Benedetta Brevini es profesora asociada de Economía Política de la Comunicación en la Universidad de Sídney y senior visiting fellow en la London School of Economics and Political Science. Periodista y activista en los medios de comunicación, además de académica, Benedetta estudia la relación entre el capitalismo de datos, la Inteligencia Artificial (IA), la crisis climática y la comunicación sobre el medioambiente. Su último libro, Is AI Good for the Planet?, explora los verdaderos costes de la IA y señala que se tiende a agitar como si fuera una varita mágica que puede salvarnos de la crisis climática. En esta entrevista, realizada en el marco de un proyecto sobre populismo climático de derechas del The Center for the Advancement of Infrastructural Imagination (CAII), Benedetta desmiente este mito. El único poder de estos discursos es distraer del problema subyacente: hemos desatado el capitalismo tanto en la sociedad como en la naturaleza. Cuando los sistemas de IA se despliegan para causas “verdes” como el control de la biomasa forestal o la optimización de la agricultura, están reforzando un túnel de pensamiento sin luz al otro lado. La sostenibilidad real, muestra Benedetta, requiere que veamos todos los eslabones de la cadena de suministro de la IA, tanto ideológicos como materiales.

Usted ha escrito mucho sobre cómo se ha invocado la tecnología en general, y la IA en particular, para solucionar el problema climático. ¿Puede darnos una visión general de las tendencias dominantes de este discurso? ¿Qué tipo de imaginarios se están movilizando?

La idea que se está volviendo dominante tiende a presentar la IA como si se tratara de una varita mágica que puede solucionar el mayor problema al que se enfrenta la sociedad. Forma parte de un tecnoimaginario hegemónico que está ocupando mucho terreno. Recientemente, la Comisión Europea, por ejemplo, ha estado presentando la IA como si tuviera la capacidad no sólo de hacer frente a la crisis climática, sino también de resolver sus problemas democráticos u otros problemas generados por el capitalismo.

Una cita ilustrativa sobre este hecho puede encontrarse en un importante informe publicado por el Foro Económico Mundial en 2018. “Tenemos una oportunidad única de aprovechar esta Cuarta Revolución Industrial, y el cambio social que desencadena, para ayudar a abordar los problemas ambientales y rediseñar cómo gestionamos nuestro entorno global compartido…”. Discursivamente, es significativo que utilicen la expresión Cuarta Revolución Industrial. Este tipo de lenguaje se utilizaba en los años 90 por gente como Nicholas Negroponte y George Gilder. Recuerdo a Negroponte afirmando que se estaba desarrollando una Nueva Era Ateniense gracias a las posibilidades de Internet. Ahora volvemos a hablar de una revolución tecnológica que nos ayudará a resolver todas las calamidades del mundo. Esta es la fase sublime de una nueva tecnología, y es un tecnoimaginario muy fuerte.

Sabemos que la IA no es nueva; llevamos hablando de ella desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero precisamente por la aceleración del capitalismo de los datos, también sabemos que ha experimentado un auge increíble en la última década. Por eso se está convirtiendo en una “nueva” tecnología, lo que a su vez explica por qué es tan difícil contemplar la IA desde una perspectiva más crítica. Así es precisamente como se construyen las mitologías y el sentido común, retomando a Antonio Gramsci. Se nos impide cuestionar estas mitologías en torno a las tecnologías en el momento en que se convierten en sentido común.

Sucede a menudo que sufrimos una especie de amnesia sobre la tecnología más antigua que se ve desplazada por la nueva. En este caso, sería la web, internet en general, la sustituida. Olvidamos que no se han cumplido todas las promesas de Internet, aunque en los años 90 parecían estar al alcance de la mano, y volvemos a experimentar esta amnesia con la IA.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esta sublimación de la tecnología?

Utilizo sublime siguiendo a Vincent Mosco, que ha hecho un gran trabajo identificando este enfoque típico de la llamada nueva tecnología. Para mí, una de las consecuencias más importantes es que oculta la materialidad de estas tecnologías. Esto es, cómo el desarrollo de la tecnología está completamente integrado en las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad que realmente desarrolla la tecnología. Parafraseando a Raymond Williams, la tecnología es siempre, en un sentido pleno, social.

Sabemos que estamos desarrollando la IA en un marco de supercapitalismo, con ánimo de lucro, en un estado en el que los monopolios gobiernan todo lo que ocurre con la IA. Estamos tratando con señores digitales, con gigantes tecnológicos: ellos son los que gobiernan el desarrollo.

La sublimación de la IA también ofusca su materialidad literal. Recordemos que la IA es un conjunto de tecnologías, un conjunto de infraestructuras. Cuando hablamos de la nube, ya estamos pensando en algo sublime, algo que no podemos tocar: una nube blanca y esponjosa en el cielo. Pensamos que la IA tiene el mismo carácter inmaterial. Pero no es así. Por eso siempre intento visualizar los centros de datos como algo lleno de polvo y muy ruidoso. Porque en el momento en que ofuscamos la materialidad de estas tecnologías, olvidamos su impacto medioambiental.

Estamos desarrollando la IA en un marco de supercapitalismo, con ánimo de lucro, en un estado en el que los monopolios gobiernan lo que ocurre con la IA. Estamos tratando con señores digitales: ellos son los que gobiernan el desarrollo

¿Qué tipo de afirmaciones moviliza Davos? ¿Que la IA nos permitirá gestionar la economía de forma más ecológica y sostenible? ¿O que la propia sociedad se verá transformada por la IA?

En realidad, existen ambos tipos de afirmaciones. Una afirmación frecuente es la ineluctabilidad de la IA. La mitología es que la IA está al llegar, aunque no queramos que llegue; y que, cuando llegue, trastornará completamente la sociedad. La idea de disrupción también es típica de la primera fase de sublimación. Esta literatura presenta la IA como ineluctable y perturbadora.

La otra cosa que promete es que la IA nos traerá una sociedad más eficiente. Aquí toma prestado claramente el lenguaje neoliberal, sin cuestionar siquiera el concepto de eficiencia. La eficiencia es distinta si hablamos de la sociedad, de la economía o de una empresa. Esta es la tercera de las afirmaciones revolucionarias que vemos. La IA está llegando, queramos o no, y está cambiando la sociedad, desde la forma en que prestamos los servicios sociales y la educación hasta cómo organizamos nuestros sistemas bancarios y financieros.

¿Y cómo va a alterar la IA la crisis climática?

Permitiéndonos prever los efectos adversos del cambio climático. Un ejemplo que he estado estudiando es una aplicación llamada Treeswift. Se trata de un producto derivado de Penn Engineering, y se vende como un sistema de vigilancia forestal impulsado por IA –una mejora de la gestión medioambiental– que utiliza drones autónomos y aprendizaje automático para captar datos, imágenes y después crea un inventario para cartografiar la biomasa forestal. Nos dicen que así es como seremos más eficientes en la gestión del medio ambiente.

Un segundo ejemplo, que entra dentro del mismo discurso es el control de los incendios forestales. Sabemos que uno de los fenómenos meteorológicos adversos serán los incendios. De nuevo, la idea es que a través de los drones y el aprendizaje automático de las máquinas, sería más fácil predecir el desarrollo de los incendios y, por tanto, más fácil controlarlos.

Otra gran aplicación de la informática climática, como se denomina ahora a este campo, es la industria agrícola. Por supuesto, las industrias agrícolas se verán afectadas, y querrán minimizar los efectos adversos sobre la agricultura. ¿Cómo lo hacemos? Creamos inventarios en tiempo real mediante sensores, elaboramos mapas y, sobre esa base, tomamos decisiones informadas. La palabra clave aquí es “optimizar” los cultivos.

Lo mismo ocurre con la gestión del agua. En mi libro, estudio una cuenca hidrográfica del norte de China que ejemplifica estas estrategias. Utilizaron muchos análisis de aprendizaje automático para identificar las relaciones climatológicas e hidrológicas existentes y, a continuación, pronosticaron las precipitaciones y el caudal en relación con sus esfuerzos de gestión del agua.

Este tipo de esfuerzos se han denominado tradicionalmente “tecnología verde” o “IA sostenible”. Pero aquí también se observa una contradicción discursiva.

De hecho, hemos venido llamando IA sostenible a este tipo de aplicaciones. El problema es que la llamada IA sostenible no es en sí misma una tecnología ecológica, sino una tecnología que nos ayuda a gestionar los problemas del cambio climático.

He estado siguiendo las discusiones sobre cómo ChatGPT podría ayudar con el clima. ¿Puede un chatbot que produce mucha desinformación, que es propenso a alucinar, ayudarnos realmente? El argumento, de nuevo, se centra en recopilar datos y hacer predicciones. Pero es imposible que los desarrolladores de IA se lo crean, dadas todas las limitaciones documentales del chatbot –ni siquiera es uno de los tipos más sofisticados de IA basada en redes neuronales–, así como su huella de carbono. Así pues, las afirmaciones de que ChatGPT será útil para la gestión del clima me parecen realmente problemáticas.

Pero también hay un debate entre los grupos activistas por la justicia medioambiental, que quieren utilizar IA como ChatGPT para ayudarles con elementos de campaña como los comunicados de prensa. Esto también me sorprendió mucho. Entiendo que puede ser útil para generar argumentos muy superficiales, o para reformular tópicos y temas. Pero pensé que la comunidad de activistas climáticos sería un poco más consciente de su superficialidad.

Para relacionar estos ejemplos con el tema del populismo, quizá podamos apoyarnos en una definición demasiado simplista del populismo –como un discurso que identifica a un enemigo que se interpone en el camino– y preguntarnos, ¿cuál sería el enemigo en este caso? ¿Hay elementos populistas presentes en este discurso sobre la IA sostenible?

Lo que está ocurriendo aquí es la creación –y constante celebración– de un tipo particular de propaganda, más que la creación del Otro. Un discurso más populista podría situar a los humanos como el Otro, y decir que deberíamos delegar nuestra toma de decisiones políticas en la IA, porque los humanos son menos capaces que la IA. Pero eso no es lo que estamos observando.

No veo la idea de la IA como una varita mágica para construir el Otro. Lo que veo, más bien, es que la IA se nos está vendiendo como una solución tecnológica a la forma contemporánea de capitalismo, lo que ha llevado a la aparición de estos grandes monopolios globales de la tecnología –que yo llamo Lords Digitales– y que acumulan un enorme poder sobre nuestras vidas. Ellos son los que han tomado cada vez más el control de la toma de decisiones. Así que la IA se alinea con esta tendencia, más que con la creación de un elemento antagonista. Tiene más que ver con la reafirmación del tipo de capitalismo que se está desarrollando en Occidente frente al Este, y con la reafirmación del dominio de los Lords Digitales.

La IA se nos está vendiendo como una solución tecnológica a la forma contemporánea de capitalismo, lo que ha llevado a la aparición de estos grandes monopolios globales de la tecnología, que acumulan un enorme poder sobre nuestras vidas

Pero el Otro puede ser un ente abstracto. Podríamos considerar el neoliberalismo como un discurso populista que señala la ineficacia del sector público como el Otro: el antagonista puede estar personificado por funcionarios corruptos o rentistas, pero en última instancia se trata de una fuerza abstracta. ¿Podría haber una dinámica similar en la presentación de la IA y la tecnología como más eficientes que los humanos?

Pensando en los eslóganes populistas en torno al neoliberalismo, estoy de acuerdo en que los enemigos siempre están claros. Pero estamos presenciando algo ligeramente diferente con la IA. Está más relacionado con la idea de preservar el statu quo, incluso cuando se ve empujado a sus límites por la crisis planetaria a la que nos enfrentamos.

Vuelvo de nuevo a la noción de David Harvey de solución tecnológica. La solución se presenta como una ayuda para superar la crisis, pero lo que hace en realidad es legitimar el statu quo de una forma que anula la posibilidad de cualquier otro imaginario. Así que, si queremos pensar en el Otro, probablemente sería la imagen de otro tipo de sociedad.

No me gusta la yuxtaposición de IA frente a humanos, porque creo que ocurre algo más. En realidad se trata de celebrar el sistema en el que estamos actualmente, y de derrotar cualquier posibilidad que podamos tener de imaginar algo diferente, algo que es necesario para el clima, pero que implicaría una reorganización completa de la forma actual de capitalismo. Y eso es lo que parece que no queremos hacer. En lugar de pensar en cosmologías alternativas –en lugar de seguir el pensamiento indígena, o los argumentos de los activistas latinoamericanos sobre la justicia medioambiental y la redistribución de los recursos– nos limitamos a evitar esos cambios más profundos en el sistema.

¿Quiénes son los actores que despliegan estos discursos sobre la IA y cómo podemos identificar sus deficiencias? ¿Cuál es, por así decirlo, la economía política que hay detrás de ellos?

Si nos fijamos en estos tecnoimaginarios emergentes, vemos que en realidad llegan desde grandes empresas de relaciones públicas que trabajan para grandes desarrolladores de IA. Con el desarrollo de la IA en particular, incluso más allá de la cuestión de los discursos verdes, vale la pena recordar que la competencia es entre dos bloques. Estados Unidos contra China, con la UE muy por detrás. Y los desarrolladores de IA que ganan la carrera tienen todos sede en Estados Unidos.

Cuando hablamos de actores, merece la pena pensar en quién toma realmente las decisiones. Yochai Benkler, que no tiene nada de comunista, ha afirmado que estamos perdiendo la oportunidad de definir y desarrollar la IA porque está completamente en manos de la industria. Quienes defienden una visión pluralista de la elaboración de políticas podrían decir que los discursos sobre la IA proceden de diferentes partes interesadas, pero la realidad es que, si nos fijamos en los académicos europeos que escriben libros blancos sobre la IA, también están financiados por la industria. Así es como los documentos de posición de Google acaban siendo tan similares al discurso que sale de la academia. Todo gira en torno a la ética de la IA, y nada más.

Si nos interesa saber quién está desarrollando un contradiscurso, podrían ser los sindicatos. Porque los sindicatos están muy preocupados por las condiciones de los trabajadores, por el hecho de que los trabajadores estén perdiendo empleos a causa de la IA. Probablemente, serían ellos los que podrían desarrollar un tipo de discurso más prometedor.

Si vamos más allá de la IA y pensamos en los discursos en torno a la ecologización de las infraestructuras –que podrían ser digitales, pero también extractivistas–, ¿existen coaliciones dentro de los sectores del capital, entre las grandes petroleras y las grandes tecnológicas, como Greenpeace ha ilustrado?

Siempre está conectado. Las industrias siempre se refuerzan unas a otras. Por un lado, tenemos a Google y Microsoft –no a Amazon, que se ha quedado atrás en el greenwashing– declarando que no producen emisiones de carbono, gracias a varios sistemas de crédito para este combustible. Pero, por otro lado, están desarrollando toda su IA para ayudar a las grandes petroleras, quienes han aumentado sus beneficios de forma significativa en los últimos cinco años. Si están ayudando a que el petróleo y el gas sean más eficientes, significa que están perforando más y excavando más, lo que, por supuesto, va en contra de lo que tienen que hacer si quieren ser ecológicos. Entregar la IA a las grandes petroleras va en contra de la posibilidad misma de la sostenibilidad.

En el tema de la tecnología verde, hay otro nuevo concepto importante: la “transición gemela”. Las últimas comunicaciones procedentes de la Comisión Europea dejan muy claro que la revolución digital y el New Deal verde tienen que ir de la mano; son gemelos. Pero si pensamos que no hay suficientes críticas en el campo de la IA, menos aún las hay en el de la tecnología verde. Realmente creo que aquí ya hemos perdido la batalla, porque nadie se cuestiona si la tecnología verde es realmente verde. El discurso acrítico procede de la industria, por supuesto, pero también de los responsables políticos, el cual es aún más populista, aún más difícil de cuestionar.

¿Puede desglosar el capitalismo verde tal y como existe en la actualidad? ¿Cuáles son algunos de los costes ocultos de la IA? Como usted ha explicado, no sólo es costoso desde el punto de vista medioambiental entrenar grandes modelos, sino que también nos distrae de abordar los problemas de formas más eficaces desde el punto de vista político.

Cuando examinamos el coste medioambiental de la IA, es importante considerar toda la cadena de suministro y producción de la IA, a pesar de las dificultades que entraña hacerlo. No podemos medir realmente el impacto medioambiental total si no empezamos por el principio. Empieza por cómo extraemos nuestros recursos, los metales. ¿De dónde sacamos el litio que necesitamos para las pilas? Tenemos que reconocer la violencia a la que se han visto sometidos los países que tienen estos recursos a lo largo de los siglos. Fíjense en Chile; fíjense en lo que está ocurriendo en el Congo y en otros lugares de África. Por primera vez, la Comisión Europea reconoce que tenemos un problema: en los próximos diez años, la demanda de litio aumentará un 3.000% sólo en Europa. ¿Cuáles serán los costes medioambientales

Y, antes incluso de llegar a la fase de consumo, tenemos el entrenamiento de los algoritmos. Hay un famoso estudio realizado por investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst al que hago referencia en mi libro para contextualizar las emisiones de carbono. ¿Qué significa producir un modelo lingüístico que emite unos 284.000 kilogramos de carbono? Bien, consideremos que un vuelo entre Roma y Londres consume algo así como 234 kilos. Sin embargo, se nos dice constantemente que deberíamos limitar nuestro uso del transporte, porque el transporte es de alguna manera la única actividad humana que conduce a un mundo insostenible. La realidad es que entrenar un algoritmo es mucho peor.

A continuación, hay que criticar las emisiones de carbono y el coste medioambiental de los centros de datos. Estas son las emisiones que se han visto más afectadas por el greenwhasing de estas grandes corporaciones, en su carrera por demostrar que están construyendo centros de datos sostenibles. ¿Son sostenibles? No estoy seguro. Algunos son mejores que otros, pero recordemos que cerca de dos tercios de la red eléctrica mundial sigue basándose en combustibles fósiles. Así que, si tienes un centro de datos que absorbe la electricidad de un lugar medio del mundo, lo más probable es que siga dependiendo de los combustibles fósiles.

Hay que criticar las emisiones de carbono y el coste medioambiental de los centros de datos. Estas son las emisiones que se han visto más afectadas por el greenwhasing

Todo eso forma parte de la fase de producción. A pesar de la inconmensurabilidad de las escalas entre cosas como los vuelos individuales y el entrenamiento de un algoritmo, ¿es necesaria una mayor concienciación en torno al consumo?

La forma en que consumimos importa. Utilizar aplicaciones en nuestros móviles significa que estamos utilizando la nube, y consumiendo energía. Pero más significativa es la fase final, que es el desecho de la tecnología. Por desgracia, los mayores vertederos electrónicos del mundo se encuentran en antiguas colonias o en lugares que actualmente son colonias de China. Son lugares como Bangladesh, Camboya y Kenia, donde se encuentra el mayor vertedero de Europa. Estos países no tienen leyes sobre daños medioambientales, así que es allí donde vertemos todos nuestros residuos electrónicos. Ahora bien, ¿cuáles son los costes medioambientales de ese transporte? ¿Cuáles son los daños ambientales generados a nivel local? No lo calculamos. De momento, las mejores mediciones que tenemos son para la fase de formación y para las emisiones de carbono de centros de datos concretos. Pero seguimos sin tener una estimación de toda la cadena de suministro. Si no calculamos los costes de todas las fases –si no examinamos cada parte de esta compleja cadena de suministro y producción– es muy difícil hacer valoraciones. Por eso necesitamos conectar todos los cálculos de la cadena de suministro. Sólo con mirar los datos que tenemos, ya sabemos que tenemos que cuestionarnos la sostenibilidad de la IA en el contexto de la crisis climática. Es inaceptable hablar únicamente de “IA verde” como forma de gestionar la crisis.

Tomando como punto de partida su observación sobre el peligro de examinar partes de la cadena de suministro de forma aislada, centrémonos en la formación de modelos. Como usted dice, es donde tenemos más datos, y también es un gran punto de interés en la actualidad, dado que muchas personas se encuentran con estos modelos por primera vez a través de ChatGPT. ¿Qué sabemos de la intensidad energética necesaria para el entrenamiento de estos modelos a medida que se vuelven más sofisticados?

Sinceramente, recopilar estos datos es muy complicado. ¿Por qué? Porque no son de dominio público. A pesar de que hablamos constantemente de IA abierta, no es abierta. Y, dado que es una gran inversión de Microsoft, la realidad es que no sabemos exactamente cómo funciona la caja negra que hay detrás de ChatGPT. En realidad no sabemos cómo genera sus resultados, porque hay mucha opacidad.

Nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Ni siquiera Open AI? Esa es la naturaleza de la caja negra.

Algunos saben más que otros. Pero lo interesante es que ya han calculado el coste del entrenamiento del GPT-3, el modelo en el que se entrenó originalmente el ChatGPT. Equivale a 610 vuelos entre Nueva York y París. Es un gasto de energía muy considerable, y sabemos que GPT-4 es mucho más complejo. Todo esto es sólo entrenamiento. Luego, por supuesto, hay que considerar el consumo y luego los desechos. En cualquier caso, la mayor hipótesis es que, de nuevo, va a ser útil para el mismo tipo de gestión de los recursos, para el mismo tipo de previsión. Pero aún no he visto nada más en cuanto a cómo puede utilizarse para luchar contra el cambio climático.

Climate Change AI, un grupo con sede en Canadá, publicó un informe sobre cómo puede utilizarse el aprendizaje automático para la gestión de recursos. Aún no han abordado ChatGPT, pero es probable que digan que es aún mejor para la predicción y el pronóstico. Soy bastante escéptica al respecto, porque soy escéptica sobre su precisión. Los científicos han demostrado que es inexacta a muchos niveles. Y, de nuevo, no sabemos con qué datos se ha entrenado. ¿Cómo podemos confiar en las previsiones de un sistema cuando desconocemos el suministro de sus datos?

El coste del entrenamiento del GPT-3, el modelo en el que se entrenó originalmente el ChatGPT, equivale a 610 vuelos entre Nueva York y París. Es un gasto de energía muy considerable, y sabemos que GPT-4 es mucho más complejo

¿Cómo afectarán los conflictos geopolíticos, por no hablar de los límites ecológicos, al ritmo de innovación de estas tecnologías?

Si observamos la trayectoria del mundo, no creo que nos hayamos alejado tanto del capitalismo colonial. Ahora tenemos un capitalismo colonial de datos, si se quiere, pero los legados coloniales permanecen, especialmente en lo que se refiere a la IA. Sabemos perfectamente que el 99% de estas aplicaciones no pueden utilizarse en lugares que carecen de infraestructuras. La falta de infraestructuras en las antiguas colonias del Sur Global es un problema enorme, pero parece que ni siquiera lo reconocemos en esta carrera armamentística por conquistar la IA. La Comisión Europea, al hablar de transiciones gemelas, señaló por fin que podríamos tener un pequeño problema adicional con el impacto medioambiental de estas tecnologías.

Normalmente sólo vemos el problema con los recursos. Pero, al mismo tiempo, parece que no tenemos ningún problema en exigir más de ellos. ¿Seremos capaces de seguir produciendo al ritmo necesario? Sabemos que el Donbás es una región importante para la producción de litio. Por desgracia, podemos esperar que se sigan generando guerras por la necesidad de acumular recursos. Habrá conflictos constantes para controlar y explotar estos recursos.

Sigo con gran interés lo que está ocurriendo en Chile, porque, por primera vez, hay un movimiento que intenta proteger estos recursos. Están intentando impedir que las grandes corporaciones se hagan con su control. Pero al final, creo que seguiremos con las mismas tendencias que han construido este capitalismo de datos, esta tecnocracia, y que ha dejado fuera al Sur Global.

¿Hasta cuándo podrá continuar? Espero que la crisis climática, con sus incesantes fenómenos meteorológicos, nos lleve a alguna reflexión. Pero hasta ahora no he visto nada. Tenemos menos de diez años, como repetía el reciente informe del IPCC, para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5ºC. Si no actuamos en los próximos cinco años, habremos perdido la oportunidad. Desde luego, no veo la IA como la solución a este problema. La solución es reorganizar cómo se gestionan los recursos y cómo funciona el capitalismo. Pero eso requerirá una voluntad política de la que parece que carecemos en el Norte Global.

¿Cuáles son las alternativas a la lógica solucionista y capitalista? ¿Es necesario un esfuerzo descentralizado y comunitario para que la tecnología pase a un marco totalmente distinto?

Soy alguien que sigue creyendo en los servicios públicos. La idea de deshacerse por completo de un marco capitalista en los próximos siete años me parece muy complicada, así que intento ser más pragmático. La izquierda se ha debatido a menudo sobre cómo responder al neoliberalismo y al capitalismo. Si reimagináramos este tipo de tecnologías en aras del interés público –con la emergencia climática en el centro de cada decisión sobre tecnología– ya estaríamos avanzando mucho.

Todavía existe la oportunidad de pensar en la tecnología de forma diferente. La Segunda Guerra Mundial cambió nuestra forma de ver la tecnología, y las mitologías no han hecho más que acelerarse con el desarrollo del capitalismo de la vigilancia y el capitalismo de los datos, pero no está funcionando. Tenemos que reconocer que no abordaremos la crisis climática solamente adoptando la IA; la abordamos deteniendo la extracción de combustibles fósiles. Esa es, para mí, la mayor emergencia de los próximos cinco años.

Luego podemos pasar a las ideas procedentes de distintas cosmologías. Una de las más interesantes es la idea de custodia, que asocio con las comunidades aborígenes y maoríes. Custodiar la naturaleza es vivir con ella, no explotarla. También hemos visto avances inspiradores a nivel de comunidades locales y ciudades. De aquí proceden muchas de las ideas nacidas de las cosmologías de la custodia, así como perspectivas latinoamericanas que también considero muy prometedoras. Una gran coalición de ciudades que intenten abordar estas cuestiones a nivel local también sería un buen paso.

Pero primero debemos abordar la cuestión más importante y urgente: no podemos tener una economía basada en los combustibles fósiles. No vamos a cumplir el objetivo del Acuerdo de París. Y una vez que superemos la ya famosa marca de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, aumentará significativamente el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos que causen muertes, desplazamientos y pobreza a millones de personas en todo el mundo. Para evitarlo, necesitamos una toma de decisiones firme a escala mundial. Tenemos las tecnologías para hacerlo. Podemos utilizar la energía oceánica, podemos utilizar la energía solar. Podemos llegar a los problemas de desechar los paneles, pero tenemos que empezar por dejar los combustibles fósiles de lado. No podemos abrazar un solucionismo climático que ya sabemos que es insostenible.

Existe una buena anécdota para enlazar el significado del inicio del discurso de Carles Puigdemont en el Parlament tras el referéndum no pactado, “Catalunya se ha convertido en un asunto europeo”, y la que parece la única certeza: la crisis catalana es la forma en que se transparentan las malas costuras de la Transición, agravadas por una respuesta a la crisis económica que ha sacado la cara más intransigente del Gobierno conservador. Se trata de aquella pronunciada por Georges Bidault, ministro de Exteriores de Francia ante la Asamblea Nacional sobre la llamada “cuestión española”: “no hay naranjas fascistas, solo naranjas”.

De esta forma justificaba que el rechazo de la potencias europeas al régimen franquista no se extendiera al ámbito económico, y que ninguna se negara a comerciar con una dictadura que ya desde 1958 formaba parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, como señala Charles Powell, que lo recoge en «La larga marcha hacia Europa: España y la Comunidad Europea, 1957-1986», que ese ahogo económico podría haber afectado más a los españoles que al propio régimen, no deja de ser paradigmática esa visión para analizar la situación actual, donde la divergencia cada vez es más pronunciada entre las prioridades económicas supranacionales y un Estado nacional que no rompió con el régimen franquista, sino que adhirió elementos democráticos para integrarse en la Unión Europea.

Tras la crisis económica y de la zona euro, la estructura comunitaria obligaba a que las medidas de austeridad, pese a ser impuestas por las élites europeas, debieran ser afrontadas por las capitales de los estados nacionales, quienes sufrieron el levantamiento de sus respectivas opiniones públicas. En buena parte de la casa común europea, ello se tradujo en el auge de partidos ultraderechistas, cuya agenda ha marcado la de los conservadores sin siquiera tocar el poder, y la progresiva irrelevancia socialdemócrata.

En el Estado español, la tormenta ha tratado de capearse de la siguiente forma: a la retahíla de decisiones promulgadas durante los mandatos de Mariano Rajoy que supusieron un retroceso brutal en libertades civiles, se sumó la movilización de un parte del país contra otra; dos banderas fundiéndose al albor de una batalla retórica, asentada en las lógicas de dos burguesías corruptas.

En este sentido, la reacción de las élites europeas ha ejemplificado a la perfección su propia incapacidad para lidiar con una verdadera refundación asentada en pilares sociales y democráticos. De un lado, los sucesos recientes demuestran que desde Bruselas pareció que molestaban menos las demostraciones fascistas en las calles españolas (retrato de que aún existen posos franquistas en el apartado del Estado), que en los cínicamente llamadas gobiernos iliberales, como Polonia o Hungría —los mismos, por cierto, con los que comparte club España a la hora de negarse acoger a refugiados—. De otro, lo que verdaderamente molestaba en las instituciones comunitarias era la imagen que España proyectó en todos los medios de comunicación del mundo, “el uso de la fuerza del Estado para reprimir a ciudadanos tratando de expresarse libremente”, en un momento en el que el foco pretendía estar en la reforma el euro; una reconstrucción la Unión Europea que llegaba desde Alemania —quien acaba de ver cómo una fuerza nazi entra por primera vez en su parlamento— y Francia —donde el 50 por ciento de los votantes han recurrido a partidos contrarios al establishment—.

En este supuesto nuevo camino hacia luz que se abría tras la tormenta populista, la única protección que se le ofrece al ciudadano europeo tras la crisis se centra en cuestiones de seguridad relacionadas con el terrorismo o en materia migratoria, pero nada parecido a revertir la desregulación del mercado de trabajo, la privatización de los servicios públicos y la reducción del gasto social impuesto por la hegemonía neoliberal de las últimas décadas.

Así, en un momento en el España se divide y Europa dice refundarse, el establishment intelectual y mediático nacional se ha cerrado, imponiendo un repliegue hacia posiciones oficialistas, sin que pueda ser motivo de juicio el estatismo conservador de Mariano Rajoy, que trata de colocar las bases para justificar cualquier intervención necesaria con el fin preservar el orden en el futuro. Por eso, la reacción conservadora se justifica con la máxima de “Catalunya no puede convertirse en un problema para Europa”. Ataques de una parte del sector intelectual, como el que sufrió un periodista de la talla de Jon Lee Anderson, o las acusaciones del ministro de Exteriores Alfonso Dastis, respaldadas por buena parte de los periódicos nacionales, cuando señaló que la prensa extranjera miente sobre el conflicto catalán son distintas formas de estrechar el espacio para la crítica.

Pareciera que los destinos de la democracia ya no se hallan ligados a los del movimiento obrero, como aconsejaba tener en cuenta Rosa Luxemburgo para la conquista del poder político, sino a la efectividad de la propaganda. En un ensayo publicado en 1960, llamado Propaganda, Jacques Ellul concluía que a medida que la propaganda perneaba en todos los rincones de la sociedad, mayores eran los peligrosos para la democracia. Y en esas nos encontramos.

La revitalización de la sociedad civil o la participación popular que desde el 15M se ha trasladado a las exigencia de millones de votantes parecen defenestradas por el infantilismo político de un sistema en el que la austeridad ha dado paso a la polarización social y a una gestión de las emociones políticas cristalizadas por una guerra de propaganda, donde la última palabra descansa en la actuación policial. Un contexto auspiciado por esa Europa que ya es una distopía de lo que fue, todo lo contrario a un espacio supranacional donde parece imposible construir una alianza entre el centro-izquierda y el centro-derecha para lograr cambios institucionales ulteriores, que aborde el déficit democrático presente en el corazón de la Unión Europea —provocado por la primacía de los intereses del capital financiero sobre el capital industrial—.

La Unión Europea nos ha permitido vivir en paz y bienestar durante 60 años, pero la conjetura que determinará su futuro es muy distinta a la de entonces: la tercera Guerra Mundial es social, sugería Wolfgang Streeck en un su ensayo reciente sobre Cómo terminará el Capitalismo. O tal y como le escribía David Van Reybrouck al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en una carta publicada en el Gran Retroceso: se trata de la lucha entre ciudadanos enfurecidos y corporaciones privadas, una división que cada vez es más pronunciada. Lejos de ser esta la dicotomía que inquieta a nuestros líderes, el establishemnt español — abrazado al nacionalismo patrio y un estatismo incompatible con la expansiones de las libertades— y el europeo —sumido en penetrar en reformas económicas— tratan de difuminar la cuestión fundamental: el espectro político europeo es un eje cada vez más escorado hacia la derecha pirómana, hermética ante unas proclamas que encuentran en el orden neoliberal y tecnocrático europeo un freno a cualquier reivindicación popular.

Cuando los mexicanos escucharon en 1992 que tras la negociación de un acuerdo de comercio con Canadá y Estados Unidos (NAFTA) se generaría empleo y se sentarían las bases del crecimiento, sus rostros se iluminaron. Eran tiempos de Bill Clinton y el liberalismo económico comenzaba a tejer la tela de araña que se ha ido expandiendo por el comercio internacional.

Apenas dos años después, México sufrió la crisis del peso y un deterioro de su clase social. Aunque no se ha demostrado la relación directa, según diferentes analistas la extrema pobreza extrema se incrementó desde la firma del Tratado en 1994, pasando de un 16% a un 28% solo en los primeros cinco años. Por otro lado, el NAFTA permitió que la entrada de maíz desde Estados Unidos, más barato que el mexicano, provocara la perdida de alrededor de 1,3 millones de puestos de trabajo en el país latino y que cinco millones de campesinos tuvieran que abandonar sus tierras, elevando el desempleo urbano.

Barack Obama ha aprendido de sus predecesores a la hora de defender el Tratado de Comercio e Inversión que negocia ahora con Europa, más conocido como TTIP, y se muestra reacio a la hora de usar el argumento del crecimiento y la generación de empleo para defenderlo. Europa, no.

Con la austeridad en el foco, la política comercial se ha presentado como la panacea para sacar a la Unión Europea de la crisis. Los líderes comunitarios no se han ahorrado alabanzas a este hecho. “El impulso económico que representará el TTIP supondrá una oportunidad única en toda una generación”, dijo en 2013 David Cameron. La creación de empleo ha sido asumida también por Mariano Rajoy, la Secretaría de Estado de Comercio y otras instancias gubernamentales.

“Han sentado una retórica que no solo les sirve para exagerar los beneficios del tratado ante una audiencia escéptica, sino también para omitir sus costes sociales”, lo explica Gabriel Siles-Brügge en un libro imprescindible: La Verdad acerca del TTIP. “El modelo económico que utilizan, además, es una herramienta política para guiarnos hacia su discurso e ideología”, añade el economista de la Universidad de Manchester.

La mayoría de estudios económicos realizados sobre el TTIP se asientan sobre los modelos de equilibrio general computable (CGE, como rezan sus siglas en inglés). Es el mismo que ha usado la Cámara de Comercio de España en su último pronóstico para afirmar que el TTIP generará 350.000 empleos en España en cinco años y elevará el PIB cerca del 1%.

Las críticas hacia estos modelos, que comenzaron hace varias décadas y agrupan a distintos autores, se asientan sobre tres argumentos. El primero es que entienden como certezas una serie de supuestos que no solo son irreales, sino que contribuyen a una visión muy particular del mundo. Por ejemplo, se asume que, para todos los mercados, lo que se produce se consume y no hay desempleo, ya que toda la oferta de mano de obra se cumple con la demanda apropiada. En un paper de 1999, Frank Ackerman añadía que “este modelo se muestra agnóstico ante otras cuestiones, como las desigualdades sociales que puede crear”.

Por otro lado, se critica el descarado poder que tienen los investigadores que llevan a cabo los estudios para dar forma a los resultados según crean conveniente y determinar así la realidad. “Solo con cambiar los datos usados y algunas variables computadas en algunas ecuaciones matemáticas, se puede influir de forma masiva en el resultado”, criticaron ya en 2006 varios autores alemanes. Incluso The Economist compartió esta postura: “Si los modelos CGE creen que el comercio aumentará la productividad y el crecimiento, el modelo lo confirmará sin lugar a duda. Está sujeto a demasiadas consideraciones ideológicas”, y añadía el tabloide famoso por su carácter liberal: “La única función de las previsiones económicas es que la astrología parezca respetable”.

La última premisa que carga contra la politización de los CGE es su extremada complejidad. Un informe de 2005 de la Organización Mundial del Comercio lo denunció por primera vez por suponer “una caja negra” para todos aquellos lectores que no sean especialistas en estos modelos y quieran comprender o criticar los resultados.

La gran ironía del sistema económico (CGE) usado para justificar los beneficios económicos del TTIP, que supuestamente sacará a Europa de la crisis, “es que es el mismo que falló al predecir dicha crisis financiera en 2008”, denunció Mathew Watson en 2014 en su último libro.

Entre los estudios por excelencia más replicados por la Comisión Europea para defender el TTIP, se encuentra el que encargó en 2013 al Centre for Economic Policy Research (CEPR). Un think tank patrocinado, entre otros, por algunos de los bancos más grandes del mundo y los mismos que se beneficiarán del acuerdo comercial transatlántico. Deutsch Bank, BNP Paribas, Citigroup, el Banco Santander, Barclays o JP Morgan pagan entre 8.000 y 20.000 euros al año para financiar este laboratorio de ideas. A cambio, según su página web, el CEPR ofrece a sus miembros (cuyo éxito en los negocios depende de estar a la vanguardia de la formulación de la política económica de Europa) “acceso directo a las investigaciones que realiza, un sitio en las mesas de debate con políticos, etc.”

No solo es este think tank sino que son otros seis los que promueven informes favorables al TTIP y que reciben financiación de 300 empresas distintas. Estos institutos son altamente proactivos en el papel, pero también en las salas de conferencias. Siete de los principales laboratorios de ideas en el debate sobre el TTIP han organizado casi un centenar de eventos sobre el acuerdo de libre comercio en los últimos cuatro años.

Según el documento del CEPR, gracias a la liberalización del comercio fruto del acuerdo transatlántico, la economía de la Unión Europea experimentará un crecimiento de 119.000 millones, es decir, el 0,5% de su PIB. Sin embargo, según aclara el informe, estos beneficios solo se acumularían en 2027, no en todos los años hasta ese momento. Esto significa que, aun suponiendo que las cifras sean correctas, se produciría un aumento del PIB de un 0,05% cada año entre 2017 y 2027.

No solo el estudio pronostica un crecimiento insuficiente para ser el motor económico que se vende que será el TTIP, sino que no hace referencia al aumento neto de empleos. Al contrario, los datos muestran que al menos 1,3 millones de trabajadores europeos perderían sus puestos de trabajo como resultado de “recolocaciones” fruto de un acuerdo ambicioso; o 680.000, si el escenario final es más modesto.

También es fundamental tener en cuenta que el 80% de las ganancias que se proyectan fruto del crecimiento tras la firma del TTIP se derivan de la pérdida de las barreras no arancelarias, por ejemplo, de la desregulación. Y de nuevo, no se tienen en cuenta los costes que ello tendrá.

Es imposible predecir y asegurar las ganancias que tendría la firma del tratado transatlántico con Estados Unidos. Las consecuencias potenciales están sujetas a una incertidumbre considerable, sobre todo cuando las negociaciones todavía están teniendo lugar. No obstante, los líderes europeos siguen usando este argumento hasta la extenuación.

La posición real del PSOE ante los próximos desafíos económicos se vislumbra en sus planteamientos sobre el TTIP, que renuncian a la tradición socialista para volver a abrazar el neoliberalismo

El PSOE lleva en su programa electoral un apartado que se denomina “España en un mundo globalizado”. Un gran punto de partida para fomentar un debate imprescindible que se asienta en seis objetivos y tres dimensiones. Los socialistas españoles, como en el resto de Europa, quieren una Unión con liderazgo, que preserve el medio ambiente, que combata la desigualdad y preserve los derechos humanos.

Pero más allá de lo que parece obvio, el PSOE propone “Participar en la creación de un espacio atlántico”:

“Velar para que en la negociación de los tratados comerciales y en particular en el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), se garanticen los derechos sociales, medioambientales, sanitarios, de seguridad alimentaria y la protección de datos personales alcanzados en la UE. Su formulación final deberá contribuir al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo de calidad. En materia de protección de las inversiones se respetarán los procedimientos jurídicos regulares. En todo caso, se preservará plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas por intereses privados.”

El PSOE habla de “velar”. Los eurodiputados europeos del grupo socialista tienen que entrar en una sala de 10 metros cuadrados, sin móvil ni acompañantes para intentar comprender qué sucede en unas negociaciones complejas y donde la mayoría de la información sigue estando oculta. Sólo cuando el TTIP esté finalizado, sabrán si Europa ha cedido a las potenciales demandas de Estados Unidos.

Al respecto, el argumento que suelen dar algunos socialistas alemanes favorables al Tratado es que, gracias a su presión sobre le Comisión, se han logrado modificaciones en temas tan polémicos como el ISDS. No es cierto. Estos tribunales, creados ad hoc para que una empresa demande a un Estado si ve que sus beneficios peligran, han sido escrutados por toda la opinión pública europea. Suele ser un error habitual entre la clase política atribuirse los logros sociales, pero en este caso ni siquiera lo es. La Comisión ha hecho una propuesta nueva que no goza ni de la aprobación de Estados Unidos ni de las grandes asociaciones empresariales. Y lo ha hecho más como movimiento estratégico para defender el tratado que como muestra de haber escuchado a los ciudadanos o a los grupos políticos. De haber sido así, habría puesto fin a las negociaciones del TTIP hace tiempo.

Los socialistas defienden un tratado que cuenta más con las empresas que con los miembros electos por los ciudadanos y del que saben más por filtraciones que por información oficial. La semana pasada, la Unión Europea fue acusada de dar acceso privilegiado a documentos confidenciales del TTIP a la petrolera ExxonMobil. Exxon fue consciente del cambio climático en 1981, pero durante 27 años gastó 30 millones en Think Tanks para negarlo. También, gracias al ISDS que propone el TTIP, la gigante de los petrodólares demandó a Canadá por cancelar un proyecto turístico por ser inviable y contaminar demasiado.

En relación a la protección de derechos, ojalá pudiera haber un debate justo con datos e información al alcance de todos. En lo que denominan como “derechos y medio ambiente”, por ejemplo, Europa ha reducido su ambición de forma abrumadora en la COP 21 para equiparase a Estados Unidos, que la ha aumentado ligeramente. Si bien es cierto que es un paso, las última filtración sobre sostenibilidad ambiental en el TTIP está vagamente redactada y ni siquiera es vinculante. “Las garantías planteadas para el desarrollo sostenible son prácticamente inexistentes en comparación con las protecciones previstas para los inversores (ISDS). La diferencia es bastante obscena,” le dijo a The Guardian Tim Grabiel, un reputado abogado ambientalista parisino que filtró el último documento al respecto. “Tiene poco o ningún valor jurídico”, añadió.

El dato de que el 45 por ciento de las 100 empresas más grandes del mundo está obstruyendo las leyes que luchan contra el cambio climático, según una ONG británica, también es ilustrativo. Son las mismas que influyen en las negociaciones sobre el TTIP y a las que la Comisión recibe a puerta cerrada. “El medioambiente en el TTIP: cuando los zorros cuidan el gallinero”, alertamos no hace mucho en este espacio.

La protección de datos es un tema igual de polémico. Dentro del capítulo de 'e-commerce' del TTIP se negocian cuestiones como el uso de los datos personales de los usuarios, el control del tráfico en la red por parte de los proveedores o el bloqueo de contenidos digitales por cuestiones de copyright.

Barack Obama ha manifestado en repetidas ocasiones su discrepancia con la Unión Europea respecto al establecimiento de normas sobre localización de datos. “Dataproteccionismo”, dijo una vez. Además, sin siquiera haberse aprobado el TTIP, Europa ya ha comenzado a postrarse ante EEUU con la firma del tratado bilateral denominado “Acuerdo de Puerto Seguro” (“Safe Harbor”), por el cual aquellas empresas estadounidenses que adopten un sistema de protección de datos similar al exigido por la UE pueden de forma aislada ser consideradas como ‘seguras’. El Parlamento solicitó que se suspendiera por “no dar las suficientes garantías en cuanto a la protección de datos de los ciudadanos”.

Por otro lado, EEUU acaba de cerrar recientemente otro mega acuerdo transatlántico, el más importante de la historia: el TPP. Entre la documentación que Wikileaks ha hecho pública se observa que todos los aspectos importantes están comprometidos: medicamentos, software y descargas ilegales.

Sobre sanidad, el debate es si cabe más complicado. La Comisión Europea, que negocia el TTIP, dice que los servicios públicos no forma parte del acuerdo. En cierto modo es así, pero tampoco han sido excluidos de las negociaciones y pueden entrar en cualquier momento a la mesa, al igual que lo hicieron en la última ronda algunos sectores sensibles como el agua. Además, con la armonización de normativas que se observan en algunos textos consolidados del TTIP, es fácil encontrar indicios suficientes para pensar que la fórmula emprendida por Margaret Tatcher para externalizar servicios básicos pueda ser incluida de nuevo.

Aspectos como no hacer algunas licitaciones públicas obligatorias y otras cuestiones que abren el mercado a las empresas privadas pueden ser vistas como barreras al comercio y ser eliminadas. No es algo que no haya sucedido en España con consecuencias reales. Los hospitales han perdido un tercio del personal de limpieza en tres años y eso no sólo implica más costes y peor servicio, sino también despidos.

La Comisión habla en el TTIP de servicios “competitivos” y suministrados de “forma cualificada”. Es el mismo lenguaje que usaron en Reino Unido cuando aprobaron la ley de 2012 que abrió la sanidad a las empresas privadas. Durante sus dos años de aplicación, 9.600 millones de libras en contratos fueron concedidos a solicitantes “competitivos”. El gran beneficiado fue el sector privado: de los 252 contratos firmados, 165 fueron a parar a suministradores que poco tenían que ver con el servicio nacional de salud británico.

“En la protección de las inversiones se respetarán los procedimientos jurídicos regulares”, dice el PSOE sobre lo que se denomina el ISDS. Debido a la retirada de las subvenciones a las energías renovables, España es el país de la Unión Europea que más demandas recibe a día de hoy ante tribunales internacionales de arbitraje a través de mecanismos como el que plantea el TTIP. El problema es que esos pleitos, cuyas costes se estiman en miles de millones, están siendo gestionados por abogados de bufetes privados muy bien relacionado con la industria y que en muchos casos proceden de una engrasada puerta giratoria.

Mecanismos como el ISDS y la ya explicada cooperación regulatoria dan más armas a las grandes empresas para bloquear y debilitar regulaciones. Van en la línea contraria de la que propone el PSOE de “preservar plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas por intereses privados”.

El PSOE, en definitiva, hace un gran análisis de la situación geopolítica a la que se enfrenta la UE, pero su respuesta se aleja mucho de los valores socialistas y coincide sin reservas con los liberales más acérrimos y los conservadores de los 28 estados miembros. Es el mismo problema al que muchos socialistas se han enfrentando y que ha provocado el rechazo sin reservas al TTIP y la división del grupo en Europa.

En Génova ni siquiera han tenido un debate interno y apoyan el TTIP fruto de la influencia del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. A nivel local, más de 20 alcaldes y concejales socialistas han iniciado o apoyado mociones de censura contra el TTIP en pequeños Ayuntamientos de España por las consecuencias que tendría para pequeñas empresas. ¿El PSOE está con las transnacionales o con los ciudadanos?

Cada vez está más claro que el TTIP es una iniciativa estratégica para dar cobertura legal a la influencia de las corporaciones en la toma de decisiones europea

El deseo evidente de la Comisión Europea es poder suscribir tratados comerciales sin necesidad de aprobación por parte de los Estados miembros

Miami ha sido el escenario elegido para avanzar en la onceava ronda de negociaciones sobre el Tratado de Comercio e Inversión que tratan de cerrar Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP, por sus siglas en inglés) para finales de 2016. La Zona Libre de Miami es la mayor zona comercial privada del mundo, fue fundada en 1977 y tiene en cartera unos 200 clientes internacionales. Es considerada como uno de los centros financieros más importantes de Estados Unidos ya que goza de una situación geográfica privilegiada, en la encrucijada del Caribe, América Central y América del Sur.

“Esta ha sido una ronda muy dura”, expresaba en una declaración pública el presidente de los negociadores europeos, el español Ignacio García Bercero. Los tecnicismos, y que en muchos casos, los escritos sobre el TTIP están escritos en inglés, impiden a cualquier ciudadano medio que muestre algo de interés seguir lo que ocurre en las negociaciones.

Una de las áreas en las que se avanzaron en la ronda de la pasada semana fue en la llamada “convergencia regulatoria”. Es un concepto que se escucha poco. La Comisión Europea lo define como una oportunidad para simplificar la vida de las compañías, “en especial de las pequeñas”, y así aprender unas de otras en el uso de los recursos públicos para proteger a los ciudadanos. Una bella retórica que el siempre de referencia Corporate Europe Observatory califica como una “amenaza para la democracia”.

La convergencia regulatoria, o mejor enmarcada, unión transatlántica para la desregulación, se asienta sobre un problema de enfoque fundamental. Considera las regulaciones simplemente en términos de si afectan o restringen el comercio, en vez de como normas y reglamentos que surgen como resultado de debates políticos y sociales más complejos. La Comisión afirma que esta piedra angular del TTIP es una discusión técnica sencilla, pero existe el riesgo de que las conversaciones sobre convergencia reguladora sigan la misma lógica que los tribunales de arbitraje: una mala ley para el comercio es necesariamente una mala ley.

Por otro lado, la posición hecha pública por la Comisión en la que habla de un “proceso horizontal” plantea las dudas de si además se establecerá un Consejo creado ad hoc para decidir qué normas afectan al comercio y cuáles no. Cuando dicen horizontal, se refieren a leyes, no sólo que tengan un impacto en el comercio transatlántico, sino en todas las reglas existentes presentes y futuras. Los artículos 11.1 y 3 de la citada posición europea, con un vocabulario farragoso, evidencian que este mecanismo pretende convertirse en un cementerio para las regulaciones de interés público.

Institucionalización surrealista de los intereses de las corporaciones

La organización de consumidores europeos (BEUC, por sus siglas en ingles) ha definido la propuesta europeas como una “institucionalización surrealista” de la influencia de las corporaciones en la toma de decisiones europeas. Hablamos de que este consejo de convergencia o cooperación regulatoria tendría la tarea efectiva de “considerar las iniciativas reguladoras de otros Estados sobre la base de las aportaciones de una de las partes o grupos de interés.”

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los grupos de presión en Bruselas y Washington representan los intereses de las grandes empresas, es evidente que “la participación de las partes interesadas” significa abrir otra puerta a los representantes de la comunidad empresarial para que puedan influir en las leyes, antes incluso de que los representantes electos sepan de ellas.

La Dirección General de Comercio habla de la cooperación regulatoria como un “mecanismo de información anticipado para evitar que ambas partes regulen de manera aislada”. Pero, ¿la legislación europea sobre productos químicos (REACH), por ejemplo, podría haberse aprobado si la UE tuviera que co-legislar con Estados Unidos? El principio de precaución no es aplicado por las autoridades federales de Estados Unidos. Por ejemplo, 1328 sustancias químicas de los cosméticos están prohibidas en la Unión Europea, frente a sólo el 11 en EE.UU.

Proteger a los inversores, sí. Al medioambiente, no.

De nuevo, la Comisión dice que cualquier forma de convergencia normativa “no va a cambiar la vía en que se regulan las políticas públicas como la seguridad alimentaria o la privacidad de los datos”. Además, se jacta de su flamante propuesta. “El comercio no sólo es crear oportunidades económicas, sino que se necesita responsabilidad”, dice el posicionamiento público tras la onceava ronda de negociaciones del TTIP en relación a los avances en sostenibilidad ambiental.

Las filtraciones retratan otra vez las palabras de los negociadores europeos. En un documento hecho público por The Guardian sobre el compromiso ambiental tras la ronda en Miami, las salvaguardias ambientales son “prácticamente inexistente”. En enero, el bloque europeo prometió proteger leyes verdes, defender las normas internacionales y salvaguardar el derecho de la UE para establecer un alto nivel de protección del medio ambiente. Lo cierto, casi un año después, es que los compromisos están vagamente redactados y ni siquiera son vinculantes.

“Las garantías planteadas para el desarrollo sostenible son prácticamente inexistentes en comparación con las protecciones previstas para los inversores. Y la diferencia es bastante obscena,” le dijo Tim Grabiel, un abogado ambientalista con sede en París, al periódico inglés. “Tiene poco o ningún valor jurídico”, añadió.

El TTIP, por mucho que la retórica institucional lo adorne, no es un tratado de comercio. La barreras entre la UE y EEUU que pretenden tumbar ya son bajas, no hay garantía de que se vaya a producir una mejora económica en la ciudadanía o que el supuesto incremento de las exportaciones vaya a favorecer a las pequeñas empresas. El TTIP es una iniciativa estratégica para dar cobertura legal a la influencia de las corporaciones en la toma de decisiones europea. Desde el Tratado de Maastricht, los lobbies empresariales comenzaron a agruparse para impulsar la globalización y el expansionismo feroz de las grandes empresas. “Si nosotros hacemos dinero, creamos empleo, ganamos todos”, repiten sin cesar los accionistas en los que recaen los beneficios. Es un bucle infinito que nos ha llevado a unas cifras de desigualdad desorbitadas.

La democracia es un concepto que implica cuestionar la concentración del dinero y el poder en pocas manos porque para eso hemos de tener una distribución justa de bienes y unos impuestos a las rentas altas. Algo que tratan de impedir a toda costa. La elite económica tiene que encontrar formas para que la democracia no les moleste, y el TTIP es una oportunidad sin precedentes.

El argumento aducido es siempre que el Parlamento Europeo electo y los Estados Miembros tienen la última palabra en la ratificación del TTIP. Personalmente, lo secundaría si la influencia de las corporaciones en toda regulación no fuera tan obscena. El poder empresarial lleva décadas marcando la agenda europea. Volkswagen es sólo el ejemplo más evidente y cercano de que el ciudadano no pinta nada en esto.

Por otro lado, ¿qué tiene de democrático darle el TTIP ya masticado y listo para votar a unos eurodiputados que tienen que entrar en una sala de 10 metros cuadrados, sin móvil ni acompañantes para intentar comprender qué sucede con las negociaciones?

Para mayor preocupación está el hecho de la Comisión Europea le haya preguntado al Tribunal de Justicia Europeo si puede ratificar el Tratado de Singapur sin la aprobación de los 28 Estados miembros. A simple vista, parece una duda inocente sobre un tratado al que nadie mira, pero, en realidad, si el tribunal europeo le contesta de forma afirmativa, el TTIP también entraría en el grupo de tratados que no necesitarían ser presentados ante los parlamentos nacionales.

Qué estúpidos podrían defender abiertamente, en un tratado tan criticado y seguido con lupa, que se pueda privatizar los servicios públicos, abrir el mercado a productos prohibidos y seguir permitiendo que las corporaciones socaven el medioambiente. La elite sortea esos obstáculos de forma más inteligente. ¿Acaso el Partido Popular dijo en su programa que haría precario el empleo y criminalizaría la protesta ciudadana? En su lugar estableció una reforma laboral y una ley de seguridad ciudadana, conceptos ambos inocentes, pero que están detrás de los grandes recortes de derechos civiles en nuestro país.

En una semana marcada por las marchas en Bruselas contra el TTIP, el autor llama la atención sobre el silencio que sigue primando en España al respecto

El debate público en España acerca del Tratado de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) que negocian Estados Unidos y la Unión Europea aún está en las antípodas con respecto a otros lugares como Francia, Reino Unido o Alemania. Los grandes medios no hablan de él, o se dejan engañar por siglas confusas, los políticos no sienten la necesidad de establecer un posicionamiento claro, y por tanto, buena parte de la opinión pública lo ignora casi todo de un tema que sentenciará su futuro cercano. A ello se suma el hecho de la ausencia de partidos de empuje europeísta.

Si bien es cierto que el encomiable trabajo de algunos grupos sociales de este país ha logrado arrojar cierta luz al TTIP, la gran mayoría de los ciudadanos desconoce las implicaciones de este “poco interesante” Tratado porque no se han sabido comunicar correctamente.

La agenda la marcan los grandes medios con sus portadas, y las televisiones y radios con sus entradillas informativas en prime time. Y han sellado un pacto no escrito para relegar a lo más hondo de las páginas de Economía, las noticias -en muchos casos de agencia- que llegan sobre el TTIP. No son sus periodistas los que callan, sino los medios quiénes provocan el silencio. Buena muestra de ello son las batallas que parecen tener algunos profesionales para informar sobre el acuerdo transatlántico. Rara es la ocasión en la que las polémicas siglas llegan al titular de los medios. Los ejemplos son varios: aquí, aquí y aquí. Es bien sabido en este mundillo, que la titulación es el único elemento que queda al libre albedrío del editor o director. No obstante, la demostración es obscena.

Además, en España no hay periodistas especializados en el TTIP, y los que lo conocen, no tienen el tiempo para escribir con más detalles. Es responsabilidad de quienes batallan activamente contra él informales bien, con rigor y datos de lo que está en juego. Pero carecemos también de organizaciones que gocen del suficiente expertise en campañas sobre Comercio Internacional.

Y es más, las organizaciones sociales responsables de presionar sobre el tema aún no han irrumpido en el debate ni apostado claramente por hacerlo. Mermadas por los recortes feroces de este gobierno, no tienen recursos para orquestar una campaña a la altura de nuestros vecinos europeos. En Reino Unido, por ejemplo, hay cuatro personas trabajando en cuerpo y alma para combatir el Tratado. Las diferencias son abismales: rechazo absoluta de la opinión pública en temas clave para los ingleses como la sanidad.

En lo que respecta al poder institucional, la estrategia de marginar la palabra TTIP es una máxima de la Comisión Europea. En las notas de prensa que hace oficiales su delegación en España, siempre usa las siglas castellanas para referirse a él: ATCI. Lo achacan a una mera traducción, pero lo cierto es que en Francia y Alemania no se lleva a cabo de esa forma, o si se hace, se usan las siglas TTIP. Hagan como si no estuviese en juego la soberanía de 28 Estados Miembros, oigan. Como si no supiéramos de lo que hablan.

Otra gran traba provocada directamente por la Comisión, y que afecta a la mayor parte de los países, es el hecho de que no podamos tener un debate informado sobre un asunto tan importante como este porque los datos no están disponibles. Es frustrante que se venda a bombo y platillo que este es el tratado más transparente negociado nunca, pero que no haya información importante disponible.

Transparencia implica que las únicas personas que representan al ciudadano en Europa, sepan qué ocurre antes, durante y después de las negociaciones. Al margen de que esta opacidad suponga una violación de Artículo 218.10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, está el hecho de que las empresas tienen más información que los representantes electos. En una conversación con la eurodiputada Paloma López, contaba cómo Procter & Gamble tenía anexos del Tratado que ella no había visto nunca. ¿Un despiste? Podría ser, si no fuese de sobra conocido que de las 597 reuniones que hubo a puerta cerrada sobre el TTIP, el 88% se produjo con grupos de presión industriales.

Hemos de asumir que la conciencia crítica es imprescindible para avanzar en la construcción de un saber colectivo sobre los fenómenos que nos definen como sociedad. Todo lo que nos rodea se vincula al TTIP porque todo ello es fruto de un sistema que las corporaciones han establecido y que ahora quieren hacer irreversible.

¿Consecuencias del TTIP? Miles de millones sólo en demandas internacionales

Además, las implicaciones que tendría este Tratado para España no son baladí. Desde las consecuencias derivadas del aumento de demandas en tribunales creados ad hoc para multinacionales -España es el más perjudicado de toda la UE- hasta los problemas para nuestros agricultores por la desaparición de las denominaciones de origen, inexistentes en Estados Unidos pero clave para la supervivencia del jamón de jabugo o el vino Rioja. Pero más allá de la privatización y la servidumbre a los inversores, están las regulaciones. Un término que parece muy técnico, pero que se resume en bajar nuestros estándares de calidad en alimentación o derechos laborales.

Obviando el movimiento logrado en Alemania, allí hay largos debates televisivos en la cadena pública casi todas las semanas, pero España goza de un poder de movilización local no aprovechado. Se han presentado decenas de mociones de censura contra el TTIP en Ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, como el reciente éxito de Barcelona. En muchos casos, apoyados por los socialistas. Estadísticamente hay un empuje local similar al de Reino Unido, pero en España no se ha sabido canalizar y llevar al centro del debate político.

Por un lado, por la imposibilidad de las organizaciones de acercar el tema al día a día de las instituciones. De nuevo, los ingleses nos retratan. La última idea de empapelar su famoso metro cambiando las líneas por posibles consecuencias de la firma del Tratado, es sencillamente magistral. Y no sólo, en Reino Unido son magníficos a la hora de usar el storytelling para meterse en el pellejo del ciudadano inglés y servirle el TTIP como el postre de una dieta estricta de recortes en lo más básico.

Es también flagrante la falta de interés por parte de las caras conocidas de uno de los partidos que más poder tiene en estos momentos para mediatizar ciertas causas, Podemos. No ha sido más que en extrañas ocasiones cuando han puesto el tema sobre la mesa. Una vez, con motivo de la votación del informe del TTIP en el Europarlamento, Pablo Iglesias se propuso defenderlo en un debate junto a otros eurodiputados en la Cadena Ser. La carencia argumental del que es actualmente eurodiputado quedó en evidencia. Si bien es cierto que hay muchas personas en Podemos, como la siempre activa Lola Sánchez, que han hecho un papel espectacular en la conformación de una opinión pública al tanto del Tratado, su impacto mediático, encerrada en la burbuja bruselense, ha sido reducido.

Soberanistas a favor de la cesión de Soberanía

Los argumentos para defender el TTIP caen por su propio peso. No hay evidencias claras de que los ISDS traerán más inversión, al contrario, ni de que se producirá un crecimiento económico; mucho menos que beneficiará a las PYME, que tendrán que luchar en un mercado transatlántico lleno de depredadores con más beneficios cuanto mayor sea su capital. La ignorante postura de Pedro Sánchez coincide con la del más conservador en el PP. También, la pura defensa del libre comercio de Albert Rivera olvida que en el TTIP no hablamos de economía, sino de políticas antidemocráticas. Ni escapan tampoco los nacionalistas de CiU o del PNV, partidos autodenominados soberanistas, que se postran a la cesión de soberanía a la primera de cambio. Fue CiU con PP y Ciudadanos quien impidió que el Parlamento Catalán hiciera un referéndum sobre el TTIP y el PNV quien lo silencia en Euskadi.

No nos resignemos, las marchas a Bruselas que están teniendo lugar durante esta semana son una ocasión magnifica para comenzar a sentar un debate público de calidad que tenga como resultado el triunfo del interés público contra el poder privado y la percepción de una Unión Europea cuyas políticas nos deberían concernir.

Ahora se comprenden las presiones de ciertos lobbies para que se reduzcan los controles de emisiones de CO2

Una multinacional ha admitido que ha engañado a la agencia de Estados Unidos encargada de la protección del medioambiente. Da igual si además es la mayor constructora de automóviles del mundo o si los 11 millones de vehículos sobre los que ha cometido el fraude ascienden a la misma cifra de coches que EE UU producen en un año. De fondo, tras el escándalo mediático, está la impunidad con la que operan las corporaciones en el mercado. La evidencia más clara de que quienes se encargan de generar la riqueza -que debería desembocar en bienestar- se dedican a anteponer sus beneficios delante de la salud humana y la protección del clima. Es también el fin del argumento liberal establecido, por el cual, hacer el bien para uno mismo sin que nadie intervenga en la economía es positivo para todos.

¿Hacia dónde conducimos nuestra sociedad si permitimos que los que la destruyen marquen las reglas de juego? Buena parte de los desmanes que cometen a diario nuestras empresas se pueden asociar sencillamente con el TTIP, porque ésta es la más nueva de las herramientas para hacer que las corporaciones sigan campando impunes a sus anchas.

La negociación del tratado de libre comercio (es la palabra que usa el capitalismo para definir la desigualdad) no es un fenómeno ad hoc que haya nacido de la nada. Es obvio, pero hace falta decirlo. El TTIP es la rama que se extiende aún más en un árbol cuyo tronco ha sido plantado, regado y consolidado por el poder de las grandes empresas desde hace tiempo.

Para tratar de alejar esta crítica de la demagogia habitual con la que se erigen las voces discordantes contra el TTIP, cabe señalar que aún no hay nada escrito. Todo son conjeturas y filtraciones. Por lo tanto, la única forma de desmontar este Tratado Neoliberal es exponer hacia dónde nos ha llevado hasta ahora el modelo que se quiere perpetuar.

Del fraude a la mesa de negociación del TTIP

Qué duda cabe de que los intereses de Volkswagen están bien representados en el TTIP. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), de la que VW forma parte, es una de las voces con más autoridad en la mesa de negociación. De hecho, es la cuarta asociación de lobby que más reuniones ha tenido con la Comisión Europea para tratar aspectos relacionados con el tratado: 16. La segunda, si excluimos a lobbies de carácter transnacional como Business Europe o el Transatlantic Business Council, en cuyas filas también se encuentra VW. Aquí ya se han expuesto algunas de las normativas sobre emisiones de CO2 que BusinessEurope ha tratado de bloquear, ahora sabemos que en beneficio de marcas como la alemana.

Volkswagen no es un caso aislado, a pesar de que la ACEA tratara de negarlo en una nota de prensa de septiembre. El lobby de la industria del automóvil forma parte de un entramado mucho grande de sectores que presionan en favor del TTIP. Como evidencian los datos del imprescindible Corporate Europe Observatory, por cada 100 reuniones que la Comisión tuvo con lobbies de la industria durante el 2014, sólo 10 se produjeron con grupos que representan a la sociedad civil.

Es preocupante que la Comisión Europea, encargada de negociar el TTIP con EE UU, pida consejo para cerrar un Tratado que involucra a 800 millones de consumidores a los representantes de las empresas que les venden coches de forma fraudulenta.

En 2014, la ACEA pidió a Estados Unidos y la Unión Europea “un acuerdo comprensible en relación al TTIP”. En el diccionario empresarial, esto se resume en no “poner más trabas” y hacer la vista gorda en emisiones de C02. La ACEA trató de demostrar la equivalencia en el nivel de seguridad de los vehículos a ambos lados del Atlántico. Algo que ya parecía difícil tras el escándalo de General Motors por el que la marca estadounidense tuvo que retirar del mercado 11 millones de coches tras un fallo en sus sistemas de seguridad que provocó la muerte de decenas de personas. Ahora, aún más.

El fraude de Volkswagen pone en jaque las negociaciones del TTIP

Los argumentos de la industria automovilística europea para defender el TTIP también carecen de validez desde que Estados Unidos identificó el fraude de Volkswagen, y no la Unión Europea. “Las normas de seguridad a ambos lados del atlántico han demostrado con sus resultados ser equivalentes. Por ello debemos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y aspirar a la armonización”, decía la ACEA a principios de año.

En realidad dicha afirmación no es cierta. En la UE, la Comisión Europea establece las normas generales de emisión y los fabricantes de automóviles, a continuación, envían sus coches a un organismo de homologación nacional de su elección. Una vez certificado , el coche puede ser enviado al distribuidor y nunca se prueba de nuevo. En los EEUU, los coches son sometidos a tres pruebas más estrictas.

Precisamente en el marco del TTIP, el Pew Research Center hizo una encuesta sobre la posibilidad de armonizar regulaciones. El resultado genera más división aún. Sólo 2% de los alemanes afirma confiar en los estándares ambientales americanos y el 96% se opone también a las normas de seguridad de sus coches.

Regulaciones ambientales a la baja

No sólo en lo que respecta a la seguridad de los vehículos hay división, también en la armonización de regulaciones ambientales que proponen Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del TTIP. La UE dice que no cederá y que su posición en relación al clima es “ambiciosa”, pero el país encabezado por Obama tiene otra idea de lo que significa esa palabra.

Por ejemplo, en el marco de las negociaciones sobre la conferencia mundial del clima que se celebrará en París en noviembre, el choque entre la UE y EEUU es abrumador.

La Unión Europea se ha comprometido para 2030 a reducir sus emisiones en un 40 por ciento en comparación con los niveles de 1990. Además, quiere reflejar su ambición con un acuerdo que sea jurídicamente vinculante. No obstante, EEUU no ha podido prometer nada más que una reducción de sus emisiones en un 26 por ciento, pero en relación a los niveles de 2005, cuando sus emisiones eran un 40% superiores a 1990.

Parte de legislación europea en relación al clima, a Estados Unidos le parece una “barrera comercial” que abolir; lo dijo en un informe de 2014.

La justicia no es igual para todos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría llevar a cabo una investigación criminal sobre Volkswagen por su fraude. También Alemania y otros países estudian abrir una investigación contra la marca. Los juicios, por supuesto, se desarrollarían en cortes nacionales o europeas. Algo muy distinto a lo que ocurriría si Volkswagen o cualquier otro inversor decidiera demandar a un Estado a través del mecanismo de ISDS que quiere incluir el TTIP.

El ISDS, por muchos cambios de nombre que haga la Comisión, plantea tribunales de arbitraje internacionales paralelos a los juzgados nacionales o europeos. Se trata de dotar a las corporaciones de mayores ventajas a la hora de reclamar daños sobre sus inversiones que a los ciudadanos a la hora de denunciar, por ejemplo, el escándalo de Volkswagen.

¿Hay algún tribunal específico que permita a los ciudadanos afectados por el fraude de VW demandar a la compañía en una instancia judicial privada sin posibilidad de recurso y sin hacer público el proceso judicial? No, en cambio, una compañía que esquiva los controles medioambientales en 11 millones de vehículos diésel de todo el mundo, si podría utilizar el arbitraje privado para demandar a un Estado si cree que ha legislado en contra de sus beneficios.

El escándalo de Volkswagen, como señalaba el portavoz de los verdes Florent Marcellesi, muestra que las corporaciones no dudan en saltarse la ley si es necesario. La salud de los ciudadanos y la protección del medioambiente no puede ser una barrera comercial que abolir.

En el bloque de la gran empresa comienza a romperse la solidaridad, lanzándose algunos fondos a la defensa activa del medioambiente.

Las corporaciones más intensamente contrarias a toda política de prevención del cambio climático están teniendo un papel muy destacado en la negociación del TTIP.

Desgraciadamente, el foco mediático no siempre está puesto en el medioambiente, un asunto que nos definirá como planeta. Pero la presión de los activistas, e incluso de inversores comprometidos con el clima, ha conseguido suscitar un debate en el contexto europeo sobre aspectos clave como el fracking, el greenwashing o las emisiones de CO2. El lenguaje usado por parte de los interesados en ocultar la realidad, suele enmascarar la cadena perpetua a la que estamos sometiendo a nuestro mundo. Sobre todo en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio (TTIP), que la Unión Europea y Estados Unidos negocian en secreto desde 2013.

Por primera vez, el dinero se ha posicionado a favor de los que apoyan los campos verdes y denuncian los cielos negros. Una coalición global de 25 inversores que gestiona más de 45.000 millones libras en activos ha pedido a nueve grandes empresas que cotizan en bolsa que revisen su pertenencia a los grande grupos de lobby que tratan de socavar la política climática de la Unión Europea. “Abordar el problema del cambio climático debe ser prioritario en la agenda de los inversores responsables en todo el mundo”, recoge Share Action.

Los inversores escribieron a petroleras y grandes multinacionales del gas como BP, Statoil, Total, las minerías BHP Billiton and Rio Tinto, también a farmacéuticas de la talla de Johnson Matthey y hasta a la gigante Procter & Gamble, exigiendo que se desvincularan de grandes grupos de lobby como el Cefic, BusinessEurope, la International Association of Oil and Gas Producer (OGP) o FuelsEurope, que da voz a las refinerías europeas.

De boquilla, y en una encuesta de la ONU, más de 2.000 empresas petroleras del mundo dijeron apostar por reducir las emisiones de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Al menos así lo hicieron las multinacionales con sede en Europa, incluso Gazprom, la mayor emisora de este gas contaminante de todo el mundo. En cambio, no fue esa la postura de las empresas más importantes de los EEUU, con los que la UE negocia en el TTIP regulaciones sobre el clima, clave para el futuro de miles de millones de personas. Según la encuesta de la ONU, las 28 multinacionales estadounidenses votaron en blanco, apostando por desentenderse de aquello que tenga que ver con prevenir o paliar el cambio climático.

La realidad es que el 45 por ciento de las 100 empresas más grandes del mundo está obstruyendo las leyes que luchan contra el cambio climático, según una ONG británica. Además, el 95 por ciento son miembros de asociaciones profesionales como las mencionadas BusinessEurope o CEFIC.

Negacionismo, cinismo y conflicto de interés

La organización y presión internacional hacia las grandes empresas parece estar dando levemente sus frutos y algunas ya han comenzado a desligarse de los enormes grupos de presión que abarrotan Bruselas. Unilever (que comercializa productos como Dove o Frigo) se ha salido de BusinessEurope, mientras que Shell y BP han afirmado que dejarán el American Legislative Exchange Council. Básicamente, este grupo de presión, como otros muchos, funciona de la siguiente manera: Cada miembro paga una cuota anual de entre 7.000 y 25.000 dólares al año para que sus intereses queden plasmados en la leyes nacionales, si una empresa quiere ir más allá, y estar directamente en los grupos de trabajo que definen las políticas sobre el clima global, por ejemplo, debe pagar en torno a 2.500 y 10.000 dólares más.

La línea entre cargos públicos y representantes industriales es difusa a la hora de decidir sobre aspectos como el clima. Greenpeace analizó los antecedentes de los representantes que han sido designados por los gobiernos para sentarse en el grupo oficial que propondrá los nuevos límites a la contaminación del aire en toda Europa. El resultado es que de 352 miembros, 183 están directamente relacionados con la industria, ya sea por los propios agentes que van a ser regulados o por los grupos de presión que representan sus intereses.

El mejor ejemplo de cómo el zorro cuida del gallinero en este aspecto lo encontramos en el Gobierno de España, donde la influencia de la industria energética es abrumadora. En uno de los intentos por reducir la polución del aire, España país creó una delegación de doce personas, ocho son representantes de la industria. Dos portavoces de Gas Natural y Endesa, uno de Iberdrola, Elcogas y HC Energía, así como otro por parte de la patronal de las grandes eléctricas, se encargan de decidir sobre cuestiones que les atañen directamente. Si analizamos las distintas posturas de los gobiernos en este aspecto, vemos como el que preside Mariano Rajoy ha tratado de debilitar los límites de emisión del dióxido de azufre, principal causante de la lluvia acida, y del óxido de nitrógeno, que entre otras causas contribuye a la destrucción de la capa de ozono. También ha rechazado reducir las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, que según Greenpeace provoca 22.300 muertes prematuras al año.

Y de fondo, siempre el TTIP

Según los últimos datos hechos públicos por el Corporate Europe Observatory, los grandes grupos de lobby que están en el foco mediático por su apuesta en contra del clima, son casualmente los que más reuniones han tenido con la Dirección General de Comercio en el marco del TTIP. Business Europea y Cefic se alzan con el primer y el tercer puesto respectivamente. Por otro lado, FuelsEurope y la International Association of Oil and Gas Producers forman parte de los 250 lobbies empresariales que protagonizaron el 88% de las reuniones con los altos oficiales europeos.

La opacidad es la seña de identidad del TTIP, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por vender que es el tratado más transparente negociado nunca. No se conocen las relaciones entre los altos cargos europeos y los lobbies empresariales, la posición de Europea en temas cruciales o los textos más avanzados del Tratado, pero sí la conducta en relación al clima que adoptan los grandes lobbies a los que los negociadores del TTIP ponen la alfombra roja.

Business Europe, tal y como denunció Friends Of The Earth (FOE), mantiene la postura de seguir adelante con la explotación de gas, también de detener nuevas leyes contra el clima y debilitar las existentes “sea cual sea el coste para el medio ambiente”. Por otro lado, dice que quiere reducir los costos de energía para las empresas y los consumidores europeos. Pero se niega a apoyar un objetivo vinculante para reducir el uso de energía, a pesar de que esto podría reducir 250 mil millones euros de la factura energética de Europa cada año. También se opone a cualquier aumento unilateral de la meta de reducción de emisiones para 2020 y otras barbaridades que recoge un demoledor informe de FOE.

A quien también ha denunciado la ONG verde por el uso de técnicas de “greenwashing –en la mayoría de ocasiones relacionadas con el fracking– es a la citada OGP. Entre sus acciones destacan la publicación de informes con ”un importante sesgo“ y la posterior presión política mediante reuniones secretas con la Comisión. ”A pesar de que proclaman un compromiso responsable con el medio ambiente, la OGP y sus miembros han distorsionado las pruebas sobre el impacto ambiental de las organizaciones sin ánimo de lucro y han utilizado la desinformación para convencer a los responsables políticos de los beneficios del gas“, apunta Amigos de la Tierra en otro documento implacable. Según el sitio web de la OGP, sus miembros producen más de la mitad del petróleo del mundo y alrededor de un tercio del gas.

Por otra parte, Business Europe y OGP comparten posturas con el Cefic y FuelsEurope en temas clave para el medioambiente. Los cuatro creen que Europa no debe tomar una acción unilateral contra el clima, que éste no debe anteponerse a la competitividad y presionan para la eliminación del apoyo a las renovables. El resto de posiciones que abogan por tumbar las política que defienden el clima se pueden encontrar en este brillante trabajo del Think Tank británico, Policy Studies Institute.

Este octubre el polémico TTIP afronta su onceava ronda de negociaciones con la flagrante evidencia de que grandes grupos de influencia presionan para reducir las regulaciones sobre el clima. Si no fuera cierto, ¿por qué la Comisión Europea esconde su relación con los lobbies corporativos?

La Unión Europea y Estados Unidos negocian desde hace dos años un Tratado que se enmascara bajo el concepto de “Libre Comercio”. El TTIP, como le llaman por sus siglas en inglés, es una apuesta económica que aparentemente “armonizará normas, controles y exigencias administrativas, coordinará las leyes que vayan a tener impacto comercial o facilitará las inversiones”. Pero también plantea una serie de ingredientes para hacer de la desigualdad una característica irreversible, el pan nuestro de cada día.

La desigualdad se ha infiltrado con tanto descaro en el modelo económico, social y político que denunciarla se ha convertido en rutina. Así que más que esforzarse en desmontar el TTIP, habría que plantear de forma explícita hacia dónde nos ha llevado el modelo que perpetua. ¿El planteamiento de los nuevos tratados de libre comercio tiene una conexión directa con el incremento potencial de la desigualdad?

El año 1975 es famoso por la llegada al poder de la dama de hierro, Margaret Tacher. En la Gran Bretaña de la posguerra, los partidarios del mercado libre se habían encontrado a si mismo y a su ideología completamente solos. Por ello, junto con el apoyo de su compañero de políticas, el estadounidense Ronald Reagan, sentó las base de lo que hoy en día entendemos por desigualdad. Entre sus causas destaca el recorte salvaje de los impuestos a los ricos y a las más grandes empresas (como señala Oxfam, las familias españolas aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas) y las privatización de los recursos públicos (el modelo de hospitales públicos de gestión privada multiplica por siete los gastos finales).

Lo que es seguro, como alertaba un informe de la OCDE, es que el coeficiente Gini que mide la desigualdad no ha dejado de crecer desde 1980, siendo en la actualidad del 31% en la UE y del 38% en EEUU. Datos mas recientes de 2014 también retratan el efecto de las políticas emprendidas: la desigualad ha crecido en la mayoría de países involucrados en el TTIP. Respectivamente, gracias a las reformas para fortalecer la competición en los mercados, se han debilitado las protecciones laborales y han caído los salarios mínimos.

De hecho, la propia Comisión Europea, que impulsa las negociaciones del TTIP, se retrató en 2014 cuando ligó el aumento de la desigualdad con mecanismos de comercio para potenciar la economía muy similares a los planteados en su tratado estrella.

Otro aspecto que pasa desapercibido es que la Unión Europea pretende armonizar regulaciones con Estados Unidos, el país rico más pobre y desigual del planeta. La mayor parte de la riqueza ha sido amasada por el 1% de los estadounidenses, con ingresos medios de 27 millones de dólares anuales por familia, mientras que ese mismo índice se ha quedado clavado en unos 31.000 dólares para el 90% de los hogares estadounidenses, según datos de la Universidad de California Berkeley.

Tampoco se puede obviar en este sentido lo que autores como Seymour Martin Lipset definen como el “excepcionalismo americano”. Se trata del creciente pensamiento por el cual la desigualdad es un fallo malvado del sistema para lograr una sociedad más innovadora y próspera. También está la evidencia de que los americanos redistribuyen menos; y la existencia de un choque ideológico entre la UE, donde la percepción en relación a cómo atajar la desigualdad se basa en la estabilidad y la solidaridad, y EEUU, que apuesta por la toma de riesgos.

Amasar riqueza y fomentar el comercio como herramienta del lucro empresarial es una estrategia excelente para justificar la discriminación de la redistribución de la riqueza. También lo revela inocentemente el informe de la OCDE: “Mientras que la desigualdad de ingresos de mercado ha aumentado, la redistribución a través de impuestos/transferencias se ha hecho menos eficaz en muchos países”. Además, “los ingresos de mercado se distribuyen de forma mucho más desigual que los ingresos netos”.

El lenguaje es una herramienta crucial para marginar la realidad y enmarcarla como un problema que no nos afecta, por ello le llaman TTIP de forma abstracta, y usan el concepto del “libre comercio” para justificar la desigualdad. Llamémoslo, capitalismo, vergüenza, reducción de la libertad vestida de “asociación transatlántica para la inversión”.

Debido a la retirada de las subvenciones a las energías renovables, España es el país de la Unión Europea que más demandas recibe a día de hoy ante tribunales internacionales de arbitraje.

Grandes bufetes de abogados presionan para la inclusión del ISDS en el TTIP por los suculentos beneficios que reportan los pleitos arbitrados.

La justicia, ese principio moral que inclina a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, corre el riesgo de desaparecer para siempre. La firma del Tratado sobre la Carta de Energía (TEC) y el recorte en las renovables del Gobierno del PP han convertido a España en el paraíso para inversores extranjeros a la hora de ejercer sus demandas ante tribunales de arbitraje. La aceleración en las negociaciones sobre el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TTIP), ya que es más bien una Constitución a medida de las multinacionales, y el debate en torno al mecanismo de solución de controversias entre inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés), plantea si el interés privado está socavando el interés público.

En el ISDS no existe reciprocidad. Las corporaciones pueden demandar a los gobiernos a través de tribunales privados si legislan en contra de sus intereses económicos, pero los gobiernos no pueden demandar a las corporaciones extranjeras si, por ejemplo, perjudican el medio ambiente o la salud pública. Se trata de un mecanismo usado para tratados bilaterales con países en los que no se pueda garantizar que los jueces no sean corrompidos. A pesar de que este no sea el caso de Europa o de Estados Unidos, ambos lo incluyen en la mesa de negociaciones del TTIP.

Desde que Felipe González firmara el TEC, que contempla el mecanismo del ISDS, España ha sido muy activo en su uso. No sólo porque en estos momentos sea el país de la Unión Europea que más demandas recibe, sino porque es uno de los países cuyas empresas más reclamaciones realizan, sobre todo a raíz de la llegada al gobierno del PP. España tiene ya 19 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el CIADI, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados, lo que le convierte también en el tercer país del mundo con más procesos abiertos.

La avalancha de demandas de inversores internacionales contra España es tal que en dos meses ha recibido cinco, la mitad de los países de la UE fueron pleiteados una o ninguna vez en todo 2014, según datos del CIADI. Rusia ya anunció en octubre de 2009 su retirada del TEC -aprobado después de la caída del telón de acero con el objetivo de promover la cooperación energética- tras verse obligada a compensar a una petrolera con 50 millones de euros, la sanción más grande aplicada nunca a través del opaco mecanismo del ISDS. Italia, en cambio, lo ha hecho durante este mes de agosto. Aunque los motivos oficiales indican “una reducción del gasto”, las críticas de la opinión pública hacia el mecanismo del ISDS (considerado antidemocrático y poco transparente) han sido tales que hasta han motivado la presentación ante el Senado de una proposición de ley por parte de la organización STOP-TTIP.

Cuando la crisis económica es negocio

En España, los últimos inversores en poner una demanda han sido los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav junto con Schwab Holdings y la alemana E.ON. El resto de querellantes son en su mayoría fondos que, atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno, invirtieron en renovables. Debido a la crisis financiera y al estallido de la crisis del euro, el Gobierno se vio obligado a ahorrar y acabó con la promoción de medidas para la electricidad verde.

Al margen de que no hay disponibles cifras exactas sobre las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente España, los expertos hablan de miles de millones de euros. Una aproximación la hizo el año pasado el Corporate Europe Observatory, que alertó de que “inversores especulativos reclamaron más de 1.700 millones de euros en concepto de compensación a Grecia, España y Chipre ante tribunales internacionales privados por medidas adoptadas para afrontar la crisis económica”.

En estos momentos, la oleada de demandas en los tribunales de arbitraje que recibe España provienen únicamente del sector de las renovables; el Tratado sobre la Carta de Energía es el único acuerdo firmado por España que incluye el mecanismo que permite estos litigios internacionales. De aprobarse el TTIP, y por tanto el ISDS, el margen podría ampliarse al resto de áreas comerciales que están en juego y las consecuencias económicas de afrontar las demandas podrían ser tremendas para el país. A pesar de ello, España es uno de los países de la UE más activos a la hora de apoyar esta cláusula. Para entender qué intereses se encuentran detrás de esta defensa a ultranza del ISDS en el TTIP, hay que entender quién forma parte de estos tribunales privados -que escapan a la justicia nacional o europea.

La mayoría de paneles de arbitraje están integrados por tres personas. Cada una de las partes afectadas en el litigio eligen un árbitro; el tercero, el presidente, suele ser designado por los dos árbitros nombrados por las partes. Estas figuras pueden proceder de firmas de abogados, del mundo académico y de instancias gubernamentales. Y aunque hay miles de abogados que desean convertirse en árbitros, pocos lo consiguen. Según un informe del Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, sólo quince árbitros han dirimido el 55 por ciento de los innumerables casos estudiados.

El estudio anterior, Cuando la crisis es negocio, estima que cada caso tiene un coste medio de 8 millones de euros, y que puede superar los 30 millones en otros. Y ahí está el negocio: en el coste legal. En torno al 80 por ciento acaba en manos de los abogados, que acostumbran a ganar un promedio de mil dólares la hora por cada uno de los integrantes de su equipo, y de los jueces, que cobran 3.000 dólares por día. Todo ello sale de los impuestos de los ciudadanos, claro.

España, según datos del CIADI, es el tercer país que aporta más árbitros, conciliadores y miembros de comités ad hoc de Estados miembros de la UE en los casos registrados bajo el CIADI, organismo que recoge buena parte de los casos de arbitraje internacional. Nos encontramos, por tanto, ante un grupo de interés muy poderoso, cuyo deseo principal es que el TTIP se apruebe con el mecanismo del ISDS. Para ello, van más allá. Este selecto grupo de abogados especializados animan a los Gobiernos a firmar tratados que están redactados en unos términos que maximizan las posibilidades de interponer demandas. La muestra más evidente es la última propuesta de la Comisión Europea en el marco del TTIP, que pasa por imponer una lista cerrada de árbitros para los conflictos entre el sector público y privado. Es decir, los árbitros del sector privado pasarán a ser quienes defiendan a un país cuando tenga conflictos con una empresa (las cuales suelen ser clientes asiduas de los bufetes de abogados de donde proceden dichos árbitros). Y no sólo, todo ello se hará en secreto y en tribunales que están por encima de la soberanía de los países e incluso de la propia Unión Europea.

El poderoso cuerpo de los abogados del Estado 

En España, los abogados del Estado son un cuerpo muy poderoso dentro de la Administración y ocupan puestos de representación importantes. Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete y Dolores de Cospedal son algunos ejemplos. Pero otros, un 40% de los 650 abogados del Estado, están en excedencia. En un caso flagrante de puertas giratorias van a parar a grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios.

Allen & Overy, el despacho que más casos lleva contra España en los tribunales de arbitraje, tiene como socio al que se convirtiera en abogado del Estado en 1997, Antonio Vázquez-Guillén. Esta firma de abogados fue la primera en representar los intereses de un inversor contra España, el grupo de inversor fotovoltaicos que en 2011 pidió 600 millones de euros por las reformas energéticas llevadas a cabo por el Gobierno. Entonces se abrió la veda, y en la actualidad, abogados del Estado en excedencia asesoran a fondos extranjeros en 12 de los 20 arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. “A mí me gustaría marcar goles para el Madrid, pero si me ficha el Bayern tengo que marcar para ellos”, le comentaba uno de ellos a El País.

En definitiva, gracias a mecanismos como el ISDS planteado en el TTIP, un selecto y poderoso entramado de abogados se lucra asesorando a empresas extranjeras que tratan de minar los recursos económicos de países azotado por la crisis. El Gobierno de España apoya estos tribunales privados, a pesar de los costes que tiene para los ciudadanos. También los europarlamentarios electos de PP, PSOE, CiU, PNV y Ciudadanos que votaron en julio en favor del TTIP y de la existencia de estos tribunales de arbitraje al margen de la justicia de cada país.

El régimen del arbitraje de inversiones garantiza el trato favorable a los inversores extranjeros y privatiza en cierto modo la justicia. Se les otorgan más derechos a las empresas que a las personas y las comunidades de un país, incluso cuando estas se ven igual de afectadas por las medidas que llevaron a la disputa.

La Renta de Inserción Social es la ultima malla de sujeción para las familias en Navarra. Según Cáritas, sólo la reciben los miembros de 11.712 familias de las 95.000 personas en riesgo de pobreza que hay en la comunidad, cuatro veces más que en 2008. Los datos que arroja el último informe de Cáritas explican que, de las 20.000 familias en condiciones de extrema necesidad, asisten a 14.000.

El notable agravamiento de la situación de muchas personas, y en concreto de las familias con hijos, se refleja en el gasto ejecutado por el Gobierno para ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia. Si en 2008 el era de casi 10 millones, cuatro años después alcanzó los 51 millones. No obstante, el presupuesto para el departamento de Políticas Sociales ha pasado de 305,04 millones de euros en 2012 a los 258,12 millones de euros en las previsiones para 2015. Es el único departamento, junto con Fomento, que baja su presupuesto con respecto a 2014 (aunque sólo sea un 0,01%). Desde el año 2010 hasta el presupuesto presentado para este año, la partida ha disminuido en 136,5 millones de euros, un 34,6 %.

Aproximadamente, 1 de cada 10 personas en Navarra tienen ingresos anuales inferiores a los que ofrece la renta. “Hay que trabajar en que nadie se quede fuera y en que todos tengan unos mínimos garantizado durante todo el año. A la gente no le soluciona nada cobrar la RIS dos meses y otros dos no”, afirma la catedrática Nerea Zugasti. Por diversos motivos, 3.500 familias en navarra se están quedando fuera de este último que soporte que ofrece la renta. El caso de Zaaida (nombre en clave) es un ejemplo. Ella y su familia se encuentran a la espera de que finalicen los seis meses que le quedan para volver a solicitar la prestación. Y según la reciba tendrá que devolverle a su casero los 2.000 euros del alquiler del piso en el que convive con siete miembros de su familia.

Las dificultades para llegar a fin de mes son “muy grandes”, dice esta mujer de origen árabe, que casi al unísono señala cómo el recorte se traduce siempre en una alimentación más precaria para sus hijos. “Con lo que tenemos no nos llega para alimentar bien a nuestros hijos. A veces mi niño sale de casa llorando porque no ha desayunado”. La madre relata en un perfecto castellano que su único deseo es que su marido encuentre un lugar que le pague a fin de mes. “No queremos caridad ni que nos regalen comida, queremos un trabajo para los papas”. Explica, no sin cierta esperanza y determinación en sus palabra, que si todos los meses su marida trajera a casa 1.000 euros vivirían “fenomenal”. Zaaida es una de esas cabezas de familia que no baja los brazos. “Siempre hay gente en peores condiciones que nosotros. Saldremos de una forma o de otra. No hay que tener vergüenza”.

La misma situación, aunque con menos ánimo, vive Zubilda. “Es muy difícil vivir sabiendo que no quedan salidas, que la situación no va a mejorar”. Ella es miembro de la APYMA de uno de los centros cuyos alumnos acudían a clase sin desayunar. El año pasado con el subsidio de desempleo y la renta básica no se veía en el apuro de acogerse a tal programa, pero este año, afirma, sí lo necesita.

Zubilda en estos momentos tampoco está percibiendo la RIS, sólo el subsidio de desempleo de su marido, quien trabajó durante 10 años “sin un día de descanso”, dice. “Vivimos con 420 euros al mes que cubren las garantías mínimas. Mi hija es alérgica y el médico nos ha dicho que le tenemos que comprar fundas para la cama y nuevas medicinas, pero no puedo”. Explica que pedir más ayudas extraordinarias no le es posible porque ya las recibió el mes anterior para pagar la luz. Su deseo es el mismo que el del resto de mujeres, un trabajo para su marido y “ojalá para todo el mundo lo mínimo posible”, cuenta con la esperanza puesta en este periodista de porCausa.

“Para que el menor no tenga qué desayunar, ¿cómo tiene que ser la situación de su familia?”, se pregunta la socióloga Nerea Zugasti, quien segundos después se responde: “Han tenido que fallar muchos mecanismos”. Uno de los indicadores con el que los profesores que participaron en el proyecto Gosariak percibieron el problema de alimentación de los niños era que la caja de galletas que llevaban para repartir entre sus alumnos se terminaba “al instante”. También los propios niños afirmaban sin tapujos que iban a clase sin desayunar. “Había chavales que nos decían que en su casa se había estropeado la luz. Aunque sabíamos perfectamente que se la habían cortado”.

Los tutores que observaron el problema relatan algunas de los dilemas que les trasladaban desde las familias. “¿Dejamos de desayunar o de pagar la hipoteca?”. Uno de estos hogares que no recibía la ayuda de comedor porque tenía ingresos -pero no los suficientes como para correr con los gastos de electricidad o comprar alimentos básicos- le contaba a una de las profesoras la difícil tesitura en la que se encontraba. “Mi hijo desayuna la leche que nos dais en la escuela, y fría porque no podemos con los gastos de electricidad. Si al mediodía tiene que comer en casa, come frío, si le llevo a casa de una amiga para que coma caliente, tenemos que ir andando porque el autobús es caro y está lejos. Luego no nos da tiempo a volver andando a la escuela: ¿qué hago -narraba- le pongo un plato de comida fría o uno caliente y no viene al cole?”.

Una de las profesoras del centro, que más subvenciones de becas comedor recibe en Navarra, expresa cómo se siente cuando tiene una entrevista con una de las familias de la que es tutora. “Muchas veces me hierve la sangre y me voy a casa con el estomago encogido”. Por otro lado, en relación a la postura inicial que adoptó la Ejecutiva Foral de ignorar el problema y acusarles de “mentir”, señala: “Ellos están en su burbuja y se creen que nos lo estamos inventando. Para ver la situación hay que pisar el barro”, concluye.

Los profesores coinciden en que ya no se trata sólo de si hay alimentos o no, sino el tipo de comida que los niños traen. “Vemos que vienen con comida basura, poca fruta y bollería industrial (alimento que reparten desde el banco)”. Otros indicadores que les hicieron sospechar de las carencias fueron aquellas señales que veían día a día en clase. “Es muy simple, si un niño viene con la misma ropa toda la semana, o con las zapatillas rotas y sin abrigo cuando llueve, es que hay un problema grave”

Esto es lo que hay: ¿lo coges, o lo dejas?

Esto es lo que hay: ¿lo coges, o lo dejas?El gasto ejecutado por el Gobierno de Navarra en servicios sociales de base ante el aumento de las necesidades ha crecido apenas un 4% desde 2010. “No invertimos en evitar que los episodios se agraven y nos encontramos con que crece el numero de demandas y los recursos son iguales”, señala una trabajadora de los servicios sociales

A pesar de que Navarra es la única autonomía del Estado en alcanzar un nivel de desarrollo alto de sus servicios sociales, la Comunidad Foral es también la segunda comunidad que más ha reducido su gasto en esta materia atendiendo a términos absolutos. Un 23 por ciento menos, que equivale a 124 euros por habitante al año, según el Índice de derechos, economía y cobertura (por sus siglas DEC) que elabora la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales.

“Desprotección más pobreza: los chavales están perdidos. La realidad es que la pobreza severa en Navarra ha crecido y por tanto es una realidad que también el numero de niños en pobreza severa es mayor”, afirma la trabajadora social, que también asegura que los equipos que tiene el Gobierno de Navarra para valorar los casos no llegan. “No es una sensación mía, sino de todo el mundo, y más de la gente que lo sufre”, sentencia. Y así lo confirma Zaaida: “Cuando hay, te dan, pero cuando no, sólo te puedes quedar mirando. La trabajadora social te dice esto es lo que hay, lo coges o lo dejas.

“Hay un grado de ineficacia que impacta en el fenómeno porque las administraciones no funcionan. Los servicios sociales no tienen un trato constante con los profesores, que son la antena con las familias. El gobierno va muy por detrás de las necesidades de las personas”, sentencia Rafa Aguilera, impulsor de Gosariak, un proyecto para dar desayunos a niños con problemas, que durante seis meses tuvo contacto directo con los profesores de los centros con necesidades.

¿Profesores o asistentes sociales?

¿Profesores o asistentes sociales?Una de las barreras que aparecieron al principio ante los docentes era la de pensar si les correspondía el papel de mediadores. “La respuesta del Gobierno de Navarra es que mandemos a las familias a los servicios sociales”, afirman profesores de los dos centros que se acogieron al programa de los desayunos. Desde el punto de vista de estos, la función que les corresponde no es la de definir quiénes está en situación de pobreza y quiénes no. “Yo no tengo datos económicos, ni tengo por qué tenerlos. Sólo tengo lo que veo”. Hay familias que no entran dentro de los parámetros para recibir ayudas porque tienen los ingresos “suficientes” y “por mucho que vaya a los servicios sociales no les van a poder ayudar”, sentencia una de las profesoras, no sin añadir: “lo que hacen los servicios sociales es poco más que administrar la miseria”.

De las conclusiones del Informe Foessa, que elabora la universidad de Navarra, se desprende implícitamente la existencia de un problema de coordinación y eficacia. “Pensamos muchas veces en aumentar el presupuesto. Pero con el mismo dinero se pude trabajar mejor y llegar a mas gente”, afirma su coautora Nerea Zugasti. “A parte de trabajar en que los niños tengan un desayuno hay que hacer que lo tengan en casa. Como el resto”. Por su parte, el Departamento de Políticas Sociales asegura en conversaciones con la Fundación porCausa tener pensado el establecimiento de una serie de controles telemáticos con el fin de ampliar la elasticidad de los servicios, que ya se han empezado a utilizar en uno de los territorios de Navarra.

“Para poder dar un desayuno a un crío hay hasta cuatro administraciones distintas trabajando. Interviene el Ayuntamiento de Pamplona, servicios sociales, el departamento de educación y el de bienestar social”. La percepción que desde Gosariak ofrecen al respecto, es de una falta de organización “tremenda”, que se suma, a su juicio, a los enormes problemas burocráticos. “Si yo necesito hoy 60 euros para pagar la beca del comedor de mi hijo y no me los dan hasta dentro de tres meses, tengo que sacar a mi chaval del comedor”. Y entonces, de nuevo al principio: “¿Ir a clase o un plato de comida caliente?”.

*Este reportaje está realizado por la Fundación porCausa.

Navarra es la comunidad española con menos población en riesgo de pobreza, con la diferencia más baja entre ricos y pobres, y con la renta por hogar más alta del Estado, 34.320€ euros anuales. A su vez, la Comunidad Foral es la que mejores resultados obtiene en lo que respecta a facilidades para llegar a fin de mes. Pero según varios informes, los hogares pobres son más pobres y cada vez es más la población bajo el umbral de la pobreza.

Una de las consecuencias de la crisis ha sido la “brutal incidencia del desempleo en los hogares”, afirma Nerea Zugasti, coatura del informe Vivir con menos de 454 euros al mes de la cátedra navarra de Investigación para la Igualdad y la Integración social. De acuerdo a este documento, la tasa de personas sin empleo, a pesar de ser las mas baja del Estado, ha aumentado en 20 puntos desde 2007, siendo en 2013, más del 27% de los hogares con al menos una persona en paro. “La pobreza extrema, personas que no llegan al 30% de la renta mediana, ha aumentado muy notablemente durante los años de crisis económica”, afirma la socióloga. Si se toma como referencia el umbral autonómico, durante el periodo de 2014 frente al de 2007, se habría triplicado en Navarra pasando del 1,2 al 3,1. Pero, sobre todo, son las personas desempleadas y las familias de mayor tamaño las que más se han visto perjudicadas por la crisis. “La situación se ha recrudecido especialmente para las personas que conviven en hogares de 5 miembros o más”.

La proporción de hogares numerosos en situación de pobreza severa, menos de 5.453 euros anuales en Navarra: 454 euros al mes, se ha multiplicado por cuatro durante la crisis. “En Navarra con ese ingresos hablamos de situaciones situaciones que atentan contra la dignidad de las personas”, afirma Zugasti.

De nuevo es inevitable ponerse en la piel de esos niños y niñas que sufren las consecuencias de una crisis de adultos. En Navarra son menos que en el resto del estado, pero como afirma Rafa Aguilera (impulsor del proyecto Gosariak, para dar de desayunar a niños necesitados en el colegio): “Cómo les explicas a 150 críos que a veces desayunan y otras no, que en España son el doble o el triple”. Los números nos inmunizan, nos alejan de una realidad en forma de iceberg, cuya punta son los 9.000 desayunos que durante seis meses ha dado Gosariak en tan sólo dos centros de Pamplona.

Las familias que el año pasado necesitaban ayudas para que almorzasen a sus hijos, ahora mismo no tienen nada porque el programa se ha interrumpido. “Es una realidad que existe y que no se quiere aceptar”, cree María Dávila, una profesora que este curso, tras su etapa en uno de los centros que recibían las ayudas en el desayuno, ha comenzado a trabajar en un colegio donde la situación económica de las familias es mucho mejor. “Para nosotros, Gosariak fue una tabla de salvación”.

Tras un breve diálogo sobre el cambio que ha vivido en su profesión, la docente compara ahora sus dos experiencias: “He pasado de trabajar con agresiones familiares y necesidades básicas en los niños a gestionar en otro, como mucho, celos entre compañeros”. Entre las carencias de los niños no solo se refiere a la vestimenta, sino también a la nutrición. “No podíamos hablar de un problema grave de alimentación, pero sí de niños que no toman los alimentos adecuados y que por tanto ven lastrado su rendimiento”, se refiere a niños y niñas que nunca o casi nunca comían frutos o alimentos ricos en vitaminas. “Yo veo la falta de energía. Si un chaval a las 11 de la mañana está abatido, ya no te digo a la tarde”, sentencia.

Los hogares pobres son más pobres

Los hogares pobres son más pobresLa población con rentas por debajo del 60% de la mediana está viendo como sus posibilidades económicas se alejan cada vez más del umbral de la pobreza. “Los hogares con bajos ingresos están asistiendo a un proceso de empeoramiento de sus posibilidades”, afirma ahora Nerea Zugasti. Tanto es así que los hogares con bajos ingresos en la Comunidad Foral necesitarían un incremento de más de 88% en sus rentas para conseguir superar los umbrales de la pobreza, “es decir, sus ingresos llegan escasamente al 50% de lo que se considera necesario para vivir dignamente”. La necesidad de dinero de los sectores de bajos ingresos para salir de la situación que les agrupa como pobres ha pasado de los 287 millones a los 387, la información provienen del citado informe que agrupa en él a organizaciones como Caritas, Red de lucha contra la pobreza o Cruz Roja.

Por otro lado, los datos que la organización diocesana ofrece de su intervención en 2014 siguen en la línea del empeoramiento. Según Cáritas, en Navarra se ha producido un aumento del 70,75% desde 2010 en las familias atendidas con hijos a cargo.

Por otro lado, “el papel de las transferencias sociales para cambiar esta tendencia ha tenido un impacto muy bajo”, dice Zugasti en relación a uno de los informes publicados. En el 2011 implicaron una reducción de 18,4 puntos en las tasas de población en hogares en pobreza severa, muy por debajo del dato correspondiente al conjunto del estado (23,6 puntos de reducción) y a la mayoría de las CCAA. “Es necesario poner el énfasis en este aspecto ya que vivir por debajo de este umbral supone un impedimento claro para el desarrollo de una vida digna y un cuestionamiento de los derechos sociales básicos”, afirma.

“Si los padres no trabajan, no pueden dar de comer a sus hijos. El Gobierno de Navarra no entiende que si no tienen para ellos, mucho menos para sus hijos”, de nuevo es María Ávila quien aporta su visión sobre las familias. “Tanto papel, tanta instancia y las familias no tienen ningún mecanismo para decir: necesito que mi hijo coma”. Añade que los políticos deberían tener una visión cercana antes de tomar medidas. “Más de uno debería darse un paseo por un aula. Ver cómo y qué almuerzan los chavales, qué cosas traen… ”

Como profesora, además de creer que algunas familias -fruto de una situación de estrés y ansiedad- no están en el mejor momento para cuidar a sus pequeños, resalta la precariedad de los servicios sociales. “Madres y padres que se ven obligados a acudir a la economía sumergida y trabajos precarios -desde el remiendo, hasta la prostitución- porque no tienen qué comer”. Una tesitura en muchos hogares de la que ya alertaba en su trabajo de campo el Informe FOESSA, primer informe sobre pobreza y exclusión social en Navarra.

Navarra sufre en la comparativa europea

Navarra sufre en la comparativa europeaDe acuerdo a las conclusiones que se derivan de otros informes publicados, Nerea Zugasti afirma que “hay que romper con la idea autocomplaciente que suele aparecer en los medios de que Navarra va bien. ”Eso no es cierto, cualquier entidad que trabaje a pie de calle te va a decir que cada hay mas gente que lo está pasando realmente mal“. Este diagnóstico proviene, según la investigadora, de la continua comparación con nuestro país, donde la situación en relación a Europa es ”totalmente dramática“. Atendiendo a los indicadores de PIB, Navarra se encuentra por detrás de Italia y Grecia en cuanto a gente que vive con menos de 600 euros. Sólo cuatro puestos por delante de la media española, la cual es la segunda más baja de la Unión Europea.

“Si nos comparamos con España salen siempre datos mejores”, afirma la catedrática de la Universidad de Navarra. Bajo esta premisa surge la necesidad de medirse con Europa, “donde Navarra no sale bien parada”. Los datos del nuevo informe sobre exclusión social en Navarra que Cáritas adelantó hace unas semanas comparan a la Comunidad Foral con cinco regiones europeas con el mismo PIB (Italia por partida doble, Rumanía, Noruega y Suecia). “Entendíamos que un mismo nivel de riqueza aportaría datos de exclusión social similares”. En cambio, Navarra es la peor parada en todos los indicadores. Tanto en personas viviendo en hogares con muy baja intensidad del empleo, como los indicadores relacionados a la población con bajos ingresos o personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Por ejemplo, en cuanto a tasa de desempleo la comunidad española está 11 puntos por debajo de las media de los cinco comunidades europeas elegidas.

Y es que otro de los datos significativos sobre los que alerta la Fundación FOESSA en su informe es la exclusión, entendida esta como la falta de participación de determinados segmentos de la población en la vida social, económica y cultural debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. La población en situación de exclusión extrema que sufre aislamiento social es del 16 por ciento, más del doble que en la media estatal.

Exclusión que para concluir también señala Dávila. “A nivel pedagógico te ves ridícula. Como educadora tienes que explicar a los padres y madres de los beneficios de una alimentación correcta, pero cómo se lo dices una familia en la que siete personas viven en 12 metros cuadrados”. Su frustración, relata, se suma a lo que “injustamente” supone para niños de tres años perder la capacidad de imaginar. “Tú ves sus necesidades, ellos no, porque no nunca han vivido nada mejor”.

*Este reportaje está realizado por la Fundación porCausa.

“¿Cómo vivimos? Dímelo tú. Preparamos una cazuela de alubias para todos y a correr, y aunque no les guste, mis hijos no pueden elegir no comerlo”. Zora es una “navarrica”, como ella se define, que llegó a la Comunidad Foral hace 14 años desde el Magreb. Tiene cuatro hijos, un alquiler mensual de 500 euros, vive con su marido, tía y sobrino y cobra una renta de inclusión social de 800 euros al mes. Hay gente a la que le da vergüenza decirlo, pero a ella no: “Vivo mal y llevo años y años así”.

En el año 2000 llegó a España y se asentó en Navarra. Donde su marido trabajó “sin parar” como albañil de primera hasta 2009. Desde entonces no ha conseguido un empleo. “Estar parado es una enfermedad, todo el día sin hacer nada cuando llevas toda tu vida trabajando. Mi marido tiene depresión”, afirma. “En esta vida nunca hay que quedarse parado. Te despiertas por la mañana y buscas, y pasas por las oficinas de trabajo ¿quien sabe cuando sale algo?” y así, haciendo malabares para mantener a sus hijos, lleva 5 años.

“Cómo vamos a alimentar a estos niños”, cuenta que le pregunta su marido a veces. “Me dice que si volvemos a su país. Y le digo que yo no, que mis hijos son mayores y tienen una vida aquí. Hay que intentarlo, luchar y salir”. Ella es la madre de uno de los 150 niños de entre 3 y 11 años a los que el curso pasado, Gosariak repartió 9.000 desayunos en dos centros de Pamplona durante seis meses. “Nos apoyaron un montón porque nos asegurábamos una comida al día. Si tu le das a la mañana y yo a la tarde pues llevamos el día”. Los almuerzos -30 gramos de galletas, un vaso de leche y otro de zumo- sólo se repartieron en la capital navarra, uno de los territorios con las mejores posiciones en cuanto a la situación socioeconómica. En Pamplona, la tasa de gente pobre y en extrema necesidad es más baja que la de la media de Navarra, según el Informe desigualdad territorial en dicha comunidad que elabora la Universidad.

“Hay niños en Pamplona que van cada día al colegio sin desayunar porque en su casa no tienen qué ofrecerles cada mañana”, afirma Rafa Aguilera, impulsor del citado proyecto. La iniciativa de los desayunos surgió después de que los profesores de dos centros de Pamplona detectasen indicadores que alertaban de un “problema real de mala alimentación infantil”. El también periodista pamplonés define Gosariak como una acción lo suficientemente potente para representar la realidad del tal forma que las autoridades no mirasen a otra lado y respondieran. “Un adulto puede tener cierta capacidad para buscarse la vida. Puede tener unas alternativas, pero un crío no”, explica. “El crío no puede elegir. Los niños pasan ocho horas por obligación en un centro escolar y a ti, como administración, te corresponde atenderle”.

El pasado otoño, varios profesores de los centros afectados y el propio Aguilera fueron convocados al Parlamento de Navarra donde expusieron lo que estaba sucediendo con los niños. El Pleno del Parlamento aprobó entonces por unanimidad una resolución por la que la Cámara “considera que corresponde a las administraciones públicas detectar y articular los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades básicas del alumnado”. En ese sentido, reza la resolución, se constata la existencia de “carencias básicas en muchos centros escolares, también alimenticias, con niños y niñas en situación de vulnerabilidad debido a la afección de la crisis en sus familias”.

La situación seis meses después, lejos de mejorar, se ha agravado. “Las familias que el año pasado necesitaron los desayunos, y otras nuevas, siguen preguntándonos si seguirá el proyecto”, afirman desde uno de los centros donde el 50% de las familias recibían esta ayuda alimentaria. Lo que han sabido desde Gosariak es que los centros han preferido no continuar en el programa de desayunos debido a “razones de peso”, enfatiza Aguilera en relación a las presiones que llegaron desde el Gobierno.

La respuesta del Gobierno que nunca llega

La respuesta del Gobierno que nunca llega“Los profesionales del centro no podemos arriesgarnos a que repartir desayunos nos suponga un problema añadido. A pesar de que vemos la necesidad”, corroboran desde uno de los centros. “Nosotros estamos con las manos atadas. Informamos y cuando lo hacemos nos dicen que esperemos, que se va a dar una respuesta conjunta. Pero ni individual ni conjunta. Nunca llega”.

Desde la Plataforma por la Renta Básica, que agrupa a distintos trabajadores sociales, expresan que hay un problema de alimentación palmario. “No hay problemas de desnutrición, pero sí de malnutrición”. En Pamplona, como se recoge en este artículo de Diario de Navarra, las ayudas para becas comedor -de competencia municipal- han aumentado en un 7% en el primer trimestre del curso 2014-2015. 189.706,60 euros sobre los 177.556,20 euros presupuestados en las mismas fechas del año anterior. “Las ayudas se han incrementado pero la cuantía que la gente recibe es menor debido al aumento de los necesitados”, explica.

La resolución previamente citada instaba a articular las medidas necesarias para que “las becas-comedor no solo cubrieran los días de jornada partida, sino los días de junio y septiembre en los que se realiza jornada intensiva, así como los miércoles de todo el curso escolar”. Una de las mujeres que colaboran para la plataforma afirma que “los niños que más carencias alimentarias tienen son precisamente los que no van al comedor”. Denuncia, además, que el Gobierno sigue sin subvencionar el comedor en verano y eso, sumado al aumento de la demanda de las ayudas, conlleva “un empeoramiento en la situación de los chavales”. Anteriormente, el Ayuntamiento cubría un porcentaje del total, ahora sólo reparte una cantidad de dinero que no cubre la misma proporción. “Se ha aumentado el número de ayudas, pero no la cuantía que se subvenciona”, afirma. Al respecto, Rafa Aguilera explica que “la administración va por detrás de las necesidades”

Otro de los aspectos a los que instaba la resolución del Parlamento era a “coordinarse con los ayuntamientos y establecer los mecanismos oportunos para cubrir las necesidades de los menores en los meses de vacaciones de verano (al menos de los 146 niños que han participado en el programa de Gosariak), poniéndose en contacto cuanto antes con los promotores de la iniciativa”. Pero ni una ni otra. Rafa Aguilera afirma que nadie se ha dirigido ellos para buscar soluciones al problema. “El primer y último contacto con la administración fue el de negar que existía un problema de este tipo y tratar de buscar resquicios legales para desacreditar a los profesores”. Para entonces, ya llevaban cinco meses dando de desayunar al grupo de chavales. La administración tampoco ha invitado a los centros implicados en el programa Gosariak a la mesa redonda creada ad hoc, donde conocen por la prensa que se trató este asunto. “Seguimos a la espera de sus conclusiones”, afirman tras explicar que han pedido información a la inspección de trabajo, así como a dichos grupos de trabajo.

La última noticia que se conoce al respecto es que el Parlamento de Navarra, tras una moción impulsada por el Partido Popular, solicita al Gobierno establecer un sistema de prevención de la pobreza. La resolución, que conoció porCausa tras una reunión con este partido varias semanas antes, surgió después de que Unicef alertara -en una de las mesas de trabajo a las que los centros no tenían acceso- del aumento de la pobreza infantil en Navarra, elevando al 30% el riesgo de padecerla y constatando que las medidas adoptadas para paliar dichas carencias no están teniendo el impacto deseado en familias con hijos menores de 16 años.

Con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de la población que más afectada se ha visto por la crisis, recientemente el Gobierno de Navarra “con la colaboración de organizaciones sociales, agentes económicos y entidades locales” ha impulsado una estrategia de inclusión social que consta de 152 medidas a realizar en cuatro años. Desde la Red contra la pobreza y la exclusión social de Navarra expresan que “la colaboración es de cara a la galería. El Gobierno hizo un diagnóstico en el que la red participó, pero para decir que no estaba de acuerdo”. La red, formada por entidades muy diversas, afirma que “de consenso no tiene nada porque muchas medidas las conocimos después de ser presentadas” y añade, tras su valoración, que “las medidas dejan fuera a los pobres de siempre”.

La estrategia llevada a cabo por el Gobierno cuenta con una medida de detección de problemas nutricionales en menores de quince años, en cuyo estudio se han invertido 6.000 euros a través del departamento de Salud. Desde la Fundación porCausa no hemos recibido las conclusiones a pesar de haberlas solicitado. Por otro lado, se estima para 2015 la implementación de las medidas propuestas en las recomendaciones del dicho estudio y para 2016 la implementación de programas específicos que respondan a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social detectada. “El problema de todos los planes de políticas social es que acaban cuando acaba la legislatura”, denuncian desde la red de pobreza, que desde 2005 lleva pidiendo un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La pobreza infantil severa afecta al 9,1% de las personas menores de 18 años, según el informe FOESSA publicado en 2011, más del doble que corresponde a la población general en Navarra. Aún así, el plan definitivo que el Gobierno de Navarra ha facilitado no contempla actuaciones especificas contra la pobreza infantil vulnerable, ya que en el plan este apartado aparece de forma general sin especificar las medidas, y tampoco señala los indicadores utilizados para detectar estos problemas. Desde el departamento de Políticas Sociales alegan que la omisión “se trata de un error”, que aparece corregido en el documento final. El cual, tras ser remitido a esta Fundación bajo el nombre de “Estrategia Navarra de Inserción Social Final”, sigue sin reflejar ninguna medida concreta contra la pobreza infantil.

Como critican los autores del informe FOESSA en su análisis. “Es necesario un abordaje profundo y sistemático del impacto social de la crisis, el volumen de hogares sin ingresos o la población en situación de pobreza y exclusión”. Para los autores del informe, esta carencia es provocada, “en buena medida”, porque no hay un sistema de información de calidad para Navarra que permita conocer las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.

El balance del Banco de Alimentos

El balance del Banco de Alimentos“En los últimos años ha habido un aumento muy grande de la necesidad. En 2008 eran 15.000 las personas a las que repartíamos los alimentos y el año pasado sobrepasemos los 40.000”, afirma la directora de comunicación del Banco de Alimentos, que hace unas semanas realizó su gran colecta. En tan solo un año, el banco ha aumentado la distribución de comida en un 15% y por primera vez desde el mes de mayo ha comenzado a recoger alimentos específicos para la infancia debido a “las necesidades que destapó el programa Gosariak”.

El Banco de Alimentos cifra en 3.500 los niños que se han visto beneficiados por los alimentos que la gente ha donado. “Hasta ahora repartíamos alimentos para las familias, pero no éramos conscientes de los problemas qué hay detrás” cuenta al mismo tiempo que pone el ejemplo de mujer boliviana de treinta y tantos, que se ha quedado sola con cuatro niños, un piso de 500 euros, y un sueldo de 600. Por otro lado, “y a pesar de lo que pueda parecer”, afirma, “las necesidades de las personas de nacionalidad española están aumentado de manera exponencial”. En los últimos años han pasado de ser un 7% del total los beneficiados por el reparto de alimentos a un 40%.

Los datos que desde la Universidad de Navarra aporta Nerea Zugasti al respecto son que “cuatro de cada diez hogares navarros han reducido los gastos de alimentación y que el 2,5% de los hogares ha pasado hambre en los últimos diez años, o lo hace actualmente”. Datos que constatan las organizaciones a pie de calle. “Ante la creciente demanda, nos encontramos con situaciones tan precarias que la cesta básica que entregamos no es un complemento, sino la base de alimentación”, afirman desde el comedor social Paris 365, que en tan sólo dos años ha quintuplicado el número de menores atendidos, alcanzando ya en 2014 la cifra de 171 niños y niñas. “En otras palabras, tenemos más demanda de la que podemos atender”, aseguran.

Por otro lado, Cáritas afirma que una de las ayudas más importantes que reparte es en alimentación, que ha multiplicado por nueve los recursos destinados a alimentación en los últimos cuatro años. De los 38.853,83 euros en 2010, a casi 350.000 en 2014. Zora, de nuevo, relata cómo durante los últimos años la gente que como ella acude a la organización ha aumentado, y por ello, recibe cada vez menos comida. “Tienes que ir y decirles: estos dos meses no tengo para mantener a mis niños”. Cáritas atiende a 436 unidades familiares sin ningún ingreso con hijos a cargo, un 246% más que en 2010, cuando atendía a 126.

“A veces mi hijo me pide galletas de chocolate y yo sólo le puedo dar normales, las de marca blanca. Pero es un niño y ellos no entienden que si un día le compro esos alimentos de lujo al día siguiente no voy a tener comida para darle, y le tengo que dar de comer todos los días, ¿no?”, relata Zora. Por su parte, Cruz Roja atiende en Navarra a 6.000 menores cuyas familias han solicitado su ayuda porque no llegan a cubrir sus necesidades básicas: una alimentación suficiente y saludable. “Yo creo que lo mínimo es que mi hijo vaya desayunado a clase”, sentencia la madre de cuatro hijos.

*Este reportaje está realizado por la Fundación porCausa.

Malawi y Mozambique han visto en los últimos días cómo el agua afectaba a 795.000 personas. Las inundaciones que dificultan habitualmente la vida de los habitantes del sur de África adquirían la dimensión de emergencia en ambos países. Y lo hacían a pasos agigantados: solo seis días antes, los afectados ascendían a 160.000.

La foto que nos llega desde África es de familias subidas al tejado de una chabola mientras el agua, contaminada, cubre la mitad de sus hogares. Detrás, los datos: más de 226.000 desplazados y otros miles que necesitan alimentos, agua potable o servicios mínimos como electricidad, según la última actualización de Naciones Unidas facilitada por Ayuda en Acción. En esta ocasión, las lluvias se han cobrado más de 200 muertes.

Desde finales de diciembre, las fuertes precipitaciones han provocado una situación de estado de emergencia en Malawi. Peter Mutharika, presidente del país, estableció el 14 de enero el estado de alarma en la mitad de los distritos de unos de los recovecos más pobres del planeta. Por otro lado, los ciudadanos del Estado de Mozambique, con el que limita por el Este, han visto destruidos alrededor de 5.000 hogares.

En un país donde más de la mitad de las viviendas son de adobe y paja (y un 15% de caña y madera), un aumento en la intensidad de las lluvias provoca consecuencias “devastadoras”. “Desde diciembre se han intensificado más de lo habitual, y las zonas no están acostumbradas a tanta agua”, afirma Amade Sucá, la directora ejecutiva de ActionAid, organización de desarrollo internacional con la que Ayuda en Acción trabaja sobre terreno desde Mozambique. Se prevé que en los próximos días el temporal azote con más intensidad en este país, el tercero con el índice de desarrollo más bajo del mundo.

“Una situación más grave supone que más personas pierdan la vida”, resume tajante Sucá a eldiario.es. Con una población cercana a los 21 millones de personas y un área de 801.590 km², Mozambique tiene, en términos comparativos, una superficie total similar a la de Turquía.

En un solo día se han registrado en Mozambique más lluvias que en todo un mes. Este desastre hace rememorar a la población del país una de las peores inundaciones en 50 años. La que en el año 2000 se cobró la muerte de 800 personas y por la que cientos de miles se quedaron sin hogar. Pueblos enteros quedaron sumergidos como consecuencia de cinco semanas en las que el agua no dio tregua. “Tienen miedo a que se pueda volver a producir algo similar”, afirma Sucá. Mientras en la provincia de Zambezia, uno de los cuatro distritos más afectados, casi 32.000 familias están completamente aisladas del resto del país sin comunicación, electricidad “y sin alimentación”, remarca.

Lejos de lo extraordinario, los habitantes de estos países africanos contemplan impotentes cómo cada año las aguas torrenciales arrasan sus casas y cultivos. Aunque no siempre alcancen niveles de emergencia, se producen de manera reiterada, lo que provoca un desgaste casi constante de los suelos.

Naciones Unidas indicó en 2013 que aproximadamente 266.698 hectáreas del terreno de Mozambique se vieron afectados por las inundaciones en años anteriores. Casi un 80% eran tierras de cultivo. Entonces, 1.63 millones de personas eran incapaces de producir comida suficiente para alimentarse, tres veces más que en 2011, cuando también llovió.

Las lluvias que traen el hambre

Apenas unos kilómetros más allá, en Malawi, centenares de personas continúan aisladas sin comida. Este país tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil: como consecuencia del hambre, cuatro de cada diez niños y niñas tienen un bajo crecimiento para su edad, según el Programa Mundial de Alimentos.

El año pasado este país, con una economía basada en la agricultura, cosechó 3,9 millones de toneladas de maíz. Un superávit de casi un millón de toneladas en un alimento básico que más del 40% de los hogares rurales cultivan en menos de media hectárea, y con el que las lluvias han acabado. Los daños causados en los cultivos y el ganado, las dos fuentes principales de ingresos para la población, rondan actualmente los 54 millones de dólares, lo que lastra el ya complicado crecimiento económico del país, que se estimaba para este año en un 5,8%.

En Malawi, la cifra de los que han visto destruidos sus cultivos es desorbitada. “Estamos hablando de que 116.000 familias han perdido sus medios de vida”, señala Alberto Casado, coordinador de Campañas de Ayuda en Acción. Los problemas no acabarán cuando se vaya el agua, afirma, sino que las secuelas durarán varios años.

Según el departamento de encuestas de Malawi, 64.000 hectáreas de tierra se habrían dañado por las aguas, lo que tendrá un enorme impacto en la seguridad alimentaria de los hogares, según Casado. “Ya se ha perdido la próxima cosecha y la escasez de alimentos se prolongará si los agricultores no tienen acceso a semillas”, sentencia.

Las consecuencias del desastre para la población, lejos de ser alarmistas, se quedan cortas si escuchamos a Martha Konje, directora de ActionAid en Malawi. En declaraciones sobre terreno a este periódico destca que las dificultadas se agravan en la infancia: “Aquí todo el mundo necesita comer, y especialmente los niños y niñas. Sus necesidades son abismales”. Las dificultades para llegar a los menores son aún mayores en determinadas áreas por motivos geográficos: la península está compuesta por tierras bajas costeras, principalmente en el sur del país y cuando llueve, el suelo se desborda con facilidad.

Los efectos de las inundaciones también se manifiestan en el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, que aumenta en un 50% en estas situaciones. Un círculo vicioso que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población y que evidencia el incremento de la tasa de mortalidad derivada del padecimiento de cólera o SIDA. Concretamente, Malawi tiene una tasa de prevalencia de esta enfermedad sumamente elevada: afecta al 16,4% de los habitantes de entre 15 y 49 años.

La tormenta de los pobres

Además de la dificultades derivadas del suelo, muchos hogares están construidos con materiales que difícilmente pueden aguantar las duras condiciones climatológicas. Es por ello que las consecuencias se centran en los que mayores dificultades afrontan para substituir. Así lo denuncia Konje: “Las inundaciones afectan a los que menos recursos tienen porque por no tener, no tienen ni con qué construir su casa”. Desde Malawi, relata la magnitud de la devastación -escuelas sumergidas en agua y carreteras arrasadas por el diluvio- que ha sufrido algunos puntos del país. “Había personas colgadas en los árboles, esperando que las aguas se calmaran, pero el agua seguía llegando mientras se llevaba a algunos con ella”, cuenta.

Los daños de la inundación han provocado que 200.000 estudiantes no puedan asistir a clase debido a que unas 400 escuelas se encuentran cerradas o actúan como refugios de emergencia para las personas desplazadas.

“Con las inundaciones las personas han perdido su vida. Todos sus bienes se han perdido entre el agua y sus vidas están ahora inundadas”, concluye Martha Konje. Y llueve sobre mojado: según un informe del Gobierno de Malawi sobre los Objetivos Desarrollo del Milenio, el 40% de la población de Malawi que vive con menos de un dólar por día. En España son dos de cada 100, según los datos del Banco Mundial.

En el último año, 15 personas han perdido la vida en el puerto de Calais, la ciudad francesa más cercana a Inglaterra, en un intento por dejar atrás una situación de guerra o con la intención de mejorar sus condiciones de vida. Un lugar en el que, según ACNUR, más de 2.500 personas viven en condiciones extremas de pobreza y miseria asentados en campamentos improvisados. Su objetivo es cruzar el Estrecho francés y alcanzar Reino Unido, donde creen que tendrán mejores oportunidades de futuro.

Durante los últimos años, el puerto de Calais se ha convertido en un imán para los inmigrantes y refugiados, desesperados, contactan con grupos organizados que les prometen, a cambio de unos miles de euros, una plaza clandestina en un carguero. En asentamientos sin acceso a agua, comida o un techo, los solicitantes de asilo que huyen de países en conflicto como Sudán, Irak o Siria aguardan a la espera de cruzar la puerta que conduce al Reino Unido. También inmigrantes sin papeles procedentes de Somalia o Eritrea esperan noche tras noche su oportunidad. La mayoría son hombres —de los cuales el 40% son menores—, pero hay cerca de 300 mujeres y 50 niños.

Calais se encuentra al norte de Francia en el punto más estrecho del canal de la Mancha. En este punto mide solo 34 kilómetros. Para muchas de las personas, la única forma de cruzar esta distancia pasa por esconderse en la parte trasera de un camión, a ras de suelo, o tirándose al mar para subirse a los ferries.

Alegando razones de seguridad sanitaria los poderes públicos expulsaron y destruyeron en mayo los campamentos improvisados donde cientos de personas sobrevivían. Exiliados y sin alternativa de ser realojados encontraron refugio en lo que ellos denominan como “la selva”. “Viven en carpas y en lugares que no están adaptados para su subsistencia. Se van al bosque o a edificios abandonados infestados de ratas en condiciones no dignas para evitar que la policía les detenga”, denuncia desde Francia Oliver Lebel, de Médicos del Mundo.

“La gran mayoría de la gente”, dice Lebel, “viene de países que experimentan violaciones de derechos humanos y de la guerra. No entiendo cómo alguien permite que se pudran en una situación como esa”. En declaraciones a este diario, el director general de la organización en Francia denuncia las desastrosas condiciones sanitarias, la precariedad socioeconómica y legal, así como el acoso diario en nombre de las fuerzas policiales que sufren estas personas. “Es dramático. No tienen a dónde ir. Tan pronto como se sientan en un banco, les piden la documentación”.

“Los estados y las instituciones no se dan cuenta realmente del drama que estas personas viven”, afirma. Esconderse para dormir o el trauma que supone la persecución continua que llevan a cabo las autoridades en nombre de la administración es en palabras de Lebel “un asesinato simbólico”.

Ahmed tiene 29 años, y antaño un futuro en su ciudad natal de Damasco. Ahora, después de huir de la guerra, está atrapado en Calais con la esperanza de llegar a Reino Unido. “Me gustaría poder volver a Siria. Incluso con la guerra es mejor que estar aquí”, afirma el migrante sirio en una entrevista con ACNUR/UNHCR. “Por lo menos allí te matan con honor. Aquí, duermes sin él”.

En los últimos doce meses al menos 15 personas, según ha confirmado Acnur a este periódico, han muerto debido a saltos desde un puente hacia camiones en marcha, golpeados por los vehículos en las zonas de aparcamiento o atrapados por incendios en el interior de estos, tal y como adelantó el periódico británico The Guardian.

Según William Spindler, jefe superior de comunicaciones de la agencia del UNHCR, los migrantes eligen cualquier oportunidad para llegar a un lugar donde creen que su vida puede ser mejor o donde piensan que van a estar protegidos. “Estamos viendo como cada vez más personas arriesgan su vida porque sienten que no tienen nada que perder”, afirma.

Ningún país fronterizo se hace cargo

En 2002, bajo la presión del gobierno de Blair, Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, cerró el campamento de refugiados de Sangatte, cerca de Calais, en un intento de disuadir a los solicitantes de asilo procedentes de cruzar el Canal. Doce años después, las condiciones inhumanas, la precariedad legal que viven los más de 2.000 inmigrantes asentados permanentemente en Calais, así como el acoso diario en nombre de las fuerzas policiales, han convertido el lugar “en un purgatorio real”, afirma Spindler.

En una conversación telefónica desde Suecia con eldiario.es, el portavoz de la Agencia de la ONU para los refugiados relata como la falta de responsabilidad de Francia e Inglaterra hacen de Calais una zona donde tanto solicitantes de asilo como migrantes no pueden ejercer sus derechos. “Reino Unido dice que estas personas no son refugiados porque se encuentran en un país donde no hay guerras, ni violación de los derechos humanos. Francia dice que no es su problema porque al no solicitar el asilo en su país, este no debe dárselo”.

Son víctimas de la directiva de Dublin, una normativa europea por la que la petición de asilo se lleve a cabo en el primer país de la zona Schengen en el que un migrante transita. Su aplicación puede causar serios retrasos en el examen de las solicitudes, e incluso dar lugar a reclamaciones de asilo que no se escuchan.

Para Spindler es imprescindible una respuesta a nivel europeo en lo que considera que es un asunto global. “Son personas que han recorrido el mundo en busca de un lugar mejor. No es sólo un dilema de un país o una ciudad, sino que es un problema de todos”

Mohamed, sudanés de 29 años, se encuentra ahora atrapado en Calais después de haber huido de la violencia en Sudán, donde trabajó con la ONU. “Europa no es tan bueno como creía. Francia no me da la documentación y tengo un montón de problemas”, dice a fuentes de ACNUR. “¿Qué hago? Yo sólo quiero una vida normal”.

El “muro de la vergüenza” francés

“Personas con un temor fundado por motivos de guerra, o mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata deberían ser reconocidos como refugiados”. Según el representante de ACNUR, hay que darles la posibilidad de que pidan asilo en vez de “pasarse el balón” entre países y ofrecer a cada persona una asesoría de acuerdo a su necesidades. “Las soluciones a corto plazo centradas en el rechazo en frontera para que se vayan a otro lugar no resuelven el problema”, denuncia.

Rechazo, precisamente, es lo que más de 90 organizaciones expresaron el pasado 18 de diciembre coincidiendo con el Día del Migrante. Encabezadas por el movimiento Emmause  protestaron por la última decisión adoptada: el inicio de la construcción de una valla en torno al puerto financiada por Reino Unido. Según denuncian en un comunicado, “evidencia la falta de respuesta adecuada de las autoridades”. Hecha de malla de alambre y coronada con alambre de púas, lo que denominan como el “muro de la vergüenza” cuarta “las libertades de los inmigrantes”, clamaron las asociaciones locales.

“Gastamos 15 millones de dólares para poner en práctica medidas de seguridad, que podrían haber ido destinados a asegurar un hogar a los migrantes, implementar una recepción real y apoyar la política migratoria”, manifestó la organización. “¿Cómo podemos aceptar que nuestro país, la quinta economía más grande, no sea capaz de dar cabida a estas personas con dignidad?”.

Aunque por la geografía del conflicto de Siria no sabemos cuántos son, ni cómo actuar con esos olvidados que escapan de los datos oficiales, la ONU ha advertido de la gravedad de sus condiciones alimentarias: la comida no está llegando más de un millón de refugiados sirios. Este lunes el Programa Mundial de Alimentos anunció que se veía obligado a dejar de ofrecer sus bonos de comida a 1,7 millones de sirios por falta de fondos. Aunque el foco esté en Siria, diferentes ONG alertan que esta emergencia no es ni mucho menos la única donde los recursos son insuficientes, incluso para garantizar una alimentación básica. No es la primera vez que el PMA reduce sus razones de comida.

Siria es una de las cinco emergencias categorizada por la ONU con el 'nivel tres' por requerir ayuda extrema: Irak, la lucho contra el ébola, República Centro Africana y Sudán del Sur dependen de la ayuda alimentaria del PMA. Pero la asistencia, según denuncian distintas organizaciones, no es suficiente para hacer frente a estas crisis. Mientras, la enfermedad que más personas mata en el mundo, el hambre, atormenta a los refugiados desde Oriente Medio hasta África.

Desde el inicio de la crisis Siria, el PMA ha destinado 800 millones de dólares al suministro de vales de comida que los refugiados canjean en las tiendas locales alimentos. El organismo estima que necesitará 64 millones para hacer frente al mes de diciembre. “Hay mas necesidades ahora que en los años precedentes”, explica Antonio Salor-Pons a eldiario.es, jefe de la Oficina del PMA en Madrid.

Cada vez hay más gente a la que alimentar, el dinero destinado a la ayuda humanitaria decrece y la falta de compromiso internacional se acrecienta a medida que la crisis es mayor. “Yo quiero hacer el trabajo, pero si la comunidad internacional no me da el dinero, no se puede distribuir”, añade Salor- Pons. El programa que asegura que 1,7 millones de refugiados sirios en Jordania, Líbano, Turquía, Iraq y Egipto no pasen hambre es, asegura, un talón de aquiles. “Lo que ocurre con la comida es que no se puede no tener”.

Si las personas no comen enferman y si enferman no estudian. Educación infantil es precisamente otra de las demandas que desde el comité español de UNICEF consideran fundamental atajar en Siria. “Los niños y niñas que ahora crecen en entornos de inseguridad y violencia son los que después tendrán que reconstruir el país”, explica Blanca Carazo, responsable de Programas de la organización. De los 770 millones de dólares requeridos para hacer frente a las necesidades de la infancia afectada por el conflicto, solo se han recibido 430 millones, y ya es el cuarto invierno en el que hay que hacer frente a unas condiciones que dificultan la capacidad de los niños de aprender. “La crisis de los niños de Siria han dejado de ser noticia, ya no les importa”. Los niños son los principales afectados por este conflicto: 5,5 millones de menores están desplazados y 10.000 han fallecido a causa de una guerra que en total se ha cobrado unas 200.000 vidas.

Más de tres millones de personas se han convertido en refugiadas, han abandonado sus casas y han buscado un refugio seguro en los países vecinos. Además, más de 6,5 millones de sirios están desplazados dentro del país. No sucedía algo similar desde el genocidio registrado en Ruanda en 1994, que se cobró la vida de 800.000 personas. “Y a pesar de estas devastadoras y dramáticas cifras la ayuda sigue sin llegar” afirman desde Oxfam Intermon.

Líbano es el país que acoge un mayor número de refugiados, unos 756.000, seguido de Jordania con más de 523.000, pero los cálculos son imprecisos porque es muy difícil para las organizaciones humanitarias atravesar los frentes de batalla. “Líbano es paradigmático, hay millón y medio de personas sirias registradas pero se cree que hay muchas mas”, explican desde la organización internacional. Otro de los problemas es que el 80% no está en los campos de refugiados, “sino en barrios donde han llegado en busca del apoyo de familiares o amigos, en edificios abandonados y en campamentos improvisados a las afueras de las ciudades”. En ellos, el reparto de ayuda humanitaria se hace aún más complicado con lo que la situación de los refugiados en cuanto a aprovisionamiento de agua y alimentos, así como higiene y sanidad, está bajo mínimos. “Viven en una tienda de campaña o un contenedor, en un local abandonado, en una casa de cartón o chapa”, explica Pablo Tosco, periodista de Oxfam Intermón que estuvo documentando la situación de los refugiados sirios en bano 2013.

“Lo han perdido todo: trabajo, amigos y familia. Su núcleo de gente”, relata Tosco despuñes de cubrir la guerra en Siria a través de su objetivo. “Sus hijos no duermen por la noche, tienen en la mente los bombardeos, los rescates a sus seres queridos de los escombros...”.

No es la primera vez que el PMA reduce sus raciones

No es la primera vez que el PMA reduce las raciones de comida. Hace dos semanas, por ejemplo, 500.000 refugiados en Kenya desplazados por la inestabilidad en Sudán o la República Centroafricana, que dependen de la ayuda alimentaria del PMA para sobrevivir, vieron reducidas a la mitad las 2.100 calorías diarias recomendadas.

“En Súdan del Sur no hay cosechas y la población está condenada a una dependencia directa de la ayuda internacional”, explica desde Oxfam Intermón, Julia Serramitjana, que en abril visito el país más joven del mundo. La ayuda externa que reciben es vital para afrontar el día a día en un país en el que 4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Naciones Unidas está tratando de reunir 655 millones de dólares para cubrir las necesidades más inmediatas y solo ha conseguido el 25%.

Como en el caso de Siria, los mayores afectados de la crisis son los 50.000 niños y niñas, que podrían morir víctimas de la desnutrición. Las mujeres con sus maridos muertos o en el frente, ahora, solas y con varios hijos e hijas a su cargo, se encargan de mantener a toda la familia, buscar y preparar la comida y el agua, garantizar un techo para resguardarse… “Sufren la guerra de otros en su propia piel”, afirma la cooperante de Oxfam.

Por otro lado, y aunque en los últimos meses haya sido conocida por su respuesta mundial contra el Ébola, otra de esas emergencias que denominan como graves, Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla sus proyectos en el país perdido: República Centro Africana (RCA). Miles de muertos y heridos, un millón de desplazados y refugiados. “La gente que ya lo había perdido todo a principios de año volvieron a ser víctimas meses después. Han perdido cualquier posibilidad de recuperar su vida y se desplazan de conflicto en conflicto porque no hay ninguna segura”, explica Carlos Francisco, de MSF.

Europa cierra sus puertas

“De momento, Europa ha hecho bastante poco ante la catástrofe humanitaria de Siria”, afirma el que fuera coordinador de proyectos de MSF en países como Siria, RCA y Sudán del Sur. Más de 50.000 sirios pidieron el asilo en países de la UE en 2013, y según cuenta MSF en su proyecto Exodus, Siria encabeza la lista de solicitantes de asilo. “Desesperados, muchos se tienen que jugar la vida en manos de las mafias para intentar superar las fronteras”, afirman desde la organización. Una de las rutas marítimas más peligrosas va desde el litoral libio a las costas de Italia, como se ha podido comprobar con la muerte de centenares de personas, muchas de ellas sirias, cerca de Lampedusa, o con la muerte de otras 24 personas tras volcar un barco en Estambul lleno de gente procedente de Afganistán y Siria el pasado mes de noviembre-

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzó un llamamiento para que los países occidentales acojan a la población siria afectada por el conflicto, pero estos tan solo han ofrecido hasta ahora 42.058 plazas y 28.500 de ellas son de Alemania. “Los países de la región están empleando sus recursos económicos y viendo cómo se saturan sus sistemas de salud, mientras que Europa mira hacia otro lado pese a que la crisis tiene lugar justo a sus puertas”, concluyen desde MSF.

Así comienza El hambre, el nuevo libro del escritor argentino Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) que llegará a España en febrero. India, Bangladesh, Níger, Sudán del Sur, Burkina Fasso, Kenia, Madagascar, Argentina y Estados Unidos son los lugares que el escritor ha elegido para relatar “la mayor vergüenza de nuestra civilización”. Con motivo del día Mundial de la Alimentación, viajó a Madrid para hablar del hambre de una forma diferente, en una mesa redonda con varios expertos organizada por Oxfam Intermón y la Fundación Por Causa.

“El hambre no es como la muestran en televisión; ese chico con la tripa hinchada y las piernas delgadas en un lugar desconocido del mundo”, explica Caparrós, de ojos claros como de gato. La gran mayoría de los 25.000 que, según el secretario general de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mueren al día por causas relacionados con el hambre tienen poco que ver con las hambrunas que aparecen en los diarios. “No podrían: los colapsarían. En los diarios sale lo inhabitual, lo extraordinario”, dice. “Los hambrientos son esos olvidados que se acostumbran a comer mal, a sobrevivir con menos de lo que necesitan: a desarrollar peor su cuerpo, su cerebro. A vivir vidas mucho peores casi sin saberlo”.

Según Caparrós, “llamamos hambre no solo a la imposibilidad de comer lo necesario, sino también a la posibilidad de morir por enfermedades que se curan con 20 pesos de remedios tomados a tiempo”. Durante siete años recorrió los diferentes escenarios de una pandemia que mata más que el ébola, el sida y la malaria juntos. “El hambre es el problema ajeno por antonomasia”.

Con frecuencia cuando hablamos de los derechos humanos pensamos en la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que no te torturen, no te maten, te permitan expresarte; no solemos pensar en comida. “El derecho a comer es un derecho humano de segunda o tercera. Todos los días, cientos de millones de personas no pueden ejercer su derecho a la alimentación y la indignación suele ser discreta”, relata quien ganó en 2004 el Premio Planeta Latinoamérica. De hecho, España aún no ha reconocido el derecho a la alimentación en su Constitución.

“En la sociedad del espectáculo, la malnutrición no tiene cómo ponerse en escena. Los números solo sirven para saber lo que ya sabemos: para convencernos. Enfriar las realidades y volverlas abstractas”, reflexiona un ya curtido escritor en mil batallas contra el hambre. 805 millones de personas no comen lo que deben, “uno de cada nueve”, dice. Cada cinco segundos, un chico de menos de cinco años se muere por hambre. “Frases que, de tan dichas, nadie escucha. La he leído, la he escrito, la he oído y dicho no sé cuántas veces: como quien dice llueve, incluso cuando llueve”, reflexiona.

El hambre es un negocio para muchos

En un mundo en el que viven 7.000 millones de personas y se producen alimentos para 12.000 millones, el problema es sencillo para Caparrós: “Si hay gente que no come suficiente es porque los que tienen comida no quieren dársela”. Señala que “solo con el grano que se produce actualmente alcanzaría para que cada hombre, mujer o niño comiera 3.200 calorías por día”, el 50% más de lo que necesitan. “El problema no es que seamos muchos; es que haya tantos que viven como si fuéramos pocos”, sentencia.

No solo la concentración de riqueza produce desigualdad, también las inversiones financieras con alimentos en la bolsa de Chicago. La utilización de los agrocombustibles como fin distinto al de alimentar o el fenómeno denominado acaparamiento de tierras son para Caparrós causa del hambre. “El colonialismo que ahora llamamos apropiación de tierras es la puesta en escena más grosera de la desigualdad entre países: unos usan las tierras de otros para producir alimentos que todos necesitan; unos se los llevan, otros se quedan sin ellos”. Un estudio de la National Academic of Sciences estima que las apropiaciones alcanzan los 100 millones de hectáreas (la suma de Italia, Japón y Gran Bretaña).

El escritor, completamente de negro, no deja de de tocarse su pintoresco bigote y tras un par de apuntes sobre la caridad como elemento de chantaje, sentencia: “Cuando Europa y EEUU entregan limosnas a sus súbditos, esperan que les alcance para mantenerlos hundidos y dominados: inofensivos, silenciosos. Darle a los pobres lo mínimo para que sobrevivan y no manchen con su sangre o sus huesos las pantallas de la televisión”.

“Aunque es curioso -se cuestiona- que los gobiernos gasten fortunas en el rescate de los bancos y no cantidades más modestas en el rescate de los hambrientos. Los bancos son indispensables para que el capitalismo funcione; los hambrientos, no. Llamémoslo desigualdad, capitalismo, la vergüenza”.

“Déjelos en el buzón, señora. Desgraciadamente ya nadie roba libros. Si fueran bombones…” dice Caparrós después de un inciso para atender una llamada. El hombre que con 19 años se exilió en Europa parece haber recuperado la esperanza. Con el reloj casi marcando el final de la entrevista, comienza a vislumbrar las claves del cambio. Radical. “Cada uno tiene una responsabilidad individual, que se vuelve colectiva cuando hay muchas personas que llegan a formas de acción comunes”.

No es una profeta

Martín Caparrós no cree ser un “profeta”. De hecho, desconoce la forma política que debe tomar el cambio: “Que haya suficiente para todos y para nadie demasiado”. Pero se lanza con una afirmación basada en el individualismo: “Los grandes momentos de la cultura se producen cuando el egoísmo de miles consiste en creer que deben hacer algo por los otros, que esa es su forma de hacer algo por ellos mismos.

El escritor se vuelve a enfundar en el traje de realidad. “Es posible que no suceda en los próximos meses o en los próximos años. Mientras tanto, miles, millones seguirán muriendo de hambre”. Y en el segundo piso de una cafetería alejada de aquellos que sufren el hambre, se sincera: “Lo único que podemos hacer es decirles lo que pasa. La mayoría de las personas eligen no mirar y es su decisión. Hacerse los tontos cuando mueren y mueren miles de personas por causas evitables es una sentencia que están tomando y que toman cada día”.

En su libro, El hambre, el intrépido escritor invita a pensar al lector con un ataque al inmovilismo: “Es probable que la postura que cada cual tome no cambie mucho el problema. Pero sí define una cuestión menor: ¿quién soy, quién habré sido? ¿Ése que nació, aprendió, trabajó, se divirtió, amó, se reprodujo, envejeció y se murió como millones cada día? ¿O habré sido, además, el que hizo lo poquito que pudo para que el mundo fuera otro?”.