“Que España pidiera perdón significaría mostrar respeto a nuestra cultura y a nuestros ancestros. Un acto que dignificaría la cultura por la que nos hicieron avergonzarnos, en un país donde ser de tez morena y rasgos indígenas aún sigue siendo motivos de discriminación”. Habla Victoria González, fotógrafa maya que vivió y estudió durante un tiempo en España. “Crecí en una comunidad rural de Yucatán, Buctzotz, donde toda mi vida escuché las historias de todo lo que mi pueblo pasó antes, durante y después de la Conquista”, lamenta.

A dos años para que se cumpla el bicentenario de la caída de Tenochtitlán (la antigua capital del imperio mexica), el gobierno de México ha decidido iniciar su preparación para la conmemoración acercando posturas con las corrientes indigenistas de todo el país. El nuevo presidente, Antonio Manuel López Obrador, ha asegurado que la corona española debe pedir perdón por los crímenes cometidos hace 500 años en la conquista española del territorio que hoy es mexicano.

Como reconoce Victoria, “aún hay sentimientos encontrados en muchos de nosotros. Queremos ese perdón o disculpa pues hay un pasado que siempre se recuerda”, explica Victoria. “El gesto del presidente es una oportunidad histórica de entender que hay una herida que subyace en el inconsciente de muchos mexicanos y a la mínima despierta como un monstruo hambriento e iracundo”, concluye.

Kau Sirenio es un periodista de origen na savii (mixteco) y ha documentado la forma de vida de diversas comunidades indígenas en todo México y Estados Unidos. “Las comunidades indígenas tienen derecho a exigir que les pidan perdón. Su historia quedó enterrada hace 500 años”. Orgulloso de su linaje étnico y lingüístico, señala las consecuencias que aún padecen los pueblos nativos de México tras aquella conquista. “Es necesario pedir perdón en un país que padece de un problema heredado de clasismo de forma crónica”, argumenta. “Incluso a mi, algunos compañeros me siguen tratando con reservas por mi origen indígena”.

Sin embargo, pese al gesto del presidente López Obrador de lograr una reparación moral a las comunidades indígenas de México mediante la solicitud de perdón a la corona española, la realidad es que la prioridad de numerosos pueblos nativos son las demandas frente a su gobierno, no ante España. “Yo no quiero que la corona española me pida perdón por sus crímenes, quiero que el Estado mexicano respete la autonomía y la libre determinación de los pueblos y que cesen la entrega de concesiones mineras en territorio indígenas”, dice Kau Sirenio. “Cuando esto ocurra entonces habrá justicia después de más de 500 años de oprobio”.

En este sentido, Yunyx Torres, una joven perteneciente a la comunidad purépecha de Cherán K' eri (Michoacán), no está de acuerdo con la actitud del presidente y ve innecesaria la petición de perdón a la corona española. “Andrés Manuel está utilizando a los pueblos indígenas. Se está apropiando de ceremonias tradicionales, de nuestra simbología y de parte de nuestro discurso para simular que trabaja con nosotros. Pero en realidad no cuenta con la opinión de los pueblos originarios y trata de justificar los megaproyectos con esas acciones. Es un sentir de muchos compañeros de organizaciones de otros lugares del país que la cosas con este gobierno no han cambiado con respecto al anterior”.

El presidente mexicano ha celebrado frente a las cámaras de los medios algunos rituales tradicionales y llegó incluso a realizar una “petición a la pacha mama” en Chiapas para el desarrollo del Tren Maya, un “megaproyecto” turístico con el que pretende construir un tren que circule por toda la península de Yucatán.

El pueblo purépecha cuenta con orgullo el haber sido el único que resistió la invasión de los conquistadores. En 2011, esta comunidad aguacatera de la montaña michoacana se declaró independiente de partidos políticos y de la tutela del gobierno federal tras años de auténtico asedio a la población local por parte de las mafias de la industria maderera ligadas al narcotráfico. Desde entonces, el municipio se rige por un sistema asambleario compuesto por representantes de varios consejos.

“Aunque nuestra historia es algo distinta a la de otros pueblos nativos (porque sobrevivimos a la conquista), somos conscientes de que no podemos exigir responsabilidades por los errores de nuestros ancestros. El momento de cambiar las cosas es ahora”. El caso de Cherán es un ejemplo de cómo la democracia directa y la organización de los pueblos indígenas en base a sus usos y costumbres pueden lograr la pacificación y la prosperidad en lugares donde el Estado mexicano no lo ha conseguido.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hasta una cincuentena de organizaciones vinculadas al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) tejen una red de resistencia ante los numerosos proyectos que empresas multinacionales proyectan en diversas partes de México.

Ser indígena en México

De los casi 15 millones de personas de origen indígena que viven en México, aproximadamente el 72% lo hacen en condiciones de pobreza. El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONVEAL, 2018), confirma la existencia de brechas sociales en lo referente a la alfabetización, la salud infantil y el acceso a servicios, entre otros rubros. Pero más allá de las cifras y la fotografía del indígena pobre y de comunidad rural a la que podemos recurrir con facilidad en nuestro imaginario, en México se evidencia el problema de la marginación racial de formas diversas y muy cercanas.

“Ser indígena en la Ciudad de México es condenarte a la exclusión y al desprecio desde el propio gobierno”, opina el youtuber Alberto Lerner. “Son los excluidos de los excluidos”. En la urbe mexicana viven casi un millón de personas pertenecientes a alguna de las más de 50 etnias nativas del país. Durante esta semana, Lerner a publicado el caso de algunas familias de origen Mazahua que ocupaban el edifico abandonado de la antigua embajada española fueron desahuciadas por las autoridades capitalinas.

“Son personas que se quedaron sin casa durante el terremoto de 2017 y nunca obtuvieron ayuda del Estado. Ocupaban este inmueble que durante el franquismo albergó a exiliados y ahora lo van a demoler sin darles ninguna solución”, explica. “La gente del Concejo Nacional Indígena los ha apoyado. El gobierno, ni madres”.

Tirados en el suelo ante los ojos de miles de transeúntes, soportando la lluvia y el viento congelado del Pacífico que aún sopla durante estas fechas en las noches de Tijuana, más de 200 personas han permanecido esta semana frente a la garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo. Son familias, casi la mitad de ellos niños de muy corta edad, que después de atravesar México a pie, en autobús y sobre el tren “la bestia” con la caravana del “Viacrucis Migrante”, se han encontrado este recibimiento en las puertas de Estados Unidos.

“Somos un país muy acogedor, pero al igual que en su propia casa, esperamos que todos entren por la puerta de entrada y respondan preguntas honestamente”, declaró Rodney S. Scott, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en un comunicado a la prensa. Unos 200 integrantes de la caravana llegaron el pasado domingo a la frontera acompañados de un equipo de abogados y abogadas internacionales para iniciar el proceso de solicitud de asilo.

Sin embargo, las autoridades fronterizas respondieron que no tenían capacidad y que los migrantes que pretendían ingresar a los Estados Unidos tenían que esperar en México mientras los funcionarios procesaban a los iban entrando a las instalaciones de la aduana.

Así, a cuentagotas y en grupos reducidos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y beliceños fueron accediendo a lo largo de la semana a la garita. La primera fue Gabriela Hernández, hondureña de 27 años que viajó embarazada de tres meses y medio acompañada de sus dos hijos de tres y seis.

“Los organizadores de la caravana me dieron prioridad porque tengo un embarazo de alto riesgo”, explica. Su historia encaja con el perfil de la mayoría de los centroamericanos que llegan a Estados Unidos solicitando asilo.

“Al padre de mis hijos le obligaron a trabajar para la mara. Estuvo en la cárcel y cuando salió, la banda rival amenazó de muerte a toda mi familia”. El mismo día que su ex marido salía de prisión, los pandilleros intentaron secuestrar a sus hijos. “Querían utilizarlos para agarrarle a él. Por eso no lo pensé y esa misma noche decidí irme de mi país”. Gabriela cruzó como pudo por Guatemala y a su entrada a México, en Tapachula (Chiapas), encontró la caravana migrante a la que se unió para llegar al norte. “Tengo un tío en Los Ángeles que nos va a recibir. Solo espero que mis hijos crezcan sanos y tengan una buena educación, sin violencia”.

Tras ella, Telsa Rich, otra mujer hondureña de etnia garífuna que cruzó México con su esposo y su hija Valentina, de nueve meses, en brazos. A diferencia de Gabriela, no tiene familia ni conocidos en Estados Unidos, algo que juega en su contra ante la corte migratoria. “Estoy muy triste porque los abogados me aconsejaron que mi pareja se quedara en México. Él tiene muchas posibilidades de ser deportado, así que primero voy a intentarlo yo”, lamenta entre lágrimas, minutos antes de acceder al control fronterizo.

“El hecho de que una persona salga de su país huyendo de alguna persecución no significa que cumpla los requisitos para entrar a Estados Unidos”, explica Menéndez. “Es muy difícil que aquí acepten un caso de asilo. Deben manifestar que están huyendo de una persecución basada en raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a algún grupo social. Y es aquí donde encontramos el principal problema: demostrar que hay un nexo entre la violencia que han vivido y su pertenencia a ese grupo social”.

La jurisprudencia estadounidense en materia migratoria establece que las víctimas de la violencia entre pandillas no suponen un “grupo social visible”. Hay casos en los que los solicitantes huyen porque la mafia o el grupo delictivo persigue a la familia entera, como en el caso de Gabriela. Entonces, los solicitantes pueden argumentar que ese grupo visible es su familia. Por ello es más difícil que un hombre soltero cumpla con este requisito esencial para solicitar asilo: unos 150 que venían en la caravana han decidido quedarse en México ante el temor a ser deportados.

Jaime Rodríguez, salvadoreño de 32 años que salió de una pequeña comunidad rural cerca de la capital para buscar trabajo y prosperidad en Estados Unidos, es uno de los que ha decidido quedarse en Tijuana tras su recibir asesoramiento jurídico.

“Los abogados me dijeron que iba a estar encarcelado en un Centro de Detención durante meses y que con toda seguridad iba a ser deportado”, lamenta. “Tengo una hija y no puedo permitirme estar medio año sin mandarle dinero. Prefiero quedarme en México y buscarme la vida. Ya veré cómo le hago para brincarme (la frontera). En El Salvador no se puede vivir, las maras te roban, te extorsionan y te matan. Somos pobres, no tenemos de nada, y no puedo buscar trabajo en otros lugares porque los pandilleros controlan a los forasteros y te matan si piensan que eres de los rivales”.

Un grupo muy notable en la caravana es el de las mujeres transgénero, de unas veinte integrantes, que huyen de la violencia originada por su condición sexual y acentuada por el contexto de inseguridad de sus países de origen. “Muñeca”, guatemalteca de 26 años, cuenta que desde pequeña fue marginada por su familia y los vecinos de su poblado.

“Mi hermano me golpeaba y cuando se juntó con los pandilleros me dijo que me saliera de casa o me iba a matar”. Sin recursos ni sustento familiar, muchas de estas víctimas terminan cayendo en las redes de prostitución que se aprovechan de su situación.

La política de asilo con el gobierno Trump

El equipo legal que durante más de una semana ha asesorado a las 365 personas que lograron llegar a Tijuana denuncia que el gobierno estadounidense está atacando el sistema de asilo a través de los jueces. “Con el sistema de migración actual, los casos de solicitud de asilo dependen de la discreción del juez. Entonces, dependiendo del que te toque, puede aceptar tu caso o denegarlo”, explica la letrada californiana Martha Menéndez.

Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen de las directrices del poder ejecutivo, en este caso, bajo las órdenes del fiscal general Jeff Sessions, quien se sumó a Donald Trump en sucesivos ataques a la caravana del Viacrucis Migrante en actos públicos y redes sociales: “Nuestra nación tiene el sistema migratorio más generoso del mundo, pero esto es un intento deliberado de menoscabar nuestras leyes y de sobrecargar nuestro sistema”, llegó a afirmar en Washington.

Los solicitantes de asilo son retenidos durante varios días en las instalaciones de la aduana, antes de pasar a la evaluación por parte de funcionarios migratorios. “Mi trabajo ha sido asesorarles y explicarles qué les iba a pasar al momento de cruzar la frontera; con quién van a hablar y cómo iba a ser su entrevista de ”miedo creíble“. Una vez pasen eso, si no tienen ningún familiar en Estados Unidos, es muy posible que mientras se procese su caso van a permenacer recluídos en un Centro de Detención”, explica Menéndez.

La resolución puede alargarse entre seis meses y un año, tiempo que permanecen recluidos en un Centro de Detención o, en el mejor de los casos, quedar en libertad condicional bajo vigilancia. “Si tienen algún familiar al otro lado, existe la posibilidad de que salgan bajo fianza con un dispositivo GPS atado al tobillo. Pero tienen que tener claro que van a estar en una cárcel, y ellos deben valorar si están dispuestos a estar encerrados en el tiempo que se determine su caso”.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Syracuse University de Nueva York, más de las tres cuartas partes de los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala perdieron sus casos entre 2011 y 2016. Además, Menéndez ha alertado a las mujeres que viajaban con sus hijos de la posibilidad de que sean separados. “Solo hay tres centros de detención para familias: dos en Texas y otro en Pensilvania. Se han publicado reportes de que están separando a hijos de sus padres, y también tenemos que preparar a las familias para eso”. Por el momento, tanto Gabriela como Telsa continúan esperando a que se decidan sus casos acompañadas de sus hijos.

“Empezamos a utilizar una varilla con punta para enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción del cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son un hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón. ¿Por qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.

Guadalupe Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos. Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde que estas mujeres encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina más grande de México y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.

“Para mí, encontrar un resto es como encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.

Durante el mandato del priísta Javier Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más de 30.000 restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas.

A principios de mes, fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.

Bajo el paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del Estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la población civil.

El Gobierno ha ocultado las cifras de desaparecidos

Las denuncias públicas de cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1.824 casos, según afirmó el actual fiscal del Estado, Jorge Winckler.

En comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas halladas y cuerpos recuperados. El fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada.

El ex director nacional del ISSSTE (el sistema de sanidad pública del funcionariado federal mexicano), y ahora gobernador del tercer estado más poblado de México, Miguel Ángel Yunes, proyecta la candidatura de su hijo por el Partido Acción Nacional (derecha), para las próximas elecciones del Estado.

En su informe anual, tampoco incluyó las desapariciones registradas durante 2017. El Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), que presentó al inicio de su mandato como una de las acciones “estrella” contra la epidemia de desaparición forzada, no se ha actualizado y su servidor no funciona.

Lucía Díaz, además, denuncia que la Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz, que se creó para atender los casos de desaparecidos que se amontonaban en los escritorios de la Fiscalía, no obtuvo fondos suficientes para su funcionamiento.

Madres unidas por la búsqueda

En mayo de 2016, dos sujetos se acercaron a un grupo de madres de víctimas de desaparición forzada que protestaban frente al edificio del poder judicial del Estado y les entregaron un pequeño mapa dibujado a mano. En el croquis se detallaba la ubicación de un narco-cementerio en una brecha escarpada junto al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, uno de los centros económicos más importantes del país.

El Colectivo Solecito organizó un grupo de rastreo y desde entonces no ha dejado de desenterrar a personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado identificar a 15 de todas ellas.

“Nos organizamos en mayo de 2014 y nunca hemos recibido apoyo por parte del gobierno. Nada en absoluto”, explica Lucía. “Nosotras trabajamos a partir de nuestros medios, y el trabajo en Colinas de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos [unos 33 mil euros]. A un colectivo de madres sin recursos”, explica indignada. El colectivo sufraga sus actividades con la venta de comida en mercados y algunos puntos del estado, rifas y el comercio de ropa de segunda mano. También con pequeñas donaciones que reciben de la sociedad civil.

Además del trabajo en Veracruz, Lucía se enorgullece de la participación del Colectivo Solecito en la redacción de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por particulares (pionera en México), incorporando propuestas como el registro de ingresos en las cárceles y de personas desaparecidas, así como la iniciativa de formar una comisión con la sociedad civil para trabajar directamente con las familias de las víctimas.

En México no se sabe cuántas personas están desaparecidas. Hay registros de algunas instituciones, investigaciones de periodistas y cálculos de organizaciones que sitúan hasta en más de 26 mil los casos. Sin embargo, al no existir una metodología común, las cifras reales son contradictorias, confusas y, por lo tanto, inciertas. Pero, como asegura Perla, “mientras no veas los restos de tu hijo o no sepas que lo encontraron muerto, él vive”.

“No me explico cómo el Gobierno, siendo Mexicali una zona desértica donde hay miles de hectáreas que necesitan agua para el cultivo de cereales y hortalizas, nos la quita para producir bebidas alcohólicas”. Salvador Vera es uno de los cientos de agricultores que mantienen un campamento de protesta desde el mes de julio frente a las obras de construcción de la nueva fábrica de la multinacional cervecera Constellation Brands –la tercera más importante de Estados Unidos– en Baja California, en el norte de México.

Organizados en concentraciones y marchas, agricultores y grupos de la sociedad civil llevan desde febrero del año pasado denunciando la corrupción del Gobierno y el “despojo” que se avecina con la puesta en marcha de la cervecera en esta región caracterizada por la sequía, el calor extremo y los escasos recursos hídricos.

“Cada vez tenemos menos agua para regar nuestras cosechas, y perdemos toneladas cada año”, explica Vera, que lleva medio siglo dedicándose al cultivo del trigo en el Valle de Mexicali. “Con menos agua y precios más elevados, la producción seguirá bajando y dejará de ser rentable. La gente tendrá que emigrar”, lamenta en una conversación con eldiario.es.

Constellation Brands facturó más de 7.300 millones de dólares en 2017 gracias a la comercialización de más de 100 conocidas marcas de vino y cerveza producidas en sus 40 fábricas de EEUU, Nueva Zelanda, Italia, Canadá y México.

Con la nueva planta de Mexicali, la capital de Baja California, pretende exportar 10 millones de hectolitros de bebidas alcohólicas anuales más y liderar el mercado. Sin embargo, necesitará 20.000 millones de litros de agua para ello: el equivalente al consumo de una ciudad de unos 750.000 habitantes.

El principal atractivo para la instalación de esta industria en un lugar en el que el agua escasea es su cercanía a California y las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), que permite la exportación a través de la frontera sin aranceles así como una producción a bajo coste gracias a la barata mano de obra mexicana.

Como ha denunciado el colectivo ciudadano Mexicali Resiste, el proyecto también ha encontrado facilidades en la adquisición de terrenos y el compromiso del agua necesaria por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal.

“Constellation Brands ha estado construyendo fábricas y expandiéndose por México, fuertemente apoyada por el presidente Enrique Peña Nieto. De hecho hace unos meses vino a Mexicali para dar su apoyo al proyecto”, explica Jesús Galaz, sociólogo. Durante aquella visita, relata Galaz, la policía reprimió a los manifestantes que mantenían los campamentos de protesta.

En junio de 2015, el presidente mexicano anunció, junto al director de Constellations Brands, Robert Sands, una inversión de más de 2.000 millones de dólares para instalar otra planta en Zaragoza, Coahuila. Aunque en 2016, un año después de iniciar sus actividades, el alcalde de dicha ciudad denunció que la empresa estaba dejando sin agua a la gente , los planes de expansión en México continuaron.

20 millones de metros cúbicos de agua al año

En abril de 2017, el Congreso del Estado de Baja California aprobó por decreto “la desincorporación y autorización de enajenación” de los terrenos donde actualmente se construye la fábrica y la concesión del suministro de agua que la empresa solicitó a través de un polémico Manifiesto de Impacto Ambiental: 20 millones de metros cúbicos anuales para los próximos 50 años, “así como los insumos principales para la realización del proyecto, la energía eléctrica y el gas natural”.

Los terrenos recalificados en los que se está levantando la planta fueron “casi regalados”: a una media de 11 pesos mexicanos el metro cuadrado, aproximadamente 60 céntimos de euro. “Fue el gobernador el que concedió ese precio”, señala el activista.

El precio de una cerveza en el desierto

Mexicali, capital del Estado norteño, está situada en una zona desértica y padece un clima extremo donde se registran más de 50 grados centígrados en verano y menos de 40 milímetros cúbicos de lluvia al año. “Si no fuera por el río Colorado, que es como un oasis, no habría casi vida aquí. Gracias a su agua se llegaron a cultivar más de 250.000 hectáreas de alimentos, pero ahorita estamos en menos de la mitad de la siembra por la escasez de agua”, explica el biólogo Gerardo Medina, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y contrario al desarrollo de la fábrica cervecera.

“Con la disminución de la producción de alimentos por la falta de agua y la salinización de la tierra derivada de la sequía, es poco viable el desarrollo de una empresa de esta magnitud que, además, se caracteriza por el uso de grandes cantidades de agua”, puntualiza. “Además hay humedales y zonas protegidas por leyes internacionales que cada vez tienen menos agua y que tienen riesgo de desaparecer, con especies endémicas como la totoaba y la vaquita marina, ambas en peligro de extinción”, añade.

El biólogo explica que del río Colorado, el principal recurso hídrico del Estado, se surten unas 40 millones de personas. Sin embargo, se trata de uno de los ríos más sobreexplotados del mundo y solo el 7% del caudal llega a México. Este se utiliza para el abastecimiento de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate.

“Una de las mayores catástrofes ecológicas del planeta es la que vive el delta del río Colorado, que de ser un gran río ahora está totalmente domesticado con 30 grandes presas del lado de EEUU y en los últimos 50 kilómetros, en realidad, no existe el río”, explica.

“La población se está incrementando y con ello la demanda de alimentos. Permitir esta fábrica en una zona característicamente con escasos recursos hídricos como es Baja California, que depende del caudal que EEUU deja pasar, es ilógico. No se entiende que el Gobierno, en vez de preocuparse por solucionar los problemas de sequía y desabastecimiento, se centre en el desarrollo de este tipo de industrias”, opina el investigador.

Solo en su primera etapa, se calcula que dicha planta consumirá el 81% del total del agua usada actualmente por el conjunto de industrias instaladas en Mexicali. Más aún, si logra obtener los 20 millones de metros cúbicos que busca para producir 10 millones de hectolitros de cerveza, Constellation Brands consumirá más agua que toda la industria de Mexicali y Tijuana juntas.

Las principales consecuencias serán, según Medina, la escasez para mandar agua a otras partes del Estado, la caída de la producción de alimentos, el desabastecimiento de la población civil y la sobreexplotación de los acuíferos. “Además, el caudal que apenas llega al Golfo, tendrá un impacto en los ecosistemas y la propia calidad de vida de los bajacalifornianos”.

El pasado noviembre comenzó una recogida de firmas con la que reclamar un plebiscito a nivel estatal en el que se pregunte a la ciudadanía sobre las acciones gubernamentales que han permitido el desarrollo del proyecto de la fábrica de Constellation Brands. Se necesita que por lo menos el 10% del total del censo electoral de Baja California, más de 600.000 personas, voten a favor de la iniciativa.

Dudas sobre la generación de empleo

El Gobierno federal adjudicó más de 500 millones de pesos (unos 23 millones de euros) a la construcción de un acueducto de unos 47 kilómetros que proyectaba el suministro de agua de calidad directamente a la fábrica cervecera desde dos pozos cercanos a la línea fronteriza. Sin embargo, la obra se detuvo debido a la inexistencia de permisos para extraer el agua y el descontento social y empresarial ante semejante concesión.

La cervecera defiende que la nueva fábrica creará 1.000 empleos directos y otros 4.000 indirectos, aunque en un vídeo promocional de la planta que opera desde 2015 en el Estado de Coahuila, el propio director presume de la robotización de la cadena productiva: “Los trabajadores humanos tienen que comer y descansar, pero las máquinas, no”. Para los detractores del proyecto, las dudas sobre la generación de empleo están sembradas. 

El ingeniero Iván Martínez, integrante de Mexicali Resiste, a través de un estudio en el que desmiente algunos de los argumentos esgrimidos por la empresa estadounidense para su legitimación, detalla que la fábrica de Constellation Brands en Mexicali “tendrá una tasa de uso de agua por trabajador que es 168 veces mayor que la tasa de todas las industrias de la ciudad juntas”. “¿No es poco competitivo traer una empresa que consumirá esa cantidad de agua generando tan pocos nuevos puestos de trabajo?”, opina el ingeniero.

La multinacional, con la que eldiario.es ha contactado para conocer su versión sin obtener respuesta, aún no ha aclarado si efectivamente cumple con todos los requisitos medioambientales. Las únicas declaraciones sobre las irregularidades del proyecto y las posibles consecuencias que activistas y agricultores denuncian, las realizó Jorge Alberto Burgos, gerente de la planta en construcción, quien aseguró a un medio local que poseen todos los avales legales –sin mostrarlos– y que “no se van a acabar el agua” de la región.

En la misma entrevista, el directivo ofreció cifras concretas sobre el agua que necesitarían para el desarrollo de las actividades de la fábrica, pero estas no coinciden con las del proyecto anunciado ni con las cantidades aprobadas por decreto en el Congreso de Baja California. Estos datos tampoco concuerdan con el volumen demandado a través del Manifesto de Impacto Ambiental, que sirvió para que el proyecto obtuviera el respaldo del Congreso.

En dicho documento, remitido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, se detalla el origen y cantidades que realmente contemplan: 15 millones de metros cúbicos de agua del acuífero del Valle de Mexicali, cinco millones de agua superficial.

La empresa establece, además, una cláusula en la que sella la confidencialidad del acuerdo: “Cada una de las partes acuerda que no difundirá a ninguna persona el contenido del presente contrato de suministro”.

El grupo de investigación de Mexicali Resiste señala que “este manifiesto de impacto ambiental lo realizaron ellos mismos, a su medida, y en cualquier caso solo sería válido si se aprueba a nivel federal, al tratarse de un recurso (el agua) que debe ser avalado por las instancias de la federación”.

Hasta la fecha, Constellation Brands no ha hecho públicos los documentos que avalen la disponibilidad de agua ni que, como asegura Jorge Alberto Burgos, cumplan “absolutamente con todos los permisos, reglamentos y leyes en los tres niveles de gobierno”.

Denuncias de conflicto de intereses

El movimiento Mexicali Resiste, que viene organizando a la ciudadanía bajacaliforniana desde principios de año en concentraciones, campamentos de protesta, marchas y grupos de trabajo –inspirados en el 15-M–, también ha investigado y difundido investigaciones sobre la corrupción y los malos usos de los tres niveles de gobierno.

En el desarrollo del proyecto de la cervecera, denuncian un conflicto de intereses “obvio” por parte de miembros del cabildo municipal. “El senador y exalcalde de Mexicali, Víctor Hermosillo, es dueño de la empresa encargada de la construcción de la fábrica de Constellation Brands. El arquitecto que trabajó para él en su época de alcalde fue el que recalificó el uso del suelo de la cervecera de agrícola a industrial y es la única persona autorizada por ley para revocar el permiso. Gustavo Sánchez, actual alcalde, es el senador suplente de Víctor Hermosillo. Las relaciones son bastante claras”, resume Jesús Galaz.

La concejala de la oposición Alejandra Ang también denunció públicamente que el representante de la cervecera Constellation Brands es el mismo director de Administración y Control Urbano de Mexicali, Sergio Eduardo Montes Montoya, por lo que el desarrollo del proyecto apunta a un posible conflicto de intereses.

Además, Galaz denuncia que al Gobierno de Baja California “le interesa que el suministro de agua esté en problemas para justificar la construcción de desalinizadoras que, como se está descubriendo, realmente servirán para vender agua a EEUU”.

Como parte del movimiento ciudadano, el sociólogo ha trabajado para informar de las consecuencias de la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas por parte del Congreso estatal, que, concluye, “servirán para la construcción de varias desaladoras que ya han endeudado al Estado por casi 40 años a razón de casi 147 millones de pesos (más de 6,5 millones de euros) al mes”.

Policías del departamento de protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) están rechazando solicitantes de asilo de “forma ilegal” en la frontera con México, según una investigación de la ONG Human Rights First. Las primeras denuncias surgieron hace unos meses desde grupos de abogados que asesoran voluntariamente a personas que llegan a Tijuana huyendo de amenazas y situaciones de prominente peligro.

El informe de Human Rights First evidencia un total de 125 casos en los que las autoridades actuaron “de forma irregular” en la atención a quienes pedían el acceso a la garita fronteriza para pedir asilo.

“Aquí no hay asilo”, le respondieron los agentes a Francisca cuando intentó iniciar el trámite para solicitar protección. Según la ONG, esta actuación “contraviene la ley estadounidense” y los tratados internacionales dado que cada petición tiene que ser estudiada. 

“Cuando llegamos al lado de EEUU, dije 'mi cliente está aquí para solicitar asilo'. El agente nos miró y dijo: '¿Asilo? ¿Qué es eso?'. A continuación dijo que no podía solicitar asilo. Le dije que sí podía, y que tenía que aceptar su solicitud”, explica uno de los testimonios recogidos por la organización.

Amenazados por las maras, el narco, la delincuencia paramilitarizada o las fuerzas del orden, decenas de personas llegan cada semana a los puertos fronterizos del norte de México tratando de salvar la vida. Proceden de los estados mexicanos de Guerrero, Veracruz y Michoacán, de Centro y Sudamérica. También de países del este de Europa, como Ucrania o Turquía.

Nicole Ramos, abogada federal de migración de Nueva Jersey, trabaja en la Clínica de Derechos Fronterizos de Tijuana, una oficina de orientación y asistencia legal de carácter no lucrativo desde la que ha podido documentar las “arbitrariedades” denunciadas. En el último año ha ayudado a más de 50 solicitantes de asilo, algunos menores de edad que viajaron solos desde sus lugares de origen, a preparar la documentación necesaria y los pormenores del proceso legal. Solo uno lo ha conseguido.

Según explica, comenzó a observar la “mala praxis” de la CBP a finales del pasado año, cuando los agentes empezaron a exigir a sus representados un documento avalado por el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM). El papel debía establecer una fecha para introducirse en suelo estadounidense e iniciar el proceso de petición de asilo.

Sin embargo, este procedimiento solo se puso en práctica de forma temporal para los migrantes procedentes de Haití que llegaron durante 2016, por lo que la abogada sospecha que ha sido un pretexto para rechazar a solicitantes de asilo: “No hay ninguna ley que diga que estas personas deben tener una fecha.

Después de ir a la garita y ser rechazados, hemos acompañado a los solicitantes de asilo a las instalaciones del INM para obtener el documento, pero este solo lo conceden a personas que no tienen ningún tipo de visado para estar en México. Es decir, que debes ser indocumentado“, explica.

Los agentes de la CBP carecen de autoridad para rechazar una solicitud de asilo, pero sí la tienen para negar la entrada a la garita fronteriza. Actúan como un filtro. Ramos se ha enfrentado a ellos en varias ocasiones en las que ha acompañado a sus clientes hasta la puerta de entrada de la garita fronteriza.

Denuncian racismo en la actitud de los agentes

La organización asegura que hay “una especie de racismo” en la actitud de los agentes, quienes ordenan “de forma hostil” que acudan al consulado de sus países a solicitar el asilo, “un proceso que no existe”, puntualiza. “No hay un motivo verdadero para rechazarles en la entrada, y a aquellos que acuden sin un abogado les deniegan el acceso en la misma puerta”.

Algunos de los solicitantes permanecen detenidos hasta 24 horas siendo interrogados por los agentes fronterizos antes de ser expulsados a México. Pero Nicole Ramos insiste y acompaña por segunda vez a sus representados hasta la frontera. “Les gritan, les dicen que son mentirosos, que ya conocen a su abogada y que ella les enseña cómo mentirles a las autoridades. Que son mentiras que ella diseñó”, lamenta Ramos.

Mientras los solicitantes tratan de sortear el filtro de los funcionarios de aduanas, la abogada envía por correo la información detallada de sus clientes a los supervisores de la garita, solicitando la entrevista con el oficial autorizado. “Ellos se enojan porque hay alguien que los está vigilando, que está pendiente de los casos de asilo”.

En la línea de las denuncias de la letrada con sede en Tijuana, el informe “Crossing the line”, elaborado por la organización sin ánimo de lucro Human Rights First entre febrero y abril de este año, expone los casos de otros 125 solicitantes de asilo que fueron rechazados ilegalmente en siete puertos de entrada de California, Arizona y Texas.

La investigación asegura que los agentes de la policía fronteriza violan la ley, presionando a los solicitantes para que cambien sus declaraciones y expulsando a México a quienes expresan temor de ser perseguidos, en vez de remitirlos a un tribunal migratorio para una entrevista.

“Hemos tenido clientes que, cuando están sometidos al interrogatorio grabado, son cuestionados durante horas, una y otra vez, sobre si tienen miedo de regresar a su país. A cámara apagada, los oficiales les fuerzan para que cambien la versión, incluso bajo la amenaza de alargar el arresto. En cuanto tienen una declaración comprometedora grabada, los expulsan”, explica la letrada.

Esta práctica, apunta la organización, está poniendo en peligro la vida de un número incierto de personas amenazadas, ya que muchas de ellas ni siquiera contactan con asistencia letrada y quedan expuestas a la inseguridad de México.

Ramos ha observado que el trato de las autoridades migratorias y la policía fronteriza con los solicitantes de asilo mexicanos ha empeorado: “Directamente les dicen que no hay asilo para ellos, que ya se terminó. Y eso no es cierto. Les niegan la entrevista y los deportan en menos de 24 horas, lo que también es contrario a la ley”, asegura.

“Mienten y dan un trato vejatorio a todos los que llegan, pero especialmente a los mexicanos. Les amenazan con detenerlos durante mucho tiempo y de quitarles a sus hijos si mantienen su solicitud de asilo”.

La abogada federal cree que estas prácticas de los policías fronterizos empezó a hacerse habitual durante la administración de Barack Obama, ya que creó la figura de las 'detenciones familiares' en las que se puede arrestar a familias enteras con niños pequeños, iniciando con ello las deportaciones masivas que caracterizaron su gobierno.

Sin embargo, Ramos defiende que, desde que inició el gobierno de Donald Trump, “los oficiales tienen una actitud mucho más agresiva y no dudan en intimidarme haciendo valer su autoridad”, lamenta.

Según HRW, a principios de enero, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras siete organizaciones pidieron al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU que investigara la “”denegación sistemática de la entrada a solicitantes de asilo“ a lo largo de la frontera entre EEUU y México.

Un periodista amenazado lleva meses detenido

Las personas que solicitan asilo en la frontera son detenidas y trasladadas a centros de detención, donde deben esperar a ser entrevistadas por un juez que determinará si tienen un “historia de temor creíble”.

Si el proceso avanza, pueden internarse en el país bajo el régimen de libertad condicional, con un sistema de localización por satélite atado al tobillo y bajo la custodia de algún familiar u otro responsable legal que deberá acompañarlas a reportarse periódicamente con las autoridades.

El periodista mexicano Martín Méndez no se lo pensó dos veces y el 5 de febrero abandonó Acapulco, la segunda ciudad más violenta de Latinoamérica, después de que, asegura, un comando de seis hombres fuertemente armados -presuntos policías federales- lo amenazaran de muerte en su casa.

El joven reportero viajó hasta Tijuana para entregarse a las autoridades estadounidenses pidiendo auxilio; no quería engrosar la lista de los más de cien periodistas asesinados en el país desde el año 2000. En una carta remitida a algunos medios, el propio Méndez ha alertado que, desde entonces, ha pasado por varios centros de detención de Nuevo México y Texas, donde se encuentra “encadenado y recluido”.

Su abogado informó que el periodista amenazado entregó la documentación necesaria y aportó diversas pruebas. También logró pasar satisfactoriamente la entrevista de “miedo creíble” ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que debería haber obtenido la libertad condicional para internarse en el territorio estadounidense.

Las autoridades migratorias han rechazado liberarlo en dos ocasiones argumentando una “falta de lazos comunitarios sólidos” y un supuesto riesgo de fuga una vez que el reportero entre en el país.

Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Mexicanos en el Exilio han pronunciado su preocupación por el trato que Méndez está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses. Señalan que se están produciendo violaciones a sus derechos y a las leyes internacionales sobre el derecho al asilo, así como un atentado contra la dignidad de los periodistas amenazados. Sin embargo, el largo periodo de tiempo que el reportero está pasando en reclusión no es un hecho aislado.

La orden ejecutiva sobre control migratorio firmada por Donald Trump en el mes de enero inició un periodo de endurecimiento de las actuaciones del ICE contra los inmigrantes indocumentados en todo el país. En la práctica, se ha traducido en la dilatación de los periodos de internamiento en centros de detención. 

Martin es un joven haitiano de 31 años que vive desde hace dos meses en un campamento improvisado en el patio trasero de un albergue para migrantes de Tijuana. Viajó por tierra desde Brasil, donde se ganaba la vida como profesor de francés y operario de maquinaria de construcción durante los últimos años, hasta que la crisis económica le empujó a invertir sus ahorros tratando de llegar a Estados Unidos. En la ciudad fronteriza de México debe esperar tres meses más para su cita de solicitud de visado humanitario con las autoridades estadounidenses.

“Vivía muy bien en Brasil, pero en el último año las cosas cambiaron mucho y decidí irme. Con mi trabajo podía enviar dinero a mi familia en Haití, pero ya ni siquiera podía pagar el alquiler. Todo el país se ha vuelto muy inestable”. Como él, más de 19.000 migrantes haitianos y de origen africano han llegado a México por Chiapas desde marzo de 2016 y han obtenido un permiso del Instituto Nacional de Migración para cruzar el país hasta la frontera norte.

A pie o en autobús, esta nueva ruta migratoria pasa por nueve países y recorre más de 11.000 kilómetros a través de algunas de las zonas más peligrosas del continente: Perú, Ecuador, Colombia, la selva de Darién –en la frontera con Panamá– donde los migrantes deben contratar a un traficante de personas para que les guíe durante siete días de caminata, y toda Centroamérica.

Según sus testimonios, en Nicaragua encuentran el mayor obstáculo: no pueden cruzar legalmente el país y deben pagar a las mafias para llegar hasta Honduras, pero en el camino son asaltados y las mujeres sufren violaciones.

Brasil se convirtió en el principal receptor de refugiados haitianos tras el terremoto de 2010 y ha sido un importante país de acogida para migrantes de varios países africanos durante los últimos años. Estos trabajadores y trabajadoras han sido quienes construyeron todas las instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos de Río y del Mundial de fútbol. La crisis económica los ha empobrecido y convertido en ciudadanos de tercera.

Estados Unidos también ofreció refugio temporal a los haitianos afectados por el seísmo, pero el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las deportaciones se retomaron desde el mes de noviembre, a razón de 60 personas por semana, “tras un aumento significativo del número de haitianos que trata de entrar en territorio estadounidense a través de la frontera suroeste”.

Aunque este ha sido el principal reclamo para que los casi 20.000 migrantes decidieran apostar por arriesgar la vida en el camino y entregarse a la “migra” estadounidense, la Administración de Obama ya ha fijado para el próximo 17 de julio la fecha límite de aceptación de solicitudes de visado humanitario para ciudadanos haitianos.

Para Wilner Metelus, activista haitiano que preside el Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos en Ciudad de México, “la gente va a seguir emigrando a Estados Unidos porque Haití es un país en crisis económica siete años después del terremoto”, sentencia.

Hoy en día, según Metelus, hay más de 60.000 personas que viven en campamentos, “en un país que no produce nada, con un un 80% de desempleo y que depende directamente de las remesas y la ayuda internacional”. Por esta razón, “los haitianos van a seguir saliendo, tal vez no de forma masiva como ahora, pero muchos van a continuar arriesgando su vida para llegar a la frontera de México, haciendo un viaje más peligroso y más costoso, que requerirá que paguen a traficantes”, lamenta.

Crisis migratoria en la frontera

Una vez en Baja California, los migrantes obtienen una cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos para realizar su solicitud de visado, que aceptan unos 50 casos al día, hasta cuatro meses después. Algunos vienen señalando el cobro de cuotas de entre 300 y 500 dólares por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración mexicano para facilitarles una cita más rápida.

Aunque hay un policía municipal detenido e investigado por estas denuncias, el verdadero problema se está produciendo por el estancamiento durante meses de miles de migrantes que deben sobrevivir como puedan en la ciudad. Desde que empezaron a llegar miles de sus compatriotas al estado norteño de Baja California, Metelus se ha desplazado en numerosas ocasiones para observar la atención que se les está brindando y ofrecerles asesoramiento de primera mano.

“He visitado los albergues y he podido ver los problemas que existen con la falta de comida y el hacinamiento. Aunque algunos refugios han recibido ayuda económica y apoyo de la sociedad civil, las necesidades son muchas, y los lugares están llenos. Algunos cobran a los migrantes por pasar la noche, y otros juntan a los haitianos con drogodependientes”, explica el activista.

El impacto de esta nueva migración es claramente visible en Tijuana y Mexicali: el centro de las ciudades está poblado de afrodescendientes que alquilan casas o caminan por los alrededores de los refugios. Algunos han encontrado trabajo repartiendo publicidad, vendiendo comida o en la construcción. Incluso se han abierto algunos puestos de comida haitiana para satisfacer los gustos del nuevo mercado.

César Palencia, director de la Oficina de Atención al Migrante municipal, lo confirma: “Hace unos meses eran diez albergues los que oficialmente estaban abiertos, pero en estos meses se han habilitado 21 más, sobre todo en iglesias cristianas. Hay 31 refugios solo en esta ciudad, algunos atienden a una veintena de personas y otros a más de 400”.

Palencia también señala la necesidad de abrir más albergues, ya que a los que permanecen tres o cuatro meses esperando a su cita en la aduana estadounidense, se suman los que continúan llegando diariamente: entre 150 y 300 migrantes solo a esta ciudad. “Aunque los espacios se siguen abriendo, se llenan, y si se abre otro, se vuelve a llenar. Ahora mismo, hay 3.700 registrados en Tijuana”, explica.

Una de las instituciones más importantes para la atención de los migrantes y de las personas sin techo de la ciudad es el Desayunador Salesiano del Padre Chava, cuya principal labor es la de ofrecer una comida a más de 1.200 migrantes deportados y personas que viven en la calle a diario.

El hermano Leonardo, uno de los coordinadores del espacio, explica que no se concibió como un refugio que ofreciera hospedaje, pero desde que empezó este flujo migratorio han alojado a más de 5.000 personas. En la actualidad se albergan 374 personas. “Hay familias, mujeres y hombres solas, y muchos niños. Llegamos a tener casi 20 niños, aunque ahora hay algunos menos”, indica.

Pero sus instalaciones, asegura, “no son adecuadas para atender correctamente a estas personas, sin embargo, el espacio del comedor se convierte por las noches en un gran dormitorio común, en colchonetas, donde descansan hombres, mujeres y niños”. En el patio trasero cuentan con una techumbre bajo la que se cobijan “unas 50 personas que necesitan resguardarse del frío y la lluvia”.

Sobre la adaptación de los haitianos y africanos a la sociedad mexicana, el salesiano comenta que “no hay pensamiento entre ellos” de quedarse en México. “Su única meta es llegar a Estados Unidos y Miami es el destino de la mayoría de ellos, cueste lo que cueste, aunque tengan que esperar cinco meses aquí”, concluye.

La presencia de aproximadamente 5.000 migrantes haitianos y africanos en Baja California se suma a otras dos corrientes migratorias: la de los deportados, que en 2016 superaron los 60.000 en este Estado, y la de los desplazados por la violencia, originarios de Centroamérica o de Estados mexicanos como Guerrero, Michoacán o Veracruz.

José María García, director del albergue Juventud 2000 en la zona norte de Tijuana, explica que su trabajo era mayoritariamente con la comunidad repatriada de Estados Unidos, “pero desde mayo ha estado llegando mucha gente de Haití y África”, lo que ha obligado a adaptar la atención que brinda a estos migrantes.

“Todos los albergues estamos saturados. Estamos coordinados entre todos, incluso con los que han ido abriendo en iglesias cristianas para poder recibir y acomodar a la gente que va llegando, pero siempre estamos llenos”, asegura. García alerta sobre la falta de recursos: “No hay suficientes tiendas de campaña y son muy importantes, porque estamos en temporada de frío y lluvias. La gente se moja y tenemos que estar cambiando las cobijas y las colchonetas. Estamos esperando a recibir más ayuda, pero aún no llega nada”.

Un futuro incierto ante la llegada de Trump

Wilner Metelus cree que esta crisis migratoria no está en la agenda del Estado mexicano porque “ni siquiera hay coordinación entre los tres niveles de poder”, en referencia a que el Gobierno de Baja California es del PAN (Partido Acción Nacional) y el Gobierno federal es del PRI (Revolucionario Institucional). “Además, parece que hay otros problemas más importantes que atender, sobre todo ahora con la opinión pública en contra por el 'gasolinazo'”, opina.

Metelus tampoco es optimista con el futuro que les aguarda a los migrantes haitianos con el nuevo Gobierno de los republicanos: “Creo que con la llegada de Donald Trump, la estrategia de los Estados Unidos es encerrarlos en centros de detención y deportarlos a Haití, como ya lo está haciendo Obama”.

Asimismo, considera que al haber un nuevo presidente en Haití, “pueden decir que no puede aceptar más solicitantes de asilo porque Haití no padece inestabilidad. Sin embargo, la crisis económica tan grande que padece mi país debería ser suficiente para ofrecer ayuda humanitaria”.

Mientras cuenta los días para que llegue su cita, Martin, el joven haitiano que abandonó la carrera de Ciencias Políticas cuando su universidad se derrumbó con el terremoto de 2010, trata de pasar los días entretenido y resguardado en su tienda de campaña, mientras sueña con estudiar en una universidad norteamericana y conseguir un buen trabajo para poder enviar dólares a su familia en Haití. “Lo que más me gustaría es poder regresar a mi país en el futuro y poder contribuir a su progreso”.

Con casi 60 años, Raquel ha pasado media vida luchando contra las leyes migratorias de Estados Unidos. Natural de Tijuana, cruzó por primera vez la frontera con 19 años para buscar una mejor vida con su marido y sus dos hijos. Ya establecida en California, tuvo otros cuatro bebés. La más pequeña nació con una grave enfermedad, y tras varias deportaciones, el Estado se la arrebató para mantenerla en un centro bajo tutela. Ahora sobrevive en Tijuana vendiendo lo que encuentra en un mercadillo.

“Voy a cruzar la frontera. No tengo paz, quiero recuperar a mi hija antes de que llegue Trump”. Su niña no habla ni camina, tiene ataques epilépticos y distrofia muscular. Usa pañales y necesita cuidados todo el día. Tiene 25 años, “ya es una mujer”, lamenta.

Raquel padece de una hernia discal, “de cargarla”, pero sus dolores no la van a frenar en su intento de atravesar el desierto una vez más. “En México estoy sola, tengo que buscarme la vida para pagar la renta. He pasado muchos periodos de depresión porque no entiendo por qué no me dejan volver con ella. No soy ninguna criminal”.

Enrique Morones, director y fundador de la organización pro derechos de los migrantes Border Angels en San Diego, habla de un sentimiento que crece en las familias migrantes desde la victoria de Donald Trump. “Nunca hemos recibido tantas llamadas en nuestra historia. Tras la noche de las elecciones, no ha parado de sonar el teléfono y los colegas de otras organizaciones coinciden: es el miedo de la gente”.

Morones explica que la amenaza de deportaciones masivas y el discurso racista del presidente electo están empujando a migrantes y familiares separados por la frontera a tomar acciones desesperadas. “Nos preocupa mucho que se extienda el pánico por el temor a que se endurezca la situación y empiecen a tomar decisiones arriesgadas antes de que llegue el próximo presidente. Esto es muy peligroso, porque hace que aumenten los fraudes por parte de personas que se aprovechan de los migrantes, como abogados, notarios y algunas organizaciones que cobran mucho dinero conociendo la situación y vendiendo mentiras. Se aprovechan de la desesperación”.

En su opinión, Trump impulsará algún tipo de reforma migratoria, “por supuesto nada relacionado con la obtención de la ciudadanía”, pero duda de la promesa de deportar a entre dos y tres millones de migrantes con antecedentes, como defiende Trump.

“En realidad no son ni un millón los que están en esta situación, por lo que no sabemos a quién quiere deportar realmente”. Aunque Morones afirma que la campaña del republicano se centró en atacar a la comunidad mexicana, el flujo de migrantes ha bajado un 45% durante los últimos años, siendo las personas procedentes de Centroamérica el grupo más importante que actualmente está llegando a los Estados Unidos.

Derechos que nunca llegan

La historia de Raquel dibuja la inhumanidad de un sistema migratorio que pocos comprenden y que, según ella, no entiende el amor de las familias. Su calvario con las autoridades migratorias se inició tras ser víctima de un intento de secuestro, y pese al paso de los años y los sucesivos gobiernos, parece no encontrar solución.

“Trabajaba en un restaurante de comida mexicana pero el salario no me alcanzaba para pagar la renta y los gastos de mi hija discapacitada y los otros cinco. Además vivíamos en un barrio blanco y constantemente sufríamos racismo. Nos llamaban wetbacks (espaldas mojadas). Quise trasladarme a Bakersfield, donde tenía una buena oferta de trabajo, así que cuando pude ahorrar lo suficiente fui a buscar un transporte privado que me ayudara con la mudanza. Un señor con una camioneta que se ofreció para llevarme, me subió al carro y entonces vi que se iba en dirección a México. Me estaba secuestrando”.

Aunque Raquel pudo escapar de su captor lanzándose por la ventanilla del auto, se encontró cerrada la puerta de entrada a los Estados Unidos cuando intentó regresar al país donde llevaba viviendo y trabajando durante años. Era una sin papeles, pese a que cuatro de sus hijos tenían la ciudadanía por nacimiento.

“Toda golpeada intenté entrar otra vez por la garita, pero los agentes no me dejaron entrar. Por más que les imploré que me dejaran regresar, que tenía niños pequeños que me estaban esperando y que acababan de sacarme a la fuerza del país, no les importó. Me sacaron a la calle. Yo solo podía pensar en mi niña enferma, que por suerte quedó al cuidado de mi hermana”.

Raquel acudió a la oficina de Derechos Humanos y al consulado estadounidense de Tijuana, pero no sirvió de nada. Optó por utilizar el pasaporte de su hermana para intentar cruzar la frontera. “Cuando fue mi turno de pasar, me tocó una mujer en la aduana, y se dio cuenta de que yo no era la persona del pasaporte. 'Tú no eres esta mujer', me dijo, y llorando le dije que no, que le suplicaba que me dejara pasar porque tenía a mis hijos al otro lado. Pero me encerró durante varias horas. Al final, la misma agente me forzó a firmar una salida voluntaria sin siquiera permitirme hablar con un abogado”. En cuanto firmó la salida, la expulsaron inmediatamente a Tijuana.

Raquel regresó ilegalmente a Fresno contratando los servicios de un pollero que la escondió en el tanque de gasolina de un camión. “Casi me ahogo, pero de cualquier forma debía llegar con mis hijos”. Sin embargo, los agentes del ICE (migración y control de aduanas, por sus siglas en inglés), la detuvieron en menos de un mes para volver a expulsarla a México.

Tras la deportación, no dudó en pagar de nuevo a los traficantes de personas para que le facilitaran el cruce por el desierto, aunque ya estaba en el radar de las autoridades migratorias, y no tardó en ser nuevamente deportada.

“La última vez, el Estado de California se llevó a mi hija discapacitada. La tienen en un centro y desde entonces estoy en Tijuana tratando de regresarme como sea a por ella. No entiendo por qué no me permiten vivir con mi familia, nunca he cometido un crimen, solo he trabajado y me he preocupado de mis hijos”, cuenta.

Como ella, grupos de madres separadas por la frontera se han organizado en México durante los últimos años, tratando de unir fuerzas para presionar a la sociedad y la clase política estadounidense. Sin embargo, esta nueva etapa parece que no aguarda nada bueno para ellas.

José Luis Cárdenas, veterano paracaidista del Ejército de EEUU deportado en Tijuana, explica que Hilary Clinton prometió en campaña que si ganaba iba a devolver a los veteranos deportados a Estados Unidos. “Ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros, Trump tiene un discurso racista y no va a tratar a los veteranos como Clinton”.

A sus 66 años, Cárdenas no piensa volver a Estados Unidos y solo le queda resignarse. “Ojalá nos dejaran volver a entrar legalmente por ser veteranos, pero a mi edad no quiero estar escondiéndome de la ley. Solo quiero que reconozcan mis derechos y me otorguen las ayudas médicas que necesito. Aquí ya han muerto varios veteranos deportados, y yo padezco secuelas por más de 200 saltos a más de 15.000 pies (4.000 metros de altura). La organización ACLU (American Civil Liberties Union), está ayudándonos en lo que pueden, pero no pueden cambiar las leyes, y con Trump no sabemos lo que va a pasar, pero parece que se va a poner peor”.

Un gobierno antimigrantes

Enrique Morones se muestra profundamente preocupado por la elección de Trump como presidente. “Hemos dedicado toda la vida a decirles a nuestros hijos que debemos tratar a las personas con respeto, cariño e igualdad, y Trump hace bullying contra nuestros hermanos latinos, migrantes y mujeres. Es una vergüenza. Esto le manda un mensaje claro a la gente: que es aceptable este tipo de actitud, y eso nos preocupa mucho a los defensores de derechos humanos”.

El activista afirma que desde el inicio de la campaña por la presidencia se han incrementado los crímenes de odio, y desde la victoria de Trump la discriminación ya es más abierta. “Los comentarios racistas o sexistas ya se hacen en público porque parece que existe la sensación de legitimidad al tener un presidente que hace lo mismo y que dice que está bien hacerlo. Además, las autoridades sienten que tienen el poder de demorar o de maltratar”.

El mexicano-estadounidense aclara que los activistas van a estar unidos y no van a permitir deportaciones de personas “cuyo único delito que cometieron fue nacer pobres”. “Están cruzando fronteras precisamente para dar de comer a su familia. Ese es un derecho humano universal, más allá de lo que diga el presidente del país más poderoso del mundo”. Frente al discurso de Trump, declara Morones, todos los países (incluyendo España) deberían defender la idea de que “todas las religiones, razas y géneros merecen respeto y dignidad”.

Raquel ya está preparando un nuevo cruce clandestino, presionada por la entrada del nuevo Gobierno. “Me cansé de sufrir, voy a cruzarme con un pollero antes de que entre Trump, si no, va a ser imposible volver con mis hijos. En todos estos años solo he visto que las leyes van a peor, y muchos vamos a hacer lo necesario antes de que llegue Trump y empiece a deportar mexicanos”.

La violencia ha estallado en el remoto Valle de San Quintín, en el Estado norteño de Baja California (México), escenario del nacimiento de uno de los movimientos obreros más importantes en la zona. Las fuerzas policiales irrumpieron en las casas de los trabajadores durante la noche del viernes al sábado, golpeando a mujeres y niños, según los testimonios de los jornaleros, tratando de encontrar a los cinco vocales del movimiento independiente que desde marzo ha organizado en diversas huelgas a unos 30.000 jornaleros indígenas explotados por las empresas agrícolas de la región. El enorme contingente policial abrió fuego contra los campamentos de los manifestantes, dando como resultado tres personas muertas y al menos otras 70 con heridas de proyectiles de goma y golpes, según los trabajadores.

Los sucesos de este viernes son el último episodio de unas revueltas en las que algunos grupos de jornaleros iniciaron bloqueos en varios puntos de la única carretera que atraviesa los 1.700 kilómetros de la península desde Tijuana, provocando la actuación de los antidisturbios que cargaron contra ellos apoyados por carros blindados y munición real. 

En el Valle de San Quintín trabajan aproximadamente 80.000 jornaleros en condiciones de semiesclavitud: de doce a catorce horas por unos 120 pesos (menos de 8 euros), sin protección para los químicos ni cobertura sanitaria, malviviendo en campos vallados de barracones –algunos con horario de entrada y salida y vigilados por hombres armados– junto a los campos de cultivo o en polvorientos barrios de material reciclado levantados por ellos mismos, sin alcantarillado ni agua potable. El trabajo infantil y el acoso sexual a las mujeres son hechos cotidianos desde hace más de veinte años, denuncian los afectados.

Las negociaciones entre jornaleros y patronal (representada en las mesas de trabajo por funcionarios del gobierno), han sido encabezadas por la “Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social en el Valle de San Quintín”, un sindicato en la práctica que ha surgido de este proletariado agrícola en respuesta al rechazo a los “sindicatos blancos” oficiales (CROM, CROC y CTM), quienes han pactado unilateralmente las propuestas de la patronal, dejando a la nueva organización a la vanguardia de la defensa de los derechos de los trabajadores de todo el Estado: reclaman un salario mínimo de 200 pesos al día.

Aunque muchos jornaleros no pueden expresarse con soltura en español (hablan alguna variante del mixteco, el zapoteco, el náhuatl o el triqui), narran con hartazgo, a modo de terapia de grupo, las violaciones, las condiciones extremas de trabajo, el maltrato de los mayordomos (supervisores de los campos de cultivo), y la indiferencia que han padecido por parte de las instituciones que debían velar por sus derechos durante décadas. “Mi hija enfermó hace unos días y no tengo los 2.600 pesos (150 euros) para las medicinas y el doctor especialista. No fui a trabajar un día para cuidarla y por ello me descontaron 400 pesos”, narra entre sollozos Margarita, una mamá triqui que ha laborado los últimos 15 años en distintas empresas de San Quintín y que, como el resto de sus compañeros, no ha visto que su vida prosperara lo más mínimo.

La organización que ha cohesionado a los miles de indígenas de diferente origen bajo la misma lucha también ha logrado abrir relaciones con diversas organizaciones obreras de otros estados del país, lo que puede facilitar que las acciones de huelga y protesta se extiendan a otros puntos de México. Se ha iniciado también un boicot comercial en Estados Unidos con la iniciativa de organizaciones como el sindicato César Chávez y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), asentados en California, que se han hermanado en la causa.

La tarde del viernes, después de una jornada de espera frente a la delegación del gobierno en la localidad, un representante se dirigió a la multitud para anunciar la falta de soluciones que el Estado se había comprometido a presentar ese mismo día. “Se les hace muy fácil decir que sigamos esperando a que alcancen acuerdos con la patronal, pero llevamos dos meses de negociaciones y tenemos demasiada hambre”, espetó uno de ellos. El funcionario tuvo que abandonar apresuradamente el lugar ante el enfado in crecendo que se palpaba en el ambiente y que culminó cuando un grupo de personas bloqueó con piedras y bloques de hormigón la carretera.

La historia de explotación en el Valle de San Quintín no es nueva en Baja California. Desde hace más de veinte años ha sido denunciada en varias ocasiones tanto por investigadores como en medios de comunicación. Casi toda la industria agrícola del lugar está en manos de doce familias, algunas relacionadas con importantes funcionarios públicos, que son señaladas por los trabajadores como las principales explotadoras. El exsecretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, es dueño de 'Los Pinos', el rancho más grande de San Quintín y principal latifundio de la región, del cual es accionista el expresidente Felipe Calderón. El actual responsable de esta secretaría, Manuel Valladolid, es propietario de la Agrícola Valladolid y Aragonés, y la familia del actual secretario de Finanzas del Estado también es dueña de empresas instaladas en la zona.

Con más de 20.000 hectáreas de superficie de riego y tecnología punta para aprovechar cada gota de agua en una zona de alta escasez, aquí crece tomate, col, chile, calabacín, pepino, mora y papa. Prácticamente para su entera exportación, aunque el cultivo por excelencia de esta época del año (y uno de los más rentables), es la fresa, comercializada por transnacionales como la norteamericana Driscoll's. Los ranchos cuentan con avanzados procesos productivos: semillas mejoradas con biotecnología, instalaciones fito-sanitarias, fertilizantes irrigados con avionetas, invernaderos informatizados y empacadoras que garantizan la calidad y presentación de sus productos para la comercialización en grandes superficies de Estados Unidos.

Sin embargo, toda esta modernidad demanda mano de obra barata e intensiva para la cosecha, y para ello los contratistas practican el 'enganche', consistente en captar mediante engaños a familias enteras de jornaleros en los estados del sur como Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Puebla, para asegurarse la fuerza de trabajo necesaria. Aunque las empresas declaran que no conocen casos de trabajo infantil en las plantas productivas de sus socios agrícolas mexicanos, visitan varias veces al año las instalaciones y los trabajadores aseguran que es imposible que desconozcan los abusos y las condiciones en las que laboran.

Trabajo infantil a las puertas de Estados Unidos

La primera causa de mortalidad infantil en el Valle de San Quintín y el de Mexicali es la gastroenteritis, cuyos niveles tanto en menores como en adultos son similares a los de Guatemala o Haití. Estudios respaldados por Organización Internacional del Trabajo (OIT), enumeraron una lista de los distintos tipos de daños en la salud que el trabajo agrícola tiene en los menores, y que van desde lesiones físicas a infecciones y enfermedades crónicas. La Red de Jornaleros Internos afirma que al menos 40 niños han muerto en los campos de cultivo en México desde 2007.

La psicóloga Liliana Plumeda comenzó a investigar el fenómeno del trabajo infantil en los años 90 financiada por UNICEF. Ha documentado numerosos casos tanto en San Quintín como en el valle de Mexicali, la capital del Estado norteño. “La explotación infantil en el campo se intensificó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y la liberalización de la tierra de cultivo, que abrió la puerta al aumento de la producción para exportación mediante empresas que buscan la competitividad bajando los salarios y empeorando las condiciones laborales de sus trabajadores”, afirma.

Sus resultados revelaron que muchos de los menores trabajadores padecían enfermedades en riñones e hígado, los órganos encargados de desintoxicar el organismo. “La población campesina está constantemente expuesta a los tóxicos, ya que viven junto a los campos de cultivo que son fumigados con avionetas, además utilizan agua contaminada de agroquímicos para limpiar la casa, los cubiertos y los alimentos, así como para el aseo personal”.

La mano de obra infantil es dócil, no organizada y más barata, por lo que se convierte en una dura competencia para el trabajador adulto. Se crea un círculo vicioso: aumenta el desempleo adulto y se disminuyen los salarios, lo que obliga a que los padres de familia continúen enviando a sus hijos a trabajar para compensar la falta de presupuesto familiar. Esta situación, además, es agravada por la creciente pérdida de derechos laborales y cobertura en la seguridad social, y los menores cargan con la responsabilidad de sostener a sus padres enfermos, ancianos o desempleados. “Hay una falsa creencia de que el trabajo infantil es una cuestión cultural que los indígenas traen de sus lugares de origen, pero solo hay que hablar con los mismos jornaleros para saber que los niños trabajan por hambre”, dice la especialista.

La noche de este jueves, Álex Castillo sintió un miedo muy parecido al que tuvo el 11 de septiembre de 2011. Barack Obama anunciaba su esperada acción ejecutiva en materia migratoria a través del televisor del Búnker, un refugio en el que conviven un grupo de seis exmilitares estadounidenses deportados en Tijuana. “Aquel día supe que iría a la guerra de Afganistán para participar en la operación Libertad Duradera. Hoy sé que no tengo posibilidades de regresar a mi país”. La decepción se aprecia en su rostro. Comparte indignación con una mujer separada por una frontera de sus hijos no puede reprimir sus lágrimas al escuchar los requisitos de la nueva reforma. El presidente se ha olvidado de ellos.

Entre cuatro y cinco millones de personas sin papeles en Estados Unidos (de los más de 11 que residen irregularmente en el país), podrán vivir sin temor a ser deportados gracias a este decreto presidencial, al menos de manera temporal. Pese a que la noticia ha sido difundida con una buena dosis de optimismo y júbilo por los medios de comunicación internacionales, son varias las organizaciones de derechos humanos que han llamado a la calma. La respetada ACLU (American Civil Liberties Union) emitió un comunicado en el que manifestó que las medidas no son una solución completa a los problemas que afectan al sistema. “Estamos muy preocupados por los derechos de los seis millones de inmigrantes no beneficiados”.

Obama no está ofreciendo ciudadanía ni permiso de residencia. Solo salvará de la deportación a quienes puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante cinco años de manera ininterrumpida, tengan hijos ciudadanos o residentes legales, carezcan de antecedentes penales y se comprometan a poner al día el pago de impuestos. Quien reúna todas estas condiciones en conjunto, podrá “salir de las sombras y hacer todo conforme a la ley”.

Por lo tanto, quedan excluidas todas las personas que hayan sido expulsadas (ya que tienen un delito migratorio en su expediente), o que estén fuera del país en estos momentos. Este es el caso de Mariela, migrante guatemalteca madre de dos niños ciudadanos estadounidenses que, al llevar un año en Tijuana tratando de obtener un permiso para poder regresar, no cumple las exigencias del plan. Tampoco podrá acogerse a la nueva medida Emma, que fue extraditada por una falta migratoria menor pese a que su hijo logró naturalizarse tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense. Son las situaciones que pretende corregir la nueva reforma migratoria de Obama a partir de ahora.

Human Rights Watch ha documentado cómo un número significativo de padres de niños ciudadanos estadounidenses -unos 100.000 en los años 2011 y 2012- son expulsados y criminalizados por las autoridades migratorias. Muchos de ellos podrían haber calificado para la “deportación diferida” (detener el proceso hasta que se emita una resolución definitiva, teniendo en cuenta el vínculo familiar), cuando estaban todavía en los EEUU, como Mariela y Emma. Sin embargo, el plan anunciado por Obama no solucionará este tipo de casos.

Aunque la Casa Blanca defiende que más de cuatro millones de personas podrán permanecer legalmente de forma temporal, las voces escépticas temen que la limitada y estricta lista de requerimientos reduzca considerablemente el número de beneficiados. El requisito de tener hijos nacidos o ciudadanos excluye, de manera indirecta, a quienes no tengan descendencia, independientemente del tiempo que lleven residiendo en el país.

En su anuncio, Obama tampoco ha concretado qué sucederá con los trabajadores del campo, pilar de la economía agrícola en estados como California, o si se abrirán alternativas de regreso para algunas de las aproximadamente dos millones de personas que han sido deportadas en los últimos seis años.

Los verdaderos agraciados serán los dreamers, jóvenes sin documentación que han crecido en Estados Unidos como ciudadanos de segunda y que luchan por continuar estudiando con papeles en regla, a quienes se extenderá hasta los tres años el permiso del programa de Acción Diferida (DACA), que otorga una estancia temporal renovable. Sin embargo, no se podrá regularizar la situación de sus progenitores, a pesar de ser una de sus principales demandas.

Por el contrario, parece que el gobierno norteamericano sí atenderá las peticiones del sector empresarial de Silicon Valley -y del propio Mark Zuckerberg- y facilitará la permanencia en el país de los graduados de alta cualificación, licenciados y empresarios, para que así contribuyan al desarrollo de la economía. “¿Somos una nación que educa a los mejores y más brillantes en nuestras universidades solo para enviarlos a casa para crear empresas en los países que compiten contra nosotros? ¿O somos una nación que fomenta que se queden para crear trabajos, empresas e industrias aquí en Estados Unidos?”, dijo Obama.

“Ningún hombre atrás”

Héctor Barajas, exparacaidista deportado, comparte la decepción con una dreamer mom que no puede reprimir sus lágrimas al escuchar que Obama no contempla ninguna solución para ellos. “En los últimos seis años, las deportaciones de delincuentes han aumentado hasta un 80%”, ha afirmado el presidente. En 2013, más de 95.000 personas fueron expulsadas por una falta menor (“misdemeanors”), como es el caso de muchas de las madres separadas de sus familias. En estados como Arizona, el simple hecho de tropezar con un control policial rutinario sin estar en posesión de documentación legal supone un delito migratorio que conlleva el ingreso inmediato en prisión y la posterior expulsión.

Barajas sirvió en el Ejército desde 1995 hasta 2001 y, tres años más tarde, fue deportado a México. “Cuando me enrolé en el Ejército me prometieron que me darían ciudadanía. Se basan en eso, en prometer papeles a los que no tienen”. A Castillo, que llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años, también le aseguraron que podría regularizar sus documentos y recibir beneficios si se alistaba: “Me prometieron una beca de 30.000 dólares para la universidad pero nunca la vi. Te prometen muchas cosas solo para convencerte”. La oficina de reclutamiento del Ejército suele buscar nuevos integrantes en los barrios latinos y con población migrante, tratando de llamar la atención de los jóvenes sin documentos.

Muchos de los veteranos de guerra sufren síndrome de estrés postraumático cuando vuelven a la vida civil. Los problemas de inadaptación en ocasiones terminan por empujarlos a cometer delitos que derivan en deportación, por lo que dejan de recibir la atención médica necesaria. La última decisión de Obama cierra la puerta a cualquier opción de regresar al país por el que lucharon.

Aumento de “seguridad” de la frontera

Barack Obama incluye en su decreto presidencial el aumento de la seguridad en la frontera sur, una condición que ya formaba parte del proyecto de reforma migratoria impulsada por un grupo de 68 congresistas demócratas, republicanos e independientes que finalmente fue bloqueado en la Cámara de Representantes (de mayoría conservadora) en 2013. Esta medida dará prioridad a la expulsión de personas con delitos graves al mismo tiempo que agilizará el retorno de aquellos que sean interceptados tratando de llegar al país de forma ilegal. “Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, acaban de aumentar las posibilidades de que lo capturen y envíen de regreso”, puntualizó.

El presidente estadounidense afirmó que se reforzará a las fuerzas del orden público con la intención de que puedan detener los cruces, lo que para ACLU “se traducirá en más militarización en las comunidades fronterizas del Suroeste, sin aumentar las medidas de rendición de cuentas para la Aduana y Protección Fronteriza, la fuerza policial más grande y más peligrosa de la nación”. Border Angels, organización humanitaria de San Diego (California), tampoco se ha mostrado de acuerdo con el incremento de la vigilancia y las medidas de seguridad en la frontera. “Más valla y más 'migra' solo se traducirá en más muertes y más negocio para las mafias”, aseguró su fundador, Enrique Morones.

Esta medida, insuficiente para algunos y motivo de euforia para otros, carece de rango de ley, por lo que convertirá el debate migratorio en el eje de la próxima campaña a la presidencia y en la bandera política de Hillary Clinton frente al Partido Republicano.

Yolanda pasó las últimas horas del 2010 desnuda en la garita fronteriza de la ciudad mexicana de Tecate, después de un encontronazo con agentes de aduanas que terminaron rompiendo su visa de turista cuando se disponía a pasar con normalidad el puesto de control. “Me tocaron en todos los lugares en los que creían que podría llevar algo escondido, me trataron como si fuera una narcotraficante”.

Una oficial le apretó las esposas con saña y en el camino al autobús de traslado a Tijuana le dislocó un hombro. Tras dos días recluida en una hedionda celda llena de mujeres de diversas nacionalidades, le dieron un papel de deportación y una expulsión instantánea a México, de donde había salido 17 años atrás. Desde entonces, no ha vuelto a ver a su hija, que se quedó en San Diego esperando que alguna de las dos regularizara su situación legal.

Elizabeth, migrante guatemalteca, y sus dos hijos también están atrapados en Tijuana desde hace dos meses. Esta madre soltera espera a obtener un visado que le permita cruzar la frontera con sus pequeños, nacidos durante los siete años que vivió indocumentada en Estados Unidos. Mientras, viven en un refugio junto a unos cuarenta hombres deportados y a otra mamá y sus tres retoños. “Después de tener a mis niños salí para ver a mi madre por última vez, que estaba muriendo de cáncer en Guatemala. Ahora no puedo regresar aunque ellos tengan la ciudadanía”.

Como ellas, miles de mujeres están siendo separadas de sus familias víctimas de las políticas migratorias, dejando a sus hijos en Estados Unidos. En México inician un proceso burocrático largo, costoso y casi siempre infructífero para conseguir un visado. La batalla legal es demasiado difícil incluso para los progenitores de ciudadanos norteamericanos, por lo que Elizabeth busca la forma de enviar a los menores a Los Ángeles para contratar a un pollero que la cruce por el desierto.

La separación forzosa de familias causa un profundo impacto en los menores, que deben salir adelante viviendo solos o con otros parientes. Las madres, por su parte, se enfrentan al aislamiento, depresión y ansiedad constantes de no estar criando a sus hijos y no tener la capacidad económica para mantenerlos adecuadamente, a lo que se suma una absoluta falta de apoyo institucional. En torno a 35 de estas mamás en situación de abandono formaron el grupo Dreamers Mom’s USA-Tijuana, que les sirve para compartir sentimientos y coordinar acciones de asesoramiento y protesta.

En Estados Unidos vive toda una generación de jóvenes en situación de exclusión y desigualdad social porque, al nacer al sur de la frontera, carecen de documentación legal. Son los hijos de migrantes latinoamericanos que llegaron al país de la mano de sus padres siendo muy pequeños. Pocos conservan recuerdos de su pasado en México o Centroamérica. Conocidos como Dreamers, han vivido toda su vida como estadounidenses y llevan años exigiendo el reconocimiento de su ciudadanía.

Los Soñadores lograron la creación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), que les permite trabajar mientras están estudiando e iniciar durante este periodo el proceso de obtención de visado. Sin embargo, este marco jurídico se queda corto por la complejidad de cada caso concreto. Las Dreamers Mom’s luchan por su incorporación a este programa, de forma que no puedan ser deportadas mientras sus hijos sean estudiantes.

Con unas dos millones de deportaciones efectuadas durante su gobierno y dos legislaturas desperdiciadas para lograr la aprobación de la Reforma Migratoria prometida, Barack Obama ha perdido el respaldo del voto latino. Esta ha sido la principal razón del triunfo del Partido Republicano en las recientes elecciones, en las que han logrado hacerse con la hegemonía en el Senado y ampliar su representación en la Cámara de Representantes. Pese al varapalo electoral, las Dreamers Mom’s no pierden la esperanza y confían en que de una u otra forma la sociedad estadounidense superará los prejuicios raciales y la posición inmovilista de la derecha. El mismo Obama ha vuelto a prometer que realizará “acciones legislativas concretas” sobre migración antes de que acabe el año.

Compañeras en la lucha, madres en el sentimiento

Las Dreamers Mom´s comparten el miedo y el desconocimiento por el bienestar presente y futuro de sus hijos, el temor ante los peligros a los que se enfrentarán para volver a reunirse con ellos y la desesperación por el tiempo que tendrán que esperar hasta lograrlo. Muchas de ellas también tienen en común un pasado de abusos y violencia intrafamiliar, aunque ni en México ni en Estados Unidos han merecido una consideración especial por ello. Son los casos de Yolanda y Elizabeth, que hace algunos años, mientras vivían en Estados Unidos, interpusieron demandas por agresión contra su ex parejas pero que, hasta el momento, no les ha servido para que la Corte permita su reingreso en el país.

“Trabajé con visa de turista y lo calificaron como fraude. Me castigaron como si hubiera llevado drogas o matado a alguien. Mi único delito fue trabajar y sacar a dos niños adelante yo sola”, afirma Yolanda, coordinadora de las Dreamers Mom’s USA-Tijuana desde mayo de 2013 y que continúa luchando por su caso con los escasos recursos que tiene. Pero la espera se hace demasiado larga cuando ve que sus hijos están creciendo sin ella. “Yo voy a regresar con ellos, tengo que hacerlo. Mucha gente me dice que me quede, que ya son grandes, pero no me importa. Son lo único que tengo y no me voy a quedar aquí. Tarde o temprano, si no es de una manera será de otra, pero voy a regresar”.

Las leyes y trabas burocráticas son, si cabe, más duras en México, especialmente para los migrantes de origen centroamericano. Después de regresar a Guatemala para enterrar a su madre, Elizabeth tardó tres meses en atravesar México junto a sus pequeños de 4 y 6 años subidos en “la Bestia”. Durante el trayecto, fueron asaltados por un grupo armado del cártel de los Zetas que le robaron los documentos y lo poco que traían consigo.

Ya en Tijuana, se encuentra estancada en un laberinto jurídico entre tres países: tras perder sus identificaciones durante el viaje, no tiene forma de demostrar que los niños son suyos y tampoco tiene pasaporte guatemalteco ni visado de turista en México. Ahora, el principal objetivo de esta madre soltera es recuperar la documentación estadounidense de sus hijos a través del consulado de la ciudad, pero tiene miedo de que el gobierno se quede con la custodia y que ella sea deportada.

Obligada a casarse con su pollero

Gladis dejó a sus tres hijos en Guatemala y atravesó México con la esperanza de iniciar una vida mejor para ella y su familia en California. Una vez en Tijuana, fue secuestrada durante meses por su pollero, con quien terminó casándose en contra de su voluntad. Fruto del matrimonio forzado quedó embarazada de dos niñas (que nacieron en Estados Unidos por exigencia del padre), y de otros dos niños. Un largo historial de malos tratos hacia ella y los menores culminó con el secuestro de las dos pequeñas, a quienes lleva buscando doce años sin ayuda de las autoridades mexicanas.

Aunque denunció el secuestro y desaparición en numerosas ocasiones ante el DIF (Desarrollo Integral de la Familia, servicios sociales en México), procuradurías y juzgados, todas y cada una de sus llamadas de auxilio fueron rechazadas. “El Delegado de inmigración me dijo que me callara, que los extranjeros solo íbamos a molestar”. Ahora, su única opción es armarse de paciencia hasta conseguir un visado que le permita entrar a Estados Unidos, donde cree que se encuentran.

Tijuana no dispone de suficientes albergues para atender las demandas de la enorme población migrante, los Servicios Sociales no cuentan con verdaderos programas de actuación y aún existen menos recursos para mujeres y menores. La falta de planificación del gobierno mexicano para la recepción de las decenas de personas que son diariamente deportadas es claramente visible en la frontera. “Cuando me sacaron no había nadie fuera que me dijera dónde podía acudir o qué podía hacer. Llamé a una amiga que vivía en Tijuana. Gracias a ella no me quedé en la calle”, explica Yolanda sobre su reingreso a México.

Estas historias ilustran cómo las mujeres migrantes, que escapan de la pobreza y la violencia de sus países, se enfrentan a los peligros de una tierra desconocida, donde son acosadas por autoridades y grupos criminales y sufren la vulneración de sus derechos más elementales por carecer de cualquier forma de protección gubernamental.