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Sobre este blog

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

No nos perdamos con el relator ni en el relato

Pedro Sánchez y Quim Torra

Gonzalo Boye Tuset

Abogado de Carles Puigdemont, Meritxell Serret y Toni Comín —

Desde que Mariano Rajoy decidió judicializar el conflicto político existente entre España y Catalunya es claro que han sido muchas las cosas que se han roto; pero en dicha espiral la primera de las víctimas fue la confianza entre las partes y la segunda el respeto hacia la verdad. Intentar reconducir el debate, y buscar una solución política a un problema político, necesariamente pasa por dos etapas muy diferenciadas y sucesivas como son la de diálogo y la de negociación; quien no lo entienda es que o no sabe de lo que está hablando o no está interesado en encontrar una salida al conflicto.

La judicialización del conflicto ha significado, entre otras cosas, la encarcelación y próximo enjuiciamiento de una serie de líderes políticos así como la persecución transfronteriza de aquellos que se encuentran en el exilio como vía para la internacionalización de la solución al problema. Sin embargo, la mayor y más grave de las externalidades de usar los órganos judiciales para solucionar un problema político es que, ahora, parte esencial de la solución pasa por desmontar el andamiaje judicial sobre el cual se ha construido esta persecución y eso llevará tiempo y seguirá unas vías distintas a las políticas.

En el ámbito de la política, y de la solución de conflictos, los pasos a seguir son claros, primero debemos adentrarnos en un proceso de reconstrucción de la confianza perdida y ello ha de hacerse sin agenda y sin grandes condiciones; se trata de ir hablando, de ir reconociéndose, de ir restableciendo puentes rotos a golpe de represión y resoluciones judiciales. Seguramente, la única condición a la que las partes no deben renunciar es a la de iniciar un diálogo honesto, sincero y útil que permita construir las bases sobre las cuales, llegado el caso, adentrarse en un proceso de negociación y solución del conflicto.

Mientras las partes no hayan construido, mejor dicho, reconstruido, la confianza la única garantía que existe de que este proceso de diálogo, que no de negociación, llegue a buen puerto es la de contar con un relator, observador o testigo imparcial que dé cuenta de lo que se ha dicho, cómo se ha dicho y hacia dónde se ha avanzado. Negarse a ello es tanto como negarse a buscar una solución política, por definición pacífica, del problema y tener una escasa visión no ya política sino de Estado.

Las voces que atacan a Pedro Sánchez por avanzar en el proceso de diálogo -insisto: reconstrucción de la confianza perdida-, lo único que pretenden es la implantación, por la fuerza de los hechos, de un modelo de estructura de Estado y de dominación que no es admitido por un amplio sector de la población catalana; están manteniendo con respiración asistida al régimen surgido de la Constitución de 1978 y, con ello, dinamitando las posibles vías de solucionar un conflicto que tanto desgasta a Catalunya pero, también, a la propia España.

Quienes no están de acuerdo con abrir ese diálogo y que el mismos sea observado o supervisado por una personalidad independiente lo que están es negándose a pensar en el futuro, anclándose en el pasado y cerrándole, a España, las puertas de Europa mientras la arrastran hacia una democracia imperfecta, la que hoy tenemos, que, por definición, no es democracia.

Quienes no están de acuerdo con abrir ese diálogo, ni contar con un relator que dé fe del mismo, lo que están es demostrando que o bien no quieren dialogar, sino imponer, o que tienen miedo a que el proceso de diálogo pueda, en el futuro, conducir a otro de negociación; seguramente les preocupa más la siguiente fase que esta y, por ello, incitan a las masas a salir a la calle para intentar condicionar el comportamiento del gobierno de Pedro Sánchez sin medir, siquiera, las consecuencias que ello tiene tanto en el plano de la estabilidad democrática como en el de la credibilidad que tanto se pretende generar en Europa sobre las bondades de la democracia española.

Nadie ha dicho que solucionar este conflicto vaya a ser sencillo pero lo que es inadmisible es que lo estén poniendo tan complicado por meros intereses electoralistas aquellos que, justamente, han de ser vistos, porque lo son, como los principales responsables de la actual situación; no podemos olvidarnos de dónde surge este conflicto y cómo se ha ido escalando hasta el momento actual y la responsabilidad que en ello tiene la derecha nacionalista española.

Si hay voluntad de solucionar el conflicto ha de haberla, igualmente, para admitir unas pocas reglas básicas que no son nuevas en la solución de conflictos: diálogo sin agenda ni condiciones, diálogo sin prisa ni trampas, diálogo cuyo único objetivo sea reconstruir la confianza perdida y diálogo bien relatado para que la verdad no se pierda por los pasillos y que, sobre ese diálogo y sobre esa confianza reconstruida se pueda iniciar un auténtico proceso de negociación que, en definitiva, es la única vía para solucionar los conflictos, especialmente los políticos.

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

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