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Gonzalo Boye Tuset

Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia. Miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

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Bruselas: cita con la justicia

Trasladarse a Bruselas y afrontar allí un proceso no ha sido una decisión sencilla para los miembros del Gobierno catalán que este viernes enfrentarán la primera de las vistas que podrían darse en este procedimiento; sin embargo, el auténtico protagonista de la cita judicial no será otro que el juez encargado del caso que tendrá sobre sus hombros uno de los mayores desafíos profesionales que cualquier jurista pueda imaginar: resolverá no tanto sobre una entrega extradicional como sobre el concepto que en Europa debemos tener de la democracia y de los derechos fundamentales, también tendrá que pronunciarse sobre si los hechos descritos en la reclamación son constitutivos de diversos delitos conforme al ordenamiento Belga y, más aún, si en el caso de entregar a los políticos catalanes tendrían garantizada la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho de defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, etc.

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Balfour: Los "negros" son los palestinos

Al cumplirse cien años de la infame "Declaración Balfour" corresponde  analizarla y, de paso, establecer las consecuencias de la misma así como las responsabilidades que de ella deberían desprenderse, porque pocos actos políticos han conllevado tanto daño y sufrimiento marcando no sólo el pasado sino, también, el presente y parte del futuro del pueblo palestino... pero también del israelí aún cuando su Gobierno no quiera admitirlo.

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Madrid puede ser Ankara

La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno ha abierto no solo una crisis política sin precedentes sino, también, un debate jurídico que, estoy convencido, tendrán que resolver instancias judiciales supranacionales. Aplicar un artículo como el 155 de la CE, y hacerlo en la forma en que lo ha hecho el ejecutivo de Rajoy, necesariamente conlleva una disfuncionalidad jurídica que tiene escaso o nulo encaje constitucional. Me explicaré.

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Resetear el sistema

Mientras hablamos de la posible independencia o secesión de Catalunya no queremos ver que el problema excede con creces ese ámbito territorial; lo que está sucediendo allí no es más que un síntoma de algo mucho mayor que si no somos capaces de identificarlo, analizarlo, asumirlo y buscar soluciones nos llevará hacia un escenario que, estoy seguro, la mayoría de quienes habitamos en la península ibérica no estamos dispuestos a enfrentar. No depende de nuestros gobernantes solucionar este problema, de hecho están demostrando no estar a la altura de las circunstancias, sino de todos como sociedad el responsabilizarnos de que el destino nos pertenece y que somos los ciudadanos quienes tendremos que decidir qué precio estamos dispuestos a pagar bien por resolver y superar el problema, bien por encapsularlo o bien por ignorarlo bajo un manto de represión.

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Causa general o investigación prospectiva

Lo que está haciendo el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, como poco, resulta sorprendente cuando no preocupante. Me explicaré y a salvo siempre de tratarse de una causa que se encuentra secreta.

Si la información es correcta, ese Juzgado inició una investigación en contra del exsenador y exjuez Santiago Vidal en función de una denuncia interpuesta por VOX y el abogado Miguel Durán. Los hechos, entonces, serían una revelación de secreto y el investigado no es aforado por lo que nada impediría que fuese ese el Juzgado competente.

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La guerra de los Rose

Situaciones como la que se está viviendo en Catalunya son difíciles de imaginar y, sin embargo, están pasando y habrá que buscar una solución que no pasa ni, de un lado, por saltarse las normas ni, de otro, por criminalizar las legítimas aspiraciones de quienes visualizan Catalunya como una entidad política separada de España. Un planteamiento de estas características no gustará a muchos pero sería bueno analizar la situación desde una perspectiva menos apasionada y más racional si lo que de verdad se pretende es evitar un choque entre dos trenes igual de nacionalistas.

Aprobar normas encaminadas a hacer viable una secesión por vía exprés, y sin respetar las normas procedimentales, es, sin duda, un mal comienzo. Las normas de procedimiento son la única garantía existente para que cualquier asunto, el que sea, discurra por un cauce en el cual los derechos de todos se encuentren mínimamente garantizados y, también, para que todos tengan claras las reglas del juego. Lo sucedido este miércoles en el Parlament ni fue un buen comienzo ni augura un mejor futuro.

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Teoría de la conspiración bis

La reacción de algunos medios ante los atentados de Barcelona no deja de ser sorprendente pero, y más grave aún, parece una repetición de un "modelo comunicacional" utilizado después de los atentados del 11M en Madrid. La estrategia es bastante sencilla: en lugar de abordar el auténtico problema y atribuir la responsabilidad de esos crímenes a quienes los cometieron, se utilizan los atentados para atacar a determinadas personas con la finalidad de, luego, obtener un rédito político.

La denominada "teoría de la conspiración" que se instaló en una serie de medios de comunicación a partir del 11 de marzo de 2004 no sirvió para esclarecer ni uno de los hechos relacionados con esos atentados, pero sí para que una serie de personas viesen cuestionada su profesionalidad con un daño reputacional irreparable provocando, incluso, hasta el suicidio de la esposa de un comisario de Policía.

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Charlottesville Primera Enmienda

Las reacciones surgidas a raíz de los graves y alarmantes sucesos acaecidos este fin de semana en Charlottesville (Virginia) han sido bastante unánimes y, la mayoría de ellas, en la línea correcta de oposición al nazismo, al racismo y a esos supremacistas que creen representarnos a todos los blancos; la más lenta y menos consistente de las reacciones ha sido la del propio Trump y es comprensible que se haya debatido entre sus deberes como presidente y el cariño y respeto que le ha debido tener a su padre.

En todo caso, y con independencia de las reacciones, igual es momento de  analizar si este tipo de manifestaciones son o no legales en Estados Unidos y si vamos a tener que acostumbrarnos a las mismas o no. Intentaré hacerlo de manera muy resumida.

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Hamza Talçin, jurisdicción de conveniencia

La detención en España del escritor y periodista turco Hamza Talçin no solo es una mala noticia sino la constatación de algo que algunos venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: España se ha convertido en una jurisdicción de conveniencia en materia de extradiciones, un territorio cómodo del cual resulta relativamente sencillo, conseguir la entrega de personas reclamadas por cualquier país. Hamza Talçin, seguramente, desconocía este dato cuando tomó su vuelo con destino a Barcelona, no así las autoridades turcas que, incluso, cuentan desde 2009 con un convenio de cooperación en materia penal con España.

El foro de conveniencia, o la jurisdicción de conveniencia, es un fraude de Ley pero viene usándose en materia de extradiciones desde hace ya varios años y la razón no es otra que España, a través de la Audiencia Nacional, ha rebajado los criterios legales para la concesión de las extradiciones hasta límites intolerables en cualquier otro Estado democrático y de derecho; el caso de Hamza Talçin es un buen ejemplo porque ha viajado y vivido en diversos países pero no es hasta llegar a España cuando termina detenido y encarcelado y no es el único caso, ya en 2013 nos tocó defender al activista Bahar Kymyongur que, finalmente, conseguimos no fuese entregado a Turquía. Su delito consistió en manifestarse en el Parlamento Europeo en contra de las políticas de Erdogan pero Turquía lo reclamaba por pertenencia a organización terrorista, a una que ni tan siquiera existía tal cual hace ahora con Talçin.

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Los niños, primero

Un amigo me preguntó: "¿cómo abogado, qué opinas de lo de Juana Rivas?" La respuesta fue más bien de intuición jurídica porque, entonces, existían una serie de elementos del caso que desconocía, pero básicamente le expliqué que me parecía que no tenía razón, ni era la forma de actuar y que la problemática de niños con padres en distintos países es tan compleja que los jueces ni pueden ni van a hacer excepciones porque se rompería el finísimo equilibrio y la tenue cooperación jurídica internacional que existe sobre el tema. No iba desencaminado, pero ahora que he podido leer sobre el caso no sólo ratifico mi primera impresión sino que, además, creo que se está haciendo un flaco favor a la Justicia y, sobre todo, al sistema de protección internacional y nacional de los menores, que es lo que realmente está en juego. Y me explicaré.

Es efectivo que Juana Rivas es una mujer que ha sufrido maltrato y así consta en una sentencia de conformidad del año 2009, por la cual su entonces marido fue condenado a la pena de tres meses de cárcel. Posteriormente reanudaron la convivencia y tuvieron un segundo hijo. También es cierto que presentó en su día dos denuncias por amenazas que fueron archivadas y que cuando se traslada a España con los menores y decide no cumplir el régimen de visitas de los niños, presenta, ante un Juzgado español, una denuncia por amenazas que habría sufrido en Italia.

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