borrador filtrado de las conclusiones del próximo Consejo Europeo, que se celebrará este jueves y viernes, el siguiente párrafo:

4. “(...) En este contexto, en Consejo Europeo apoya el desarrollo de un concepto de plataformas regionales de desembarco, en estrecha cooperación con terceros países concernidos así como de ACNUR y de la OIM. Estas plataformas deben permitir un procesamiento rápido y seguro para distinguir entre inmigrantes económicos y aquellos que requieran protección internacional (...)”

Las personas refugiadas siguen llegando a Europa. En los últimos 5 meses, de junio a octubre, han llegado 16.865 personas a las islas griegas, de las cuales aproximadamente un 37% fueron menores y un 22% mujeres. Aunque ya no llenan las primeras páginas de nuestros periódicos, los naufragios de barcazas y las personas ahogadas han continuado. En lo que va de año, según la Organización Internacional de la Migración (OIM), 2.925 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo.

Nos acercamos al invierno, y si no actuamos ahora, volveremos de nuevo a ser testigos de las terribles imágenes de sufrimiento de miles de personas congelándose y muriéndose abandonados en campos de refugiados en Europa en condiciones infrahumanas. Este será el segundo invierno tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE-Turquía con el que se justifica la política de mantener a los refugiados recluidos durante meses en las islas griegas, privándoles de libertad de movimiento por el país, a pesar de que los centros de recepción no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad ni se da acceso a personal médico, escuelas o asistencia legal. 

Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título "La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central". Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.

Un fantasma recorre Europa: la propia Europa, dirigida por los intereses de la élite financiera neoliberal. Sesenta años después del Tratado de Roma, se ha traicionado el sueño de la Unión que despertó por primera vez en las cárceles fascistas. Europa sigue siendo un continente rico, pero habitado por una población cada vez más pobre. La austeridad, que se ha convertido en el dogma de la Unión desde la crisis de 2007, ha fracasado en todos los ámbitos y ha dado lugar a crecientes desigualdades. Los pobres se han vuelto cada vez más pobres, los pocos ricos se han hecho más ricos, las deudas soberanas no han sido reguladas y el descontento de los ciudadanos por la Unión Europea ha aumentado.

Voto tras voto, ya sea para un referéndum o una elección nacional, el sistema político conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando, y de entre los escombros resurge un populismo reaccionario sin escrúpulos que no ofrece una alternativa genuina, sino simplemente una salida en falso a la rabia justificada de los olvidados y los derrotados.

Hace sesenta años, en Roma, seis naciones profundamente heridas por dos guerras mundiales apostaron por huir de la confrontación hacia la armonía que los intereses industriales y comerciales comunes podrían generar. A través de una integración gradual de las sociedades europeas, fue un paso destinado a conformar rápidamente una comunidad política. Aun así, con el tiempo, la realidad mostró que la unión política no podía realizarse automáticamente con la integración económica, sino que requería de la construcción de un verdadero proceso político.

Hoy, aun haciendo frente a la crisis y a pesar de que la austeridad y los retrocesos democráticos han dañado seriamente el proyecto, la Unión Europea permanece como una de las más grandes ambiciones llevadas a cabo por los europeos y europeas. Significa un auténtico aliento de esperanza para todos los que estuvieron y siguen viviendo bajo la opresión de los regímenes autoritarios o en regiones empobrecidas. En un continente de pasado sangriento, el proyecto de integración, con sus altibajos, sigue constituyendo un pilar de paz y cooperación sin precedentes entre sus pueblos.