eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Gonzalo Boye Tuset

Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia. Miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1921

Ahí lo dejo

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda  poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

Seguir leyendo »

Posverdad judicial

En la época de la posverdad, y cuando se trata de instalar un determinado  “relato”, lo último que se tiene en consideración es la verdad, la realidad e, incluso, la propia Ley; en el caso del procedimiento que se sigue en contra de los parlamentarios catalanes y del depuesto gobierno de la Generalitat de Catalunya sucede exactamente lo mismo y no son pocas las ideas, creencias y relatos que se van instalando sin siquiera tener en consideración lo que establece la Ley y cómo esta regula el procedimiento mediante el cual se pretende condenar a quienes participaron en el denominado “procés”.

El último de los relatos que se busca instalar, y con el cual se han comprometido insignes magistrados y hasta el propio ministro de Justicia, hace relación con el inminente procesamiento de los investigados y la subsiguiente “inhabilitación” de todos los hoy investigados. La pregunta que surge, pero que pocos se quieren hacer, es la siguiente: ¿se trata de un relato o de una realidad jurídica?

Seguir leyendo »

Las penas siempre se cumplen íntegramente

Cada vez que se produce un crimen execrable comienza el debate, tanto sobre la duración de las penas como sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a quienes, finalmente, son declarados culpables. El argumento, en el fondo, es siempre el mismo: hay que buscar la fórmula para que las penas se cumplan íntegramente, como si hasta ahora no fuese así. Lo que subyace en estos planteamientos no es otra cosa que una visión inconstitucional de las penas privativas de libertad y el deseo, de no pocos, de adentrarnos en un sistema penal basado exclusivamente en el castigo.

Este proceso de "des-constitucionalización" de las penas, o de arrastrarlas fuera del mismo marco constitucional que tanto se dice respetar, comenzó con la Ley Orgánica 7/2003 que estableció, entre otras cosas, el denominado "periodo de seguridad" según el cual, en función de unos determinados delitos, los penados no podían acceder al tercer grado penitenciario sin antes haber extinguido ese "periodo de seguridad". Posteriormente han venido otras reformas hasta llegar a la prisión permanente revisable, un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es una pena contraria a nuestro ordenamiento, tal y como ha establecido, en diversas resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seguir leyendo »

Que Fujimori no sea la excepción

La reciente excarcelación de Fujimori no ha dejado a nadie indiferente y, por sorprendente que parezca, las críticas han surgido tanto de la izquierda como de la derecha; las causas argumentadas para indultarle han sido de carácter “humanitario” debido a su avanzada edad, a su estado de salud y a los 10 años de prisión efectiva que ya ha cumplido por una serie de delitos muy graves, incluidos hechos que bien pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad tal cual recuerda el texto de la Sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú: "los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad"

Los crímenes de Fujimori no sólo son aquellos por los que fue Juzgado y condenado sino otros muchos que se solaparon o encubrieron en una supuesta lucha contra el terrorismo, guerra en la cual las primeras víctimas fueron tanto el propio estado democrático y de derecho como los derechos humanos de sus enemigos. Los muertos, torturados y detenidos fueron muchos...entre ellos algunos buenos y recordados amigos. 

Seguir leyendo »

Euroorden y derechos fundamentales

En el proceso seguido en Bélgica, a petición de la Juez Lamela, en contra de los cinco políticos catalanes no sólo se habló de “doble incriminación” sino también, y mucho, sobre derechos fundamentales que son una de las pocas causas de denegación de una reclamación de estas características. Muchos han opinado sin conocer lo que allí se alegó y, también, sin conocer ni la regulación de la Euroorden ni, tampoco, la interpretación que se realiza cuando se alegan esas vulneraciones.

Cuesta admitir que en un proceso de estas características se estén vulnerando derechos fundamentales, pero si realizamos un análisis de conjunto, tanto de nuestro ordenamiento como de las diversas normas comunitarias de aplicación, comprobaremos que efectivamente estamos ante una de esas situaciones en las que se da una apariencia de legalidad, pero en la que se han visto afectados un número elevado de derechos fundamentales que, por cierto, también están reconocidos en nuestra constitución.

Seguir leyendo »

Doble incriminación

Ahora que España ha renunciado a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que solicitó a Bélgica, en la causa que se sigue en contra de una serie de políticos catalanes, no deja de sorprenderme lo mucho que se ha manoseado y tergiversado un concepto que en Derecho extradicional es fundamental: la doble incriminación. He leído y escuchado opiniones en todos los sentidos pero, hasta ahora, no he visto ninguna que se ajuste a lo que realmente significa dicho concepto y cómo ha de entenderse lo que ha llevado a la generación de un "estado de opinión" que no se ajusta a la realidad.

Mucho se ha dicho respecto a que Bélgica denegaría la OEDE porque en su código penal no existiría el delito de rebelión ni el de sedición; en realidad eso no es así y afirmarlo solo refleja un desconocimiento sobre la tan manoseada "doble incriminación". 

Seguir leyendo »

Euroorden de quita y pon

La “retirada” por parte del Magistrado Llarena de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en contra de nuestros defendidos ha generado un escenario que, igual, merece algunas reflexiones y que, además, dista mucho de estar motivado en aquello que se refleja en tan paradójica resolución. Se ha tratado de un movimiento “táctico” que, tiempo al tiempo, se acreditará como un error estratégico inadmisible desde una perspectiva de respeto a la legalidad... pero vaya por delante que nos alegramos de haber provocado tan desesperada decisión.

Ante un relato monocorde sobre lo sucedido y, especialmente, sobre lo que estaba en juego, algo de claridad no viene mal porque no es habitual, sino más bien inusual, que un Juez decida dejar de perseguir a quienes considera líderes de unas supuestas actuaciones criminales de tal envergadura como sedición y rebelión.

Seguir leyendo »

Hoy han ido a por los catalanes

La actual situación penal que afecta a los miembros del Parlament y Govern de Catalunya no deja de representar, como mínimo, una anomalía democrática inaceptable desde la perspectiva del entorno en que España se sitúa y es fruto, entre otras cosas, de una clara decisión política encuadrada en un andamiaje jurídico que dista mucho de ser conforme, primero, a nuestro texto constitucional y, finalmente, al conjunto de nuestro ordenamiento jurídico. Dicho en otros términos, se ha utilizado un instrumento previsto en la Constitución (el artículo 155) para dotar de pseudo legitimidad a una actuación judicial que, para nada, se compadece ni con la Constitución ni con el resto del ordenamiento jurídico nacional…tampoco con el europeo.

A la hora de aplicar el artículo 155 de la CE se debió tener en consideración los límites que la propia norma establece, por ejemplo en su apartado segundo, la interpretación literal, la sistemática y, también, la teleológica del precepto. Vamos a verlo.

Seguir leyendo »

Bruselas: cita con la justicia

Trasladarse a Bruselas y afrontar allí un proceso no ha sido una decisión sencilla para los miembros del Gobierno catalán que este viernes enfrentarán la primera de las vistas que podrían darse en este procedimiento; sin embargo, el auténtico protagonista de la cita judicial no será otro que el juez encargado del caso que tendrá sobre sus hombros uno de los mayores desafíos profesionales que cualquier jurista pueda imaginar: resolverá no tanto sobre una entrega extradicional como sobre el concepto que en Europa debemos tener de la democracia y de los derechos fundamentales, también tendrá que pronunciarse sobre si los hechos descritos en la reclamación son constitutivos de diversos delitos conforme al ordenamiento Belga y, más aún, si en el caso de entregar a los políticos catalanes tendrían garantizada la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho de defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, etc.

Seguir leyendo »

Balfour: Los "negros" son los palestinos

Al cumplirse cien años de la infame "Declaración Balfour" corresponde  analizarla y, de paso, establecer las consecuencias de la misma así como las responsabilidades que de ella deberían desprenderse, porque pocos actos políticos han conllevado tanto daño y sufrimiento marcando no sólo el pasado sino, también, el presente y parte del futuro del pueblo palestino... pero también del israelí aún cuando su Gobierno no quiera admitirlo.

Seguir leyendo »