"El panorama es desolador: compraventa de licencias, sin obligación de ofrecer servicio público de informativos, prohibición de las comunitarias, fomento de la situación de duopolio mediático…", sostiene Díaz.

El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Sí. Esas ondas invisibles a través de las cuales accedemos a internet con nuestro 'smarthphone' o recibimos las señales de radio y televisión son un bien público que es gestionado por la Administración conforme a tres criterios básicos: informar, educar y servir a las personas. En definitiva, cumplir un servicio público. Este espacio, limitado, es administrado por el Estado bajo criterios de pluralidad, diversidad y libertad de expresión. Al menos, sobre el papel.

La nueva adjudicación de licencias de la TDT y el informe interno de Industria revelado en exclusiva por eldiario.es, dibuja una situación 'orwelliana'. El panorama es desolador: compraventa de licencias, sin obligación de ofrecer servicio público de informativos, prohibición de las comunitarias, fomento de la situación de duopolio mediático…

Tener una televisión no es rentable, en términos lucrativos, por sí sola. Sólo hay una forma de que lo sea: tener una posición de oligopolio en el audiovisual. Un duopolio (Atresmedia y Mediaset) que controla más del 85% de inversión publicitaria y multitud de canales.

Pero la rentabilidad no tiene porqué ser siempre económica. Muchas empresas, fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones tienen acciones o poseen un medio de comunicación para influir políticamente así como para orientar las decisiones de consumo de la ciudadanía. ¿Por qué si no iba a querer tener El Corte Inglés un canal de televisión? ¿Qué gana la Iglesia católica sufragando ese pozo sin fondo que es 13TV?

Otros, se decantaban por la alternativa más beneficiosa: es el negocio de la venta y alquiler de las licencias otorgadas por concurso público. Unas operaciones en las que se mueven decenas de millones de euros y que, pese a lo que pueda parecer, son legales. Eso es lo que hace (y fomenta) el Gobierno de Mariano Rajoy con ese bien público que llamamos espectro radioeléctrico: impulsar un mercado negro de conciencias y miradas de la ciudadanía, presa por la mercantilización del espectro.

Medios Comunitarios, en el ojo del huracán

Es indignante ver la situación de desamparo que sufren los medios comunitarios por parte de quien tiene la obligación de protegerlos. Pero más grave resulta aún, leer en el informe interno de Industria, las verdaderas intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy: planificar una voladura controlada del único resquicio de democracia mediática en nuestro país.

Ahora es más fácil entender cómo, durante las últimas décadas, lejos de mejorar el acceso al derecho a la comunicación de la ciudadanía, este Gobierno ha orquestado una campaña dirigida a penalizar el encomiable trabajo de las pocas emisoras comunitarias que existen en nuestro país. La respuesta de las comunitarias, interponiendo un recurso contra el concurso de la TDT ante los tribunales, ha inquietado al Gobierno.

La reforma del audiovisual

Afrontar la regulación del audiovisual es fundamental, una tarea pendiente en nuestra maltrecha democracia. Sin embargo, a todos los partidos, sin excepción, les tiemblan las piernas al hablar de ello. Tienen miedo. Miedo a los que enarbolan la bandera de libertad y la constriñen mercantilizando este bien público. Por eso, para afrontar el cambio es necesaria valentía.

Hace unos días, la jurista Isabel Tobeña, de Jueces para la Democracia, intervino en unas jornadas sobre Periodismo en Melilla señalando que legislar sobre el artículo 20 de la Constitución “es vidrioso y delicado, pero hay que hacerlo”. Y hay que hacerlo con seriedad y rigurosidad, evitando esta venta de esclavos que en el siglo XXI se llaman televidentes y oyentes.

Los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales deben de ser consciente de lo necesario que es abrir la caja de Pandora de la propiedad de los medios y comprender que la lucha por democratizar las ondas es el comienzo de cualquier otra lucha por el cambio social. Sin abordar seriamente este problema, cualquier oportunidad de cambio será un titular efímero, un anhelo que se esfuma.

Defender la educación pasa, en un primer término, por defender la democratización del espectro. Defender la sanidad y el sistema público de pensiones pasa por defender el pluralismos en la opiniones que ocupan el dial. Defender la lucha contra el cambio climático solo es posible si en el espectro radioeléctrico otras voces toman la palabra.

Por eso es necesario apelar a las formaciones políticas para que no escurran el bulto. Y lo hacemos para que aborden el asunto con profundidad y no solo para que pongan parches a la legislación actual con el objetivo de mantener esta cena de buitres.

El documento del Ministerio que dirige Soria, visualiza una mafia organizada. Una trama de corrupción que solo se entiende como una descarada complicidad de servidores públicos con las corporaciones mediáticas de espaldas a la ciudadanía a la que debieran proteger de los lobos a los que alimentan.

En el fondo de la cuestión está la ciudadanía, que conforma buena parte de su realidad a través de la información que consume de los medios de comunicación. Su realidad pero también sus perspectivas de futuro, su ideología y su voto, sus decisiones de consumo y su identidad, individual y colectiva. Los medios hacen país. Y en estos momentos son Atresmedia y Mediaset, las que están construyendo patria.

"Es necesario suspender inmediatamente el Tratado de Asociación Preferente UE-Israel, todo comercio de armas y colaboración en defensa, seguridad, investigación y desarrollo hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional", afirman los autores

El 2 de julio, de madrugada, el adolescente jerusalemita Mohamed Abu Khdeir fue secuestrado, torturado y quemado vivo por colonos israelíes en venganza por el secuestro de tres jóvenes colonos israelíes que, dos semanas más tarde, fueron encontrados muertos. Desde entonces, el castigo colectivo contra la población civil en Gaza y los asesinatos en Cisjordania, las detenciones ilegales masivas, los miles de heridos y la colonización se han intensificado más si cabe. 727 palestinos encarcelados, 2.205 muertos, 110.000 personas desplazadas y sin hogar, 18.000 viviendas destruidas… Palestina es una tierra sembrada de números. Cifras que nunca reflejan la desposesión y el desamparo que siente la población palestina ante una tragedia que se repita una y otra vez, en cada ocasión, con mayor intensidad.

El mundo parece haber comprendido la dramática situación de la tierra menguante de Cisjordania y Gaza, que arde desde hace más de 67 años bajo el fuego del colonialismo y la ocupación militar. No hay que ser un lumbreras para ver que, tras 20 años del proceso de Oslo, el mapa territorial ha cambiado, la colonización ha irrumpido en cada centímetro de tierra palestina y la soberanía es un deseado tren sin vías ni destino. Pero no nos engañemos, la cascada de reconocimientos del Estado Palestino, sin fronteras reconocidas, soberanía plena, ni compromiso de los promotores para plazos de concreción, no nos engañemos, es un paso anclado en la estrategia global de Oslo y sus consensos, y puede terminar significando otro balón de oxígeno para Israel.

Los israelíes lo saben. Los palestinos también. Nuestros gobiernos también. La Autoridad Nacional Palestina (ANP), lo sabe. El presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, afirmó hace unos días: “Estamos listos para gobernar sobre el 22% de la Palestina histórica”. Algo que hasta los análisis más optimistas dudan. Nadie debe esperar que el reconocimiento del Estado Palestino vaya a acabar con la ocupación militar y el asedio sobre Gaza, la colonización de Cisjordania, donde viven ya más de 700.000 colonos o con el orquestado sistema de apartheid racista con carreteras, autobuses, servicios sociales y sistemas legales segregados. Son necesarias respuestas valientes al crítico momento que vive el pueblo palestino y esa respuesta pasa, inexcusablemente, por la campaña global, no violenta y antirracista, del Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS) como medida de presión hasta hacer que el Estado de Israel se avenga a respetar los Derechos Humanos y la legalidad internacional.

La sociedad civil internacional debe apoyar sin fisuras la legítima lucha de un pueblo oprimido a vivir en igualdad, justicia y libertad de la misma forma que necesita que sus gobiernos sancionen las prácticas ilegales y aíslen al régimen de apartheid establecido por el Estado de Israel como se hizo en su momento con Sudáfrica. Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible exigir el fin de la complicidad de gobiernos e instituciones internacionales, terminar con estos gobiernos que encubren la limpieza étnica, los crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina e incluso comercian con los responsables de esos actos.

Por ejemplo, la Unión Europea sigue manteniendo un Acuerdo de Asociación Preferencial con Israel, del que es su principal cliente, pese a que éste viole de forma flagrante el artículo 2 del mismo Acuerdo que condiciona su vigencia al respeto estricto de los derechos humanos. De la misma forma, el Gobierno de España y muchos de nuestros gobiernos regionales (como la Generalitat Catalana, la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana o la Junta de Andalucía), han cerrado recientemente acuerdos o iniciativas que contribuyen a la sensación de impunidad internacional y a la nula exigencia de responsabilidades y rendición de cuentas a Israel.

Tras tantas décadas de colonización y apartheid no podemos alegar ignorancia o incompetencia. Estrechar la mano de Alón Bar (embajador de Israel en España), mantener relaciones de cooperación militares, desarrollo armamentístico o seguridad, comerciar con armas “probadas en combate”, consumir productos y servicios “Made in Israel”, o participar en eventos culturales y deportivos orquestados para lavar la cara de este régimen de apartheid, significan un apoyo material a sus crímenes y violaciones del Derecho Internacional.

Es necesario cambiar a gobiernos e instituciones que premian en vez de sancionar esas violaciones del derecho internacional. Demasiados palestinos y palestinas han muerto ya en el altar de esa geopolítica. Demasiadas generaciones de europeos y europeas, de españoles y españolas, han visto cómo sus gobiernos estrechaban la mano con criminales de guerra como Ariel Sharon o Benjamín Netanyahu. Son necesarios otros gobiernos que respondan al apoyo cada vez más fuerte de nuestra sociedad a la campaña de BDS contra el apartheid israelí.

En la cocina de la diplomacia debe estar presente un ingrediente que ha sido olvidado hasta ahora: los derechos humanos. Conscientes de que cualquier acuerdo político sin este ingrediente será plato de mal gusto, la campaña BDS busca basar cualquier acuerdo en su cumplimiento. No habrá ninguna paz, y mucho menos justa, sin que los derechos humanos sean el marco de referencia sobre el que caminar. Es por ello que la iniciativa BDS demanda el derecho al retorno de todos los palestinos refugiados y expulsados de sus tierras, la descolonización de todas las tierras árabes ocupadas por parte de Israel, el desmantelamiento del Muro del Apartheid, declarado ilegal por la Corte Penal Internacional hace ya una década y el fin de las políticas de apartheid que sufren, especialmente, los palestinos y palestinas con ciudadanía israelí y los de Jerusalén Oriental.

La campaña BDS, nacida en 2005 de un llamamiento conjunto de la sociedad civil palestina, oenegés, sindicatos y diversos colectivos sociales, se ha convertido en una herramienta de sociedad civil a sociedad civil que los gobiernos deben apoyar con urgencia. La estrategia busca transmitir a la sociedad y el Gobierno de Israel el mensaje de que se ha acabado la patente de corso, de que ocupación, violación de leyes internacionales y crímenes de guerra no saldrán gratis nunca más. Es necesario reducir esa asimetría beneficiosa para la ocupación israelí, así como la falsa y perversa simetría entre ocupador y ocupado, impuesta en el terreno diplomático. Para ello, con la ayuda de todos y todas, se está ejerciendo la presión que deberían hacer nuestros gobiernos en vez de dedicarse a acaloradas declaraciones retóricas y tapar con dinero, ayudas y cooperación el estropicio humanitario que provoca su aliado.

Es necesario suspender inmediatamente el Tratado de Asociación Preferente UE-Israel, todo comercio de armas y colaboración en defensa, seguridad, investigación y desarrollo hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional.

Ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo se suman al boicot comercial, cultural, deportivo y académico. Bancos y fondos de inversión deciden atenerse a las directrices europeas y retiran inversiones para evitar ser cómplices de una ocupación ilegal. La propia Unión Europea ha suspendido por la misma razón la importación de productos lácteos y avícolas. Incluso el Gobierno español ha suspendido temporalmente la venta de armas a Israel. Ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos se han adherido al BDS. En nuestro país, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina lanza el distintivo Espacios Libres de Apartheid Israelí e invita a ayuntamientos, comercios y empresas a sumarse a esta campaña ciudadana por los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino.

El tiempo de las complicidades se ha acabado. Es el momento del boicot.