Las próximas elecciones generales supondrán un antes y un después para nuestra democracia en uno de los momentos más complicados de la reciente historia europea de la que somos parte.

El actual Gobierno de coalición ha tenido que hacer frente a las peores circunstancias de los últimos cincuenta años. Ha cometido errores, sin lugar a dudas, pero ha ido salvando las situaciones con una seguridad y un éxito que ni el más optimista de sus partidarios se hubiera atrevido a vaticinar.

La derecha auguraba la quiebra de España, que el paro iba a superar el 35% y que nos repudiaría Europa. Cuando la legislatura está por acabar, y a pesar de las crisis sucesivas que hemos padecido, el empleo está por encima del que había al empezar, hay menos tasa de paro, hemos logrado que los precios suban menos que en otros países de nuestro entorno, y las estimaciones de las oficinas de estadística europeas estiman que España liderará el crecimiento en la eurozona durante 2023.

La derecha no ha parado de decir que España se va a desmembrar con este Gobierno, pero hay que ser de otro planeta para considerar que la situación en Cataluña, por ejemplo, es ahora peor que cuando gobernaba Rajoy. Afirman la derecha y sus portavoces en los medios que la izquierda quiere controlar las instituciones, pero lo cierto es que quien ha dado un auténtico golpe de Estado judicial incumpliendo la Constitución es el Partido Popular. Por no hablar de lo que cada día se va descubriendo sobre el espionaje o la persecución infame que la derecha ha llevado a cabo contra personalidades de izquierdas.

La derecha no ha parado de decir que España se va a desmembrar con este Gobierno, pero hay que ser de otro planeta para considerar que la situación en Cataluña, por ejemplo, es ahora peor que cuando gobernaba Rajoy

El Gobierno de coalición no ha dejado de tomar medidas de protección social a lo largo de la legislatura, mientras que los autonómicos en manos del PP y Vox no dejan de privatizar servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Y es también una evidencia que nuestro papel en Europa tiene una influencia y relevancia mayor que nunca.

A pesar de ello, los ataques y el acoso mediático contra este Gobierno, la mayoría de las veces a base de puras mentiras, son constantes; aunque tengamos que reconocer que a eso contribuya, en no pocas ocasiones, la constante exposición de sus disensiones internas o el afán de legislar en ámbitos muy problemáticos sin suficiente complicidad social y con muy escasa comunicación y pedagogía.

Una posible victoria de la derecha en las próximas elecciones supondría una involución de consecuencias incluso difíciles de imaginar, a la vista de cómo se está comportando en otros países, aquí donde gobierna, o del tipo de armas antidemocráticas que utiliza para combatir a quienes no considera “españoles de bien” sino enemigos de España, simplemente porque defendemos intereses ajenos a los grandes poderes económicos y financieros que la financian y protegen.

Incluso las encuestas más contrarias a las izquierdas muestran que de ningún modo está escrito que el triunfo electoral de la derecha esté asegurado, aunque tampoco que el bloque progresista vaya a poder mantenerse simplemente por inercia.

Por eso queremos hacer una llamada a la responsabilidad a la ciudadanía -y muy en particular a la andaluza- que desea y necesita que los servicios públicos funcionen cada vez mejor y no que se desmantelen; a quien no podría vivir su vejez sin pensiones públicas; a quienes no tienen otra forma de defender sus intereses que las instituciones democráticas; a quienes desean ser libres por encima de todo; a quienes creen que la unidad de España se debe basar en el acuerdo y la convivencia y el respeto a la diversidad y no en la imposición de quienes creen que sólo ellos son España y la representan.

Llamamos a todas esas personas a movilizarse desde este momento para hacer posible un nuevo Gobierno progresista que defienda todo eso

Llamamos a todas esas personas a movilizarse desde este momento para hacer posible un nuevo Gobierno progresista que defienda todo eso.

Y llamamos también a quienes dirigen los partidos de izquierda para recordarle algo elemental: sólo con una sincera unidad y con la cooperación de todas las fuerzas es posible garantizar el bienestar, la democracia y la libertad en nuestro país. Y más concretamente, si a la izquierda del partido socialista hay una candidatura ilusionante y atractiva, no el fruto de componendas desde arriba para repartirse lo poco, cuando no la nada, sino de la gente que se da la mano para avanzar juntas y juntos, anteponiendo siempre lo que une y dejando lo que separa.

Vivimos, no solo en Andalucía, sino en España, en Europa y en todo el mundo, momentos rodeados de grandes amenazas, de guerra, crisis económicas y sufrimiento de millones de personas, muchas de ellas muy cerca, al lado nuestro.

No cometamos la irresponsabilidad de olvidarnos de que evitar ese dolor es la tarea prioritaria de quien habla de transformar el mundo y que la única forma en que podemos evitarlo es con la unidad, con extrema generosidad y yendo de la mano del pueblo.

La reciente presentación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de RTVE nos lleva a reflexionar sobre las condiciones que, a nuestro juicio, pueden garantizar que los propósitos que se persiguen con estos planes sean algo más que buenas intenciones sobre el papel.

La discriminación de género en el sector del audiovisual está tan presente, desde cualquier punto de vista que se contemple, que no merece la pena que insistamos en mostrarla y en la necesidad de combatirla. Basta saber que la presencia de los hombres en los ámbitos de mayor relevancia o proyección suele ser el doble o incluso en algunos casos el triple que el de las mujeres.

El propósito de estas líneas es simplemente ofrecer algunas consideraciones que nos parecen fundamentales para que se pueda reducir lo más pronto posible la discriminación en el audiovisual y conseguir que sus empresas, en lugar de seguir reforzando prejuicios y sesgos de género, ayuden a eliminarlos.

En primer lugar, creemos que es fundamental plantear que estos planes deben afectar a la empresa audiovisual a la que se apliquen considerada como un todo. 

Una empresa, cualquiera de ellas y sea cual sea el sector en el que produce bienes o servicios, no es ni puede entenderse como una suma de cajones estancos. Constituye un sistema integrado y complejo cuyo buen funcionamiento depende de la perfecta integración e interdependencia de todos sus subsistemas: personal, comercial, financiero, productivo, comunicativo, etc.

Eso quiere decir que el plan de igualdad que se le aplique debe estar concebido para impregnar al sistema en su conjunto y no solo a una parte de él. No se trata de que se garantice que los recursos humanos de la empresa, la política salarial o de organización funcional, estén gobernados bajo los principios de la igualdad y no discriminación sino que estos deben estar presentes en la empresa como un todo.

Quizá en una dedicada a fabricar ladrillos esto último que acabamos de señalar pueda no ser demasiado relevante. En el caso de las dedicadas a la producción audiovisual resulta, sin embargo, una cuestión esencial.

En estas empresas, el plan de igualdad debe proyectarse y ser efectivo no solo “hacia dentro”, en su interior, sino que también y de modo muy especial debe afectar al producto que la empresa coloca en el mercado.

No tiene ningún sentido que se ponga en marcha un plan de igualdad dentro de la empresa audiovisual si esta sigue generando un producto sexista, que alienta o hace el juego a la violencia de género, fomenta la desigualdad en la sociedad, o una atribución de roles machista o patriarcal. Y quienes conocemos el funcionamiento empresarial de la producción audiovisual sabemos perfectamente que, para conseguir que eso no suceda, no basta con poner en marcha planes formales de igualdad sino que se deben establecer las condiciones materiales que garanticen que los valores de la igualdad y no discriminación impregnen la construcción del relato audiovisual.

Para lograrlo, es fundamental que los planes de igualdad en la empresa audiovisual se planteen y ejecuten como instrumentos para hacer frente, al menos, a cuatro grandes obstáculos que nuestra experiencia nos dice que son la causa más habitual de la discriminación y los sesgos de género que abundan en el sector.

El primero, la inmediatez en la producción de información que lleva a difundirla sin contexto ni profundización, muy superficialmente y con gran improvisación y déficit reflexivo.

El segundo lugar, la falta de especialización que impide que el relato se construya con rigor.

El tercero, el sometimiento al interés puramente comercial que mercantiliza la audiencia en lugar de considerarla como el otro polo, activo y consciente, del proceso de comunicación.

El cuarto, como consecuencia de esto último, es la tendencia a generar bucles, productos pura y artificialmente recursivos que producen una degeneración continuada del producto audiovisual, de la información o incluso del material de entretenimiento.

Estas son, a nuestro juicio, las cuatro principales circunstancias que banalizan la producción y comunicación audiovisual y las convierten en procesos degradados, superficiales y sin aristas que no generan necesidad de profundizar, analizar con sosiego y tomar conciencia de lo que realmente se está viendo o escuchando.

La segunda consideración que nos gustaría señalar creemos que responde a una realidad ampliamente compartida y revelada en multitud de estudios académicos e informes empíricos de todo tipo: en el sector audiovisual (seguramente como en otros, pero desde luego en este) no funciona la autorregulación.

Podríamos dedicarnos horas, días y semanas a debatir sobre la causa de por qué es así, pero lo cierto es que no se puede garantizar que exigencias como las que se puedan establecer en planes de Igualdad se lleven efectivamente a cabo si no hay una regulación y un control específico, ex profeso y riguroso al respecto.

No es ni mucho menos por casualidad que en las democracias más avanzadas del mundo haya algún tipo de autoridad independiente (en Estados Unidos desde 1934, en Alemania desde 1987 y en Francia desde 1989), para evitar que los medios se salten las leyes o que difundan producción audiovisual que atente contra los valores que sostienen la democracia y nos permiten vivir con respeto y en libertad. 

Ya hemos insistido en otras ocasiones que la ausencia de una autoridad independiente de esta naturaleza en España es una auténtica y desgraciada anomalía de nuestra democracia, ya sea producida por servidumbre hacia algunos poderes audiovisuales, o económicos y financieros (porque a veces, tanto da), por debilidad y falta de decisión de los gobiernos, o por un desconocimiento muy lamentable de la realidad del audiovisual. Y ahora hemos de insistir en que, sin ella, se puede tener la certeza de que los planes de igualdad en el audiovisual serán papel mojado.

La última consideración que hacemos no es menos evidente. Los planes de igualdad en las empresas audiovisuales requieren recursos, no es posible que sean eficaces a coste cero.

La experiencia también nos dice que una de las principales razones que provocan los fallos, el relato contaminado por la discriminación y la desigualdad, tiene que ver, además de las razones señaladas, con la precariedad y la falta de formación y profesionalidad con que se crea.

A nadie se le ocurriría en una empresa audiovisual que el relato deportivo, el de justicia o cualquier otro que requiera una mínima especialización, estuviera en manos de personas sin los conocimientos suficientes sobre lo que debiera hablar. Sin embargo, se permite que los que tienen que ver con la igualdad (es decir, prácticamente todos) se diseñen de cualquier forma y por cualquier persona. Algo que hay que evitar y para lo cual, además de voluntad de hacerlo, es necesario que haya recursos.

Y, para terminar, queremos recordar que, a la hora de determinar los costes de estos planes, no solo se pueden tomar en consideración los explícitos de formación profesionalización o elaboración de productos audiovisuales de mayor calidad, rigor y responsabilidad ante la audiencia, como suele ocurrir para poner trabas a su ejecución.

Es obligado considerar también el elevado coste social que supone la producción que envenena a la sociedad, como hemos visto que desgraciadamente ha ocurrido, por ejemplo, cuando la violencia de género se convierte en espectáculo para conseguir audiencia. O el de los productos audiovisuales que, en lugar, de promover valores de no discriminación, igualdad o cooperación, contribuyen a crear un tipo de sujeto social atado a los viejos clichés del machismo, la prepotencia y el desprecio a la corresponsabilidad.

Si los tomamos en cuenta, se entenderá mejor que garantizar el éxito de los planes de igualdad en las empresas audiovisuales, tomando en consideración lo que acabamos de señalar, no equivale a realizar un gasto sino una auténtica inversión, de las propias empresas y de toda la sociedad.

Cuando las economías se hundieron a causa de la Covid-19, los líderes políticos y los economistas de los grandes organismos internacionales decían que no se sabía cuándo llegaría la recuperación pero que, una vez que comenzara, las economías registrarían una recuperación muy potente y duradera. Otros, por el contrario, dijimos que eso no iba a ocurrir porque la economía internacional no estaba afectada tan solo por los efectos del confinamiento sino también por una crisis muy profunda que se había comenzado a manifestar ya antes de la pandemia.

Los datos macroeconómicos que se han ido conociendo en las últimas semanas nos han dado la razón. Los precios están registrando las mayores subidas de las últimas tres décadas y el crecimiento del PIB es bastante más bajo del estimado tan solo hace unos pocos meses.

Quienes antes decían que la recuperación sería potente y sin reservas, ahora señalan que nos encontramos ante problemas “transitorios”. Dicen que no hay que preocuparse demasiado por la subida de precios porque se debe a circunstancias pasajeras como el alza en los costes de la energía o los desajustes provocados por la presión de la demanda retenida durante el confinamiento. La ralentización de la actividad parece haberles sorprendido tanto que no terminan de explicarla.

A mi juicio, es un error creer que nos encontramos ante un simple incidente como consecuencia de la pandemia y, por tanto, pasajero y resoluble a poco que todo se vaya normalizando.

Para entender lo que nos está sucediendo hay que poner los datos que ahora se están empezando a registrar en todo el mundo junto a los que teníamos antes de la pandemia.

Al hacerlo, se podrá descubrir que no estamos sufriendo solamente el impacto de un simple trastorno, por muy grave que haya sido el provocado por la Covid-19 y el confinamiento que paralizó a gran parte de la actividad económica.  

Sufrimos lo que los médicos llaman “morbilidad asociada”. Es decir, la confluencia, no necesariamente al mismo tiempo, de otros males con la enfermedad primaria.

El error es creer que las economías han padecido o siguen padeciendo el efecto de la pandemia como única enfermedad, cuando la realidad es que fue una patología económica asociada a otra -la primaria- que ya se estaba padeciendo con anterioridad.

Es verdad que el confinamiento ha producido un bloqueo en los canales de suministro por diferentes razones: muchas empresas productoras tuvieron que cerrar y no han tenido capacidad material de recuperar el ritmo de producción anterior, otras compradoras aumentaron sus pedidos excesivamente por prevención mal gestionada, produciendo acaparamiento; y las de logística y transporte se han visto afectadas por los cambios tan imprevistos y rápidos en la oferta y la demanda cuando, además, hay problemas de rotación en los mercados laborales. Y también es verdad que la demanda, en casi todas las economías, rebotó inicialmente con fuerza tras el confinamiento, produciendo una inevitable presión sobre los precios.

Pero la prueba evidente de que no se trata tan solo de problemas de ajuste coyuntural es que afectan de modo muy desigual a diferentes sectores. Y la complejidad del desajuste lo demuestra el hecho de que no se esté resolviendo como dice la economía convencional que debiera resolverse, mediante el mecanismos de los precios. Estamos comprobando, efectivamente, que la subida de precios no solo no reduce el exceso de demanda sino que incluso este aumenta a medida que se van elevando.

Para entender el presente hay que analizar lo que estaba ya sucediendo justo antes de la pandemia. 

En primer lugar, un proceso que venía de largo de caída de la tasa de beneficio en la industria como consecuencia del freno en la inversión productiva y de la constante retención de la demanda de consumo a causa de la caída de la masa salarial,

En segundo lugar, el resquebrajamiento de la globalización dominante en las últimas décadas como consecuencia de las asimetrías y brechas cada vez más grandes que ha venido produciendo, no solo entre grupos sociales y naciones sino incluso entre las diferentes franjas del capital, de las empresas.

En tercer lugar, un acortamiento del ciclo económico como consecuencia de la continuada aplicación de políticas económicas inadecuadas que frenan la extensión de las fases expansivas o de recuperación y así impiden que se pueda crear suficiente producción y empleo.

En cuarto lugar, el continuado privilegio de la actividad financiera que ha creado una economía drogo-deuda-dependiente con millones de empresas zombis que han de dedicar todos sus beneficios, si es que llegan, a pagar la deuda, y que paralizan el aumento de la productividad y la innovación. Un estudio de Bloomberg calculó que así se encuentran 527 de las 3.000 mayores firmas de Estados Unidos y algunas estimaciones señalan que a nivel global podrían estar en esa situación más del 20% de las empresas.

En ese contexto y por esas causas, ya antes de la pandemia se venía produciendo un proceso de relocalización empresarial, de búsqueda de nuevos nichos de aprovisionamiento y ventas y, sobre todo, el inicio de una auténtica revolución en el sistema global de logística.

Esto último es, en realidad, lo que explica (y no la pandemia) la mayor parte de los cuellos de botella que vienen provocando la escasez de suministros que lleva consigo tantas pérdidas (110.000 millones de dólares se calcula que está suponiendo para la industria mundial del automóvil) y que está obligando a muchas empresas a realizar movimientos estratégicos de gran calado para no desaparecer si las perturbaciones prosiguen.

Durante el confinamiento se observaron los primeros síntomas de la perturbación (desacoplamientos, bloqueos de rutas, retraso de contenedores, aumento de tarifas, escasez de transportistas..) y muchas empresas tuvieron que diversificar rápidamente sus cadenas de aprovisionamiento para evitar riesgos. Eso exacerbó los desajustes, ciertamente, pero si todo ello está resultando tan problemático es porque se estaba produciendo un cambio crucial desde antes. Y la prueba es que las cosas, en lugar de ir a mejor a medida que se han ido recuperando los intercambios, están empeorando.

El sistema global de logística había estado respondiendo a la crisis industrial y de la globalización que he mencionado generando una auténtica revolución tecnológica orientada a automatizar las redes globales mediante la digitalización y la inteligencia artificial, un proceso desarrollado a través de estrategias diferentes y con distintas velocidades y resultados, sobre todo, entre China y Estados Unidos. Y aquí está la clave.

La pandemia ha acelerado el proceso (tal y como ha ocurrido en otros momentos de la historia en que se han producido shock inesperados) pero lo ocurrido con la pandemia no es el proceso mismo. 

Lo que está sobre la mesa y genera los problemas que están sufriendo las empresas y las economías en su conjunto no es la normalización del sistema de aprovisionamiento anterior a la crisis de la Covid. Este no va a volver a ser lo que era. Ahora se trata de algo más importante. La globalización ya no se va a seguir guiando por la misma lógica de competencia anterior. El coste y el precio van a dejar de ser determinantes de la ganancia y pasarán a serlo la inmediatez y la seguridad y las empresas han de modificar sus estrategias de producción, aprovisionamiento y localización. Este es el desorden en el nos empezamos a mover y el que provoca la escasez y subidas de precios y por eso es ingenuo creer que se va a resolver en cuestión de unos meses.

Lo que está en juego es el rediseño y el control del nuevo sistema logístico global digitalizado y automatizado gracias a la inteligencia artificial que está en proceso de desarrollo y la readaptación productiva y espacial de las empresas para adaptarse al cambio. La nueva guerra fría tendrá allí uno de sus escenarios principales. Quien lo domine, dominará el mundo en la nueva fase de la historia cuyo nacimiento ha acelerado la Covid-19.  

Muy pronto vamos a ver cómo este tema pasa a primer plano de las agendas internacionales, aunque de manera cada día más conflictiva entre las dos grandes potencias y sin solución a corto plazo para los bloqueos en el suministro y la subida de precios. Estos van a ir a más porque ni los gobiernos ni los bancos centrales están en condiciones de poner orden para aliviarlos sin quebrar la lógica que guía a un capitalismo neoliberal herido por su fracaso para hacerse sostenible (concentrando la renta y la riqueza ha triunfado plenamente). De hecho, han agudizado el problema al no haber tenido presente el cambio que se estaba produciendo a la hora de inyectar los recursos tan cuantiosos que han proporcionado a las economías. Si se siguen equivocando y desatan una crisis de deuda, tendremos la combinación que provocará una tormenta perfecta.

Desde que comenzó a forjarse el actual Gobierno andaluz con el apoyo explícito e imprescindible de Vox, esta formación de extrema derecha reclamó que se hicieran auditorías para demostrar que el llamado sector instrumental de la Junta de Andalucía era un conjunto de “chiringuitos” al servicio del PSOE. Sus dirigentes exigen desmantelarlo porque “cuesta una fortuna a los andaluces, no aporta beneficio alguno a la gestión de lo público” y solo sirve para que los socialistas controlen el presupuesto. De hecho, la realización de tales auditorías fue una de las condiciones que impuso Vox al Partido Popular y a Ciudadanos para que pudiera constituirse el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno.

Ahora, dos años y medio después, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha presentado sus resultados resumidos en un informe titulado ‘Auditorías del sector público instrumental’. Sorprendentemente, el Gobierno tan solo ha publicado hasta ahora 33 de las 54 auditorías realizadas.

Por lo que indica el informe, las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas. Y, con independencia del análisis pormenorizado de estas auditorías que se podrá hacer una vez que se publiquen todas ellas, lo que muestra ese documento dista mucho de los juicios que ha venido haciendo la derecha andaluza sobre la gestión del PSOE cuando, solo o en coalición, ha gobernado Andalucía.

Las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas

El primer problema analizado es la duplicidad de su funciones y competencias respecto a la administración general.

Según el informe del Gobierno andaluz, tan solo habría cinco entes en donde se produce esa duplicidad, lo que significa que el supuesto “gran problema” únicamente se da en el 9,2% de los 54 casos analizados. Aunque en las conclusiones, como veremos enseguida, se cambia de criterio y se dice que son 20. No sabemos si en las auditorías hay más entes con este problema pero es fácil deducir que, si realmente los hubiera, habrían aparecido igualmente mencionados en este informe.

El segundo problema que, según el informe, ha sido detectado por las auditoras es la mala gestión, pero también en este caso sorprenden los resultados. Tan solo se mencionan seis casos en donde se haya detectado, lo que significa que solamente habría mala gestión en el 11,1% de los entes estudiados, en el 6,5% del total de 92 existentes, o en el 1,8% si a estos últimos se les añaden los organismos en los que la Junta de Andalucía solo tiene una pequeña representación.

El tercer problema que, según dice el informe, han puesto sobre la mesa las auditorías es el relativo a los recursos humanos. Al respecto afirma que en el sector hay un “caos organizativo”, una expresión muy contundente y muy poco propia del lenguaje de la auditoría, por lo que sería interesante saber si realmente ha sido utilizada por las empresas que las han realizado o si es producto exagerado del Gobierno andaluz, tan deseoso como está de poner en solfa la herencia socialista.

Lo curioso es, sin embargo, que el informe presentado por el Gobierno prácticamente se limita a señalar como fuente o expresión de este “caos” a la existencia de 66 convenios colectivos. Algo sorprendente porque su existencia nunca puede ser el resultado de un capricho sino de un imperativo legal y porque, lejos de expresar desorden, más bien indica que las relaciones laborales están claramente normativizadas.

En el terreno laboral señala el informe otros problemas como los sueldos por encima de los de la administración o del mercado en algunos organismos, la alta litigación contra la administración o la contratación innecesaria. Pero también en este caso lo cierto es que solo se vuelven a citar seis casos de organismos con irregularidades de este tipo (de nuevo el 11,1% de los organismos estudiados). Insistimos, es posible que las auditorías hayan encontrado más pero vuelve a ser sorprendente que, si fuese así, los redactores del informe no hayan utilizado los números “de infarto” que anticipaban los líderes de la derecha andaluza para demostrar, sin ningún género de dudas, su tesis sobre la maldad de los gobiernos de izquierda anteriores.

Finalmente, el informe indica que las auditorías han evaluado la utilidad pública de los entes del sector instrumental. Este sería el apartado, por tanto, en el que debería corroborarse la tesis original de Vox que luego hicieron suya el Partido Popular y Ciudadanos. Pero el informe vuelve a dar aquí una sorpresa pues señala que las auditorías tan solo consideran que carezcan de utilidad pública tres entes, a saber, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, la Fundación Doñana 21 y la Red de Villas Turísticas de Andalucía.

¿Tanto bochinche como el orquestado por Vox, tantos insultos y acusaciones, tanta amenaza con las auditorías para que ahora las empresas auditoras tan solo reconozcan a tres entes de más bien poca monta como carentes de utilidad o beneficio público?

El informe hace referencia, por último, a las conclusiones y “recomendaciones más relevantes” de las auditorías y aquí es donde se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración “paralela” de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf.

Se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración "paralela" de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf

Según el informe de la Junta de Andalucía, las auditorías encuentran que hay duplicidades, como hemos dicho anteriormente, en 20 de los 54 organismos analizados, es decir, en poco más de la tercera parte, no en la totalidad, como se dice. Y, en todo caso, las auditorías no señalan, o al menos no lo advierte el informe, que eso sea un problema que deba obligar a extinguirlos. Otras seis entidades “podrían mantenerse con cambios leves”, 14 deberían o extinguirse (1) o fusionarse o integrarse (13) y “habría que reconfigurar” otras 13, aunque –como prueba del desorden con que se presenta el informe– en este grupo se incluyen alguna cuya extinción se propone.

Y a todo lo anterior hay que añadir una última consideración. Según el informe, las auditorías se han realizado, como hemos dicho, sobre 54 de los 92 organismos o agencias que forman parte del sector instrumental, es decir, más o menos la mitad de todos ellos. ¿Alguien puede creer que las empresas auditoras contratadas por el Gobierno han dejado sin analizar precisamente a los que peor funcionan? Nosotros más bien tenemos la sospecha de que ha sido al revés, se ha auditado justo la parte del sector instrumental con mayores problemas de gestión. Pero ni siquiera así se puede decir, como hace la derecha, que TODO él sea ineficiente y que esté justificado o tenga fundamento el completo desmantelamiento que propone Vox.

A la vista de lo expuesto en el informe que estamos comentando, lo que se ha producido es un auténtico fiasco. El Gobierno andaluz, llevado de un prejuicio y de la presión de la extrema derecha, contrata a empresas privadas para que hagan una auditoría que tiene como objetivo realizar “una disminución generalizada de las entidades existentes” en el sector instrumental de la Junta de Andalucía, según dice literalmente el informe. Sin embargo, una vez realizadas las auditorías no se deduce claramente que esa sea la solución necesaria para la generalidad de los entes que lo conforman

Quienes firmamos este artículo hemos defendido siempre que el dinero público se gaste con estricto rigor, con plena pulcritud y transparencia absoluta hasta el último euro. Aunque solo hubiera un ente con mala gestión o despilfarro, ya sería mucho en nuestra opinión, vaya eso por delante. En muchas ocasiones hemos reclamado reformas que impidan no ya la corrupción, sino el uso ineficiente del dinero público. Por tanto, no vamos a quitar importancia a la mala gestión, a las duplicidades funcionales, al descontrol o a la falta de justificación que pueda haber o haya habido en el sector instrumental de la Junta de Andalucía cuando ha gobernado el PSOE. Pero eso es una cosa y otra hacer creer, como ha pretendido hacer la derecha andaluza, que todo este sector es ineficiente, derrochador, carente de utilidad pública y que, por tanto, deba desaparecer por ser una creación demencial o corrupta del Partido Socialista.

Es el propio informe de la Junta de Andalucía que acabamos de glosar el que pone de relieve que ese tipo de problemas solo se produce en algunos casos y no con generalidad. Y, además, estaría por demostrar que ese mal funcionamiento o el sobrecoste que lleve consigo (una vez cuantificado) sea algo inherente a la naturaleza instrumental de esos organismos o si se debe a defectos que igualmente pueden darse en la administración general. Y que, por supuesto, hay que solucionar.

Es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia

Con este informe, es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia. Prueba de ello es, por un lado, que el propio Gobierno de la derecha no solo siga utilizando los organismos del sector instrumental de la Junta de Andalucía sino que haya creado otros nuevos. O, por otro lado, que en los últimos dos años y medio apenas haya reducido el personal laboral contratado por los 92 entes, pues tan solo ha disminuido de 28.981 a 28.443, es decir, 553 personas en toda Andalucía.

El ruido que durante estos últimos años ha levantado la derecha andaluza sobre este problema es una clara manifestación más de la mala fe y de la impresionante falta de ética que domina la política española.

Hay que reformar la administración pública andaluza, por supuesto que sí. Hay que acabar con las duplicidades, ineficiencias y sobrecostes innecesarios. Esa es también nuestra opinión. Y pensamos que criticar la gestión de los adversarios políticos no solo está bien sino que es obligado. Pero el diseño de esas reformas y esa crítica han de hacerse con honestidad y rigor y no a base de engaños y presunciones carentes de fundamento, como en el caso que hemos comentado. La derecha andaluza que se proclama tan patriota hace un flaco servicio a sus compatriotas cuando actúa de esta forma. Los andaluces y todos los españoles necesitamos un planteamiento más honesto de los problemas que efectivamente tenemos, más concordia y respeto a la verdad y al honor. Todo lo que contrario de lo que, en este caso, está haciendo la derecha que gobierna la Junta de Andalucía con el apoyo y la inspiración del extremismo de Vox.

El 8M de este año se celebra en medio de una crisis demoledora y provocada por un virus que también distingue entre mujeres y hombres, en contra de lo que, a primera vista, pudiera parecer. Como dice la profesora de la London School of Economics Clare Wenham, es imprescindible distinguir entre las personas infectadas y las afectadas por la pandemia. La tasa de mortalidad es más elevada entre los hombres, pero la mayor probabilidad de sufrir sus peores consecuencias económicas y sociales la tienen las mujeres, tal y como ya se está empezando a comprobar.

Es bien sabido que las mujeres ocupan los puestos de trabajo menos remunerados y más precarios e inseguros y que están desempleadas o se consideran estadísticamente “inactivas” en mucha mayor proporción que los hombres. Las mujeres, por tanto, disponen de menos ingresos, pueden ahorran menos y, además, suelen tener peor acceso a la protección social, de modo que son más vulnerables en situaciones de crisis. En la causada por la Covid-19 se ven todavía más y peor afectadas porque ocupan en mayor proporción los trabajos, remunerados o no, más sacrificados y que han sufrido una mayor intensificación horaria, por no decir explotación, los sanitarios y los de cuidados. Y, por si eso fuese poco, miles de mujeres han tenido que convivir aún más estrechamente con sus parejas violentas durante el confinamiento, agravándose el “problema de salud mundial de proporciones epidémicas”, en palabras de directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, que sufren cada año las 770 millones de mujeres agredidas por su parejas y exparejas en el planeta.

La pandemia, por tanto, está suponiendo un empeoramiento tremendo de las condiciones de vida de millones de mujeres en todo el mundo y provocará retrocesos históricos en los grandes problemas centrales que, ya con grandes dificultades, se venían planteando en la agenda feminista: brecha salarial, conciliación familiar, violencia de género, pornografía, abuso sexual, mercantilización y venta o alquiler del cuerpo de las mujeres... entre otras expresiones de discriminación y explotación.

Por todo ello sorprende y decepciona que el 8M se conmemore en medio de debates que abordan cuestiones no diremos que sin importancia pero sí realmente periféricas o secundarias y que, además, se desarrollan con formas y expresiones excluyentes, por no decir que -demasiadas veces- totalitarias. Sería fundamental que el debate feminista se centre en los problemas que realmente tienen que ver con la discriminación, la desigualdad, la pobreza o la exclusión que sufren la mayoría de las mujeres del mundo; que no pasen a segundo plano el de las estrategias e instrumentos de los que depende que la agenda feminista pueda salir adelante.

Eso está ocurriendo, por ejemplo, con un asunto que quisiéramos subrayar en este artículo y que nos parece que sigue sin tener la centralidad que merece, pues condiciona el éxito y la eficacia de cualquier otra política encaminada a conseguir la igualdad y el fin de la discriminación de género.

Nos referimos a los escasos avances que se producen en la relación de las mujeres con el sistema de comunicación social.

Los últimos informes sobre la situación, como el Global Media Monitoring Project de 2015, siguen mostrando la enorme desigualdad que se produce en este campo. Algo fundamental porque de ahí se deriva, por un lado, que la narración de lo que ocurre en la sociedad siga reproduciendo sin cesar los estereotipos que justifican la discriminación entre mujeres y hombres; y, por otro, que los instrumentos con los que percibimos e interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor permanezcan sesgados por prejuicios e intereses patriarcales.

Unas pocas cifras como ejemplo muestran la realidad inapelable:

- Solo el 24% (28% en España) de los sujetos de las noticas de los medios son mujeres. Un porcentaje que es aún más bajo (16%) cuando se trata de noticias relativas a política y gobierno.

- Las mujeres solo son consultadas como expertas en el 19% del tiempo dedicado a ello.

- Solo el 37% de las noticias o relatos son reportadas por mujeres. Algo muy relevante porque, cuando eso ocurre, el 14% de sus noticias o relatos se enfocan centralmente en las mujeres, frente al 9% cuando lo hacen los hombres. 

- Al igual que ocurre en otros sectores, aunque las mujeres son mayoría desde hace tiempo en la profesión, a medida que se asciende en las categorías profesionales disminuye su presencia. Así, solo el 27% de los ejecutivos de medios de comunicación de todo el mundo son mujeres. Prácticamente, el mismo porcentaje de los periódicos impresos que en 2020 contaban con una mujer como directora en España (26,6%). En nuestro país, dos de cada tres mujeres periodistas denunciaban en 2020 obstáculos para ascender en su trabajo, según un estudio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

- Todos los análisis muestran que las referencias a las mujeres en los relatos, noticias o informes de los medios suelen referirse a ellas a través de atributos superficiales (apariencias, vestido...) que no se utilizan con los hombres que, por el contrario, se suelen destacar por sus connotaciones más poderosas (profesión, habilidades...).

La situación de las mujeres en el sistema de comunicación que reflejan estos datos no solo implica una discriminación injusta o formal. Significa, como hemos adelantado antes, que el relato que se difunde en la sociedad para que la gente conozca lo que pasa, las claves para poder interpretar la realidad, los instrumentos del saber que capacitan para identificar unos problemas u otros y para optar entre las diferentes soluciones posibles, entre otras cosas, están claramente sesgados. 

La insuficiente y desigual presencia de las mujeres en el sistema de comunicación social impide, en resumidas cuentas, que el conjunto de los seres humanos nos podamos hacer una idea real de lo que sucede a nuestro alrededor. O, lo que es lo mismo, que no podamos ser realmente libres. Discriminar a las mujeres a la hora de construir el relato que nos informa de lo que ocurre y nos permite ser conscientes de nuestros verdaderos intereses, nos esclaviza a todos y a todas por igual, a las mujeres -por supuesto y principalmente- y a los hombres, porque nos convierte en los seres ciegos de los que hablaba Saramago: los que, viendo, no ven.

Es de este tipo de asuntos de los que deberíamos estar discutiendo porque, mientras que los seres humanos y en particular las mujeres, no dispongamos de una capacidad efectiva para percibir con nitidez lo que nos rodea y para dejar a un lado los prejuicios y estereotipos sobre los que se basa la dominación de unos sobre otros y, en especial, sobre otras, no será posible que ningún otro debate feminista pueda convertirse en un auténtico instrumento liberador. Sin poder comunicar y comunicarse en libertad las mujeres seguirán en “la entraña misma del universo masculino”, como escribió Simone de Beauvoir en “El segundo sexo”.

Cambiar la relación de las mujeres con los medios es, pues, imprescindible y, por supuesto, perfectamente posible. Los grandes retos a los que nuestro planeta va a tener que enfrentarse en los próximos años solo podrán resolverse con éxito si la humanidad asume que la igualdad de derechos y la no discriminación entre mujeres y hombres es el punto de partida y si se asumen como principios de la acción humana los del afecto, la cercanía, la cooperación, la sostenibilidad y el cuidado. Es decir, si de una vez por todas entendemos que el universo auténtico de la vida no es el masculino, sino el “contrauniverso” -de nuevo Beauvoir- de las mujeres: el del oikos, lo doméstico, y no el de la mercancía. Algo que solo se puede asumir generalizadamente feminizando el relato sobre los seres humanos que se propaga en el sistema de comunicación.

Lograrlo no es ninguna utopía. Se han dado multitud de experiencias que han permitido, incluso en poco tiempo, feminizar la comunicación y generar otros relatos e imaginarios sociales en medios y redes y se conoce bien el camino que habría que seguir para ponerlas en marcha. 

Con voluntad política, los medios públicos podrían servir de motor y referencia en España, y el movimiento feminista debería seguir siendo el impulsor y catalizador de esos cambios, centrándose en lo esencial y empatizando con la sociedad en su conjunto.

Ya no hace falta decir que las elecciones andaluzas tienen una enorme repercusión no sólo sobre la propia Andalucía sino sobre lo que ocurra en toda España. Hasta Pablo Iglesias, que despreció en 2015 a Teresa Rodríguez y a lo que pudiera ocurrir entonces, parece que ya se ha dado cuenta de que no es posible ganar o incluso obtener un buen resultado nacional sin alcanzarlo previamente en nuestra tierra.

Siempre ha sido así y lo va a ser ahora de nuevo aunque, en esta ocasión, el 2 de diciembre no solo se va a dilucidar qué partido podría contar a priori con más ventaja en las próximas generales, sino también algunas cuestiones añadidas de gran interés.

En primer lugar, en Andalucía comenzaremos a vislumbrar si el Partido Popular va a seguir siendo el buque insignia de la derecha española o si, por el contrario, aquí se inicia su ocaso definitivo, después de verse envuelto en una sucesión inacabada de escándalos y corruptelas de todo tipo que lo han erigido en un auténtico partido delincuente.

Al mismo tiempo, se podrá comprobar si Ciudadanos eclosiona por fin y se coloca por delante del PP o si, después de no haber sabido aprovechar ni sus resultados en las generales de 2015 ni su victoria en las últimas catalanas, sigue siendo un acto fallido de la política española, un tiro por la culata electoral del IBEX 35.

Y el próximo domingo podremos saber también si en Andalucía se produce el renacimiento institucional de la extrema derecha fascista, como en otros países y a imagen y semejanza de lo ocurrido tras las políticas de austeridad posteriores a la crisis de 1929.

A la izquierda, también se presentan incógnitas interesantes.

Por un lado, veremos si tiene recorrido la fórmula autonómica elegida por Izquierda Unida y Podemos o si es ave de vuelo corto. Si las demandas de nuevas formas de hacer política que nacieron el 15M siguieran vigentes, cabe pensar que la opción elegida de sumar siglas, en lugar de la de gente llamando a la gente, sería poco atractiva y que Adelante Andalucía tendría entonces menos parlamentarios que los veinte que hasta ahora han correspondido a sus dos principales fuerzas constituyentes.

Pero si, por el contrario, la coalición fuera exitosa podría darse una curiosa paradoja, tanto mayor cuanto más elevado fuera el número de escaños que obtuviera. Con un resultado más o menos equivalente al actual, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo podrían optar por facilitar un Gobierno de PSOE (si este fuese el partido más votado) pero manteniéndose en una oposición crítica y más o menos beligerante en función de lo que pudieran ir arañando del futuro gobierno de Susana Díaz (a quien difícilmente podrían poner entonces en cuestión).

Pero si Adelante Andalucía superase holgadamente la cifra de 20 parlamentarios (si estuviera más cerca de los 25 o por encima) se enfrentaría a un problema interno y externo de complicada solución. En ese caso, resultaría muy difícil explicar que una formación política que aspira a gobernar no desee estar en el gobierno cuando tiene fuerza parlamentaria decisiva y peso suficiente para tomar directamente decisiones que mejoren las vida de la gente. La política, a veces, es así de curiosa: a la vista de lo que vienen diciendo sus dirigentes, un éxito electoral notable podría poner a Adelante Andalucía en una situación más apurada que un fracaso electoral.

Finalmente, si se produce lo que vienen adelantando todas las encuestas, el PSOE volverá a estar en condiciones de gobernar, aunque lo más probable es que hasta que pasen unas cuantas semanas no podamos saber con quién pudiera hacerlo o si efectivamente se llega a formar Gobierno. Sobre todo, habrá que saber si la formación de Susana Díaz obtiene más actas parlamentarias que la suma de los dos o quizá tres partidos de la derecha (entonces podría gobernar con la sola abstención de Adelante Andalucía). Y, en todo caso, estará por ver si se produce algún tipo de pacto de gobierno, con quién y en qué condiciones.

Cambio político

Pero lo que a mi parecer está realmente en juego en Andalucía no es simplemente quién o quiénes puedan tener la posibilidad de formar gobierno a partir de ahora, sino cómo se va gobernar. O, dicho de otro modo, cuál va a ser la orientación de un cambio político, y esto es lo verdaderamente relevante, que ya resulta impostergable en Andalucía.

Sé que son muchas las personas (sobre todo de fuera de Andalucía) que no lo entienden pero la realidad política de nuestra tierra la ponen claramente de manifiesto las encuestas y tiene tres claves esenciales: una, que los andaluces queremos que las cosas cambien ya; dos, que la mayoría prefiere que ese cambio lo conduzca el PSOE; y tres, que lo mucho más que probable es que el PSOE ya no pueda seguir gobernando solo ni como hasta ahora la Junta de Andalucía.

El cambio es inevitable porque es una demanda social imperiosa y expresa que reclama quizá más del 60% de la población. Y esa demanda es la que me atrevo a vaticinar que se traducirá el próximo domingo en unos resultados que obligarán a gobernar de otro modo, a varias bandas, con acuerdos, coaliciones y consensos más transversales que nunca. Aunque no sólo como resultado de la nueva aritmética electoral sino también porque la naturaleza de nuestros principales y graves problemas políticos, sociales y económicos obliga a abordarlos y a tratar de darles solución con la colaboración de todas las fuerzas del espectro político.

Una situación que tiene difícil compostura por la situación en la que se encuentran los diferentes partidos.

En la antesala de elecciones municipales y generales es prácticamente imposible que Ciudadanos vuelva a pactar con el PSOE, y si lo hiciera no sería en las mismas condiciones que hasta ahora. Por otro lado, va a ser muy difícil que Adelante Andalucía pueda ponerse de lado y hacer como si la composición del futuro gobierno no tiene nada que ver con su anticapitalismo, pero también es cierto que su grupo parlamentario va a ser revoltoso y complicado de dirigir. Cualquier cosa, por tanto, podría ocurrir. Y, finalmente, el Partido Socialista se autoinmolaría si no es capaz de convertirse en un revulsivo de sí mismo, abriendo la puerta a una política que debiera ser muy diferente de la que hasta ahora se ha venido haciendo en Andalucía. Pero la corrupción y las crisis internas le han afectado de tal modo que hoy día cuesta reconocerlo como el partido vibrante de otros tiempos. Podría imponerse en él un conservadurismo paralizante que agotaría esta etapa histórica por mera autodescomposición.

Lo cierto me parece a mí es que Andalucía ya no puede seguir siendo gobernada como hasta ahora, con el simple impulso de la inercia, a base de resistencias defensivas, haciendo una ley detrás de otra, sin hacer una evaluación rigurosa y sincera de todo lo que nos ha acontecido en estos últimos cuatro decenios y sin darle auténtico protagonismo a la gente que se levanta día a día para hacer que las muchas cosas que funcionan bien sigan funcionando así. Susana Díaz tendrá que decidir si se limita a ser una gobernante pendiente del aparato de su partido o si se convierte, como sería lo deseable, en una gran cima de la política (de las que sólo se dan en las cordilleras) para asumir un liderazgo valiente que ponga en marcha de una vez por todas la imprescindible regeneración política, económica y social que Andalucía necesita con extraordinaria urgencia en un entorno que, para colmo, se presenta de nuevo complicado.

Se avecina una nueva crisis

Se avecina una nueva crisis y hemos salido de ésta a trompicones y con muy pocos deberes hechos. En Andalucía nos hemos quedado sin sistema financiero, y en Europa no se quiere entender que el euro es un fracaso que multiplica las asimetrías y la inestabilidad, que ni come ni deja comer. Nuestra economía crece pero la mayor parte del valor añadido de lo que creamos sale fuera de Andalucía y el empleo es insuficiente y empobrecedor; la administración autonómica está semi paralizada y los empleados públicos desmoralizados; dependemos demasiado del subsidio y la subvención; seguimos siendo más bien conformistas y nuestra economía desvertebrada y de enclaves; dilapidamos recursos naturales, humanos y capital social… Y las fórmulas de gobierno que pudieran acompañar a una nueva etapa para hacer frente a todo esto conllevan riesgos y amenazas muy serias.

Las formaciones de derechas con posibilidad de obtener parlamentarios tienen rasgos diferentes pero no disimulan que las tres orbitan cada vez más claramente en torno al populismo trumpista. Una especie de anarquismo de derechas que reniega del Estado para debilitar las instituciones representativas, las estructuras de bienestar social y la protección colectiva, pero que no duda en utilizar sus resortes más poderosos para autoconcederse privilegios y para facilitar que se concentre cada vez más riqueza en las mismas manos.

Frustración acumulada

Las encuestas no parecen darle mucha posibilidad a la conformación de un gobierno de esta naturaleza en Andalucía, aunque a nadie le cabe la menor duda de que PP, Ciudadanos y Vox pactarían si tuvieran mayoría parlamentaria. Pero la demanda de cambio en esta tierra es tan grande y la frustración acumulada tan mayúscula que no debería descartarse ningún resultado, por muy sorprendente que ahora pueda parecernos.

Y en el otro lado, las cosas no están tampoco fáciles. Lo lógico sería que el Partido Socialista y Adelante Andalucía se entendieran y articularan una mayoría estable y de progreso que abordara nuestros problemas fundamentales desde perspectivas tan amplias y transversales que concitaran complicidad y apoyo mucho más allá de su propia base electoral. La experiencia portuguesa que tenemos tan cercana nos enseña que es factible frenar las políticas nefastas de la Unión Europea y crear riqueza y empleo sin demasiados tropiezos y solventando los conflictos en beneficio de la población más desfavorecida que, al fin y al cabo, es lo que debería importar a esos partidos. Claro que para ello hace falta madurez, valentía y estar abierto a la innovación y a lo nuevo, capacidad de aprender de la otra parte, humildad y mucha generosidad política. Más bien todo lo contrario de lo que aquí nos sobra, conservadurismo y miedo a lo nuevo, docilidad, alharaca, inmadurez y un radicalismo más aparente que transformador.

El estilo de hacer política que cuajó durante la Transición en España, con sus grandes ventajas y virtudes y con sus defectos innegables, hace tiempo que dejó de ser viable porque sus primeros protagonistas han generado o no han sabido evitar que el espacio político se haya convertido en algo sucio, muy corrupto y caínita. Y porque es una evidencia para la gente que han hecho frente a la gran crisis económica protegiendo, sobre todo, a los más poderosos.

Lo que ahora está por ver es cuál será el vector resultante de esta crisis de régimen. España no puede seguir soportando por mucho tiempo el tipo de política que se viene haciendo, el enfrentamiento constante y desleal, la violencia verbal y simbólica, la desconfianza, la corrupción, el declive de la industria y de la actividad productiva, el control de nuestra economía por intereses foráneos y la imposibilidad de decidir sobre lo que es nuestro, la desigualdad que crece más que en ningún otro lugar de Europa, la pérdida de una generación de jóvenes… La tentación trumpista la tenemos a la vuelta de la esquina y, en una sociedad en donde hay tanta memoria condescendiente con una dictadura, lo peor puede ocurrir en cualquier momento.

España está abocada al cambio y lo que está en juego en Andalucía es si el primer paso se da en una dirección u otra. Sean cuales sean los resultados del domingo, abren la puerta a una nueva etapa histórica, al menos en Andalucía y casi con toda seguridad en toda España. Vendrá llena de riesgos y de incertidumbre, pero también de esperanza porque si hay un pueblo que es capaz de todo lo bueno, de ser laborioso, audaz y generoso, es el andaluz.

El pasado mes de julio se presentó un informe sobre la esclavitud en nuestro planeta que pasó prácticamente desapercibido en los medios de comunicación españoles. Lo ha realizado la Fundación Free Walk en colaboración con la Organización Internacional de Trabajo y, a pesar de las limitaciones de cálculo que el propio informe analiza, está considerado como la aproximación más certera a este crimen. Un crimen que muchos creerían extinguido y del que apenas se habla pero que se comete día a día casi a nuestro lado.

El informe lleva por título The 2018 Global Slavery Index (puede leerse completo aquí) y en él se define la esclavitud moderna como un concepto amplio que incluye las situaciones en las que una persona, mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, le quita a otra su libertad para controlar su cuerpo, para elegir o rechazar un determinado empleo o para dejar de trabajar. Todo lo cual puede manifiestarse bajo formas diferentes: explotación sexual, trabajos forzados, tráfico laboral de adultos y de niños y niñas, niños soldados, matrimonios infantiles y de adultos obligados, esclavitud por deudas o la llamada esclavitud por descendencia, cuando una persona está condenada a permanecer en una de estas situaciones porque sus ancestros lo estuvieron.

El informe calcula que en todo el planeta hay 40,3 millones de personas en estas situaciones, de las cuales el 71% del total son mujeres y niñas, 10 millones son niños y niñas, 24,9 millones empleadas en trabajos forzados, 15,4 millones son esposas forzadas, y 4,8 millones son personas explotadas sexualmente.

No obstante, el informe advierte de que esas cifras están subestimadas con toda probabilidad porque es prácticamente imposible registrar todos los casos de esclavitud que se producen en el mundo (téngase en cuenta que sólo en la prostitución hay entre 40 y 43 millones en el mundo, según la prestigiosa Fondation Scelles). Eso sucede, por ejemplo, con los que están relacionados con el tráfico o secuestro de personas para quitarles sus órganos y venderlos después para trasplantes (la Organización Mundial de la Salud calcula que se vende ilegalmente un órgano humano a la hora o que el 8% de los que se trasplantan en todo el mundo son de origen ilegal). También es casi imposible determinar el número exacto de niños alistados en ejércitos o la esclavitud laboral y familiar en algunos países de Oriente Medio, en donde se sabe que se concentran millones de trabajadores en condiciones de esclavitud, pero de muy difícil estudio por la falta de transparencia y de libertades que suele darse en esos países. Y también son especialmente difíciles de registrar los matrimonios forzados.

Según el informe, los países donde hay mayor prevalencia de estos tipos de moderna esclavitud son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán, Pakistán, Camboya e Irán. Y los que tienen el mayor número de personas esclavas (el 60% del total) son India (7,9 millones), China (3,8 millones), Pakistán (3,2 millones), Corea del Norte (2,6 millones), Nigeria (1,38 millones), Irán (1,28 millones), Indonesia (1,2 millones), República Democrática del Congo (1 millón), Rusia (0,79 millones) y Filipinas (0,78 millones).

Pero el descubrimiento más relevante del informe quizá sea que la esclavitud no se registra solamente en los países de menor desarrollo, sino que se produce también en los más ricos. En Estados Unidos hay 403.000 personas esclavas, 167.000 en Alemania, 136.000 en Reino Unido y 1,3 millones en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea.

Es cierto que la mayoría de estos países ricos son los que están adoptando medidas más eficaces para combatir las distintas formas de la esclavitud moderna pero también que aún presentan muchas lagunas en cuanto a protección y que en los últimos años han establecido políticas migratorias más duras y menos proteccionistas que se pueden reflejar pronto en el aumento de la esclavitud en su seno. En todo caso, el informe denuncia que algunos países con alta renta per capita (Qatar, Singapur, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos) han tomado medidas muy limitadas para hacerle frente. Y resulta especialmente terrible que en muchos casos sean los propios Estados quienes recurren al trabajo forzoso en centros públicos. Algo que no sólo ocurre en países “malditos”, como Corea, sino también en Estados Unidos, Rusia o China.

Y también es muy relevante que sean los países más ricos los que en mayor medida se benefician de la esclavitud, no sólo por la que hay dentro de sus fronteras, sino porque cada año importan los bienes y servicios para cuya producción se esclaviza a millones de personas por valor de unos 354.000 millones dólares.

El informe sitúa a España en el lugar 124 de los 167 países estudiados, lo que significa que está entre los mejores en cuanto al número de personas esclavas, pero peor de lo que nos correspondería si se exigiera correlación entre nivel de riqueza y ausencia de esclavitud. Entre nosotros hay 105.000 personas esclavas, sólo el 2,27% del total de la población, pero un número absoluto muy elevado que nos debería avergonzar y obligarnos a actuar. Sobre todo, sabiendo que nuestra tasa de vulnerabilidad o peligro de caer en esclavitud es mucho mayor, el 12,8% según el informe.

Es cierto, por un lado, que somos el séptimo país en cuanto a mejores y más eficaces medidas contra este crimen y ejemplares en algunas industrias en donde se concentra un gran número de personas esclavas, como la pesca: de los 20 principales países pesqueros España es el único en donde no se han reportado casos de abuso o tráfico laboral en los últimos cinco años. Y también que obtenemos buena nota en la ayuda que prestamos a los afectados, en la persecución judicial de estos crímenes y en las medidas que adoptamos para abordar el riesgo, pero el informe nos pone un cero en las actuaciones relativas a las cadenas de suministro que rodean estos crímenes, algo que es muy importante para combatir la esclavitud. El gobierno central y los autonómicos deberían hacer frente con más eficacia a estos problemas, sobre todo ahora que se agravan los problemas migratorios que tan vinculados están con las mafias criminales que hay detrás de la esclavitud. Un drama terrible que, como demuestra este informe, no ha desparecido ni mucho menos en nuestros días y ni siquiera en países como el nuestro o en los más ricos aún del resto de Europa.

La semana pasada comenzó el debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la votación de una cuestión preliminar de gran importancia, el techo del gasto, es decir, la cantidad máxima que podrá gastar el Estado (administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y el tope de déficit al que se podrá llegar el año próximo.

Desde que España forma parte del euro, nuestra capacidad de maniobra al respecto es muy limitada. No podemos establecer los límites que mejor consideremos porque hemos suscrito pactos (de rango constitucional) y acuerdos de todo tipo que nos obligan a no superarlos que responden a las políticas de austeridad que viene imponiendo Europa. Y si nos salimos de ellos, somos muy frágiles y vulnerables ante las manos ya bastante visibles que mueven los mercados. Para colmo, algunas leyes nacionales como la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 nos atan aún más las manos yendo incluso más lejos de lo impuesto por Europa.

Pasados ya los peores años de crisis, hay bastantes evidencias empíricas que demuestran que las políticas de la Unión Europea no sólo han tenido un efecto dramático sobre el bienestar social y el empleo sino que ni siquiera han servido para el objetivo principal con el que se justificaban: disminuir la deuda pública. En 2016, había en la Eurozona 6 millones más de personas en riesgo de pobreza que en 2008, y a finales de 2017, un millón más de personas desempleadas, 14 millones menos de empleos y 3,6 billones de euros más de deuda pública que hace 10 años.

La mal llamada “austeridad” (porque en realidad se han tenido las manos rotas a la hora de gastar en favor de los grandes bancos y corporaciones) ha sido una trampa que ha retrasado la recuperación económica, que ha impedido modificar los aparatos productivos y el modelo de crecimiento (basado en la deuda) para evitar que vuelvan a producirse crisis peores que las que hemos vivido, y que ha perjudicado a los grupos sociales de menor renta y poder de decisión.

Por eso me parece imprescindible salir de esa trampa y realizar otro tipo de políticas económicas. Otras políticas que, sobre todo, deben ir desprendiéndose de la soga más terrible que el poder financiero ha impuesto a la sociedad: la deuda.

Mientras que estemos generando actividad aumentando la deuda (como de nuevo nos está sucediendo en gran medida), estaremos cavando el hoyo en donde volverá a sucumbirá nuestra economía y el bienestar que se pueda haber recobrado.

Son los gobiernos de inspiración neoliberal predominantes en los últimos 30 ó 40 años los que han creado, en beneficio del sector financiero, las condiciones que han permitido el estallido terrorífico de la deuda en todo el mundo e incluso aquí en España: en los ocho años de Gobierno de Zapatero la deuda pública aumentó en 354.000 millones y en los seis de Rajoy (que incluyen los de la fase de recuperación) en 401.000 millones. Y quien quiera poner en marcha políticas progresistas debe tratar de reducir la deuda y de establecer condiciones que permitan crear riqueza sin aumentarla de nuevo, como han podido comprobar los ayuntamientos y otras administraciones “del cambio”.

Los déficits públicos son un instrumento imprescindible en algunos momentos (como ahora todavía en España, cuando hay que impulsar inversiones que el sector privado no acomete) pero hacer descansar la actividad económica en la generación de deuda es un suicidio y, además, una esclavitud. Porque primero obligan a endeudarse y luego a dar prioridad al pago de los intereses que es el gran negocio de la banca. Una muestra de esa barbaridad es lo ocurrido en la eurozona: del incremento total de deuda pública registrado entre 1995 y 2017 (5,8 billones de euros) el 106% corresponde a intereses (6,2 billones de euros de intereses).

Desgraciadamente, la correlación de fuerzas tan desfavorable para los partidos contrarios al “austericidio” está impidiendo modificar las normas y restricciones que impone Europa. A pesar de que la experiencia nos ha mostrado que hay alternativas y hay caminos diferentes. Unos llevan a peor y otros permiten sortear sus peores efectos y acumular fuerzas que permitan cambiar cuanto antes la sinrazón económica y el atentado a la democracia que hay detrás de estas políticas europeas. Los casos diferentes de Grecia y Portugal creo que lo demuestran claramente.

Cuando se tiene todo en contra no basta con mirarse al ombligo y comprobar que los grandes principios se encuentran impolutos y en buen estado, sino que hay que prestar mucha atención a las consecuencias de nuestras decisiones. Y me temo que los dirigentes de una fuerza que ha llegado a ser tan importante y decisiva en España como Podemos no terminan de enterarse de esto último.

El Partido Popular ha venido manipulando el cuadro macroeconómico para manejar el gasto con interés electoralista y despreocupándose en realidad de lo que ocurría con la deuda. Su previsión para 2018 fue claramente irreal e incluso incompatible con los Presupuestos que pactó con Ciudadanos. Dijeron que buscaban reducir la deuda, pero la demagogia y los favores fiscales y el gasto electoralista provocaron un déficit mayor del estimado. Como consecuencia de ello, el nuevo Gobierno se hubiera visto obligado a realizar recortes por valor de unos 11.000 millones de euros; pero ha logrado negociar con Bruselas un nuevo escenario que le permite reducir el ajuste y liberar unos 6.000 millones que podrían destinarse a inversiones muy necesarias o al alivio financiero de comunidades autónomas y ayuntamientos, aumentar el techo del gasto incluso por encima de lo que va crecer el PIB nominal, y disminuir la carga estructural de la deuda (su porcentaje sobre el PIB). Es decir, mejorar la vida de muchos españoles.

No me ha extrañado que los partidos independentistas no apoyaran la propuesta del Gobierno, pues suelen estar sólo dispuestos a negociar ventajas particulares. A estas alturas tampoco choca que el patriotismo del que hacen gala PP y Ciudadanos se traduzca en imponer más recortes al bienestar, con tal de no reconocer su fiasco presupuestario o de debilitar como sea a sus adversarios. Pero sí sorprende que Podemos no haya aprendido todavía la lección: el grave error que supone dar pie a que las cosas vayan a peor. 6.000 millones menos es mucho dinero (aunque debe ser muy poco para Rafael Mayoral, a quien los 125.064 millones de euros del techo de gasto le parece que no tienen “ni chicha ni limoná”). Es mucho dinero que sin gastar cuando hace falta se convierte en más frustración y malestar para los más desfavorecidos.

Claro que muchos querríamos que fueran muchos más millones, pero las condiciones y la correlación de fuerzas son las que son. Y es por ello, que lo imprescindible es acumular más apoyos para cambiarla y mejorar mientras tanto y en la mayor medida de lo posible las condiciones de vida de la gente común, procurando que aprenda y se empodere y movilice en esa lucha. Lamentablemente, para Podemos lo ideal, lo mejor, resulta de nuevo enemigo de lo bueno para quien más lo necesita.

La subida del PSOE en todas las encuestas de intención de voto que se han realizado tras la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez indica que el nuevo presidente está acertando en sus planteamientos de gobierno, al menos, si se adopta como criterio de evaluación la preferencia de los votantes encuestados.

Curiosamente, hasta el momento sólo parece haber tropezado con lo que se suponía fácil: el avance hacia una RTVE verdaderamente plural e independiente, el nombramiento del presidente del CIS o la conveniencia de dar un ritmo pianissimo quanto possible y mucha mano izquierda a temas, como la memoria histórica o la discriminación de género, que si se aceleran más de la cuenta pueden generar más resistencias que los nuevos apoyos que son imprescindibles. Pero, a mi juicio, se equivoca sobre todo al decidir no enfrentarse a la financiación autonómica desde una perspectiva diferente a la de años anteriores, quizá pensando, yo creo que equivocadamente, que el diálogo bilateral con la Generalitat aliviaría la tensión independentista.

Es evidente que éste es un tema enquistado, pero no solamente, como pudiera parecer, por la intensidad y gravedad del problema existente en Cataluña.

Es cierto que la estrategia totalitaria del independentismo catalán para imponer al resto de sus compatriotas una independencia que no comparten les obliga a crear como pretexto un enfrentamiento con el resto de los españoles y que la torpe respuesta del nacionalismo español (imperial y no menos excluyente que el catalán) a la realidad diversa y plural de la España de todos, dificulta el entendimiento a la hora de repartir los recursos. Pero eso no lo explica todo.

Lo que de verdad impide resolver bien la financiación de las autonomías es que el diseño constitucional de nuestro estado autonómico y su desarrollo posterior se basan en criterios de oportunidad política que soslayan principios económicos imprescindibles para que un estado descentralizado y cuasi federal (como en realidad es el nuestro) sea eficiente, estable y proporcione equidad.

Se crearon las comunidades autónomas pero manteniendo la estructura provincial, de modo que (salvo en algún caso en el que se crearon espacios comarcales) las comunidades no han podido conformar su territorio de manera eficiente.

Ni en la Constitución ni en los modelos de financiación sucesivos se ha definido una regla de equidad que garantice igual satisfacción a las personas que residen en cada territorio, ni su semejante contribución para hacerla efectiva. Ni tampoco un sistema de medida eficiente y equitativo de la necesidad en cada comunidad, a pesar de que supuestamente esa es la base de partida de la financiación en los términos en que ordena la Constitución.

Al día de hoy (y aunque algunos como el Senado existen sobre el papel) no se dispone de las instituciones o mecanismos de confrontación, visibilización, cogobierno, rendición de cuentas o control que son imprescindibles para que pueda funcionar con eficiencia y equidad un sistema descentralizado de organización territorial.

El marco competencial se ha desarrollado produciendo duplicidades y un auténtico marasmo normativo, lo que no solo genera gasto innecesario y deuda creciente, sino que impide que pueda cumplirse efectivamente el mandato constitucional de igualdad o la deseable unidad de mercado.

La imperfecta definición constitucional del sistema ha dado lugar a un desarrollo inapropiado de las fuentes de ingresos de las comunidades. La cesión de la capacidad normativa sobre algunos tributos, por ejemplo, ha producido desequilibrios, competencia entre territorios e injusticias flagrantes en algunos casos. Y tampoco se ha diseñado convenientemente el necesario sistema de administración tributaria flexible que pueda evitar disfunciones en la cesión y recaudación de los impuestos en los distintos niveles.

No se han establecido los mecanismos de percepción de los costes, del esfuerzo y del beneficio real del sistema, lo que constantemente genera agravios y un clima de insolidaridad y de conflicto en el que es muy difícil que se fortalezca la integración entre territorios y entre los pueblos.

El sistema no contiene tampoco un sistema imprescindible de incentivos de la creación de riqueza y para salir de los recursos de nivelación, lo que ocasiona un círculo vicioso que consolida los desequilibrios, las desigualdades y la dependencia. Y, para colmo de males, no se han cultivado como debiera el compromiso colectivo por la equidad, la cultura y los valores de la lealtad y la solidaridad efectivas, ni se han desarrollado instituciones que promuevan y faciliten el diálogo y la negociación constante, con independencia de las coyunturas de gobierno o de partido. Y en el sistema falta, sobre todo, sentimiento de la unidad nacional que no esté basada en la imposición de lo que una parte de España desea sobre la otra sino en el patriotismo republicano y plural.

Algunos de estos defectos se pueden corregir en los modelos de financiación y otros requieren cambios constitucionales pero lo cierto es que, mientras persistan, sólo podremos aspirar a lo menos malo y a sufrir continuos desequilibrios y tensiones territoriales. Con estos defectos de diseño, la financiación autonómica no se puede resolver sino a base de tirones, de regateos bilaterales y de competencia entre territorios que terminan casi siempre aumentando el gasto de nivelación para tratar de contentar a unos y otros ante la falta de reglas objetivas y comúnmente aceptadas.

Con nuestros niveles de deuda y estando en un marco de integración supranacional que nos impone severas restricciones y que limita muchísimo nuestra capacidad de maniobra debería ser prioritario enfrentarse con determinación y valentía a estos problemas. Si volvemos a lo mismo y caemos en la tentación del regateo y la bilateralidad el resultado será que continuarán aumentando las desigualdades, las ineficiencias y el despilfarro y, lo que es peor, el enfrentamiento no siempre leal entre comunidades.

El President Quim Torra lo ha dejado bien claro hace unos días cuando se alegró de que el Presidente Pedro Sánchez aceptara reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat y cuando, al mismo tiempo, anunciaba que su gobierno no aceptaría participar en el Consejo (lógicamente multilateral) de Política Fiscal y Financiera del Estado sino sólo en relaciones bilaterales de financiación.

Sería un gran error que el gobierno central entrase una vez más en ese juego. Los problemas de España no se pueden resolver haciendo trozos ni negociando privilegiadamente con la parte que en cada momento sea capaz de imponer su fuerza, y mucho menos si esto se logra mediante del chantaje o la prepotencia totalitaria, como viene ocurriendo con los independentistas catalanes.

El titulo de este artículo podría parecer ofensivo pero lo cierto es que en Estados Unidos hay un gran debate entre profesionales de la salud mental para tratar de probar que Donald Trump es un loco. Se han publicado muchos artículos e incluso varios libros para aportar las pruebas de esa supuesta incapacidad del presidente estadounidense. Por ejemplo este, escrito por 27 especialistas: The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President. Pero es muy difícil pronunciarse con seriedad y rigor al respecto y mucho menos por quienes no tenemos nada que ver con la psiquiatría o psicología.

Más fácil es comprobar que Donald Trump sí es un embustero porque todas sus afirmaciones van siendo contrastadas por organizaciones y medios de comunicación. Gracias a ello sabemos que en sus primeros 497 días como presidente de Estados Unidos Trump hizo 3.251 afirmaciones completamente falsas o engañosas (The Washington Post las ha recopilado todas aquí y sus mentiras pueden seguirse al día en Fact Checker).

Sin embargo, a mí me parece que lo importante para valorar lo que está sucediendo en Estados Unidos bajo el mandato de Trump no es saber si está loco o que efectivamente es un mentiroso sino evaluar los efectos de las políticas que aplica y quiénes están beneficiando.

Si dejamos a un lado los temas que no son estrictamente económicos y los efectos de la guerra comercial a los que aludí en mi anterior artículo se pueden tomar en consideración los efectos de dos grandes políticas de Trump: la desregulación y la rebaja de impuestos.

Una de las primeras órdenes que dio Trump al llegar a la presidencia fue que las oficinas gubernamentales debían eliminar al menos dos regulaciones (normas relativas al funcionamiento de la vida económica o social) por cada nueva que se estableciera. La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios informó que en 2017 las agencias federales emitieron 3 acciones regulatorias, 67 acciones desregulatorias y que se retiraron o demoraron un total de 1.579 regulaciones.

El Economic Policy Institute de Washington realizó una evaluación de los contenidos y efectos de esta impresionante actuación desregulatoria en el primer año de mandato de Trump y sus conclusiones son bien claras.

En materia de salud y seguridad de los trabajadores se ha revertido una regla que requería que los empleadores mantengan registros precisos de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo; otra que obligaba a que los trabajadores registraran electrónicamente ese tipo de accidentes; y varias que protegían a trabajadores expuestos a polvo de silicio, al berilio o a los pesticidas en el caso de los agricultores. Además, se ha debilitado la regulación de inspección del trabajo en las minas y se ha aprobado una nueva regulación que permite aumentar la velocidad de trabajo en las granjas avícolas.

En materia salarial se ha legislado para permitir que los empleadores se apropien de las propinas recibidas por los trabajadores y se ha elevado el limite salarial por debajo del cual los empleados están obligados automáticamente a realizar horas extras no retribuidas.

En materia de ahorro y retribuciones, Trump bloqueó una norma que permitía que los municipios crearan fondos de pensión para los trabajadores que no estaban cubiertos por los de sus empresas y que, por tanto, no van a poder disponer de pensiones de jubilación (unos 55 millones). Está impidiendo que se aplique una norma que trataba de evitar que el asesoramiento financiero a los clientes se oriente hacia las inversiones más favorables a los financiadores o a sus comerciales. Ha endurecido las condiciones que permiten que los desempleados accedan a ayudas o subsidios oficiales. Ha frenado una norma de Obama que obligaba a que las empresas con 100 o más empleados informaran confidencialmente sobre lo que les pagan a sus empleados por categoría de trabajo, sexo, raza y origen étnico, con el fin de disminuir la discriminación. Y se ha revocado una norma que obligada a informar de la proporción entre las retribuciones de los directivos mejor pagados y el salario medio de los empleados de las empresas.

En materia de derechos sindicales se ha anulado una norma de 1935 que obligaba a que las empresas informen de cuándo han contratado a los llamados “persuasores”, que son especialistas dedicados a descabezar la movilización de los trabajadores y las estrategias de defensa sindical de sus derechos laborales. Se ha frenado también una norma de 2014 que facilitaba la agrupación sindical y la elección de representantes sindicales para la negociación de condiciones de trabajo.

En materia de responsabilidad de los empleadores se ha revocado una norma que exigía que los contratistas federales informasen de las infracciones detectadas en los lugares de trabajo y específicamente las referidas a violaciones de las leyes laborales federales y las relativas a salario y horas, seguridad y salud, negociación colectiva, licencia médica familiar y protección de los derechos civiles.

Los efectos de la desregulación de Trump sobre los derechos laborales son evidentes y lo significativo es que ni siquiera han tenido un efecto positivo sobre la inversión o el crecimiento y mucho menos sobre el empleo, como han reconocido incluso los poco sospechosos analistas de Goldman Sachs: “el 'milagro' de las desregulación ha sido decepcionante”.

Una segunda gran intervención económica de Trump ha sido la rebaja de impuestos que igualmente prometía ventajas para todos, más inversión y más y mejor empleo. Pero esos no van a ser realmente sus resultados.

El Tax Policy Center ha comparado la distribución del ingreso en la economía de los Estados Unidos que resultará antes y después del recorte de impuestos y ha podido comprobar que la reforma de Trump aumentará la desigualdad de ingreso. El 20% más pobre de Estados Unidos se beneficiará del 1% de los recortes, el segundo 20% más pobre del 4%, el 20% más rico del 70% de los recortes y el 1% del 34%.

Según el Center on Budget and Policy Priorities, los trabajadores sólo recibirán entre el 18% y el 25% del beneficio de estos recortes. El resto irá a los propietarios del capital, teniendo además en cuenta que el 54% de éste último es propiedad del 1% más rico del los propietarios.

La rebaja de impuestos tampoco impulsará la inversión y el empleo. La mayor liquidez que tienen las grandes empresas después de la reforma fiscal de Trump la están dedicando a comprar sus propias acciones, elevando su cotización y beneficiando por tanto en mayor medida a sus mayores propietarios.

No sabemos si Trump está loco o no. Sí está comprobado que es un embustero y que trabaja para los grandes propietarios y para los super ricos de Estados Unidos. La pregunta, por tanto, es si el hecho de que la presidencia de la primera potencia mundial esté en manos de una persona como él es sólo un accidente o si refleja algo más: que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible con el debate, con la transparencia y con la búsqueda honesta de la verdad; es decir, con la democracia.

El establecimiento de aranceles y otras medidas de proteccionismo comercial en los Estados Unidos se están interpretando como una agresión liderada por su presidente con el fin de defender los intereses nacionales de su país a costa del libre comercio que hasta su llegada prevalecía en el planeta.

Es verdad que Trump emprende esta batalla afirmando a todo el mundo que “América es lo primero y sólo América la primera” pero yo creo que ésa es una interpretación simplista e incluso interesada que no refleja la realidad de lo que está sucediendo, ni de lo que ha sucedido antes, ni permite anticipar lo que muy posiblemente vaya a ocurrir en el futuro.

No es verdad que Trump esté combatiendo el libre comercio por la sencilla razón de que el libre comercio no ha existido nunca en nuestro planeta como régimen comercial mínimamente extendido. Lo reconocía hace unos meses alguien tan poco sospechoso como Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio: “El libre comercio no existe (…) Es un falso tema de controversia. Estas discusiones sobre el libre comercio son en gran medida fantasía. Lo que existe en la realidad es un movimiento de apertura comercial, que ha experimentado aceleraciones y desaceleraciones a lo largo de la historia” (Pascal Lamy: Libre-échange et discours protectionnistes).

Es verdad que en los últimos decenios se ha producido un incremento continuado del comercio internacional pero eso se ha producido en un doble contexto de protección comercial.

Por un lado, las grandes potencias (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China…) han protegido sus intereses, la mayoría de las veces sin disimulo, mediante todo tipo de medidas: subsidios a su producción, aranceles cuando han podido, cuotas de importación, devaluaciones competitivas de sus monedas... Según el Global TradeAlert elaborado por CreditSuisse, a la llegada de Trump en Estados Unidos se mantenían 1.280 medidas proteccionistas en vigor y según un estudio reciente en los últimos cuatro años se han tomado 3.439  nuevas medidas de este tipo en todo el mundo (Protectionism. Trade war reloaded).

También es cierto, por otro lado, que se han firmado un buen número de acuerdos presentados como “de libre comercio” pero, en realidad, no lo son. Unas veces, porque se basan en tratar igual a los desiguales y eso simplemente protege el interés de los más fuertes. Y otras, porque lo que buscan y consiguen no es promover abiertamente el comercio en general y en igualdad de condiciones sino proteger a las grandes compañías transnacionales (proporcionándoles mejores condiciones de actuación, jurisdicciones privilegiadas, menos controles o menos sujeción a obligaciones sociales o medioambientales…).

El país más proteccionista del mundo

Es imposible poner un solo ejemplo de una gran potencia que haya llegado a serlo renunciando al proteccionismo e impulsando sincera y efectivamente el libre comercio. Lo que siempre han hecho ha sido protegerse a sí mismas y a sus grandes empresas y utilizar su poder para obligar a que las economías más débiles abran sus fronteras. Y Estados Unidos en concreto ha sido, con mucha diferencia, el país más proteccionista del mundo de 1990 a 2013, según el mencionado informe de CreditSuisse.

El planeta ha vivido en los últimos decenios bajo un régimen comercial de proteccionismo de las grandes potencias mutuamente consentido (y que, precisamente por ello, ha podido desarrollarse en condiciones de suficiente equilibrio), en un contexto, eso sí, de progresiva apertura comercial.

La novedad de las medidas de Trump no es, por tanto, que sean proteccionistas o contrarias al libre comercio sino que se están llevando a cabo de modo explícito, sin disimulos, unilateral y agresivo, pudiendo llevar consigo una auténtica guerra comercial.

La diferencia puede parecer demasiado sutil o incluso un simple juego de palabras, pero creo que no lo es.

Es cierto que el proteccionismo de las grandes potencias, que nunca ha desaparecido, como acabo de señalar, representa siempre una cierta agresión hacia las demás: el resto de los países no han dejado de reclamar a China, por ejemplo, que deje de manipular su moneda para no darle ventajas artificiales a sus exportaciones, y Europa y Estados Unidos no han dejado nunca de tener controversias y conflictos comerciales por sus diferentes formas de regular o incluso por sus subvenciones o aranceles. Pero lo que está empezando a ocurrir ahora es que las medidas de Estados Unidos no se dan en el anterior clima de concesión mutua y de respeto al status quo, que es lo que diferencia un clima de competencia económica, más o menos agresiva pero aceptada, de una guerra comercial.

Cuando se produce una escalada de respuestas más o menos generalizadas a la agresión inicial (como ocurrió en 1930 cuando Estados Unidos elevó unilateral y rápidamente sus aranceles), cuando se desata la guerra, lo  que viene inmediatamente después es una caída en cadena del comercio internacional con efectos depresivos ya ampliamente analizados en la historia económica.

Hoy día sabemos que las guerras comerciales casi nunca resuelven los problemas que supuestamente trata de solventar el país que las desata con sus medidas proteccionistas. En este caso, Trump no va a defender los intereses de América y de los americanos en su conjunto ni va a salvar a los sectores económicos que pretende proteger. Actualmente, las empresas estadounidenses y en realidad todo su comercio internacional forman parte de cadenas internacionales de valor, de modo que las medidas proteccionistas de Trump sólo van a producir subidas de precios que proporcionarán beneficios extraordinarios a unas pocas empresas pero menos renta efectiva y menos ventas al conjunto de la economía (los aranceles sobre las importaciones de acero o aluminio, por ejemplo, van a perjudicar a las industrias del automóvil y la construcción). Tampoco van a hacer más competitivos a los sectores a quienes se trata de proteger porque éstos tienen problemas estructurales que no se curan eliminando la competencia exterior.

Cuando la protección no es mutuamente consentida, como ahora, se busca hacer daño con ella. Y eso es lo que harán China o Europa apuntando a los intereses y sectores que más empleo generan en Estados Unidos o incluso a los que en mayor medida apoyan electoralmente a su presidente. Trump ni siquiera conseguirá mejorar el balance exterior estadounidense porque está estableciendo aranceles a productos que se utilizan como inputs intermedios en su industria nacional: lo comido por lo servido. Estados Unidos se va a pegar un tiro en el pie.

La historia económica también nos ha enseñado que las guerras comerciales suelen traer consigo problemas monetarios de toda índole y crisis financieras, que las medidas agresivas que llevan consigo se imponen rápidamente pero luego son más difíciles de eliminar y que no suelen tener vencedores sino que pierden casi todos los que se ven involucrados en ellas.

Pero si hay algo especialmente preocupante de entre lo que nos enseña la historia económica de las guerras comerciales es que, con mucha frecuencia, terminan en conflictos armados y a veces generalizados. No lo olvidemos, porque quién sabe si detrás de una estrategia comercial de apariencia nacionalista y de factura económica tan torpe lo que hay en realidad es una ofensiva de la poderosa industria armamentística.

Aspirar a que exista un comercio completamente libre es una excusa para proteger a los más fuertes y creerse el discurso de quienes dicen que lo defienden es una ingenuidad que se paga caro. Pero pensar que el proteccionismo a ultranza puede resolver los problemas de las sociedades modernas es una simpleza quizá peor. Se necesita un sistema mundial de acuerdos multilaterales basados en la equidad y el equilibrio, en la protección de los más débiles, en el uso sostenible de los recursos naturales y en la salvaguarda de los intereses futuros de la humanidad. Todo lo contrario de lo que lleva a la guerra que se avecina.

La reciente firma por las organizaciones sindicales y la patronal del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva es una buena noticia. Lo es porque abre una etapa en la que parece que ya se comprende que la constante devaluación salarial, tal y como han indicado hasta los organismos internacionales más conservadores, es perjudicial para el conjunto de la economía española.

Basar el impulso económico y la competitividad en la moderación salarial sólo beneficia a un grupo muy reducido de empresas españolas, las que tienen clientela cautiva y la posibilidad de obtener, por esa vía, beneficios extraordinarios en el extranjero. Mientras que la gran mayoría de los negocios, como ponen de relieve las encuestas de opinión más rigurosas y el propio sentido común, sólo encuentran dificultades cuando la masa salarial se reduce y, con ella, el gasto en consumo y las ventas en el mercado interior.

El acuerdo es bueno, además, porque no sólo se limita a proponer subidas salariales (tan beneficiosas para la población asalariada como para las empresas de menor poder de mercado que viven de su consumo). También lo es, a mi juicio, porque abre la puerta a que se discutan cuestiones complementarias que son tanto o más importantes que la recuperación salarial: el impulso de los convenios, los problemas de la formación, la reducción de jornada como alternativa a los despidos, la situación de la economía sumergida que tanto daño hace, la desigualdad de género o los efectos perversos de la externalización, entre otros.

Sin embargo, y sin ánimo de despreciar lo conseguido, creo que hay que ser muy conscientes de que este pacto es completamente insuficiente no sólo para avanzar hacia el cambio productivo que sigue precisando con urgencia nuestra economía (y que requiere avances en reindustrialización, sostenibilidad o capacidad de maniobra que dejo de lado en este comentario) sino, incluso, para lograr el aumento de la masa salarial que se necesita.

En primer lugar, porque este acuerdo ni siquiera puede garantizar que la masa salarial aumente suficientemente o de modo generalizado. Los salarios no suben ni por decreto ni porque lo recomienden, como se han limitado a hacer ahora, la patronal y los sindicatos. Hacen falta incentivos, un entorno de negociación que no sea tan asimétrico y desfavorable para una de las partes y, sobre todo, demanda efectiva suficiente.

En segundo lugar, hay que lograr, además, que el posible aumento salarial que se pueda producir no conlleve un efecto rebote negativo sobre las empresas que todavía se siguen enfrentando a grandes dificultades para salir adelante o sobre el empleo juvenil.

Por esas dos razones, sería imprescindible que el pacto alcanzado viniera seguido de acuerdos o, al menos, de principio de acuerdos en otras materias de las que a mi juicio depende que nuestra economía recobre realmente el pulso productivo. Desgraciadamente, dentro de unos meses los vientos no van a sernos tan favorables, porque seguramente suban los precios del petróleo, porque terminará la intervención del Banco Central Europeo y porque el alza de los tipos de interés hará mucho daño a una economía, como la nuestra, que emitirá en 2018 unos 7.000 euros cada segundo de una deuda pública que crece a un ritmo de unos 100 millones de euros diarios.

Hay que crear mejores condiciones para lograr incrementos de la productividad y, en ese sentido, hay que abordar, al menos, dos grandes cuestiones.

La primera es la del tiempo y la jornada de trabajo en nuestro mercado laboral y también en el ámbito del trabajo no remunerado, porque uno no se reforma sin cambios en el otro. Todas las evidencias históricas indican claramente que es imposible hacer frente a los cambios tecnológicos a medio y largo plazo sin incrementos dramáticos del paro si no se reduce la jornada de trabajo. La nuestra actual no sólo es excesiva (1.687 horas anuales frente a 1.514 de Francia o 1.356 de Alemania, según datos de la OCDE para 2017). Nuestra jornada de trabajo es una fuente de baja productividad y que además dificulta la conciliación y la corresponsabilidad que son fundamentales, entre otras, cosas para lograr el deseable aumento de nuestra tasa de fecundidad que está entre las más bajas del mundo. No se debería demorar más el avance en este tema.

La segunda es la del papel del sector público, que es la otra principal fuente de rentas en nuestra economía. Como viene demostrando en rigurosos estudios empíricos la economista Mariana Mazzucato, para que la economía y las empresas privadas en su conjunto sean innovadoras, funcionen mejor y puedan crear más rentas primarias, es imprescindible que el Estado asuma un papel de vanguardia en la creación de conocimiento, en la educación, en la investigación e incluso en la puesta en marcha de proyectos innovadores. Por tanto, y aunque esto pueda parecer alejado de los problemas laborales, también son imprescindibles compromisos mutuos efectivos para recuperar el terreno perdido en este campo en los últimos años y definir nuevos retos y estrategias.

Pero esto nunca será posible sin revisar la función de gasto del Estado y la generación de los ingresos públicos. En España (aunque es verdad que también en otros países) estamos destinando dinero público a financiar actividades y proyectos que generan rentas cautivas y que luego no se traducen en mayor consumo y bienestar familiar, en más y mejor empleo o en rendimiento económico auténtico. No puede valernos cualquier aumento del gasto público para recuperar la actividad y por ello es preciso abrir las ventanas para que se conozca con toda la transparencia qué se ha hecho, cómo y por qué, y avanzar hacia un pacto de auténtica austeridad (no de la austericida de años atrás) que distribuya mejor las rentas que genera. No será fácil, porque eso obliga a poner freno y a enfrentarse a la voracidad de la banca que vive de incrementar la deuda sea como sea o a las grandes constructoras que se han hecho dueñas de España e incluso de sus instituciones. Pero hay que intentarlo, con incentivos, con mano izquierda y con las contrapartidas que hagan falta. Y, complementariamente, ha de abordarse también una reforma fiscal que ni mucho menos tiene por qué encaminarse a que aumente la presión impositiva de todos los españoles sino, si se hace bien, simplemente a que haya más equidad y eficacia recaudatoria.

Y por ultimo, aunque no menos importante, no debería olvidarse que es imposible que las economías funcionen con eficiencia y buen rendimiento si las instituciones que la rodean y los valores y la ética que impulsan el comportamiento de los sujetos económicos están corrompidos, si no hay confianza, si las reglas de juego no están claras o se hacen trampas, que es exactamente lo que ocurre cuando algunos disfrutan de impunidad o cuando la rendición de cuentas es algo prácticamente inexistente. La corrupción y la desconfianza en las instituciones son un verdadero cáncer también para las economías y hay que hacerles frente con urgencia y decisión si de verdad queremos que la nuestra salga adelante.

En suma, bienvenido el pacto salarial, pero seamos conscientes de que se lo habrá llevado el viento en unos pocos meses si no se acompaña de otros compromisos elementales como éstos que he mencionado.

El presidente Mariano Rajoy ha sido sincero respondiendo a los pensionistas que le reclaman mejorar las pensiones que reciben. Les ha dicho que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más”.

El presidente lleva razón pero solo en parte.

Es cierto que ha habido una recuperación de la economía, tal y como reflejan la gran mayoría de los indicadores: el crecimiento del PIB, la inversión y particularmente la que se realiza en bienes de equipo, el consumo de los hogares, las exportaciones e importaciones, el empleo, las ventas y la cifra de negocios, el crédito a familias y empresas, e incluso otros más subjetivos como los de confianza empresarial o de los consumidores.

Negar la evidencia es absurdo. Hemos salido de una situación muy complicada y la economía española se encuentra ahora en una situación muy diferente a la de crisis y recesión de años anteriores.

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa recuperación indiscutible se ha producido sobre unas bases que comportan, por decirlo de una manera suave, demasiadas sombras, sobre todo, porque se ha hecho descansar en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría.

Los principales “puntos oscuros” de la recuperación conseguida por el Gobierno de Rajoy son, a mi juicio, los siguientes:

En definitiva, es totalmente cierto que el Gobierno de Rajoy ha logrado recuperar la economía, pero lo ha hecho favoreciendo a los grupos e intereses económicos ya de por sí más poderosos, concediéndole cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener beneficios.

Eso es lo que explica que los salarios hayan caído casi 40.000 millones (y no solo por el menor empleo) en la renta nacional, lo que en la práctica significa casi tanto dinero menos de ingresos para las empresas, que el 54% de las horas extraordinarias no se retribuyan, que el 28% de los contratos firmados en julio pasado y los 2/3 de los temporales de agosto duraran menos de una semana y que se hayan disparado los contratos de cero horas.

¿Cómo se va a poder subir las pensiones con esa realidad laboral, con esa precariedad salarial tan extraordinaria?

El Gobierno de Rajoy ha creado las condiciones para que las grandes empresas y los bancos obtengan impresionantes beneficios y que tengan grandes ventajas fiscales, pero a costa de las empresas más pequeñas y medianas y de las familias.

Teniendo en cuenta todos estos hechos, algunos informes afirman, yo creo que sin exagerar, que la recuperación económica en España ha beneficiado cuatro veces más a los grupos de renta más alta que al 90% más pobre de los españoles. Y con una recuperación tan desigual es natural que el presidente Rajoy diga que no se pueden subir las pensiones.

Por si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, sino porque Rajoy y su Gobierno los han venido distribuyendo a favor de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían cambios extraordinarios para que las cosas fueran de otro modo (como está ocurriendo, sin ir más lejos, en Portugal):

Con una recuperación con cargas y beneficios tan mal repartidos es imposible subir las pensiones. Y si seguimos con un modelo económico al servicio de la banca que gana dinero creando deuda o encareciendo artificialmente la financiación a base de comisiones, y de las grandes empresas que destruyen el mercado interior o que explotan nuestras cadenas de creación de valor, será imposible incluso mantenerlas en el futuro.

Para mejorar y garantizar nuestras pensiones públicas es imprescindible un pacto nacional que modifique las grandes coordenadas en que se viene basando nuestro modelo económico, que alcance acuerdos sobre la distribución de las rentas y las ganancias de productividad, que reparta los esfuerzos para invertir en el futuro, que apoye a las empresas españolas que pueden crear y dedicar su valor añadido a crear empleo y riqueza en nuestro país, que garantice la inversión en I+D+i, que imponga mínimos de justicia fiscal, que sanee nuestro sistema educativo... Sé que son objetivos difíciles porque chocan contra el statu quo político y contra los privilegios de las grandes empresas y bancos pero lograrlos es la única manera de hacer que España no sufra crisis más profundas en un futuro que puede ser inmediato, por ejemplo, si los mercados financieros se ponen feos y comienzan a subir los tipos de interés.

Hace unas semanas escribí en esta serie de artículos sobre mitos y mentiras económicas uno dedicado a denunciar los que tienen que ver con las condiciones en que se desarrolla el comercio internacional de nuestros días (Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio). En él señalaba que los economistas y políticos neoliberales suelen responder a los economistas que critican el mito del libre cambio y el modo tan injusto en que funciona el comercio internacional actual con meras caricaturas, acusándolos de defender el proteccionismo o la autarquía.

No ha pasado mucho tiempo para que me den la razón. El Partido Socialista ha anunciado su posición más crítica ante el CETA (el amplio acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá) y el Gobierno responde diciendo que lamenta que el PSOE “vire al proteccionismo como Podemos o la extrema derecha” y dirigentes europeos acusan a Pedro Sánchez de oponerse a la globalización.

Algunos de los economistas españoles más conocidos también se han pronunciado en este sentido y la naturaleza de los “argumentos” que utilizan para defender el CETA son bien significativos.

Daniel Lacalle califica a los críticos del acuerdo como “enemigos del progreso” y se hace un lío defendiendo al mismo tiempo una cosa y la contraria con tal de combatirlos: por un lado, dice que el CETA “es un acuerdo bilateral que tiene de todo menos liberal, está completamente alineado con una vertebración de la economía dirigista” y seis líneas más abajo que el acuerdo CETA“es uno de los mayores éxitos de la Unión Europea, un tratado de libre comercio”. Y, para defenderlo, afirma que supondrá un aumento de las exportaciones de 12.000 millones de euros. Una cifra que nadie sabe de dónde viene pero que es menos de la mitad (26.000 millones) de lo que afirma Cristina Serrano que aumentarán gracias al CETA en otro artículo publicado en el Real Instituto Elcano (La verdad sobre el CETA: ¿en qué consiste realmente el acuerdo económico y comercial entre la UE y Canadá?).

José Carlos Díez también defiende la firma del CETA basándose fundamentalmente en dos grandes argumentos económicos más concretos (¿Por qué debemos apoyar el CETA? Mitos y verdades). Por un lado, porque en su opinión el CETA ayudará a reducir el desempleo y a aumentar los salarios y, por otro, porque aumentará el entorno competitivo y obligará a nuestras empresas a mejorar su eficiencia para no perder cuota de mercado.

También se ha referido al CETA y a sus críticos Juan Ramón Rallo pero, en este caso, no hay mucho que comentar sobre sus argumentos porque, con tal de atacar a quien no piensa como él, cae sencillamente en la caricaturización más grotesca. Por ejemplo, cuando da a entender que solo en el capitalismo se da el comercio y que los críticos del CETA somos “radicalmente anticapitalistas y, por tanto, anticomercio”. ¿Cómo entrar a debatir con alguien que dice semejante estupidez para descalificar a su adversario ideológico?

Pero ¿que hay de riguroso en estas críticas? ¿Es cierto que criticar el CETA y oponerse a que se apruebe es estar contra el libre comercio, que este acuerdo solo tenga ventajas y que la globalización a la que vienen a apoyar este tipo de tratados es buena de por sí y hay que dejar que funcione como viene funcionando?

Dejaré este último asunto de la globalización para un próximo artículo y hoy me centraré en las supuestas ventajas de acuerdos comerciales como el CETA.

Lo primero que hay que saber es que, aunque se denominen así, estos acuerdos no son de libre comercio. Así lo asegura, entre otros muchos reputados economistas, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuando, refiriéndose al TTIP, decía que su objetivo no era fortalecer el libre comercio sino “administrar las relaciones comerciales y de inversión de sus miembros (…) en representación de los más poderosos lobbistas de negocios de cada país” (La farsa del acuerdo comercial del Pacífico).

Lo segundo a tener en cuenta es que las estimaciones tan optimistas sobre los efectos del acuerdo en el empleo, el comercio o el crecimiento de las economías no deben tomarse muy en serio. Ya he señalado que las estimaciones que se manejan son muy contradictorias y es bien sabido (como reconoció un medio tan poco sospechoso como The Economist) que los modelos que se utilizan para hacer las estimaciones con las que se defienden estos tratados son muy discutibles y débiles (A weighting game).

En tercer lugar, para analizar los efectos de un acuerdo comercial como el CETA se debe considerar lo que ha ocurrido en el pasado reciente con otros semejantes y con la filosofía que inspira el tipo de globalización que comportan.

En este sentido, un articulo de Binyamin Appelbaum en The New York Times mencionaba algunas evidencias que se han podido constatar en los últimos años y que si se tuvieran en cuenta quizá rebajarían el optimismo de los defensores del CETA (Perils of Globalization When Factories Close and Towns Struggle). Entre ellas señala las siguientes:

- Los efectos positivos de los 17 acuerdos comerciales que ha suscrito Estados Unidos desde el NAFTA han sido siempre menores de los que se proclamaban cuando se iban a firmar.

- La mayor competencia que generan estos acuerdos eleva el desempleo y reduce los salarios.

- Tras estos acuerdos liberalizadores se reducen los ingresos de los trabajadores de menor formación y, en general, el de los grupos de población más pobres.

- Como dice Stiglitz, aunque siempre se argumenta que los ganadores con estos acuerdos compensarán a los perdedores, lo cierto es que eso no se produce nunca.

Finalmente, una amplia investigación sobre el CETA publicada en septiembre del año pasado llega a conclusiones muy diferentes de las que sostienen sus defensores a ultranza (CETA Without Blinders: How Cutting ‘Trade Costs and More’ Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses).

Esta investigación parte de señalar que las estimaciones oficiales sobre el incremento del PIB que generará el acuerdo (0,08% para Europa y 0,76% en Canadá) no son solamente muy moderadas sino, sobre todo, nada realistas pues se basan en modelos muy simples (como señalé antes) y en dos hipótesis inaceptables: que siempre habrá pleno empleo y que el acuerdo no provocará ningún tipo de efecto sobre la distribución.

Por el contrario, al aplicar un modelo que contempla hipótesis más cercanas a la realidad, como el de análisis de política global de las Naciones Unidas, los autores llegan a las siguientes conclusiones sobre el CETA:

– El acuerdo provocará divergencia y desequilibrio porque solo mejorará la balanza exterior de Alemania, Francia e Italia y perjudicará a las demás economías europeas.

– El CETA incrementará el peso de las rentas del capital en la renta nacional y disminuirá el de los salarios en Europa y en Canadá.

– El CETA reducirá los salarios medios: un promedio de 1.776 euros en Canadá en 2023 y entre 316 y 1.331 euros en Europa.

– El CETA disminuirá los ingresos de los Estados y, por tanto, aumentará los déficits públicos.

– El CETA destruirá 230.000 empleos en Canadá, 200.000 en Europa y 80.000 en el resto del mundo.

– Como consecuencia de que el CETA debilitará la demanda y creará empleo provocará una pérdida del 0,96% en el ingreso nacional de Canadá y del 0,49% en la Unión Europea.

La investigación concluye señalando que el CETA “no solo conducirá a pérdidas económicas, sino también al aumento del desempleo y la desigualdad, con implicaciones negativas para la cohesión social” y sus autores señalan finalmente el peligro letal que conllevan las políticas que inspiran el CETA: “En el contexto actual de alto desempleo y bajo crecimiento, mejorar la competitividad mediante la reducción del costo de la mano de obra sólo puede dañar la economía. Si los responsables de la adopción de políticas adoptaran el CETA y siguieran este camino, pronto tendrían una única opción para reactivar la demanda ante las crecientes tensiones sociales: aumentar los préstamos privados, posiblemente mediante una nueva desregulación financiera, abriendo la puerta a una deuda insostenible y inestabilidad financiera”.

Es evidente, pues, que detrás de la crítica al CETA hay algo más que “trapicheo político” (Rallo) o “deriva populista” (Lacalle). Hay análisis económicos muy potentes y realizados por economistas de gran prestigio y  en instituciones bien reconocidas, y también (aunque no lo he tratado en este artículo) una gran preocupación por la democracia, al comprobar que este tipo de tratados la debilitan pues atan las manos de los poderes públicos representativos antes las multinacionales.

Por supuesto, es en todo caso legítimo defender el CETA, pero es una miserable impostura intelectual hacer creer que quienes lo critican son cuatro populistas sin razones, ni fundamento, enemigos del progreso ¡o incluso del comercio!, como dice Rallo. Hay muchas razones económicas para estar en contra del CETA y son de mucho peso.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “¿Es bueno o malo para la economía que haya sindicatos fuertes?”

Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y 80 del siglo pasado, los sindicatos se convirtieron en su principal bestia negra. El objetivo de tales políticas era recuperar el beneficio del capital y cualquier institución que reforzara el poder negociador de los trabajadores, como las organizaciones sindicales, constituía un obstáculo para su puesta en marcha que convenía desactivar o incluso eliminar si resultaba posible.

Primero fueron los dictadores liberales, sobre todo en América Latina, quienes los combatieron duramente. Asesinaron a miles de sindicalistas, muchas veces con extraordinaria crueldad y con el apoyo, no siempre disimulado, de los economistas neoliberales, de empresas multinacionales y de los gobiernos de las grandes potencias. Solo en Colombia se han asesinado a más de 3.000 en los últimos treinta años y las declaraciones del asesino general Videla dejaron bien claro por qué y cómo había que perseguir a los sindicatos: “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976)...con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo (…) los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: 'Hagan lo que tengan que hacer' (...) Cuántas veces me dijeron 'se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!'”. Aunque, eso sí, Videla tenía la conciencia tranquila porque, según dijo, “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano” (Argentina: exrepresor Videla admite que dictadura mató a más de 7.000 personas).

Más tarde, Margaret Thatcher y Ronald Reagan comenzaron sus etapas de gobierno con medidas expresamente dedicadas a reducir el poder sindical y a desincentivar por todos los medios posibles la afiliación de las clases trabajadoras. La primera calificaba a los sindicatos como “el enemigo interno” y de los más de 240 comités de coordinación entre los sindicatos y el gobierno que había en 1979, cuando comenzó a gobernar, solo quedaba en activo uno solo en 1990, cuando acabó su etapa. La mano de Reagan, por su parte, no fue menos dura que la de Thatcher: su cruzada comenzó el 5 de agosto de 1981, cuando declaró ilegal al sindicato de controladores del tráfico aéreo (PATCO) y despidió a todos sus afiliados por hacer huelga y no incorporarse al trabajo cuando él lo ordenó.

Pero la mano dura no bastaba para acabar con los sindicatos que siempre habían tenido un gran apoyo social y no solo de las clases trabajadoras. Para ganarles la batalla, una de las estrategias fundamentales fue fomentar la elaboración y difusión de investigaciones económicas y artículos académicos destinados a demostrar que la presencia de sindicatos es un factor dañino para la economía y que, por tanto, convenía reducir su presencia al mínimo posible.

Desde entonces, la literatura económica orientada a demostrar esta tesis es abundantísima y los economistas que la defienden reciben premios, se hacen famosos en los medios y se presentan como los portadores de un saber económico superior basado en rigurosas verdades científicas.

En sus análisis se concluye que los sindicatos actúan como una especie de cártel o monopolio que impone salarios superiores a los de equilibrio en el mercado laboral y para los cuales la demanda de trabajo que hacen las empresas es menor que la oferta de los trabajadores. Los sindicatos serían, por tanto, la causa de que haya desempleo. Un desempleo que los economistas liberales califican como “voluntario”, precisamente por esa razón, porque en su opinión es aceptado voluntariamente por los trabajadores a cambio de disfrutar de salarios más elevados.

Pero esa no sería la única consecuencia negativa de la actividad de los sindicatos. Los economistas neoliberales han multiplicado los estudios dedicados a mostrar que también tienen otros efectos sobre la actividad económica igual de perniciosos o peores. Así, se afirma que los sindicatos pueden ser beneficiosos para sus afiliados pero perjudiciales para el conjunto de la sociedad, que disminuyen el crecimiento económico y la inversión, que frenan la productividad, que dañan a los empresarios, que perjudican a los buenos trabajadores, que provocan subidas de impuestos, que retardan la recuperación tras las crisis, o que alcanzan una influencia política excesiva y muy negativa, entre otras cosas.

Pero ¿qué hay de verdad en esas críticas? ¿Es cierto que la actividad de los sindicatos es para las economías una especie de cáncer que conviene extirpar? ¿Realmente destruyen puestos de trabajo, disminuyen la productividad, frenan la innovación, impiden que las empresas creen riqueza y que la economía satisfaga convenientemente las necesidades humanas? ¿Son razones de ciencia económica las que justifican que se limite su poder y actividad?

Para responder a estas preguntas basta con echar una ojeada a las bibliotecas aunque, eso sí, tratando de buscar la verdad y no solo los estudios que confirmen lo que, en un sentido u otro, hayamos establecido de antemano, tal y como suele ocurrir.

Si hacemos eso (o si sencillamente realizamos un rápida búsqueda de trabajos científicos en la red), enseguida veremos que en el caso de los efectos de la actividad sindical sobre la economía ocurre exactamente igual que en otros campos que vengo comentando en esta serie de artículos y en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas. A las conclusiones de los economistas neoliberales (en este caso, sobre los efectos económicos muy negativos de la actividad sindical) solo se llega cuando se parte de determinadas hipótesis y se analizan una variables concretas, porque se puede concluir de modo completamente distinto si se establecen otros puntos de partida diferentes, si se consideran otras partes del problema o si las variables se contemplan desde perspectivas de análisis alternativas.

Este no es un artículo académico así que no voy a cansar a quienes lo lean con las citas de los muchos autores y datos que muestran conclusiones diferentes a las que defienden los economistas liberales sobre los sindicatos .

Como mi propósito es simplemente llamar la atención y mostrar de la manera más clara e intuitiva posible el engaño que supone afirmar que la actividad sindical es nociva para la economía, me limitaré a mencionar dos pruebas que provienen de organismos que no son precisamente sospechosos de simpatía hacia los sindicatos:

– El Banco Mundial concluyó en un estudio  de 2002 que los sindicatos no dañan al crecimiento y que hay una correlación muy débil, y puede ser que incluso ninguna, entre la sindicalización y los indicadores de rendimiento económico como la tasa de paro, la inflación, la tasa de empleo o la flexibilidad de los salarios reales (Unions and Collective Bargaining : Economic Effects in a Global Environment).

– La OCDE afirmaba en un estudio de 2006 que la mayor tasa de sindicalización no tiene efecto negativo sobre el empleo, que su aumento tampoco lo tiene sobre la creación de puestos de trabajo y que el poder de negociación colectiva de los sindicatos influye más sobre la distribución del ingreso que sobre la demanda de trabajo que hacen las empresas (OECD Employment Outlook 2006)

Pero no solo hay estudios que demuestran que el efecto de los sindicatos no es negativo para la economía. Otros muchos demuestran que su influencia es positiva:

– Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 mostró que la presencia de sindicatos aumenta los salarios, el empleo y la inversión porque incentiva la sustitución de empleo por capital (The Economic Effects of Unions in Latin America: Their Impact on Wages and the Economic Performance of Firms in Uruguay).

– Chris Doucouliagos y Patrice Laroche han analizado todos los estudios efectuados desde los años 70 del siglo pasado sobre la influencia de los sindicatos en la productividad y de todos ellos concluyen que (aunque haya casos aislados en sentido contrario) esta última es más elevada por lo general cuando las empresas tienen implantación sindical (What do unions do to productivity ? A meta–analysis).

– Un estudio que cubre todo un siglo de la economía de Estados Unidos realizado hace muy poco por Jordan Brennan y que comento en Economía para no dejarse engañar por los economistas no deja lugar a dudas porque los datos son indiscutibles: las etapas de más alta afiliación sindical son las que están asociadas con más actividad económica, más nivel de empleo, salarios más elevados y más inversión productiva de las empresas. Por el contrario, en las etapas de menos presencia o fuerza sindical hay menos empleo, salarios más bajos, menos inversión empresarial productiva, más dedicada a fusiones y absorciones empresariales, y tasa más baja de crecimiento económico (Rising corporate concentration, declining trade union power, and the growing income gap).

– Otros muchos estudios también demuestran que más presencia de los sindicatos o su mayor poder de negociación está asociado a menor desigualdad salarial y general, a más beneficios sociales, a pensiones más elevadas, a mejor clima de diálogo social y en las empresas, y que cuanta mayor sea la afiliación más cooperativas y eficientes son las relaciones laborales (Oui, les syndicats sont utiles!).

¿Quiere decir todo esto que la actividad de los sindicatos es siempre positiva y desde todos los puntos de vista para la economía, para las empresas o incluso para las propias clases trabajadoras? Por supuesto que no. Como cualquier acción humana, la que llevan a cabo las organizaciones sindicales no está exenta de defectos y de posibles efectos perversos o negativos sobre su entorno. Sobre todo, cuando los sindicatos, como ha ocurrido mucho en los últimos años, se burocratizan, se hacen dependientes de la financiación gubernamental o empresarial y cuando se alejan de los intereses de la sociedad en general.

Ahora bien, lo que a mi juicio demuestra lo que acabo de señalar es que no se puede afirmar, como hacen los economistas y políticos neoliberales, que los sindicatos sean por definición un elemento negativo y de efectos perniciosos sobre la economía. La realidad evidencia que no solamente no lo son siempre sino que, además, pueden tener una influencia muy positiva sobre las empresas y sobre el conjunto de la actividad económica.

Los sindicatos son, nada más pero nada menos, un instrumento de defensa de las clases trabajadoras. Un instrumento imprescindible porque estas interactúan con la patronal en condiciones de franca inferioridad y debilidad pero que, como cualquier otro, puede ser utilizado bien o mal. Los sindicatos suponen protección, apoyo mutuo, poder colectivo y, por lo tanto, mayor posibilidad de intervenir en las relaciones económicas en condiciones de simetría con la patronal, única forma de conquistar y disfrutar derechos que sería imposible alcanzar y ejercer negociando las condiciones de trabajo individualmente. Es por eso, porque la otra parte busca igualmente mejorar su condición, por lo que se quiere acabar con los sindicatos y por lo que se hacen reformas laborales (como la última española) cuya casi única finalidad es limitar la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Y es por eso que el efecto que estas medidas han tenido en los últimos años no ha sido otro que aumentar el beneficio empresarial a costa de los salarios y de los derechos laborales, disminuyendo el empleo y el nivel general de actividad económica.

Las razones que llevan a combatir a los sindicatos no son científicas, como nos quieren hacer creer los economistas neoliberales. La actividad sindical no es mala en sí misma para la economía. Si se limita y combate es para defender y proteger los intereses de una parte, ya de por sí en condiciones de superioridad, en perjuicio de otra y a costa de perjudicar a la economía y a las propias empresas en su conjunto.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “¿Acabarán los robots con el empleo?”

Una idea que se difunde como la pólvora en los últimos tiempos es que los robots acabarán dentro de muy pocos años con una gran parte del empleo existente y que millones de personas se quedarán entonces sin ingreso alguno procedente del trabajo. Como prueba de ello se utilizan estudios como el de los profesores de la Universidad de Oxford Carl Frey y Michael Osborne sobre el futuro del empleo. En él se afirma que nada más ni nada menos que el 47% de los empleos existentes hoy día en Estados Unidos está en riesgo de desaparecer por esa causa. Pero ¿qué hay realmente de cierto o al menos de probable en esta amenaza?

Una primera cuestión que conviene saber para responder a esa pregunta es que los malos augurios y los temores actuales no son ni mucho menos nuevos.

Muchos trabajadores ya destrozaban máquinas a finales del siglo XVIII porque creían que iban a destruir sus puestos de trabajo, sin ser conscientes de que su efecto era la desaparición de tareas pero no del trabajo en general. Lo que hacían esas máquinas era permitir que se pudiera obtener más producto por hora trabajada en muchas actividades (es decir, más productividad, en términos económicos). Pero gracias a ello se generaban, por un lado, más ingresos (porque el ingreso es la otra cara del producto) y, por otro, nuevas actividades productivas necesarias para crear o mantener las máquinas y también para satisfacer las nuevas demandas que generaban los mayores ingresos de consumidores y empresas. Y ambas cosas permitían crear más empleos, casi siempre en otras actividades, como he dicho, o incluso en lugares distintos a donde comenzaban a funcionar las máquinas, pero más empleos, al fin y al cabo. Aunque también es cierto, como comentaré enseguida, que ese efecto de creación de nuevos empleos no era necesariamente automático sino que solo se producía si se daban al mismo tiempo otras condiciones.

Pero que nadie crea que fueron solo trabajadores inconscientes e ignorantes de los procesos económicos quienes a lo largo de la historia han augurado equivocadamente el fin del empleo por culpa de las máquinas.

Cuando a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado se comenzó a generalizar el uso de la informática y las telecomunicaciones muchos economistas famosos anunciaron que con ellas vendría un incremento vertiginoso de la productividad y a continuación la desaparición de millones de empleos, sobre todo, en el sector servicios.

Los hechos han demostrado sin lugar a duda alguna que los equivocados no eran solamente los trabajadores temerosos de perder sus empleos sino también esos profetas del fin del empleo. Como dijo el Premio Nobel de Economía Robert Solow, los ordenadores se ven por todos lados pero sus efectos no aparecen en las estadísticas de productividad.

Hoy día sabemos con bastante certeza lo que de verdad ha ocurrido a lo largo de la historia, sobre todo desde finales del siglo XIX cuando ya se disponía de datos mínimamente rigurosos.

Sabemos que la productividad ha crecido mucho desde entonces como consecuencia de la innovación tecnológica: ahora se produce entre 15 y 20 veces más por hora trabajada que a finales del siglo XIX (como media y con diferencias que pueden ser notables según el sector o la actividad económica considerada). Y también se puede comprobar fácilmente que ni la productividad ni la innovación aumentan siempre por igual a lo largo del tiempo. La innovación se suele dar por oleadas y hay etapas de gran crecimiento de la productividad y otras en las que baja.

Si se considera una fase larga, por ejemplo desde finales del siglo XIX a la actualidad, también está claro que el empleo ha aumentado bastante, a pesar de las grandes oleadas de innovación y del crecimiento de la productividad. Aunque hay diferencias notables en cada país, se puede afirmar que el volumen total de empleo ha aumentado en el último siglo entre un 30% y un 50% respecto al existente a finales del XIX en las economías avanzadas.

Finalmente, hay dos hechos históricos decisivos a los que no parece que se les dé mucha relevancia. El primero, que el desempleo no aumenta, ni baja el empleo, siempre que crece la productividad, y viceversa. Por el contrario, es fácil comprobar que hay etapas de incremento muy grande de la productividad (por ejemplo, desde el final de la segunda guerra mundial hasta casi mediados de los años setenta del siglo pasado) que van acompañadas de bajo paro y crecimiento del empleo; y etapas de baja productividad (como la que estamos viviendo en los últimos años) en donde el paro es elevado y se destruyen empleos. El segundo hecho destacable es que todos estos procesos se dan con diferencias a veces notables en el tiempo y entre las distintas economías.

¿Por qué ocurre eso y cuál es la causa de que haya tales diferencias? ¿Cómo es posible que habiendo aumentando la productividad incluso más que el producto haya ahora más empleo, cuando nos dicen constantemente que la nueva tecnología destruye puestos de trabajo?

La respuesta también es bastante sencilla, aunque se quiera disimular.

La productividad es el incremento del producto por hora trabajada. En términos algebraicos, es el producto dividido por las horas de trabajo. En principio, podría creerse que es, por tanto, inevitable que disminuya el empleo (denominador) si aumenta la productividad, puesto que la nueva tecnología aumenta el producto. Pero eso no necesariamente ocurre así porque pueden darse dos circunstancias añadidas que son, en realidad, de las que depende el efecto final de la tecnología sobre el empleo.

La primera es que el empleo total (el número de puestos de trabajo existentes) no depende solamente del número total de horas trabajadas o necesarias para obtener el producto total (que suelen bajar con la innovación tecnológica) sino de las horas de duración de la jornada de trabajo.

¿Y qué es lo que se puede observar a lo largo de la historia? Pues, justamente, que los incrementos de la productividad generan pérdida de empleo total y aumento del paro solo en función de cómo evolucione la jornada de trabajo (o la segunda circunstancia que comento más abajo). El gran incremento de productividad generado desde finales del siglo pasado no ha producido un desempleo gigantesco sencillamente porque la jornada de trabajo se ha reducido prácticamente a la mitad en este último siglo. En España, por ejemplo, el 74% de los trabajadores tenía en 1914 una jornada de 60 horas semanales, algo más de 3.000 anuales frente a las 1.600 actuales.

Cuando una oleada de innovación no se acompaña de menos tiempo de trabajo, el paro aumenta. Por el contrario, si baja la jornada de trabajo, si se trabajan menos horas en cada puesto de trabajo cuando aumenta la productividad, no solo no tiene por qué aumentar el paro sino que se pueden crear más empleos.

La segunda circunstancia que puede hacer que un aumento de la productividad produzca desempleo tiene que ver con las políticas que afectan a la actividad productiva. Si la innovación va acompañada de políticas restrictivas (deflacionistas, las llamamos los economistas), el producto y, por tanto, el ingreso, van a bajar. En consecuencia, serán necesarias muchas menos horas de trabajo, pero no solo por la mayor productividad sino ahora por la caída del producto y el ingreso. Pero si, por el contrario, la innovación se acompaña de políticas adecuadas, será posible que aumente el producto y, por tanto, el ingreso y el empleo. En concreto, por políticas que eviten que caiga la demanda y que formen y reciclen adecuadamente a la población.

¿Qué está pasando hoy día y qué podemos esperar de la llegada de la automatización muy extendida y de los robots?

a) Sabemos que ambas llegarán y de forma muy generalizada, aunque no con el efecto tan exagerado de estudios como los de Frei y Osborne. La OCDE, por ejemplo, cree que solo afectarán al 9% de los empleos de Estados Unidos y no al 47%.

b) Los datos indican claramente que la productividad está declinando. Es decir, que no es cierto que nos encontremos en las puertas de una nueva y potente oleada de innovación generalizada.

c) Es seguro que la automatización y los robots eliminarán muchas tareas y puestos de trabajo (casi siempre, afortunadamente). Pero solo provocarán caída en el empleo total si y solo si no baja la jornada de trabajo y si se mantienen las políticas económicas actuales, orientadas a producir artificialmente la escasez porque así bajan los salarios y aumenta la tasa de beneficio de las grandes empresas y de la banca. Y la paradoja es que las políticas actuales (que disminuyen la capacidad de compra de cada vez más grupos sociales) son uno de los grandes frenos que tiene la automatización y la robótica generalizada, pues lo económicamente decisivo no es que haya posibilidad técnica de utilizar muchos robots sino gente con ingreso suficiente para adquirir lo que produzcan. El futuro está en peligro no por los robots, sino más bien porque el 24,2% de los jóvenes españoles de 20 a 34 años ni estudiaba ni trabajaba en 2015.

d) Por el contrario, si disminuyen las horas de la jornada de trabajo y cambia la orientación de la política económica, la automatización y los robots podrían abrir una época de esplendor para el planeta, con mayor bienestar, respeto al medio ambiente y satisfacción humana generalizada.

Que ocurra una cosa u otra no es inexorable ni depende de una ley natural, como nos quieren hacer creer, sino de la capacidad de negociación y del poder de cada grupo social porque lo que está en juego es quién se apropia en mayor medida de las ganancias que proporciona el aumento de la productividad.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio”.

Uno de los ámbitos de la teoría y la política económicas en donde más mitos y mentiras se han difundido es el relativo al comercio internacional. En particular, los economistas de ideología liberal y quienes defienden los intereses de las grandes corporaciones siempre se ha empeñado en proclamar que liberalizarlo por completo tiene más ventajas que cualquier otro régimen comercial. Pero casi siempre lo hacen sorteando la evidencia empírica y forzando los argumentos para dar por bueno lo que carece de suficiente fundamento científico.

Voy a comentar brevemente cinco principales mitos que desde hace ya muchos años sirven de fundamento para defender la supuesta superioridad del comercio sin trabas o protección de ningún tipo.

1. El librecambio proporciona a todos los países que lo practican las máximas ventajas y es más beneficioso para todos que el proteccionismo.

La teoría económica convencional afirma que el librecambio, entendido como la máxima liberalización comercial y financiera, proporciona aumento del comercio, crecimiento económico acelerado, cambio tecnológico más rápido y una asignación más eficiente de los recursos en el interior de la economía que lo practica. A partir de ahí, se asegura que proporciona muchas más ventajas que el proteccionismo.

Sin embargo, para poder establecer esta tesis los economistas que la defienden han de partir de dos hipótesis esenciales, ninguna de las cuales es posible que se dé en la realidad, salvo casos verdaderamente excepcionales.

En primer lugar, que las naciones comercian entre sí en función de los costes relativos de las mercancías, es decir, que se especializan en una u otra siempre que la puedan obtener a menor coste que las demás. En segundo lugar, que los mercados en donde comercian todas las naciones o empresas son de competencia perfecta (lo que quiere decir que en ellos no hay ninguna empresa o grupo de empresas que tenga poder suficiente para influir sobre las condiciones del intercambio, que los productos que se intercambian son completamente idénticos, que no hay ningún tipo de dificultad para que se incorpore al mercado cualquier nueva empresa y que empresas y consumidores tienen información perfecta y gratuita sobre todas las circunstancias que afectan al intercambio en el mercado).

Si se dan ambas hipótesis al completo (y otros supuestos complementarios más complicados que no puedo comentar aquí) se pueden deducir las tesis que justifican la ventaja o superioridad del librecambio. A saber: todas las economías tenderán a ser igual de competitivas; la relación entre las importaciones y exportaciones se modifica automáticamente en todas ellas para igualar su saldo, de modo que no habrá déficit ni superávit comerciales sostenidos en los diferentes países; los salarios reales y las tasas de beneficio se igualarán en todas las economías; y ninguno de esos ajustes producirá pérdidas netas de empleo, salvo algunas a corto plazo que se irán compensando.

No hace falta ser un premio Nobel para saber que en la realidad no se dan esas condiciones, imprescindibles para que la liberalización total de los intercambios comerciales produzca los efectos benéficos que aseguran sus defensores: los mercados no son de competencia perfecta, las economías no son todas igual de competitivas, todas ellas presentan continuamente desequilibrios comerciales, el desempleo es un mal generalizado en las economías contemporáneas, y mucho más en las últimas etapas de mayor liberalización comercial, y hay grandes diferencias entre los salarios reales y las tasas de beneficio.

Es verdad que en los últimos años se han desarrollado planteamientos más sofisticados ante el irrealismo, las incoherencias y la debilidad de estas hipótesis, pero lo cierto es que tampoco se corresponden con lo que ocurre en la realidad y que hoy día sigue siendo cierto lo que se demostró hace años: solo se puede decir que el librecambio es superior al proteccionismo estableciendo hipótesis que chocan frontalmente con la realidad y contra toda evidencia empírica. Más concretamente, solo se puede afirmar que el librecambio sería más favorable para una economía si y sólo si todos los mercados fueran de competencia perfecta, si todos los trabajadores que pierden su empleo a causa de la apertura comercial encuentra otro de semejante categoría y retribución y si el ajuste comercial que se produzca deja inalterada la distribución final de la renta (además de otras condiciones más complejas que no tengo espacio para exponer aquí). Unas condiciones que es materialmente imposible que se den en el realidad y mucho más en su conjunto.

Por tanto, si no se dan esas condiciones teóricas, es posible que políticas proteccionistas sean mucho mejores, más eficientes y más eficaces para promover actividad económica, empleo y bienestar que las liberalizadoras.

2. Los países que quieran progresar deben abrir al máximo sus fronteras y practicar el librecambio.

Esta idea es también un mito completamente desmentido por la realidad. Sencillamente, es imposible mostrar el caso de algún país cuya economía haya llegado a encontrarse en algún momento entre las más avanzadas del mundo y que lo haya conseguido abriendo sus fronteras y practicando el librecambio. Todas las grandes potencias económicas, financieras y comerciales de la historia han llegado a serlo gracias al proteccionismo ejercido bajo cualquiera de sus diferentes formas. Y las grandes economías de hoy día (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China...) siguen siendo proteccionistas aunque, eso sí, dicen defender el libre comercio para poder exigir a los demás países que liberalicen sus economías, justamente para que así se consoliden las relaciones de asimetría que les favorecen.

Si algunas han liberalizado sus relaciones comerciales en algún momento de su historia ha sido cuando ya habían llegado a la cúspide del progreso económico y disfrutaban de suficiente ventaja sobre las demás. Lo que han hecho y siguen haciendo es, como escribió Friedrich List en 1885, “darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”.

Por tanto, no es verdad que lo que convenga hoy día a las economías en peores condiciones sea no protegerse, que es lo que hicieron en su día todas las grandes potencias para progresar. Por el contrario, sí sabemos que lo que les perjudica es mantenerse en el régimen de asimetría y doble moral hoy día imperante, es decir, abrirse de par en par a las potencias mientras que éstas les cierran sus puertas.

3. Las normas internacionales que regulan el comercio internacional promueven el librecambio como requisito para aumentar el comercio, el crecimiento económico y el empleo.

La tesis dominante entre los defensores de la liberalización comercial, ampliamente impuesta en los últimos cuarenta años de políticas neoliberales, es que gracias a ella aumenta el comercio y que el incremento de las relaciones comerciales es lo que permite que haya más empleo, menos pobreza y mayor bienestar.

Las evidencias empíricas al respecto también son abundantes y claras. Puede aceptarse que mayores tasas de crecimiento económico estén asociadas a mayor volumen de exportaciones pero no hay ninguna relación entre el crecimiento económico y el de las exportaciones con la existencia de más o menos restricciones nacionales al comercio. Lo mismo que ninguna potencia ha llegado a serlo con políticas de liberalización comercial y renunciando al proteccionismo, no hay tampoco ningún país que hayan alcanzado tasas notables de crecimiento de la producción y de las exportaciones aplicando políticas de liberalización generalizada.

Las evidencias apuntan en el sentido contrario. Por un lado, los países que han cosechado más éxito económico en los últimos decenios han sido precisamente los que han tenido políticas más proteccionistas (Corea, Taiwán, Japón, China, como también las potencias de siempre). Por otro, países como la mayoría de los latinoamericanos que liberalizaron por completo sus relaciones comerciales han pagado una factura muy alta en términos de crecimiento, desempleo y pobreza. Algo que es bastante lógico si se tiene en cuenta que la mayor apertura está asociada a más inestabilidad y que ésta es negativa para el crecimiento.

Lo que se busca cuando se establecen medidas liberalizadoras del comercio no es promover el comercio porque los datos demuestran que así no se consigue. Y mucho menos cuando esa liberalización, tal y como viene ocurriendo en los últimos decenios, es asimétrica y solo se orienta a dar mayor libertad de acción y mayor poder a las grandes corporaciones. Por eso lo que ha aumentado en los últimos años de liberalización comercial han sido los beneficios y no el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

5. Los tratados comerciales como el TTIP o el CETA buscan favorecer el librecambio entre quienes los firman

Los tratados que se han ido firmando en los últimos años, o que se quiere firmar en estos momentos, como el TTIP o el CETA, se presentan a la opinión pública como tratados “de libre comercio” pero no es verdad que lo sean.

Ya hemos dicho que para que el libre comercio sea realmente ventajoso debe darse en condiciones de competencia perfecta que en la realidad no pueden existir. Y dichos tratados no solo no establecen la competencia perfecta sino que ni siquiera se dirigen en esa dirección. Son acuerdos que lo que proporcionan  son mejores condiciones a las grandes corporaciones que controlan los mercados y que, por tanto, refuerzan la naturaleza oligopólica de los mercados y restringen de facto y de iure la competencia.

La mejor prueba de ello es que los que se presentan como tratados de libre comercio y que supuestamente buscan igualar a las partes lo que hacen es mantener la asimetría original y, por tanto, tratar igual a los desiguales que es justo lo que mejor conviene a los más poderosos.

Uno de los últimos tratados de “libre comercio” es el suscrito por Estados Unidos y Colombia en 2012 y sus efectos son bastante elocuentes: las exportaciones de Colombia a la gran potencia han bajado un 54% desde entonces, se han perdido 51.000 empleos en el sector agropecuario y 106.000 en la industria manufacturera de ese país, y el superávit con Estados Unidos de 8.244 millones de dólares que tenía a su favor se ha convertido en un déficit de 1.414 millones.

6. Los economistas que critican las supuestas ventajas del librecambio y la organización actual del comercio internacional defienden la autarquía y el aislacionismo comercial

Como comento en mi libro 'Economía para no dejarse engañar por los economistas', Ravi Batra afirma que la idea de que el librecambio es mucho mejor para todas las economías “ha llegado a ser casi un dogma para los economistas, hasta tal punto que cualquiera que la cuestione se expone al ridículo ”. Y así es, aunque la evidencia empírica indique que es justamente la teoría convencional la que peca de irrealismo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir es que los economistas convencionales que defienden estas ideas librecambistas no refutan los argumentos de quienes las han criticado a lo largo de muchos años y con todo tipo de análisis sino que recurren a la descalificación, cuando no al insulto. Una típica respuesta es limitarse a decir que lo que quieren los críticos con la realidad del comercio internacional y con los postulados liberalizadores es la autarquía, es decir, acabar con el comercio entre las naciones y aumentar la intervención del Estado a toda cosa.

Para mostrar que no exagero ni invento, traigo aquí los comentarios de dos economistas españoles muy conocidos e influyentes.

José Carlos Díez hizo en su cuenta de Twitter el siguiente comentario para atacar las críticas que Pablo Iglesias había hecho al comercio internacional de nuestros días: “Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libro comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento”.

Es cierto que se trata de un economista de poca solidez teórica y que interviene en el debate económico más como cruzado al servicio de una causa política que como buscador de la verdad, pero me parece que refleja claramente la actitud de la ideología económica dominante ante las posiciones teóricas que la ponen en cuestión.  Daniel Lacalle (un buen amigo a pesar de las casi infinitas diferencias de pensamiento que tengo con él) titulaba, por su parte, un artículo sobre estos temas diciendo “El proteccionismo solo protege al gobierno”, cuando es de una evidencia clamorosa que son las grandes empresas las que reclaman y consiguen esa protección que él denuncia y que son ellas quienes principalmente se benefician del proteccionismo tradicional hoy día dominante.

Quienes criticamos las tesis que defienden el imposible y falso librecomercio de nuestra época no defendemos la autarquía ni estamos en contra del comercio o de las relaciones económicas internacionales. Ni siquiera defendemos el proteccionismo a la vieja usanza que no es garantía de progreso sino de incremento de las desigualdades. Defendemos, en todo caso, un buen comercio, la protección de la población, de los recursos económicos y del medio ambiente que sea compatible con la eficiencia y el máximo nivel posible de equidad.

El mal modo en que funciona el comercio internacional en las últimas décadas y el predominio de una ideología económica que, con independencia de cuál sea su intención, solo lleva a aumentar el privilegio de las grandes corporaciones, tienen mucho que ver con los grandes problemas actuales de la economía mundial. Huir de prejuicios y de planteamientos maniqueos, poner en cuestión las ideas que se comprueban claramente contrarias  a la realidad y acabar con los privilegios que no tienen más justificación que el desigual poder de las partes es hoy una exigencia de primer orden en nuestro mundo.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “¿El Estado de Bienestar es insostenible porque 'resulta imposible mantenerlo'?”.

Las palabras que encabezan este artículo son textuales. Las dijo en abril de 2009 el ex presidente José María Aznar (Aznar cree insostenible el actual Estado del bienestar) y las ha vuelto a repetir en nuevas ocasiones, más o menos de la misma forma que los demás responsables de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años. Y, como ha ocurrido con otros mitos y mentiras, a fuerza de repetirse se ha conseguido que la gente termine creyéndose esa idea y que acepte las medidas que recortan sus derechos y los bienes públicos a los que venía accediendo. Pero ¿qué hay de verdad en esa afirmación? ¿Es cierto que los gastos públicos destinados a garantizar bienestar social son tan elevados y necesitan una financiación tan exagerada que resulta “imposible mantenerlos”?

A mi juicio, tanto si contemplamos el caso español como el de otros países avanzados, se puede concluir fácilmente que lo que dicen Aznar y otros políticos o economistas de su misma orientación es el resultado de sus preferencias ideológicas y contrario a la realidad que muestran los números.

En primer lugar, habría que explicar por qué en otros países se puede mantener sin demasiados problemas un porcentaje de gasto social sobre el PIB más elevado que el español y en nuestro país no. Es más, lo que habría que considerar es que nuestro gasto social más reducido es una rémora a la hora de generar más ingresos y actividad económica. Es decir, que conviene ponerlo a la altura de los demás, en lugar de reducirlo, si queremos que nuestra economía funcione mejor.

Increíblemente, los economistas y políticos neoliberales que atacan el gasto social y al Estado de Bienestar lo hacen considerando que es un gasto perdido, una especie de dispendio que se desperdicia en la propia barriga del Estado y que, por tanto, no tiene utilidad ninguna. Digo que resulta increíble que se diga eso porque resulta obvio que cada euro de gasto que realiza el Estado en sanidad, educación, pensiones..., o en cualquier otro concepto, se convierte (más o menos inmediatamente y en mayor o menor proporción) en un euro de ingreso del sector privado. El gasto público lo reciben empleados públicos que se lo gastan en consumo de bienes y servicios, o empresas que igualmente lo incorporan a la actividad económica invirtiendo y gastando a su vez, o rentistas que adquieran deuda pública (otra cosa es, como señalaré después que se tenga que gastar en intereses o que salga de nuestra economía).

Yo no defiendo que el Estado gaste por gastar, sino que se evalúe con el máximo rigor la conveniencia social del gasto público y su forma de realizarse. Pero eso es una cosa y otra creer a los economistas liberales cuando, para rechazar al Estado por preferencias ideológicas, se inventan el mito de que el gasto público no ayuda a la economía privada o a la actividad económica en general.

La realidad es que el gasto social y público en general tiene dos grandes ventajas. La primera, que cuando se realiza puede generar un incremento final en la renta mucho mayor. Es lo que los economistas llamamos el “efecto multiplicador” del gasto público (parecido al que tienen la inversión o las exportaciones) y que algunos economistas anarquista-liberales incluso se empeñan en negar con tal de justificar sus preferencias ideológicas. Es cierto que puede ser mayor o menor, o incluso anularse en determinadas circunstancias, pero, como las meigas, haberlo, háylo. Como explico en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional no solo confirman su existencia, sino que han tenido que reconocer que es más grande de lo que se creía. El gasto público no llena la barriga del Estado, sino el bolsillo del sector privado, como saben muy bien los grandes promotores, constructores y banqueros españoles, sobre todo, pero también la inmensa mayoría de los empresarios que pueden vender sus productos gracias a que hay quienes reciben ingresos, por una vía u otra, del Estado.

La segunda gran ventaja del gasto social (y público en general) es que se puede financiar sin coste alguno por el banco central puesto que el dinero que presta se crea de la nada. Es evidente que eso hay que hacerlo garantizando siempre que la demanda que se crea tenga oferta suficiente para que no suban los precios, pero significa que el gasto social puede utilizarse sin problemas para activar la economía cuando el sector privado no consigue hacerlo.

Y esta ventaja del gasto social lleva directamente a descubrir otra de las grandes mentiras de los políticos y economistas neoliberales sobre su sostenibilidad. La que afirma que es el causante de los déficits y de la abultada deuda pública.

La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de países europeos y son bastante claros al respecto.

De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349 millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera pasaría de la mitad.

Los economistas y políticos liberales enseguida me replicarían diciendo que estoy pidiendo que el banco central financie sin límite al Estado para que derroche. Pero no es eso lo que estoy planteando: he afirmado que soy partidario de que el gasto público sea eficiente y lo más austero posible, no ilimitado, y que se realice sin despilfarro y sin corrupción. Y lo cierto es que la deuda pública y, por tanto, el gasto público serían mucho más bajos si el banco central financiara correctamente a los Estados. Por el contrario, es la política neoliberal que concede a la banca privada el beneficio de financiar con dinero que crea de la nada y que genera artificialmente escasez de ingresos lo que aumenta la deuda, como mostré en mi anterior artículo ¿Quiénes son los adictos a la deuda?, publicado en este mismo diario.

Otra falsedad sobre el Estado de Bienestar consiste en afirmar que se benefician unos de él y lo pagan otros, de modo que genera un efecto de inequidad que, entre otras cosas, limita la libertad individual.

Dejaré a un lado el debate sobre la redistribución de ingresos que efectivamente genera el gasto social porque es una cuestión moral y sobre la que solo caben decisiones políticas que dependen de nuestras preferencias y no del análisis económico.

Pero sí hay que subrayar que se ha podido demostrar que los beneficiarios de los gastos del Estado de Bienestar contribuyen mediante sus impuestos a financiarlo incluso en mayor medida de lo que reciben. Los investigadores Anwar Shaikh y Ahmet Tonak han comprobado, para varios periodos de la economía estadounidense y de otros países, que el valor neto de las transferencias (es decir, el que queda una vez que se deducen los impuestos que pagan sus beneficiarios) ha sido negativo durante la mayoría de los años que han estudiado.

Finalmente, la mentira que hay detrás de los argumentos de Aznar y demás políticos neoliberales se demuestra si tomamos en cuenta los recursos con que se podría disponer para financiar el Estado de Bienestar. Valga un sencillo razonamiento.

El gasto que realizan anualmente todos los gobiernos del planeta es de unos 20 billones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen total de transacciones financieras en todo el mundo fue de unos 9.765 billones de dólares en 2015 (estoy hablando de millones de millones).

Por tanto, todo el gasto público mundial (no solo el destinado al bienestar) se podría financiar haciendo desaparecer TODOS  LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN EN EL MUNDO (este es el momento en que los economistas liberales deberían levantarse al unísono para hacer la ola a los economistas que hacemos esta propuesta) y estableciendo solo y simplemente una minúscula tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. Ni un impuesto más.

Sé que el ejemplo es algo burdo porque me consta que las transacciones son complejas y que una medida de esta naturaleza requeriría medios y voluntad política hoy día inexistentes. Pero sirve para lo esencial, esto es, para demostrar que el problema básico al que se enfrenta el mantenimiento, no solo del Estado de Bienestar existente sino el de uno muchísimo más avanzado, no es la falta de recursos. Como también podría llegarse a la misma conclusión sobre la financiación del Estado de Bienestar en España: se podría financiar sin dificultad simplemente logrando que todos españoles y todas las empresas contribuyeran al fisco tal y como se establece en la Constitución española, de acuerdo con su capacidad económica y bajo los principios de igualdad y progresividad.

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder imponerse a base de mitos y falsedades.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ ¿Quiénes son los adictos a la deuda?”.¿Quiénes son los adictos a la deuda?

Quinto artículo de la serie 'Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas'

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica es el que afirma que la enorme deuda que se acumula en el mundo es consecuencia de que la gente normal y corriente vive por encima de sus posibilidades y de que los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar.

Se trata, como tantas otras, de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos. Pero que, a base de repetirse miles de veces, ha terminado por convertirse en un credo que la gente asume y que, gracias a ello, permite imponer las políticas económicas que benefician a otros.

Cuando se consigue que la gente crea que la deuda tan elevada se ha generado por su culpa, debido a su comportamiento irresponsable, se pueden ya imponer medidas correctivas “de austeridad” y recorte en los gastos sin que sus beneficiarios protesten, o al menos sin que lo hagan suficiente o convencidamente, pues están convencidos de que deben expiar su culpa.

La trampa es clara: unos (los acreedores) generan la deuda en su beneficio pero hacen creer a los deudores que estos últimos son los responsables de ella, y así pueden imponerles más fácilmente las condiciones que aseguren el pago, multiplicado por los intereses, de la deuda. Y la trampa es tan antigua que la palabra “deuda” significa también “culpa” en muchas lenguas. Para Nietzsche el propio concepto de culpa procede del “tener deuda”: el deudor siempre es culpable.

Los datos, como he dicho, muestran claramente que son precisamente los gobiernos más a la derecha los que multiplican la deuda mientras que los de centro-izquierda suelen ser los que tienen que dedicarse a reducirla. Y la prueba más evidente de que son las políticas más liberales las que aumentan la deuda se tiene simplemente comprobando que su mayor incremento histórico se ha producido precisamente desde los años 80 del siglo pasado cuando comenzaron a imponerse generalizadamente.

El caso de Estados Unidos es paradigmático. El padre de la revolución conservadora que impulsó el neoliberalismo, Ronald Reagan, llegó a la presidencia diciendo que la deuda estaba fuera de control, cuando en realidad se encontraba en el nivel más bajo de los últimos 50 años. Pero lo que ocurrió fue que bajo su mandato y el siguiente de Bush padre la deuda se disparó como nunca antes, volvió a bajar con la presidencia demócrata de Clinton y nuevamente subió con Bush hijo. Y algo parecido se puede decir con la ingente deuda que los países más atrasados acumularon bajo gobiernos de derecha o extrema derecha a partir de los años 80.

La banca internacional, de la mano de la CIA, impulsó golpes de Estado para imponer a dictadores civiles o militares cuya primera y principal tarea consistía en suscribir préstamos multimillonarios (muchos de los cuales ni siquiera llegaban a sus países). Las auditorías que se han realizado años después en algunos lugares han demostrado que ese endeudamiento fue un auténtico crimen contra sus pueblos, una deuda ilegítima y tramposa que las grandes potencias y los poderes financieros no tienen la vergüenza de reconocer como tal.

En España estamos viendo en estos últimos años que sucede algo parecido. Los ayuntamientos más endeudados son precisamente los del Partido Popular y cuando han llegado partidos o coaliciones de centro-izquierda se han de dedicar a reducirla con enorme esfuerzo.

Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de deuda que ahora tiene la economía española se debe a que antes de la crisis la gente corriente vivía “por encima de sus posibilidades” pero los datos también contradicen esa idea. Según los del Banco de España, en 2008 a las familias le correspondía el 25% de la deuda total y el 35% de la deuda no financiera (excluida la de los bancos, es decir, sólo la de las familias, la del sector público y la de las empresas no financieras). A las empresas no financieras, el 33% de la total y el 47% de la no financiera. Al sector público el 11,8 % de la total y el 16% de la no financiera y a las entidades financieras, el 30,3% de la total. Y, además, el 49,1% de las familias y el 83,5% del 20% con menos ingreso no estaban endeudadas. Y la mayoría de las familias (73,4%) con menos renta (40%) solo tenían en aquel año la deuda correspondiente a su vivienda habitual.

En contra de lo que se quiere hacer creer, las familias y las personas corrientes, o las pequeñas y medianas empresas, no son las adictas a la deuda, y endeudarse no es lo que buscan los partidos políticos más progresistas. Todo lo contrario, son ellos quienes sufren la deuda como lo que es, una esclavitud resultado de la desigualdad y de las políticas de creación artificial de escasez y de bajos ingresos.

La razón de por qué la deuda es tan elevada en todas las economías es otra, doble y bien clara. Por un lado, porque es el negocio de la banca y ésta tiene suficiente poder como para imponer un modelo generalizado de crecimiento económico impulsado por la deuda para garantizar y aumentar sus beneficios. Y, por otro, a causa de los intereses que la multiplican sin cesar.

Gracias a las normas que regulan el sistema bancario desde hace décadas, la banca tiene el privilegio de poder dar préstamos creando el dinero que presta desde la nada, es decir, sin tenerlo previamente. Y es obvio que un privilegio como este no lo desperdicia, sino que lo utiliza a la máxima potencia.

Si el negocio de la banca es dar préstamos (si solo recibiera depósitos se arruinaría) y lo que busca es aumentar su beneficio, lo que tiene que hacer es crear deuda constantemente. Para ello utiliza su poder, que es enorme precisamente por ese mismo privilegio, para imponer las políticas que restringen el ingreso y que obligan a endeudarse constantemente, o que implican modos de vida (viviendas en propiedad) que necesitan financiación externa, o para corromper a los políticos y obligarlos a realizar gastos cuantiosos, sean necesarios o no pero que deben financiarse con su crédito.

Quien es adicto a la deuda es la banca porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político.

La segunda razón que hace que la deuda se multiplique es el interés.

El dinero que un banco central o un banco comercial da en préstamo viene, como he dicho, de la nada. Por eso los bancos centrales pueden prestar al 0% a los bancos privados, como igual podría hacer un banco privado o comercial (otra cosa es que el interés se utilice como incentivo o desincentivo en la vida económica). Pero estos últimos lo prestan al interés más alto que pueden y, además, con fórmulas de interés compuesto que multiplican la deuda en poco tiempo: una al 7% se duplica en diez años, por ejemplo.

Los datos que muestran el peso de los intereses en la deuda total son abrumadores. De cada 100 euros de deuda pública acumulada en el conjunto de la UE-28 de 1995 hasta finales de 2015, más de la mitad (57,6 euros) corresponden a intereses, en la eurozona 60,5 euros y en España 61,4 en ese mismo periodo.

Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se quiere decir es que hay que crear las condiciones que les permitan seguir creando deuda. Y es precisamente por ello que en estos últimos años en que se han ido rescatando con inmensas cantidades de dinero público (que han obligado a endeudarse aún más a los Estados) lo que ha ocurrido es que la deuda ha vuelto a crecer espectacularmente. Lógico: un banco rescatado es el que de nuevo comienza a generar deuda.

Nos decían que había que imponer las políticas de recortes para que bajara la deuda pero lo que se buscaba era justo todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingreso propio para que los bancos volvieran a prestar y a crear deuda. Por eso en 2015 había en Europa cinco billones más de deuda pública que en 2007, y 2,4 billones más que en 2010. Y por eso la deuda total ha aumentado en 57 billones de dólares en todo el mundo desde 2007 a mediados de 2016, y la de los Estados ha pasado de 26 billones de dólares a 56,5 billones en ese mismo periodo.

La prueba del engaño es que la deuda haya subido de esa manera justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate a la banca justificadas como las imprescindibles para disminuirla.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “No todos los economistas predicen mal”.

Cuarto artículo de la serie 'Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas''Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas'

Los economistas tenemos mala fama por muchas cosas pero principalmente por lo poco que acertamos en nuestras predicciones.

La crítica parece que tiene fundamento si nos atenemos a lo que ocurre con las más conocidas, las que suelen difundirse con privilegio en los medios y las que hacen los economistas más afamados. La verdad es que los fallos de predicción sobre circunstancias tan importantes como una gigantesca crisis económica mundial son tan evidentes que resulta fácil pensar que no hay otra profesión tan propensa al error como la de los economistas.

Incluso cuando la crisis estaba ya enseñando sus pezuñas por debajo de las puertas, los expertos de los grandes organismos económicos internacionales, de los gobiernos y los que entonces asesoraban a los grandes partidos políticos, afirmaban con toda seguridad que la economía iba viento en popa.

En su Informe Anual de 2006, los economistas del Banco de España (los mismos que se presentan siempre a la gente como los únicos que saben lo que hay que hacer para arreglar nuestros problemas) decían muy seguros en 2007 que proseguía “la fase de expansión de la economía española” y las perspectivas apuntaban “a su continuidad en el horizonte más inmediato”. En su opinión, solo cabía esperar “algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía”, pero “en horizontes más alejados”. Y en el que elaboraron a mediados de 2008 decían que lo ocurrido en 2007 era solamente un “episodio de inestabilidad financiera”. Los economistas que hacían las predicciones de la OCDE escribían en el informe de Perspectivas Económicas de septiembre de 2007 cuyo “pronóstico central” [sobre la situación económica venidera] seguía siendo “bastante benigno”. Y los que se creen los más grandes entre los grandes oráculos de la economía dominante, los economistas del Fondo Monetario Internacional, decían a mediados de 2007 que no había “razones para preocuparse por la economía mundial”. Su subdirector gerente hablaba en ese momento de “la favorable situación económica mundial” y el ínclito Rodrigo Rato, que por entonces combinaba sus negocios corruptos con la máxima jefatura del FMI, aseguraba que la economía mundial mantendría “su buena marcha”. A nadie pudo extrañar entonces que los economistas que asesoraron al Partido Popular y al PSOE para elaborar sus respectivos programas electorales asegurasen en ellos que en la legislatura 2008-2012 se alcanzaría en España el pleno empleo. Auténticas luminarias todos ellos.

Recurrentemente, desde finales de los años ochenta se vienen presentando informes sobre los escenarios futuros de nuestro sistema de pensiones públicas. Diversos economistas los elaboraban con cálculos sofisticados que les permitían predecir que en los años venideros, 1995, 2000, 2005, 2010... nuestra Seguridad Social entraría en déficit. Ninguno de ellos acertó en alguna ocasión. Se equivocaron siempre en sus predicciones.

Los economistas que trabajaban en las grandes agencias de calificación para evaluar los productos financieros que difundían los bancos también se equivocaron radicalmente en sus valoraciones y predicciones. Algunos estudios posteriores han demostrado con sus propios datos internos que el riesgo de que se produjeran insolvencias en sus cálculos resultó 230 veces más bajo que el real.

Se podrían poner docenas de ejemplos más de este tipo de fallos clamorosos de predicción, pero no vale la pena torturarse. Lo cierto es que se producen y que la gente asume que los economistas no aciertan nunca. Pero no es cierto que eso le ocurra a los economistas en general.

La idea de que los economistas no aciertan a predecir ni el pasado solo se puede mantener si se contempla la opinión más divulgada, las predicciones de los economistas vinculados a los grandes centros del poder y a una sola parte de la profesión. Basta con abrirse a otros ámbitos de la investigación económica para comprobar que muchos economistas sí que predicen con acierto. Como también es fácil descubrir que hay unas claras pautas de análisis, hipótesis de partida que son las que llevan a equivocarse mientras que a partir de otras diferentes se descubre con acierto lo que puede ir ocurriendo en el futuro.

La clave del asunto radica en que los que más se equivocan son casualmente los economistas que defienden las políticas dominantes, los vinculados a los grandes centros del poder o los que escriben financiados por todos ellos y quienes parten de las hipótesis analíticas más ortodoxas. Puede parecer un prejuicio, pero creo que es la verdad. Como detallo en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, cuando se repasan los organismos que peores predicciones han hecho sobre la evolución del PIB español en los últimos años, por ejemplo, los que aparecen son el Banco de España, el FMI, la OCDE, el gobierno de España, la Comisión Europea, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio o el Banco Santander. Es decir, los grandes centros del poder económico y financiero. Y si se repasa la lista de los economistas que han hecho predicciones sobre el futuro de la seguridad social, es fácil comprobar que quienes se han equivocado más son casualmente los autores de informes financiados por entidades financieras.

Es verdad que las causas de los errores de predicción de los economistas no son solamente el irrealismo de sus postulados analíticos o la dependencia del poder. Influye también la dificultad intrínseca que tienen los hechos económicos para ser analizados debido a su naturaleza compleja y a lo complicado que resulta medir las variables a partir de las que se pueden analizar (Samuel Williamson ha descubierto que la pregunta sobre cuánto creció el PIB del Reino Unido en 1959 ha tenido 18 diferentes respuestas por parte de diversas oficinas estadísticas y diferentes investigadores). Como también influye la prepotencia de la profesión, que rechaza más que ninguna otra, según indican las encuestas, el contacto con otras ciencias o la diversidad de planteamientos teóricos.

Pero, en todo caso, basta con ir a las bibliotecas para comprobar que todos los economistas no se equivocan a la hora de analizar la realidad o de hacer predicciones.

El caso de la crisis reciente es otra vez paradigmático. ¡Cuántas veces se ha dicho que nadie pudo preverla! Tantas, que la gente ha terminado por creerlo y por pensar que los economistas somos todos un desastre. Sin embargo, Dirk Bezemer analizó la producción científica de un buen número de ellos tratando de averiguar si era cierto que ninguno había anticipado la crisis financiera de las hipotecas basura y sus consecuencias inmediatas. Encontró que al menos doce habían publicado trabajos o artículos con una predicción concreta y certera y con alguna referencia temporal sobre lo que iba a ocurrir a partir de sus propios análisis de la situación económica y financiera. Y lo interesante es que su análisis de esos aciertos muestra que se producen desde posiciones teóricas o ideológicas dispares pero que coinciden en hipótesis esenciales que no asumen otros economistas sobre las finanzas y la deuda y en realizar sus investigaciones con independencia de los grandes grupos de interés. Hay economistas que aciertan. Los que son independientes y no se aferran a su exclusivo saber sino que recurren al de los demás y están dispuestos a dudar de sus propios postulados. Para descubrirlos solo es necesario ir un poco más allá de donde nos quieren hacer creer que acaban las fronteras del saber que no es sino allí donde se ponga algo en cuestión el orden establecido.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: ¿Quién teme a la competencia y quién vive del Estado?