Parecería, y así lo hemos creído durante meses, que la fuerte movilización ciudadana en Europa, así como la elección de Trump, habían enterrado definitivamente el proyecto del TTIP. Sin embargo, nos empiezan a llegar tímidas pero cada vez más notorias señales de que alguna cosa en este ámbito se está moviendo a un lado y otro del Atlántico.

Sin querer ser alarmistas, deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo en los grupos de trabajo ejecutivos creados por Juncker y Trump a raíz de su reunión del pasado 25 de julio para resolver cuestiones comerciales transatlánticas. La declaración conjunta de esa cumbre indicaba dentro de su vaguedad que todavía no se había decidido nada y que el "Grupo de Trabajo Ejecutivo" no era más que un espacio donde no se iban a tomar decisiones relevantes, sino simplemente ir explorando posibles campos de colaboración futuras. 

La semana pasada nos escandalizamos al ver en el borrador filtrado de las conclusiones del próximo Consejo Europeo, que se celebrará este jueves y viernes, el siguiente párrafo:

4. “(...) En este contexto, en Consejo Europeo apoya el desarrollo de un concepto de plataformas regionales de desembarco, en estrecha cooperación con terceros países concernidos así como de ACNUR y de la OIM. Estas plataformas deben permitir un procesamiento rápido y seguro para distinguir entre inmigrantes económicos y aquellos que requieran protección internacional (...)”

Las personas refugiadas siguen llegando a Europa. En los últimos 5 meses, de junio a octubre, han llegado 16.865 personas a las islas griegas, de las cuales aproximadamente un 37% fueron menores y un 22% mujeres. Aunque ya no llenan las primeras páginas de nuestros periódicos, los naufragios de barcazas y las personas ahogadas han continuado. En lo que va de año, según la Organización Internacional de la Migración (OIM), 2.925 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo.

Nos acercamos al invierno, y si no actuamos ahora, volveremos de nuevo a ser testigos de las terribles imágenes de sufrimiento de miles de personas congelándose y muriéndose abandonados en campos de refugiados en Europa en condiciones infrahumanas. Este será el segundo invierno tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE-Turquía con el que se justifica la política de mantener a los refugiados recluidos durante meses en las islas griegas, privándoles de libertad de movimiento por el país, a pesar de que los centros de recepción no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad ni se da acceso a personal médico, escuelas o asistencia legal. 

Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título "La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central". Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.

Un fantasma recorre Europa: la propia Europa, dirigida por los intereses de la élite financiera neoliberal. Sesenta años después del Tratado de Roma, se ha traicionado el sueño de la Unión que despertó por primera vez en las cárceles fascistas. Europa sigue siendo un continente rico, pero habitado por una población cada vez más pobre. La austeridad, que se ha convertido en el dogma de la Unión desde la crisis de 2007, ha fracasado en todos los ámbitos y ha dado lugar a crecientes desigualdades. Los pobres se han vuelto cada vez más pobres, los pocos ricos se han hecho más ricos, las deudas soberanas no han sido reguladas y el descontento de los ciudadanos por la Unión Europea ha aumentado.

Voto tras voto, ya sea para un referéndum o una elección nacional, el sistema político conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando, y de entre los escombros resurge un populismo reaccionario sin escrúpulos que no ofrece una alternativa genuina, sino simplemente una salida en falso a la rabia justificada de los olvidados y los derrotados.

Hace sesenta años, en Roma, seis naciones profundamente heridas por dos guerras mundiales apostaron por huir de la confrontación hacia la armonía que los intereses industriales y comerciales comunes podrían generar. A través de una integración gradual de las sociedades europeas, fue un paso destinado a conformar rápidamente una comunidad política. Aun así, con el tiempo, la realidad mostró que la unión política no podía realizarse automáticamente con la integración económica, sino que requería de la construcción de un verdadero proceso político.

Hoy, aun haciendo frente a la crisis y a pesar de que la austeridad y los retrocesos democráticos han dañado seriamente el proyecto, la Unión Europea permanece como una de las más grandes ambiciones llevadas a cabo por los europeos y europeas. Significa un auténtico aliento de esperanza para todos los que estuvieron y siguen viviendo bajo la opresión de los regímenes autoritarios o en regiones empobrecidas. En un continente de pasado sangriento, el proyecto de integración, con sus altibajos, sigue constituyendo un pilar de paz y cooperación sin precedentes entre sus pueblos.

Europa sigue solo a medio camino de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y los últimos años, ha dado incluso pasos atrás. Si seguimos al ritmo actual se calcula que aún deberemos esperar como mínimo 70 años más para conseguir la igualdad salarial, 50 años antes que el trabajo de doméstico y de cuidado sea repartido a partes iguales entre hombres y mujeres y más de 20 años para conseguir una representación paritaria en la política. ¿De verdad debemos esperar más de una o dos generaciones para alcanzar estas metas?

Como miembros de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de género del Parlamento Europeo hemos tenido la oportunidad este año de redactar el informe anual que valora la situación de la igualdad de género en la UE, aprobado este martes en el pleno del Parlamento Europeo.

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como "medidas disuasorias". A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha". Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas "devoluciones en caliente" en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de "rechazo en frontera", a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Mientras escribo estas líneas, y mientras el mundo se escandaliza por la revelación de los PanamaPapers, un joven llamado Antoine Deltour, antiguo profesional de la consultora PWC se sienta estos días ante el banquillo de los acusados en Luxemburgo por haber revelado como el Ducado mantenía acuerdos secretos con multinacionales para que pudieran eludir miles de millones de euros en impuestos en toda Europa.  Antoine podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de cárcel o a una multa multimillonaria. Es uno de los mayores símbolos del hundimiento moral europeo: procesado por denunciar la injusticia. Su caso, así como el de Snowden y otros muchos, ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotarse de una legislación que blinde a aquellas personas que como él deciden dar un paso al frente y sacar a la luz información comprometedora.

Sin embargo, la semana pasada se aprobó una nueva directiva europea, la llamada Directiva de Secretos comerciales, que hace todo los contrario: dejar indefensos a los informadores. Desde el grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo nos opusimos desde el inicio a este texto debido a los excesivos casos en los que las empresas privadas podrán acogerse a partir de ahora al secreto profesional para proteger una determinada información. Durante el trámite legislativo de la Directiva se menospreció casi totalmente la libertad de información, la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores y la protección de los informadores, en un texto enfocado tan solo a proteger a las empresas.