Una no sabe ya si la democracia está en crisis o si la democracia parlamentaria está mejor que nunca. Parece que más bien lo primero, pero si atiendes a las declaraciones de los responsables políticos en los medios de comunicación, podría ser tanto lo primero como lo segundo.

Por eso, es mejor ir a los hechos. En base a ellos, me atrevería a decir que la democracia parlamentaria tuvo a principios de abril un momento de buena salud. Un instante, claro, en el que, no obstante, lució exuberante una salud robusta.

En momentos de crisis democrática profunda es necesaria más y mejor democracia. Tampoco hay que perder la esperanza de poder pensar (e implementar) un sistema de organización social, política y económica mejor que el capitalismo (que tampoco es pedir mucho). Mientras, hay que esforzarse en radicalizar la democracia, en mejorarla. Para mejorarla son necesarias, evidentemente, buenas políticas públicas que atiendan y cubran necesidades básicas, que garanticen y alienten derechos políticos y civiles, claro; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de participación; y, sin embargo, para radicalizar la democracia hace falta, más que focalizar en el qué o en el cómo, focalizar en el quién.

El martes 9 de abril la democracia española obtuvo una mayoría absoluta migrante, gozó por una tarde de buena salud. Mayoría parlamentaria migrante ilegal, digámoslo. El martes 9 de abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya –que exige la regularización de las 500.000 personas migrantes que se estima que se encuentran en el Estado Español en situación irregular– consiguió superar su primer trámite parlamentario: la tramitación. ¿Se ha aprobado esta iniciativa legislativa que nace de la sociedad civil y que ha logrado recoger casi 700.000 firmas para que el Congreso la tome en consideración? No, no se ha aprobado. Esa será la prueba de fuego de la democracia española, cuánta gente invisible, cuántos nadies es capaz de incorporar. Pero, de momento, con 310 votos a favor y 33 en contra, la ILP promovida por ONG y muchas personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, obtuvo un respaldo parlamentario mayoritario como pocas iniciativas han tenido en esta legislatura.

Ahora queda lo más difícil: las enmiendas, los plazos, la negociación, que se apruebe. Sin embargo, han sido las personas migrantes, las que son tantas veces objeto del debate político y tan pocas veces se les permite ser protagonistas, las que han venido a insuflar aire fresco, renovador, a la democracia española. La democracia es tal cuando es capaz de incorporar, de abrazar, de cuidar, como mínimo, a todas las personas que viven en el territorio en la que esta se tiene como sistema político. Tras semanas de crispación en una legislatura que ha cosechado mayorías absolutas pírricas, cuando las ha conseguido, las personas migrantes han venido a darnos una lección de tenacidad y dignidad. Queda por ver si este sistema político estará a la altura en los pasos que vienen.

Regularizar a 500.000 personas es una cuestión de justicia, de reparación, de derechos humanos. Es también una necesidad económica (se calcula que el mercado de trabajo español necesita entre 270.000 y 400.000 personas migrantes al año dependiendo de las fuentes). Es muchas cosas que se han argumentado y se seguirán argumentando hasta conseguir la regularización.

Hay un detalle que la ILP con su mayoría absoluta para la tramitación puso de relevancia y que debería avergonzarnos a los grupos políticos que estamos en el hemiciclo: lo poco que ese espacio se parece a la sociedad que quiere representar. Somos 350 las personas escogidas en todo el Estado para representar a la sociedad, a los territorios que componen España. Pero nos parecemos más bien poco a esa sociedad, a esos territorios. Y eso es un problema. Regularizar a las 500.000 personas en situación irregular no soluciona ese déficit de manera inmediata, obviamente, aunque sí que nos permite estar un poquitito más cerca de ser una sociedad diversa y plural; es una cuestión de derechos humanos y de salud democrática. 500.000 personas más con derecho a ejercer el sufragio universal, y el sufragio pasivo, a ser escogidos en lo que se considera el lugar de la soberanía popular. La democracia española necesita esa regularización. Espero que el sistema político de este país se dé cuenta de que no lo tiene que hacer por ellas, sino para salvarse él mismo.  

Comparto un episodio de esta semana que me he decidido a escribir porque, en realidad, es representativo de muchas situaciones con las que nos encontramos dentro de la institución. Y me temo, que con independencia del color político en muchos casos

Al poco tiempo de llegar al ayuntamiento, acuñé la expresión “reuniones de hombres de más de 40 con corbata”. Me parecía bastante ilustrativa de un tipo de reuniones que se convertirían en habituales en mi vida a partir de entonces: consorcios, juntas directivas, consejos de administración, y que ejemplificaban algo que ya sabíamos, pero que algunas no habíamos vivido nunca: los hombres son los que están en los puestos directivos, en los espacios de decisión y representación, un sesgo de género, y también de edad que salta a la vista, a la vez que se manifiesta en la forma de ser y estar en las reuniones. Aquellos espacios que hacen que la expresión “feminizar la política” se cargue de sentido.

Esta semana he asistido a una de esas reuniones de hombres de más de 40 con corbata. Empresarios y representantes de la administración. Es un lugar al que voy regularmente. Muchas veces, llego justa a la reunión. En las primeras reuniones, en las que no conocía a nadie, me iba directamente a mi sitio, ese indicado con el cartelito de “Gala Pin” plastificado. En la segunda reunión, llegué con un poco de antelación, me fui a mi sitio y me senté con el ordenador. Al llegar el presidente, saludó a las personas que estaban de pie. Al acercarse a mí, hice amago de levantarme para darle la mano, pero se me quedó encajada la silla y no pude levantarme rápidamente. El presidente quería saludarme, así que, ni corto, ni perezoso, me dio un beso en la frente. La primera en la frente. Sesgo de género, de edad y de clase. No se lo hubiera hecho a otras mujeres presentes en la sala. No supe reaccionar. O más bien, me contuve la reacción. Hace tiempo que aprendí que mi cuerpo tiene una reacción muy primitiva cuando me enervo (antes me pasaba una o dos veces al año): se me eriza el cabello de la nuca. Es imperceptible al ojo humano, aunque yo sí que lo noto. En ese momento, sentí cómo se me erizaba el pelo de la nuca, que desde hace años es una señal que he aprendido a interpretar como “no reacciones de manera visceral ahora, porque después te arrepentirás”. Así que me quedé perpleja. Y frustrada.

Esta semana, un año después, me ha saludado dándome la mano. “Bien, Pin, machote”, he pensado. No había una asistencia masiva, aun así, las mujeres éramos clara minoría: cuatro frente a 12 o 14 hombres. Una de las mujeres es la persona que toma el acta (aún no he visto a un hombre tomando acta). Después de varias intervenciones, alguien llamó la atención al presidente sobre el hecho de que había un nuevo miembro (una mujer, la cuarta mujer) en la sala que se incorporaba en esa reunión sustituyendo a un antiguo miembro. Transcribo: “¡¿Claro que sí, cómo se me iba a pasar a mí esta belleza?!”. “A esta belleza estamos encantados de tenerla aquí”.

Perplejidad (que aquí quiere decir “pelos en la nuca erizados”). La reunión siguió su curso, y, qué casualidad, me tocaba hablar a mí. Dejé para el final la petición contundente de que no se vuelva a interpelar a una mujer por su aspecto físico, el tono fue de rechazo y cierta repugnancia. “No será este presidente el que no lo haga, que es un donjuán”. Risas adolescentes de los hombres de más de 40 con corbata, comPAdreo. Perplejidad. Viaje en el tiempo.

Era el turno de palabra de otro hombre. Al final de su intervención, aprovechó para sumarse a mi solicitud. El único. Cuchicheos. La mujerBellezaNuevoMiembro, que en realidad, es la MujerRepresentanteDeUnImportanteSectorEnLaCiutat, se sintió interpelada. Así que intervino tímidamente para decir que a ella ya le estaba bien. Perplejidad con desazón. Al acabar la reunión, el presidente vino a hablar conmigo. Me comentó en tono jocoso que si yo supiera los comentarios que le hace a su mujer, no sé lo que podría llegar a enfadarme.

Reuniones de hombres de más de 40 con corbata. En un mundo de hombres, con mirada de hombres, con gestos de hombres, con trato de hombres, con sordera de hombres. Lo que se viene llamando heteropatriarcado.

¿Hay corrupción y blanqueo de capitales detrás del Port Vell de Barcelona? ¿Responde la actuación a un código de honor?

Dice el informe de la Oficina antifrau de Catalunya que la APB (Autoridad Portuaria de Barcelona) no tuvo en cuenta una serie de elementos relevantes a la hora de aprobar y negociar la reforma del Port Vell (impulsada por el grupo Salamanca a través de la empresa Marina Port Vell SA): «utilización de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales», «la opacidad que preside el grupo empresarial del grupo Salamanca», «la falta de credibilidad de los datos financieros y contables», «la información incierta aportada por terceros», «la situación económica y accionarial de la principal sociedad valedora de la operación, HADAR FUND S.L», perteneciente ésta a V. Alekperov, presidente de la empresa Lukoil, conocidos como «oligarcas rusos» y vinculados a diferentes operaciones de la denominada «mafia rusa», y «la poca credibilidad de las sociedades valederas de Salamanca group». Dice también que la operación está probablemente vinculada al blanqueo de capital de estos personajes, y que hay una «posible actuación irregular por parte del Ayuntamiento de Barcelona en la operación urbanística de aprobación del Pla Especial del Port Vell», y una «posible actuación irregular por parte de la APB en relación con la concesión de Marina Port Vell».

Desde noviembre de 2011 cuando los vecinos de la Barceloneta se enteraron de la operación hasta marzo de 2012 que vieron que se había publicado en el BOE, decía la Regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, que la operación no existía. Decía también la APB que estos mismos vecinos tenían que pagar 384€ por una copia del proyecto cuando éste se encontraba en exposición pública. En el Monaco Yacht Show de septiembre de 2011, decía el señor Martin Bellamy (presidente de Salamanca Group, empresa que impulsa la reforma, exmilitar británico relacionado con 38 empresas del grupo Salamanca) que el Port Vell de Barcelona se convertiría en una de las marina de referencia mundial para megayates de lujo y que ya se podían adquirir los amarres . En el mismo lugar, un año después decía el señor Antoni Vives que «lo que os estamos ofreciendo es la ciudad [...] el cluster es real [...] alguien de quien me estoy haciendo muy amigo ahora mismo, Martin Bellamy». El mismo regidor de Hàbitat Urbà le decía también a los vecinos tres meses después que se había sentido ofendido cuando estos, después de ver la presentación en Mónaco, habían denunciado que en tanto que responsable público estaba defendiendo intereses privados y no públicos, tal y como le correspondería a su cargo, y que debería plantearse dimitir. Esa palabra que, como dice Jordi Évole, no es un nombre ruso, a pesar de las coincidencias.

Dice también antifrau que todo esto se fraguó en 2010 cuando APB y Salamanca Group firmaron un convenio de colaboración para ampliar la concesión de la gestión del Port vell, en tiempo y espacio.

Dicen las unidades de policía que se dedican a perseguir a la mafia que èsta tiene una estructura con tres patas: una criminal, otra política «para actuar con impunidad» y otra económica «basada en una complejo entramado empresarial a su servicio para blanquear dinero, en el que siempre hay una empresa ligada al sector de la energía». Alekperov es presidente de Lukoil, petrolera rusa instalada, entre otros, en el puerto de Barcelona a cuya inauguración acudió Artur Mas el 30 de abril de 2012. Algunos dicen que nada es casual en esta vida.

Dice el sentido común mayoritario que gran parte de la clase política usa su posición para hacer relaciones, mantener o amasar privilegios, y proteger los privilegios de quienes son sus amigos «right now». Algo similar a un código de honor no escrito. A veces no es cuestión de dinero, es cuestión de relaciones, círculos sociales, futuras promesas de entornos que se protegerán.

Imaginemos un código ético

También dice el sentido común mayoritario que se acabó, y que todo esto va a cambiar. Así que después de lo que dicen, imaginemos, imaginemos cómo hubiera sido la operación del Port Vell si, por un momento, los políticos responsables hubieran tenido no un código de honor, sino un código ético. Imaginemos que estuvieran obligados a publicar sus agendas, con quién se reúnen y qué temas tratan. E imaginemos que esto lo hubieran tenido que hacer ya en 2010, cuando los responsables de la APB ya pactaron con Salamanca Group que se ampliaría la concesión de explotación del Port Vell, una vez Salamanca Group hubiera adquirido la empresa Marina Port Vell SA. Imaginemos también que esto hubiera ocurrido en un momento en que la ciudadanía hubiera decidido corresponsabilizarse de lo público y hubiera detectado esa irregularidad. Y sigamos imaginando que los cargos públicos tuvieran que hacer públicos sus ingresos, bienes, y los datos necesarios para poder detectar posibles conflictos de interés. Posiblemente es un conflicto de interés defender en una feria de yates privada la privatización de un espacio público cuyo proyecto, rodeado de opacidad, aun no está aprobado, y en contra del cual se han manifestado mayoritariamente los vecinos de la ciudad denunciando que responde a intereses de los oligarcas rusos. Imaginemos que los cargos públicos tuvieran que rendir cuentas de sus actuaciones presentando la información requerida, es así como la ciudadanía podría evaluar si hay conflicto de intereses. No por un dogma de fe, sino con datos y hechos.

Si además, esos cargos públicos se hubieran comprometido a no acceder a cargos de responsabilidad en empresas creadas, supervisadas o reguladas durante la gestión de ese cargo público, durante un periodo de cinco años, podemos imaginarnos que la amistad entre Martin Bellamy y Antoni Vives hubiera transcurrido por otros derroteros. Y si imaginamos también que los cargos públicos, como Antoni Vives, o el alcalde de Barcelona estuvieran obligados a someter a referéndum la toma de decisiones relevantes para la ciudad, pues podemos imaginar también que si todos los mecanismos anteriores fallan, sería la ciudadanía la que tendría la última palabra. Esto no es política ficción, tanto la exregidora Itziar González, como la Plataforma Defensem el Port Vell, como algunos grupos de la oposición propusieron que se realizara una consulta sobre la reforma del Port Vell, propuesta que fue rechazada con los votos de PP y CiU.

Estos son algunos de los mecanismos que son ampliamente compartidos por la ciudadanía, mecanismos de control de los cargos públicos, pero también de protección de aquellos cargos públicos que no estén dispuestos a someterse a las mafias y a los lobbies. No es inimaginable. Es el paso de un código de honor a un código ético. A un código de ética política, para gobernar obedeciendo. Obedeciendo a la ciudadanía. También es responsabilidad de la ciudadanía exigirlo.

Hi ha corrupció i blanqueig de capitals darrere del Port Vell? Respon l'actuació a un codi d'honor?

Diu l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que l'APB (Autoritat Portuària de Barcelona) no va tenir en compte una sèrie d'elements rellevants a l'hora d'aprovar i negociar la reforma del Port Vell (impulsada pel grup Salamanca a través de l'empresa Marina Port Vell SA): «utilització de societats domiciliades en paradisos fiscals», «l'opacitat que presideix el grup empresarial del grup Salamanca», «la manca de credibilitat de les dades financeres i comptables», «la informació incerta aportada per tercers», «la situació econòmica i accionarial de la principal societat valedora de l'operació, HADAR FUND SL», pertanyent aquesta a V. Alekperov, president de l'empresa Lukoil, coneguts com «oligarques russos» i vinculats a diferents operacions de l'anomenada «màfia russa», i «la poca credibilitat de les societats valedores de Salamanca group». Diu també que l'operació està probablement vinculada al blanqueig de capital d'aquests personatges, i que hi ha una «possible actuació irregular per part de l'Ajuntament de Barcelona en l'operació urbanística d'aprovació del Pla Especial del Port Vell», i una «possible actuació irregular per part de l'APB en relació amb la concessió de Marina Port Vell».

Des de novembre de 2011 quan els veïns de la Barceloneta es van assabentar de l'operació fins al març de 2012 que van veure que s'havia publicat al BOE, deia la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, que l'operació no existia. Deia també l'APB que aquests mateixos veïns havien de pagar 384 euros per una còpia del projecte quan aquest es trobava en exposició pública. Al Monaco Yacht Show de setembre de 2011, deia el senyor Martin Bellamy (president de Salamanca Group, empresa que impulsa la reforma, exmilitar britànic relacionat amb 38 empreses del grup Salamanca) que al Port Vell de Barcelona es convertiria en una de les marina de referència mundial per megaiots de luxe i que ja es podien adquirir els amarratges. Al mateix lloc, un any després deia el senyor Antoni Vives que «el que us estem oferint és la ciutat [...] el clúster és real [...] algú de qui m'estic fent molt amic ara mateix, Martin Bellamy». El mateix regidor d'Hàbitat Urbà els deia també als veïns tres mesos després que s'havia sentit ofès quan aquests, després de veure la presentació a Mònaco, havien denunciat que com a responsable públic estava defensant interessos privats i no públics, tal com li correspondria al seu càrrec, i que s'hauria de plantejar dimitir. Aquesta paraula que, com diu Jordi Évole, no és un nom rus, malgrat les coincidències.

Diu també Antifrau que tot això es va forjar el 2010 quan APB i Salamanca Group van signar un conveni de col·laboració per ampliar la concessió de la gestió del Port Vell, en temps i espai.

Diuen les unitats de policia que es dediquen a perseguir la màfia que aquesta té una estructura amb tres potes: una criminal, una altra política «per actuar amb impunitat» i una altra econòmica «basada en una complex entramat empresarial al seu servei per blanquejar diners, en el qual sempre hi ha una empresa lligada al sector de l'energia». Alekperov és president de Lukoil, petroliera russa instal·lada, entre d'altres, al port de Barcelona a la inauguració de la qual va acudir Artur Mas el 30 d'abril de 2012. Alguns diuen que res és casual en aquesta vida.

Diu el sentit comú majoritari que gran part de la classe política utilitza la seva posició per fer relacions, mantenir o pastar privilegis, i protegir els privilegis de qui són els seus amics «right now». Una cosa semblant a un codi d'honor no escrit. A vegades no és qüestió de diners, és qüestió de relacions, cercles socials, futures promeses d'entorns que es protegiran.

Imaginem un codi ètic

També diu el sentit comú majoritari que s'ha acabat, i que tot això canviarà. Així que després del que diuen, imaginem, imaginem com hauria estat la operació del Port Vell si, per un moment, els polítics responsables haguessin tingut no un codi d'honor, sinó un codi ètic. Imaginem que estiguessin obligats a publicar les seves agendes, amb qui es reuneixen i quins temes tracten. I imaginem que això ho haguessin hagut de fer ja el 2010, quan els responsables de l'APB ja van pactar amb Salamanca Group que s'ampliaria la concessió d'explotació del Port Vell, un cop Salamanca Group hagi adquirit l'empresa Marina Port Vell SA. Imaginem també que això hagués passat en un moment en què la ciutadania hagués decidit corresponsabilitzar-se d'allò públic i hagués detectat aquesta irregularitat. I seguim imaginant que els càrrecs públics haguessin de fer públics els seus ingressos, béns, i les dades necessàries per poder detectar possibles conflictes d'interès. Possiblement és un conflicte d'interès defensar en una fira de iots privada la privatització d'un espai públic el projecte del qual, envoltat d'opacitat, encara no està aprovat, i en contra del qual s'han manifestat majoritàriament els veïns de la ciutat denunciant que respon a interessos dels oligarques russos. Imaginem que els càrrecs públics haguessin de retre comptes de les seves actuacions presentant la informació requerida, és així com la ciutadania podria avaluar si hi ha conflicte d'interessos. No per un dogma de fe, sinó amb dades i fets.

Si a més, aquests càrrecs públics s'haguessin compromès a no accedir a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, supervisades o regulades durant la gestió d'aquest càrrec públic, durant un període de cinc anys, podem imaginar-nos que l'amistat entre Martin Bellamy i Antoni Vives hagués transcorregut per altres camins. I si imaginem també que els càrrecs públics, com Antoni Vives, o l'alcalde de Barcelona estiguessin obligats a sotmetre a referèndum la presa de decisions rellevants per a la ciutat, ja que podem imaginar també que si tots els mecanismes anteriors fallen, seria la ciutadania la que tindria l'última paraula. Això no és política ficció, tant l'exregidora Itziar González, com la Plataforma Defensem el Port Vell, com alguns grups de l'oposició van proposar que es realitzés una consulta sobre la reforma del Port Vell, proposta que va ser rebutjada amb els vots de PP i CiU.

Aquests són alguns dels mecanismes que són àmpliament compartits per la ciutadania, mecanismes de control dels càrrecs públics, però també de protecció d'aquells càrrecs públics que no estiguin disposats a sotmetre's a les màfies i als lobbies. No és inimaginable. És el pas d'un codi d'honor a un codi ètic. A un codi d'ètica política, per governar obeint. Obeint a la ciutadania. També és responsabilitat de la ciutadania exigir-ho.