eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Gonzalo Boye Tuset

Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia. Miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2123

'...Y ahí lo dejo': así trazó Gonzalo Boye la estrategia exterior de Puigdemont

CAPÍTULO 1. La salida

Muchos están convencidos de que conozco todos y cada uno de los detalles de la salida de Catalunya hacia el exilio tanto del president Puigdemont como de sus consellers, pero ya adelanto que no es así, o que la mayor parte de esos entresijos los he conocido con posterioridad y a través de quienes realmente los vivieron... Siguen equivocados. Mi papel fue, y sigue siéndolo, meramente como abogado o asesor jurídico.

Seguir leyendo »

No nos perdamos con el relator ni en el relato

Desde que Mariano Rajoy decidió judicializar el conflicto político existente entre España y Catalunya es claro que han sido muchas las cosas que se han roto; pero en dicha espiral la primera de las víctimas fue la confianza entre las partes y la segunda el respeto hacia la verdad. Intentar reconducir el debate, y buscar una solución política a un problema político, necesariamente pasa por dos etapas muy diferenciadas y sucesivas como son la de diálogo y la de negociación; quien no lo entienda es que o no sabe de lo que está hablando o no está interesado en encontrar una salida al conflicto.

La judicialización del conflicto ha significado, entre otras cosas, la encarcelación y próximo enjuiciamiento de una serie de líderes políticos así como la persecución transfronteriza de aquellos que se encuentran en el exilio como vía para la internacionalización de la solución al problema. Sin embargo, la mayor y más grave de las externalidades de usar los órganos judiciales para solucionar un problema político es que, ahora, parte esencial de la solución pasa por desmontar el andamiaje judicial sobre el cual se ha construido esta persecución y eso llevará tiempo y seguirá unas vías distintas a las políticas.

Seguir leyendo »

Los antisistema son ellos

La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.

Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.

Seguir leyendo »

El Juez natural... ese gran ausente

Parte de las garantías con las que cuenta cualquier persona que va a ser enjuiciada es la de conocer, de antemano y en base a lo que previamente establece la Ley, el Juez o Tribunal que va a enjuiciarle o, dicho en términos jurídicos tiene derecho al Juez predeterminado por Ley; es decir, con carácter previo a la comisión de cualquier presunto delito, se debe saber quién (qué órgano jurisdiccional) sería el encargado de enjuiciar los hechos. Esta garantía lo que busca, entre otras muchas cosas y explicado de manera muy sencilla, es evitar, en palabras de Díaz-Picazo: 1) la creación de tribunales extraordinarios o de excepción; 2) la creación de jueces especiales, y 3) la alteración de las reglas generales de competencia entre jueces ordinarios.

A este respecto, y ya desde antiguo, tiene dicho el Tribunal Constitucional que el derecho al juez legal «exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente» (STC 47/1983), de modo que «una eventual irregularidad en la designación del juez que ha de entender de un proceso puede constituir una infracción del derecho del justiciable al juez ordinario predeterminado por la ley” (STC 31/1983).

Seguir leyendo »

Imparcialidad: ni está ni se le espera

La imparcialidad judicial es una de las principales garantías que tiene cualquier persona que se va a enfrentar a un proceso y, más aún, cuando se trata de un proceso penal en el que está en juego la libertad; la imparcialidad, por eso mismo, está reconocida y garantizada en lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de los derechos fundamentales. Sin imparcialidad no habrá juicio justo, como tampoco lo habrá sin pleno derecho de defensa, de tutela judicial efectiva o de debidas garantías y cuando se vulnera uno de esos derechos el proceso deja de ser justo.

La imparcialidad puede verse afectada por diversas razones y, como tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo es una cuestión objetiva sino, también, subjetiva, lo que implica que el encargado de juzgar no solo debe ser imparcial sino, igualmente, parecerlo. En algunos casos ni se es imparcial ni se parece imparcial y esto es lo que está ocurriendo con el proceso penal que se sigue en contra de los políticos catalanes y no me refiero ya a la actuación del Juez Llarena que, evidentemente, está precedida por la falta de imparcialidad, sino, más concretamente, a la falta de imparcialidad del Tribunal que les va a enjuiciar.

Seguir leyendo »

Llarena, espantada y consecuencias

La última espantada del juez Llarena, retirando no solo la Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Alemania en contra de Puigdemont, sino también la existente en contra de Ponsati en Escocia, las inexistentes contra Comín, Serret y Puig en Bélgica, así como la orden internacional de detención cursada a Suiza en contra de Marta Rovira, pone en evidencia tanto el talante de dicha persecución como el escaso rigor técnico de quien las había cursado. En cualquier caso, lo relevante no es la retirada de dichas órdenes, sino las razones para ello y sus consecuencias que, estoy seguro, no han sido adecuadamente calibradas.

Las razones son claras: la tesis acusatoria, que no investigadora, de Llarena se sustenta en una antidemocrática interpretación de los hechos y la correspondiente, también antidemocrática, aplicación del Derecho Penal, como bien ha dejado en evidencia el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no en una ni en dos, sino en tres ocasiones.

Seguir leyendo »

Ahí lo dejo

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

Seguir leyendo »

Posverdad judicial

En la época de la posverdad, y cuando se trata de instalar un determinado  “relato”, lo último que se tiene en consideración es la verdad, la realidad e, incluso, la propia Ley; en el caso del procedimiento que se sigue en contra de los parlamentarios catalanes y del depuesto gobierno de la Generalitat de Catalunya sucede exactamente lo mismo y no son pocas las ideas, creencias y relatos que se van instalando sin siquiera tener en consideración lo que establece la Ley y cómo esta regula el procedimiento mediante el cual se pretende condenar a quienes participaron en el denominado “procés”.

El último de los relatos que se busca instalar, y con el cual se han comprometido insignes magistrados y hasta el propio ministro de Justicia, hace relación con el inminente procesamiento de los investigados y la subsiguiente “inhabilitación” de todos los hoy investigados. La pregunta que surge, pero que pocos se quieren hacer, es la siguiente: ¿se trata de un relato o de una realidad jurídica?

Seguir leyendo »

Las penas siempre se cumplen íntegramente

Cada vez que se produce un crimen execrable comienza el debate, tanto sobre la duración de las penas como sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a quienes, finalmente, son declarados culpables. El argumento, en el fondo, es siempre el mismo: hay que buscar la fórmula para que las penas se cumplan íntegramente, como si hasta ahora no fuese así. Lo que subyace en estos planteamientos no es otra cosa que una visión inconstitucional de las penas privativas de libertad y el deseo, de no pocos, de adentrarnos en un sistema penal basado exclusivamente en el castigo.

Este proceso de "des-constitucionalización" de las penas, o de arrastrarlas fuera del mismo marco constitucional que tanto se dice respetar, comenzó con la Ley Orgánica 7/2003 que estableció, entre otras cosas, el denominado "periodo de seguridad" según el cual, en función de unos determinados delitos, los penados no podían acceder al tercer grado penitenciario sin antes haber extinguido ese "periodo de seguridad". Posteriormente han venido otras reformas hasta llegar a la prisión permanente revisable, un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es una pena contraria a nuestro ordenamiento, tal y como ha establecido, en diversas resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seguir leyendo »

Que Fujimori no sea la excepción

La reciente excarcelación de Fujimori no ha dejado a nadie indiferente y, por sorprendente que parezca, las críticas han surgido tanto de la izquierda como de la derecha; las causas argumentadas para indultarle han sido de carácter “humanitario” debido a su avanzada edad, a su estado de salud y a los 10 años de prisión efectiva que ya ha cumplido por una serie de delitos muy graves, incluidos hechos que bien pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad tal cual recuerda el texto de la Sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú:"los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad"

Los crímenes de Fujimori no sólo son aquellos por los que fue Juzgado y condenado sino otros muchos que se solaparon o encubrieron en una supuesta lucha contra el terrorismo, guerra en la cual las primeras víctimas fueron tanto el propio estado democrático y de derecho como los derechos humanos de sus enemigos. Los muertos, torturados y detenidos fueron muchos...entre ellos algunos buenos y recordados amigos. 

Seguir leyendo »