Necesitamos un gobierno de izquierdas

El pasado sábado se celebró en el cementerio de Guadalajara un acto de reparación. Un homenaje a los desaparecidos por la represión franquista, a esas mujeres y hombres que fueron víctimas de la dictadura y cuyas familias han sufrido, además, el olvido más absoluto por parte de la democracia española. La cacareada y defendida Transición las dejó literalmente en la cuneta e impidió, parafraseando a Walter Benjamin, que su historia pasase a las páginas de los libros de historia.

El homenaje se encarnó en la persona y familia de Timoteo Mendieta -sindicalista fusilado en 1939 por defender la libertad-, cuyos restos se encontraban, junto con los de otras 21 personas, en una de esas indignantes fosas comunes que hay al final del cementerio de Guadalajara. Se cree que en todas esas fosas se encuentran los restos de más de 200 personas a la espera de ser exhumadas e identificadas. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer.

El sábado fue un día de alegría. Fuimos muchas las personas que nos congregamos en el cementerio para recordar la memoria de las personas desaparecidas, reivindicar bien alto su nombre y hacer justicia con ellos y sus familias. Además, queríamos celebrar que, gracias al enorme trabajo de las buenas gentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fueron exhumados los restos de estas 22 personas.

Estaban allí presentes víctimas, familiares, amigos, militantes de diversas asociaciones, sindicatos y partidos políticos, vecinos de Guadalajara y de los pueblos cercanos. Todos queríamos participar en este acto de reparación debida a quienes son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y estaban también presentes nuestras hijas e hijos, quienes asistieron con emoción a la lección de dignidad que nos dio Ascensión Mendieta -la hija de Timoteo-, el resto de su familia y los familiares de otras de las víctimas cuyos restos aparecieron en esa fosa. Solo su lucha y tesón han hecho posible este final.

Pero el acto de reparación contó con una notable ausencia: la representación institucional del Estado español. Ninguna autoridad ni poder público se dignó a pasarse por el cementerio, participar de manera oficial en el acto y mostrar el respeto que víctimas y familias merecen. Téngase en cuenta que el Derecho internacional impone como obligación de los Estados llevar a cabo la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acaecidas en el pasado, como es el caso. Esa reparación incluye, entre otras actuaciones a desarrollar, la celebración de actos oficiales de homenaje y reconocimiento a las víctimas y a sus familias como el que se hizo por iniciativa privada el sábado. En esto, como en tantas otras medidas de justicia transicional (verdad, justicia y reparación), el Estado español muestra su más absoluto desprecio a las víctimas del franquismo. No hace lo mismo con otras víctimas, como por ejemplo las del terrorismo, a las que sí reconoce y repara de la forma debida. Esta discriminación entre víctimas es, además de contraria a la cultura de los derechos humanos, una forma de re-victimización de las olvidadas, las del franquismo.

Todo lo que ha rodeado a esta exhumación de Guadalajara es un buen ejemplo de lo que deben soportar las víctimas de la dictadura. Para empezar, adviértase que la exhumación no se ha producido por iniciativa de la fiscalía ni de las autoridades judiciales españolas. Más bien al contrario. Ha sido gracias a un exhorto emitido por una jueza argentina (no española) en el marco de un proceso iniciado en aquel país sobre la base del principio de justicia universal como ha podido finalmente llevarse a cabo. Sin ese impulso proveniente de una jurisdicción extranjera las familias no tendrían hoy los restos de sus seres queridos.

A ello ha de sumarse que toda la labor jurídica de representación y defensa de estas familias se ha dirigido por abogados argentinos (no españoles). Además, los trabajos de exhumación de los cadáveres, llevados a cabo por la ARMH y prolongados durante quince días, han sido sufragados por un sindicato noruego (no español), haciendo gala por su parte (no por la nuestra) de la mejor tradición internacionalista de la clase obrera. Pero las labores no terminan aquí. Quedan las tareas de identificación de los restos mediante pruebas de ADN. Estas pruebas -muy caras- no van a ser realizadas por las autoridades competentes en nuestro país, sino por forenses argentinos (no españoles), quienes voluntariamente y sin cobrar a las familias se harán cargo de la identificación de los restos. Y por si todo lo anterior fuera poco, queda el Ayuntamiento de Guadalajara gobernado por el Partido Popular. Su alcalde, Antonio Román Jasanada, tras verse obligado a autorizar la exhumación, no desaprovecha la ocasión de hacer caja: aplica la tasa municipal correspondiente y cobra 70 euros por cada cadáver que se exhume y traslade fuera del cementerio, al lugar deseado por los familiares.

En resumen, el Estado español no solo no hace nada por exhumar, identificar y entregar a las familias los restos de las personas desaparecidas y asesinadas por sus agentes y autoridades en el pasado, sino que además pretende obtener un beneficio económico de estas actividades. Con este panorama no es de extrañar que ninguna autoridad estuviera presente de modo oficial el sábado en el cementerio para asumir el daño causado, pedir perdón a las víctimas y rendir homenaje a quienes con su vida defendieron la primera democracia que tuvimos en nuestro país. Por eso, aunque solo sea por eso, necesitamos un gobierno de izquierdas.