La otra noche, en el Garage Beat Club de Murcia, mientras los músicos de Bad Manners ponían a bailar a todo el gentío a ritmo de las excelencias del buen ská, su cantante, Buster Bloodvessel, apareció en escena como saliendo de otro mundo. Esto es, de aquel mundo que conformó la música rebelde y divertida con la que la juventud británica bailaba hacia los años 1976-1978. Unos años en los que, ya entonces, esos jóvenes empezaban a comprender que las décadas de Estado Social, que tantas posibilidades de desarrollo personal habían traído, gracias a la expansión de los servicios públicos y la cultura popular, se estaban acabando.

La historiadora Serina Todd (véase “El Pueblo. Auge y Caída de la Clase Obrera”, Akal, 2018) le dedicó todo un espléndido y voluminoso libro a contarnos las décadas en las que el pueblo británico realizó, tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, tantas conquistas sociales. También sobre esa misma época, Ken Loach realizó una inolvidable película que tituló “El Espíritu del 45”.

Los jóvenes querían seguir con la fiesta. Pero se encontraron que venían, a galope, los jinetes del racismo, el desempleo, la represión policial y el programa neoliberal de Margaret Thatcher (ganó las elecciones como primera ministro de Gran Bretaña en 1979). “El Espíritu del 45” fue enterrado, en primer lugar, en Londres, y posteriormente en el resto del mundo conforme el neoliberalismo se expandió y universalizó.

A pesar de la edad, Buster y los Bad Manners demostraron a su auditorio murciano las razones por las que siempre representaron el ská más gamberro y divertido. En el Garage Beat Club nos juntamos una interesante diversidad generacional. El ská sigue incorporando a chicos y chicas jóvenes. Y también a un numeroso público británico venido de los pueblos de la costa alicantina y murciana. Y dentro de este british public, un estrato de edad por encima de los 70 que, seguramente, vivió aquel momento de celebración y baile de la juventud obrera británica. Pese a que hoy viven retirados plácidamente como jubilados bajo el sol mediterráneo, no dudaron en venir a la convocatoria de un concierto de los Bad Manners. Un concierto en el que estaba garantizado el gesto, siempre irreverente, de Buster Bloodvessel sacando su poderosa lengua contra las buenas maneras, como las del buen orden neoliberal que Thatcher asentó a base de golpes contra los mineros y la ortodoxia monetaria.

De aquellos años, los Bad Manners y los Madness, sin duda, nos recuerdan al ská más divertido. Pero fue otra banda de ská, The Specials, quienes encarnaron el lado más político y radical del movimiento. Inolvidable aquella canción, Ghost Town, con la que The Specials recibieron al programa neoliberal de Margaret Thatcher: “El Gobierno dejando a los jóvenes en el estante-Government leaving the youth on the shelf //

Este lugar, viene como un pueblo fantasma-This place, is coming like a ghost town//

No hay trabajo que encontrar en este país-No job to be found in this country // Ya no puedo seguir - Can't go on no more //

La gente se enoja-The people getting angry“.

La gente, efectivamente, se estaba enojando con tanta pérdida de conquistas sociales. Por ello, aquellos británicos que la otra noche peinaban canas en el Garage murciano, pero que fueron jóvenes en 1979, debieron sentir la llamada a la resistencia de Joe Strummer al frente de The Clash: London Calling. Y vaya si resistieron. Era otro mundo y el punk su banda sonora.

El festival “Rock Against Racism” (RAR) fue el movimiento musical que se extendió entre 1976 hasta 1982. Organizó numerosos conciertos y marchas en toda Gran Bretaña. El evento más conocido de RAR fue el Carnaval contra los Nazis de 1978 en Victoria Park, Londres, que reunió a unas 100.000 personas y contó con bandas como The Clash y Steel Pulse.

El filósofo Alberto Santamaria dedicó un vigoroso libro a desarrollar la tesis de que el neoliberalismo triunfó una vez consiguió derrotar, difuminar y convertir en cenizas a todo aquel movimiento de jóvenes que protestaban mientras bailaban a ritmo de ská y punk (véase “Un lugar sin límites. Música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal”, Akal, 2022).

La historia que vino después la conocemos perfectamente: tras décadas de neoliberalismo triunfante, la crisis de 2008 exigió desahucios, desmantelamiento de servicios públicos y mucho sufrimiento social. El neoliberalismo dio paso al actual neofascismo o trumpismo.

A la salida del concierto de los Bad Manners, un detalle llamó nuestra atención. Un autobús recogía a los mayores británicos tras el concierto, seguramente, para llevarlos a sus residencias en la costa. Se me antojó pensar que volvían al otro mundo, aquel en el que cuando eran jóvenes plantaron cara al fascismo y al neoliberalismo. Ese otro mundo que hoy echamos tan en falta.

Hace dos años -un 7 de octubre de 2023- el mundo se sumergió en la barbarie. Primero, una matanza y secuestro de civiles ejecutada por Hamás y otros grupos de la resistencia palestina radicados en Gaza. Cegados por la ira de décadas de desposesión, los militantes islamistas reprodujeron la misma violencia grabada en sus cuerpos por la ocupación israelí, mostrando que su horizonte político es el puro nihilismo. Segundo, la invasión de la Franja de Gaza, desmedida y sin límites para la venganza, por parte del Estado de Israel. Su apabullante fuerza militar muy pronto incurrió en un plan sistemático de destrucción de todo tipo de infraestructuras civiles, viviendas y vecindarios, así como la ejecución sin contención alguna de familias palestinas, incluidas niños y niñas, mujeres y, en general, de población civil. Una matanza en la que no se distinguía entre el ciudadano y el militante armado. Muy pronto se vio claramente la puesta en marcha de una operación de limpieza étnica y genocidio movida por la venganza y el racismo antiárabe.

A cada imagen de las masacres israelíes, le seguía un silencio ensordecedor por parte de los gobiernos americano y europeos. El silencio de la complicidad con el genocidio. Hemos visto cada una de las conquistas civilizatorias humanas pisoteadas en Gaza por parte del ejército de Israel. Hemos visto al gobierno fascista de Netanyahu dinamitar la memoria del Holocausto (aquella que afirmó “no olvidar para no repetir jamás”) y deslegitimar toda la institucionalidad con la que el mundo intentó protegerse de la barbarie tras la Segunda Guerra Mundial (derecho internacional, ONU, Corte Penal Internacional, etc...).

En el fondo de la complicidad occidental con el genocidio ha habido mucho de indisimulada islamofobia. Por ejemplo, durante la pasada campaña electoral, Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, disertó respecto al conflicto de Gaza que un político debe distinguir entre personas “adecuadas” e “inadecuadas”. A continuación, López Miras achacaba al Gobierno español de preocuparse por las personas “inadecuadas”, esto es, los palestinos, dado que a su juicio son “talibanes” los millones de personas que viven en Gaza. Esta consideración de un palestino como un infrahumano ha sido fundamental para la legitimación del genocidio.

El genocidio palestino abrió un proceso de descivilización de la humanidad. El filósofo italiano Franco Bifo Berardi ha escrito un libro sobra Gaza, en el cual habla de la extinción del sentido de humanidad. Las actuales protestas en solidaridad con Palestina evidencian justo lo contrario: el regreso de la esperanza, el regreso del sentido civilizatorio de la noción de humanidad.

Hay que decirlo sin ambigüedad: el regreso de la civilización ha sido posible por la protesta de miles y miles de personas en todo el mundo. La mayor parte de los gobiernos europeos y de EEUU están literalmente asustados con la potencia política que este movimiento de solidaridad conlleva.

El plan de paz presentado por Donald Trump solamente se entiende desde esta perspectiva, como un intento desesperado de parar la protesta pro-palestina global. El apoyo cerrado de los países europeos y árabes a este plan demuestra también el temor a verse desbordados por la protesta. Netanyahu, que es un mentiroso patológico, sabe perfectamente que el plan de Trump es una humillación a los palestinos y no condiciona en nada a la política israelí, y además se lo saltará en cuanto le convenga. A lo único que parece temerle es a la protesta.

Efectivamente, el plan de Trump ha ido dirigido a salvarle la cara a Israel, justo en el momento en el que arreciaba la protesta y (algunos) países europeos se veían obligados (por la protesta) a “reconocer el Estado de palestina” (signifique lo que signifique eso en el actual estado de las cosas). El apoyo de los países árabes expresa el mismo temor. Si la protesta se extiende en Europa, las masas populares de los países árabes van a volver a bullir. Y lo que menos quieren los regímenes autoritarios árabes es que sus poblaciones de nuevo salgan a la calle con hambre de democracia. Israel no se puede permitir una democratización de Egipto, o de cualquier otro país árabe, pues sabe perfectamente que las masas ciudadanas árabes son propalestinas, por lo que requiere de los actuales regímenes políticos para que esas poblaciones sean contenidas. Ni los países árabes ni Israel quisieran una segunda parte de las revoluciones árabes con Palestina de referente.

En EEUU, el trabajo político para desactivar la protesta en apoyo en Palestina, que recorrió los campus universitarios, ha sido tremendo. Me contaba hace poco un amigo profesor en la Universidad del Estado de New York cómo Trump y el Mosad han conseguido desactivar la protesta en los campus persiguiendo a cada uno de los implicados para frustrar sus vidas (detenciones, deportaciones, envío del Mosad de listas de estudiantes a las empresas para que los activistas no sean contratados). La protesta en EEUU quedó desactivada por la vía de la represión. Pero queda el resto del mundo. Los gobiernos latinoamericanos progresistas no han dejado de apoyar a Palestina desde el inicio del genocidio. Y los pueblos europeos empiezan a tomar las calles.

Palestina es un volcán con una potencia política a la que se le tiene pánico desde las élites. Y se están abriendo brechas impensables hace un año. Las protestas ante la vuelta ciclista de España y en apoyo a la flotilla han abierto huracanes. Huelga generalizada en los institutos de enseñanza secundaria, lo cual abre un proceso de aprendizaje político muy interesante (en abierto contraste con el dato dado por una encuesta de que un 50,7% de los nuevos votantes van al partido pro-genocidio de Vox). También en muchos pueblos y ciudades de la Región de Murcia se ha dejado notar la solidaridad con Palestina. No es descartable que veamos huelgas generales propalestinas. En Italia ya se ha convocado. De nuevo Sol se llena de manifestantes como en el 15M. ¿Estamos ante un nuevo ciclo de protesta global? ¿Y volveremos al punto de partida del ciclo de protestas anterior: las revoluciones árabes?

Palestina es el mundo. La protesta global contra el genocidio palestino es una llamada al mundo, justo en el momento en el que el estado de guerra se impone como horizonte predilecto de los psicópatas que nos gobiernan.

He leído recientemente el libro 'Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad', coordinado por Clara Serra, Cristina Garaizábal y Laura Macaya (Bellaterra, 2021). Es un libro sumamente productivo para pensar toda la potencialidad que contiene el feminismo hoy. Por ello, he querido extraer algunas ideas de este enjundioso libro para componer la presente reseña por si pudiera servir de estímulo a su lectura.

El libro en cuestión es un conjunto de textos de intervención en el debate feminista. Su principal virtud, y diría que conclusión, es mostrar que el feminismo es internamente plural y que esta diversidad es un valor. Aspira en este sentido a componer un cierto punto de vista dentro de la diversidad de posiciones que conforman el movimiento feminista contemporáneo. Su primera toma de posición es precisamente reivindicarse como un punto de vista específico: “otro feminismo”, “un feminismo diferente al hegemónico hoy”. Para desde ahí insistir en la necesidad del reconocimiento de la pluralidad de posiciones en el seno del feminismo. El valor de la diversidad.

Pienso que el feminismo implica un avance en términos civilizatorios. Es decir, me gusta pensar el feminismo no solamente en lo que supone de mejoras para tal o cual identidad (en primer lugar, e indudablemente, para las mujeres), sino también en lo que conlleva de mejora civilizatoria. La propuesta del libro es “un feminismo más allá de las identidades”, es decir, y si no me equivoco en mi interpretación, un feminismo que aspira a contribuir con sus propuestas al conjunto de la civilización humana. Por encima de “las fronteras” que dictan las identidades. Presentándose así, como una conquista que aspira a ser civilizatoria, es por lo que el libro dedica muchas páginas a hacer saltar en pedazos la categoría de “identidad”, para proponer identificaciones con Otros (y Otras y Otres) con los que configurar “alianzas rebeldes”. Romper fronteras para establecer vinculaciones rebeldes.

Encontramos 18 textos en el libro (más un breve pero enjundioso prólogo de Empar Pineda, y una introducción de las coordinadoras) cuyo hilo conductor es el cuestionamiento de “la identidad de género” como una identidad monolítica, homogénea e inmutable. Hay un esfuerzo por mostrar que el género es un concepto relacional que diferencia a las mujeres (y los hombres) en términos de clase, etnia, edad e incluso por elementos más simbólicos como los deseos y fantasías sexuales. De tal forma que problematizar la identidad de género implica al tiempo la condición de posibilidad de apertura del feminismo hacia otras problemáticas y otros sujetos con los que establecer alianzas (mujeres racializadas, transexuales, masculinidades feministas, trabajadoras sexuales, precarias, etc.).

En otros momentos históricos del feminismo, también se han expresado fuertemente las diferencias internas del movimiento y, por tanto, la imposibilidad de una identidad homogénea. Por ejemplo, a fines del XIX, la diferencia entre el feminismo socialista y el feminismo liberal o burgués, la cual  se expresó de forma especialmente virulenta en el Congreso de las Asociaciones Feministas en Berlín, 1894. Como bien observó el sociólogo Georg Simmel (1896) analizando precisamente ese congreso feminista, no se trataba únicamente de diferencias ideológicas, sino sobre todo de mujeres que tenían experiencias diferenciadas en función de su posición social. De tal forma que no podía ser el mismo feminismo el de las mujeres que habían sido extraídas de sus hogares para sufrir la explotación de la fábrica o de trabajos mal pagados que el de las mujeres de hogares burguesas que estaban experimentando la atrofia del enclaustramiento doméstico o de unas reglas matrimoniales que las subordinaban a los varones. No era posible una “identidad de género” pues las relaciones de género estaban cruzadas por las posiciones de clase.

Efectivamente, pensar en términos identitarios supone una visión del mundo esencialista, es decir, que clasifica a los sujetos en función de esencias culturales: las mujeres son esto y los hombres aquello. Conlleva una lógica de cierre (“somos”) y de exclusión de todo aquello que no entra dentro de la definición hegemónica del “somos”. Con razón, Pierre Bourdieu decía que el esencialismo era el principio de todo racismo, pues hace de una supuesta esencia cultural una forma de clasificación del mundo (por ello no es de extrañar que la genealogía de esta forma de entender la identidad de género provenga, según advierte Cristina Garaizabal, del denominado “feminismo cultural” de los EEUU de los años 70).

Las autoras y autores del libro muestran convincentemente que hay un montón de realidades de las mujeres de hoy que quedan fuera de un feminismo demasiado apegado a identidades monolíticas. Y es que donde hay una identidad fuerte hay al tiempo una imposición simbólica de lo que es legítimo e ilegítimo. Resistirse a esta violencia simbólica es lo que recorre a cada una de las aportaciones del libro para propiciar una apertura a la pluralidad de vivencias de las mujeres que permita pensar alianzas, como escribe convincentemente Nuria Alabao: “tenemos la tarea de organizar esa fuerza colectiva que encarne ese proyecto histórico y solo puede partir de un feminismo constituido por un sujeto plural. Un sujeto transversal, en el sentido de que pueda sumar luchas en marcha: las de libertad sexual y de género, pero también las articuladas a partir de la redistribución de la riqueza, por el derecho a la vivienda, en defensa de los derechos públicos, por la renta básica universal, por los derechos de todas las trabajadoras -también las sexuales”.

La democracia siempre sale ganando cuando los esencialismos identitarios se dejan atrás, es decir, “cuando se asume el riesgo de escuchar lo que uno no quiere oír” (en feliz expresión de Santiago Alba Rico en su aportación en el libro). Pues si el género es un espacio de relaciones sociales (y no una esencia), ello implica el reconocimiento de los muchos Otros involucrados en esa relación. E implica darles voz, es decir, que puedan expresar sus visiones del mundo y demandas quienes conforman toda la diversidad de posiciones de género: las mujeres negras o islámicas, las luchas trans, “los hombres en el feminismo” (Josetxu Riviere), las trabajadoras sexuales o el feminismo de clase. En una conversación célebre entre los filósofos Gilles Deleuze y Michael Foucault, el primero le decía al segundo en el contexto de las luchas de los años 70, desarrolladas por Foucault (y otros), en las cárceles propiciando que los presos tomaran la palabra: “usted fue el primero en enseñarnos algo absolutamente fundamental: la indignidad de hablar por los otros”. La posición que se defiende en este libro que reseño es inteligentemente foucaltiana pues se denuncia una y otra vez esa indignidad de hablar por los otros impidiendo que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales se expresen en un acto público (como denuncia en el libro Mamen Briz) o convertir la palabra de las víctimas de la violencia sexual en un relato incuestionable sobre la opresión patriarcal o el “macho depredador”, lo cual es “la vía directa hacia un silenciamiento asegurado de las víctimas que no cumplan con el papel que se espera de ellas o que no defiendan las posiciones mayoritariamente aceptadas” (escribe Clara Serra en su texto).

Termino con la cuestión de la violencia de género. No hay duda que la reciente ola del feminismo, y su impactante capacidad de movilización, ha tenido como eje articulador la denuncia de la violencia sexista y sexual. Por ello el feminismo requiere de una reflexión profunda del hecho de la violencia. Pues es claro que un feminismo apegado a esencialismos e identidades fuertes puede hacer tal lectura esencializada de la violencia que termine incurriendo en una defensa del “populismo punitivo”, es decir, que haga del endurecimiento del código penal y de la cárcel una supuesta solución al problema. Las aportaciones y reflexiones que hacen en el libro Paz Francés, Violeta Assiego, Laura Pérez, Miren Oturbay y Laura Macaya, en la mejor tradición de la criminología crítica, son extremadamente importantes para alejar al feminismo del poder punitivo: “El castigo basa su legitimidad en la modificación de las conductas sobre las que interviene, pero la realidad empírica nos da muestras reiteradas de su ineficacia para tal fin. Por otra parte, la existencia de la violencia sexual contra las mujeres responde a factores sociales, económicos y culturales que renunciamos a transformar si nos centramos únicamente en castigar a la persona individual que la lleva a cabo” (Laura Macaya).

Para terminar, dejadme insistir en la invitación a la lectura de este libro. A que leáis lo mucho que tiene que aportar ese “otro feminismo” que quiere pensar un feminismo más allá de las fronteras identitarias. Además, no dudo en animaros a asistir al acto de presentación pública del libro que organizan las amigas del Colectivo feminista Hipatia, colectivo en el que también militan algunos amigos -si resalto esta participación de amigas y amigos es para evidenciar el tipo de feminismo que practica el Colectivo Hipatia, un feminismo que se abre a alianzas también con los varones sensibilizados en el feminismo-. Esta presentación pública será el 1 de octubre, en el Huerto Urbano de Santa Eulalia (Murcia), de la mano de Libros Traperos Librería Circular a las 19: 00h. Y contará con la participación de varias autoras y coordinadoras del libro Alianzas Rebeldes. ¡No os lo perdáis!

La crisis de 2008 en España desestabilizó a los más vulnerables y los lanzó a los bajos fondos de la exclusión social -en adelante dejo de utilizar este término, pues estoy de acuerdo con Robert Castel sobre que es más preciso el término desafiliación social, pues permite dar cuenta del hecho esencial de que esos trabajadores estuvieron un día afiliados socialmente-. De aquella crisis salimos con una realidad terrible, la de un 13% de trabajadores pobres o desafiiliados, esto es, trabajadores con trabajos tan precarios e inestables y de salarios tan bajos que ni aun trabajando podían salir de la pobreza. Desafiliados.

La presente crisis de la COVID-19 ha venido a recordarnos que una sociedad cohesionada requiere de la división social del trabajo para el ejercicio efectivo de la solidaridad colectiva (gran enseñanza de Durkheim). En esta trama de interdependencias, en la que unos y otros nos ligamos por vínculos de dependencia mutua, fue posible la formidable movilización de energías sociales sin la cual la estrategia del confinamiento hubiese sido inviable. De repente los trabajadores desafiliados devinieron en trabajadores esenciales. Efectivamente, las cajeras de los supermercados, los trabajadores del campo, el personal de la limpieza, los repartidores, en definitiva, los olvidados de la tierra, se convirtieron en esenciales.

Sin embargo, la desafiliación social no es una variable cualquiera. La desafiliación daña el cuerpo social, cortocircuita la división social de trabajo, precariza la solidaridad colectiva. Lo estamos viendo estos días con los trabajadores del campo. Muchos de los nuevos contagios habidos tras la pandemia se están dando en espacios laborales como los del trabajo agrícola en donde la precariedad favorece la transmisión del virus.

Abro un paréntesis en mi argumentación para remitirme a lo que sucedió en Singapur con los trabajadores inmigrantes asentados en esta ciudad-Estado. En marzo, cuando empezábamos a reaccionar en los países europeos, Singapur se movilizó rápidamente y consiguió mantener a raya durante semanas sus primeros casos de coronavirus con un modelo elogiado, en sus inicios, por combinar control, vigilancia y contención, así como una fuerte preparación basada en la experiencia previa con el brote de SARS de 2003. Pero se olvidó de sus desafiliados, los más de 300.000 trabajadores inmigrantes procedentes del Sur de Asia que trabajan en la construcción y habitan barrios miserables. El virus se cebó en los desafiliados, de tal forma que al poco de que Singapur entonara su victoria en la lucha contra el virus se encontró con una segunda oleada de contagios sin control precisamente en estos barrios de desafiliados. A mediados de junio, Singapur, que cuenta solo con 5,6 millones de habitantes, había registrado 42.432 casos totales de Covid-19, y según el Ministerio de Sanidad, el 94%, un total de 40.024, correspondía a personas que residen en los masificados “dormitorios” (es la denominación que reciben los enormes complejos en los que viven los trabajadores extranjeros a las afueras de la ciudad, lejos de sus relucientes rascacielos y hoteles de lujo, a cuyo centro urbano van y vuelven del trabajo todos los días amontonados en cualquier medio de transporte).

Cabe extraer una importante moraleja del caso de Singapur: en una crisis sanitaria, la desafiliación social imposibilita la cohesión social, la solidaridad colectiva, la interdependencia de la división social del trabajo y, al final, propicia la transmisión del virus.

Volvamos de nuevo a España. En la agricultura de la Región de Murcia, los desafiliados jornaleros inmigrantes a los que se les consideró trabajadores esenciales durante los meses del confinamiento continúan sin que la patronal agraria les reconozca unas condiciones laborales dignas -e incluso en estos días de negociación colectiva con los sindicatos, la patronal se niega a reconocerles el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Cómo este empresariado que se niega a sacar de la desafiliación social a miles de trabajadores agrícolas, que siguen haciendo una labor esencial, va a tomarse realmente en serio una política de prevención del riesgo de contagio del virus entre los jornaleros que pasa necesariamente por dignificar sus condiciones de vida, hábitat y salario? Mutatis Mutandis, el Gobierno español sigue sin abrir un proceso de regularización extraordinaria para miles de trabajadores inmigrantes sin papeles que, sin embargo, fueron movilizados durante el confinamiento cuando se constató un problema de escasez de mano de obra que impedía la recogida de las cosechas.

Durante los meses de confinamiento, el Colectivo de Trabajadores Africanos no cesó de denunciar las condiciones precarias de habitabilidad en las que malvivían (y malviven) cientos de jornaleros inmigrantes asentados en auténticas chabolas en las inmediaciones de los campos de fresas en Huelva. ¿Cómo iban a poder cumplir con las prescripciones sanitarias esos trabajadores hacinados en infraviviendas sin acceso a servicios básicos como el agua potable? Aunque la denuncia se expresó con mayor fuerza en los campos freseros de Huelva, la situación era extensible a otros muchos lugares de la geografía española en los que los jornaleros viven en alojamientos informales (por ejemplo, en los campos de invernaderos de Almería, etc.).

La crisis sanitaria está evidenciando que allí donde se concentran poblaciones socialmente vulnerables desde el punto de vista de la precariedad laboral (jornaleros), residencial (chabolismo) o jurídica (inmigrantes irregulares) devienen territorios especialmente propensos al riesgo de contagio, y nos remitimos a lo que ha ocurrido en la comarca leridana del Segriá durante la cosecha de la fruta (hasta el punto de que unas semanas después de finalizar el estado de alarma, la Generalitat ha tenido que decretar el confinamiento de los 38 municipios que componen esta comarca frutícola, culpándose de la situación desde algunos medios a las supuestas “malas prácticas de los temporeros” -por compartir agua o no utilizar mascarillas). La vulnerabilidad de los jornaleros inmigrantes sin alojamiento formal e itinerante entre cosechas es la cuestión de fondo de la situación que se está viviendo en Lleida:

“Morales-Rull [director de la unidad de COVID-19 del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida] apunta a que los servicios epidemiológicos se han visto superados por la dificultad de rastrear los contactos de los temporeros y advierte de que una situación como esta requiere de medidas que van más allá del ámbito sanitario: ”Percibimos que un poco antes de San Juan [23 de junio] empezaban a aumentar los casos. O sea que el principio del brote podríamos situarlo en el 22-23 de junio. Es un perfil que ha ido cambiando cronológicamente. Primero era el de trabajadores vinculados al sector cárnico. Eran pacientes que trabajaban en un matadero, inicialmente los que estaban directamente en la parte del género y posteriormente a los del resto de la cadena. Una parte era migrante ya establecido aquí, muchos de ellos viven en pisos pequeños y por lo tanto nos dimos cuenta que no solo el entorno laboral es una fuente de contagio, sino que también lo es el entorno social. Luego vino el brote de la residencia, que fue muy fácil de tratar y controlar, y después se dio el gran salto con el del sector hortofrutícola. En este caso es todo más complejo porque ya no es el trabajo en una fábrica como pasaba con la empresa cárnica, sino que se dispersan mucho más. Y también ha llegado al resto de la cadena, la manipulación, almacenaje, etc. Vemos que las personas que viven hacinadas o incluso en la calle es un foco de contagio importante. Ahora, un 20% de los casos son los llamados comunitarios, aquellos en que ya no está clara la vía de confinamiento“.

La condición móvil de los jornaleros que van siguiendo las cosechas entre los diferentes territorios eleva la vulnerabilidad de estos trabajadores al riesgo de contagio. Lo hemos visto en la Región de Murcia: “Sigue aumentando el número de contagios conocidos entre los jornaleros que fueron a hacer la campaña de fruta y verdura a distintas localidades francesas en las pasadas semanas con la ETT murciana Terra Fecundis. Según ha confirmado la Consejería de Salud, ya son diez los trabajadores que han dado positivo al test de coronavirus y cerca de 60 guardan cuarentena en la Región de Murcia, que tras este último brote ha instado al Ministerio del Interior a incrementar los controles en la circulación de trabajadores del campo”. El doctor Morales-Rull del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida también señala a la movilidad de los jornaleros como un problema para el control del virus: “Lleida es ahora el banco de pruebas, pero esto puede pasar en otros territorios del Estado. Toda la gente que tenemos viviendo en la calle se va a marchar a otros puntos”.

Empieza a ser preocupante, y el caso de Lleida vuelve a ser ilustrativo, de cómo el racismo prende inmediatamente para culpar al Otro de ser responsable y culpable de contagios de la enfermedad. La desafiliación daña la división social del trabajo y por ende la solidaridad colectiva, y todo ello es caldo de cultivo del racismo y del (neo)fascismo.

Llama la atención cómo repentinamente los medios de comunicación han empezado a adjetivar los nuevos contagios de coronavirus con la nacionalidad del que lo originó -y así, aquí en la Región se habla del “brote de Bolivia”- o a informar de los inmigrantes que llegan en patera a la costa española procedentes de Marruecos o Argelia y dan positivo en coronavirus. De esta forma se acrecienta un riesgo mayúsculo de incrementar la socioestigmatización del Otro al asociar el riesgo de contagio con la inmigración extranjera. Las concentraciones de vecinos en la localidad de Los Nietos (en Cartagena) o en la misma ciudad de Murcia vociferando e insultando hasta conseguir echar a los inmigrantes recién llegados en patera de las viviendas donde habían sido realojados para pasar la cuarentena, son seguramente de las imágenes más perturbadoras y tristes de todo lo visto a lo largo de la crisis sanitaria. El ambiente es propicio para que cale profundamente las diatribas de los grupos de la ultraderecha contra la extranjería.

Para reforzar el argumento que vengo presentando a lo largo del texto me salgo de la agricultura y me voy a los trabajadores (trabajadoras) de la limpieza de los hospitales. En nombre de la flexibilidad laboral, estos trabajadores han venido siendo externalizados de los hospitales y calificados de “servicios no sanitarios”. Esta política de ahorro de costes por parte de las administraciones autonómicas no puede ocultar la constante humillación y desprecio que estas trabajadoras externalizadas han venido experimentando. Cuando llegó la pandemia estas mujeres de “servicios no sanitarios” se convirtieron en esenciales para garantizar la higiene de los centros hospitalarios. En la Comunidad de Madrid tuvieron que contratar con urgencia hasta 97 trabajadoras de la limpieza, pero la precariedad en la que desarrolló su labor el conjunto de este colectivo fue tal que hubo una tasa altísima de contagios: hasta nueve mil trabajadoras de la limpieza enfermas por COVID-19 en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Además, e insisto en ello, la precariedad laboral y el desprecio moral van juntos de la mano: cuando estas trabajadoras de la limpieza han reclamado al Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid el reconocimiento de enfermedad profesional (en idénticas condiciones al resto del personal sanitario) se han encontrado con la negativa a tal reconocimiento. Y para reincidir en el desprecio, aquellas 97 trabajadoras contratadas por la vía de urgencia por el Servicio Madrileño de Salud siquiera van a poder consolidar su puesto dado que el servicio de limpieza ha sido privatizado a hurtadillas.

Hoy la desafiliación social de los trabajadores del campo y de otros colectivos sociales igualmente precarios remite a la Cuestión Social de nuestro tiempo. Este término es muy importante en la cultura política europea desde al menos finales del siglo XIX (quizás su origen se puede remontar al momento en el que Alexis de Tocqueville escribe en 1835 su fundamental Memoria sobre el Pauperismo). El sociólogo Robert Castel tiene una definición que deberíamos memorizar en estos tiempos en los que un virus ha encontrado su mejor modo de circulación entre los pliegues de la precariedad vital y laboral: “La cuestión social es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se denomina una nación) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” (en Las Metamorfosis de la Cuestión Social, 1997, p. 20, ed. Paidós).

La crisis sanitaria actual nos interpela de nuevo a confrontarnos con las fracturas que desgarran el cuerpo social y que no son otras que las derivadas de la desafiliación. Toca de nuevo tomarse en serio la Cuestión Social. Cuando las sociedades históricamente han querido conjurar el riesgo de sus fracturas siempre ha sido a través de conquistas en el terreno de los derechos sociales y laborales.

1.Para entender la naturaleza social de la crisis sanitaria en España propongo destacar dos indicadores: 1º) el elevado porcentaje de profesionales sanitaros contagiados por el virus y 2º) la mortalidad de personas ancianas en las residencias.

Los datos del primer indicador son los siguientes: “El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 desde el inicio de la crisis asciende a 51.849 hasta el 11 de junio, y 63 fallecidos hasta el 5 de junio. España acumula así un total de 243.209 casos de coronavirus confirmados por PCR, de modo que más del 21,3 por ciento de estos contagios corresponden a personal sanitario”, (según la información que proporciona el Ministerio de Sanidad).

Estos datos sitúan a España en la cabeza del ranking mundial. Mientras aquí uno de cada cinco está contagiado en otros países como China, apenas reportan un 3,8% y en Estados Unidos suponen entre el 3% de media en el país hasta el 11% en algunos estados. Esta imagen la recoge un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de finales de abril, que subrayaba las diferencias entre los países más castigados por la pandemia. En este sentido, Italia es el que más se acerca a España, pero tan sólo la alcanza con 11% global, e iguala con una de sus zonas más castigadas, Lombardía, donde sí que llegan a nuestro 20%.

Es difícil no vincular este indicador trágico a lo que ha sido el proceso de recortes en el gasto público dedicado a la sanidad de los últimos años, particularmente desde las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos europeos a raíz de la crisis de 2008.

El segundo indicador relativo a la situación de las residencias de ancianos: el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- con COVID-19 o síntomas similares se sitúan en 19.613, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 71,8 % del total de fallecidos por la COVID-19 notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

2. Si he querido destacar los dos indicadores anteriores es porque, a mi modo de ver, están anunciándonos algo muy importante sobre la naturaleza del neoliberalismo presente y lo que ya puede ofrecer al colectivo social en los años venideros. Han quedado lejos las aporías sobre la feliz globalización de Anthony Giddens y demás escuela. Estamos en otro momento histórico, el que se precipitó en la crisis económico-financiera de 2008 y que perdura hasta hoy. Un virus se ha paseado por los contornos de un neoliberalismo global en decadencia y lo ha incendiado todo. Los dos indicadores seleccionados nos indican que el neoliberalismo en decadencia ya no ofrece ningún “mundo feliz”, por el contrario, solamente le queda pulsión de muerte.

Esta pulsión de muerte es definida por el filósofo José Luis Villacañas en los siguientes términos: “La aspiración a la identificación de la vida como principio que no integra ningún tipo de singularización o de existencia particular. La vida como principio que reclama la muerte de los seres vivos vivientes”.

En su último libro, J.L. Villacañas (Neoliberalismo como Teología, Ned Editores, 2020), aborda la tesis del declive del neoliberalismo como pulsión de muerte. Su diagnóstico es determinante del tipo de mundo que el virus lejos de clausurar, nos ilumina en sus contornos más inquietantes: al neoliberalismo solamente le queda administrar la pulsión de muerte, por ello progresivamente se desapega de las estructuras democráticas que un buen día -cuando anunciaba el principio de placer- le sirvieron de legitimidad.

3. El darwinismo social es una vieja teoría social que solemos explicar a los estudiantes de Sociología como algo propio del siglo XIX, y, sin embargo, la hemos visto muchas veces operativa a lo largo del siglo XX, e incluso, en la actual crisis sanitaria. Su influencia ha sido y sigue siendo tan larga porque, en definitiva, fue el discurso legitimador de los racismos, colonialismos e imperialismos de finales del XIX e inicios del XX.

¿En qué consiste el darwinismo social? Es una teoría que concibe que las sociedades funcionan mediante el mecanismo darwinista de la selección natural, es decir, que la evolución social también selecciona naturalmente al más apto en la competición (étnica, nacional, de clase, etc.) por recursos naturales o posiciones sociales. Pierre Bourdieu en sus Contrafuegos (contra la ofensiva neoliberal) ya subrayó el parentesco entre neoliberalismo y darwinismo social.

En esta crisis sanitaria hemos podido comprobar cómo los recortes en la sanidad pública efectivamente matan porque seleccionan a los más aptos y desechan a los más vulnerables por criterios de edad, estado corporal, clase social, etc. Lo ha expresado críticamente la diputada madrileña, Mónica García, que también ejerce como médica anestesista en el Hospital 12 de octubre de Madrid: “La sanidad es universal y nos vimos en la situación de que por falta de recursos no podíamos atender a todos. Y a los que podíamos ingresar, no se les daba la misma calidad. Hacíamos medicina de batalla, de mala calidad y sin llegar a todo el mundo. El momento de mayor impotencia y angustia fue cuando dejamos de tener camas de UCI, un día antes o después de que Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) dijera que lo de que estábamos colapsados era un bulo”.

También ha habido darwinismo social respecto a nuestros mayores. No se señalará nunca con la suficiente insistencia la política pública de abandono respecto a los servicios a la dependencia de los mayores y respecto a muchas de las residencias de ancianos de las comunidades autónomas de este país.

La versión más extrema del darwinismo social es, sin duda, la de la Comunidad de Madrid respecto a las Residencias de Ancianos durante la crisis sanitaria. Aquí el darwinismo se expresó mediante procedimiento administrativo por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Este consejero envió un protocolo a los centros residenciales que negaba la asistencia hospitalaria a los ancianos con COVID-19. En la fase más aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid estableció criterios para que los médicos de Atención Primaria designaran qué pacientes de COVID-19 podían y no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo, que ha sido publicado por los medios de comunicación, recomendaba dejar fuera a pacientes con “compromiso respiratorio” si tenían más de 80 años y “enfermedad en órgano terminal”, aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con “expectativa de vida inferior a un año”. Las actas policiales han permitido constatar que al menos cinco de estos centros de ancianos pidieron auxilio al Gobierno regional, sin recibir respuesta. También se ha conocido que las personas mayores en centros con seguro privado sí fueron trasladados a hospitales.

Esta decisión política siguió una cadena de mando reglamentada para el cumplimiento de un procedimiento administrativo. La racionalidad burocrática es, sin duda, de una altísima eficacia y es un sostén indispensable de cualquier servicio público de bienestar. Pero también, ciertamente, la meticulosa eficacia de la cultura racional-burocrática, ha servido en muchas ocasiones para administrar decisiones fatales. Es decir, se puede ejercer el mal eficazmente puesto que la cadena del procedimiento administrativo exculpa de responsabilidades a todos los implicados. Además, un protocolo administrativo debidamente firmado, con las fórmulas retóricas formalmente convenientes, adquiere un poder simbólico suficiente como para imponer la exigencia de su cumplimiento. Precisamente, Eichmannn en Jerusalén esgrimió para rechazar las acusaciones de antisemitismo y de los crímenes nazis que se le achacaban que él “recibía órdenes”, “obedecía la ley” y “cumplía con su trabajo”.

4. “Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo” (Albert Camus, La Peste, 1947).

Cuentos de Tokio de Yasujiro Ozu (1953) es una vieja película que tiene garantizada casi su eternidad, por decirlo de algún modo. Y no solamente porque haya sido considerada por numerosos críticos cinematográficos como una de las mejores películas de la historia del cine. Sino también por la enseñanza universal que contiene.

Si tuviera que elegir una película para ilustrar la obra sociológica que Norbert Elías dedicó a la soledad de la vejez y de los moribundos me inclinaría, sin duda, por esta obra maestra de Yasujiro Ozu. Hemos vuelto a ver Cuentos de Tokio en los días de confinamiento y la enseñanza que contiene no solamente no pierde actualidad, sino que además adquiere en estos momentos unos contornos más afilados.

La pareja de ancianos protagonista, Chishu y Chieko, parte en tren desde su pequeña ciudad, Onomichi, en las proximidades de Hiroshima, para un largo viaje hacia Osaka y finalmente Tokio con el fin de visitar a sus hijos. A Ozu le bastan un par de pinceladas para mostrarnos que la reconstrucción de Japón, ocho años después de la guerra, ha puesto ya a pleno rendimiento las ciudades, la economía y las fábricas. Tanto que absorbe todo el tiempo de los dos hijos a los que visitan estos ancianos. Por ello no reciben una atención demasiado atenta.

La nueva civilización del trabajo no deja tiempo de vida para sus súbditos. Se alojan en casa del hijo, pero justo el día que quiere dedicarlo a sus padres para enseñarles la ciudad recibe una llamada para atender una urgencia médica. La esposa tampoco puede hacerse cargo pues debe atender su hogar. Unos maravillosos planos muestran a los ancianos sentados, a la manera tradicional, sobre sus rodillas en el tatami, contemplando el horizonte a través de la ventana. Están muy orgullosos de la prosperidad de los hijos, aun así, se dan cuenta y comentan que no viven en una buena zona de la ciudad, que es un barrio del extrarradio con viviendas poco espaciosas.

Ozú no quiere juzgar. Se toma todo el tiempo del mundo para mostrar primeros planos de los rostros de los personajes para que el espectador pueda adivinar las emociones que expresan. La cámara está situada prácticamente a ras de suelo de la vivienda, a la altura del tatami. A veces la cámara se mueve y nos muestra a Chieko jugando con su nieto en un campo. Ella le dice que ya no estará para verle crecer y el niño, como hacen todos los niños del mundo, desoye a su abuela y sigue jugando.

Hay mucha quietud en las escenas y, sin embargo, por las mismas discurre ese mundo de vida que Ozu disecciona lentamente como queriendo que cada espectador llegue a familiarizarse con los personajes, los integre y se identifique con ellos, pues su drama es también el de cada uno de nosotros: los vínculos generacionales, el amor entre padres e hijos, la ciudad y sus ritmos vitales, el paso inexorable del tiempo sobre las personas que una vez fueron y sobre las que ahora se cierne el espíritu del olvido, la dificultad para que “una persona pueda verse como miembro limitado de la cadena de las generaciones, como portadora de una antorcha en la carrera de relevos, que al final ha de entregar la antorcha a otro” (N. Elías, La Soledad de los Moribundos).

Los dos hijos están realmente apremiados por la situación. Llaman a Noriko, la joven viuda del tercer hijo de los ancianos, el cual murió en la guerra, quién finalmente asumirá enseñarles la ciudad, entregada afectivamente a ellos y sin importarle perder un día de salario. Una escena en un autobús turístico recorriendo los monumentos del centro de Tokio nos enseña la felicidad del momento de los tres personajes. Noriko rezuma afecto por sus suegros y conforma una relación íntima con ellos, muy especialmente con la anciana Chieko.

Finalmente, la decisión de los dos hijos será pagar a los padres ancianos una estancia en un lujoso balneario en las afueras de la ciudad. Vemos en la habitación del balneario a la pareja de ancianos tumbados sobre su futon, pero no pegan ojo por el ruido de una fiesta de despedida de solteros. Por la mañana están sentados frente al mar, abatidos y algo apenados. Toman la decisión de regresar a su ciudad. Chieko sufre un momentáneo desmayo, primer síntoma de la enfermedad.

Al regreso a su hogar, Chieko enferma gravemente. Los hijos se reúnen en torno a ella ya moribunda y muy grave. Cuando el hijo médico les comunica que Chieko está a punto de morir, Chishu, el anciano padre, pregunta “¿crees que el viaje pudo causarlo?”. La hija mayor asegura que “no”, pues “se le veía muy animada”. El hijo médico dice “podría haber contribuido”. La pregunta queda así, suspendida en ese tiempo final de la película, lento y sublime, en el que la poesía de las escenas se sucede a través del velatorio, los cánticos religiosos y el funeral.

¿De qué ha enfermado Chieko? Ahora que no estamos del todo seguros de que han muerto tantos ancianos y ancianas en esta crisis sanitaria, si por un virus o por tanta desatención institucional acumulada, quizás una película como Cuentos de Tokio (1953) nos ayude a encarar de otra forma la pregunta que Ozu dejó sin respuesta, suspendida en el tiempo, para que cada generación que vuelva a confrontarse con ella trate de dotarla de sentido.

Cuánto me estoy acordando del gran escritor W.G. Sebald, que se nos fue en 2001, en estos días de cuarentena. Nadie como él enfatizó tanto el valor de la memoria. Quiso hacer de cada uno de sus libros un intento de que nada de la vivencia humana se perdiera víctima del “asesinato de la memoria”. Esa es la inmensa riqueza de cada una de sus obras: sea la memoria de los paisajes olvidados del Este de Inglaterra, sea la de las historias de vida de los emigrados por las tragedias europeas de mediados del siglo XX, sea un cementerio en Córcega.

Si la memoria se pierde “el pasado entero se disipará en una masa informe, indistinta y muda”. Advierte Sebald: “Y al dejar un presente sin memoria y ante un futuro que no podrá concebir ya la razón de nadie, abandonaremos la vida por fin sin sentir la necesidad de permanecer al menos algún tiempo o de poder volver de visita ocasionalmente”.

Esto que nos está sucediendo no debe nunca difuminarse en el olvido. Para que la razón de los que se están yendo permanezca en el futuro.

Cada día que pasa desde que empezó esta crisis vírica conocemos el nuevo dato de fallecidos. En el momento de escribir esto el registro oficial cuenta la trágica cifra de 14.555 fallecidos (a 8 de abril), de los cuales la mayor parte son personas mayores. Los testimonios de los familiares que no pueden enterrar a sus mayores por razones sanitarias son especialmente trágicos.

Leo en un reportaje sobre esto en eldiario.es, las declaraciones de uno de estos familiares: “Marina cuenta que necesitaba ver el féretro de su madre. Es lo único que pudo tomar como referencia para iniciar el duelo. 'Necesitaba llorar y desahogarme. Solo estuvimos tres personas: mi hermana, mi cuñado y yo. La importancia de no poder despedirla no la puedo describir. Siento que no pudimos estar a su lado en el ultimo trance de este camino'. Luego llegaron las culpas”. Sobrecogedor. Una amiga mía tiene a su pareja en estado de coma provocado por la COVID-19 y encima en un hospital muy lejano. Sabe de él por familiares. Me estremece escucharla, es un sufrimiento inenarrable. No poder estar acompañando a alguien que quieres en una situación así, como no poder despedirlo cuando fallece, es una experiencia dolorosísima.

Somos testigos de esta tragedia cotidiana. Como sociedad estamos realizando un enorme esfuerzo colectivo. Hemos optado por el principio de salvar vidas como prioridad frente al cálculo utilitarista de las consecuencias económicas. Esto es indiscutible y digno de aplauso. Pero llama la atención que no estemos siendo capaces de algún gesto colectivo de expresión de luto por estas personas que mueren. Aplaudimos a las 20 h. a los que nos protegen, pero por ahora no hemos conseguido inventar alguna forma de luto colectivo que sirva además de respaldo anímico a todas esas familias que están perdiendo a los suyos sin posibilidad de despedirse.

Como sociedad seguimos sin saber cómo afrontar la muerte, en general, y particularmente, en esta crisis. Únicamente sabemos de ella por esa fría contabilidad que cada mañana hace pública el gobierno. Frente a tanta tragedia enmudecemos, como si no supiéramos elaborar una expresión del dolor colectivo. Preferimos reprimir ese sentimiento.

El sociólogo Norbert Elías dedicó un crepuscular ensayo que tituló 'La soledad de los moribundos' (1982) a esta carencia que como sociedad tenemos ante la muerte. Decía Elías que en el proceso de civilización “el morir y la muerte se esconden con cada vez mayor decisión detrás de las bambalinas de la vida social y se cercan con unos sentimientos de embarazo relativamente intensos y unos tabúes rígidos”.

Norbert Elías continuaba su reflexión diciendo que no solamente apartamos de nuestras vidas la idea de la muerte, sino que además también excluimos a las personas mayores moribundas. “Cuando una persona a punto de morir tiene la sensación de que, aunque todavía está viva, apenas significa ya nada para los que la rodean, esa persona se siente verdaderamente sola”. La crisis del coronavirus nos recuerda este problema que teníamos antes de la crisis. La soledad de las personas mayores.

Mi padre está en una residencia. Doblemente encerrado desde que empezó la crisis sanitaria: primero en la residencia y ahora también en su habitación. Cada día telefonea a mi madre como a cada uno de sus hijos. Es su forma de apartar la soledad y de recordarnos que sigue formando parte de la comunidad. Con esta anécdota personal ilustro hasta qué punto es fundamental el significado de los seres humanos para otros seres humanos como forma de sentirse integrados en un nosotros.

En la parte final de su ensayo, Norbert Elías terminaba concluyendo: “El proceso de morir se aísla de la vida social normal en un grado mayor que anteriormente. Una consecuencia de este aislamiento es que la experiencia que tiene la gente del envejecer y del morir, que en sociedades anteriores estaba organizada por instituciones públicas y dominada por creencias imaginarias, tiende a oscurecerse como consecuencia de la represión a la que se ve sometida en las sociedades posteriores. Quizás apuntando a la soledad de los moribundos se consiga hacer más perceptible, dentro de las sociedades desarrolladas, un núcleo de tareas que quedan por acometer”.

En efecto, tras la soledad de los mayores y de los moribundos lo que se revela es “un núcleo de tareas que quedan por acometer”. Y esas tareas tienen que ver con la precariedad de los cuidados hacia los mayores. Esto precisamente se refleja en las políticas públicas: en cómo apenas se ha desarrollado un sistema de atención a la dependencia digno de tal nombre, en cómo hemos convertido las residencias de mayores en cajas de facturación con las privatizaciones.

La alta mortalidad que está teniendo el virus en Italia y España se explica por la alta tasa de envejecimiento de ambos países y su bajísima tasa de fecundidad. Es inaudito que con este contexto sociodemográfico tengamos una política pública de cuidados tan precaria, máxime cuando las proyecciones demográficas ya nos lo anunciaban desde los años 70-80. El virus ha encontrado en esta carencia la forma de mostrar su cara más letal.

El virus ha venido a sacar a la luz el océano de soledad de nuestros mayores. Un tercio de las personas fallecidas desde que empezó la crisis ha sido en una residencia de ancianos. Elías afirma en su ensayo la novedad histórica de la residencia: “Existe un número creciente de instituciones en las que viven exclusivamente personas mayores que no se habían conocido en años anteriores”.

Quizás cuando todo esto pase haya que replantearse muchas cosas. Por ello no conviene olvidar lo que el virus nos ha enseñado estos días: que en ausencia de un sistema público de atención a las personas dependientes han proliferado las residencias; que hemos dejado las residencias de ancianos en manos del negocio privado; que muchas de las personas que trabajan con los ancianos en estas residencias están mal pagadas, son precarias y van sobresaturadas. En definitiva, hemos de plantearnos qué tipo de cuidados queremos para nuestros mayores.

Si tuviera que recomendar dos libros de sociología que ayudaran a entender las actitudes sociales que vemos a nuestro alrededor en la actual crisis sanitaria señalaría la División Del Trabajo Social de Emile Durkheim (1893) y La Ayuda Mutua de Piotr Kropotkin (1902).

Durkheim captó el valor moral de la división social del trabajo por su capacidad de producir solidaridad social y conciencia colectiva: “Cuando las conciencias individuales, en lugar de permanecer separadas unas de otras, establecen relaciones, actúan efectivamente unas sobre otras, forman una síntesis que crea una vida psíquica nueva … Arrastrado por la colectividad en la división social del trabajo, el individuo se desinteresa de sí mismo, se olvida, se entrega por completo a fines colectivos”.

Por su parte, Kropotkin vislumbró la emergencia de la ayuda mutua y de la cooperación como parte de la historia evolutiva animal y humana: “Ya en los comienzos de la vida social existió naturalmente, en cierta medida, la identificación entre los intereses del individuo y los de su grupo, y asimismo la encontramos entre los animales inferiores. Pero a medida que se arraigan las relaciones de igualdad y de justicia en las sociedades humanas va preparándose el terreno para el refinamiento de las mismas. Merced a ellas el hombre se acostumbra a descubrir el reflejo de su conducta en la sociedad entera, hasta tal punto que llega a abstenerse de molestar a los demás renunciando a la satisfacción de un apetito o de un deseo. Y hasta tal punto llega a identificar sus sentimientos con los de los demás que se halla dispuesto a sacrificar sus fuerzas para el bien de sus semejantes sin espera de recompensa”.

Tiene un indudable interés sociológico recopilar todas esas iniciativas sociales de ayuda mutua que están proliferando en la actual crisis sanitaria. Barrios donde los jóvenes se ofrecen a los vecinos más mayores para atenderlos en sus necesidades de compra o atención. O esas mujeres de Petrel, Alhama de Murcia o Segovia que cosen batas o mascarillas para llevarlas al Centro de Salud para que sean utilizados por el personal sanitario. Estamos viendo muchas iniciativas de entrega. El mismo confinamiento no deja de basarse en el principio de ayuda mutua, pues con tal acto de reclusión estamos protegiendo a los profesionales sanitarios como a las personas con mayor riesgo.

Efectivamente, sobre los rescoldos del incendio neoliberal, esas décadas de exacerbación de los valores del emprendedor y del individuo competitivo, durante las cuales se decretó el final de los vínculos colectivos, está consiguiendo emerger la solidaridad social expresada a través de la división social del trabajo, la cooperación y la ayuda mutua. Conviene que tomemos buena nota de esto, muy especialmente los sociólogos y sociólogas cuyas cualificaciones, en principio, nos dotan de una especial sensibilidad para apreciar esta musculatura del vínculo social. Estaría tentado de hablar de “milagro social”, por emplear el calificativo que ya Bourdieu utilizara para referirse a las movilizaciones colectivas de los desempleados en Francia. Seguramente se me podrá objetar que no hay nada de milagroso en movilizar todo lo disponible para garantizar la supervivencia pues la necesidad obliga. Pero después de tanta vida dañada por el neoliberalismo es un milagro social que todavía se mantengan con cierta solidez los vínculos de la solidaridad colectiva, el altruismo y la vocación de servicio público.

Dicho esto, ciertamente, también observamos el florecimiento de actitudes que son justamente lo inverso de lo anterior, esto es, actitudes de egoísmo. Aquellas imágenes iniciales de los días del confinamiento de la gente agolpándose en los supermercados llenando compulsivamente los carros de la compra (el famoso papel higiénico). Como también fue un comportamiento egoísta el de esos miles de madrileños que se fueron a sus segundas residencias en la costa a sabiendas del alto riesgo de propagación del virus que conllevaba tal acción. O todo ese buen número de personas que incumplen las normas del confinamiento y que en la primera semana del estado de alarma dieron origen a 60.000 denuncias y 600 detenciones por parte de las Fuerzas de Seguridad. No cabe duda que todo eso está también presente en la vida social. Por ello, la teoría sociológica de Durkheim sobre la solidaridad social en La División del Trabajo Social tiene como complemento lo que él llamo la teoría de la anomia. Por anomia, Durkheim entendió la ruptura del vínculo colectivo que conduce al individuo hacia una crisis de vacío moral en la cual prolifera el egoísmo, las conductas de desorden, etc.

¿Por qué, entonces, estamos viendo proliferar al egoísmo también en esta crisis, cuando, objetivamente, es un comportamiento que pone en peligro la vida de nuestros semejantes? Utilizo adrede el término “nuestros semejantes” pues justamente en la visión egoísta no existe tal noción. ¿Y cómo ha desaparecido la noción de “nuestros semejantes” en tantas personas? Esto es lo que debemos explorar, pero me atreveré a adelantar una posible respuesta. Hay una equivalencia fundamental entre ese egoísmo que violenta la solidaridad colectiva que da sentido al confinamiento y esas empresas que están obligando a sus trabajadores a trabajar aun no realizando una actividad esencial, y encima a menudo sin proporcionarles medios mínimos de prevención. Si a este comportamiento empresarial lo calificamos de utilitarista pues solamente vela por el interés económico, al otro -al de las personas egoístas- también hemos de entenderlo en términos de actitudes utilitaristas. ¿Acaso todas estas décadas de neoliberalismo no nos han inoculado una visión del mundo absolutamente utilitarista? A mi modo de ver, aquí lo que se revela es un conflicto entre normas contradictorias: entre los contenidos promulgados por la norma neoliberal utilitarista y los que dicta la norma colectivista que ahora estamos tratando de expandir pues nos va la supervivencia en ello.

Finalmente, me referiré a otra actitud social que ha aparecido en esta crisis. Son conflictos entre vecinos en los que unos señalan, insultan o incluso agreden a otros acusados de infringir las normas del confinamiento. Se ha tachado a estos comportamientos de “chivatos” (o de “fascismo de los balcones”, según he leído en algún cartel que circula por las redes), pero creo que la cuestión es más compleja. Y de nuevo recurro a Durkheim quien sostenía que la sociedad que se ha dotado de una conciencia colectiva, y por tanto es consciente del valor de supervivencia que conlleva la cohesión social, tiende a mostrar reprobación de todo aquello que amenaza con quebrantarla. En esos conflictos vecinales del confinamiento late la tensión entre la solidaridad colectiva y el egoísmo y, sin duda, son conflictos que se pueden manejar y modular para que no degeneren. Pues efectivamente estos conflictos pueden desembocar en indeseables formas de linchamiento moral y autoritarismo.

Todas estas actitudes están en nuestra naturaleza social. Y son objeto de disputa política, pues cómo entender si no la fuerte ofensiva de las fuerzas de la derecha (muy especialmente PP y Vox) contra el Gobierno progresista, justo en estos momentos dramáticos, más que como una estrategia destinada a contrarrestar la solidaridad colectiva azuzando las pulsiones del individualismo utilitarista o de la personalidad autoritaria. Y es que, en definitiva, en las actitudes sociales que vemos hoy a nuestro alrededor se van a jugar los destinos del mundo post-coronavirus: la solidaridad colectiva, el utilitarismo o el autoritarismo.

*Andrés Pedreño Cánovas es Profesor Titular de Sociología

Andrés Pedreño es diputado en la Asamblea Regional por Podemos-Región de Murcia

Incluso los estados democráticos tienen su reverso tenebroso. Hasta una de las más viejas democracias liberales, la de Reino Unido, sabemos que ha recurrido a sus servicios secretos y a técnicas de juego sucio en momentos de su historia en los que se ha etiquetado a un grupo humano como una “anomalía”, sean los republicanos irlandeses de Belfast (véase la espléndida película de Ken Loach, Agenda Oculta), sea el Sindicato Nacional de Mineros durante aquel largo pulso entre la Primera Ministra Margaret Thatcher y la huelga de los mineros durante 1984 (recordarán los lectores muchas películas sobre este episodio, pero lean la reciente novela negra de David Peace, GB84).

Ni que decir tiene que una democracia real, una democracia absoluta, es aquella que tiene la capacidad política de reducir al máximo sus cloacas porque tiene al mismo tiempo la capacidad de redefinir continuamente su campo político, de tal forma que “las anomalías” que emergen en las afueras de las reglas institucionales sean reconocidas en términos de derecho a tener derechos de participación política. Cuanto más cerrado y oligárquico es un campo político por la rigidez de sus reglas de juego, más colectivos sociales son etiquetados como anómalos para el funcionamiento del campo y por tanto acaban siendo susceptibles de que sobre ellos caigan todas las técnicas de juego sucio de las cloacas del Estado.

La democracia española paradójicamente, dada su corta historia, tiene una larga tradición de recurso a las cloacas del Estado. A finales de los años 70 para apuntalar la fabricación del “consenso” de la transición democrática (que de hecho, como lo demuestran algunas recientes investigaciones históricas, fue menos pacífica de lo que se nos ha contado) y a lo largo de los 80 y 90 para combatir el independentismo vasco (incluidas sus expresiones armadas), para posteriormente extenderse al independentismo catalán (que no tuvo expresiones armadas).

El movimiento de 15M fue una anomalía política en este país. Impugnó todo el campo político que se conformó en el Pacto del año 78 en la medida que los partidos hegemónicos habían tendido a (en)cerrar la democracia con prácticas oligárquicas y cada vez más corruptas, hasta el punto de poner en riesgo los servicios públicos y la cohesión social en la crisis que se abre en 2008. El 15M no impugnó la Constitución, impugnó el campo político que pervirtió el pacto constitucional hasta degradarlo.

Podemos como organización política nace de ese momento instituyente y se convierte rápidamente en una realidad instituida desde el momento en que entra en los parlamentos y ayuntamientos. Esta “entrada” es una irrupción no prevista en las reglas del juego del viejo campo político que ve tambalear sus fronteras y cierres (y los privilegios asociados a tales cierres). Por tanto es rápidamente etiquetada de “anomalía”. Líderes de Podemos como Pablo Iglesias o la jueza Victoria Rossell, lo estamos constatando estos días, han sufrido todo tipo de montajes policiales y mediáticos para desprestigiarlos públicamente.

En cuanto anomalía, las cloacas del Estado se esforzaron por construir a Podemos como un “enemigo interno” que había que asociar con todos los demonios o fantasmas de la sociedad española: desde Venezuela al terrorismo etarra, pasando por Irán o lo que fuese.

La primera parte de la legislatura en la Asamblea Regional de Murcia estuvo protagonizada por un intenso pulso entre el, por aquel entonces, Presidente de la Comunidad Autónoma, el Sr. Pedro Antonio Sánchez (PP), sobre el cual se cernían graves acusaciones de corrupción, y los grupos de la oposición que se esforzaban en que presentara su dimisión. Justo en el ecuador de la legislatura (un 4 de abril de 2017), Pedro Antonio presentó su dimisión ante las presiones de una moción de censura. Podemos tuvo un papel relevante en aquello gracias, entre otras cosas, al impecable e implacable trabajo jurídico de nuestro abogado Ginés Ruiz Maciá (hoy flamante candidato por Podemos a la Alcaldía de Murcia).

Pero también esos dos primeros años de legislatura en el parlamento murciano fueron un constante ataque verbal por parte de algunas señorías del PP contra los diputados y diputadas de Podemos. “Tiene usted un pasado oscuro, Sr. Urrrrralburu”, afirmaba PAS en pleno debate parlamentario señalando a nuestro portavoz con un dedo acusatorio. Los insultos y descalificaciones se sucedían, un día con la supuesta “financiación ilegal de Podemos”, otro con “Venezuela”, “Irán” o “el terrorismo etarra” (impactante fue cómo el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular me señaló personalmente para recriminarme que yo estaba con “los etarras que perseguían al PP” mientras él representaba a “las víctimas”). Recuerdo que fue un período especialmente duro, pues aunque éramos conscientes de qué significaba ser una anomalía política, no sabíamos bien del todo hasta qué punto se puede descender en política en el grado de suciedad contra tú adversario.

Estos días estados sabiendo cómo se fabricó en las cloacas del Estado aquel “relato” de falsificaciones y descalificaciones que sufrimos. Duele su recuerdo, pero satisface que por fin se sepa la verdad, aunque todavía no hayamos escuchado ni un atisbo de perdón y mucho menos de asunción de responsabilidades. E incluso aunque se nos diga que “ya” no existen la política de cloacas.

NOTA: si he querido utilizar tanto el término anomalía en este artículo es por rendirle un pequeño homenaje al filósofo Baruch Spinoza (1632-1677), el cual en los inicios de la modernidad defendiera frente al Leviathan de Hobbes que el conflicto y las pasiones son constitutivo de lo político y que por tanto no cabe diluirlas en las jerarquías verticales del representado-representante, sino, más bien al contrario, reconocerlas e integrarlas en la construcción horizontal de una democracia absoluta. Toni Negri tituló como “la anomalía salvaje” (1982) esta apuesta de Spinoza, una apuesta que sigue siendo la nuestra.

Esta legislatura marca el final del “pensamiento único” sobre política y agua. Todo se confío a la promesa imposible de más trasvases, al tiempo que la desalación quedaba relegada como una fuente secundaria y subalterna –“agua diabólica” la llegó a calificar una consejera de agricultura, porque según ella la desalación era una trampa pensada para sustituir al agua “verdadera” de los trasvases“-. Mientras nuestros agricultores demandaban legítimamente más agua, el gobierno regional hacía ojos ciegos al ”regadío ilegal“, esto es, las grandes empresas seguían abriendo más y más regadíos mediante la transformación de secanos. Y, sobre todo, se les garantizaba agua a las urbanizaciones residenciales y sus piscinas que crecieron como champiñones durante el boom inmobiliario. Tras 24 años de gobiernos regionales del Partido Popular descubrimos que el rey estaba desnudo, pues tras sus proclamas hegemónicas de ”agua para todos“ no había sino insensatez, demagogia y falsedad.

Hoy más que nunca necesitamos en una Región como Murcia hablar sobre agua y definir políticas. Con esta intención Podemos Región de Murcia ha convocado para este viernes 1 de marzo un Foro Camina Podemos dedicado monográficamente a hablar sobre agua.

Hablar sobre agua requiere de una buena dosis de realismo. Es reconocer que una lechuga o un albaricoque son en un 90% de su composición agua y que sobre la hortofruticultura nuestros agricultores han levantado un competitivo sistema productivo agroalimentario. Es también reconocer que más de la mitad de España se compone de regiones semiáridas, azotadas periódicamente por periodos de sequía y ausencia de lluvia, y que en un escenario de cambio climático esto se agravará. Es reconocer, en fin, que una política de agua seria, responsable y sostenible tiene que tener en cuenta todos estos elementos y que imponen un principio de realidad. No es posible continuar con “el cuento de la lechera” como nos proponen PP, Cs y Vox, porque es técnica y ecológicamente inviable. No son cuentos lo que demandan y requieren los agricultores de la Región de Murcia.

Hablar sobre agua requiere de planificación. Necesitamos una contabilidad precisa de las necesidades de agua que requieren los campos de la Región de Murcia. Necesitamos un cálculo realista de las cantidades de agua disponibles, una especie de “caja única” que centralice las diferentes fuentes de origen del agua: trasvase Tajo-Segura, desalación y recursos propios, incluidos los recursos hídricos procedentes de las desconocidas aguas subterráneas. Ambas definiciones –de las necesidades y de la disponibilidad de agua- permitirán una gobernanza de agua que planifique la distribución justa y equitativa del agua, defina las prioridades y se abra a la participación de todos los actores implicados, sin exclusión alguna. Esta gobernanza del agua basada en la planificación y distribución con criterios de justicia, democracia y sostenibilidad es la propuesta que Podemos Región de Murcia propondrá para su discusión en la campaña electoral que se avecina y que servirá para orientar nuestra acción parlamentaria.

Hablar sobre agua requiere de una política de Estado y de un entendimiento mutuo entre las regiones. El Trasvase Tajo-Segura no trae más agua no porque el gobierno castellano manchego sea malvado, sino porque no hay más. Ambas cuencas están sometidas a grados muy altos de sequía que se agravarán con el cambio climático. Los gobiernos regionales del PP han alimentado interesadamente el conflicto entre regiones durante 24 años. Es hora de abrir un nuevo acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de las necesidades y una política de Estado que lo posibilite. Basta ya de dirigentes políticos que afirman demagógicamente unas cosas en Cuenca y otras en Murcia.

Sobre estas premisas podemos hablar de agua: realismo, planificación democrática y participativa, entendimiento entre regiones mediante acuerdos de Estado. Invitados quedan. 

Los senderos de la Región de Murcia componen más de tres mil kilómetros de una propiedad del común, de la gente. Su regulación en forma de Ley en el parlamento murciano -Ley de los Senderos Señalizados de la Región de Murcia- configura una institucionalidad del común. Se abre a una democracia de los comunes. La democracia de los comunes pone en el centro la defensa de los bienes colectivos –frente a la acumulación por privatización de la democracia neoliberal- y opta por el protagonismo de los usuarios con sus instituciones específicas –yendo más allá del estatismo de lo público-.

Fue una enorme satisfacción para el grupo parlamentario de Podemos que siete meses después de que cayera en la Asamblea Regional nuestra Proposición de Ley sobre Senderos, tengamos desde el jueves 21 de febrero un nuevo texto legal que salió por unanimidad, esta vez sí, pues se presentó de forma conjunta y cooperativa por los cuatro grupos parlamentarios.

Quiero agradecer la iniciativa en primer lugar a David Moscoso, sociólogo rural y montañero, y ahora diputado por Podemos en el parlamento andaluz. Él fue quien por primera vez nos propuso llevar esta ley de regulación de senderos, que la federación estatal de montaña ha venido promoviendo en numerosas comunidades autónomas. Cuando contactamos, David me decía, “en esta cuestión de los senderos, se benefician los usuarios del senderismo, se benefician los propios senderos que podrán ser cuidados pero también los pueblos y municipios que contarán con un recurso más en sus opciones de desarrollo rural”.

También quisiera agradecer a quienes son los auténticos protagonistas de esta Ley: la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. Cuando decayó la primera iniciativa de Podemos, ellos recogieron con paciencia el relevo y nos sentaron a trabajar a los cuatro grupos parlamentarios. “La paciencia, decía Galdós, es el heroísmo disuelto en el tiempo”. Y estos héroes y heroínas con esmero y paciencia han hecho posible que hoy contemos con una Ley de los Senderos Señalizados de la Región de Murcia.

En mi defensa de la anterior Proposición de Ley en el mes de julio del pasado año, decía que “los senderos de la Región de Murcia constituyen un patrimonio inmenso de cientos de kilómetros que recorren nuestro territorio, suben y bajan serranías, atraviesan campos y bosques, vinculan pueblos y aldeas. Son una infraestructura generada por la gente a lo largo de la historia. Muchos de estos caminos son las arterias de la historia, pues los caminos se han hecho al andar a lo largo del tiempo”.

Los senderos son en ese sentido bienes comunes hechos por la gente. Y en cuanto bien común, siempre ha habido colectivos de usuarios que los han mantenido, cuidado y reinventado. Pasa igual que con el agua en nuestras comunidades de regadío, que también en cuanto bien común, ha generado una institución de gestión como son las comunidades de regantes.

El equivalente a la labor de las Comunidades de Regantes en los senderos, lo ha venido realizando desde hace décadas la federación de montañismo. Este colectivo ha gestionado este bien común de los senderos por su capacidad demostrada, como se dice en el texto de la Ley aprobada, “en la gestión y administración de senderos señalizados y de manejo en un sistema de certificación de itinerarios señalizados para la práctica de la actividad física en el medio natural y rural”.

La Premio Nobel de Economía en 2009, Elinor Ostrom, dedicó su vida investigadora a demostrar cómo las propiedades comunes están bien gobernadas cuando los colectivos de usuarios están implicados. Uno de sus referentes empíricos eran las comunidades de regantes del levante español. También el ejemplo de la federación de montaña y su labor de décadas en la gestión y cuidado de los senderos es una buena práctica de eficacia en la gestión y cuidado de esta propiedad común.

Por eso, y en cuando los senderos implican un complejo gobierno de lo común, es muy importante el papel que la Ley aprobada otorga a cualquier “federación deportiva u otra entidad privada sin ánimo de lucro” a “colaborar con la consejería con competencias en materia de deportes en la gestión y administración de la Red y el Registro de Senderos Señalizados de la Región de Murcia”. Y es que como diría Elinor Ostrom, cuando los usuarios están implicados con sus propias instituciones en el gobierno de un bien común, se eleva muchísimo la eficacia y buen hacer de la gestión de esa propiedad común.

A lo largo de los últimos años, diversos agentes públicos y privados han intervenido en la promoción y ejecución de numerosos proyectos de senderos. Así, desde la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, la Administración General del Estado, los Grupos Leader y la Federación Murciana de Montañismo, entre otros, se ha venido tejiendo una importante red de senderos de distinta tipología en el territorio de la Región de Murcia.

Sin embargo, el crecimiento exponencial en el número y extensión de los senderos señalizados en la Región de Murcia también evidencia carencias de coordinación entre las distintas iniciativas y las metodologías en ellas aplicadas.

La presente Ley pretende resolver esta situación, estableciendo los principios básicos para lograr una adecuada regulación de estas instalaciones deportivas, a fin de homogeneizar los sistemas de identificación y las directrices de uso en las mismas, mediante los mecanismos administrativos pertinentes.

Quisiera dirigirme a las sensibilidades ecologistas que han mostrado algunas dudas sobre cómo va a afectar la Ley aprobada a los senderos que están en espacios naturales protegidos. Decirles que hemos puesto mucho empeño en preservar las garantías y cautelas que esos senderos deben tener en cuanto discurren por espacios naturales protegidos. El punto 3 del artículo 9 es muy claro al respecto: “Cuando los senderos discurren total o parcialmente por espacios naturales protegidos u otros lugares que tengan un régimen especial de protección ambiental, las consejerías con competencias en medio ambiente y medio natural emitirán informes preceptivos y vinculantes sobre la idoneidad del proyecto técnico presentado por su posible repercusión en los mismos, estableciendo las indicaciones o restricciones que correspondan”.

Con la Ley de Senderos Señalizados de la Región de Murcia disponemos de una de las legislaciones  sobre senderos más avanzada de este país. Es, por tanto, una inmensa oportunidad para nuestros senderos y para nuestros senderistas y a ellos dedicamos el consenso parlamentario conseguido en torno a una buena ley.

La historia de la industrialización es también la historia de la producción de tóxicos industriales para el ser humano y/o el medio ambiente. Esos tóxicos tuvieron que ser prohibidos en algunos casos (el plomo en las pinturas comerciales o en la gasolina, los hidrocarburos clorados en pesticidas como el DDT, etc.) o al menos regulados en cuanto a las condiciones de seguridad para su manejo. Detrás, hay también una ardua historia social de movilización obrera o vecinal para conseguir la retirada o la regulación del tóxico o para conseguir el reconocimiento como enfermedad laboral de los trabajadores intoxicados.

Digo ardua, porque estos colectivos a menudo se han tenido que enfrentar a enormes dificultades políticas y a poderosos intereses empresariales para conseguir su objetivo. Como lo estamos viendo hoy en la Región de Murcia con el amianto, los metales pesados de los suelos contaminados de la Sierra Minera y de El Hondón, y el bisfenol de la incineradora de Sabic en La Aljorra (Cartagena).

El amianto es uno de esos materiales prohibidos al menos en los países europeos, pero que fue profusamente utilizado por la industria y en la construcción de edificios (la famosa uralita) por sus propiedades para la conservación del calor. Pero al mismo tiempo, las fibras de amianto tienen una capacidad cancerígena enorme, especialmente cánceres del pulmón y un tipo de cáncer específico del amianto que afecta a la pleura pulmonar: el mesotelioma. Fueron miles de trabajadores de la industria que en las décadas entre los 50-80 estuvieron expuestos al amianto hasta la prohibición de su uso. Décadas después, estos trabajadores que estuvieron expuestos, están ahora enfermando y muriendo por patologías cancerígenas inducidas por las fibras de amianto. Por ello, estos trabajadores postexpuestos o sus familiares libran una intensa batalla por el reconocimiento de sus derechos en cuanto enfermedad profesional o laboral.

En Cartagena, por ejemplo, entre 2000-2015, hubo 169 personas muertas por mesotelioma, 125 varones y 44 mujeres (contaminadas al ir a lavar la ropa de sus maridos) y con toda seguridad continuarán apareciendo más los próximos años. En total se calcula más de 400 trabajadores fallecidos hasta ahora por patologías del amianto. La Asociación APENA viene denunciando las innumerables trabas que se encuentran a la hora de conseguir el reconocimiento de sus derechos como trabajadores con una enfermedad profesional: la dificultad de diagnósticos médicos; jueces que no reconocen las patologías; empresas como el caso de Repsol que no entrega a las autoridades el listado de trabajadores postexpuestos en la refinería de Cartagena desde los años 50 o como el caso de Navantia que aunque sí ha entregado el listado, sin embargo, se niega sistemáticamente en los juicios a reconocer la relación entre las patologías de sus trabajadores y la exposición al amianto.

El potencial tóxico de los metales pesados como el plomo, el cadmio o el arsénico también ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un riesgo para la salud pública. Los pueblos de la Sierra Minera (Diputación de El Beal, Portman o barrios de La Unión) viven rodeados de suelos, antiguas balsas mineras y depósitos minerales con concentraciones enormes de metales pesados.

Los estudios del doctor Motas sobre la presencia de metales pesados en la leche materna, del investigador José Matías Peñas en la población escolar del Llano o del doctor Juan Antonio Ortega a partir de las analíticas de sangre realizadas en los consultorios de atención primaria, evidencian un problema muy importante de salud pública. Sorprendentemente, los resultados presentados del estudio epidemiológico sobre la Sierra Minera encargado por el gobierno regional parecen encaminados a minimizar los riesgos derivados de la presencia tóxica de metales pesados más que a presentar la gravedad del problema. Mientras tanto, el Plan de actuación sobre antiguas balsas mineras del Gobierno regional (PRASAM) sigue sin poner como criterio la salud pública de las poblaciones a la hora de priorizar las intervenciones sobre las balsas mineras y se empeña en destinar tres millones de euros a estabilizar el antiguo pantano de El Lirio, un pantano alejado de los núcleos de población.

En La Ajorra (Cartagena) vecinos y ecologistas vienen reclamando a la administración pública, sin éxito ninguno, para que las plantas de Sabic y de cogeneración de Energy Wrks dejen de quemar bisfenol A y otros residuos peligrosos. La emisión a la atmósfera de millones de kilos al año de estos componentes generan problemas de contaminación y salud pública, dado que el bisfenol es un alterador hormonal. De hecho, los estudios del doctor Ortega localizan aquí uno de los tres clusteres de linfomas infantiles en la Región de Murcia (los otros dos están en El Hondón de Cartagena y en los alrededores de la antigua cementera de Lorca).

¿Existe “una conspiración de silencio” alrededor de estos tres focos de toxicidad que estaría operando para que determinados intereses empresariales no se vean perjudicados por las denuncias de los colectivos de afectados? La existencia o no de estas “conspiraciones de silencio” ha sido siempre muy discutida en las controversias sobre tóxicos industriales. Por ejemplo, el investigador británico Peter Bartrip, en una investigación clásica sobre el amianto entre 1890-1970, niega esta conspiración puesto que aún no existía un consenso amplio sobre su toxicidad y prohibición, lo que hacía que empresarios o médicos del trabajo tuvieran la confianza en conseguir limitar los riesgos de este material que se consideraba beneficioso para la industria.

El envenenamiento en EEUU de Las Chicas del Radio

Las Chicas del RadioRecientemente, la editorial Capitán Swing ha tenido a bien traducir un libro impresionante: Las Chicas del Radio (2018). Es la historia de las trabajadoras que fueron envenenadas por radioactividad en las fábricas de radio en el periodo de entreguerras de los EEUU. En aquel momento, el radio era un elemento químico recién descubierto por los Curie y se utilizaba profusamente para dar brillo a las pantallas de los relojes, para lociones corporales, etc. El libro relata la historia del envenenamiento por radio de cientos de trabajadoras que a lo largo de todo EEUU vieron como sus cuerpos caían enfermos hasta morir.

Pero sobre todo narra la heroica lucha de estas mujeres, que estando condenadas a muerte en edades muy jóvenes, sin embargo, demandaron judicialmente a sus empresas: “en muchos aspectos no se trataba de dinero –aunque era importante tratándose de familias obreras que tenían que asumir los altos costes de sus tratamientos médicos-, lo más importante era que las mujeres tuvieran un reconocimiento por lo que había sucedido: las habían insultado, habían dicho de ellas que eran mentirosas y liantas, unos fraudes. Habían visto cómo su empresa se libraba de una condena por asesinato. No peleaban por el dinero, sino por la verdad” (pp. 402-403). Tuvieron muchas derrotas, pero finalmente ganaron la batalla del radio.

La minuciosa labor investigadora de su autora, Kate Moore, y el estilo literario y periodístico de su escritura, hace del libro un material muy rico para comprender cómo funcionan las conspiraciones de silencio. El radio era un producto de éxito, que brillaba en la oscuridad, proporcionaba inmensas ganancias a las empresas, las mujeres trabajadoras tenían buenos salarios y sus ropas brillaban de radio al salir del trabajo, los pueblos adoraban a sus fábricas de radio. Cuando aparecieron los casos de envenenamiento por radio de trabajadoras, las primeras que deciden presentar sentencias judiciales contra sus empresas se enfrentaron a un muro bien sólido.

El muro estaba formado por las propias empresas que aún disponiendo de innumerables evidencias –como demuestra el libro- sobre el origen laboral de la enfermedad de sus trabajadoras, se negaron una y otra vez a poner en riesgo su tasa de ganancia. Movilizaron todo tipo de saber experto (médicos, abogados) para cuestionar la validez de las denuncias de sus trabajadoras, e impedir que se les declarara culpables y tener que pagar indemnizaciones. La tasa de ganancia empresarial es un poderoso argumento para comprar a médicos que elaboren informes en función de sus intereses, para ocultar pruebas clínicas que cuestionen el relato de su inocencia, para pagar a prestigiosos bufetes de abogados que presenten una aguerrida defensa y, si es necesario, le den la vuelta al sentido común.

Otro elemento del muro fue el silencio o la falta de colaboración de los innumerables médicos, abogados o responsables políticos a los que acudieron las trabajadoras envenenadas. E igualmente, también formó parte del muro la propia comunidad local que sospechó de las denuncias de las trabajadoras por defender a las fábricas que daban empleo y prestigio.

¿Cómo rompieron la conspiración de silencio? Con la certeza de que la verdad y la justicia se abrirían paso. Hubo médicos (no muchos) que se implicaron y validaron la tesis del envenenamiento por radio. Hubo abogados (no muchos) que se implicaron y pusieron generosamente a disposición de las trabajadoras su conocimiento y oficio. Hubo asociaciones de apoyo. Hubo periodistas que hicieron magníficos reportajes que consiguieron poner a la opinión pública del lado de las trabajadoras.

Las Chicas del Radio (2018) revela, en definitiva, que las conspiraciones de silencio existen y se pueden romper.

Si para el ejercicio de la labor parlamentaria, como es mi caso, un diputado se ve llamado a estudiar las condiciones de trabajo y empleo en el que los camioneros desempeñan su labor, lo primero que detectará es la escasa atención que le han prestado políticos, periodistas o científicos sociales a este oficio. A pesar de ser “un eslabón de toda una cadena de producción industrial” –tal y como lo define con magisterio el escritor argentino Pedro Mairal en un estupendo reportaje “desde el camión”-, estos trabajadores desarrollan una ardua e imprescindible labor desde la invisibilidad. Los sociólogos Pablo López y Julio Fernández escribieron un artículo con el título “Camioneros: la pesada carga de la fabricación ligera” (en la revista Sociología del Trabajo, nº 78) en el que demuestran la “pesadez” de unas condiciones laborales desarrolladas paradójicamente al servicio de una producción cada vez más ligera, fluida y que, en tanto tal, cada vez más requiere de circulación de piezas, máquinas o cargas. La complejidad regulatoria de la relación salarial de un trabajo como el de los camioneros, que se despliega a través de todo el territorio de la Unión Europea, ha sido atendida recientemente por el valioso libro “Desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea: el caso del transporte por carretera” de Alberto Riesco, Mar Maira y Jorge García (Bomarzo, 2018). Y poco más ha encontrado este diputado autonómico interesado en afrontar la problemática laboral de los camioneros.

Camioneros: la pesada carga de la fabricación ligera“ Desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea: el caso del transporte por carretera”  

Vivimos en una Región (la de Murcia) con una de las mayores flotas de camiones de toda la Unión Europea. Aquí el camión es un eslabón imprescindible del sistema agroalimentario murciano. Ello se debe a que el desplazamiento a larga distancia de nuestras frutas y hortalizas en fresco requiere, para la conservación de sus propiedades alimentarias, de una larga cadena de frío: empieza prácticamente desde que se recolectan las frutas en el campo, se preenfría en el almacén, continúa en el largo recorrido del camión frigorífico hasta el supermercado y termina en nuestras neveras domésticas. Siendo así, ¿qué preocupación tienen nuestros responsables públicos por todo ese ejército de camiones que se despliega por las autovías y autopistas de toda la Unión europea? Detengamos una idea: para que un pepino de San Javier se venda en un supermercado de Berlín se tardan tres días y todo ese montón de horas transcurren a bordo de un camión. ¿Qué sabemos de esa formidable energía humana que requiere la conducción de un camión?

“Hoy duermes a las 21 h., mañana duermes a las 16,30 h. y pasado duermes a las 12,00 h. del medio día. Si hoy te acuestas a las 9 de la noche, mañana a las 16,30 h. no vas a tener sueño para dormir 9 horas y te tienes que levantar a las 1,30 de la madrugada para empezar a conducir otra vez”. Esto me lo cuenta un camionero que ha venido a entrevistarse conmigo para ver si podemos llevar al parlamento estas tremendas jornadas laborales. Otro ejemplo: “te levantas a trabajar a las 9 a. m., a las 12 te dice tu jefe que pongas el tacógrafo en descanso 9 horas, hasta las 9 de la noche; y empiezas a las 9 de la noche, 7 o 8 de la mañana conduciendo con dos descansos de 45 minutos. Si te levantas a las 9 de la mañana, no vas a poder dormir de 12 a 21 h, y esto te va a hacer a estar veinte tantas horas sin dormir”.

El salario del camionero es bueno, no se queja, pero las jornadas de trabajo son extenuantes, agotadoras, infernales… Y llenas de riesgo, pues me sigue contando: “la inspección de transportes dice que eso es legal, sea o no legal, esto lo único que trae es muertos, parapléjicos y cuando un camión se duerme circulando, puede aplastarte a ti o a alguien de tu familia. Normalmente los camioneros no mueren solos”. Llegados a este punto de la conversación pongo en el Google “accidentes de camiones en autovías Murcia” y, hagan la prueba, los resultados que salen en la pantalla son muy alarmantes. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo dicen que en España en el año 2017 (el último disponible) hubo 1683 accidentes de transporte por carretera “in itinere”, 1639 leves, 38 graves y 6 mortales. La siniestralidad en este sector de actividad se ha agravado desde 2012 (aquel año hubo 1347 accidentes in itinere). Y, ¡ojo! en estas estadísticas solamente aparecen los asalariados. El problema es que muchos camioneros son “autónomos”, por lo que un accidente no se cuantifica como “accidente de trabajo” sino como “accidente de tráfico”.

in itinere 

El pepino que va a Berlín como el pimiento que va al supermercado de Londres son transportados por un camionero que cuando duerme lo hace en el camión. Al respecto me dice: “acuérdate cuando en verano abres tu coche al sol, imagínate dormir ahí, sin aire acondicionado, antes te dejaban tener el motor arrancado para tener aire acondicionado, ahora no, gasta gasoil, sí vamos sin dormir”. El descanso en el camión, por tanto, es muy relativo. “Si se trata de un camión frigorífico, el frigo siempre tiene que estar encendido, por lo que tienes que tratar de dormir con mucho ruido, como si tuvieras un tractor al lado”. Además están los tiempos de carga o descarga o los tiempos de espera para embarcar.

En España apenas un 4% de las mercancías se transportan por ferrocarril. En su mayor parte lo hacen en camión. Las características “ligeras” de la producción hacen que la logística y la circulación de piezas, herramientas o productos sea una actividad estratégica. También somos una economía exportadora que requiere del transporte por carretera internacional. Todo esto depende de una energía humana, la de los camioneros, que apenas descansa, o lo hace a deshoras, o en malas condiciones. El problema de fondo es una jornada laboral hiperflexible: “no hay jornada laboral, un día empiezas a trabajar a las 11 de la mañana, otro día empiezas a las 4 de la tarde y otro día empiezas a las 3 de la madrugada”.

El testimonio del camionero es desgarrador e interpela a políticos, periodistas, inspección de trabajo, sindicalistas y a todos y todas nosotras: “Los seres humanos duermen cada 15 horas, si te levantas a las 7.00 a.m , las personas se acuestan más o menos, 15 horas después; a las 22.00, las 10 de la noche. Y mañana se acostarán a las 22.00, y pasado lo mismo, más o menos. Los camioneros somos humanos, no androides, el actual sistema de ir durmiendo cada 11 horas y 30 minutos, 10 horas conducidas, dos descansos de 45 minutos, y 9 horas de sueño, hace que hoy te acuestes a las 21.30, mañana a las 18.00 horas, y al otro a las 14.30 del medio día. Y dentro de las 24 horas conduzcas 10 horas antes de dormir y 3 horas más cuando te levantas. Debemos acostarnos todos los días a la misma hora. Una propuesta sería: conduces 4 horas, descanso de una hora; conduces otras 3 horas y descansas una hora; vuelves a conducir otras tres horas y vuelves a tener dos horas de descanso de libre disposición. Que quieres dormir 11 horas, pues te dejas las 2 horas de libre disposición para el final de la jornada. Que quieres estar con amigos en un restaurante, pues estás una hora de descanso, más una hora de libre disposición, y la otra hora de libre disposición cuando quieras. Así se hacen las 15 horas y se duerme todos los días a la misma hora. Un ejemplo: sales a cargar a las 18.00, te paras a las 4 de la madrugada; al día siguiente empiezas a las 13.00 horas y paras a las 4.00, y empiezas a las 13.00. Así todos los días. El sistema es amplio y se puede adaptar a las necesidades de la empresa, de lo que se trata es de dormir siempre a la misma hora, y este sistema, no perjudica en nada al empresario”.

Durante el año 2017 se produjeron en la Región de Murcia un total de 18.575 accidentes

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este derecho constitucional en la Región de Murcia se está viendo sistemáticamente incumplido

Otro 28 de abril celebraremos el Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral sin que la tendencia al crecimiento de los accidentes de trabajo que se abrió en 2012 se haya alterado. Es un síntoma más que evidencia que todo el esfuerzo pedido a los trabajadores y trabajadoras de este país para contribuir a la salida de la crisis no está siendo reconocido a la hora de devolverles todo lo perdido, que es mucho, en el campo de la prevención de los riesgos laborales.

Durante el año 2017 se produjeron en la Región de Murcia un total de 18.575 accidentes de los cuales 16.309 ocurrieron durante la jornada laboral y 2.266 fueron accidentes in itinere. Esto es un incremento del 7,8% respecto a 2016, mientras que los accidentes in itinere crecieron un 1,6%. Hablamos de más de 50 accidentes al día.

Por sectores de actividad, vemos que donde más golpea la precariedad es donde más aumentan los accidentes: en construcción, servicios y agricultura. Destaca el incremento experimentado por la construcción con respecto al resto, al aumentar un 17,9% los accidentes con baja en jornada de trabajo. La situación del trabajo en el campo murciano, con más de 4000 accidentes al año, no puede esperar un minuto más. Se debe atajar con rapidez. No nos podemos levantar con las noticias de una tragedia laboral cada dos días.

En cuanto a la incidencia de las enfermedades profesionales en la Región de Murcia en 2017, también hubo un incremento de partes de enfermedad del 34,7%. Este dato tiene una lectura positiva pues significa que ha crecido la visibilidad del problema de las enfermedades profesionales, una cuestión que sigue estando muy sub-representada e invisibilizada. Tiene también, evidentemente, una lectura negativa, pues estamos hablando de que crece el número de trabajadores o trabajadoras con alguna enfermedad vinculada a algún riesgo laboral. Ese incremento del 34,7% nos habla, en definitiva, de aquellos que han visto deteriorada su capacidad auditiva por el ruido laboral o los que sufren la epidemia de las enfermedades respiratorias vinculadas a ambientes laborales de riesgo: fibrosis pulmonar, placas pleurales, asma, silicosis, cánceres derivados de la inhalación de fibras de amianto, sílice, humos metálicos, soldadura,…etc.

Todos estos daños se podrían evitar si existiera una política de prevención digna de tal nombre. Ciertamente la precariedad (eventualidad, fraude laboral, externalizaciones o ETTs) constituye una atmósfera propicia para el accidente o la enfermedad profesional. A ello se añade que las Reformas Laborales de 2010 y 2012 han debilitado las protecciones colectivas de los trabajadores. Ahora bien también es cierto, y hay que decirlo muy claramente, que las empresas, con la connivencia de los poderes públicos, están liquidando la política preventiva. No se invierte en reducir o evitar con más o menos acierto los accidentes de trabajo y se minusvalora los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales presentes en el puesto de trabajo. Eso sí, se invierte mucho en tratar de evitar las indemnizaciones de daños a los enfermos o familiares de las víctimas del amianto, la silicosis, la siderosis… No solo las empresas incumplen la ley, los servicios médicos de las empresas también se dedican a ocultar el origen laboral de muchas enfermedades.

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este derecho constitucional en la Región de Murcia se está viendo sistemáticamente incumplido. Lo saben las víctimas del amianto cuando se encuentran con que Repsol se niega a entregar a las autoridades públicas el listado de trabajadores que estuvieron expuestos a amianto durante su vida laboral. Lo experimentamos ante nuestros ojos cuando vemos que el antaño “organismo autónomo” Instituto de Salud y Seguridad Laboral (ISSL) no solamente le ha sido negada su capacidad de autoridad en la prevención de riesgos laborales al dejar de ser autónomo, sino que además Presupuesto Regional tras Presupuesto se mata al organismo que debería velar por la prevención de riesgos laborales en la Región de Murcia. El ISSL ha visto mermado su capítulo de personal en los últimos años casi un 40%; sigue sin cubrir perfiles técnicos que requiere para hacer con eficacia su trabajo y su dotación presupuestaria sigue siendo raquítica y muy inferior a la que tenía en 2012. Desde febrero de 2017 el ISSL siquiera saca estadísticas sobre accidentes de trabajo. A nivel estatal sí, pero a escala regional no se ha publicado nada desde febrero de 2017. ¿Es este el interés del gobierno regional en la política de prevención de riesgos? ¿Cómo se va a hacer una política efectiva sin conocer los datos de la realidad de los accidentes de trabajo? No es serio, es bochornoso (y anti-constitucional).

La prevención del riesgo laboral como derecho constitucional se vio concretado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2012 este derecho parece en quiebra, pues cambió la tendencia histórica a la disminución del accidente de trabajo y desde entonces año tras año se producen nuevos incrementos de los accidentes. Los que sufren a diario entornos laborales que propician el accidente de trabajo o los que cada día arrastran la secuela de una enfermedad profesional (por amianto, por la sílice, por lesiones músculo-esquelético, etc.) padecen la violencia de la negación de este derecho constitucional. Si estamos saliendo de la crisis, nadie más debería lesionarse en el trabajo o adquirir una patología profesional por estar expuesto a un medio laboral de riesgo.

Seguimos bajo la dominación del gobierno de la deuda pública y la austeridad, desde que el Gobierno de Zapatero se plegara en 2010 con la decisión de tomar drásticas medidas de reducción del déficit público y la posterior reforma del artículo 135 de la Constitución, según el cual se establece la prioridad del pago de la deuda. Los posteriores gobiernos de Mariano Rajoy aunaron políticas de austeridad y corrupción generalizada, generando una pobreza y una desigualdad galopantes. Pero ni la intensa movilización ciudadana, que ha tenido lugar desde el 15M, ni los resultados electorales de las autonómicas y municipales de 2015 y las generales de 2016, han conseguido alterar ese dominio.

A pesar de todo, es indudable que en el ajetreado periodo electoral de 2015-2016, las fuerzas políticas del cambio, que cuestionan el dominio de la deuda y la austeridad, han avanzado posiciones, muy especialmente en los ayuntamientos, y concretamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Ferrol, Cádiz…

Toca defender ante todo las posiciones conquistadas. No le podemos pedir ni a Kichi, ni a Carmena, ni a Colau que levanten barricadas frente a la regresiva, infame, desdemocratizadora y reaccionaria Ley Montoro. Los ayuntamientos del cambio han demostrado que se puede gobernar de otra forma, pero obviamente existen limitaciones, las limitaciones que impone estar intervenidos por leyes y dispositivos propios del gobierno de la deuda y la austeridad.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena heredó una institución hiper endeudada por las irresponsables políticas de Gallardón y Ana Botella. Ambas alcaldías hicieron lo único que sabe hacer el PP: políticas propias del capitalismo de amigantes (amigos mangantes), las cuales generaron una deuda altísima derivada no de la inversión en políticas públicas, sino del despilfarro y la corrupción que desposeyeron de derechos y recursos a la ciudadanía madrileña. El equipo de Manuela Carmena tiene entre sus méritos de buen hacer haber conseguido revertir esa situación, demostrar que se pueden cuadrar las cuentas con la gente dentro y aumentar de forma significativa la inversión en políticas sociales, reduciendo la deuda y alentando la participación ciudadana.

El núcleo de la controversia ha estado motivado por la aceptación del Gobierno de Manuela Carmena del Plan Económico-Financiero y la destitución de su Concejal de Hacienda, que anunció que se abstendría en la votación. Para la izquierda crítica con la decisión de Carmena, lo que una fuerza institucional del cambio debería haber hecho es resistirse a la imposición de Montoro e incluso desobedecer. La cuestión es ¿puede realmente hacer eso un ayuntamiento sin poner en peligro la propia existencia política del gobierno del cambio, sin correr el riesgo de dinamitar las conquistas sociales obtenidas o sin que al final la ciudadanía termine pagando las consecuencias de una desobediencia institucional muy difícil de mantener?

Ahora que rememoramos el centenario de la Revolución de Octubre (1917-2017), quisiera traer al presente una controversia de política económica que entonces se dio y de la que tal vez podamos extraer algún aprendizaje. Tras la toma del Palacio de Invierno los bolcheviques tenían que gobernar y demostrar que el socialismo como política económica era factible para salir del capitalismo. Lenin y los suyos quisieron ir primeramente muy rápidos y tratar de demostrar que era posible el comunismo desde el momento de la toma del poder y además en un único país. El nuevo Estado revolucionario desde 1918 procedió a una estatalización total de la economía, de los medios de producción, de la banca y del comercio.

Muy pronto descubrieron que a pesar de esta estatalización de los medios de producción se seguía operando bajo las relaciones sociales de producción capitalista y por todas partes emergió la lógica del valor de cambio, pues la nueva economía soviética seguía necesitando intercambiar bienes en los mercados internacionales y la ciudadanía tendría que terminar acudiendo al “mercado negro” para conseguir los bienes que la economía estatalizada no proveía. Todo esto terminó generando un empobrecimiento generalizado y un desastre económico mayúsculo. Lenin en 1921 hizo autocrítica: “habíamos creado un sistema económico de producción y distribución diferente al anterior, pero no nos habíamos preguntado sobre los vínculos de nuestra economía con el mercado y el comercio”.

Lenin dio un giro en 1922: del “comunismo de guerra” a la Nueva Política Económica. En el fondo, se trataba de administrar los tiempos de otra forma, de una forma más cauta y posibilista. Los bolcheviques se aplicaron a restituir la economía y las relaciones económicas, reconocieron que debe haber categorías salariales diferenciadas para trabajadores no especializados y especializados, y, en fin, un largo etcétera de medidas realistas en política económica para restablecer las formas regulares de la economía de mercado y de la economía capitalista.

Frente a las contundentes críticas de las corrientes ultraizquierdistas, que acusaron a los bolcheviques de hacer concesiones a los capitalistas, Lenin acuñó una determinación fundamental: lo importante es mantener el poder, pues el poder nos garantiza disponer de la administración de los tiempos. El bien más preciado de un gobierno del cambio, nos ha recordado recientemente Alvaro Linera, es el tiempo. El tiempo es fundamental para desarrollar las políticas del cambio y, lo que es más importante, para socializar esas políticas, para que la población las haga suyas, se implique en las mismas y se desarrolle con ellas.

Lo que un gobierno del cambio requiere es “tiempo, tiempo y más tiempo”. Tiempo para consiguir desplegar estrategias institucionales a mayor escala para desmontar el gobierno de la deuda y la austeridad (Podemos ya ha presentado en el Congreso una iniciativa para derogar la Ley Montoro). Tiempo para convertir el poder cultural, la hegemonía política y la capacidad de movilización social, que le llevaron al gobierno, en formas organizativas de participación popular. El deber de Manuela Carmena es que las fuerzas del cambio consoliden la posición conquistada. No me parece que esta enseñanza leninista sea baladí.

*Andrés Pedreño, es Secretario de Análisis Político de Podemos Región de Murcia

La Región de Murcia es, entre los años 2000-2015, la séptima provincia de España con mayor número de muerte por mesoteliomas -un cáncer específico vinculado al amianto-. Un total de 169. Entre estos casos, están también el de 44 mujeres amas de casa que murieron expuestas por lavar la ropa de sus maridos. Tres de cada cuatro mesoteliomas de la Región se producen en Cartagena. Se estima que otras 338 han muerto por otras patologías asociadas al amianto como cánceres broncopulmonares, asbestosis, laringe, esófago, etc. Un total de 507 casos, de los cuales solamente diez han conseguido reconocimiento en los Tribunales de fallecimiento por enfermedad profesional. Por lo tanto, 497 personas fallecidas por el asbesto han sido enterradas sin derechos y sin justicia. Como Juan Vera Benito.

Según el médico anatomopatólogo, Doctor Jose Miguel Sanz Anquela, del hospital de Alcalá de Heneres, las autopsias clínicas para detectar la causa de fallecimiento por exposición al amianto deben practicarse en función de tres criterios: 1º) el más importante: por la historia laboral que constate exposición al amianto; 2º) por la existencia de marcadores de exposición, esto es, la propia patología y 3º) encontrar fibras de amianto.

Juan Vera Benito cumplía con los dos primeros criterios. Una historia laboral de exposición al amianto. Y una patología de placas pleurales calcificadas que es un marcador de exposición al amianto . Según el citado Doctor Jose Miguel Sanz Anquela “las manifestaciones pleurales son las asociadas con más frecuencia con la exposición al amianto y las placas pleurales así como el engrosamiento pleural difuso, se detectan hasta en el 50% de los casos de asbestosis. Aproximadamente en el 60% de los trabajadores expuestos al amianto se detectan placas pleurales con la tomografía de baja radiación”.

Sin embargo, en el Hospital Santalucía nadie le practicó a Juan Vera Benito una autopsia clínica, por lo que no se determinó que su cáncer tenía un origen laboral. Aún teniendo criterios suficientes para que esta posibilidad existiera. La familia desconocía que el cáncer de Juan Vera podía tener relación con el amianto, por lo que tampoco la pidió. Con la autopsia, de haberse practicado, podrían haberle encontrado fibras de asbesto. Pero no fue así. Murió sin reconocimiento de una enfermedad contraída durante su vida laboral.

Este caso es prototípico de algo que suele denunciar la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto (APENA). Y es que muchos trabajadores y sus familias desconocen qué es el amianto, ni siquiera saben que han estado expuestos, por tanto, dada esa carencia de información, no pedirán esa prueba de la autopsia clínica, y a los que lo conozcan, les obligará a una torturante y humillante odisea por los juzgados para solicitar necropsias que en el resto de España, las piden y son realizadas, con permiso de la familia en el mismo hospital por su Servicio de Anatomía Patológica.

¿Por qué en los hospitales de la Región y concretamente en el Santalucía de Cartagena, los médicos del Servició de Anatomía Patológica no practican de oficio la autopsia clínica a trabajadores fallecidos que como Juan Vera Benito cumplen con los criterios de exposición al amianto? Esta es una reivindicación de los Afectados por el Amianto muy importante.

El pasado 27 de octubre, el BORM publicó el convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Ministerio de Justicia en materia de investigación sobre estudio histopatológico de pulmón (Asbestosis). En este Convenio se dice que “el consenso tanto del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario ”Santa Lucía“, como de la Dirección Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, se ha contactado con el Instituto Anatómico Forense de Cartagena, en concreto con la Subdirección del citado organismo, acordando que las autopsias y la toma de las muestras para cuantificación de las fibras de asbesto las asuman los forenses, y el envío de las muestras al Hospital de referencia ”Vall d' Hebrón“ de Barcelona, se realice por cuenta del Servicio Murciano de Salud. En tal caso, los patólogos de Cartagena, se encargarían de recibir y enviar las muestras a Barcelona, quedando a cargo del propio organismo asistencial el pago de los estudios”.

Este Convenio es un absoluto error y está siendo muy criticado por los Afectados por el Amianto. ¡Los médicos forenses son competentes para las muertes violentas pero no para las muertes por enfermedades profesional!

Dos consideraciones al respecto:

La primera, el Convenio contraviene las recomendaciones de la SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica), sociedad a la que pertenece el citado doctor Jose Miguel Sanz Anquela, la cual en su Libro Blanco, editado en 2015, distingue dos tipos de autopsia: la Clínica y la Médico-Legal. Dicha Sociedad Científica afirma con rotundidad que el accidente de trabajo, como muerte violenta, está bajo el ámbito de la medicina forense. En cambio, el fallecimiento por enfermedad profesional, como es el caso de los fallecidos por asbesto o amianto, está incluido dentro del ámbito de la Anatomía Patológica. Además, este Convenio contraviene las indicaciones del Real Decreto Real Decreto 220/1982 de l8 de junio sobre Autopsias Clínicas.

La segunda, las autopsias clínicas son practicadas de oficio por el Servicio de Neumopatalogía en cuanto existen evidencias de exposición al amianto del fallecido según los criterios que ya he expuesto. Por el contrario, las autopsias forenses se practican cuando así lo solicita la familia. Esto significa presuponer que la familia conoce que el cáncer que ha provocado el fallecimiento de su allegado está vinculado al amianto. Y esto es mucho presuponer, como lo demuestra el caso descrito de Juan Vera Benito.

El Convenio firmado va a continuar invisibilizando la tragedia de las muertes por amianto, quienes serán enterrados sin reconocimiento de su enfermedad profesional.

"Los candidatos y candidatas tienen que demostrar que dominan el arte de la política"

"El PP regional es un adversario muy difícil de tambalear y sin embargo en estos dos años de legislatura se ha tambaleado en más de una ocasión"

Empieza la II Asamblea Autonómica de Podemos Región de Murcia. De la misma surgirá el equipo político que desde un nuevo Consejo Ciudadano Autonómico transitará los dos años que quedan hasta las elecciones autonómicas de 2019. Dos años más para terminar de madurar el proyecto político que Podemos quiere para esta Región.

Es el momento, por tanto, de la evaluación del trabajo realizado por Podemos Región de Murcia desde su primera Asamblea hace dos años. La autocrítica en un proyecto político de transformación es siempre el oxígeno con el que seguir avanzando. Cada una de las candidaturas que se presentan a las Primarias internas de esta II Asamblea tenemos la responsabilidad de estar a la altura de lo que la ciudadanía nos exige, esto es, tener un debate político sólido y riguroso en este proceso asambleario. Los candidatos y candidatas tienen que demostrar que dominan el arte de la política, que han aprendido a dominar todas las esferas de trabajo y de actividad política, sin ninguna excepción, y que tienen, por tanto, la capacidad de vencer todas las dificultades y todas las costumbres, tradiciones, hábitos y malas artes de “la vieja política” del régimen bipartidista.

La mayoría de los que hemos tenido responsabilidad orgánica en estos dos años de Consejo Ciudadano Autonómico, y además ejercemos como parlamentarios en la Asamblea Regional, no teníamos experiencia alguna en la política de partido y mucho menos en la política de representación. Cada uno tenía su trayectoria en movimientos sociales, sindicatos, 15M, ecologismo, feminismo o en proyectos empresariales novedosos.

Pero el arte de la política para ganar el poder de una Región exigía, y sigue exigiendo de todos nosotros y nosotras, la necesidad de construir una organización de partido y un liderazgo; exigía y sigue exigiendo de todas nosotras y nosotros un trabajo prolongado, tenaz, múltiple y variado para construir los conocimientos, la experiencia y la sagacidad política para afrontar las cuestiones complejas que exige enfrentarse a más de 22 años de un Partido Popular rocoso y hegemónico como es el de la Región Murciana.

Óscar Urralburu, como Secretario General de Podemos Región de Murcia, nos ha exigido esto a todos y todas las que hemos conformado su equipo en estos dos años, y vuelve a presentar su candidatura a esa II Asamblea Autonómica sobre el convencimiento de que hasta 2019 debe continuar la acumulación de capital político que hemos conseguido estos dos años de tarea ardua.

El PP regional es un adversario muy difícil de tambalear y sin embargo en estos dos años de legislatura se ha tambaleado en más de una ocasión. Hay compañeros que tienden a minusvalorar el trabajo político parlamentario. Por mi parte confesaré que ha sido la trinchera política más compleja y difícil de todas en las que he estado a lo largo de mi vida. Las semanas previas a la dimisión de Pedro Antonio Sánchez,  y el posterior debate de investidura del sucesor López Miras, fueron durísimas y de una alta intensidad política.

En algún momento parlamentario vimos cómo Óscar Urralburu hizo temblar a toda la sala con un imperativo: “Tenemos que sacar de las instituciones murcianas al gobierno de la mafia”. Hay momentos que la política exige saltos, rupturas, discontinuidades. Y Óscar lo hizo. Aquel día no hubo ningún actor de la sociedad civil murciana, simpatizante o adversario, que no mostrara admiración y máximo respeto al “salto” dialéctico del portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos.

Por mi parte aquel día comprendí que disponíamos de una consigna que sintetiza las aspiraciones de un pueblo -echar al gobierno de la mafia-, una consigna que no solamente describe la realidad sino que además tiene capacidad performativa de intervenir sobre la misma y, en definitiva, que Podemos tiene para esta Región un proyecto político y un liderazgo.

Los y las que nos presentamos en la Candidatura de Oscar Urralburu (Más Podemos, Más Región) tenemos que demostrar ante la II Asamblea Autonómica de Podemos Región de Murcia que disponemos de una propuesta de maduración política para materializar el salto, para echar al gobierno de la mafia.

Esta Región requiere de una propuesta política con iniciativas para ventilar las instituciones y erradicar la corrupción, con iniciativas para salvar el Mar Menor y evitar la degradación de los suelos, con iniciativas para dignificar las condiciones de vida de la gente, sus trabajos, salarios y derechos. Este es el debate que nos debemos exigir como candidatura, y este es el debate que le debemos exigir al resto de candidaturas. Se debaten ideas, se debaten proyectos políticos. De esta Asamblea debe salir un proyecto y un liderazgo maduro.

Si por el contrario todo se reduce a poner `líneas rojas´ a personas, entonces no saldremos de la enfermedad infantil del izquierdismo. Esta Asamblea debe mostrar que la fraternidad es la condición óptima para construir la Región habitable y justa que nos merecemos.

 *Andrés Pedreño es secretario político de Podemos Región de Murcia 

La prevención de riesgos laborales es otro de los derechos de ciudadanía afectados por las políticas de recortes. Tanto las instituciones como las empresas han dilapidado la cultura preventiva. Las empresas se escudan en el problema del absentismo para convertir al trabajador en “un sospechoso” cuando pide una baja por accidente o por enfermedad. De tal forma que las Mutuas -que gestionan casi todas las contingencias profesionales, pero que son asociaciones de empresarios cuyos intereses son los propios de sus asociados- se inclinan por rebajar la calificación de los accidentes de trabajo. De hecho, aunque estadísticamente se incrementa la accidentalidad, sin embargo, las Mutuas notifican más accidentes sin baja que con baja. Las Mutuas están actuando también activamente para invisibilizar las enfermedades profesionales, de tal forma que no se reconozcan como tales y pasen por contingencias comunes. El objetivo es disuadir a los trabajadores de ausentarse del trabajo por razones médicas. El sueño empresarial de un trabajador que cumpla con su deber pese a estar enfermo es el que parece estar detrás de la (inaceptable) propuesta de la Patronal en el actual diálogo social de que sean los médicos de las mutuas quienes puedan dar las altas y bajas a los trabajadores en caso de accidente o enfermedad común.

Todo esto es lo que está detrás del crecimiento de los accidentes de trabajo y de otro problema del que se habla mucho menos: el escaso reconocimiento de las enfermedades profesionales. El trabajo produce numerosas enfermedades que sin embargo pasan desapercibidas como contingencias comunes -de nuevo, las Mutuas cumplen un activo papel en esto- Y sobre todo quedan sumergidas como problema público, pues no todo el daño en el trabajo se reduce al accidente. Tiene razón la OIT cuando afirma que las enfermedades profesionales provocan más sufrimiento, más muertes y más pérdidas de horas de trabajo que los propios accidentes. Por ejemplo, el cáncer ocupacional está absolutamente infrareconocido siendo una de las formas de mortalidad laboral más habitual (según la Comisión Europea está detrás del 53% de las muertes laborales). Y no digamos ya las enfermedades de carácter psicosocial o las que degeneran músculos del cuerpo.

En el 2016 se ha producido un tímido aumento de las enfermedades profesionales respecto a 2015, en un 7,6% hasta las 20.730, la mitad de ellas sin baja. Hay que aplaudir este incremento pues ello implica reconocimiento, pero tampoco hay que entusiasmarse con el dato pues mientras tanto el 70% de estas enfermedades quedan ocultas como comunes. En esas cifras no están las mujeres camareras de piso con las que tuve ocasión de hablar recientemente, todas ellas empleadas mucho tiempo en un prestigioso hotel murciano, todas ellas con dolencias crónicas musculares y todas ellas sin ningún reconocimiento de enfermedad profesional. Tampoco están los trabajadores de una empresa cárnica murciana que impuso el sistema de primas por rendimiento hace 35 años e impulsó a sus trabajadores a tremendos sobresfuerzos físicos para conseguir elevar sus bajos salarios, con el resultado de una generalización de lesiones y minusvalías que raramente alcanzan el estatuto de enfermedad profesional.

Como también están invisibilizados los miles de trabajadores que en esta Región están muriendo de cánceres pulmonares específicos como el mesotelioma por haber estado expuestos en algún momento de su vida laboral al material del amianto. Mueren en silencio y sin reconocimiento de sus derechos. La propia Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desconoce el número de trabajadores víctimas del amianto. Y los pocos que consiguen su reconocimiento de enfermedad profesional son gracias a la heroica labor de la asociación APENA, que reúne a los afectados y familiares

Es la sociedad quien tiene que asumir la salud laboral y la prevención de riesgos laborales como un problema colectivo. El colectivo médico tiene que implicarse más en la certificación de las enfermedades profesionales. Pues de lo contrario sus víctimas pierden derechos y prestaciones económicas. Pero perdemos todos pues al final es la Seguridad Social quien asume los gastos cuando deberían ser las Mutuas quienes pagaran. Y sobre todo, pierde el derecho a la prevención que es un derecho de ciudadanía.

*Andrés Pedreño Cánovas es diputado regional de Podemos

Esto es lo que hay, se dijo, una democracia modelada bajo el principio neoliberal de la competencia y el individualismo. Fue una derrota política y de ello fuimos siendo conscientes conforme la estepa neoliberal se extendía y el único calor lo ofrecía la ficción de una economía inmobiliario-financiera que terminó siendo una burbuja que en su estallido, se llevó por delante todas las ficciones sociales del enriquecimiento rápido, la sociedad de propietarios y similares. Nos diría Rajoy que en el neoliberalismo, como en los casinos, igual que se gana también uno puede arruinarse.

Quizás, sobre ese trasfondo que la memoria preserva, podamos valorar en toda su consistencia el ciclo de movilizaciones que se abre con el 15M, ese momento en el que se empezó a escribir una nueva constitución política y social (por ello, ahora decimos que fue un momento instituyente) ante la certeza de que las élites económicas y el corrompido bipartidismo habían traicionado los consensos sociales básicos. Esa traición había empezado mucho antes, quizás en algún momento entre 1986-1988 (la nueva España de la beautiful people) o hacia mediados de los 90 cuando el gobierno de Aznar facilitó a los financieros sin escrúpulos el que hicieran con el país lo que quisieran. Por ello, el 15M fue un momento de celebración comunitaria y democrática, pues señalaba la posibilidad de salir del horror vacui construido políticamente por los sucesivos y cada vez más horrorosos gobiernos del PP (sin quitarle responsabilidad a aquella decisión también horrorosa del Gobierno de Zapatero que nos introdujo en las políticas de austeridad y ajuste).

Quizás si comprendiésemos en toda su complejidad la nueva constitución social y política que se escribió durante el ciclo de movilizaciones post-15M, entenderíamos mejor el significado del momento institucional que se abrió a posteriori con la creación de un partido político como Podemos, resultado de una decisión difusa pero adoptada colectivamente de que no les podíamos seguir dejando la arena institucional a los que nos habían metido en esta economía del robo, la corrupción y la desposesión de los bienes comunes.

La gente de Podemos que dimos el paso de entrar en las instituciones lo hicimos con la plena consciencia de que éramos portadores de un legado instituyente (de una constitución forjada en las calles) y que nuestra responsabilidad en las instituciones (los ayuntamientos y parlamentos) era dejarnos la piel para mostrar y demostrar que era posible una labor concienzuda y laboriosa de ir recuperando para la gente común esas instituciones usurpadas por la casta. Pero para esto, como bien sabemos los que ahora somos diputados y diputadas, el trabajo institucional debe consistir en mostrar y demostrar que es posible que la gente normal haga política. Mostrar y demostrar que con un trabajo arduo pero paciente podemos ejercer de control del gobierno, desarrollar leyes a favor de la gente, movilizar profesionales y energías intelectuales, ampliar las oportunidades de acción de los movimientos sociales en las instituciones, hacer de nuestras Mociones auténticas labores de investigación, de articulación de demandas (de bloques sociales) y de visibilización de problemáticas (¿acaso nuestra insistencia en llevar al parlamento el problema de los accidentes de trabajo no contribuye a su politización frente a aquellos que pretende su sistemática despolitización?).

El Parlamento (en realidad, los parlamentos) es el escenario institucional en el que nos ha puesto la gente con su voto, es allí donde nos quiere ver, para observar qué hacemos y cómo lo hacemos y poder evaluar nuestras capacidades. Es posible que la sociedad haya querido poner a Podemos en los parlamentos tomándose muy en serio al viejo Max Weber que concebía a parlamento como un “lugar de entrenamiento” político.

Quizás sea en una región meridional como Murcia, en la que más de dos décadas de Partido Popular y corrupción política han conseguido edificar una cultura de la impunidad justificatoria de todo tipo de vilezas inmorales, desde donde podamos ser más conscientes del valor de nuestra entrada en las instituciones municipales y parlamentaria. Y por ello mismo quizás esa sea la razón por la que se nos ha visto como un Podemos “posibilista”.

Ciertamente no entendemos ni compartimos el sorprendente giro antiparlamentario que repentinamente han adoptado algunos dirigentes de Podemos. No entendemos la incomprensión que se está manifestando ante el mandado institucional que emergió desde las calles de este país para que nosotros y nosotras, -diputados, diputadas, concejales y concejalas- empezáramos a batallar en lo institucional esa constitución social y política que escribimos en el ciclo de movilización social.

Quizás desde la Región de Murcia nos toque llevar a Vistalegre 2 algunos de nuestros aprendizajes políticos tras dos años de irrupción institucional (de construcción de partido y de presencia parlamentaria y municipal). Que para ganar España hay que batallar en el territorio y comprender el problema del agua, de la cadena agroalimentaria, de la financiación autonómica o del Servicio Murciano de Salud. Que para abrir brechas en el pétreo bloque de poder construido por el PP, hay que reivindicar el Parlamento y convertirlo en un Parlamento de verdad, al servicio del común.

Es urgente construir un municipalismo ciudadano que priorice la subsistencia y la calidad de la vida cotidiana ciudadana por encima de cualquier lógica del beneficio privado

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar uno de esos pequeños acontecimientos que suceden en la vida pública, del cual ni sus propios actuantes tienen (tenemos) conciencia de la innovación política que implica. Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, ante 300 personas, en una asamblea del Círculo Podemos de Murcia, en plena calle (en la plaza de los Patos del Barrio de Vistabella), toma la palabra y cuenta a la ciudadanía lo que ha estado haciendo en el Parlamento Europeo desde que tomó acta de diputada tras las elecciones del pasado 25 de mayo. Contó y se sometió a las preguntas que le plantearon los ciudadanos que hasta allí se acercaron. He aquí un acto de democracia absoluta, señal inequívoca del nuevo signo de los tiempos.

Retengo de su “rendición de cuentas” la labor que está haciendo en la Comisión de Comercio para tratar de recabar información sobre los tratados de libre comercio que la Unión Europea está negociando de forma poco transparente (esto es, de espaldas a los ciudadanos) con EEUU (TTIP por sus siglas en inglés) y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). Lo que contó es tremendo y tremendamente importante.

Los inversores globales tienen un grave problema de dinero. No saben qué hacer con tanto dinero como han acumulado explotando a los pueblos del mundo. Su lógica es obtener dinero para conseguir más dinero. Para ello necesitan lugares y sectores rentables donde invertir ese dinero. David Harvey: “para recuperar una tasa de crecimiento del 3% habrá que encontrar nuevas oportunidades rentables de inversión global para 1,6 billones de dólares en 2010, cifra que aumentará hasta acercarse a los tres billones en 2030” (El Enigma del Capital, 2012). Uno de esos espacios donde agrandar el valor del dinero son los servicios públicos. Pero para ello tales servicios tienen que dejar de estar protegidos por el derecho público. Para convertirlos en maquinaria de hacer dinero tienen que dejar de ser servicios cuya prioridad sea la de satisfacer necesidades colectivas.

Desde hace décadas, los ayuntamientos han seguido esa lógica: privatizar servicios y/o externalizarlos para que empresas privadas se los apropien o los gestionen privadamente. Es urgente revertir este proceso y construir un municipalismo que frente a los inversores globales plantee una práctica política que priorice la subsistencia y la calidad de la vida cotidiana ciudadana por encima de cualquier lógica del beneficio privado y que extirpe el mal de la corrupción política de los ayuntamientos. La revolución ciudadana ha de apostar por tomar los ayuntamientos para recuperar para la colectividad cada uno de los servicios públicos privatizados en esta larga noche del neoliberalismo corrupto en versión hispana (este capitalismo de amigos y mangantes).

Desde hace unos años, se ha desarrollado un interesantísimo movimiento ciudadano por la remunicipalización de los servicios de aguas. Pues en muchos ayuntamientos se trata de un servicio privatizado o bajo control privado de alguna de las tres o cuatro corporaciones trasnacionales que controlan el agua a nivel global.

Con la crisis, han sido muchas las familias afectadas por la práctica de las empresas municipales de aguas de amenazarlas con cortarles el suministro de agua potable porque habían acumulado dos impagos. Estos impagos se deben al hecho de que la crisis les ha quitado el trabajo, les ha despojado de las ayudas públicas, les ha empujado a la pobreza. Ante esta situación, el movimiento ciudadano ha dicho: 1) el agua no es una mercancía, en un mínimo antropológico necesario para la vida digna; 2) los servicios municipales de agua no deben estar en manos privadas y tenemos que recuperarlos como bienes públicos; y 3) las tarifas del agua deben regirse como tasas y no como precios privados, pues de lo contrario las empresas privadas harán del agua un negocio subiéndonos todos los años la factura del agua con razones arbitrarias relativas a su estructura de costes.

Las multinacionales del agua en este país se han adelantado a lo que Lola Sánchez explicó que va a suceder con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y EEUU. Han aprovechado la situación de ruina y deuda de muchos ayuntamientos para presionar a los alcaldes para que privaticen los servicios municipales de agua y para obtener ventajosos contratos de gestión a cambio de adelantar una abultada cantidad de dinero por periodos de tiempo largos a 20 o 25 años –el denominado “canón concesional”-, dinero adelantado que las empresas recuperan incrementando las tarifas del agua a los ciudadanos.

El municipalismo o la recuperación ciudadana de los ayuntamientos ha de reapropiarse para el municipio de cada uno de los servicios privatizados o externalizados en todos estos años. Pero no es suficiente. Los servicios municipales deben ser bienes públicos y también bienes comunes. Y en cuanto bienes comunes que satisfacen necesidades colectivas deben estar bajo control ciudadano. Si se los dejamos en exclusiva a los profesionales de la política, al final habrá corrupción. Por ello necesitamos mecanismos de participación ciudadana, controles ciudadanos. El municipalismo al que aspiramos es una revolución política que pone los ayuntamientos al servicio de los ciudadanos y bajo su control y participación.