El Gobierno prohibirá por ley que los medios tengan más de un 35% de sus ingresos procedentes de publicidad institucional

El Gobierno aprobará este martes la ley de publicidad institucional con la que se prohibirá a los medios recibir más de un 35% de sus ingresos totales de publicidad de las administraciones públicas. La norma pasará en primera vuelta por el Consejo de Ministros, según adelantó Infolibre, y forma parte del plan de regeneración democrática.

La intención del Gobierno es minimizar el control político de los medios de comunicación, especialmente a nivel regional y local que reciben buena parte de su financiación de las administraciones públicas. La dependencia de la publicidad institucional supone una lacra para la libertad de expresión y prensa.

El Gobierno tuvo dudas con la normativa y en borradores anteriores la intención era poner el umbral de la prohibición en el 30% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional, según El País. Ahora el Ejecutivo retoma la normativa en un momento en el que Pedro Sánchez se ha lanzado al contraataque contra los pseudomedios que sobreviven en gran medida por los fondos públicos de las administraciones.

Con esta ley, el Gobierno da cumplimiento a la nueva normativa europea, que obliga a los medios de comunicación a hacer pública la cantidad de publicidad institucional que reciben. En Bruselas preocupa que los fondos públicos, que pueden ser de vital importancia para la supervivencia de algunos medios, se otorguen de forma “discriminatoria” y que usen por parte de los gobiernos para comprar voluntades.

El reglamento europeo, aprobado en mayo de 2024, exige el respeto a una serie de principios en la asignación de los fondos públicos para publicidad institucional: “Criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios”.

Además, recoge la obligatoriedad de que los medios de comunicación publiquen quiénes son sus propietarios. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. La motivación de la UE es clara: que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben.