El Algarrobico, la mole paralizada que nadie puede tirar 20 años y 40 sentencias después: “Es un fracaso de la Justicia”

El 21 de febrero de 2006, el juez Jesús Rivera firmó la primera resolución de las muchas que se han dictado sobre el hotel inconcluso de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). “Suspendo las obras que se ejecutan para la construcción del hotel Azata del Sol en la playa denominada El Algarrobico de Carboneras”. Dos días después, a las cinco de la tarde del 23 de febrero, agentes de la Guardia Civil ordenaron a los obreros que pararan las hormigoneras.

Ni un ladrillo más se ha puesto desde entonces, pero tampoco se ha retirado ninguno. Poco podía imaginar el juez cuando estampó su firma al pie de aquel auto de medidas cautelares, por definición perecederas, que su resolución sería la más relevante y la única efectiva que cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo haya adoptado en relación a la inmensa mole de ladrillo, que sigue varada en la playa veinte años después. “Y gracias a que envió a la Guardia Civil. Si no, hubieran seguido con la obra”, observa José Ignacio Domínguez, el abogado que interpuso la solicitud de medidas cautelares, mandatado por la asociación Salvemos Mojácar.

Los ecologistas suelen tirar de un dato: hay 40 resoluciones judiciales que concluyen de forma consistente que el hotel no puede estar en ese lugar, porque se levanta sobre zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. Hasta 14 sentencias ha dictado el Alto Tribunal, todas en la misma dirección.

Los tribunales no han hecho más que recordar lo que siempre estuvo en las leyes, pero han sido incapaces de trasladarlo a la realidad material, tal y como ordena la Constitución: “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

“Son terrenos protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata desde 1994, que es cuando tenían que haber modificado la norma urbanística de Carboneras”, lamenta Domínguez, que echa cuentas: “Llevamos 32 años de retraso para cumplir la normativa. Es un fracaso de las tres administraciones y también de la Justicia”.

Hace una semana el TSJA dio al fin por cumplida la obligación del Ayuntamiento de recoger en su PGOU que son no urbanizables. Pero sigue quedando lo más difícil: mover de allí la mole y reponerlos a su estado anterior a 2003.

Un sistema exageradamente “garantista”

La realidad a pie de playa sigue congelada en el 23 de febrero de 2006, apenas barnizada por la capa de pintura negra que un puñado de ecologistas le imprimió en 2014. Fueron juzgados y absueltos por ello. Con otro color, el hotel de 411 habitaciones y 21 alturas sigue desafiando al mar a 14 metros de donde rompen las olas mientras las grúas se bambolean de lado a lado los días de viento.

El Algarrobico es relevante en el catálogo español de aberraciones no por su cuestionable oportunidad estética, sino porque apunta al corazón de un sistema incapaz de garantizar que las leyes y sentencias se cumplen. “Creo que eso lo va a derribar el salitre”, vaticinó el juez Rivera a El País hace un año, en la única entrevista que ha concedido.

Es una declaración frustrante, sobre todo viniendo de un juez. Rivera (que ha declinado participar en este reportaje) habla de una “pléyade de recursos” y un problema “técnico-jurídico”: hay una licencia en vigor. “Es un sistema muy garantista para algunas cosas, que aquí es exagerado”, opina Domínguez, que lleva dos décadas luchando contra el caracoleo del Ayuntamiento y la promotora.

El Tribunal Supremo ha tenido varias ocasiones para acordar la demolición por sí mismo, pero evitó hacerlo. En lugar de eso, los magistrados entregaron la iniciativa al Ayuntamiento, que siguió arrastrando los pies. “Me consta que hubo discrepancias en la Sala”, desvela el abogado.

Un hotel que invade “totalmente” la playa

En realidad, todo está claro desde la primera resolución. El auto de 21 de febrero de 2006 recogía por qué había que parar la obra: estaba claro que la licencia para levantar un hotel invadiendo “totalmente” los 100 metros desde la orilla que marca la Ley de Costas desde 1988 debía ser ilegal.

Desde entonces, todo han sido variaciones sobre las conclusiones provisionales del juez Rivera, con una excepción: dos sentencias que en 2014 dieron un vuelco a la situación, contra el criterio de todas las resoluciones judiciales anteriores y posteriores. Las dictó una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA presidida por Rafael Toledano, que aplicó unas novedosas normas de reparto, sustituyó a la ponente más allá del tiempo de baja de esta y celebró juicio sin los ecologistas por un error formal. Lo denunciaron en vía penal, pidieron la nulidad y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vano.

El desaguisado lo corrigió años después el Tribunal Supremo, que las anuló, y luego el propio TSJA, que concluyó que los terrenos debían declararse no urbanizables en el PGOU de Carboneras en 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) y que la licencia debía revisarse en 2018 (confirmada en 2021). Aún quedará reactivar el pleito para que se ordene la demolición, suspendido hasta que se anule la licencia.  

Entre tanto, se habían dictado otro puñado de resoluciones que habían ido tumbando los intentos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por sostener el hotel, Toledano había tomado posesión de una plaza como magistrado del Tribunal Supremo y otro de los jueces que dictó las sentencias controvertidas había fichado por el Ayuntamiento de Carboneras para ayudar a sostener el edificio.

La promesa de empleo

“La gente está aburrida de todo el proceso y ya no atiende a las noticias sobre El Algarrobico”, comenta Javier Nespral, miembro de diversas plataformas vecinales del municipio.

Aunque desde el pueblo no se ve, el hotel lo levantó Azata a la vista de todos y con la colaboración casi entusiasta de las administraciones, todas, incluida la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, que llegó a presentar un plano que alteraba la clasificación de los terrenos: de C1 a D2, urbanizable. “A las bravas, sin expediente alguno”, recuerda el abogado, que alertó de la manipulación de la planimetría ya en su primera demanda. Aquello, recuerda, era un festival de irregularidades: se superaba la edificabilidad, no se había pagado la licencia…

“Yo estaba recorriendo la costa de Almería porque se planificaban muchos desarrollos monstruosos, y me encontré con esto”, rememora Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, quien dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, quien puso la demanda que llegó a Rivera. La acción decidida de estas tres personas paralizó el engendro. Luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Pocos más, recuerda Del Val: “Antes se había intentado la vía penal, pero no había prosperado”. Años después, el juez dedujo testimonio a Fiscalía porque veía que en aquella historia había indicios de delito, pero el fiscal metió sus sospechas en un cajón.

Durante años, la promotora y las administraciones (el Ayuntamiento siempre, la Junta de Andalucía hasta 2015) han hecho lo posible para evitar la demolición. Mientras a los carboneros les prometían que aquello sería la panacea, el pueblo apenas quedaba para fondo de pantalla. “Creo que, si preguntáramos uno a uno, la mayoría de carboneras querría que no se tirara y se hiciera algún tipo de uso, como hotel o residencia, argumentando que daría vida y trabajo, sin pensar lo que supone esa estructura y su mantenimiento”, señala Nespral.

El propio Ayuntamiento está instalado en esa hipótesis. “Frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional”, ha señalado el alcalde en un comunicado esta misma semana. “Se ha manipulado a la opinión pública: esto no atrae empleo para la gente local: suele ser barato y para gente de fuera, basado en la destrucción para el futuro”, replica Del Val.

Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es el gran sostén de la economía local. Pero algo ha cambiado: ahora el parque natural ya no se ve como un freno, sino que ha pasado a ser el gran atractivo turístico del que depende la economía de Carboneras. “Ya no se piensa que no se pueda edificar de una determinada forma, sino que da unos ingresos directos por dejar las cosas como están”, cuenta Nespral.

“Un caso excepcional de rebeldía procesal” de un Ayuntamiento

Ya pocos dudan de la voluntad dilatoria del Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), Felipe Cayuela (PP) y ahora Salvador Hernández (Ciudadanos). También la Junta de Andalucía se ha cansado de que siempre ocurra algo que evita que cumpla las sentencias: se equivoca, el secretario está de baja, se retrasa, entiende mal lo que debe hacer…

A todo eso se ha agarrado el Consistorio para explicar que haya tardado ocho años en cumplir una sentencia y cinco (más lo que queden) para otra. “No hay caso igual en España de Ayuntamiento con esta caradura. Es un caso excepcional de rebeldía procesal”, protesta Domínguez. El TSJA ha advertido repetidamente a todos los alcaldes con multarlos y denunciarlos, pero nunca lo ha hecho.

Ahora, para revisar la licencia hay que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero Carboneras ha enviado el expediente tarde (cinco meses después de iniciarlo) y mal (incompleto). El Consultivo se lo ha devuelto, pero ya con el plazo de caducidad superado, así que los ecologistas temen que haya que empezar de nuevo. Domínguez va a plantear que sea el TSJA el que revise. “Nos ahorraríamos cinco años”.

Este jueves, Greenpeace entregó a Hernández una tarta con forma de hotel para pedirle que se deje de “argucias”. Y el alcalde, que hace un año sugirió que el hotel se reconvirtiera, replicó con un comunicado en el que dice que debe defender “el interés general del pueblo”, aventando el temor a una eventual indemnización a Azata que dejaría tiritando las cuentas municipales.

Dóminguez cree que la expropiación que ahora impulsa el Gobierno podría acortar el camino. La falta de acuerdo con el justiprecio (Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.000 euros) aboca a otro pleito, pero este podría ser más corto porque no dependería del Ayuntamiento, “que es el principal obstáculo”, vaticina el letrado.

“No imaginaba que íbamos a tardar tanto”, concluye Domínguez. “Quizá lo tire el colapso climático”, observa Del Val, viendo la catástrofe más cerca que el cumplimiento de unas cuantas sentencias judiciales.