Frente a la conducta del Ministerio, la propuesta de Podemos consiste en no renovar ninguna concesión hidroeléctrica de explotación privada que caduque en España

Hace algunas semanas conocimos un curioso caso de procrastinación en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta es una central de 40 megavatios situada en el Pirineo aragonés que actualmente está en manos de Endesa; y a causa de la actuación del Ministerio parece que seguirá estándolo, al menos durante un tiempo.

El periodo de concesión de la central finalizó, tras 75 años, en 2007 y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) comenzó un tiempo después el proceso de reversión de dicha concesión. Sin embargo, al Ministerio se le han pasado los 18 meses de plazo reglamentario para resolver el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento hidroeléctrico. Cuál es el motivo de que se haya agotado el plazo para adoptar una resolución (la reversión de la concesión) que contaba con el informe favorable de la Abogacía del Estado, beneficiaría a la ciudadanía y solo perjudicaría a Endesa es una pregunta que únicamente el Ministerio puede responder. Ahora la CHE ha tenido que reiniciar el proceso.

Frente a la conducta del Ministerio, la propuesta de PODEMOS consiste en no renovar ninguna concesión hidroeléctrica de explotación privada que caduque en España.

Las razones que hacen deseable que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por instituciones públicas son variadas. En primer lugar, no hay duda de que es económicamente rentable para el conjunto de los españoles. Las centrales hidroeléctricas fueron construidas en su mayoría hace décadas, cuando la generación de electricidad estaba regulada, y en algunos casos incluyendo inversión pública. En definitiva, sus costes de inversión han sido recuperados de sobra. Así, la liberalización del sistema eléctrico de 1997 instauró un nuevo marco en el que estas centrales se convertían en fabulosas máquinas de hacer dinero para las empresas que las gestionan: la combinación de los bajos costes variables de las hidroeléctricas con el diseño marginalista del mercado eléctrico (que remunera en cada momento a todas las centrales de generación al precio de la más cara) y con los altos precios de la electricidad alcanzados en este producen unos beneficios difícilmente defendibles, conocidos como “beneficios caídos del cielo” (esta misma expresión se aplica para los beneficios de las centrales nucleares, por motivos similares). Podemos hacer un cálculo directo de estos beneficios; al fin y al cabo, la CHE consiguió en 2013 que la central de El Pueyo dejase de depender de Endesa para ser gestionada por la Administración. Se puede comparar, por ejemplo, lo que a la Administración le cuesta ahora generar cada megavatio-hora en El Pueyo con el precio del megavatio-hora en el mercado eléctrico: el resultado de la comparación es que el segundo es nada menos que entre cuatro y cinco veces el primero.

Los beneficios caídos del cielo se logran gracias al uso de un bien público, como es el agua, para fines privados. Pero por si fuera poco, hay constancia de que las grandes eléctricas (que tienen centrales de diversas tecnologías) utilizan el agua embalsada para especular, reservándola con el objetivo de manipular el mercado de modo que el precio por megavatio-hora que cobran todas sus centrales sea más alto. Un informe de noviembre de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionando a Iberdrola con 25 millones de euros por sus prácticas de finales de 2013 lo deja claro.

Y aquí llegamos a la segunda razón por la que creemos aconsejable que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por la Administración. Más allá de consideraciones económicas, en el modelo energético hacia el que nos queremos dirigir el uso del agua para la producción de electricidad no puede estar subordinado al coste de oportunidad en el mercado eléctrico. El papel que la tecnología hidroeléctrica deberá tener en un futuro sistema eléctrico 100 % renovable (y en el proceso que nos lleve hasta él) será extraordinariamente importante desde el punto de vista técnico. La hidroeléctrica de embalse (y todavía más la de bombeo), debido a su capacidad para regular la producción, será fundamental en el apoyo a tecnologías renovables intermitentes como la eólica o la solar fotovoltaica. Parece difícil conciliar esta función primordial con la maximización de los beneficios producidos por el uso del agua embalsada en el mercado eléctrico.

Iván Calvo y Marta Victoria, Secretaría de Economía de PODEMOS

Las objeciones al régimen surgido después del periodo 1975-1982 se resumen en una palabra: continuismo.

El cuestionamiento de la Transición Española ya no es un anatema. Si bien el establishment político, económico y mediático todavía cierra filas ante cualquier crítica del proceso, las grietas en la narración oficial son demasiado profundas, y los aspectos menos brillantes de la Transición han llegado a la superficie del debate público. Las objeciones al régimen surgido después del periodo 1975-1982 se resumen en una palabra: continuismo. Por un lado, la Transición supuso la llegada de la democracia y un giro mediante el cual España volvió a mirar a Europa. Pero por otro, tutelada por miembros del Movimiento, fue una transformación que logró mantener hasta niveles insólitos el statu quo franquista.

Sobre la continuidad en las élites políticas se ha escrito mucho. A casi nadie sorprende que Juan Carlos I jurase fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional, o que los árboles genealógicos de numerosos políticos actuales tengan hondas raíces franquistas. Sin embargo, probablemente estamos menos familiarizados con la idea del continuismo en las élites económicas. Resulta especialmente asombroso el caso de las todopoderosas empresas eléctricas, que llevan décadas haciendo y deshaciendo a su antojo. Por si fuera poco, personajes y linajes familiares del antiguo régimen ocupan sus puestos directivos antes y después de la Transición como si esta jamás hubiese tenido lugar.

La orden de detención internacional sobre Rodolfo Martín Villa emitida por la justicia argentina el pasado 31 de octubre proporciona una buena excusa para refrescar algunos momentos espectaculares, a ratos casi increíbles, de esta historia.

La trayectoria política de Rodolfo Martín Villa es de sobra conocida y ha sido muy bien repasada en los últimos días.El episodio más sangriento de su siniestra biografía tiene lugar precisamente durante la Transición, siendo Ministro de Relaciones Sindicales, unos meses antes de que Adolfo Suárez lo nombrara Ministro de Gobernación: en marzo de 1976, la Policía Armada asesinó a cinco personas en la salvaje represión de una protesta obrera. Es por este crimen que se ha lanzado la orden de detención de Martín Villa.

No parecería disparatado pedir que tras la transición de un régimen dictatorial a uno democrático, un personaje así (como tantos otros) fuese juzgado en el marco de un Estado de Derecho. Muy al contrario, la orden argentina es el primer intento en este sentido. Descartado el juicio en España, al menos podríamos haber esperado que con la llegada de la democracia Martín Villa hubiese tenido que esconderse bajo una piedra. Nada más lejos de la realidad. “Uno no puede cambiar su biografía; yo no lo deseo”, dijo en una ocasión. Entre muchos otros cargos de relumbrón, fue designado por el Gobierno de Aznar comisionado en la investigación del accidente del Prestige y, en 2012, el Gobierno de Rajoy lo nombró consejero de la SAREB (el banco malo). Pero los hitos de su vida empresarial tuvieron lugar en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI. Como resultado de algunos de ellos, hoy es presidente de honor de Endesa.

El primer Gobierno de Aznar decidió llevar a cabo la privatización total de la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, que aún era de mayoría estatal. Corría el año 1997 y Endesa era la “la tercera compañía española por ventas y la primera por beneficios.” ¿Y a quién nombró el Gobierno presidente de la empresa para capitanear el tramo final de la privatización? Efectivamente, a la Porra de la Transición, apodo por el que era coloquialmente conocido Rodolfo Martín Villa. El consejo de Endesa recibió la noticia con alegría, pues Martín Villa era el mejor de los candidatos, un hombre “sensato, veterano y con tablas”. En realidad, Suárez ya le había ofrecido el puesto en su día “para recompensarle por su labor en el Ministerio del Interior”; lo rechazó porque “entonces Endesa era una Endesita”.

En paralelo a la privatización de Endesa tuvo lugar la adquisición de Enersis, la mayor eléctrica chilena, que se saldó con escándalo nacional y querellas. Esto permitió a Martín Villa pasear su sensatez y veteranía por Chile. Se había acusado a los directivos de la eléctrica chilena de otorgar a Endesa condiciones favorables a cambio de cobrar mucho más por acción que el resto de accionistas, que eran fundamentalmente fondos de pensiones chilenos. Uno de esos directivos, apodado el Zar de la Electricidad, era ferviente defensor del dictador Augusto Pinochet y por tanto homólogo de nuestra Porra de la Transición en más de un sentido.

No acabaron aquí sus actividades en relación con Chile y los pinochetistas. En 1998, el juez Garzón procesó al exdictador Pinochet por presuntas violaciones de derechos humanos. En pleno maremágnum diplomático (aunque estos lo negaban, se daba por hecho que los Gobiernos español y chileno estaban maniobrando para impedir la extradición de Pinochet a España), Martín Villa fue una de las personas encargadas de realizar gestiones con las autoridades chilenas. No se sabe si en calidad de empresario con intereses en Chile o de experto en dictaduras.

Pero quizá su actuación más notable al frente de la ya privada Endesa fue la fallida fusión con Iberdrola, preparada en el año 2000 en colaboración con el presidente de esta, Íñigo de Oriol (en efecto, de estos Oriol). Si la privatización de Endesa había dado origen en la práctica a un duopolio privado, tal fusión habría dado lugar a un monopolio que habría controlado el 80% del mercado español. Incluso para un Gobierno del PP (Rodrigo Rato era Ministro de Economía y Luis de Guindos responsable de Competencia), eso fue demasiado. En paralelo al intento de fusión ambos se volcaron en la liberalización del sector eléctrico, cuyas consecuencias vemos hoy, entre otras cosas, en la factura de la luz.

Que fuese precisamente Martín Villa quien, como presidente, diera la puntilla a la gran eléctrica pública, tratara de crear un gigante monopolista privado y animara a la liberalización del sector eléctrico es muy significativo. Que lo hiciera mano a mano con un Oriol, más todavía. Pero a nadie que conociese el panorama pudo sorprenderle todo esto.

La relación de las grandes eléctricas españolas con la dictadura franquista comenzó aún antes del franquismo mismo: un empresario eléctrico, José Luis Oriol y Urigüen, se entrevistó un mes antes de la Guerra Civil con el general Mola, en ese momento líder de los conspiradores, le comunicó “el apoyo del carlismo alavés al alzamiento” y puso a su disposición “un cuarto de millón de pesetas”. Años más tarde, le sería concedido el título de II Marqués de Casa Oriol por “su activa y decidida cooperación”.

Es difícil exagerar el poder que tendrían las eléctricas privadas en las décadas siguientes. El 2 de diciembre de 1944 fue aprobada una Orden ministerial cuyo primer artículo decía simplemente:

“Se aprueba el plan de conjugación de sistemas regionales de producción de energía eléctrica propuesto por Don José Mª de Oriol y Urquijo, Presidente de UNESA, a quien se encomienda su ejecución”.

Unesa, una asociación de las eléctricas privadas, se había fundado meses antes; su presidente, también presidente de Hidrola, era hijo del Oriol que había financiado el golpe de Estado. Este control casi absoluto de las eléctricas privadas sobre el sector duraría décadas. Muestra de ello es una carta, fechada en los últimos años de dictadura, de la que dio cuenta años después El País. En ella, el mismo Oriol se dirigía al entonces vicepresidente del Gobierno de la dictadura, Luis Carrero Blanco (tuteándolo y comenzando la misiva por “Querido Luis”), para sugerirle determinadas acciones relacionadas con la política de instalación de centrales térmicas.

Cabría esperar que la situación cambiase durante y después de la Transición. Como muestra de que no ocurrió tal cosa, tenemos una deliciosa anécdota de la que dio cuenta Miguel Ángel Fernández Ordóñez en una columna de El País:

“En tiempos de UCD, durante una reunión del Gabinete en la que se discutía el Plan Energético, un ministro advirtió que el documento que iba a aprobar el Gobierno llevaba el membrete de UNESA. Sucedió que, con las prisas, el entonces director general de la Energía ¡había olvidado borrarlo!”

A pesar de eso, los empresarios eléctricos negaban efusivamente constituir un grupo de presión político “en ese momento” y se veían obligados a manifestar explícitamente que no se oponían a la democracia. Esta aclaración era la respuesta a un periodista que, con un atrevimiento difícil de ver hoy en día, le preguntaba.

De siempre el sector eléctrico ha sido identificado con los grupos económicos más recalcitrantes y con mayor poder político en la España de las últimas décadas [...] ¿Continúan ustedes nombrando ministros?

El periodista también inquiría acerca de “con qué medios se opondría el sector” a políticas adversas. Esta última pregunta quizá no era tan extemporánea como los empresarios eléctricos hacían ver: tres años después se publicó que militares golpistas, que planeaban una “maniobra involucionista” la víspera de las elecciones generales de 1982, se habían reunido varias veces con José María de Oriol, que todavía presidía Hidrola.

Décadas después, lejos ya del ruido de sables de la Transición, las eléctricas siguieron siendo parte activa de la configuración del sector eléctrico en su beneficio. Así lo dice la web de Iberdrola (sucesora de Hidrola tras su fusión con Iberduero): su presidente Íñigo de Oriol, hijo de José María, también fue presidente de Unesa y “protagonista destacado de procesos tan relevantes para el sector como el intercambio de activos entre empresas (1993) y la promulgación de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (1994) y la Ley del Sector Eléctrico (1997), que inicia el proceso de liberalización y apertura de los mercados energéticos.”

Y así llegamos a la actualidad. Una actualidad en la que algunas cosas son diferentes a como eran en 1975, pero muchas se parecen bastante. Una actualidad en que Unesa pide y el Gobierno concede. Una actualidad en la que los acomodados protagonistas de esta historia y sus herederos biológicos y políticos abarrotan los consejos de administración de un oligopolio opaco que abandona a millones de personas en la pobreza energética. “Transición, ¿qué Transición?”, se preguntarán estas buenas gentes. Y es que, ciertamente, de todos ellos solo Martín Villa ha visto mínimamente perturbada su expectativa de impunidad con las noticias llegadas de Argentina. Los demás siguen ahí, igual que en 1975, indiferentes ante el régimen en que les toque vivir. Al menos, por ahora.