Por asombroso que resulte, medio siglo después del Informe del Club de Roma la presencia de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica sigue siendo marginal en la educación superior española, tanto en la universitaria como en la formación profesional. Se han desarrollado, es cierto, carreras específicas vinculadas con el medioambientalismo y en algunos grados universitarios existen asignaturas, casi siempre optativas, que ofrecen algún tipo de especialización medioambiental gracias al compromiso personal de un puñado de docentes. En otros casos, distintas instituciones universitarias han hecho esfuerzos meritorios por promover valores medioambientalistas transversales. Pero la realidad es que, a día de hoy, lo más habitual sea que un estudiante de, por ejemplo, ingeniería de caminos, derecho, psicología, periodismo o economía se gradúe sin haber recibido la más mínima formación reglada en materia medioambiental.

La transición ecológica es un desafío llamado a vertebrar los esfuerzos colectivos y marcar las decisiones estratégicas de todas las sociedades del planeta durante las próximas tres décadas. Así ha sido reconocido por todas las instancias de gobernanza en todos los niveles, desde el internacional (Agenda 2030, Acuerdo de París) hasta el europeo (Pacto Verde Europeo), pasando por el nacional en sus tres escalas administrativas (Ley de Cambio Climático y Transición Energética, hoja de ruta España 2050, declaraciones de emergencia climática autonómicas y municipales). El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, define el cambio climático y la degradación ambiental “como una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo”. Y en pos de superar este reto histórico, establece toda una serie de lineamientos y directrices que van a determinar las políticas públicas de todos los estados miembros de la Unión Europea de aquí a 2050. Su objetivo es descarbonizar nuestra economía, cerrar los ciclos de materiales, disociar prosperidad de uso de recursos e impactos ambientales negativos y asegurar que el proceso se despliegue con justicia social, repartiendo equitativamente los esfuerzos que exige y sin dejar fuera de sus beneficios a colectivos o territorios vulnerables.

En la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales

Las transformaciones estructurales que debe impulsar la transición ecológica abarcan un conjunto muy amplio y complejo de tareas, que nos interpelan más allá del cambio tecnológico. Plantea retos profundamente transversales. Algunos de los rasgos de insostenibilidad que nos hemos propuesto oficialmente superar en el corto y medio plazo son profundamente determinantes en la conformación material de nuestras sociedades: los usos fósiles de la energía, la morfología lineal de la producción, la deslocalización económica… Por ello su reforma en un sentido ecológico tendrá un importante efecto arrastre en todas las dimensiones de la vida social. Del mismo modo, y tal como señala la mejor ciencia disponible, estamos situados en un punto crítico en el que las consecuencias negativas de la inacción ecológica desbordan ya los parámetros de lo que hasta ahora habíamos conceptualizado como daño ambiental. Un fracaso en materia de transición ecológica comprometería seriamente la viabilidad futura de las sociedades modernas.

Por eso, en la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales o una opción de una minoría de estudiantes sensibilizados acerca de la crisis ecosocial. Por continuar con los ejemplos precedentes, necesitamos titulaciones de ingeniería cuyos egresados diseñen las infraestructuras y tecnologías teniendo en cuenta los impactos potenciales del cambio climático y las necesidades de adaptación que este nos impone. Necesitamos grados y masters en Derecho, Economía o Administración de Empresas que preparen a las alumnas y los alumnos para funcionar en un contexto institucional disruptivo, que será sacudido por fuertes cambios normativos y nuevas tendencias impuestas por las políticas de transición ecológica. Necesitamos ciencias sociales capaces de introducir el factor ecológico como elemento indispensable para comprender la nueva complejidad de la dinámica social en curso. Más en general, necesitamos una ciudadanía ecológicamente instruida para tomar partido en los grandes debates que marcarán la transición ecológica, para así asegurar la compatibilidad de esta con los principios fundamentales de la deliberación democrática.

La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos

Este tipo de tareas nunca han sido ajenas a la institución universitaria. Todo lo contrario, el desarrollo de la universidad ilustrada siempre ha estado vinculado a una doble misión: la investigación científica independiente pero también la formación de una ciudadanía capaz de participar en los cambios asociados al proceso de modernización, ya fuera la creación de una burocracia estatal eficaz o la formación de los técnicos cualificados que requería la innovación industrial. En ese sentido, la introducción de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica en los estudios universitarios forma parte de la comprensión de la educación superior como una pieza clave de nuestras sociedades complejas y democráticas. Más aún, existe ya un amplio abanico de investigaciones rigurosas en torno a las distintas posibilidades de transformación ecosocial de la universidad, que va más allá de los planes de estudio.

La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos y complejos y no están preparados para afrontar transformaciones rápidas y coordinadas. Tal vez cabría proponerse un objetivo a corto plazo limitado, consensual y potencialmente rápido de implementar: la inclusión en el mayor número posible de estudios oficiales de la universidad española de una asignatura no opcional de introducción a la crisis medioambiental. Una asignatura –o una familia de asignaturas– basada en consensos ampliamente aceptados por la comunidad científica que proporcione a los estudiantes conocimiento fiable sobre el cambio climático, el agotamiento de energías fósiles y materiales necesarios para la vida y la pérdida de biodiversidad, así como de las dinámicas sociales implicadas en esos procesos. Una asignatura introductoria adaptada a distintas áreas de conocimiento que, por tanto, pueda ser impartida por docentes de un amplio abanico de departamentos universitarios.

A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030

Se trata de un objetivo relativamente modesto y bien definido que podría ser apoyado e impulsado desde distintas instancias. Comunidades autónomas, ministerios, agencias de acreditación, rectorados, decanatos, departamentos, grupos de investigación, colegios profesionales podrían proponer iniciativas que avancen en esa dirección –asignaturas transversales, proyectos de innovación docente, programas de formación del profesorado, becas de formación …– que, como mínimo, contribuirían a la normalización del medioambientalismo en diversas áreas universitarias. Por supuesto, la inclusión en los planes de estudio de una asignatura obligatoria y generalista como la que proponemos no debería ser entendida como una alternativa a otras materias más avanzadas que profundicen de forma especializada en los distintos aspectos de la transición ecosocial. Por el contrario, pensamos que podría darse una retroalimentación positiva, pues se incrementaría el interés de los estudiantes en esta área desde los primeros cursos.

La COP26 celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre instaba a la comunidad internacional a revisar sin dilaciones sus objetivos oficiales de descarbonización. A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030. No es tiempo de demoras. Tampoco en lo que concierne a la preparación de la educación superior ante los desafíos de la transición ecológica. En estas situaciones de urgencia, el maximalismo abstracto suele ser de poca ayuda. Requerimos acciones específicas, pragmáticas, factibles y que logren suscitar un amplio consenso social. La introducción en los próximos años de una asignatura medioambiental obligatoria en el currículum universitario español, basada en la mejor evidencia científica disponible, creemos que podría ser una propuesta que avanza en la dirección correcta. Y que además está situada en el punto óptimo entre lo ecológicamente necesario y lo socialmente posible.

En los largos meses de la pandemia nos han llegado desde distintos puntos del planeta múltiples experiencias de trabajo y lucha que han situado la solidaridad, el cuidado, el apoyo mutuo, la protección comunitaria y la defensa de los bienes comunes del territorio como ejes centrales de la construcción de un mundo postCOVID-19. No es una novedad: antes de la pandemia, en muchos lugares los pueblos intentaban resistir y organizarse priorizando el mantenimiento de vidas justas y dignas, pero el virus ha visibilizado las enormes desigualdades y las formas más crueles de persecución que sufren quienes llevan años apostando por ese cambio de paradigma político y económico.

Es el caso de las comunidades lencas y garífunas, organizadas en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y en el OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que sabían muy bien cuáles eran los riesgos de defender la vida desde mucho antes de que la emergencia sanitaria comenzara. Los territorios donde habitan han sido históricamente atacados por los intereses de empresas transnacionales que expolian la naturaleza y amenazan la supervivencia de comunidades y pueblos originarios. La lógica económica de la extracción mata gente, expectativas, culturas, tierras y aguas.

El asesinato de Berta Cáceres, una de las lideresas más conocidas del COPINH, marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la magnitud de los procesos de acumulación por desposesión, de su violencia sobre los territorios y los cuerpos, especialmente los de las mujeres, las niñas y las personas más vulnerables. También mostró la resistencia, la resiliencia y el tenaz mantenimiento de modelos alternativos que protagonizan los pueblos originarios.

Durante estos meses, la OFRANEH y el COPINH han seguido haciendo lo que siempre han hecho: afrontar la lucha contra el virus cuidando la vida y custodiando la dignidad de sus pueblos frente a la hostilidad colonial de unos intereses económicos depredadores. Ante la fragilidad de los servicios públicos hondureños, debilitados por las políticas neoliberales, incapacitadas para asegurar el derecho a la salud de toda la población, estas organizaciones han desarrollado una estrategia de protección basada en el apoyo mutuo y la salud comunitaria. Para los pueblos lencas y garífunas, “que nadie se quede atrás” no es solo una consigna, es una forma de lucha por la que pagan un alto precio: el aumento del hostigamiento justo en el momento en el que la crisis sanitaria afecta de la forma más cruda a sus territorios.

En plena pandemia, mientras la organización garífuna hacía enormes esfuerzos para garantizar la salud y frenar al virus, las comunidades han sido acosadas, se les ha amenazado con quemar sus cosechas y una de las lagunas que les procuraban alimentos ha sido envenenada. Si luchar contra el virus ya es enormemente difícil, como estamos viendo en España, imaginen hacerlo jugándose la vida, acosados por la violencia de ese maridaje que conforman las autoridades, las grandes empresas y el crimen organizado. En mayo, la OFRANEH recibió la noticia del asesinato de su compañero Edwin Fernández, y en julio la del secuestro de cinco personas, cuatro de ellas garífunas que defienden el territorio. Desde 2019, diez integrantes de la organización han sido asesinados con total impunidad.

Resulta muy doloroso contar que, a la vez que la OFRANEH y el COPINH han tomado medidas para fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que nadie se quede sin comer durante la pandemia, han tenido que poner en marcha una campaña internacional para protegerse de unas agresiones que se producen con la complicidad del Gobierno hondureño. Más de 100 organizaciones de todo el mundo se han unido a través de la campaña #SusVidasSonNuestrasVidas para alertar de la violencia que estas comunidades están enfrentando, pero también aprender de sus luchas y reconocer que las alternativas de vida que están impulsando son una oportunidad para construir un mundo mejor. Lamentablemente, por el momento esto no ha conseguido frenar los ataques ni movilizar al Gobierno hondureño.

Es más, durante el estado de emergencia se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 030-2020 que permite la venta de tierras nacionales y ejidales, convirtiendo los territorios en mercancías, y se ha continuado con el proyecto de ‘Ciudades Modelo’, contrarias a un modelo democrático de gobernanza. La doctrina del shock tiene aquí su aplicación particular. La emergencia sanitaria se ha usado para fortalecer el autoritarismo y reprimir las estrategias de supervivencia y defensa del territorio que defienden los pueblos lencas y garífunas. La violación a derechos humanos está poniendo en riesgo la vida y la integridad de los pueblos y afectando especialmente a las mujeres, que están padeciendo la feminización de la pobreza, la restricción de sus derechos sexuales y reproductivos, el incremento de su carga de trabajo y la obligación de confinarse a menudo con sus agresores.

La Unión Europea ha destinado una importante cantidad de fondos a Honduras para la protección de personas defensoras de derechos humanos. A la vista de lo que está sucediendo no parece que estos recursos se estén empleando para este objetivo, así como la lucha contra la impunidad y los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género. Dado que no se están cumpliendo las salvaguardas pertinentes, la UE debería suspender los programas de cooperación con las autoridades hondureñas, así como su Acuerdo de Asociación con Honduras.

Lo que está pasando en este país no nos puede ser ajeno. No podemos permanecer pasivas ante los riesgos que enfrentan las personas que defienden la vida. Solo desde la corresponsabilidad y tejiendo redes de solidaridad lograremos frenar al virus y hacer frente a la imposición de modelos de vida que son el resultado de políticas de tierra quemada. El cuidado, la protección, el reparto y la cautela son los cimientos para reconstruir lo común en un planeta con límites ya superados. Esta es la nueva normalidad que queremos y la única que, además, puede sostenerse en el tiempo. 

Se han aplazado temporalmente dos desahucios que estaban previstos el 21 y 22 de noviembre en Argumosa 11. Los dueños del inmueble, subidos en la ola de la burbuja inmobiliaria, están intentando echar a todas las familias que viven allí para subir los alquileres un 300%.

Ya se han producido cuatro desalojos. Las casas vaciadas están tapiadas a cal y canto. Creían que no iba a ser difícil echar al resto, pero erraron en el cálculo. Las familias decidieron no irse de los pisos, ni del barrio y por eso comenzaron los intentos de desahucio.

Muchas de las personas que quedan en el edificio forman parte de una misma familia. En septiembre quisieron echar a Pepi pero se logró parar, igual que otros tres intentos anteriores. El 21 de noviembre querían echar a Juani y Mayra, que son cuñada y sobrina respectivamente  de Pepi. El 22 estaba previsto el desahucio de Rosi, que es hermana de Pepi y cuñada de Juani. Y más adelante echarán a Rafaela, hermana de Rosi y Pepi, y después a la familia  de Míriam, que es sobrina de todas.

Hoy es domingo. Llueve a cántaros, hace frío y ya es de noche. He quedado en Lavapiés con algunas personas de la Asamblea de Bloques en Lucha de Lavapiés. Voy a conocer a las familias que tienen orden de desahucio y están resistiendo.

Entramos en casa de Juani, hace calorcito y toda la familia está reunida en la sala. Una sala sin cuadros ni adornos porque “como no sabemos qué va a pasar, hemos ido metiendo todo en cajas y sacándolo de aquí no sea que perdamos además de la casa, nuestros muebles, ropa, enseres y fotos. Hemos quitado la mitad y lo hemos llevado a casas de amigos o algún almacén”.

Juani tiene una hija de 38 años con una discapacidad del 76%. Tiene 64 años, igual que su marido, aún no está jubilados y están en paro. Ahora el único ingreso es la paga de su hija.

“Mi hija se desorienta mucho con cualquier cambio. Incluso cuando vamos al culto, si cambiamos de calle para ir, se angustia. Ella necesita muchos cuidados y la podemos atender muy bien gracias a que toda la familia vivimos en el mismo edificio. Si no fuese por mis cuñadas y mis sobrinas no podríamos cuidarla así.” Necesitan vivir en un primer piso o en una casa con ascensor. “Si no, mi hija tendría que estar encerrada todo el día en casa y no podría salir”.

Todo esto se lo ha explicado decenas de veces a los diversos servicios sociales por los que ha pasado. La respuesta es siempre la misma. No hay casas, no hay solución. En todo caso un albergue provisional.

Rosi y su familia han recibido el aviso de que iban a ser desahuciados el 22 de noviembre. Su marido, titular del contrato de arrendamiento, acaba de ser hospitalizado por tener problemas cardíacos. Puede que no le den de alta antes de la fecha del desahucio. Cuando salga del hospital quizás no tenga a dónde volver.

Mayra está embarazada de su tercer hijo. Tiene un niño de diez años y una niña más pequeña. Su marido y ella cuentan con unos ingresos de 650€. Para esta familia la respuesta es la misma. No hay casas, no hay solución. Solo un albergue provisional que, en cualquier caso, la asistente social no le recomienda porque es un lugar violento y sórdido para estar con niñas pequeñas. Se atreve  también la asistente social a decirle que no comprende cómo se ha quedado embarazada.

Pepi es una mujer tremenda. Habla tranquila, con una claridad de ideas impresionante en alguien que ha sufrido varios intentos de desahucios y que siente una incertidumbre enorme ante su futuro. Sus dos hijas están trabajando en este momento. “Tienen los trabajos cerca de casa, en las tiendas de alrededor de Sol”.

No nos encontramos ante el caso de personas que hayan dejado de pagar los alquileres. “Todos los recibos se han pagado”, dice Juani agitando el fajo de recibos pagados que quiere insistentemente que mire. Yo le aclaro que no me hace falta, que la creo. 800€ en el caso de Juani, 400€ en el de Pepi, y así el resto de miembros de la familia que, a pesar de sus situaciones precarias nunca han dejado de pagar porque “cuando no tiene una, se lo presta la otra, y así entre todas nos ayudamos y vamos saliendo adelante”.

El problema no es la falta de pago sino que los nuevos dueños de la finca saben que Lavapies está de moda y quieren obtener de golpe tres veces más de los que ganaban con los alquileres.

“Con la antigua dueña de la finca no había problema. Es una buena persona y está sufriendo por lo que nos están haciendo”. Perdió la finca y los nuevos dueños (Inversión en Proindivisos S.L. y dos “particulares”), desconectados de las necesidades y circunstancias de quienes viven ahora allí, no se conforman con lo que ganaban, ni están dispuestos a negociar alguna subida modesta, sino que tiene la mirada extraviada en la ganancia fácil y rápida.

Estamos ante la expresión del fracaso de la política para cuidar a la gente. La situación que tienen estas familias no es una anomalía ni una rareza. La discapacidad, el desempleo, la enfermedad, la niñez, la vejez, la precariedad laboral…Todas estas situaciones son parte de lo que es la vida, de sus etapas, de sus ciclos. Una política decente, unas leyes decentes son las que garantizan el derecho a la fragilidad y a la vulnerabilidad, no como anomalías de algunas personas pobres y estigmatizables, sino como un rasgo inherente de la existencia humana.

Cada vez que una institución dice que no hay solución, lo que nos está diciendo es que la política se declara incapaz de resolver y proteger a las personas en situación de desamparo. Cuando las instituciones dicen que no hay solución, se asume la “legitimidad” de echar a la gente a la calle, no solo porque no pague, sino porque no paga lo que apetece ganar, sin límite ninguno. Ese “no hay solución” es una bofetada, una humillación. Búscate la vida porque lo legal, “lo normal”, es ganar cuanto se pueda a costa de lo que sea. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es ganar más.

Les dicen que no hay casas pero se organizó una acción con la Coordinadora de Vivienda y el Sindicato de Inquilinas de Madrid para señalar edificios de vivienda pública vacíos. Mayra confiesa que sintió una enorme indignación cuando con sus propios ojos vio las casas cerradas.

En esa acción conocieron a personas de otros barrios de Madrid en su misma situación. Conocieron a una mujer de Latina con seis criaturas a su cargo. “Están en un albergue y cuenta las cosas terribles y violentas que están viendo allí sus hijos”. Conocieron también a otra persona desahuciada que “va en silla de ruedas y tiene una situación muy difícil”, y a personas migrantes completamente abandonadas.

“Yo pensaba que lo mío era grave pero cuando vi los problemas de las otras, me di cuenta de que hay situaciones peores. Hay que hacerse cargo de la gente, a la que es pobre, a la que pasa malas rachas, a la que viene con fatiga desde otros países a trabajar. Cuando vi a los otros, me quedé tocada”, dice Pepi. Y añade, “el corazón es lo que vale en este mundo pero las administraciones  y la justicia no tienen corazón. España y Madrid están en un estado crítico porque no hay corazón”.

A Juani le han dicho muchas veces que hay casos más urgentes. Y no lo duda, pero se pregunta “¿quién decide qué es lo urgente? Porque hemos visto casos urgentísimos, como los nuestros y peores y tampoco tienen solución”.

Les dicen, también, que no dan el perfil. No tienen perfil para que les den vivienda con unos alquileres que puedan pagar. Porque para cumplir el derecho a la vivienda que “garantiza” la Constitución, parece que “hay que tener perfil”.

Y tampoco tienen perfil para seguir en el barrio aunque paguen como han hecho siempre. “Señora”, le dijo uno de los policías en el intento de desalojo, el centro no es para todas las personas“.

Pero Pepi, Rosi y sus hermanos nacieron en la calle Lavapiés, después vivieron en Tribulete y ahora en Argumosa. Siempre  vivieron aquí y resulta que ahora no dan el perfil para vivir en su barrio. “Por ser pobre te pueden sacar  de tu casa y te tienes que aguantar viviendo donde alguien decide que tienen que vivir los pobres”.

Es el mismo proceso de expulsión que están sufriendo muchas otras personas que no tienen derecho a la ciudad si no pueden comprarlo. Son las migraciones forzosas intramuros. Expulsiones basadas en el despojo y la desposesión de las condiciones de vidas más básicas.

Estas familias necesitan estar juntas. De una en una son precarias y pobres. Juntas, conforman una red densa de apoyo mutuo, reciprocidad y afectos, una comunidad, que les permite resistir y aguantar los problemas cotidianos y normales de la vida. “Si nos echan, ¿en casa de qué familiar nos metemos? Si estamos todos igual...”.  Mucho golpe de pecho con la Familia, pero la economía también le declara la guerra a los vínculos y las relaciones que permiten la reproducción de la sociedad.

Las familias de Argumosa 11 se sienten abandonadas por las instituciones pero muy acompañadas por las redes ciudadanas que están a su lado. “Doy gracias a Dios por estos chicos de la plataforma”. Pepi se ha ido encontrando más gente buena como “el mismo señor que tapia las puertas de los desahuciados y que ha guardado todas mis cosas en un almacén sin querer cobrarnos. Es una persona de América Latina, pobre como nosotras, y va contra su conciencia ayudar a echarnos”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas exige la paralización de un  desahucio de manera indefinida hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional, y establece que el Estado español tiene que cumplir con este dictamen. En caso de no ser así, advierte al Gobierno español que será sancionado por ello. Este dictamen fue tenido en cuenta por el juzgado y sirvió para paralizar el desahucio de Pepi, pero no es tenido en cuenta en todos los casos.

La casa para Pepi, Rosi, Rafaela, Juani y sus familias no es solo el recinto cerrado en el que duermen y cocinan. Es parte de su territorio.  “En el barrio tengo el médico que me conoce, el colegio de los niños y las  niñas, las tiendas donde compro, los vecinos. Hay mayores en este mismo inmueble en los pisos de renta antigua. Nosotras estamos pendientes de ellos. ¿quién lo va a hacer?”.

No es sólo que se expulsen familias de sus viviendas. Les desbaratan las vidas. Es un ataque a las redes que les sostienen, a las relaciones de reciprocidad y afectos que son fundamentales, emocional y materialmente, para poder sobrevivir con dignidad.

Argumosa 11 es un universo de mujeres fuertes de todas las edades. Desde Pepi, Rosi y Juani, pasando por Mayra. Míriam o Micaela, hasta Almudena, que es pequeña pero está presente en todas esas reuniones familiares en las que se hablan las cosas sin tapujos. Esas reuniones en las que aprende la interdependencia. Y a reírse hasta de la desgracia propia.

Si ustedes quieren hacer un máster sobre cómo construir ciudad, sobre lo que es el espacio urbano y las vidas diferentes que alberga, vengan y aprendan de estas mujeres que en su vida cotidiana integran el trabajo, el cuidado, los cuerpos diversos.

Con media vida metida en cajas y toda su incertidumbre, Argumosa 11 destila dignidad y fuerza. En dos horas de conversación con estas mujeres se aprende todo lo escrito en los libros sobre el derechos a la ciudad, la importancia de la comunidad para afrontar las crisis, la fuerza que da no sentirse solas.

Por la vida de ellas y por las nuestras, no podemos, no debemos consentir que salgan de sus casas. Si no hay otra solución habitacional en el barrio, su propia casa es la solución.

Ellas son la memoria viva que nos recuerda lo que es ser humanos y humanas. Son defensoras de la vida y del territorio en el corazón de la ciudad.

Juani, Pepi, Rafaela, Rosi, Mayra, Micaela, Míriam y Almudena… Se quedan.

En las últimas semanas se ha generado un necesario, aunque gratuitamente agrio, debate sobre algunas cuestiones nodales cara a construir un movimiento emancipador e incluyente.

Un artículo de Anguita, Monereo e Illueca sobre el Decreto Dignidad en Italia abría la caja de los truenos e hizo saltar todo un repertorio de contestaciones que, desbrozadas algunas de ellas de ironías, tergiversaciones y descalificaciones, van aportando las piezas necesarias para comprender la complejidad del contexto en el que se debe repensar “la izquierda”.

Quisiera aportar algunas circunstancias y datos que no deben faltar en los análisis y que aportan luz para comprender algunas de las grandes tensiones que cruzan los movimientos emancipadores.

La economía es un subsistema del medio natural en el que se inserta y no al revés. Tanto por el lado de la extracción como por el de los sumideros, nuestro planeta se encuentra en una situación de translimitación. Eso significa que el tamaño de la esfera material de la economía está condenado a disminuir. En consecuencia, el crecimiento económico, hasta el momento directamente acoplado al uso de materias primas y a la generación de residuos, se estanca y retrocede inevitablemente.

La mejor información científica disponible apunta en esta dirección, pero, por el momento, la mayoría de la izquierda está viéndolas venir y son los sectores más privilegiados los que se están preparando, con urgencia y en su propio beneficio, para seguir manteniendo su estatus en el contexto de crisis global que tenemos delante.

Parte de la izquierda obvia o reduce la dimensión de la crisis material por ignorancia, pereza, miedo a lo que supone o simplemente porque no se tiene ni idea de cómo meterle mano. Se siguen planteando las salidas a la crisis confiando en un crecimiento económico sostenido que, bajo la lógica productiva actual, no se va a dar. No encarar el debate con toda la crudeza no va a hacer que el problema desaparezca. Más bien supone perder tiempo y capacidades para diseñar políticas significativas que protejan a las mayorías sociales y, sobre todo, deja huecos vacíos que están ocupando deliberada y planificadamente, como bien se advertía en los artículos que desencadenaron el debate, sectores xenófobos de ultraderecha.

La mirada del ecologismo social permite reflexionar desde otro ángulo. Los movimientos migratorios emergentes, presentan diferencias con los del pasado. Hoy se está produciendo una acelerada pérdida de hábitat causada por la expropiación de la tierra, el envenenamiento de suelos, aire y del agua a causa de los extractivismos, la agricultura y ganadería intensiva, y la violencia extrema causada por guerras formales e informales, enormemente asimétrica. Sumado a lo anterior, el cambio climático, disminuye aún más el espacio habitable. Todo ello provoca expulsiones de comunidades enteras de los lugares que habitan. No hablamos ya, por tanto, solo de personas que migran buscando una vida mejor y que esperan enviar remesas a casa o de refugiados por persecución política, sino también de desplazamientos forzosos y masivos por pura supervivencia. Cuanto más inhabitables se tornan los territorios, más personas –también otras especies– se ven obligadas a salir de ellos. No se puede permanecer y no existe un espacio habitable y seguro al que se pueda volver.

Estos procesos no son nuevos en la historia del capitalismo. Sin embargo, la escala ha aumentado de forma exponencial. A partir de los ochenta, el capitalismo mundializado ha “perfeccionado” los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales, urbanización masiva, privatizaciones y explotación de trabajo humano. Los instrumentos financieros, la deuda, las compañías aseguradoras, y toda una pléyade de leyes, tratados internacionales y acuerdos constituyen una verdadera arquitectura de la impunidad que allana el camino para que complejos entramados económicos transnacionales, apoyados en gobiernos a diferentes escalas, despojen a los pueblos, destruyan los territorios, desmantelen la red de protección pública y comunitaria que pudiese existir y criminalicen y repriman las resistencias que surjan.

Silencio socialdemócrata y de parte de la izquierda

Con el silencio y complicidad de las socialdemocracias y una parte significativa de la izquierda, todo se convierte en una mercancía y se impone un derecho corporativo global, que vigilan férreamente organizaciones supranacionales como el FMI, en Banco Mundial, la OMC y, entre ellas, de forma especial la Unión Europea, un proyecto que desde sus inicios se articuló sobre el capital y la guerra.

En este contexto se produce un repunte significativo de opciones políticas de corte xenófobo, populistas y ultraderechistas. Trump, Le Pen, Salvini, Orban o Steve Bannon desarrollan un discurso antiglobalizador y crítico con el neoliberalismo de la Unión Europea y llaman a cerrar filas alrededor de una alternativa replegada en el estado-nación que, además, tiene que “defenderse” del capitalismo globalizado y del riesgo de “invasión” que se deriva de los procesos migratorios potencialmente crecientes.

Tal y como analizaban los artículos de Anguita, Illueca y Monereo, algunas de sus propuestas están peligrosamente próximas a discursos y reivindicaciones que históricamente ha hecho la izquierda y que en los últimos ciclos de movilizaciones estuvieron presentes en las calles: poner freno a las deslocalizaciones, trabas a los movimientos de empresas y capitales, rechazar con el techo de gasto impuesto por la UE y de la supremacía de no superación del déficit, rechazo a la deuda, apuesta y protección a las economías locales, control nacional de la política monetaria, etc.

Estos discursos –y prácticas-, que tienen una pata social y crítica con la globalización neoliberal y otra xenófoba y excluyente, están calando y seduce a masas cada vez más grandes de personas que sienten miedo e incertidumbre.

Cuando los discursos xenófobos dicen “aquí no cabemos todos”, aluden a la imposibilidad de que los estándares de consumo y estilos de vida materiales, políticos y simbólicos que se habían alcanzado solo para algunas partes minoritarias de la población sean viables para todos “los nacionales” si llegan muchas personas de fuera.

La realidad incómoda es que no es posible que quepamos todos si los estándares materiales deseados suponen vivir como si existiesen varios planetas en lugar de uno parcialmente agotado. El bienestar material desigual de los países enriquecidos no se sostiene sobre la base material de su territorio, sino que se satisface acaparando otros territorios y expulsando irreversiblemente a quienes viven en ellos.

Sin transformar radicalmente el metabolismo económico, no son sólo las personas forzosamente desplazadas las que no caben, sino que según se profundiza la crisis material y el cambio climático, y a pesar de que su carnet de identidad diga que “son de los nuestros”, paulatinamente muchas personas quedarán también fuera. Cuando hablamos de exclusión, personas desempleadas de larga duración, jóvenes que no acceden al mercado de trabajo, desahucios o mujeres que sostienen la vida en un sistema que la ataca, estamos hablando de cómo la dinámica de expulsión del capital se expresa también en el supuesto mundo rico.

Ultraderechismos neofascistas

El decrecimiento material de la economía es simplemente un dato. Los ultraderechismos neofascistas abordan, sin nombrarla, esta situación, denigrando a la población desposeída, culpándola de la crisis civilizatoria y expulsándola. Prometen a los locales una vuelta a un pasado glorioso y próspero que nunca existió, sin decirles que muchos de ellos, o sus propios hijos estarán también fuera del círculo de privilegio. Tratan de construir discursos sociales vinculados a un proyecto de nación que les incluye y desde el que defenderse contra la amenaza exterior.

Señalar el carácter xenófobo y combatirlo sin tapujos no debe obviar, sin embargo, la necesidad de confrontar con el neoliberalismo globalizado e identificar con nitidez los elementos de insostenibilidad estructural. Cuando la resistencia política se centra más en reírse de la chabacanería de Trump o en resaltar la ignorancia de quienes le votan que en pensar cómo recomponer economías y políticas en las que quepamos todas las personas, se acrecientan los apoyos alrededor de estas figuras, que son las únicas que hablan de conflictos que en el fondo todo el mundo percibe. Cuando no hay valor para nombrar los problemas y se asume jugar en el terreno de lo establecido como única posibilidad terminamos aceptando la dictadura de los mercados y nos conformamos con la corrección política de los discursos aunque la práctica sea criminal.

Cuando Julio Anguita dice que no quiere escoger entre fascismo y la dictadura de los mercados apunta con acierto que escoger entre lo uno y lo otro, desde el punto de vista de los sectores más vulnerables, no supone elegir entre opciones diferentes.

Los neofascismos criminalizan, estigmatizan, deshumanizan, abandonan y matan a personas “sobrantes” con un discurso y escenografía que busca legitimar socialmente el exterminio. La Unión Europea criminaliza, estigmatiza, deshumaniza, abandona y mata a personas “sobrantes” dentro del discurso políticamente correcto de los derechos, a partir de la ingeniería social “racional” limpia y tecnócrata del capitalista mundializado que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del “valor añadido” que produzcan.

Quienes están poniendo en marcha una estrategia autárquica son los sectores privilegiados. La arquitectura de la impunidad, la legislación laboral, las políticas de securitización de fronteras y las estrategias de los ejércitos blindan y protegen los intereses de los ricos de las incertidumbres de la crisis global. Los ricos se aseguran el flujo de energía, materiales, la disponibilidad de tierras y se aíslan de las posibles tensiones sociales mientras acrecientan los mecanismos de luchas entre pobres y hacen caja con el desastre.

Desde el ecologismo social ponemos encima de la mesa la necesaria relocalización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y la producción y acceso, sobre todo de alimentos, energía y agua con base fundamentalmente local. Hablamos también de poner las vidas en el centro, de las asalariadas y las que trabajan sin salario. Paradójicamente, esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos –teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del trabajo. La noción de democracia ha corrido paralela a la consolidación del empleo fijo como punto de apoyo. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido una pilares fundantes del derecho del trabajo y de la democracia plena.

El capital ya no necesita el trabajo humano

El derecho del trabajo clásico está en crisis y no solo porque el estado-nación haya perdido centralidad o haya cambiado la correlación de fuerzas, sino porque las propias bases materiales que lo sostenían han quebrado y el poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible.

Al explotar el modelo previo, y a falta de una reflexión ecológico-material profunda, el derecho del trabajo asumió lo que Luca Tamayo denominó derecho del trabajo de la emergencia, que aceptaba temporalmente la rebaja de las condiciones laborales y la reducción de las garantías para dar lugar a la creación de empleo. El derecho del trabajo de la emergencia acepta la subordinación de las condiciones laborales al crecimiento económico y la competitividad con la idea de que cuando se retomase la normalidad se regenerarían las condiciones anteriores. Pero la emergencia se ha convertido en la nueva normalidad. El tiempo de los Treinta Gloriosos no va a volver nunca más. Y el trabajo reducido a empleo, que dependía de que la reproducción cotidiana y generacional se hiciese bajo la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Esta realidad debe incorporarse también al debate sobre la centralidad del conflicto de clase. Es verdad que vestirse de progresía conformándose con un capitalismo verde, violeta y multicultural que no dispute la cuestión de clase, efectivamente esconde las tensiones estructurales y conduce a lo que Nancy Fraser ha llamado neoliberalismos progresistas. Pero no tener en cuenta que el capitalismo se construyó y se sostiene materialmente, además de sobre la explotación en el empleo, sobre el racismo, la explotación sin límites de la naturaleza y del trabajo no libre de las mujeres en los hogares, es realizar un análisis material incompleto que no permite entender la crisis civilizatoria. Por ello, el ecologismo social, el feminismo radical o la lucha de las personas racializadas no son cuestiones periféricas que despisten de lo importante, sino que están en el centro del conflicto.

Siguiendo a E.P. Thompsom en 'La formación de la clase obrera', el concepto de clase es dinámico e histórico y responde al conflicto en las relaciones de producción. Si asumimos que para que haya producción hacen falta materias primas, es decir naturaleza autoorganizada y finita, y mano de obra, es decir vida de personas que tiene que ser sostenida y cuidada, los elementos constituyentes del ecologismo, del feminismo y del racismo se encuentran claramente insertos en el conflicto de clase. No hay solo un conflicto estructural entre en capital y el trabajo reducido a empleo, sino entre el capital y la vida. Creo que alrededor del derecho a vivir vidas que merezcan la pena vivirse hay potencia para crear sentido y orgullo de pertenencia a un movimiento de clase, ecologista, feminista y antirracista que revierta la guerra contra la vida.

La cuestión del ámbito de actuación es también importante. Creo que, con la que está cayendo, la estrategia debe ser trans-escalar. Desde luego el estado-nación, pero también los municipalismos, las alianzas con movimientos emancipadores de otros países de Europa y del norte de África y la autoorganización ofrecen posibilidades diferentes pero complementarias que es preciso explorar.

¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Qué producciones y sectores son los socialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo abordar las transformaciones que el cambio climático va a causar en nuestros territorios? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal? ¿Cuál es la escala adecuada de actuación? ¿Qué papel juega la autoorganización, el municipalismo, el estado-nación y las alianzas internacionales? ¿Qué diálogo puede establecerse entre el trabajo socialmente garantizado y la renta básica?

Un debate urgente

Tenemos por delante un debate urgente y necesario que deberíamos abordar sin aplastar, tratar de humillar o descalificar, a veces interpretando libremente o directamente modificando lo que el otro ha dicho. Siempre es más fácil oponerse a lo que nos gustaría que hubiese dicho el otro para no vernos obligados a salir del mundo de las certezas tranquilizadoras…

Santiago Alba Rico que recuperó en 'Ser o Ser (un cuerpo)' la sorpresa de Bateson al observar que los niños de una determinada cultura, cuando comenzaban a andar y tropezaban, se agarraban a su propio pene buscando seguridad. Las niñas, sin embargo, se agarraban a algún objeto externo que les pareciese firme. Supongo que niñas y niños terminaban aprendiendo a caminar, pero seguro que las niñas lo hacían con menos arañazos y golpes.

Nos esperan tiempos muy duros sobre todo si consideramos que para avanzar el apoyo más firme es nuestra individualidad, por más inteligente, leída y militante que sea. Tenemos todas las piezas del puzzle pero nadie lo tiene completo. Tampoco disponemos de muchas certezas inamovibles ante fenómenos cambiantes, acelerados y en algunos aspectos nuevos. Por ello, a falta de mayor seguridad, más vale que nos apoyemos unas en otras.

Toca agarrarse menos el pene y construir más con otras. Esta puede ser una versión libre de lo que llamamos feminización de la política.

Según el diccionario, carne es la parte blanda del ser humano y de algunos animales, formada fundamentalmente por músculos del cuerpo. En una cultura antropocéntrica como la nuestra, los individuos no humanos son frecuentemente reducidos al estado de carne.

La valoración de la vida animal como simple carne supone la transformación de muchos seres vivos en una mercancía. Se cree que su vida tiene sentido solo porque es útil para los seres humanos y los mercados. Pero muchos seres humanos son considerados también carne. Carne viva con capacidad de trabajo, carne que puede ser explotada para hacer crecer la economía y engrosar las ganancias de otros que no se consideran carne ni cuerpo.

En esta fase neoliberal del capitalismo mundializado, y con los límites ecológicos sobrepasados, cada vez más personas formamos parte de esa masa de carne humana utilizada como recurso o como desecho para mantener una economía que, en vez de garantizar la satisfacción de las necesidades, tiene como finalidad maximizar las tasas de ganancia del capital y para ello devora minerales, petróleo, animales, plantas, tierra, agua, reduce personas a carne y expulsa residuos, gases contaminantes, plásticos, artefactos que ya no sirven y también carne humana.

La expresión 'carne de cañón' nació para designar a los soldados, normalmente de rango bajo, que se exponían al fuego de los enemigos sabiendo que su muerte era casi segura. Pero fue utilizada, también, como sinónimo de proletariado y como metáfora de la mano de obra barata y explotada. Marx utilizó esta expresión para referirse a las cuadrillas de trabajo y a la población obrera sobrante o fuerza de trabajo desempleada, estructuralmente necesarias en el capitalismo para garantizar el control de las condiciones laborales, que optimizan la acumulación de capital.

Los discursos del poder han recurrido siempre a deshumanizar y animalizar –en una cultura, insisto, donde lo animal es despreciado– a aquellos sectores a los que se quiere ignorar o explotar. Quitarles la cualidad humana, despreciarles y reducirlos a carne, es el paso previo para poder legitimar la explotación y, en regímenes autoritarios e inhumanos, el abandono e incluso el exterminio.

Primo Levi cuenta cómo los nazis, antes de matar judíos, gitanos, comunistas y homosexuales, les arrebataban la condición humana reduciéndoles a la pura condición de carne. La deshumanización justificaba su exterminio y la pasividad de muchas personas ante él. En nuestra sociedad tecnologizada, muchas personas siguen siendo tratadas como carne.

Las aparadoras del calzado, por ejemplo, se resisten y se organizan para no ser tratadas como tal. Llevan décadas trabajando como si no existiesen. Sin derechos, sin contratos. Ganando apenas 400 euros por 10 u 12 horas de trabajo que hacen en casa, aportando ellas la maquinaria y el coste del consumo eléctrico. Han contraído enfermedades derivadas del oficio: problemas de huesos o columna a causa de pasar horas en la misma posición, depresión por la situación en la que tradicionalmente se han encontrado u otras enfermedades derivadas del contacto con productos químicos tóxicos. Esconder el trabajo en casa sin que genere derechos es ser tratada como carne.

La plantilla de Iveco irá a la huelga en septiembre porque se está despidiendo a trabajadores por faltas de asistencia intermitentes y justificadas. Son gente enferma y personas que tienen lesiones derivadas de los ritmos excesivos del trabajo. Según los representantes sindicales, se trata de una plantilla joven y la empresa aplica los despidos sobre gente que puede tener futuras bajas. Explotar hasta la enfermedad y después despedir a quien enferma es también ser tratado como carne. El colmo de la explotación de la carne es que una empresa cárnica explote también carne humana a través de Servicarne, una falsa cooperativa en la que 1.350 falsos autónomos trabajaban en condiciones precarias y con una absoluta vulneración de sus derechos.

También son deshumanizados y reducidos a la más pura corporalidad las personas pobres. Adela Cortina acuñó el término “aporofobia” para definir el rechazo al pobre, el odio al “sin techo” y a quienes, por desposeídos, no tienen poder. Un artículo reciente, se hacía eco de un informe de la Fundación Rais en el que se concluía que un 80% de las personas sin hogar que se encuentran en la calle han sufrido acoso o agresiones de diversos tipos. Raúl o Alberto son algunas de ellas. Duermen alrededor de la Plaza Mayor de Madrid y, llevar sudaderas con la bandera de España, no les ha servido para esquivar las patadas o insultos de quienes deambulan por allí y les dicen que dan asco.

Susanne Soederberg, investigadora de la universidad canadiense de Queen, afirmaba a raíz de un estudio realizado que la población sobrante es el sector que más crece en el mundo. Todas las personas que quedan fuera del cada vez más estrecho marco de lo aceptado, son estigmatizadas como inmundas, sucias, contaminantes. Son consideradas exclusivamente carne.

Pero la situación más extrema de “sobrecorporalidad” en el momento actual, la están viviendo las personas, que previamente expulsadas de sus territorios, buscan otro lugar para vivir. El poder económico y político también trata como carne de cañón a quienes sufren en mayor medida las consecuencias del cambio climático, el despojo de los recursos y el territorio, el extractivismo; a quienes son expulsadas de sus territorios a causa de la pobreza, las guerras formales e informales que se desencadenan por el acaparamiento de tierra y recursos.

Están surgiendo liderazgos y partidos que han hecho del racismo su eje discursivo central. Amanecer Dorado, desató una ola de odio y violencia en Grecia, que logró ser temporalmente frenada en las urnas. FPÖ's de Austria, la AfD de Alemania, los Finns de Finlandia o los Sweden Democrats de Suecia, el gobierno xenófobo del húngaro Viktor Orbán o Donald Trump son algunos ejemplos de este eclosión.

En toda Europa crece el número de personas que creen que su pérdida de nivel de vida, su precariedad o las expectativas incumplidas están causadas por las personas migrantes que compiten con ellas. Éstas últimas son señaladas como culpables por los dedos de las mismas manos que precarizan a trabajadores y trabajadoras, especulan con la vivienda, el agua o la energía, aprueban tratados internacionales que arruinan territorios y sectores y hacen hasta de la comida y los cuerpos, un negocio. Todo vale con tal de escalar en las encuestas electorales. Y lo malo es que en algunos espacios, habitados por personas con incertidumbre y miedo, eso da votos. Es como si se tuviese la esperanza de poder escapar de ser tratado como carne, yendo contra la carne de otros que están peor que tú.

En fechas recientes, Matteo Salvini rechazaba que un barco en el que se hacinaban personas migrantes desembarcase en tierra italiana. Se jactaba de haber impedido que el Aquarius, repleto, decía textualmente, “de carne humana”, soltase su carga “contaminante” en su país. También él tiene carne. La mostraba en las fotos, descamisado y con corbata verde, que vendió –como si fuese una burla más– para favorecer a una organización que se autodenomina “pro–vida”. Sonreía en la foto con la tranquilidad de quien nunca ha abandonado un barco de personas al borde de la muerte en el mar.

Rivera también usó su propia carne como reclamo electoral. Pareciera que el cuerpo de quien ostenta, o pugna por ostentar el poder, es menos cuerpo y su carne, tan vulnerable, mortal y contingente como la del resto, es menos carne y da menos asco. En estos momentos, Rivera y Casado, a lo Salvini, rivalizan por ver quién enarbola con más fuerza la bandera del control de las fronteras, de los límites a la entrada de extranjeros pobres, del acrecentamiento de los beneficios económicos y electorales que genera tratar la migración como si fuese un problema de seguridad. Algunos medios de comunicación ofrecen datos falsos o medias verdades sobre la entrada de personas, inventan enfermedades y falsas amenazas que refuerzan la percepción de la gente. Se promete la vuelta a una España próspera y cañí que nunca existió.

Todas somos –podemos ser– trabajadoras que pierden derechos, personas que no pueden pagar la hipoteca, familias con dificultades para afrontar las matrículas de la universidad de las hijas, sujetos cuyo territorio se cede a una minera, gente que se tiene que marchar de su tierra porque deja de haber agua o posibilidades de supervivencia digna o mujeres obligadas a sostener cotidianamente la vida en un mundo que la ataca. Todas somos susceptibles de ser consideradas carne humana.

Todas somos –podemos ser– futuras refugiadas que tratan de saltar fronteras, ya sean territoriales, raciales, de género o económicas, para poder mantener vidas que merezcan la pena ser vividas. Y cuando lo seamos, a quienes defienden que lo primero son los españoles les importará bien poco lo que diga la partida de nacimiento. De Cuenca, Madrid, Granollers o Écija, si se trata de elegir entre los beneficios o las personas, la elección estará clara y seremos carne humana abandonable y culpable.

En estas circunstancias, es una locura confiar y seguir a quien señalan a otros como culpables, a quien esconde las posibilidades de medrar detrás de la persecución de los que tienen otro color de piel, no nacieron aquí, tienen menos que el resto, y no se resignan ante la desposesión y el despojo.

Es peligroso fiarse de los discursos que no hacen más propuestas que la de asegurar las fronteras y se limita a increpar, insultar y calumniar sin mesura; de quienes reclaman el poder para sí mismos haciendo promesas a todos los bandos, sin preocuparse de las contradicciones en las que se incurre. Fue la estrategia que a Hitler le fue funcional en un momento no tan diferente al que vivimos hoy y con adversarios políticos incapaces, o no dispuestos a oponer una resistencia verdadera.

Como explicaba Hannah Arendt –y nos recuerda permanentemente Santiago Alba Rico– el ser humano desnudo, sin atributos, sin nombre propio, protegido solo por los derechos humanos se convierte en carne de matadero. Pero, aunque cuando se arrincona y señala a alguien diferente, deshumanizado y solo, hace falta poco para que surja el linchamiento, en ese momento de inflexión, también puede ocurrir que brote la solidaridad, la compasión, el apoyo mutuo –una versión del amor– que iguala y rehumaniza. Para ello, es imprescindible que existan discursos y alternativas viables, reales y valientes que confronten con las promesas de la exclusión y la expulsión.

Luchar hoy es establecer lazos que permitan resistir frente a la ofensiva de quienes van a hacer lo que sea con tal de mantener sus privilegios. Tú, ellos y yo les importamos muy poco y por eso no queda ninguna opción más viable que la de cuidarnos unos a otros. El capitalismo global ha declarado la guerra a todo lo vivo. Cantaba Silvio Rodríguez que en esta contienda, la orden de fuego siempre la dan “disidentes de la cultura, la carne, la gente, el sueño y la vida que no sea virtual”.

La tarea constituyente que tenemos por delante y que ya es inaplazable es la adquisición de la conciencia de que podríamos ser reducidos solo a carne útil y potencial desecho y que solo podremos superarlo poniendo las vidas, las luchas y las alternativas en común. Arrinconar a quienes disparan y reorganizar la vida para que quepamos todos, establecimiento lazos de solidaridad entre diferentes que nos igualen, adoptar una dignidad colectiva sin victimismos son pasos necesarios para superar esta situación de encrucijada sin dejarnos jirones de vida por el camino.

O Pino es un pequeño municipio de A Coruña. Marina nació allí, hija de padre y madre castellanos a los que la tierra gallega se les pegó tanto, tanto, que les cambió hasta el habla, y ahora ya no pueden hablar sin cantar.

Marina y la carballeira de al lado de su casa son un todo. Respirando tanta tierra, se convirtió en la mejor descubridora de tréboles de cuatro hojas que conozco, en cuidadora de bichos, animales y plantas, en una ecologista de las buenas y en una rebelde ante las injusticias contra la gente y contra la tierra. Hace apenas dos años comenzó a estudiar medicina. Tanto entrenamiento en cuidar lo vivo no podía tener otro final.

Y ahora su tierra está en peligro. En Touro-O Pino hay una antigua mina de cobre que fue abandonada a finales de los 80 porque los bajos precios de las materias primas no la hacían rentable. A pesar de que hayan pasado ya más de treinta años sin actividad, la contaminación que causó aún se mantiene en el río Ulla, sus afluentes y llega hasta la misma ría de Arousa.

En la actualidad la empresa Cobre San Rafael SL está promoviendo un nuevo proyecto de extracción que ha puesto en pie a vecinos y vecinas, organizados en la plataforma “Mina Touro-O Pino Non”.

La mina ocupará casi 700 hectáreas, con planes futuros de expandirse a más de 1800. Destruirá casi 500 hectáreas de tierras agrícolas y forestales. La vegetación y la biodiversidad de la zona también se verán gravemente afectadas. Aunque se promete, como siempre, crecimiento económico y empleo, lo cierto es que se perderán puestos de trabajo estables en la agricultura, la industria láctea o el turismo – el Camino de Santiago pasa por Pedrouzo y quienes lo hagan caminarán y dormirán a solo 1 km de distancia de la mina a cielo abierto.

La perspectiva de la creación de empleo durante solo 15 años – probablemente especializado y no para la población local - no justifica la devastación a largo plazo que la mina a cielo abierto supondrá para la zona afectada. Máxime cuando el cambio climático y el declive energético obligarán a relocalizar las economías y estimular las producciones sostenibles, justas y locales.

La gestión de los residuos también presenta riesgos importantes. En la zona de Touro-O Pino se instalarán dos balsas de lodos tóxicos y cuatro escombreras de residuos estériles que ocuparán casi 300 hectáreas – unas 300 veces el tamaño del estadio Santiago Bernabéu- cerca de las áreas residenciales. En concreto, una balsa de lodos, rodeada por un muro de contención perimetral que alcanza los 55 metros de altura y casi 3 kilómetros de longitud almacenará 50 millones de metros cúbicos de estériles de mina, a 200 metros de distancia de zonas habitadas. Si el muro se rompiese la salud de las personas y territorios aguas abajo correría serio peligro.

El consumo de agua aumentará considerablemente. La mina necesitará seis veces más de lo que los dos municipios afectados consumen juntos. Dos afluentes del Ulla deberán ser desviados y más de 20 manantiales serán sepultados.

De ser aprobado el proyecto por parte de la Xunta de Galicia, dicen las vecinas de Mina Touro-O Pino Non, que muchas de ellas tendrán que abandonar sus hogares y empleos por la pérdida del hábitat, de medios de subsistencia y por la afección a la salud. Señalan que entre 1973 y 1986, durante el período anterior de funcionamiento de la mina, ya se produjo la expulsión de parte de la población.

El de Touro-O Pino no es un proyecto único en España. Elena Solís, abogada y miembro de Ecologistas en Acción, alerta sobre un auténtico “boom de la minería especulativa”. Hay varios centenares de proyectos mineros repartidos por toda la geografía del estado español. Se resucitan minas dormidas y se sacan a concurso multitud de nuevos proyectos.

Solís habla de “minería especulativa” porque, dice, los proyectos no solo tienen como meta final la reventa de los permisos a empresas extractivas, con las consecuencias socioambientales que señalábamos, sino que hay otro objetivo inmediato: la obtención de beneficios en los mercados financieros. Los proyectos se convierten en instrumentos para atraer inversores privados, y en bolsa, se compran y venden acciones de las compañías dueñas de los derechos de extracción, que ven inflado artificialmente su valor.

“Numerosas compañías mineras internacionales con poco capital social cotizan en mercados secundarios apenas regulados, como los de Toronto, Australia o Londres, para atraer a fondos privados de inversión”, señala Elena. Consiguen permisos mineros a través de las alianzas con empresas pantalla españolas. Aunque nunca se lleguen a conceder los permisos, con frecuencia se realizan talas o intervenciones supuestamente preparatorias del territorio que den idea a los inversores de que el proyecto es viable. A pesar de que al final no se extraiga mineral, se daña el territorio.

En el caso de la mina de litio de Cáceres, Valoriza Minerías, empresa minera del grupo Sacyr, tramita los permisos en Extremadura, mientras su socio, Plymouth Minerals, informa a sus inversores en la bolsa australiana de que el proyecto es viable. El ayuntamiento de Cáceres ha paralizado las obras porque carecían de los permisos necesarios, pero las acciones de Plymouth Minerals han subido considerablemente.

En Touro-O Pino el esquema es el mismo. Explotaciones Gallegas es el socio local, y se asocia a la multinacional Atalaya Mining, con sede en Chipre, formando Cobre San Rafael SL. A su vez Atalaya Mining está participada por la empresa suiza Trafigura, un holding metalúrgico chino y dos fondos de inversión norteamericanos.

Pero aunque esta nueva oleada de proyectos sea algo relativamente nuevo, el extractivismo no lo es. Es una forma de acumulación por despojo que viene funcionando desde hace siglos. El capitalismo se cimentó sobre la conquista y la colonización de América, África y Asia. Bajo la lógica colonial, estos territorios fueron “especializados” como minas y vertederos, con brutales consecuencias sobre comunidades y pueblos, mientras que los colonizadores, asumieron el papel de productores de manufacturas.

En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial que ha marcado la vida económica, social y política de muchos países del Sur global. América Latina, por ejemplo, ha estado y está atravesada por esta lógica. En 2016 fueron asesinadas 200 personas, el 70% mujeres, por defender la tierra y oponerse a proyectos extractivistas o energéticos.

Allí Laura o Berta, que crecieron pegadas al territorio, que también hablan cantando, con la música que da la tierra, viven situaciones de extrema violencia. Sus luchas sostenidas mayoritariamente por mujeres, confrontan con intereses económicos que no dudan, de forma directa o indirecta, en criminalizar, amenazar, estigmatizar, calumniar, agredir o en el extremo asesinar. Temen ser expulsadas de sus territorios y se organizan para impedirlo, resistir a mercenarios, seguridades privadas, cuando no a los ejércitos de sus propios países. Tratan de mantener sus formas de vida y sus territorios, que viene a ser lo mismo.

El informe “El IBEX 35 contra la vida”, da cuenta de cómo impacta la dinámica extractivista sobre la tierra, otras especies y las personas, especialmente sobre las mujeres. Algunas de esas empresas, que sacrifican vidas y territorios allá, son las que le cortan la luz acá a la gente que no puede pagarla. Las mismas lógicas en diferentes lugares: todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca el beneficio.

Estamos ante un cambio de ciclo. La era del petróleo abundante y barato permitió impulsar, aunque de forma desigual, las potencialidades productivas capitalistas. La dinámica de crecimiento elevó las huellas ecológicas de los países del Norte global, hasta que los requerimientos de materiales, energía y sumideros de residuos superaron la biocapacidad de sus propios territorios. A partir de ahí, el modelo de desarrollo, en el plano material, se construyó con cargo al resto del mundo, configurando metabolismos económicos imposibles de extender y ahora, incluso de mantener en las áreas de privilegio.

Al pico del petróleo, le seguirá el “pico de todo” (peak everything). Mantener el modelo actual sin fósiles supone comenzar a vivir de todos los elementos de la tabla periódica y la disponibilidad de muchos de ellos ya se encuentran en situación de riesgo alto. Cada vez con menos posibilidades económicas y energéticas para iniciar nuevos ciclos de acumulación y habiendo llegando al límite de sus posibilidades de expansión en un “mundo lleno”, extralimitado, al capitalismo solo le queda acentuar la violencia de la acumulación por desposesión.

Los procesos de acumulación primitiva señalados por Marx siempre han estado presentes en la historia del capitalismo, pero en los últimos años se han intensificado. Se ha acelerado el desplazamiento de poblaciones campesinas y la formación de un proletariado sin tierra en diversos lugares del mundo; los recursos comunes, como el agua, se privatizan; se privatizan industrias públicas; se blindan los derechos de las transnacionales a través de los tratados de libre comercio; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la precariedad y la desigualdad aumentan a pasos agigantados.

El círculo de privilegio se estrecha y, ya también dentro de nuestros territorios, la lógica del extractivismo, la desposesión y la expulsión se agudiza. Por ello, en el corazón del mundo enriquecido aparecen también nuevas áreas, las que ha sido históricamente abandonadas, que se pretende utilizar como mina y vertedero y por ello, igual que Laura, Berta y sus comunidades, Marina y la plataformas vecinales se organizan para defender su tierra que, para quienes viven de ella, viene a ser lo mismo que defender su vida.

La nueva etapa está marcada por la expulsión. Un proceso, como advierte Saskia Sassen, de selección brutal que afecta a personas y lugares. No son expulsiones espontáneas ni una consecuencia de la crisis. Lo que sucede es que hoy la expresión de las relaciones capitalistas sigue la lógica del parasitismo. Para que unos tengan más minerales de los que les corresponden, otros tienen que ser expulsados a los márgenes o incluso de la vida.

Se hace difícil imaginar la escala en que puedan llegar a operar estas expulsiones en todo el planeta, en escenarios materiales como consecuencia de la crisis ecológica global. Ya asistimos a desplazamientos de población por motivos ambientales, por acaparamiento de tierras y por guerras por los recursos. A muchas de esas personas expulsadas se las llama “refugiadas” y no se les permite el paso a las zonas ricas que, sin embargo, devoran los materiales, energía o productos que vienen de su territorio cuya extracción o acaparamiento provocaron los conflictos que les han hecho migrar.

Los desastres climáticos, cada vez más frecuentes e intensos, están destruyendo medios de vida, infraestructuras físicas y ecosistemas frágiles. Se sustraen “trozos” de biosfera cuando la tierra es destinada a plantaciones de cultivo industrial o se convierte en tierras muerta cuando se dedica a la minería u otras actividades extractivas Dependemos materialmente de la tierra. Destruirla reduce las posibilidades de supervivencia humana, poniendo en peligro el bienestar, especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables, y provocar desplazamientos masivos de población.

Y volvemos a las vidas cotidianas. El buen vivir, la vida con calidad, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que supera los desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”. Es una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Alude a la oportunidad de construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y ajuste con la Naturaleza.

Por fuerza esa sociedad diferente deberá asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es tanto una opción como un dato, y que esta adaptación puede producirse mediante la lucha feroz por el uso de los recursos o mediante un proceso de reajuste decidido y anticipado con criterios de equidad.

Saber que existen límites físicos en los bienes y procesos imprescindibles nos obliga a repensar nuestras categorías y nociones de libertad, derechos o calidad de vida, de forma que no se adquieran a costa de los de otras personas y especies. Una reducción de la presión sobre la biosfera que se quiera abordar desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como prioridad, obliga a apostar por la relocalización de la economía y el establecimiento de circuitos cortos de comercialización, a restaurar una buena parte de la vida rural, a cambiar el modelo de ciudad, disminuir el transporte y la velocidad, a acometer un reparto radical de la riqueza y los trabajos, también los de cuidados.

La gente de Touro y O Pino quiere poder seguir viviendo allí, de aquello que la naturaleza puede regenerar. Quiere un mundo rural vivo interconectado con los núcleos urbanos. No quieren dejar la tierra envenenada a quienes viene detrás.

Las posibilidades de vivir vidas buenas dependen de que Marina, y otras como ella, sigan encontrando tréboles de cuatro hojas, de que la casa de su familia siga siendo ese lugar acogedor y necesario en el que todo lo importante se dice cantando porque la tierra, esa tierra gallega viva, se les cuela hasta el habla.

En las últimas semanas, temporeras de la fresa en Huelva han denunciado abusos sexuales y amenazas por parte empleadores o capataces. Se ha señalado la falta de procedimientos y perspectiva de género, la opacidad sobre el número de mujeres que trabaja y las condiciones en que lo hace. Siendo cierto, creo, sin embargo, que no estamos solo ante un problema de falta de protocolos. Es un problema structural que tiene que ver con la noción de producción, con la trasformación de la agricultura en un proceso industrial, centrado en la maximización de los beneficios, que explota personas y naturaleza en un contexto patriarcal.

Esta vez el tema saltaba a la esfera pública a través de un reportaje de la revista alemana Correctiv y Buzzfeed News, que denunciaba los abusos hacia las jornaleras en España, Italia y Marruecos.

No deja de ser sorprendente que en plena efervescencia del #YoSiTeCreo y exceptuando al SAT, las organizaciones agrarias, diversas ONG y sindicatos reaccionaron, no exigiendo de forma inmediata la investigación de los presuntos abusos y la protección preventiva de las trabajadoras, sino denunciarndo ante la fiscalía a quienes habían hecho el reportaje, por si había indicios constitutivos de delito. Les preocupaba que la generalización a todo el sector, que compite en el mercado de la fresa con otros países, pudiese dañar al conjunto de personas que lo componen.

No es la primera vez que la situación de las jornaleras llega a las páginas de los periódicos. En 2010, un artículo titulado “Víctimas del oro rojo”, publicado en El País señalaba que los abusos sexuales a las trabajadoras eran “un secreto a voces”, pero constataba que “hasta ese momento, nunca habían prosperado las denuncias contra los responsables de una actividad competitiva en Europa.”

Yo misma tenía experiencia directa del negacionismo sobre la situación de las trabajadoras. Hace ya varios años, en una reunión a la que asistían representantes de organizaciones agrarias, sindicatos, movimiento ecologista y de la administración, expuse que las mujeres temporeras trabajaban en condiciones de semiesclavitud. Eran precarias, trabajaban a destajo y cobraban poco. Tan poco, que muchas trabajaban con pañal porque no querían parar ni para hacer pis. La reacción fue similar. El representante de la mayor organización agraria exigió muy airado que me retractase y algunos de los sindicatos presentes me reconvinieron amable pero firmemente diciendo que no les constaba lo que decía y que, si eso era verdad, lo que tenían que hacer las jornaleras era denunciar.

Nadie sabía nada. Sin embargo, existe un informe realizado por un equipo de de investigación de la Universidad de Huelva, publicado con el logo de la Junta de Andalucía que se titula “Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva” que ya advierte de toda la situación que ahora se denuncia.

¿Por qué esa resistencia a investigar? ¿Por qué la negación? ¿Por qué denunciar a quien denuncia? ¿A estas alturas alguien tiene dudas de que es perfectamente probable que trabajadoras extranjeras, solas y pobres, incluso aisladas físicamente, viviendo en las fincas, entre los invernaderos, corren el riesgo de sufrir abusos sexuales? ¿No es un hecho evidente y real que las y los jornaleros migrantes están mal pagados, son explotados y que de forma reiterada han surgido conflictos?

100 gramos de fresa proporcionan 46 calorías. 46 de las 2.000 calorías diarias que debe comer una persona adulta. Esa es su función social, esa es su verdadera utilidad como producción. Pero para la economía, para “el sector”, las fresas, los alimentos, no son tan importantes por las necesidades humanas vitales que satisfacen, sino por los beneficios económicos que generan. Como lo que cuenta, lo que tiene valor, es lo que se factura, se termina considerando mejor y más competitiva aquella fresa que para ser producida contamina y explota, que la que se pudiese obtener sosteniblemente y de forma justa. Son las mismas 46 calorías por cada 100 gramos, pero “la buena producción” es la que consigue una alta rentabilidad económica abaratando los costes de producción (trabajo e insumos). Los beneficios económicos no restan, sino más bien esconden el enriquecimiento de intermediarios, el sufrimiento de las trabajadoras, el reforzamiento de los patriarcados, desiguales pero aliados, y los problemas de salud y supervivencia futura derivados de contaminar, agotar bienes finitos y cambiar hasta el clima. Tal y como señala Gustavo Duch, “el sistema en cuestión ha sido diseñado para producir algo parecido a alimentos, a costes muy bajos, tanto económicos, sociales como ecológicos; pero que puedan producir altos beneficios a quienes se dedican a su comercialización. Los alimentos, lejos de ser considerados como una necesidad y un derecho, se entienden como una mercancía sin más”.

El no saber, el mirar a otro lado, responde a aplicar una especie de máxima no escrita. Hay que tener una escrupulosa cautela con la imagen del “sector” y quizás no tanta con las personas que trabajan en él. “Ojo, que se puede poner en riesgo un sector que factura casi 300 millones de euros”, dicen.

Desde mi punto de vista, la situación de las jornaleras marroquíes no constituye una mala práctica aislada y puntual. No es un fallo el sistema. Es el sistema en estado puro. Es más bien el resultado sobre territorios concretos y vidas cotidianas de un modelo productivo insostenible, capitalista y patriarcal.

Escondidas, debajo del brillo de las cifras y los beneficios, están las consecuencias ecológicas y sociales de esa forma de producir. La lógica de la producción capitalista se apuntala sobre cimientos injustos, patriarcales, ecocidas y coloniales. Todas esas contradicciones se encuentran en el conflicto de las temporeras de la fresa.

Ecologistas en Acción de Huelva lleva años denunciando que el monocultivo masivo de fresa tiene importantes consecuencias sobre el territorio, entre otros daños se encuentran la deforestación de grandes superficies, la contaminación de acuíferos y el uso generalizado de pesticidas prohibidos.

En muchas ocasiones, el cambio de uso del suelo se ha realizado sin tener el permiso correspondiente, que se termina concediendo años más tarde bajo la política de hechos consumados. El pacto de silencio reinante en la zona hace que las denuncias caigan en saco roto y se trabaje con total impunidad.

Una vez comido el terreno al pinar, la preparación del suelo para el cultivo utiliza productos químicos de síntesis. La “desinfección” del suelo provoca un empobrecimiento del mismo, así como una grave contaminación de las aguas subterráneas que afectan al acuífero 27, del que se nutre el Parque de Doñana.

En el plano social, la explotación laboral constituye una parte indisociable del modelo. A mayor explotación, mayores beneficios. Los bajos salarios son condición necesaria para que el sector sea competitivo y tenga un “alto valor añadido”.

En el inicio del despliegue de los cultivos, era población autóctona la que trabajaba. Según fueron mejorando los ingresos dejaron de trabajar directamente en los cultivos y fueron reemplazados por hombres procedentes de diversos lugares de África. Desde entonces, no han sido pocos los conflictos con los trabajadores de los invernaderos. Las duras condiciones del trabajo provocaron conflictos, revueltas y movilizaciones que trataban de llamar la atención sobre el salario, la dificultad de integrarse en los pueblos cercanos y el confinamiento en barracones y cortijos, a menudo sin agua u otros servicios básicos. Los conflictos fueron respondidos a través de narrativas con tintes racistas y estigmatizadores que legitimaban la explotación. Todas las tensiones son bien conocidas y han sido reflejadas en estudios como, por ejemplo, los del antropólogo Ubaldo Martínez Veiga. Para él, son una manifestación del capitalismo tardío que lleva consigo una idea abstracta del trabajo como fenómeno intercambiable que circula, con independencia de las personas materiales de carne y hueso, entre las diversas unidades productivas. Los efectos perversos de este proceso se agudizan cuando los trabajadores son inmigrantes extranjeros.

Y aún se agudizan más, cuando son mujeres.

De forma más reciente, y a partir de los conflictos con los trabajadores africanos, la contratación ha empezado a desplazarse hacia mujeres procedentes de los países del este de Europa y de Marruecos. Quienes contratan creen que las mujeres dan menos problemas. Para no decir que son menos conflictivas, se argumenta “científicamente”: las mujeres son más aptas para la recogida de la fresa porque “tienen los dedos más delicados” - como si los hombres tuviesen dificultades congénitas para ejercer la función prensil sin espachurrar la fresa o las mujeres no fuesen capaces, si lo desean, de escachar con sus dedos cualquier cosa delicada y blandita - y presentan una morfología que las capacita genéticamente para estar más tiempo inclinadas, recolectando.

Muchísimos campesinos en todo el mundo arrancan patatas del suelo y recolectan los frutos de plantas rastreras y matas agachados. Terminarán seguramente deslomados y agotados pero no creo que se hayan planteado jamás que su cuerpo está menos preparado genéticamente para adoptar una postura recolectora, y al vivir de lo que recolectan, tienen buen cuidado de usar sus dedos con mesura para no destruir el fruto que recogen.

El patriarcado, otra vez más, se alía con el capitalismo. Se contrata a mujeres pobres, jóvenes, que no estén obesas, preferentemente casadas y que tengan hijos a su cargo, menores de 14 años, para asegurar que vuelven a sus países. Ellas, naturalmente, vuelven a casa si dejaron allí a seres vulnerables de los que hacerse cargo. Parece ser que no es tan seguro que ellos lo hagan.

Y una vez aquí, solas, sin conocer el idioma, en entornos profundamente machistas, trabajan a destajo y en condiciones duras por un jornal de mierda. En ocasiones, acosadas por “manijeros” y empleadores que amenazan con apuntar menos kilos de los que recogen y despedirlas si no consienten en ser manoseadas y abusadas. “O te dejas o te quedas sin fresas”

Las jornaleras de la fresa marroquíes enfrentan una alianza perversa entre diversas formas de patriarcados que se refuerzan entre sí: el que las ve como un recurso con dedos delicados, genéticamente predispuesto a agacharse, explotables, sumisas y cero sospechosas de pretender quedarse en España por tener responsabilidades de cuidados; el de los capataces y manijeros, que estando también probablemente explotados, encuentran alguien sobre quien ejercer el poder y ante quien sentirse virilmente dominadores; y el de los hombres de sus propios países, sus maridos, ante los que, dicen las jornaleras, deben esconder los abusos que sufren para no ser repudiadas y poder volver a casa.

Toda esta concatenación de violencias contra los territorios y contra las personas - de clase, de origen, de género – forman parte estructural de una determinada forma de producir. No son casos puntuales o aislados.

Quizás por eso hay tantas resistencias a investigar y denunciar, quizás por eso, en lugar de aplicar el principio de precaución y proteger a las mujeres trabajadoras, primero se duda de ellas y se advierte de los riesgos que puede correr “un sector tan competitivo”. Con la prioridad puesta en los beneficios, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que el sector se mantenga y crezca.

Es de agradecer que el SAT y otros colectivos solidarios y feministas estén prestando atención, visibilizando, y acogiendo a estas mujeres, a las que se trata de expulsar para que no denuncien. Hasta para poder denunciar hace falta una comunidad que te sostenga y te apoye. El grito “no bien, no bien” expresa con claridad que las temporeras marroquíes no son sumisas ni dóciles.

Son valientes estas mujeres que denuncian, que saben que 46 calorías por cada 100 gramos es el verdadero valor de la fresa y que su precio en el mercado no compra ni sus dedos, ni su cuerpo.

En las últimas semanas se está produciendo un importante ataque desde dos grandes medios de comunicación, El Mundo y El País, a las empresas de la Economía Social y Solidaria que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid, así como a varios concejales, asesores y quizá de fondo a la alcaldesa. Se inventan una “trama” y sueltan nombres de personas que trabajan en la economía social o trabajaron en ella y hoy lo hacen en el Ayuntamiento. Las personas nombradas no tienen capacidad de contratación de servicios, pero se insinúa que la tienen y que usan su poder para crear una red clientelar.

No es una novedad. Desde 2015, el intento de descrédito mediático ha sido una constante. De forma recurrente, los nombres de personas y empresas de la economía social se han utilizado como arma arrojadiza contra el gobierno de Ahora Madrid.

Sin embargo, quizás porque se acercan unas nuevas elecciones, este último ataque es más intenso y, llamadme malpensada, parece estar coordinado entre varios medios de comunicación y algunos partidos políticos. Intuyo que, después de unas semanas de sacar todo tipo de información confusa e insidiosa, se terminará produciendo alguna querella infundada del PP, Ciudadanos o ambos, contra Ahora Madrid, que, como en otros casos acabará desestimada o archivada pero que generará ruido de cara a la contienda electoral. La economía social y solidaria y el cooperativismo es el terreno de combate que han elegido para poner en marcha esta estrategia.

En este marco de acoso a las cooperativas, el pasado lunes 30 de abril, se lanzaba una noticia que me afectaba a mí directamente. La escribía un periodista de El País, Luca Constantini, entregado desde hace meses a la causa de mezclar palabras, hechos y nombres en artículos venenosos de escaso rigor y calidad.

Ese lunes pude experimentar el dolor, el agobio y la rabia que da que alguien te difame en un medio de difusión masivo, y exponga una imagen distorsionada de ti ante miles de personas que no te conocen y a las que no puedes llegar para aclarar. Es curioso, pero no estuve tranquila hasta que pude comunicarme con mis hermanos y hermanas, que no son activistas, y solo se me saltaron las lágrimas cuando me expresaron su apoyo y confianza incondicional. Imagino que también se sentirán así Fernando Sabín, compañero imprescindible que, en una serie de piezas aún más delirantes que las que hablan de mí, está sufriendo un acoso tremendo por parte de periodistas de El Mundo; o Toño Hernández, el compañero de activismo y de vida más generoso.

Siento la necesidad de explicar cuáles son las falsedades y las medias verdades con las que Costantini construyó la noticia, que siguen la misma lógica del resto de noticias de este periodista contra Tangente y muy similares a las que El Mundo está usando con otras personas y empresas de la economía social. Siento la obligación de hacerlo ante muchas personas que me conocen y a las que no tengo el derecho de exigir actos de fe ni confianza ciega.

En mi caso, la noticia dice que he sido impulsora y fundadora de la candidatura de Ahora Madrid y además participante de una empresa cooperativa. A partir de esas dos afirmaciones, y sin realizar ningún tipo de acusación concreta, se insinúan todo tipo de uso de influencias y poderes que consiguieron que Carmena haya terminado “dando” 300.000 euros a mi “firma” (mismo término que usa El Mundo para dirigirse a las empresas de economía social). La entradilla del artículo afirma textualmente que “la cooperativa fundada por Yayo Herrero, activista de IU y Ganemos, pertenece a un grupo que ha obtenido ya 1.000.000 de euros del Ayuntamiento de Madrid”.

Me gustaría aclarar algunos aspectos respecto a la información publicada.

Uno. Una cooperativa no es la “firma” de nadie. Es una empresa en la que las personas socias-trabajadoras son dueñas y, por tanto, quienes deciden democráticamente sobre todos los aspectos: una trabajadora, un voto.

Yo, efectivamente, fui una de las socias fundadoras de Garúa S. Coop. Mad. hace más de 10 años. En enero de 2012 decidí aceptar una oferta de trabajo externa y dejé de ser socia-trabajadora. Es decir, desde hace casi seis años y medio –salí de Garúa más de tres años antes de las elecciones de 2015- no formo parte de la empresa, y, por no ser trabajadora, no participo ni tengo voto sobre sus proyectos y actividad.

Dos. Tangente es un grupo cooperativo que aglutina a varias empresas –14 en total– de la economía social y que engloba el trabajo de unos 130 profesionales. Se conformó como grupo a finales de 2013, después de que yo hubiese dejado de trabajar en Garúa; por tanto, nunca he tenido la oportunidad de participar ni trabajar en él. Desconozco cuáles son los concursos a los que legítimamente se presenta y los que gana.

Tres. No soy activista ni de IU, ni de Ganemos, ni de ninguna de las organizaciones que construyeron la candidatura de Ahora Madrid. Se lo dejé claro al periodista por correo electrónico el día antes de que sacara la noticia. Me consta que recibió el correo porque recoge fragmentos del mismo en su artículo, pero prefirió mantener la mentira en su titular, supongo que para poder sostener su rocambolesca teoría.

Cuatro. Tampoco fui, como se insinúa, fundadora de Ahora Madrid; no impulsé la creación de la confluencia, no participé en la organización de la campaña electoral de Ahora Madrid. Es cierto que recibí propuestas, e incluso algo de presión, para incluirme en las listas de la candidatura, pero quienes me conocen saben que hasta el momento he optado por no participar en iniciativas que tengan como objetivo presentarse a elecciones. Tampoco he aceptado propuestas que supusiesen trabajar de forma remunerada en la política institucional ni como liberada en movimientos sociales, aunque me parece legítimo y necesario que otras personas lo hagan.

Asistí durante la campaña a un encuentro de Manuela Carmena con las entidades de la economía social madrileña, similar a los que se mantienen con candidatos de otros partidos, en la que le informamos de lo que éramos y le trasladamos nuestras expectativas.

Acudí como ciudadana a los actos de campaña que me interesaban y reivindico mi derecho a hacerlo sin tener que dar explicaciones ni disculparme ante nadie por ello.

Cinco. El artículo de Luca Costantini dice que, aunque yo le he dicho por escrito que no tengo ni he querido tener vinculación orgánica ni económica con el Ayuntamiento, “Herrero sí colaboró con el Consistorio en la auditoría ciudadana de la deuda, por la que se pagaron 500.000 euros en informes y contratos donde participaron miembros de Fuhem, otro colectivo dirigido por Herrero”.

Este es un asunto sobre el que el mismo periodista trató de ensuciar en otros artículos previos. Lo explico de nuevo. Varias personas fuimos invitadas a participar en el consejo de la auditoría de la deuda. La realización de esta auditoría era una de las promesas centrales del programa con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones. El consejo asesor está integrado por personas expertas en los diferentes ámbitos que se pretendían auditar y la participación en este consejo es voluntaria y gratuita. Mi aportación se centra en proporcionar criterios para la evaluación de políticas públicas en materia medioambiental, cosa en la que, faltando a la modestia, he de decir que tengo conocimientos más que suficientes y contrastados.

Las personas que estamos en el consejo asesor no participamos en la decisión de a qué empresas o personas se adjudican esos trabajos técnicos. En cualquier caso, el colmo de la cutrez periodística es decir que en esos informes y contratos adjudicados participaron miembros de Fuhem. Una compañera, que además de trabajar en Fuhem colabora con una universidad, se postuló, en nombre de ésta última, como candidata para coordinar el trabajo de la auditoría. Su candidatura no ganó la licitación, pero la noticia sugiere lo contrario.

Además, y como aclaración, Fuhem – el periodista escribió mal el nombre en el artículo– no es un colectivo, sino que es una fundación de reconocido prestigio en el conjunto del Estado y en especial en Madrid, con casi 60 años de historia. Lo que sí es cierto es que tengo el orgullo de ser su directora desde enero de 2012, aunque siempre he observado con escrúpulo la distancia entre mi actividad política y mi trabajo profesional.

Vamos, que ni trabajo en Garúa, ni formo parte de Tangente, ni soy activista de IU o Ganemos. No he formado, ni formo parte del proyecto de Ahora Madrid. No hay personas de Fuhem que hayan trabajado en la auditoría de la deuda. No cobro por ser parte del consejo asesor, ni participo en la asignación de esos trabajos. Costantini sabía todo esto porque yo se lo explicité, pero en su artículo insinúa lo contrario.

Señalar a la economía social

Pienso mucho lo que cuesta llevar las prácticas feministas a la política. No se está consiguiendo ni en la organización de los tiempos, ni en las formas, ni en la capacidad de debatir, ni de buscar acuerdos. Creo que algunos medios, con ataques infundados como estos, tienen una parte importante de culpa y se convierten en importantes aliados del patriarcado más rancio.

He de decir que la calidad del artículo de Luca Costantini me parece pésima y, aunque soy crítica desde hace años con la línea editorial de El País, me parece tremendo que un diario de esa tirada no tenga controles de calidad que impidan que personas como esta arrastren el nivel y prestigio de su periódico hasta extremos tan bajos.

Pero no quiero reivindicar solo mi nombre o mi honestidad. No quiero ponerme de perfil ante lo que es el propósito de fondo de esta campaña de El País y El Mundo que trata de meter miedo, hacer pensar que todos somos iguales y señalar a la Economía Social y Solidaria y a quienes trabajan en ella como un atajo de advenedizos que ocupan un lugar que no les corresponde.

Defiendo que cualquier persona puede intentar ocupar con honestidad el lugar en el que desee estar. La gente tiene derecho a participar en la política institucional independientemente de dónde haya trabajado en el pasado y a ser tratada en los medios con el debido respeto y rigor. La institución tiene que vigilar la honestidad de las actuaciones, velar por la correcta gestión de lo público y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad. Es precisamente la impunidad la que iguala a honestos y a corruptos.

Quiero decir, también, que Garúa es una excelente empresa, integrada por profesionales enormemente cualificados. Es el lugar donde, sin duda, volveré a trabajar. Es la empresa en la que es posible hacer tareas con sentido, criar hijos e hijas a la vez que se trabaja, desarrollar proyectos propios.

No me sorprende que mis excompañeras hayan obtenido tres contratos en diferentes concejalías en torno al diseño de un “proceso participativo”, la implementación de un “plan de consumo sostenible” y “actividades formativas para la introducción de la alimentación ecológica”. En esos tres aspectos, Garúa es una referencia. Me alegra mucho que el Ayuntamiento, a partir de los procedimientos administrativos que tiene establecidos, les haya seleccionado.

El proyecto de 292.000 euros al que hace referencia el titular de El País está adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por otra entidad (que lleva el 95% del trabajo y la facturación) y Garúa (que lleva el 5% restante). Es curioso que solo aparezca el nombre de Garúa. Quizás sea porque era la única forma de poder construir “el notición”. Y esa ausencia resulta aún más relevante por el hecho de que la otra entidad es la que lleva prestando ese servicio desde 2004, cuando ni siquiera era soñado el 15M y gobernaba el PP.

El objetivo: generar miedo

Cuando los artículos hablan de “dar a dedo”, se pretende equiparar y confundir millonarias dádivas mediante sobres y comisiones ilegales con la adjudicación de trabajos concretos y verificables que, según los propios datos de El País, y teniendo en cuenta que en Tangente trabajan 130 personas, han supuesto una retribución bruta de unos 2.500 euros por trabajadora y año. Es obvio que el “pelotazo” descubierto por el sagaz periodista suena ridículo y que para las empresas de Tangente, el Ayuntamiento de Madrid es un cliente más.

El propósito de esta ofensiva mediática es triple. Por un lado, hacer pensar que da lo mismo quién esté en las instituciones. Hagamos creer que todo es lo mismo. Fabriquemos supuestas “tramas corruptas” que salpiquen a concejales, asesoras y a sus espacios de procedencia.

En segundo lugar, se persigue asestar un golpe a una forma alternativa de concebir la economía y las empresas. Se ensucian los nombres de muchas personas y de entidades empresariales que llevan años construyendo modelos económicos alternativos que tienen como prioridad la autoorganización, el bienestar, el mantenimiento y crecimiento del empleo, a la vez que se producen servicios socialmente necesarios que no destruyen la naturaleza y resuelven necesidades humanas.

Y el tercer objetivo es generar miedo. Miedo a defender y llevar a cabo los programas; miedo a ocupar espacios legítimos, miedo a emplear otros lenguajes y otras prácticas... Después de casi tres años de acoso mediático en el Ayuntamiento es ya hora de no tener miedo. Han sido muchos meses de querer pasar inadvertidos ante ofensivas que no van a cesar hasta que desaparezcas o dejes de ser lo que eres.

Canto en un coro de mujeres y nuestra directora utiliza las mejores metáforas para explicarnos cómo tenemos que interpretar un tema. A veces, cuando no estamos seguras, no llegamos a las notas más altas, desafinamos o el sonido no sale limpio. En esos momentos nos dice “chicas, están cantando con miedo y así la canción no expresa nada. Canten sin miedo, canten como si la voz les saliera de los ovarios”. Y oye, la voz termina saliendo, y juntas somos capaces de conquistar las notas más altas.

Por eso, hoy quiero sacar mi voz también de los ovarios, porque no quiero tener miedo.

Voy a seguir defendiendo que la economía social y solidaria es una opción necesaria para revertir un modelo económico que echa a las personas de sus casas para luego especular con ellas; que le corta la luz a la gente cuando no puede pagar; que hace expedientes de regulación de empleo, a veces incluso teniendo beneficios; que recorta en servicios públicos; que pretende encerrar a la mujeres en casa para que se ocupen de sostener la reproducción cotidiana; que genera masas de personas desempleadas, las culpa y estigmatiza por no tener empleo; que destruye bienes finitos y desregula los ciclos naturales de los que dependemos.

Quiero reivindicar el derecho de las personas a trabajar, a construir empresas y a ser activistas o participar en la institución si así lo desean. No hay que esconder que muchas nos organizamos para transformar un modelo que le declara la guerra a la vida. Lo hacemos consciente y orgullosamente.

He intentado tener siempre un buen nivel de diálogo en todas las organizaciones políticas a las que he podido acceder o me han prestado atención, con el fin, confieso, de tratar de influir en la transversalización de las cuestiones ecológicas y feministas en sus programas y acciones y proponer alianzas y confluencias. Pienso seguir haciéndolo.

He hablado, como dice Costantini, de economía social en ámbitos de “IU, Ganemos e incluso de Podemos”. Sí, lo he hecho y también en ámbitos del PSOE, del PNV o de la CUP. He hablado de economía ecosocial invitada por ayuntamientos de todos los colores políticos, también del PP, en universidades de todo el Estado, en centros sociales ocupados, en parroquias, conventos, asociaciones de budistas, en cursos para jueces y juezas, en formaciones para sindicalistas de todo el espectro… En todos los lugares en los que he tenido la oportunidad de hacerlo.

Lo voy a seguir haciendo, aún más si puedo, y además, trabajaré en las empresas de economía social que quiera y nos presentaremos a todos los concursos públicos que podamos, porque el espacio de la economía es también nuestro espacio y tenemos derecho a estar en él.

Seguiré firmando los manifiestos que me parezcan oportunos y apoyando todas aquellas causas que crea debo apoyar. No creo que se llegue a más gente ocultando las ideas en las que una cree. Lo transversal es saber explicarlas y estar dispuesta a debatirlas con cualquiera, con respeto y poniendo el cuerpo cuando haga falta.

No todos somos iguales

Tener posición política clara es un derecho perfectamente compatible con poner en marcha empresas y pretender vivir del trabajo en ellas. La clave es hacerlo con honestidad y transparencia, ahí están los portales del ayuntamiento en los que se detallan los contratos adjudicados. También son accesibles las cuentas de las empresas de la economía social, que no sólo miden sus resultados en términos monetarios, sino que también hacen balances sociales que incluyen la calidad del empleo y de los servicios prestados, la sostenibilidad o la igualdad de género.

No todas somos iguales. Ni las empresas son iguales, ni las organizaciones empresariales, ni las personas que gobiernan, ni las que están en la judicatura, ni tampoco los periodistas. En algunas de mis charlas, durante el coloquio la gente más fatalista suele plantear que cuando las economías alternativas cojan fuerza, el sistema iría a saco a por ellas. Puede que estemos llegando a ese momento y, de ser así, habrá que disputar esa hegemonía económica.

A mí me sirve de inspiración el movimiento feminista que ha pasado activamente a reclamarlo y exigirlo todo. Ante la violencia estructural o mediática estamos obligadas a dar un paso adelante, no dejar estas agresiones sin respuesta y defendernos colectivamente.

Uno. El verano de 2012, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores llevaban a cabo una acción de expropiación forzosa de alimentos destinados a comedores sociales. La acción fue calificada de robo y generó no pocas páginas de ridiculización, difamación y criminalización de los autores de la acción.

Dos. En 2013, la policía nacional detenía a dos personas, e identificaba a varias más, por intentar impedir el desahucio de una mujer de 87 años con Alzheimer, y de su hijo, de 51, en Triana (Sevilla). Las detenciones e identificaciones en acciones encaminadas a parar desahucios no son hechos aislados.

Tres. El verano de 2017, varios propietarios de fincas, con la complicidad de algún miembro de la guardia civil, tendían una trampa – bastante chapucera, por cierto - a Juan Clavero, compañero de Ecologistas en Acción de Andalucía que, entre otras muchas cosas, trabaja en contra de la apropiación del territorio público por parte de intereses privados. Trataron de desprestigiarle imputándole un delito de tráfico de drogas.

Cuatro. Un bombero, Ignacio Robles, fue acusado de desobediencia recientemente por negarse a participar en la supervisión del embarque de armamento vendido a Arabia Saudita. Estuvo a punto de ser suspendido de empleo y sueldo varios meses.

Cinco. Tres bomberos, Manuel Blanco, Julio Latorrey Quique Rodríguez, están pendientes de juicio en Grecia por participar en labores de rescate en Lesbos. Les acusan de tráfico ilegal de personas y les pueden caer diez años de prisión. El barco de Open Arms retenido en Sicilia –y liberado según escribo estas líneas-  y Helena Maleno, portavoz de la organización Caminando Fronteras, son perseguidos por colaborar en tareas de rescate o avisar a Salvamento Marítimo cuando hay embarcaciones en riesgo.

Seis. En los pasados meses, el sindicato ELA recibía una reclamación de la hacienda vasca sobre la caja de resistencia. ELA había aplicado los mismos criterios de los casi cuarenta años anteriores pero durante unos días pareció querer sembrarse la duda sobre el uso de uno de los instrumentos más importantes para la defensa de los derechos laborales, que sirvió, por ejemplo, para que las trabajadoras de las residencias de Bizkaia sostuviesen una huelga de 270 días.

Siete. En abril de 2018, se acusa de rebelión y terrorismo a varias personas pertenecientes a los Comités de Defensa del Referéndum. Habían llamado a la participación en actos de protesta y cortes de carreteras pacíficos. Son acciones frecuentemente realizadas por los movimientos sociales sin que, hasta el momento, se hubiesen catalogado de terrorismo.

El asunto a destacar en todos estos casos es que el objetivo central de la represión es desmantelar cualquier forma de solidaridad o apoyo mutuo entre las personas.

El mantenimiento de élites privilegiadas en un mundo en crisis exige acrecentar la desposesión de las mayorías y criminalizar la resistencia y construcción de planteamientos de vida en común alternativos, justo cuando más falta hace.

Se trata de mostrar públicamente que preocuparse por el otro, estar pendiente de sus condiciones de vida, se castiga y sale caro. Se trata de arrinconar la empatía y de que comportarse humanamente dé miedo. La criminalización ejemplarizante pretende advertir de los riesgos que se corren al estar pendientes, al cuidar de otros.

Los ataques a la solidaridad, el castigo a quienes se ocupan de otras, está en la base de la deshumanización. “Hija, tú no te signifiques”, te decían las abuelas que habían vivido el miedo de la dictadura y querían protegerte. El buen ciudadano es el que sospecha de cualquier disidencia, de las pobres, de los de fuera, de las mujeres libres; es el que mira mal al fracasado que no tiene méritos, o no los pudo comprar.

La desconfianza mutua dificulta hacer causa común. Desencadena mecanismos de lucha entre sometidos que les son enormemente funcionales al poder. Se alienta que quienes, dentro de su vulnerabilidad, están un poquito mejor que otros,  culpen a quienes están peor que ellos de sus males. El rechazo y miedo que suscita el diferente, terminan haciendo que atacar a quienes son más débiles que tú, sea más fácil que organizarte con ellos para frenar a los que viven a costa de los dos.

Mientras tanto, en las esferas de poder, sí que se construye un sistema sólido de autoprotección. Se decía en la última convención del PP, al hilo del escándalo de Cifuentes: “tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros”. Lo malo es que “lo suyo”, es lo público, lo común, lo que es necesario para sostener la vida de todos y todas. Y “los suyos” son los que tratan de desmontar, por las buenas o por las malas, la resistencia y solidaridad hacia los nuestros.

Quienes hoy están en el poder, sí que saben establecer alianzas. Se infiltran en las universidades públicas para dorar las trayectorias personales de quienes luego son presentados, gracias a esos títulos, como eficientes gestores frente a recién llegados que “no saben gestionar”; se conchaban con parte del poder judicial, en alianzas que atraviesan varias generaciones y que van consiguiendo, con una estrategia bien cuidada - ríete de la política matrimonial de los Reyes Católicos-, ir colocando a las personas adecuadas en puestos clave para dejar los temas bien amarrados; tienen importantes conexiones con medios de comunicación y profesionales de la calumnia que, a través de la televisión y la radio, tienen la capacidad de meter una realidad inventada hasta el dormitorio de cualquier persona.

Ellos sí que establecen una espesa trama de relaciones. Es verdad que son relaciones basadas en el pago, la corrupción, la amenaza y las lealtades villanas. Una especie de retrato de Dorian Grey de la solidaridad y el apoyo mutuo, pero que funciona y les proporciona una enorme cohesión que deslumbra a personas agobiadas por la incertidumbre y el miedo a la precariedad, personas que perciben que no hay nada que hacer frente a ese despliegue de poder y que más vale estar debajo de su “manto protector”.

La contrapartida de esta falsa protección – tú, en el fondo, no les importas nada- es considerar adversarios a los enemigos que señala el poder… El buen ciudadano es el que se ocupa solo de lo suyo, el que obtiene lo que necesita como debe ser, de forma honrada, pagándolo.

Mi bisabuela murió cuando yo tenía 16 años. Utilizaba expresiones que yo no he vuelto a escuchar jamás. Cuando quería describir a alguien duro, a alguien que no se ocupaba de nadie, que no sufría, ni se conmovía ante el dolor, decía que esa persona tenía pelos en el corazón. Buscando, después, el origen de la expresión, parece que fue utilizada por Plinio, el Viejo. Se la aplicaba a un tal Aristómenes Mesenio, un griego que de una sentada había matado, uno detrás de otro, a trescientos espartanos y se había quedado tan fresco. Mesenio fue finalmente capturado y al abrirle el pecho encontraron que su corazón estaba lleno de pelos.

El silencio o la inacción ante la injusticia hacen brotar pelos en el corazón.

No soy independentista pero la represión de los CDR me parece un disparate; odio las peleas nocturnas en bares pero acusar de terrorismo a los chicos de Altsasu me parece un despropósito; perseguir a Helena Maleno, a los bomberos o a Open Arms por empeñarse en que no se ahogue gente en el Estrecho me parece una atrocidad; escandalizarse porque haya gente que saque comida de una gran superficie para alimentar a quienes malcomen, me resulta incomprensible; sembrar la duda sobre un sindicato que usa la caja de resistencia para defender a las trabajadoras que contribuyen a que exista esa caja de resistencia, me parece mezquino; mirar peor a quienes expropian los alimentos que a quienes especulan con ellos, me parece peligroso…

Permitir el desmantelamiento de lo común, dejar que se castigue la solidaridad, nos puede salir muy caro. Ante la que está cayendo, necesitamos muchas PAH’s, muchas cajas de resistencia, mucha economía solidaria, mucha gente haciendo boicot a la guerra, muchas personas acogiendo y pendientes de quienes no pueden pagar el recibo de la luz...

Solas no podemos pero con otras sí. La única forma de acumular poder para hacer frente a lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, es la solidaridad, la construcción de redes dentro y fuera de las instituciones, la creación de un movimiento fuerte de personas que se autoprotejan, sin dejar a nadie fuera, sin hacerlo a costa de quienes son más débiles.  El gran reto en este momento es aprender a construir lo colectivo. Es aprender a ser comunidad, no sólo en lo virtual, sino en lo más material.

No es una apuesta sencilla, porque, para construir movimientos sólidos y duraderos hace falta establecer formas de organizarse y participar que se basen en la construcción colectiva, en la diversidad, en liderazgos compartidos, en la horizontalidad, en la gestión del conflicto, en la desactivación de la sospecha y de la excesiva pureza...

Muchos movimientos y partidos no saben hacerlo. Tienen mucha experiencia en construir cosas hermosas, pero son negados y torpes para mantenerlas. Aquí, como en las casas, cuesta más y es menos visible el trabajo de Sísifo de mantener y reproducir.

Tenemos que conseguir que la crítica o la pelea contra quienes tenemos más cerca deje de ser la vía más fácil y cómoda de existir políticamente. No puede ser que los lugares desde los que pretendemos construir alternativas democráticas que pongan la vida en el centro, se parezcan tanto al Pantano del Hedor Eterno y estén dominados por pasiones que salen de corazones temporalmente peludos. Las capacidades de articularse y de generar movimiento parecen estar, en ocasiones, bastante oxidadas y roñosas, y, sin embargo, para revertir el régimen de guerra contra la vida, su puesta a punto y engrase es crucial.

La buena noticia es que esa capacidad se puede aprender, se puede educar. Movimientos como la PAH, la Red de Solidaridad Popular o el feminista nos lo han enseñado. Muchas como yo hemos aprendido en los 20 años de trayectoria de Ecologistas en Acción a sumar la diversidad sin aplastar la diferencia, a invertir tiempo en llevarnos bien, en ser compañeras. La clave es identificar la amenaza a la que hay que responder, mirar sin miedo los problemas a encarar, no despistar la mirada. Si decimos que hay un enemigo a batir pero desconfiamos más de las personas de nuestros colectivos que de quien nos reprime, vamos muy, muy mal.

Para crear espacios de resistencia y reconstrucción sanos, en los que nos guste estar, es imprescindible reconocer y sentir que estamos en esto porque amamos la vida y la gente, porque no nos da igual lo que les pase a los que sufren, porque nada nos es indiferente, tampoco nuestros compañeros.  Silvio Rodríguez lo dice de una forma que a mí me pone las pilas:

“solo el amor alumbra lo que perdura/ solo el amor convierte en milagro el barro/ debes amar el tiempo de los intentos/ solo el amor consigue encender lo muerto/ y si no, no la emprendas, que será en vano”

Son tiempos de vacunarnos de amor para evitar que los corazones se nos llenen de pelos y, casi sin darnos cuenta,  seamos, al final, igual que ellos.

A comienzos de los 70 se publicaba el informe Meadows sobre los límites al crecimiento. Han hecho falta más de 40 años para que las élites mundiales reconozcan, al menos en los discursos, lo que el movimiento ecologista llevaba advirtiendo desde hacía décadas: de no afrontar una profunda y rápida transformación de los metabolismos económicos, enfrentaremos una gravísima desestabilización global de los ecosistemas y ciclos naturales con desastrosas consecuencias sobre los territorios y la vida. 

Lo que llamamos economía es un potente sistema digestivo que devora, a toda velocidad, minerales, petróleo, bosques, ríos, especies y personas, y defeca gases de efecto invernadero y residuos peligrosos que envenenan la tierra, el aire o el agua. El edificio del capitalismo globalizado se ha construido sobre la quema acelerada de carbón, petróleo y gas natural desencadenando el cambio de las reglas del juego que han organizado el mundo vivo durante los últimos milenios. 

Hemos sobrepasado el pico del petróleo convencional, y las energías renovables, con tasas de retorno energético mucho menores y dependientes de una extracción de minerales también declinante, no pueden sostener la dimensión material de la economía, sobre todo sabiendo que esos mismos materiales son también demandados para electrificar el transporte y digitalizar y robotizar la economía. Las reservas de minerales no dan para todo lo que se pretende hacer con ellas.

Si además miramos la pérdida de biodiversidad – el mayor seguro de vida para adaptarse a fuertes desequilibrios –, el declive de reservas pesqueras en todo el mundo, el proceso de cementación y crecimiento de las ciudades, la contaminación masiva, el desorden radiactivo y la proliferación de productos químicos, podemos concluir que nos encontramos ante una gran encrucijada. Ese gran almacén y vertedero inagotable que algunos veían en la naturaleza, tiene efectivamente límites que ya están sobrepasados y, a pesar de sus promesas y discursos, ni el capital ni la tecnología son capaces de reparar el daño que ellos mismos crearon. 

Aunque cada vez más personas son conscientes de que el planeta “está mal y hay que salvarlo”, la repercusión y consecuencias de esta crisis de lo vivo sobre la vida, la economía y la política pasan inadvertidas para la mayoría. Pareciera que la crisis ecológica es una cuestión técnica o de expertos, un asunto despolitizado. Pero plantar cara a la difícil situación que enfrentamos requiere afrontarla políticamente y cuestionar algunas creencias. 

Lo primero, es entender que no hay economía o sociedad sin naturaleza. La economía es un subsistema de la biosfera, no al revés. La crisis ecológica está en el centro de la crisis económica. Los Treinta Gloriosos que proporcionaron el llamado estado de bienestar, solo en una pequeña parte del mundo, no se van a repetir nunca más. No hay energía ni minerales que puedan sostener materialmente un pacto neokeynesiano. Por tanto necesitamos pensar cómo satisfacer las necesidades humanas de forma justa sin contar con bienes que ya no existen y con el cambio climático en marcha. 

En segundo lugar, hay que recordar que la crisis ecológica y el cambio climático inciden con mucha más violencia sobre las personas más pobres, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Cuando la economía no crece se destruye y precariza el empleo, y los recortes afectan a servicios públicos y a necesidades básicas que pasan a ser atendidas en los hogares. Las familias se convierten en el sostén material ante las crisis y dentro de ellas son mayoritariamente mujeres quienes de forma no libre terminan sosteniendo la vida. 

El cambio climático y el extractivismo están en el origen de la expulsión de muchas personas de sus hábitats, generando unos movimientos migratorios masivos que no han hecho más que empezar. Quienes tienen poder económico, político y militar se sienten con el derecho a disponer de un mayor espacio vital, aunque para ello haya que expulsar, ahogar, congelar o matar de hambre o a la población “sobrante” que es estigmatizada como no empleable, antisistema, fanática o violenta, para poder justificar moralmente su abandono y exterminio. 

La crisis ecológica es por tanto, parte, la más material si cabe, de la lucha de clases. Se trata de conflicto ecológico-distributivo que desvela que nos encontramos ante una tensión estructural entre el capital y la vida. 

En tercer lugar, es preciso tener muy en cuenta que esta crisis no tiene una solución meramente tecnológica. Con frecuencia, la tecnociencia controlada por el mercado se postula como la única capaz de resolver los problemas que ella misma ha creado. Para saber si esas soluciones son o no aceptables hay que preguntarse si pueden ser universalizadas, si van a poder alcanzar a cubrir las necesidades de las mayorías sociales. Con la correlación de poder existente es perfectamente imaginable una “patada adelante” que garantice los niveles de vida deseados a una parte minoritaria y privilegiada, a costa de la desposesión de amplios sectores de población. La tecnología es condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos rearmarnos comunitariamente para resistir las promesas individualistas y adormecedoras de la tecnolatría e interpretar la crisis en clave de problema político. Si tenemos bienes comunes limitados y decrecientes, la única posibilidad de justicia es la distribución equitativa en el acceso a la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la acumulación de la riqueza. 

En cuarto lugar, parece que los grandes poderes económicos y políticos no se fían de sus propias recetas y ellos sí que se están moviendo y tomando medidas ante la crisis ecológica. En el plano económico proliferan y se intensifican los tratados de libre comercio que blindan el acceso a materias primas y protegen la obtención de beneficios en contra de la vida de la gente; en el plano político se legisla contra la resistencia y las alternativas autoorganizadas que pongan en riesgo las tasas de ganancia del capital o generen poder popular y descentralizado. 

Los documentos estratégicos militares señalan que ante un futuro de creciente incertidumbre, son los ejércitos, con su eficacia y rapidez de actuación quienes pueden constituirse como “especialistas del caos” y llevan ya tiempo haciendo movimientos para colocarse en posición de ventaja ante los conflictos. El cambio climático, considerado un multiplicador de amenazas, sirve de justificación para abordar las migraciones forzosas o la violencia del extractivismo, no como una cuestión de justicia, sino de seguridad. 

Reorganizar las sociedades para que quepamos todas, requiere un reajuste valiente, decidido y explicado del metabolismo social. La clave es aprender a vivir bien y de forma justa con menos energía y materiales. Delegar en quienes recortan servicios básicos, desahucian y degradan condiciones laborales, o confiar en quienes han hecho de la corrupción una forma de gobierno estructural es objetivamente inútil, pero pretender aplicar políticas emancipadoras y redistributivas mediante meros retoques en un capitalismo que se pinta de verde, también lo es. Y en un marco de incertidumbre creciente, cuando quienes prometen seguridad, justicia y bienestar fracasan, lo que viene detrás son los neo-fascismos. Ya está pasando.

La magnitud del desafío es tal, que sería preciso decretar un período de emergencia y excepción para aplicar medidas urgentes que pasarían por:

1) Iniciar un proceso constituyente que sea la base para un cambio jurídico e institucional que proteja los bienes comunes (agua, tierra fértil, energía, etc.), garantizando su conservación y el acceso universal a los mismos mediante un control público, que podría ir desde una verdadera regulación hasta la socialización (no hablamos de la mera estatalización).

2) Reorientar la tecnociencia, de forma que la I+D+I se dirijan a resolver los problemas más graves y acuciantes.

3) Establecer una estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático capaz de garantizar la necesaria reducción de gases de efecto invernadero y la protección de las personas, otras especies y los ecosistemas.

4) Abordar un plan de emergencia para un cambio del metabolismo económico basado en el decrecimiento drástico de la esfera material del mismo: transformación de los sistemas alimentarios (con una reducción drástica de la producción y consumo de proteína animal), cambio de los modelos urbanos, de transporte y de gestión de residuos, relocalización de la economía y estímulo de producción y comercialización cercanas.

5) Dedicar recursos económicos y financieros para acometer las transformaciones necesarias y urgentes.

6) Garantizar la financiación de esta transformación generando una banca pública no especulativa y centrada en posibilitar la transición.

7) Establecer un sistema fiscal que sostenga servicios y sistemas de solidaridad pública garantizando la equidad y reparto de la riqueza.

8) Acometer un proceso de educación, sensibilización y alfabetización ecológica que alcance al conjunto de la población, desde las instituciones, hasta las escuelas, los barrios y pueblos, orientado a la adopción del principio de suficiencia y la cooperación como aprendizajes básicos para la supervivencia.

9) Impulsar y alentar todo tipo de iniciativas autoorganizadas y locales que pongan la resolución de las necesidades en el centro. 

Este camino debería haber comenzado hace décadas pero, por el momento, la disociación entre la dureza de la situación y la ausencia de medidas políticas es dramática. Por el contrario, exponer la crudeza de estos datos y exigir que sea la prioridad de las agendas políticas es tildado, con frecuencia, de catastrofista. Es un error garrafal confundir la consciencia de los datos con la catástrofe. Los datos son datos y es absurdo rebelarse contra ellos. La catástrofe es que COP tras COP se constate que vamos al colapso y los resultados sean irrelevantes.

La catástrofe es no hacer nada. Nadie llama a su doctora catastrofista cuando le diagnostica un tumor. Más bien, afronta el proceso de curación, reorientando todo hacia la prioridad de conservar la vida. Eso es lo que toca ahora. Esa la tarea política más importante, heroica y hermosa que tenemos por delante.

El sistema económico dominante se sostiene sobre la tríada producción, consumo y crecimiento. Llama producción a todo aquello que hace crecer la riqueza, medida exclusivamente en términos monetarios, independientemente de que lo producido - bienes y/o servicios - sirva o no para satisfacer necesidades humanas.

La producción tiene como finalidad hacer crecer la economía, interpretando que ese crecimiento económico es el que permite garantizar las condiciones de vida de las personas. El crecimiento y el dinero se transforman en una creencia: creemos y sentimos que, más que necesitar alimentos, casa, salud o agua, lo que necesitamos es dinero.

El desarrollo se transforma en una competición desesperada por crear nuevas “necesidades”, producir más, conseguir más demanda y generar crecimiento que, supuestamente, beneficia a todo el mundo.

Sostener el metabolismo económico con esta lógica obliga a asumir una dinámica expansiva, que requiere utilizar cantidades cada vez mayores de energía, minerales, agua y tierra, y que genera cantidades ingentes de residuos.

El problema es que se ha pretendido mantener ese crecimiento exponencial sobre una base material finita. Aunque la economía no haya querido verlos, los límites físicos estaban y, la información científica nos revela que desde los años 80, la biocapacidad global de la tierra está superada.

La cara oculta del desarrollo ha sido el empobrecimiento de la base material sobre la que se sostiene la economía. Tal y como podemos ver en el gráfico que viene a continuación, la lógica productiva capitalista ha incrementado exponencialmente el requerimiento de recursos y la generación de residuos.

El crecimiento productivista y consumista ha terminado provocando el declive de la energía fósil, los minerales y la alteración de los ciclos regenerativos de la naturaleza, que siguen siendo imprescindibles para garantizar la satisfacción de las necesidades.

El fundamentalismo económico no entiende de necesidades humanas ni de límites físicos. Solo razona en el mundo abstracto de lo monetario y actúa sacrificando cualquier cosa con tal de que el crecimiento económico se produzca. Sacrifica montes, ríos, animales, condiciones de vida humana y salud. Merece la pena cualquier destrozo, contaminación, enfermedad o explotación, si la contrapartida es que crezca la economía.

Los “efectos colaterales” de la obtención de productos de alto valor añadido son el extractivismo, la deforestación, los monocultivos, los agroquímicos tóxicos, la construcción de mega-infraestucturas, la explotación humana y animal y, por supuesto, los ejércitos formales o privados que se ocupan de mantener el orden cuando los pueblos se niegan a que ellos y sus territorios sean sacrificados en los altares del desarrollo.

¿Cómo se relaciona lo anterior con la huelga del 8M? ¿Por qué una huelga de consumo?

La lógica sacrificial no opera de forma igualitaria sobre todas las personas. Es desigual, y afecta de forma muy diferente en función de la clase, la procedencia y el género. Las mujeres –sobre todo pobres y racializadas- se ven más afectadas por esta perversa identificación entre desarrollo y la espiral producción-consumo-crecimiento.

La sufren, en primer lugar, en su condición de trabajadoras precarias. Las mujeres estamos sobre-representadas en los sectores peor pagados: limpieza, hostelería, turismo, comercio al detalle, servicios sociales, residencias de mayores y asistencia domiciliaria, servicios personales, actividades de ocio. Somos también mayoría en los sectores manufactureros de más bajos salarios, como el del textil y la confección o el del calzado localizados en países empobrecidos.

En estos sectores se oculta la esclavitud laboral y las prácticas denigrantes: no hay proporcionalidad entre el descanso y las horas trabajadas, las obligan a usar pañales para no “perder tiempo al ir al baño”, las despiden si están embarazadas y sufren un constante acoso sexual. Se ven obligadas a salir y regresar a sus hogares a horas inseguras, son explotadas por redes de trata, son desaparecidas y asesinadas.

Estas son las condiciones que permiten el consumo de productos a gran escala. El consumo masivo de estos productos es posible porque hay una explotación terrible de quienes trabajan para producirlos La excusa para explotar es que se trata de sectores de baja productividad. No deja de ser significativo que siempre se caracterizan sectores como poco productivos es porque son más intensivos en trabajo humano.

En segundo lugar, las mujeres viven de forma brutal el extractivismo y la construcción de infraestructuras que sostienen el metabolismo económico. Encabezan las luchas, logrando a veces torcer el brazo del poder; se ven obligadas a combinar la resistencia con los trabajos de producción y de cuidados en situaciones de violencia y conflicto; y sus cuerpo son utilizados como campo de batalla y de castigo. Diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos llaman la atención sobre las situaciones de intimidación y hostigamiento, amenazas, campañas de desprestigio, violencia, detención irregular y asesinato de mujeres activistas. El modelo de consumo cae como una losa sobre ellas.

En tercer lugar, las mujeres sufren en mayor medida el deterioro de la salud que provoca la contaminación o la utilización excesiva de químicos en el proceso productivo. La causa de mayor afección viene dada por la mayor proporción de grasa en el cuerpo de éstas (un 15% más). Los contaminantes se “bioacumulan” en la grasa.

Los efectos de algunos agentes químicos como los pesticidas, disolventes, gases anestésicos, dioxinas, bisfenoles policlorados y productos derivados de la combustión de la gasolina, provocan trastornos en el desarrollo del feto, y en las personas provocan alteración de los equilibrios hormonales, hipersensibilidad química múltiple, alteraciones de la inmunidad, fatiga crónica y fibromialgia.

Hay estudios que establecen relaciones causales entre el uso de disolventes y el cáncer de mama y el cáncer de riñón; que documentan el incremento de melanomas, cáncer de vejiga urinaria entre las mujeres agricultoras en Italia y el aumento de riesgo de cáncer de ovario, estómago y esófago entre mujeres expuestas al benceno, talco contaminado con asbesto, y otros productos en la industria.

Se ha documentado también la relación entre mujeres que presentan leucemia y su exposición a benceno, y a otros solventes, cloruro de vinilo y pesticidas, empleadas de industrias de proceso de alimentos, industria textil o de la confección. Se observa un incremento de cáncer de pulmón entre las mujeres expuestas a asbesto, metales (como arsénico, cromo, níquel y mercurio), trabajadoras de manufacturas de vehículos a motor, servicios de comidas, o cosmética y peluquerías.

La contaminación química afecta también de modo diferente dependiendo de la edad de las personas expuestas. El sistema nervioso central es más vulnerable durante el desarrollo embrionario del feto y durante la primera infancia, y también durante la decadencia del sistema nervioso en las personas mayores a partir de los 65 años.

Puesto que las mujeres realizan mayoritariamente las tareas de cuidados de personas pequeñas y mayores, aunque no enferman ellas, terminan también asumiendo las consecuencias de la enfermedad de aquellos a quienes cuidan.

Podríamos seguir y no terminar, pero se puede seguir profundizando consultando artículos y publicaciones, por ejemplo, de Carme Valls.

En cuarto lugar, las consecuencias de la crisis ecológica y climática causada directamente por el modelo de producción y consumo suicida impacta, de nuevo, de forma más dura sobre las más pobres.

Carmen Gómez-Cotta recuerda que “en el ciclón de Bangladesh de 1991, el 90% de 150.000 personas que murieron fueron mujeres. ¿La razón? Estaban dentro de sus casas. No las abandonan sin que lo hayan hecho antes niños y niñas o mayores”.

Gran parte de la responsabilidad de producir y procesar alimentos y de garantizar el mantenimiento de sus hogares recae sobre las mujeres. Por ello padecen de manera más profunda el impacto del clima extremo, la desaparición del agua, la degradación de la tierra y los desplazamientos forzosos. Incluso cuando los recursos escasean, son normalmente las mujeres quienes dan de comer en primer lugar a sus maridos e hijos antes que alimentarse a ellas mismas.

Esta es una pequeña muestra de las consecuencias de una forma de producir y consumir que genera beneficios para algunos pero se desentiende de las condiciones que aseguran la posibilidad de vivir vidas dignas para las mayorías sociales.

Estoy segura de que habrá personas a las que le parezca exagerado pero los datos son tozudos, y reaparecen con insistencia en los análisis y diagnósticos de organismos internacionales para nada sospechosos de ecofeminismo radical.

Es muy importante convertir la producción en una categoría ligada al mantenimiento de la vida y no a su destrucción. En un planeta con los límites sobrepasados, esta transformación obliga a que quienes sobre consumen más de lo que les toca, reduzcan este consumo.

Obliga también a pensar en formas de producir que no envenenen a las personas y a la tierra, eliminar la obsolescencia programada, promover una cultura de la suficiencia digna y a poner la justicia y el reparto de la riqueza en el centro de la política y la economía.

La huelga de consumo del próximo 8M no sólo pretende llamar la atención sobre las consecuencias de la sociedad de consumo sobre las vidas de las mujeres. Pretende hacer ver que esta forma de producir es dañina para el conjunto de la vida y, por ello, puede y debe ser radicalmente transformada.

En 2012, el huracán Sandy dejaba a oscuras Manhattan. Solo permanecía completamente iluminada la torre de Goldman Sachs.

El suceso no pasaría de la pura anécdota si no fuese por dos cuestiones básicas. Es una buena metáfora de la vulnerabilidad de las ciudades ante los riesgos que comporta la combinación de cambio climático, declive de energía y materiales y desigualdad creciente. En segundo lugar, es la prueba material de que el poder económico se está adaptando y blinda sus intereses ante un contexto incierto, mientras asistimos a una exasperante y lenta reacción por parte de quienes tienen la obligación de proteger el interés común.

Los datos que proporciona la mejor información científica disponible nos hablan de escenarios de futuro sombríos, a no ser que acometamos procesos urgentes de transformación económica, social, política y cultural que se orienten a la sostenibilidad y a la protección de las personas, sobre todo las más empobrecidas y vulnerabilizadas.

Las ciudades tienen hoy importantes problemas estructurales que las hacen especialmente vulnerables. Son importantísimos sumideros de recursos y bienes que proceden de la desposesión del medio rural o de los países de la periferia. A la vez, son absolutamente dependientes del exterior en el plano material -alimentos, agua, energía y materiales– , generadoras de cantidades ingentes de residuos y constituyen la parte del león de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También son territorios vulnerables en el plano humano. El urbanismo, con frecuencia, está orientado a la acumulación de capital y a mantener sueños de crecimiento y dinamismo económico que, en las últimas décadas -y hoy también-, han estado marcados por la especulación y la corrupción.

Esa concepción de lo urbano organiza el territorio según los deseos de inversores que no tiene como prioridad el bienestar de las personas y termina agudizando las desigualdades en términos de clase, de género, de procedencia o de edad, además de envenenar el aire que respiramos, crear puestos de trabajo precarios que engrosan las cifras de personas con empleo pero pobres, expulsan a los márgenes a partes de la población que algunos agentes del poder económico no dudan en calificar de “población sobrante”, e invisibiliza y desvaloriza la biodiversidad urbana y la vida de otros seres, vegetales y animales, que tienen valor en sí mismos por ser vida, pero que además son esenciales para conseguir la adaptación ante el cambio climático.

Pero las ciudades son también espacios de una creatividad y generación de alternativas muy potente. Hemos conocido un fuerte ciclo de movilizaciones que, no solo se plasmaron en protesta y en iniciativas políticas y/ electorales, sino que han fortalecido las redes de economía social y solidaria y de huertos urbanos, los espacios de cuidados compartidos y de solidaridad con las más precarias y expulsadas… Estamos viviendo la emergencia de reflexiones y propuestas que nos muestran que, si bien la ciudad es una parte importante del problema, también sabe generar soluciones.

Sería necesario abrir un importante debate en torno a la ciudad, sus problemas y sus salidas, en la línea de lo planteado en el manifiesto “Madrid, la apuesta municipalista continúa”. Hace falta un diálogo amplio en el que se contraste el conocimiento que ha proporcionado más de dos años y medio de gobierno, sus indudables logros pero también los límites. Es preciso celebrar lo mucho que salió bien. Pero también es preciso hablar del desencanto; de lo prometido que no se cumplió; de los cambios no explicados e inexplicables en los programas que fueron construidos por tanta gente; de la desmovilización inducida, de la falta de creatividad e inteligencia colectiva en momentos críticos; de las dificultades para mirar más allá de los proyectos especulativos de siempre; de la ausencia de una cultura de cuidados y la emergencia, en algunos momentos, de la vieja, viejísima, política de bloques y etiquetas; de la falta de transparencia hacia los núcleos de activismo, movimientos sociales y bases de los partidos que conformaron la candidatura que sostuvieron una campaña electoral vibrante y bellísima, sin precedentes en esta ciudad.

Es por ello, que resulta inquietante y triste ver cómo, en ocasiones, se encaran los momentos relevantes de las agendas políticas en las ciudades del cambio sin compartir, sin debatir los retos que tenemos, los que afectan más de lleno a la vida de las personas, y sin establecer las líneas básicas de proyectos municipalistas que los encaren de forma decidida.

Por más que respetemos y admiremos a quien nos representa, es muy pobre políticamente afrontar procesos de primarias sin debatir los proyectos políticos, sin compartir los diagnósticos que los justifican, ni los propósitos que los inspiran. Es pobre señalar como principal compromiso político el que no se va a no poner trabas u obstáculos a las personas que encabezan esos proyectos. Mantener los gobiernos municipalistas me parece una cuestión capital, pero hay que ayudar a que no queden despojados de la voluntad de cambio radical en los dos sentidos que los hicieron nacer: la rebeldía contra un proyecto neoliberal que considera que una ciudad y la gente que vive en ella solo son importantes si generan valor económico, y la voluntad de construir vidas buenas en común en este entorno de crisis económica, translimitación e incertidumbre, en este Antropoceno.

Esos fueron los planteamientos llevaron a Ahora Madrid a la alcaldía. Si las iniciativas políticas, los órganos de dirección y coordinación de los grupos y partidos que la componen pierden ese latido, se corre el riesgo de evolucionar hacia una opción amable, progre y multicolor (verde, violeta, arco iris…) que, al eludir y no afrontar los problemas estructurales, termine siendo parte de esos neoliberalismos progresistas a los que alude Nancy Fraser y se convierta en la autodemostrada evidencia de que, después del “sí se puede”, en realidad, “no se podía”.

Cuidar, alentar la diversidad y no expulsar de las listas o los órganos a las personas que evidencian la contradicción es un seguro de vida para la supervivencia política. Arrinconar o invisibilizar a quienes molestan o tensionan es un error enorme que podemos pagar muy caro. En ese sentido, cualquier propuesta centrada en sumar, reconocer la diferencia y el conflicto, no para depurar, sino para incorporarlo y construir análisis y caminos acordes con los problemas que afrontamos, me parece una inmejorable opción. Reconstruir el diálogo es una tarea urgente en la que todas las partes tendrán que hacer importantes esfuerzos. Mientras lo hacemos, que nadie ponga en duda, que los goldman sachs de turno están preparándose muy bien ante lo que a nosotras todavía nos cuesta reconocer.

Estamos viviendo un momento plagado de tensiones y fracturas. Poco a poco el telón espeso que cubría el saqueo de bienes y la especulación que denunciábamos las últimas décadas, se pudre. Entre los jirones se desvela la tramoya que sostenía la escena: una corrupción estructural como forma política más o menos generalizada. Mientras tanto, a este lado del escenario, la vida se ha hecho precaria para muchas personas. Las costuras del régimen van saltando y se manifiesta en incertidumbre e inseguridad en múltiples dimensiones de la vida cotidiana: el acceso a los bienes básicos, la expulsión a los márgenes de la sociedad, la falta de pertenencia y el aislamiento, el miedo… Ante esta situación, necesitamos recomponer la vida en común.

En una interesantísima entrevista que le hacían en enero de este mismo año, Ada Colau exponía honestamente y sin tapujos que “la institución, que tiene que gestionar lo posible, lo real, lo imperfecto, va asociada a inercias que tienden al conservadurismo, y no a la ruptura. (…) A mí me toca gobernar y, por tanto, tomar decisiones cada día, y negociar... Lidiar con la imperfección”. En esta misma entrevista Ada Colau añadía: “Necesito que Barcelona esté más viva que nunca, más exigente que nunca, más movilizada que nunca... No delegando más que nunca. (…). Como alcaldesa, reconozco al activismo de mi ciudad en el sentido más amplio y plural de la palabra, como un interlocutor principal. Cosa que otros no han hecho. Y considero que es fundamental que en una ciudad haya movilización y, como gobierno municipal, le damos el máximo reconocimiento. Pero yo no tengo que representar al activismo”.

En mi opinión, esta reflexión merece una enorme consideración. Las personas que vivimos en las llamadas “ciudades por el cambio” estamos asistiendo a los importantes esfuerzos que se realizan desde la institución. Más allá de que algunas personas o colectivos les puedan parecer insuficientes, a mi juicio, son innegables las manifiestas mejoras en múltiples ámbitos de la vida en nuestras ciudades a pesar del poco tiempo transcurrido y de las enormes resistencias externas e internas que en muchas ocasiones son tremendamente violentas.

Sin embargo, también es cierto que los efectos y ritmos de los cambios realizados sobre la vida cotidiana de muchas personas son insuficientes y no alcanzan la escala de lo necesario para afrontar la magnitud de los problemas sociales. Ante esta limitación estructural, y a la vez que, obviamente, se avanza y profundiza el trabajo que se está realizando, sigue siendo necesario que la sociedad esté activa, no delegue e impulse proyectos e iniciativas que levanten espacios de seguridad vital, acogida, refugio y reconstrucción de la vida en común.

La Ingobernable denuncia y cuestiona una sociedad y una economía que consideran los lugares, las personas y los bienes como mercancías, valiosas en la medida en que generen plusvalías, independientemente de si esas operaciones mejoran, o no, las condiciones de vida de las mayorías sociales. A partir de la ocupación del inmueble se visibiliza el sinsentido de los inmuebles que se deterioran, mientras hay carencia de lugares en los que poder construir cultura comunitaria y autoorganizada. Se denuncia la existencia de propiedad sin uso social.

La Ingobernable tiene la legitimidad de una institucionalidad rebelde que trata de estimular formas de racionalidad que favorezcan relaciones mutuamente sustentadoras entre seres humanos y con el territorio. Nació recuperando, habitando y cuidando otros espacios urbanos abandonados que se transformaron en los sucesivos centros sociales; conoció después la experiencia de existir sin techo y vuelve ahora a ocupar otro espacio abandonado que se revaloriza al habitarlo.

La Ingobernable retoma, otra vez bajo techo, la tarea de poner en marcha marcos alternativos centrados en la ética del cuidado y del apoyo mutuo, la justicia, la democracia radical y la cooperación que involucren a todas las personas, tanto en el terreno de los derechos como en el de las obligaciones.

En las comunidades de proximidad, en las que se viven los malestares y bienestares diarios, se construyen redes que permiten la resiliencia en momentos de extrema dificultad. Estamos obligados a reinventar una vida en común asentada en la conciencia de nuestra condición humana, ecodependiente e interdependiente, que tenga como principal propósito crear seguridad para las personas. Recreando y articulándonos en torno a la lógica de lo común y de lo público, podemos repensar qué significa estar a salvo, qué es una sociedad que refugia, cómo construimos espacios seguros. La cuestión central es hacernos cargo de los límites y la vulnerabilidad como condiciones inherentes de lo vivo.

La magnitud de los retos que nos va a tocar afrontar en los próximos años es enorme. Es obvio que la tarea pendiente en los planos teóricos, conceptuales, técnicos, políticos y culturales es ingente y, por ello, el conocimiento acumulado no se puede desaprovechar. En las experiencias de la economía social y solidaria, de las formas de solidaridad y autoorganización ante la desposesión más brutal, en las nuevas formas de organización en defensa de los derechos laborales, en las redes en las que se organizan las personas migrantes, en las experiencias agroecológicas, en la autoorganización,… En definitiva, en el conocimiento complejo generado en los márgenes del sistema es donde también se crean verdaderos faros que iluminan las transformaciones sociales inaplazables que tratan de encarar los proyectos municipalistas.

El difícil, pero necesario, equilibrio entre la institución municipal y las iniciativas autoorganizadas que se construyen fuera requiere un considerable ejercicio de creatividad, diálogo y reconocimiento mutuo que es responsabilidad de todos los agentes. Un esfuerzo que, a mi juicio, puede ser muy fértil en la tarea de retejer lazos de convivencia en el marco de la ciudad. Por todas estas razones nos sentimos orgullosas de todo lo que significa La Ingobernable.

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana de reconocido prestigio internacional, querida y respetada por un historial de 30 años de trabajo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, sobre todo los de los pueblos más vulnerados. A finales de 2016 el gobierno de Rafael Correa inició los trámites administrativos para su disolución. Entre los argumentos oficiales para decretar el cierre se esgrimía que Acción Ecológica se desvía de los fines y objetivos para los que fue constituída o que Acción Ecológica se dedica a denunciar los impactos que el extractivismo tiene en Ecuador. Faltaría más. Precisamente es esa una actividad que encaja perfectamente en el objetivo para el que fue creada, como se puede comprobar en sus estatutos: la defensa de la naturaleza. Por tanto la notificación de cierre es ridícula y trata inútilmente de esconder una clara acción política de represión, silenciamiento de la disidencia e intento de domesticación de aquellos que se rebelan cuando los principios constituyentes son violados.

Afortunadamente, Acción Ecológica no está sola y su empeño y resistencia, combinada con el apoyo y presión solidaria dentro y fuera de Ecuador ha terminado forzando que el Ministerio del Ambiente rechace la pretensión del gobierno. Sin embargo, no es posible bajar la guardia. No se trata de un capricho coyuntural de Correa, sino que, mientras el modelo económico que se persiga sea el que se basa en el extractivismo y la expulsión de personas, el trabajo de Acción Ecológica o de organizaciones afines, seguirá siendo incómodo, molesto e inevitablemente confrontativo.

Acción Ecológica se ha significado en la defensa de los pueblos originarios y, en concreto, en la del pueblo Shuar, que desde hace años está viendo amenazada sus superviviencia en el sur del país por la actividad de empresas mineras y petroleras. El avance del extractivismo en esa zona conlleva un acaparamiento y contaminación de tierras y agua que son una sentencia de muerte para esta comunidad, que vive en íntima relación con los bosque y los territorios ancestrales que habita. En los últimos años han muerto tres dirigentes Shuar, en unos acontecimientos no esclarecidos hasta la fecha y sin que se hayan encontrado culpables.

Actualmente en la provincia de Morona Santiago el pueblo Shuar intenta resistir a los ataques del gobierno, que les ha expulsado de sus tierras ancestrales para permitir un mega-proyecto de minería de cobre a cielo abierto de la empresa china Explorcobres S.A., con una escalada de tensión en las últimas semanas que ha devenido en unos lamentables enfrentamientos con la policía con final trágico. El proyecto se encuentra en fase exploratoria y avanza a buen ritmo sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas, cuyos recursos legales y alegaciones son sistematicamente ignoradas por el gobierno.

Es importante resaltar que Ecuador se encuentra inmerso en pleno período pre-electoral; a mediados de febrero el pais andino eligirá un nuevo presidente y el candidato oficialista lidera los sondeos. Es patente el nerviosismo porque proyectos mineros como el mencionado, salgan adelante. Y para ello el gobierno no está escatimando medios: ha procedido a una absoluta militarización de la zona, decretando el estado de excepción, que suspende derechos, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias. Se suceden las denuncias de campesinos por violaciones de los derechos humanos. Todo con tal de tranquilizar a los inversores. Es muy significativo que el gobierno chino haya mostrado su preocupación por los enfrentamientos y haya agradecido al gobierno de Correa su rápida respuesta para controlar la situación.

Acción Ecológica ha brindado apoyo y asesoramiento al pueblo Shuar durante años, en relación a los impactos ecológicos del extractivismo minero y su afección a los derechos humanos. Por tanto el cierre de Acción Ecológica es un castigo del gobierno, una represión en toda regla del ecologismo más político; aquel que da voz a las comunidades, a los “ecologistas pobres”, como diría Martinez Alier, que siendo los que viven en mayor armonía con su medio, son los más castigados por un modelo de desarrollo que les ignora y aniquila.

Ecuador no es una excepción al patrón al que durante los últimos 15 años en mayor o menor medida se han ajustado los diferentes gobiernos de la izquierda latinoamericana: poner cierto freno a las reformas neoliberales, renegociar contratos con las empresas transnacionales para retomar el control de la economía, aumentar los ingresos públicos a través del extractivismo, y usar parte de sus excedentes en cubrir programas sociales, conseguiendo así reducir la brecha social, ganando de paso legitimidad popular. La posibilidad de repensar los modelos de desarrollo, derivada de una nueva cosmovisión que colocaba a las personas y a la naturaleza en el centro, se ha quedado meramente por tanto en el plano teórico.

Por ejemplo, la iniciativa ITT-Yasuní, que pretendía dejar de explotar un bloque petrolero en el subsuelo amazónico a cambio del pago, en forma de devolución de deuda ecológica, de la mitad de los ingresos que generaría su extracción, terminó en fracaso. Surgida de la sociedad civil -con la participación fundamental de Acción Ecológica-, la iniciativa fue adoptada por el gobierno ecuatoriano en 2007. Sin embargo, la amenaza extractivista siempre planeó sobre el proyecto y, escudándose en el tibio apoyo internacional (que, por otro lado, ciertamente fue muy escaso), Correa autorizó finalmente en 2013 la explotación de estos campos. En un marco más amplio, mientras la Constitución de Montecristi (2008) incluyó un régimen del Buen Vivir (Sumak kawsay), que abordaba elementos como la convivencia social, la inclusión y la equidad, la biodiversidad, el cambio climático o los derechos de la naturaleza, o el estado plurinacional, al final desarrollo práctico de estos conceptos se ha visto arrollado por la realpolitik.

Ello ha resultado no solo en el mantenimiento sino en la profundización del mismo modelo productivo exportador, abriendo nuevos campos de operación minera, petrolera y agroindustrial que junto con empujes similares en otros gobiernos de la región han extendido la frontera extractiva por toda Latinoamérica. Pero es este un modelo que a pesar de los intentos no ha producido una sustancial mejora en la protección ambiental; la razón esencial es que sigue asimilando desarrollo a un crecimiento conseguido a base de esquilmar la naturaleza, generando un bienestar efímero susceptible al desvanecimiento según cambien los precios de las materias primas o cambien las correlaciones de fierzas en los mercados internacionales. En lo tocante a la sostenibilidad, al final tenemos lo mismo de manera diferente. Pero dar la espalda a los límites físicos del planeta, no hace que estos desaparezcan. La incapacidad para huir de la narrativa del crecimiento económico permanente ha imposibilitado avanzar hacia un post-extractivismo, acrecentando los conflictos por los recursos. De hecho el cobre, el mineral que se encuentra en el centro del conflicto con los Shuar, es un buen ejemplo del agotamiento del Planeta. Su inminente pico de producción ilustra bien el “peak everything” al que nos enfrentamos, y explica los nervios del gobierno chino.

Tampoco este modelo ha significado un avance de los derechos humanos, ni siquiera concebidos de una forma clásica. En este sentido conviene recordar que no es la primera vez que el presidente ecuatoriano intenta cerrar Acción Ecológica. Ya lo intentó en 2009 como castigo a las críticas ecologistas a los planes mineros, aunque dada la magnitud de la respuesta de rechazo popular a esta agresión, también tuvo que recular. Acción Ecológica ha reportado en una elocuente infografía más de un centenar de agresiones sufridas por la organización en la última década. La variada tipología incluye difamación, amenazas, descalificaciones, vigilancia,...Seis de cada diez procedieron del Estado (gobierno, fuerzas del orden, funcionarios,..). Cabe destacar además que la gran mayoría de estas agresiones se realizaron contra mujeres de la organización.

Pero Ecuador no solo ha continuado por la senda extractivista, vaciando progresivamente de contenido el Mandato Minero que acompañó la Constitución, y que obligaba a acabar con las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas. También acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio con la UE que confiere grandes ventajas al agronegocio y dañará a los pequeños productores campesinos.

Ecuador se aleja así de la defensa de los Derechos de la Naturaleza con los que un dia coqueteó. Y en este rumbo, el ecologismo crítico le molesta. Quizás porque le recuerda lo que no pudo cumplir. A ver si de una vez por todas el gobierno de Correa entiende que no debe subestimar la fuerza y la solidaridad internacional del movimiento ecologista y de la justicia ambiental. Necesitamos a Acción Ecológica y volveremos a alzar nuestras voces cuando sea necesario para que siga abierta. Quitar la personalidad jurídica a una organización dificulta obviamente su actividad y es un atropello, pero la legitimidad, la razón, la verdad y la justicia que hay detrás de cualquier acto, no te la da ni te la quita quien precisamente vulnera los principios constituyentes que un día un pueblo adoptó para organizar la vida en común. Acción Ecológica tiene legitimidad para seguir adelante con su trabajo y es una referencia indiscutible para nosotros y nosotras.

Mujeres de diferentes lugares y culturas viajan en estos momentos hacia Gaza con un propósito común: solidarizarse con el pueblo palestino y, en particular, con sus mujeres

En estos momentos, un barco tripulado por mujeres parte desde Barcelona hacia Gaza. En él, viajan mujeres de diferentes lugares y culturas con un propósito común: solidarizarse con el pueblo palestino y, en particular, con sus mujeres.

Gaza es uno de los lugares en los que hoy se visibiliza con mayor crudeza el fascismo territorial. El brutal bloqueo israelí es una evidencia de la degeneración a la que pueden llegar quienes dominan. Las personas que habitan Gaza son una referencia de resistencia y empeño en sobrevivir.

En nuestro mundo son más visibles los ataques, las bombas, las grandes negociaciones, la política de las instituciones… Todas aquellas acciones que tienen reflejo en el espacio público y que son de protagonismo mayoritariamente masculino. Sin embargo, para resistir, hay que hacer otra política, la de la vida cotidiana, que permite mantener día a día la existencia: alimentar cuando no hay alimentos, dar de beber cuando todo el mundo tiene sed, dignificar la vida proporcionando una camisita limpia, curar o barrer escombros. Esa ha sido tarea de mujeres, no porque sea una responsabilidad exclusiva de mujeres, sino porque en las sociedades patriarcales, los hombres, se desentienden de ellas.

La resistencia de cualquier pueblo ante los bloqueos y la tiranía no puede entenderse, no puede darse, sin que haya quienes regeneran la vida todos los días. Y eso lo hacen mujeres casi en solitario, de forma injusta, porque sobrevivir es un trabajo cotidiano que debería ser obligado para todas y todos.

Por eso, me parece tan hermoso e importante que estas mujeres viajen de Barcelona a Gaza, apuntando con un chorro de luz a quienes, con dobles jornadas de trabajo y triples dosis de sometimiento, tienen fuerza, conocimiento y talento para multiplicar cotidianamente la dignidad y la vida.

No será extraño que el barco, en su derrotero, se encuentre con frágiles cascarones que tratan de cruzar el Mediterráneo, ese mar maltratado que se va convirtiendo en una fosa repleta de sueños de supervivencia rotos y de restos sucios de una civilización perdida que cree que progresa cuando mata, destruye, contamina y ensucia. Pero también se encontrará con otras flotillas, las que tratan de crear cordones de seguridad y de rescatar a las personas que huyen de la sequía de sus territorios y de guerras atroces, en las que el saqueo de los recursos y el negocio de las armas pasan por encima de las vidas y de los derechos como una apisonadora.

La misión es agujerear las vallas que impiden el paso de las personas pero facilitan el de las mercancías, los minerales o el de quienes se lucran con el expolio. La misión es abrir agujeros en los muros físicos, pero también en los simbólicos que impiden que la solidaridad inunde las conciencias y desencadene un movimiento imparable que mantenga a flote a una humanidad que naufraga.

El barco de Mujeres Rumbo a Gaza sale dispuesto a demoler muros y a poner el foco en lo importante. Amigas, tened claro que muchas más mujeres queremos ser remo, viento, vela, motor, salvavidas y ola. Estamos con todas las mujeres de Gaza y con vosotras.

"No es un delito esa representación, como no son un delito muchos de los lamentables y violentos dibujos animados, películas o anuncios publicitarios que niños y niñas ven durante horas en la televisión, aunque a mí me parezcan extremadamente dañinos", señala la autora

Atónita asisto al último esperpento madrileño centrado en la obra de títeres que ha terminado con el encarcelamiento de los titiriteros.

En la polémica y debate abiertos se discute si la obra enaltecía el terrorismo y si era adecuada para público infantil. Con respecto al primer tema, antes de opinar, es interesante leer el resumen del guion de la obra publicada en eldiario.es para saber por qué aparecía esa pancarta en la obra. Podrá gustar más o menos el hilo argumental, pero es obvio que no se enaltecía la violencia terrorista, sino que los muñecos que mostraban la pancarta representaban a policías que trataban de incriminar a otro de los muñecos como terrorista.

Si tuviesen que ser detenidos los actores y directores de cine y teatro que han representado alguna escena en la que un personaje defiende la violencia, el robo o el terror, nos encontraríamos con las prisiones llenas de gente del mundo de la escena.

A mí no me gustan las viñetas de Charlie Hebdo. Me parecen irrespetuosas, insultantes para las personas con creencias islámicas y prescindibles. Es posible que tampoco me gustase la obra de títeres objeto de la discordia, pero desde luego, creo en una sociedad en la que una persona pueda dibujar, escribir o representar la crítica social que crea que debe hacer. No es un delito esa representación, como no son un delito muchos de los lamentables y violentos dibujos animados, películas o anuncios publicitarios que niños y niñas ven durante horas en la televisión, aunque a mí me parezcan extremadamente dañinos y me pudiese encantar que no existiesen. Por eso, me parecen atroces y criminales los atentados contra Charlie Hebdo y me da vergüenza vivir en un país en el que dos titiriteros estén en la cárcel porque sus malvados muñecos querían acusar falsamente de terrorista a otro muñeco. Si no fuese por el drama del encarcelamiento, sería para hacer el guion de una comedia tontorrona de enredo.

El segundo tema es el de si la obra es adecuada o no para público infantil. Leyendo la trama, puede que no lo sea. No sé si los titiriteros no explicaron el contenido o si las personas responsables de la contratación no prestaron atención. A quien le competa, tendrá que aclarar dónde está la responsabilidad y si hay que depurarla pero, lo que me parece ridículo, patético y lamentable es que, por un error o negligencia de programación, dos personas estén en la cárcel, una concejala y el ayuntamiento denunciados por enaltecimiento del terrorismo y el equipo de Ahora Madrid acogotado y esgrimiendo tibias defensas que no calman al conservadurismo cavernícola desatado y llenan de preocupación y dudas a las personas que pensaban que Madrid comenzaba a cambiar.

A mí me preocupa la protección de los niños y las niñas en el mundo real. Es una pena que que la representación de guiñol no se anunciase con “dos rombos”, pero me parece más grave que la infancia escuche en las noticias que 10.000 menores refugiados han desaparecido y pueden ser víctimas de trata, que vaya “naturalizando” la aparición cotidiana de niños ahogados en el Mediterráneo, que se acostumbren a ver que otros niños, como ellos, pierden a sus madres asesinadas por su propio padre, que den al interruptor de la luz y no se encienda porque se la han cortado, que esperen con miedo a que vengan a desahuciarles de sus casas,... De esa realidad, es de la que tenemos que proteger a los niños.

La apuesta por la protección y el cuidado de la gente fue la que movió a tantas personas a apoyar las candidaturas en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza y en tantos sitios. Ahora Madrid manifestaba que quería gobernar para todo el pueblo de Madrid. Gobernar para todo el pueblo, ser el gobierno de toda la ciudadanía, significa intentar poner las bases materiales, políticas y culturales para que todas las personas puedan vivir vidas decentes y, eso implica poner límites a quienes no lo quieren. Gobernar para todas las personas no es hacer las cosas para que todo el mundo esté contento. Quién roba, especula o expolia, quien sobreacumula o no quiere perder privilegios, no se siente feliz y agradecido cuando los pierde y eso es lo que explica por qué se montan estos espectáculos mediáticos a causa de las ocas de la cabalgata de reyes, una flor que lleva la alcaldesa en la mano, una concejala que protestó en una capilla hace años o una representación de títeres.

La dificultad mayor del buen gobierno es bregar con intereses contrapuestos y, en este caso, creo humildemente, que deben priorizarse los intereses y propósitos que alentaron la construcción del proyecto de Ahora Madrid porque fueron definidos para desbancar el lucro como motor social y la corrupción como práctica institucionalizada y para poder generar dinámicas de vida buena para las mayorías sociales.

Hace unos meses, Manuela Carmena se incorporaba a la recta final de un proyecto que se había venido construyendo con mucho esfuerzo durante meses. Muchas personas vibraron de emoción ante el sueño de construir entre todo y todas, y con ella al frente, una ciudad decente y justa, dinámica y acogedora, esa ciudad de los abrazos y de los cuidados.

Pero el cuidado, la decencia y la justicia, en un modelo político que le declara la guerra al bienestar de las mayorías, requiere el coraje, la osadía y el valor de afrontar y no rehuirel conflicto. En demasiadas ocasiones vemos miedo, mucho miedo, a lo que digan los medios ultraconservadores, a lo que digan o declaren otros partidos políticos que aprovechan ese ataque feroz para intentar sacar tajada política.

Con todo el respeto, no creo que este conflicto se esté abordando bien desde el ayuntamiento. Si te equivocas quitando una placa, se repone y se piden disculpas y ya está Si una obra está mal programada, se establecen responsabilidades y se programa mejor a la siguiente y ya está. No tiene, a mi juicio, mayor historia Y si hay que denunciar con más fuerza a quienes pretenden ocultar debajo de las ropas de colores de unos reyes magos o detrás del marco cuadrado de un teatrillo de títeres polémico lo que presuntamente ha sido una descomunal operación de corrupción, podredumbre y expolio, pues habrá que hacerlo.

No entiendo la dinámica amedrentada y defensiva que vemos en el Ayuntamiento de Madrid. Mientras las miradas se extravían en estas polémicas periféricas alimentadas por los medios y las redes que cuentan mentiras o verdades a medias, concejales y concejalas que tanto lucharon en diferentes momentos, se defienden torpemente, intentando ser amables y dando mensajes contradictorios. Mientras, los procesos de desposesión, las denuncias de corrupción, expolio, blanqueo y robo que han dejado a tantos niños y niñas – y personas adultas -indefensos y desprotegidos en el mundo real, en su día a día cotidiano, parecen no pasarle factura política a sus responsables.

Confrontar y defenderse pacífica, pero firmemente, de quienes quieren que todo siga igual, es un acto de amor por la vida y por las personas. Si queremos construir algo distinto en dónde quepamos todas, estamos obligados a abordar ese conflicto. No se entiende el porqué de dejarse acorralar por el insulto, la mentira o llas medias verdades de quienes no pueden soportar haber perdido el espacio de privilegio del que tanto beneficio ha sacado.

Como decía el cantante, “los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan ahí”. Esperemos que esta reivindicación del amor que empezaba hace unos meses no se quede ahí.

En los últimos meses, asistimos con preocupación al intento de reforma de la Ley de Parque Nacionales. Se trata de aplicar a los espacios naturales que sobreviven los mismos criterios que han ido arrasando el resto del territorio: la eliminación de cualquier tipo de traba social, ecológica o humana a la compulsiva obtención de beneficios y al disfrute privilegiado de quienes poseen fincas dentro de los mismos.

La vuelta de tuerca se produjo cuando, en el último minuto, la ministra Tejerina y el Partido Popular intentaron introducir una enmienda en el Senado que permitiera saltar por encima de la disposición que situaba en el año 2017 el final de las monterías en fincas privadas. La enmienda señalaba que la administración impulsaría “acuerdos voluntarios” para que los “titulares de derechos” fueran indemnizados a cambio de renunciar a su actividad cazadora, dejando la puerta abierta a que los grandes latifundistas elijieran libremente entre la caza o la indemnización con dinero público, así como a que se mantuvieran otras actividades consideradas incompatibles con un parque nacional. El argumento del Gobierno era la necesidad de velar por la “seguridad jurídica” de los grandes propietarios privados. Detrás del genérico “titulares de derecho” se esconden, por ejemplo, personas como Alberto Alcocer, Alberto Cortina o el naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios.

Como bien sabemos por los medios de comunicación, la caza es una actividad bien valorada por la casta de este país a la hora de hacer ostentación de lo conseguido o lo sustraído. Agotados de presionar para que se recorten los servicios públicos, cansados de negociar adjudicaciones de obras públicas y donaciones a partidos, extenuados de reunirse con sus abogados para ver cómo evitar la ejecución de la sentencia que les condena a demoler su última obra ilegal, agobiados de revisar sus cuentas de resultados que, siendo cada vez más altas, cada vez les parecen menos satisfactorias... necesitan relajarse o buscar nuevos negocios, y lo hacen cazando.

Y si las leyes les impiden cazar, hacen lo mismo que cuando las leyes les impiden construir promociones inmobiliarias o infraestructuras, chasquean los dedos, acuden al conseguidor de turno, utilizan sus contactos, y consiguen que las leyes cambien, los suelos se recalifiquen o las sentencias no se ejecuten. Así es como se protege a estos “titulares de derechos” y se les garantiza su “seguridad jurídica”. Es el neocaciquismo del siglo XXI.

Puede que haya quien piense que el fin de la protección de los Parques Nacionales no es tan importante si lo comparamos con el desmoronamiento de las instituciones y servicios que garantizan la cohesión social. Pero, ¿para qué sirve un parque nacional?

Como ecologista que soy, podría hablar del valor intrínseco que tiene lo vivo y de la imposibilidad de vivir sin bosques, sin agua limpia, sin tierra fértil, sin una composición de la atmósfera o una temperatura media global compatible con el animal que somos; podría intentar convencer de que sin lo que nuestro planeta produce, nuestra especie y toda su tecnosfera no se pueden mantener; podría tratar de advertir, una vez más, de que nuestro mundo físico se nos cae literalmente a trozos y que no queda mucho tiempo para intentar evitar un colapso que cada vez parece más cercano.

Pero quizás se entienda mejor para qué sirve un parque nacional si sugerimos fijar la atención no en el parque, sino en lo que hay alrededor de él, fuera de sus límites. Las urbanizaciones de viviendas adosadas de primera, segunda, tercera y hasta enésima línea de playa, esas que se pasan vacías una media de 340 días al año, amenazan con tragarse esos pocos kilómetros de playa que heroicamente resisten en el parque de Doñana; el valor del Parque de Ordesa puede comprenderse si observamos el destrozo de pistas de esquí en el Pirineo, de los apartamentos y de las infraestructuras necesarias para llegar a ellos; las Tablas de Daimiel se comprenden cuando miramos los monocultivos que a su alrededor desecan el subsuelo...

En estas sociedades, en las que los individuos viven bajo la idea ilusa de haberse emancipado de la naturaleza, los parques nacionales, apenas un 0,7% del territorio del estado, son la memoria de la tierra. Son trozos de vida compleja resistiendo a un modelo cultural y económico que crece como un tumor devorando la tierra viva sin la que, paradójicamente, no se puede mantener.

Los parques nacionales son el testimonio vivo de la incapacidad de las sociedades autodenominadas desarrolladas para convivir y conservar la naturaleza de la que dependen. Su contraste con el paisaje gris de fuera ayuda a comprender qué sucede en el territorio cuando a la ambición de los beneficios no se le pone ningún freno. Si desaparecen, corremos el riesgo de creer que la pseudonaturaleza que maquilla los parques temáticos y las urbanizaciones, es la tierra viva. Los parques nacionales recuerdan permanentemente que esta forma de entender la economía y la sociedad es suicida.

Las justificaciones para intentar cambiar la ley de Parques Nacionales serán, probablemente, las de siempre: el desarrollo, el progreso y la generación de toneladas de puestos de trabajo directos e indirectos. Las mismas que sirvieron para legitimar toda la borrachera urbanística que nos ha conducido a este desastre de corrupción, precariedad y cementación del territorio vivo.

Cuando veo las fotos de Blesa, posando virilmente con el rifle en la mano y con la cebra, el ciervo o el hipopótamo a sus pies, cuando pienso en Granados, u otros como él, colocándose por encima las vísceras sangrientas del animal cazado, no puedo dejar de pensar en que esas imágenes son una buena metáfora del dominio de los nuevos caciques.

A sus pies de machos depredadores, no solo están la cebra, el hipopótamo, el león o el ciervo muerto, están la familia que no puede pagar la factura de la luz, la mujer que no sabe cómo hacer para cuidar a su padre, trabajar empleada y hacerse cargo de sus hijos, el parado, los migrantes sin papeles, las trabajadoras con salario y aun así pobres, las y los jóvenes sin futuro que no se pueden quedar en su ciudad... A los pies del cacique están todas esas personas que no son sujeto, ni titulares de derechos, que no merecen seguridad jurídica, económica o alimentaria. No merecen ni que la tierra que pisan esté viva. A los pies de los señoritos, lo que aparece es el conjunto de la vida abatida, humillada, sometida, muerta.

Delibes narra en los Santos Inocentes la explosión de la dignidad y la rebeldía de Azarías, cuando el señorito abate a su milana bonita, símbolo de la libertad y de la vida no humillada. Ojalá la visión de la vida abatida a los pies de esos indignos ejemplares de nuestra especie, haga brotar a chorros la dignidad, la rebeldía y la confianza en construir un mundo que no pise efímeramente sobre lo muerto.