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La extradición de Martín Villa o el juicio a la Transición

La orden de detención emitida por una jueza argentina contra veinte antiguos cargos, autoridades judiciales y funcionarios franquistas sitúa a la sociedad española ante la cruda realidad de su pasado más reciente: la impunidad de los crímenes de la dictadura.

En un país con una mínima cultura democrática, el historial de Rodolfo Martín Villa le hubiera inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

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La orden de detención internacional emitida por la jueza argentina María Servini de Cubría contra veinte antiguos ministros, jueces, policías y militares franquistas por crímenes de lesa humanidad supone un paso decisivo en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Es un elemento más en el marco de la "querella argentina", que esta jueza viene investigando en su país desde 2010 sobre la base del principio de jurisdicción universal, ante la falta de voluntad por parte del Estado español de realizar la investigación en sede judicial española.

Esta vez, la orden de detención preventiva a efectos de extradición alcanza al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa. Resulta muy significativo que la justicia se haya detenido en su figura, un "hombre fuerte" de los últimos años del franquismo y la Transición, a quien se le acusa de dirigir la brutal represión de los sucesos de Vitoria que causaron la muerte violenta de cinco trabajadores en marzo de 1976. No en vano Martín Villa es una pieza clave en esa violencia política institucional -amparada y dirigida desde las más altas instancias del Estado- que se desarrolló durante los años de la Transición con el objetivo de amedrentar a la ciudadanía y sus demandas democráticas. Sus conexiones con policías torturadores son más que notorias. Da buena prueba de ello el BOE de la época: el 1 de julio de 1977 se publica la concesión de la medalla de plata al mérito policial a Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. ¿Quién firma la orden de concesión? Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación.

Martín Villa es el paradigma de la Transición. Es una persona que, como tantos dirigentes de la época, se acostó falangista el día que se murió Franco y a la mañana siguiente se despertó demócrata de toda la vida.

Durante la dictadura ocupó -entre otros- los cargos de jefe nacional del SEU (1962-1964), director general de Industrias Textiles (1966), secretario general de la Organización Sindical (1969), gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona (1974), además de procurador en las Cortes franquistas durante cuatro mandatos.

Este largo currículum no le invalidó para pasar a desempeñar responsabilidades políticas una vez muerto el dictador. Más bien todo lo contrario. Fue ministro de Relaciones Sindicales en 1975-76 en el primer gobierno de la monarquía, el presidido por Carlos Arias Navarro; para ser después ministro de Gobernación desde 1976 a 1979 y de Administración Territorial en 1980-81 con Adolfo Suárez; y vicepresidente primero del Gobierno en 1981-82 con Leopoldo Calvo-Sotelo. De 1979 a 1983 fue diputado en las Cortes Generales por la UCD. Años mas tarde, encuadrado ya en las filas del PP, obtuvo de nuevo el acta de diputado desde 1988 a 1997.

Fue también uno de los políticos precursores en utilizar la hoy famosa "puerta giratoria". En 1997 accedió a la presidencia de Endesa, empresa entonces todavía parcialmente pública y en cuya total privatización contribuyó de manera impagable. Después, en 2003 fue nombrado comisionado del Gobierno para el tema del Prestige y en 2004 accedió al cargo de presidente de Sogecable (grupo empresarial históricamente cercano al PSOE), cargo que mantuvo hasta 2010. Después, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, le nombró consejero de la Sareb (el "banco malo"), cargo que actualmente ostenta.

En resumen, Martín Villa ha tenido cargos relacionados con la dictadura y ha gozado de los favores de los tres partidos que han gobernado desde entonces: UCD, PSOE y PP. Así, desde las coordenadas del régimen de 1978 bien podría definírsele como un hombre de Estado. Siempre al servicio de su país, gobierne quien gobierne. Ello ha hecho que sea ensalzado por doquier. Medallas, homenajes en universidades e instituciones públicas o calles que llevan su nombre. Todo es poco para uno de los que "generosa y desinteresadamente" hicieron posible la llegada de la democracia a España.

De ahí que la orden de detención y extradición vaya a caer en saco roto. No conviene hacerse ilusiones ni concebir falsas esperanzas. Con ella sucederá lo mismo que con la orden similar que emitió esta misma jueza hace meses contra dos policías torturadores: Billy el Niño (el condecorado por Martín Villa) y Jesús Muñecas. El Gobierno la remitirá a la Audiencia Nacional y ésta la rechazará al entender que los delitos han prescrito o que están bajo el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Estos argumentos no son nuevos. Desde hace tiempo el poder judicial español viene ignorando sistemática e impunemente las voces de juristas y organismos de derechos humanos que le insisten en que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que la amnistía no puede ser aplicada a estos crímenes ni entendida como un salvoconducto ante cualquier investigación y que las obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación siguen sin ser satisfechas por el Estado español.

Pero no todo son malas perspectivas. La orden de detención contra Martín Villa es el espejo que la justicia argentina ha puesto al régimen del 1978. Le enfrenta con sus orígenes y fundamentos, es decir, con sus miserias. De ahí que poco o nada quepa esperar con relación a este tema desde las normas jurídicas, las instituciones públicas y los partidos políticos que conforman este régimen. Ni del PP ni del PSOE -ni tampoco de UPyD, por cierto, que también en este punto parece seguir la estela de los anteriores.

En el fondo, la decisión de no investigar los crímenes franquistas es una cuestión política y no jurídica. Juzgar a Martín Villa en nuestro país o extraditarle a Argentina supondría socavar las bases legitimadoras del actual sistema político español: la amnistía y el "pacto de silencio" de la Transición. Por lo tanto, solo saliéndonos de este marco constitucional será posible reparar integralmente a las víctimas del franquismo y terminar con la impunidad y la herencia de la dictadura.

Mientras conseguimos poner en marcha este proceso constituyente, sí hay algo que podemos hacer: impedir que tanto Martín Villa como las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad campen tranquilamente a sus anchas por los foros y espacios públicos. Porque otra cosa que aprendimos de Argentina es que si no hay justicia, habrá escrache.

PD.- Ruego al lector un poco de comprensión por si, entre la extensa lista de cargos de Martín Villa, he omitido alguno relevante.

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