La esperanza de vida ha aumentado drásticamente en los últimos siglos, pasando de un promedio de 35 años en el siglo XVIII a duplicarse en la actualidad. Aunque este avance a veces se atribuye al desarrollo económico, el verdadero motor de cambio ha sido la inversión en servicios públicos, como la sanidad, la educación y el saneamiento.

Hoy en día, nadie interpreta una baja esperanza de vida como una “catástrofe natural” sino que se buscan explicaciones políticas, culturales y económicas. Lejos queda el oscurantismo medieval, cuando la mortalidad temprana se atribuía a castigos divinos o  fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, parece que esa mentalidad no ha desaparecido del todo, pues resurge al describir la DANA como una catástrofe natural inevitable.

Valencia ha sido golpeada por un fenómeno meteorológico que ha provocado lluvias torrenciales, cientos de muertes y un dolor incalculable. No obstante, su origen y sus consecuencias no son culpa de la naturaleza. Por un lado, este desastre es producto de un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria y el turismo, que ha cubierto de cemento cauces, barrancos, llanuras inundables y áreas litorales, además de construir infraestructuras que bloquean el curso natural del agua. A esto se suma el progresivo aumento de la temperatura del mar Mediterráneo debido al cambio climático, que intensifica la energía y humedad necesarias para formar DANA cada vez más severas. Pelotazos inmobiliarios, toneladas de cemento, caos climático y lluvias torrenciales están íntimamente relacionados. Tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA en Valencia se construyeron en zona inundable durante la burbuja.

Lo inquietante es que estas causas y sus terribles consecuencias llevan siendo denunciadas desde hace tiempo por la economía ecológica. En 2011, el economista José Manuel Naredo publicaba “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano”. En ese libro, Naredo explica que la expansión desmedida de áreas urbanizadas altera ecosistemas, destruye biodiversidad y conduce además a una grave sobreexplotación de recursos naturales, particularmente de suelo y agua. En Valencia, como en tantas otras comarcas del Estado español, se han impulsado ciclos de crecimiento especulativo que, además de provocar un alza de los precios del suelo y la vivienda, han llevado a la privatización de espacios comunes, afectando tanto al medio ambiente como a la cohesión social. De nuevo, nada que ver con un fenómeno meteorológico. Es interminable el listado de normativas urbanísticas flexibles y de recalificaciones de terrenos rústicos para fomentar el crecimiento económico por la vía más rápida sin tener en cuenta ninguna consecuencia. No solo se ha comprometido la calidad ambiental de la región, sino que se ha hipotecado su futuro, debilitando sus capacidades ecológicas y de adaptación frente a la crisis climática. 

Más de una década después de estas advertencias, apenas hace una semana, Carlos Mazón negociaba el regreso de la Copa América de vela a Valencia y presentaba una reforma de la Ley Urbanística para ampliar la construcción en la costa y flexibilizar el uso del suelo no urbanizable.

Frente a sucesos como la DANA, toda acción preventiva es urgente y fundamental. Sin embargo, continuar con medidas paliativas en lugar de transformar el modelo, lejos de resolver el problema, lo intensifica a un ritmo descontrolado. Si frente a hechos tan evidentes los representantes públicos se resguardan en las “catástrofes naturales”, o bien ignoran las evidencias científicas o bien buscan priorizar los intereses de los propietarios del capital frente al bienestar de la mayoría. Lo hemos vivido con la pandemia de la COVID-19: un brote de enfermedades zoonóticas originado por la expansión y explotación capitalista de la naturaleza que hoy queda en la memoria como otro episodio de desastres inevitables. 

Un virus responde a una lógica biológica de la misma manera que la DANA responde a factores meteorológicos, pero ambos pueden ser generados e intensificados por dinámicas económicas. En gran medida, eso es la crisis ecológica. No estamos frente a casos aislados, sino que forman parte de un patrón sistémico que una y otra vez ha sido señalado por la comunidad científica. Una de las consecuencias del cambio climático es que los episodios extremos se van a repetir con mayor frecuencia e intensidad, con lluvias torrenciales seguidas por inundaciones severas y con periodos de sequía y escasez cada vez más largos. Vamos a tener que adaptarnos a un clima plagado de constantes excepcionalidades. 

Hay que elegir entre dos posibles caminos. Aparte de renovar los sistemas de previsión y los protocolos de prevención que permitan responder de forma más efectiva en el corto plazo a los desastres por venir, un camino es empujar la planificación sostenible y socialmente responsable de la economía y el territorio. Se trata de construir infraestructuras orientadas al bienestar social y ecológico, gestionadas bajo control público y comunitario, mientras se van desmantelando aquellas infraestructuras fósiles y público-privadas que nos encierran en una espiral de deterioro. El otro camino nos lleva hacia el abismo, perseverando en la especulación, la incompetencia política y el oscurantismo de épocas pasadas.

"Las políticas culturales oficiales han promocionado todo aquello adaptable a la oferta de una ciudad-marca, en detrimento de las formas de cultura disonantes", afirman los autores

Los dos Planes Estratégicos de Cultura de Barcelona, lanzados respectivamente en los años 1999 y 2006, enmarcan simbólicamente un ciclo histórico en la ciudad. Se trata de casi dos décadas durante las cuales las políticas oficiales han otorgado a la cultura un papel relevante como motor económico y herramienta de integración ciudanana. Al leer hoy el Plan del 2006, nos damos cuenta sobre todo de la incapacidad de las élites políticas de la ciudad para focalizar de manera global la doble crisis económica y de régimen político en la que estamos sumidos. Una crisis a la que no es ajena la propia práctica de la gestión pública ejercida por esas mismas élites a lo largo del tiempo.

La concepción del papel de la cultura que destilan estos Planes oscila entre un idealismo reformulado por los intereses institucionales y un tecnocratismo indisimulado. Como explicábamos en un artículo anterior, la cultura ha servido ejemplarmente en la ciudad de Barcelona como un “recurso”, depositándose en las políticas culturales la función de operar como un ejercicio de “excelencia” creativa individual, como una “industria” activadora de la matriz productiva y como una práctica “cohesionadora” del tejido social. Pero debemos a fecha de hoy someter a un severo diagnóstico las tendencias generales que dichos Planes han producido, empezando por cómo la cultura ha sido utilizada como una forma de gobierno urbano que homogeneiza la ciudad a la que se dice querer promover en su diversidad.

Apelar a la integración de las diferencias mediante la cultura ha servido en muchos casos para desplazar conflictos sociales en beneficio de un imaginario urbano “multicultural”. Bajo esa visión, las políticas culturales oficiales han promocionado todo aquello adaptable a la oferta de una ciudad-marca, en detrimento de las formas de cultura disonantes. El resultado ha sido una gobernanza que ha camuflado nuestra compleja y a veces problemática realidad urbana, intentando determinarla o sofocarla mediante cada vez más pobres estrategias de marketing, oscilantes entre la “participación” teatralizada de la ciudadanía hecha impotente y la aplicación creciente de una regulación autoritaria sobre el espacio público urbano.

Esta forma de gobernar (mediante) la cultura ha acabado favoreciendo crecientemente a aquellas élites urbanas capaces de controlar los mecanismos de capitalización de aquello que hoy definimos de manera general como “marca Barcelona”. Tanto el capital simbólico como los beneficios económicos producidos mediante el recurso a la cultura han beneficiado cada vez más a los grandes intereses empresariales e inversionistas que extraen su renta también del tejido “creativo” local. Barcelona se ha convertido así en un escenario abierto a los lobbies turísticos e inmobiliarios y a las grandes corporaciones que orientan o directamente se encuentran detrás de estrategias como el intento reciente de convertir Barcelona en una “smart city”. Con los años, unas políticas de la cultura que pretendían protagonizar una nueva modernización histórica de la ciudad, se han ido pervirtiendo hasta convertirse en estrategias institucionales cada vez más decadentes desde el punto de vista de la calidad democrática. Por sintetizarlo en una imagen provocadora, se puede decir que a lo largo de estas décadas se ha ido estableciendo una conexión no siempre evidente entre las políticas culturales oficiales y la venta de parcelas de territorio a las élites financieras. La conexión entre el recurso a la cultura y la gentrificación de las ciudades se remonta internacionalmente a la década de 1980, y ha cobrado impulso en la ciudad de Barcelona en cada uno de los ambivalentes grandes eventos institucionales o en la construcción de grandes equipamientos culturales.

La centralidad de la cultura en las políticas de modernización o de remodelación urbana de Barcelona ha provocado paradójicamente una degradación cada vez mayor de la ciudad. Barcelona como ciudad-marca ha capturado continuamente todas las cualidades de su entorno (territoriales, culturales, sociales...) para crear un “valor diferencial”. Ese valor es justamente el que ha buscado hacer destacar la marca-ciudad en el competitivo mercado de la globalización económica, donde las grandes metrópolis internacionales compiten agresivamente por atraer turistas e inversores. La marca-ciudad ha ido convirtiéndose cada vez más en una mera representación institucional que haría apetecible Barcelona a la inversión especulativa o al consumo. Es difícil considerar Barcelona actualmente una ciudad democrática construida ampliamente por una ciudadanía libre que produce una cultura rica, heterogénea y dinámica. En sus dimensiones más visibles al mercado global, Barcelona se vive interiormente como una ciudad sobrediseñada, con un tejido “creativo” precarizado que es explotado para producir un recurso cultural institucionalmente banalizado y puesto fundamentalmente al servicio de la frialdad comercial.

Mediante este muy conciso diagnóstico queremos expresar la idea de que la crisis del modelo de políticas culturales locales es indisociable de una doble crisis más general del modelo económico y del régimen político que surge de la Transición, lo que en la revolución democrática ciudadana denominamos sintéticamente “régimen del 78”. Pero todo diagnóstico crítico severo ha de contemplar importantes matices para no provocar un bloqueo de la capacidad de leer qué señales positivas surgen en la crisis de este modelo. Es imprescindible saber reconocer los indicios de cómo se podría devolver a la cultura una nueva centralidad, ahora al servicio de la revolución democrática. Por ello, no somos muy amigos de los enfoques críticos que plantean la “marca Barcelona” como un proyecto totalizador plenamente exitoso, sin tener en cuenta cuáles han sido a pesar de todo las ambivalencias que este modelo ha desplegado en sus momentos menos autodegradados. Para empezar por lo más obvio, la centralidad que el recurso a la cultura ha adoptado en las políticas de gobierno de la ciudad, hacen que Barcelona sea actualmente una ciudad ampliamente dotada de equipamientos. La gran dotación que Barcelona a pesar de todo disfruta en lo que se refiere a infraestructuras culturales de diferente escala, resulta un punto de partida que es inevitable tener en cuenta para una nueva planificación cultural democrática y de iniciativa ciudadana.

Interrelacionado de muy diversas formas con las infraestructuras culturales de la ciudad, el tejido cultural “creativo” fomentado por las políticas oficiales como un caldo de cultivo del que extraer rentabilidad institucional y empresarial, ha crecido de una manera diferente a como preveía la visión influida por el modelo de las “industrias creativas”. Este tejido “creativo” es ahora en la crisis una constelación desregulada y precarizada que no obstante produce, difunde y distribuye cooperativamente la cultura, incrustada en el propio tejido metropolitano. Y de la misma forma, la función otorgada en las décadas pasadas a la cultura como un mecanismo de cohesión social (de acuerdo a unos intereses de gobierno cada vez más homogeneizadores, restrictivos y autoritarios) no ha destruido sino que ha llevado a transformarse la riqueza de las formas de “cultura popular” de la ciudad. Unas “culturas populares” que han de ser arrancadas de su conceptualización más idealista, para comprender cómo han constituido históricamente verdaderas prácticas de articulación política de las clases subalternas.

Esas constelaciones de prácticas de muy diversa cualidad tienen que ser hoy día adecuadamente identificadas. Arraigadas históricamente en la ciudad o sobrevenidas por el advenimiento de nuevas culturas urbanas globales, protagonizadas por sujetos territorializados o por sujetos nómadas, articuladas bajo formas administrativas o empresariales reconocibles o difuminadas en dinámicas cooperativas informales, por completo ajenas o en relación intermitente con las instituciones culturales oficiales... constituyen potencialmente el cuerpo de una ciudadanía nueva. Este cuerpo ahora desatendido o desdibujado debe cobrar una nueva vida civil vigorosa, mediante unas políticas culturales adecuadas a la revolución democrática.

"La crisis de las políticas culturales institucionales vigentes durante las décadas pasadas es inseparable de la crisis general económica y de régimen a la que actualmente la ciudadanía nos enfrentamos", defienden los autores

“La cultura cuenta”. Así lo afirmaba James D. Wolfensohn en 1999 cuando, siendo presidente del Banco Mundial, impulsó una concepción de las políticas culturales como recurso para el desarrollo económico. Desde entonces hasta ahora, hemos asistido a la creciente aplicación internacional de parámetros económicos neoliberales a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. Pero antes del cambio de siglo, la cultura venía cumpliendo también una función dinamizadora en ciertos modelos neoliberales de desarrollo urbano y regional. En suma, hace varias décadas que la cultura ha venido sirviendo como instrumento para gobernar nuestras sociedades y para mercantilizar nuestras ciudades. No escasean los ejemplos cercanos. Ahí tenemos las diversas políticas culturales que después de la Transición Democrática sirvieron en España para construir un imaginario de modernización socialdemócrata, en Cataluña para reforzar un esencialismo identitario nacionalista y en Barcelona para rehacer la ciudad y hacer de ella una marca.

Barcelona ha sido reconocida internacionalmente como un laboratorio de la cultura en tanto que recurso para la remodelación urbana y para vender una identidad propia en el mercado competitivo de las ciudades globales. Exactamente el mismo año de las declaraciones arriba citadas sobre la nueva función de la cultura en las políticas del Banco Mundial, el Ajuntament de Barcelona aprobaba su primer Plan Estratégico de la Cultura, inmediatamente posterior a la creación del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en 1996. El plan buscaba fomentar que toda una serie de recursos culturales tuviera un papel central en la construcción de Barcelona como una capital global. Este Plan suponía una adaptación de la visión que entonces era hegemónica sobre las “industrias creativas” como estrategia política y de mercado, de acuerdo con el modelo anglosajón que instauraba ese documento ya histórico que fue el Creative Industries Task Force emitido en 1998 por el primer Gobierno británico de Tony Blair. Dicho informe ejecutaba una reversión crucial: transformaba el concepto de “industria cultural” (un enfoque crítico sobre la función de la cultura en la manipulación de masas, propuesto en la década de 1940 por los filósofos marxistas alemanes Adorno y Horkheimer durante su exilio en Estados Unidos), convirtiéndolo en las “industrias creativas”. No se trataba de un cambio conceptual meramente especulativo: las industrias creativas venían en auxilio de la incertidumbre económica, el desempleo masivo y la tensión social que provocaban las oleadas de desindustrialización requeridas por la mutación del modelo de producción capitalista a escala global.

En el caso de Barcelona, estos planes no se dibujaban en el aire. Ponían en valor institucional y económico el rico humus de una ciudad donde las contraculturas y las experimentaciones vanguardistas, así como unas estructuras incipientes de empresarialidad cultural, habían proliferado notablemente desde la década de 1960. Dicho de otra manera, el modelo global de las industrias creativas, tanto como la planificación estratégica barcelonesa, buscaban instaurar procesos que fomentasen de manera controlada tejidos metropolitanos “creativos”, donde las elaboraciones críticas o vanguardistas de la cultura se ponían al servicio de la construcción de una ciudad-empresa y una ciudad-marca competitiva en el nuevo mercado de la globalización. El primer Plan Estratégico de Barcelona declaraba así la estrecha relación entre cultura y sector turístico, programando la función que los grandes eventos culturales tendrían para impulsar la imagen exterior de Barcelona. Ello se concretó en el año Gaudí (2002) o el año del Diseño (2003), en un arco temporal de grandes acontecimentos que se podría considerar que tiene su primer prototipo en los Juegos Olímpicos de 1992 y culmina en el Fórum Universal de la Culturas de 2004. Un ciclo histórico en esta ciudad cuyo declive actual va de la mano del colapso de un modelo de gobernanza urbana centrada en una promoción ambigua de la “participación”, entendida ésta como un mecanismo que buscaba implicar al conjunto de la ciudad en la producción de un imaginario de progreso teñido de “cultura”, cada vez más guiado por el vector de los intereses empresariales y financieros.

En 2006 se lanzó un segundo Plan Estratégico de la Cultura en Barcelona (Nuevos acentos 2006). Más amable en su formulación que el anterior, este segundo plan mostraba una tensión contradictoria entre la apelación a la cultura como “excelencia”, el fomento de la “industria” cultural y su función “social” integradora. Pero este documento se mostraba significativamente ciego ante la complejidad de la situación histórica general a la que buscaba inútilmente responder: la crisis económica y de régimen político que ahora vivimos, que el documento es negligente a la hora de identificar. Esta crisis sella el cierre de ese ciclo donde la cultura ha jugado un papel ambivalente. Ha supuesto un instrumento para el desarrollo económico, la modernización urbana y la integración social, pero también, de manera indisociable, para la experimentación con unas formas de gobierno donde la “participación” y la “creatividad” controladas de la ciudadanía han desactivado el protagonismo de ésta, para acabar cediendo casi por completo el gobierno de la metrópolis a poderes no democráticos.

En resumen, la constelación compleja que actualmente engloba el concepto “cultura” está lejos de la función elitista a la que se redujo en otros momentos históricos. Ha asumido durante las últimas décadas un papel destacado en los procesos sociales, más determinante de lo que suele reconocérsele desde las visiones críticas de la política o por parte de los movimientos protagonistas del cambio social. La crisis de las políticas culturales institucionales vigentes durante las décadas pasadas es inseparable de la crisis general económica y de régimen a la que actualmente la ciudadanía nos enfrentamos. Tener todo ello en cuenta resulta vital a la hora de pensar cuál ha de ser la “nueva política” de la cultura en la actual revolución democrática que impulsamos.

En 2008, un pequeño grupo de personas del sector cultural se manifestó delante del Teatre Kursaal de Manresa (Barcelona) durante la entrega de los Premis Nacionals de la Cultura de Catalunya. El entonces consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, hizo un gesto que dejó boquiabierto a todo el mundo. Acabada la ceremonia, bajó a hablar cara a cara con quienes le increpaban por elegir a dedo al director del Centro de Arte Santa Mónica, espacio ubicado al final de Las Ramblas de Barcelona.

Los manifestantes esgrimían que esos modos de hacer eran una forma de secuestrar el debate sobre la función pública de la cultura en la ciudad. El conseller aguantó estoicamente todas las interpelaciones y contestó una por una a todas las preguntas.

Dejando a un lado esa actitud sorprendente en un político, dispuesto a dar explicaciones de primera mano, lo relevante fue uno de sus argumentos clave. Para justificar su decisión, Tresserras fue directo a la rebaja de las políticas culturales. “Dejadnos hacer política”, dijo. O lo que es lo mismo, ¿acaso no es legítimo que el conseller de Cultura haga política con la cultura? Se supone que alguien designado para pensar e implementar políticas de lo considerado “cultural” debería poder hacer justo eso.

A su vez, el conseller reprochaba que no se ejerciera el mismo control sobre otros departamentos con competencias en el ámbito cultural de la ciudad. “A ellos sí les dejáis hacer política”. El argumento no era del todo malo: esos departamentos podían decidir quién dirigía un centro u otro sin que el sector cultural intercediera. A esos otros departamentos –creía Treserras– sí se les dejaba hacer política con la cultura.

La llamada “política cultural”

Un consejero de Cultura puede elegir a dedo al director de un centro cultural ya que es uno de sus instrumentos para materializar su idea de qué es la cultura. Ese era el mensaje. Se descartaba la posibilidad de convocar un concurso público para nombrar al nuevo director –una exigencia que el sector cultural creía haber conquistado– bajo el convencimiento de que la persona elegida era “la más indicada para liderar el proyecto”.

Esa es una de las bases de la política cultural: una persona autorizada tiene unos convencimientos de qué es y cómo se hace la cultura y actúa en consecuencia. Eso pensaba Joan Manuel Treserras. Eso mismo pensaba el ilustrado André Malraux hace medio siglo. Ambos creyeron que son necesarias personas como ellos para señalar qué cultura quiere la ciudadanía. Malraux dejó sus cargos tras el Mayo del 68, movimiento del que, por cierto, no fue especialmente simpatizante. Hoy, y en plena revolución democrática, la cultura institucional sigue pensándose como un recurso que debe ofrecer réditos políticos.

Un día después de la dimisión de Marçal Sintes, el escritor y periodista Vicenç Villatoro ha sido nombrado nuevo director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Villatoro fue diputado de CiU en el Parlament de Catalunya entre 1999 y 2002. Director general de Promoción Cultural de la Generalitat entre 1997 y 2000. Y el Consell General del Consorci del CCCB, órgano presidido por la Diputació de Barcelona, ha elegido a Villatoro como el más indicado para prescribir la cultura de la ciudad.

Estas formas de entender la gestión de los equipamientos culturales se han sedimentando en las arquitecturas institucionales, incapaces de estar a la altura del momento que vivimos. Como señala Bani Brusadin, director del festival The Influencers y colaborador del CCCB, “la elección a dedo del director de una de las instituciones culturales con mayor presupuesto y legitimidad cultural de la ciudad es un escándalo. Pero lo escandaloso es también que esta elección no sea el capricho de un gobernante sino que forme parte de los estatutos legales de la institución y que en más de 20 años nadie haya dicho nada ni planteado alternativas”.

Una vez más, el tema no es si el dedo elige bien o mal, esto es poco menos que una consecuencia. El verdadero problema es no poder debatir sobre la función pública de la cultura o, como mínimo, revisar el carácter democrático de sus instituciones. El problema es que no podemos tener un debate político abierto sobre la función pública de la cultura institucional.

La cultura como derecho vs. la cultura como recurso

Como tantas otras instituciones culturales, el CCCB ilustra las complejas relaciones entre cultura y política. Por un lado hay un equipamiento que, cuando fue construido, no solo quería abrirse a las nuevas formas de entender la cultura popular, sino que a su vez se enmarcaba en un proyecto urbanístico para remodelar el Barrio del Raval. La cultura como derecho se topaba con la cultura como recurso. Es decir, la garantía de acceso universal a la producción cultural debía articularse con la construcción de un equipamiento que se usaba como pretexto para culminar fines políticos y económicos en un territorio.

Esto produce infinitas paradojas, puesto que –recalca de nuevo Bani Brusadin– “se hacen grandes esfuerzos en una institución como el CCCB para defender el acceso a la cultura a través de programas educativos, de centros de documentación y de ampliación de los temas tratados”.

Pero, a su vez, como señala Gala Pin, activista e impulsora de Guanyem Barcelona, “la cultura no puede estar enclaustrada en un museo que, además, nace de un proceso urbanístico que supone la expulsión de muchos vecinos de la zona. Hoy en día, el CCCB como institución es una muestra, en relación a su entorno, de la ciudad dual”.

Cristina Riera, gestora cultural que colabora con el CCCB, resume esta situación de manera nítida: “Creo que hemos sufrido años de defensa de la cultura más como recurso que como derecho, más como estrategia de desarrollo económico y territorial que centrado en facilitar espacios de desarrollo humano y social”.

No en vano, Barcelona ha sido todo un laboratorio a la hora de usar la cultura como instrumento para remodelar la ciudad y vender una identidad propia diferenciada en el mercado global. La centralidad de la cultura en las políticas de remodelación de la ciudad ha provocado –contradictoriamente– la degradación de la ciudad como espacio de producción cultural.

Paralelamente, la defensa de la cultura como derecho se ha ido reinventando en otros espacios. Gala Pin, que también ha participado activamente en el movimiento por la cultura libre, comenta que “ha habido una defensa y grandes movilizaciones por la cultura, ahora bien, éstas se han producido en relación a los nuevos modelos que nos permite Internet, y no en relación a la cultura institucional”. También, en equipamientos que fueron conquistados por el cuerpo vecinal y que arraigan su programación al territorio, como el Ateneu Nou Barris, espacio municipal de gestión ciudadana. En estas prácticas se materializan las vías que pueden servir de inspiración para otra manera de pensar y diseñar la gestión pública de la cultura.

La cultura siempre fue política. Pero cuando las políticas culturales empezaron a diseñarse para tener efectos directos en procesos políticos, urbanos y económicos, la cultura se convirtió en una esfera de alto voltaje político. El debate sobre la función pública de la cultura es irrenunciable porque, de hecho, ya está sobre la mesa, sobre el territorio y sobre los dedos de quienes señalan o deciden. El argumento para dejar de pensar que hay una manera neutra o normalizada de gestionar públicamente la cultura es el mismo que dio en su momento el conseller de Cultura Treserras pero, esta vez, formulado bajo la hegemonía cultural de este nuevo ciclo: dejadnos democratizar la cultura.