eldiario.es

9

Gonzalo Boye Tuset

Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia. Miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2185

En la encrucijada

Mientras en el panorama político se están moviendo las fichas de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, en la escena judicial son muchas otras fichas las que se mueven y, algunas, por inocuas que parezcan, tendrán grandes repercusiones tanto de cara a ese procedimiento como a la situación que afecta a los diputados electos y proclamados al Parlamento Europeo.

Aún no se sabe cuándo saldrá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés ni la calificación jurídica que se dará a los hechos ni las penas que se impondrán, pero sí sabemos cuándo se resolverá algo que se nos antoja como esencial y a lo que no se le ha prestado ninguna atención: la vista oral ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para contestar las cuestiones prejudiciales elevadas por Marchena y la Sala Segunda del Supremo.

Seguir leyendo »

Rescatar es una obligación

La situación creada en los últimos días a raíz del rescate de migrantes realizado por el buque Open Arms ha servido para conocer, aparte de las miserables posturas de muchos políticos especialmente italianos y españoles, una serie de carencias del actual gobierno o, al menos, de su portavoz Carmen Calvo quien ha llegado, incluso, a plantear la posibilidad de que se sancione al capitán de dicha embarcación porque "el Open Arms no tiene permiso para rescatar. Lo sabe el capitán del barco y se lo recordó el ministro de Fomento".

Desconozco lo que sabe o no el capitán, pero sí tengo claro lo que dicen las normas internacionales y, concretamente, lo que establece el Convenio de Montego Bay sobre Derecho del Mar de 1982, que fue firmado y ratificado por España según consta publicado en el BOE de 14 de febrero de 1997. Más concretamente, lo que dice su artículo 98, según el cual no es que el capitán no tenga permiso para rescatar, como sostiene la ministra Calvo, sino que, además, tiene la obligación de hacerlo y si no lo hace, el propio Gobierno del cual Calvo es portavoz, tendría la obligación de exigirle responsabilidades.

Seguir leyendo »

No cabe la suspensión y lo saben

La suspensión de electos se está complicando a pasos agigantados y, seguramente, ello se debe a algo que es esencial: no existe previsión legal para hacerlo en esta fase procesal y, por ello, el Tribunal Supremo está tan interesado en que lo hagan las Cortes Generales. Me explicaré.

El artículo que se aplicó cuando los presos políticos catalanes fueron procesados es el artículo 384 bis del Código Penal, y dicha norma sólo es aplicable una vez que el auto de procesamiento es firme; pero cualquier interpretación que se haga de dicho precepto impide su aplicación en el momento actual toda vez que la norma dice, literalmente, que: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". 

Seguir leyendo »

'...Y ahí lo dejo': así trazó Gonzalo Boye la estrategia exterior de Puigdemont

CAPÍTULO 1. La salida

Muchos están convencidos de que conozco todos y cada uno de los detalles de la salida de Catalunya hacia el exilio tanto del president Puigdemont como de sus consellers, pero ya adelanto que no es así, o que la mayor parte de esos entresijos los he conocido con posterioridad y a través de quienes realmente los vivieron... Siguen equivocados. Mi papel fue, y sigue siéndolo, meramente como abogado o asesor jurídico.

Seguir leyendo »

No nos perdamos con el relator ni en el relato

Desde que Mariano Rajoy decidió judicializar el conflicto político existente entre España y Catalunya es claro que han sido muchas las cosas que se han roto; pero en dicha espiral la primera de las víctimas fue la confianza entre las partes y la segunda el respeto hacia la verdad. Intentar reconducir el debate, y buscar una solución política a un problema político, necesariamente pasa por dos etapas muy diferenciadas y sucesivas como son la de diálogo y la de negociación; quien no lo entienda es que o no sabe de lo que está hablando o no está interesado en encontrar una salida al conflicto.

La judicialización del conflicto ha significado, entre otras cosas, la encarcelación y próximo enjuiciamiento de una serie de líderes políticos así como la persecución transfronteriza de aquellos que se encuentran en el exilio como vía para la internacionalización de la solución al problema. Sin embargo, la mayor y más grave de las externalidades de usar los órganos judiciales para solucionar un problema político es que, ahora, parte esencial de la solución pasa por desmontar el andamiaje judicial sobre el cual se ha construido esta persecución y eso llevará tiempo y seguirá unas vías distintas a las políticas.

Seguir leyendo »

Los antisistema son ellos

La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.

Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.

Seguir leyendo »

El Juez natural... ese gran ausente

Parte de las garantías con las que cuenta cualquier persona que va a ser enjuiciada es la de conocer, de antemano y en base a lo que previamente establece la Ley, el Juez o Tribunal que va a enjuiciarle o, dicho en términos jurídicos tiene derecho al Juez predeterminado por Ley; es decir, con carácter previo a la comisión de cualquier presunto delito, se debe saber quién (qué órgano jurisdiccional) sería el encargado de enjuiciar los hechos. Esta garantía lo que busca, entre otras muchas cosas y explicado de manera muy sencilla, es evitar, en palabras de Díaz-Picazo: 1) la creación de tribunales extraordinarios o de excepción; 2) la creación de jueces especiales, y 3) la alteración de las reglas generales de competencia entre jueces ordinarios.

A este respecto, y ya desde antiguo, tiene dicho el Tribunal Constitucional que el derecho al juez legal «exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente» (STC 47/1983), de modo que «una eventual irregularidad en la designación del juez que ha de entender de un proceso puede constituir una infracción del derecho del justiciable al juez ordinario predeterminado por la ley” (STC 31/1983).

Seguir leyendo »

Imparcialidad: ni está ni se le espera

La imparcialidad judicial es una de las principales garantías que tiene cualquier persona que se va a enfrentar a un proceso y, más aún, cuando se trata de un proceso penal en el que está en juego la libertad; la imparcialidad, por eso mismo, está reconocida y garantizada en lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de los derechos fundamentales. Sin imparcialidad no habrá juicio justo, como tampoco lo habrá sin pleno derecho de defensa, de tutela judicial efectiva o de debidas garantías y cuando se vulnera uno de esos derechos el proceso deja de ser justo.

La imparcialidad puede verse afectada por diversas razones y, como tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo es una cuestión objetiva sino, también, subjetiva, lo que implica que el encargado de juzgar no solo debe ser imparcial sino, igualmente, parecerlo. En algunos casos ni se es imparcial ni se parece imparcial y esto es lo que está ocurriendo con el proceso penal que se sigue en contra de los políticos catalanes y no me refiero ya a la actuación del Juez Llarena que, evidentemente, está precedida por la falta de imparcialidad, sino, más concretamente, a la falta de imparcialidad del Tribunal que les va a enjuiciar.

Seguir leyendo »

Llarena, espantada y consecuencias

La última espantada del juez Llarena, retirando no solo la Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Alemania en contra de Puigdemont, sino también la existente en contra de Ponsati en Escocia, las inexistentes contra Comín, Serret y Puig en Bélgica, así como la orden internacional de detención cursada a Suiza en contra de Marta Rovira, pone en evidencia tanto el talante de dicha persecución como el escaso rigor técnico de quien las había cursado. En cualquier caso, lo relevante no es la retirada de dichas órdenes, sino las razones para ello y sus consecuencias que, estoy seguro, no han sido adecuadamente calibradas.

Las razones son claras: la tesis acusatoria, que no investigadora, de Llarena se sustenta en una antidemocrática interpretación de los hechos y la correspondiente, también antidemocrática, aplicación del Derecho Penal, como bien ha dejado en evidencia el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no en una ni en dos, sino en tres ocasiones.

Seguir leyendo »

Ahí lo dejo

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

Seguir leyendo »