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El Congreso apoya la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes que ya viven y trabajan en España

Presentación de la ILP para una regularización extraordinaria de migrantes

Andrés Gil / Icíar Gutiérrez

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El Congreso apoyará este martes la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de las 500.000 personas migrantes que, según los cálculos de los impulsores, viven en España sin papeles y sin derechos básicos. La ILP cuenta con más de 600.000 firmas, así como con el respaldo de 900 organizaciones de la sociedad civil. La votación al cierre de la sesión ha dejado un respaldo mayoritario con 310 votos a favor y solo 33 en contra, los del grupo parlamentario de Vox. Cada uno con sus matices, pero todos los aliados parlamentarios del Gobierno y el PP se han posicionado a favor de su toma en consideración.

Además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en la Cope: “Somos sensibles con los que trabajan en España y no tienen papeles”. Es decir, Feijóo ya había dado pistas de que facilitarían la toma de consideración de la ILP, cosa que ha confirmado la portavoz del PP, Sofía Acedo, en el Congreso.

Acedo ha empezado su intervención en el pleno agradeciendo su papel a las organizaciones religiosas participantes en la ILP, como Cáritas: “Lo que se ha pretendido es traer el debate a la Cámara para ponerlo en la agenda política. Nuestro Grupo no cuenta con los elementos de juicio suficientes, por lo que abrir el debate nos permitiría retratar al Gobierno: conocer la población objetiva en irregularidad sobrevenida y sus motivos. Hay tantas casuísticas como personas y cada una requiere una actuación determinada. Daremos salida a esta toma en consideración para abordar esta cuestión, como nos ha pedido Caritas y los empleadores. Hace falta una posición equilibrada entre el limbo jurídico, el control de fronteras y la expulsión de migrantes con expediente de retorno”.

Una vez el Congreso de los Diputados tome en consideración el texto este martes –la votación se espera para última hora de la tarde–, la norma sigue con su trámite parlamentario en una comisión donde los grupos están habilitados para presentar enmiendas. A continuación, la ley pasa al pleno del Congreso para su votación.

“Los socialistas vamos a votar esta tarde a favor en la toma en consideración de la ILP sobre la regulación de inmigrantes y después, en el trámite parlamentario, enmendaremos la propuesta”, ha anunciado el portavoz socialista, Patxi López, en una rueda de prensa previa al pleno: “Lo primero es la toma en consideración, porque no vamos de ninguna manera a despreciar la voluntad de casi 700.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que se han movilizado, que se han manifestado para esta cuestión. Y lo segundo son las enmiendas, porque queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable”. 

López ha añadido: “No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera razonable e inteligente”.

Gala Pin, portavoz de Sumar, ha empezado su intervención en el pleno “exigiendo un alto en fuego en Gaza, y el fin del genocidio. Cada día habría que aprovechar cualquier oportunidad para pedirlo”. En lo que respecta a la ILP, Pin ha dicho: “Hoy hay una victoria de los nadie. En un momento en que cada vez se cree menos en las instituciones, se trata de que la ciudadanía sepa que la política le pertenece. A un día de la votación del pacto racista migratorio europeo, la votación de hoy cobra un mayor simbolismo. Si esto se aprueba hoy aquí, esto es un mandato: el Gobierno tiene que llevarlo a cabo, y por eso esperamos que mañana mismo se cree un grupo con los ministerios implicados para que se cumpla. La gente no migra porque quiere, sino porque vivimos en un sistema capitalista que obliga a eso: la riqueza europea viene del expolio de los países de África y América Latina. Este régimen colonial se ve en la ley de extranjería, hay una deuda histórica que saldamos en una pequeñísima parte”.

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha dicho en la tribuna del Congreso: “Vivimos en un mundo donde los capitales se mueven libremente y los seres humanos solo encuentran barreras. Saben que no es posible que no haya personas migrantes, lo que quieren es que no tengan ningún derecho [mirando a la bancada de la derecha]. Trabajan sin derechos, viven en un hostigamiento policial, y para arreglar todas estas injusticias no hay más camino que tumbar la ley de Extranjería de Aznar”.

Jon Iñarritu, portavoz de EH Bildu, ha reconocido en la tribuna el esfuerzo de las organizaciones que lograron más de medio millón de firmas para la ILP: “Es una cuestión de humanidad, hay que hacerlo frente. Desde una mayoría pro Derechos Humanos hay que proceder a esta regularización. Además, hay precedentes en la UE y en España. Es un día de alegría, pero contenida: la verdadera celebración será cuando se apruebe, porque existe el riesgo de que esta ILP acabe en un congelador el resto de la legislatura, y se den papeles para todos y para todas”.

Mikel Legarda, portavoz del PNV, ha explicado en su intervención en el pleno: “Consideramos que la iniciativa debiera reorientarse a una regularización extraordinaria caso a caso, eliminando la precariedad, los contratos opacos o en abuso. Votaremos a favor de la toma en consideración de la ILP, en reconocimiento y respeto de la labor de toda la ciudadanía que ha trabajado por ella, y para debatir sobre el fondo que se plantea, pero con la reorientación que consideramos necesaria, garantizando derechos laborales y reforzando la integración”.

Josep Maria Cervera Pinart, portavoz de Junts, ha anunciado en el pleno del Congreso su voto favorable “sin entrar en el fondo de la iniciativa, por respeto a las 600.000 personas que lo han avalado”. Y ha añadido: “Hablamos de personas y derechos humanos, porque hay que buscar vías y porque en el proceso podremos introducir enmiendas, y porque somos los que más nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos se puede hablar de todo”.

El portavoz de ERC, Jordi Salvador i Duch, por su parte, ha afirmado que la ILP debería tener “un sí total del hemiciclo. La ILP es la manera de legislar de la gente, por eso solo hay que votar que sí. Si somos coherentes con los Derechos Humanos, no podemos permitir miles de personas en las peores por condiciones por su situación administrativa, son hermanos de clase. Es una situación inaceptable y en un Estado que se denomina de Derecho”.

Qué pide la iniciativa

La Iniciativa Legislativa Popular presentada reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España debido a que “los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento”, y por otro lado, “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”. 

Lamine Sarr, portavoz del movimiento que llevó al Congreso la regularización de migrantes, dijo en el registro de la ILP en el Congreso: “Hemos sufrido todo tipo de racismo hasta llegar aquí”. “Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles”, defendía Sarr: “Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”. Sarr, senegalés, a su llegada a España se vio empujado a trabajar como mantero para sobrevivir, y recordaba que entre el cerca de medio millón de personas en situación irregular hay jornaleras, temporeros trabajadoras sexuales y niños que “habiendo nacido en España heredan el estatus migratorio de sus padres”.  

El texto da al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores defienden que, sin su regularización, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.

La iniciativa recuerda el trabajo de las comunidades de migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores imprescindibles como los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura, cuando pagaron “un altísimo precio en forma de contagios y muertes”. “Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”, dice el texto.

La iniciativa comenzó su andadura hace dos años, cuando el Movimiento 'RegularizacionYa', conformado por personas migrantes y organizaciones antirracistas de toda España, una gran campaña de recogida de firmas.

La Constitución prevé que los ciudadanos puedan llevar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando 500.000 firmas. En febrero de 2023 la Junta Electoral Central ratificó que la iniciativa había conseguido el medio millón necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria. Se han reunido más de 700.000.

España cuenta con el precedente de la regularización emprendida en 2004 por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

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