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Gonzalo Boye Tuset

Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia. Miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

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Prefiero una filtración a un Moix

La nueva propuesta del fiscal Manuel Moix no solo resulta sorprendente sino, además, inoportuna e impropia de quien tiene, como función constitucional, la defensa de la legalidad. Pretender que se sancione "al medio de comunicación que filtra" como forma de reducir las filtraciones es, a todas luces, un disparate.

Los medios de comunicación no filtran informaciones, las publican y, si realmente le preocupan las filtraciones, entonces debería dirigir su mirada hacia otro lado. Los medios sólo publican aquello que, con relevancia informativa, llega a sus manos.

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Teoría de conjuntos y corrupción

Los casos de corrupción que se van destapando, sin prisa pero sin pausa, nos van abriendo los ojos sobre lo que ha sido un práctica habitual por parte de destacadas personas del Partido Popular que buscaban el lucro personal y, de pasada, la ilegal financiación de su formación política; sin embargo, y si bien es absolutamente necesario que se destapen estos casos, detecto –y así lo vengo diciendo desde hace ya tiempo– que la multiplicidad de los mismos genera dos perniciosos efectos: por un lado, van anestesiando al ciudadano respecto a la gravedad del problema y, de otro, esa misma multiplicidad de operaciones policiales y casos judiciales hacen que ante tanto árbol no podamos ver el bosque.

Gürtel, Papeles de Bárcenas, Fitur, Púnica, Lezo, Trajano y tantos nombres más son fruto del esfuerzo e independencia de unos investigadores policiales y de la Guardia Civil dignos de alabar; el problema es que la investigación y posterior enjuiciamiento, por separado, de todas esas operaciones impide establecer la perfecta inter-relación existente entre unos y otros que, al final, no son más que elementos de un mismo conjunto.

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Señor Rajoy, ¿jura decir la verdad?

Una vez que el Tribunal de la Gürtel ha acordado tomarle declaración, por ahora, como testigo a Mariano Rajoy las dudas procesales que surgen no son pocas y especialmente en materia de formas. Si bien reconozco que resulta interesante saber cómo será su declaración, lo auténticamente relevante es que tendrá que declarar con la obligación de decir verdad que es un concepto complejo para alguien que lleva años instalado en la postverdad.

En cualquier caso, estas dudas procesales nos surgen a todos y yo mismo las tuve nada más conocerse la decisión de citar a declarar al actual presidente del Gobierno, por lo que parece oportuno precisar algunos temas que afectarán a su declaración tanto en las formas como en el fondo.

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Carrero Blanco y el franquismo sociológico

Las cada vez más abundantes condenas por delitos de enaltecimiento y/o menosprecio a las víctimas del terrorismo, junto con ser auténticas aberraciones jurídicas, lo que realmente reflejan es una serie de problemas de mucho mayor calado que, sin duda, no se solucionarán por la vía del desahogo en redes sociales ni a través de diversos y bienintencionados artículos de opinión (el mío incluido); lo que se necesita es, primero, identificar los problemas y, después, buscar soluciones claras y consistentes que impidan que esta forma de actuar se transforme en la antesala de un sistema represivo irreversible.

Partiré por los problemas, tratando de resumirlos en aquellos que parecen más evidentes.

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Gürtel y la Ley de Enjuiciamiento Civil

Después de la primera de las sentencias recaídas en relación a la denominada "trama Gürtel" el próximo hito procesal, no menor, será el que tendrá lugar este lunes cuando comparezcan a declarar los, por ahora, presuntos partícipes a título lucrativo: Ana Mato y el Partido Popular. El morbo está servido y, especialmente, respecto a la declaración de la ex ministra; sin embargo, donde realmente hay que poner atención es en la declaración del representante legal del PP porque no es una declaración más, sino una que puede cambiar el curso del proceso y de las demás piezas separadas que están aún pendientes de enjuiciar.

Para comprender la relevancia de la declaración del representante legal del PP es necesario tener presente algunos puntos que resultarán esenciales tanto para valorar esa declaración como para el resultado final del juicio.

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El decreto acordado por el PP, PSOE y Ciudadanos sobre las cláusulas suelo es otra ayuda a la banca

El pasado viernes 20 de enero el Gobierno aprobó, con la colaboración de PSOE y Ciudadanos, un real decreto para crear un procedimiento extrajudicial que permita agilizar la devolución del dinero que muchos bancos cobraron de más a los hipotecados afectados por las cláusulas suelo abusivas. Aunque el objetivo declarado es facilitar y acelerar la devolución de este dinero y reducir carga de trabajo a los tribunales, lo cierto es que esta medida beneficia claramente a los bancos al, de una parte, exonerarlos de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, de otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.

Como es sabido, el pasado 27 de diciembre el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado indebidamente como aplicación de cláusulas suelo ilegales y abusivas. Unas cláusulas que permitían a los bancos cobrar más intereses de lo que les correspondería en un entorno de tipos de interés reducidos, sin que los hipotecados hubiesen sido convenientemente informados de ello. En definitiva, uno de los mayores fraudes a los consumidores que se ha realizado en nuestro país.

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El terrorismo no es un significante vacío

La agresión sufrida por Lagarder Danciu es un hecho grave y que, al mismo tiempo, pone en evidencia algo que venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo: la Justicia no es igual para todos y mucho menos cuando se llega al ámbito de la Audiencia Nacional, que tiene criterios muy estrictos a la hora de acusar a unos y absolutamente laxos en casos como este.

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Se rompió la disciplina de banquillo

Correa ha aprovechado la última posibilidad que el ordenamiento jurídico le ofrece para intentar beneficiarse de una rebaja de la pena a imponer y, también, de colaborar con la Justicia confesando los hechos en los que él ha participado. Desde una perspectiva estrictamente jurídica la relevancia del paso dado por Correa ha de ser valorada positivamente y, ello, por diversas razones.

Para poder analizar la importancia de la confesión de Correa hay que partir por definir determinados conceptos y, especialmente el de “prueba”. La “prueba”, elemento esencial para conseguir la condena o absolución de un acusado, solo es aquella actividad que se practica en el acto del juicio oral, sin perjuicio de las “pruebas preconstituidas” que pueden y deben practicarse previamente.

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El momento es ahora, no hay otro

No es nueva mi posición respecto a  una de las formas de luchar contra la corrupción y que comúnmente se ha bautizado como " tirar de la manta"; lo que sucede es que, al respecto, existe mucha confusión en cuanto a su significado, alcance, requisitos y consecuencias. No es lo mismo " tirar de la manta" en términos periodísticos que hacerlo en el plano judicial y eso hay que tenerlo presente en estos días en que tanto se está hablando de ello a raíz del comienzo del primer juicio de la denominada Operación Gürtel.

Para algunos, " tirar de la manta" consistirá en reconocer los hechos, para otros, salpicar con insidias al resto de acusados o a destacados políticos; para el mundo del Derecho no existe ese término porque usamos otros como "conformidad", "confesión", "colaboración", etc. y, cada uno, tiene un significado y unas consecuencias distintas todas ellas previstas en el ordenamiento jurídico.

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¿Nos quieren muertos?

El pasado 28 de septiembre supimos del fallecimiento en acto de servicio del abogado Oscar Melchor Rodríguez Valverde, murió de un infarto mientras prestaba servicio en la guardia de detenidos de los Juzgados de Plaza de Castilla; la muerte del compañero ya vino precedida de la del Juez Ángel Luis del Olmo en 2013. Los denominadores comunes entre ambos casos son: el inadecuado equipamiento con que cuentan dichos Juzgados, la excesiva carga de trabajo que resistimos los profesionales de la Justicia y la resignación con la que asumimos estas circunstancias y sus consecuencias.

España está en el vagón de cola respecto al número de jueces y fiscales por habitante en Europa lo que hace que esos profesionales de la Justicia estén sometidos a unas condiciones laborales inasumibles si lo que se pretende es tener una Justicia de calidad y unos juristas sanos. La salud laboral de quienes nos dedicamos al ámbito de la Justicia está absolutamente deteriorada, maltratada y olvidad, también la de los abogados. Los culpables somos dos: de una parte, el gobierno por no dotar de las medidas, medios humanos y materiales para que esto no suceda y, de otra, los propios profesionales que consentimos que se nos someta a tal carga de trabajo que pone en riesgo la calidad del servicio y la saludo de quienes lo prestamos.

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