Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título "La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central". Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.

Un fantasma recorre Europa: la propia Europa, dirigida por los intereses de la élite financiera neoliberal. Sesenta años después del Tratado de Roma, se ha traicionado el sueño de la Unión que despertó por primera vez en las cárceles fascistas. Europa sigue siendo un continente rico, pero habitado por una población cada vez más pobre. La austeridad, que se ha convertido en el dogma de la Unión desde la crisis de 2007, ha fracasado en todos los ámbitos y ha dado lugar a crecientes desigualdades. Los pobres se han vuelto cada vez más pobres, los pocos ricos se han hecho más ricos, las deudas soberanas no han sido reguladas y el descontento de los ciudadanos por la Unión Europea ha aumentado.

Voto tras voto, ya sea para un referéndum o una elección nacional, el sistema político conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando, y de entre los escombros resurge un populismo reaccionario sin escrúpulos que no ofrece una alternativa genuina, sino simplemente una salida en falso a la rabia justificada de los olvidados y los derrotados.

Hace sesenta años, en Roma, seis naciones profundamente heridas por dos guerras mundiales apostaron por huir de la confrontación hacia la armonía que los intereses industriales y comerciales comunes podrían generar. A través de una integración gradual de las sociedades europeas, fue un paso destinado a conformar rápidamente una comunidad política. Aun así, con el tiempo, la realidad mostró que la unión política no podía realizarse automáticamente con la integración económica, sino que requería de la construcción de un verdadero proceso político.

Hoy, aun haciendo frente a la crisis y a pesar de que la austeridad y los retrocesos democráticos han dañado seriamente el proyecto, la Unión Europea permanece como una de las más grandes ambiciones llevadas a cabo por los europeos y europeas. Significa un auténtico aliento de esperanza para todos los que estuvieron y siguen viviendo bajo la opresión de los regímenes autoritarios o en regiones empobrecidas. En un continente de pasado sangriento, el proyecto de integración, con sus altibajos, sigue constituyendo un pilar de paz y cooperación sin precedentes entre sus pueblos.

Europa sigue solo a medio camino de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y los últimos años, ha dado incluso pasos atrás. Si seguimos al ritmo actual se calcula que aún deberemos esperar como mínimo 70 años más para conseguir la igualdad salarial, 50 años antes que el trabajo de doméstico y de cuidado sea repartido a partes iguales entre hombres y mujeres y más de 20 años para conseguir una representación paritaria en la política. ¿De verdad debemos esperar más de una o dos generaciones para alcanzar estas metas?

Como miembros de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de género del Parlamento Europeo hemos tenido la oportunidad este año de redactar el informe anual que valora la situación de la igualdad de género en la UE, aprobado este martes en el pleno del Parlamento Europeo.

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como "medidas disuasorias". A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha". Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas "devoluciones en caliente" en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de "rechazo en frontera", a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Mientras escribo estas líneas, y mientras el mundo se escandaliza por la revelación de los PanamaPapers, un joven llamado Antoine Deltour, antiguo profesional de la consultora PWC se sienta estos días ante el banquillo de los acusados en Luxemburgo por haber revelado como el Ducado mantenía acuerdos secretos con multinacionales para que pudieran eludir miles de millones de euros en impuestos en toda Europa.  Antoine podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de cárcel o a una multa multimillonaria. Es uno de los mayores símbolos del hundimiento moral europeo: procesado por denunciar la injusticia. Su caso, así como el de Snowden y otros muchos, ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotarse de una legislación que blinde a aquellas personas que como él deciden dar un paso al frente y sacar a la luz información comprometedora.

Sin embargo, la semana pasada se aprobó una nueva directiva europea, la llamada Directiva de Secretos comerciales, que hace todo los contrario: dejar indefensos a los informadores. Desde el grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo nos opusimos desde el inicio a este texto debido a los excesivos casos en los que las empresas privadas podrán acogerse a partir de ahora al secreto profesional para proteger una determinada información. Durante el trámite legislativo de la Directiva se menospreció casi totalmente la libertad de información, la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores y la protección de los informadores, en un texto enfocado tan solo a proteger a las empresas.

Si una cosa han demostrado los gobiernos europeos en la gestión de la crisis de los refugiados es que siempre hay una manera de hacer aún peor las cosas. Tras el fracaso de decenas de ministeriales y cumbres (reconozco haber perdido ya la cuenta) en las que se ha sido incapaz de dibujar una solución global y conjunta a la situación, parece que Europa se encamina hacia el aislamiento de Grecia y la construcción de un cordón sanitario a su alrededor.

Quizá alguien recuerde las cuotas del mecanismo europeo de reubicación de emergencia que se pactó hace unos meses, y que validamos en el Parlamento Europeo. A España le tocaban 17.000 personas procedentes de Grecia e Italia. Nuestro caso es muy ilustrativo de lo que realmente ha sucedido con ese acuerdo: de los 17.000, han llegado 18 (de 50 plazas ofrecidas). Todo el mundo da ese acuerdo por muerto (de los 160.000 totales apenas de han reubicado 600).

Esta semana se ha reunido en Bruselas el Ecofin, la reunión de Ministros de Economía y Finanzas de la UE. Son reuniones que suelen pasar desapercibidas en nuestros países, pero donde se discuten cuestiones de gran relevancia. Particularmente en los últimos meses han tomado protagonismo las discusiones en materia fiscal, a raíz del escándalo financiero que salpicó a Luxemburgo, Luxleaks, el mayor escándalo fiscal de la historia de la Unión Europea, revelado por el informador Antoine Deltour, que sacó a la luz cómo las multinacionales acordaban de forma ilegal con el país pagar impuestos de sociedades cercanos a cero. Estos acuerdos permitían a multitud de multinacionales trasladar sus beneficios de toda Europa a Luxemburgo y así eludían pagar grandes cantidades de dicho impuesto en el resto de países de la UE. Este escándalo salpicó de forma muy importante a su entonces Ministro de finanzas, el hoy Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker.

Vamos a explicar brevemente algunas de las batallas que estamos librando en Bruselas en materia fiscal, discutidas esta semana en el Ecofin, y que son de gran relevancia para el futuro de los ingresos fiscales de nuestros estados miembros y por lo tanto para sostenimiento de nuestro modelo social.

Marzo de 2015. Varufakis, Ministro de Finanzas de Grecia, negocia con las instituciones el desarrollo del acuerdo al cual Grecia y sus acreedores llegaron el pasado 20 de febrero. En esa fecha se acordó una serie de medidas que permitirían al país concluir satisfactoriamente su segundo rescate y poder así desbloquear el último tramo pendiente de ayuda. Un acuerdo no del todo satisfactorio para los griegos, pero que abría una ventana al desarrollo de un programa de reformas alternativo al realizado hasta entonces.

Las negociaciones se encuentran bloqueadas, porque las instituciones consideran que el acuerdo es demasiado favorable a los intereses del gobierno griego y empiezan a torpedear algunas de las medidas acordadas, como por ejemplo el desarrollo de la ley humanitaria que prepara Tsipras, que la Comisión  Europea ha exigido que se paralice enviando una petición por escrito a Atenas.