Javier Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas de Argentina del pasado domingo 26 de octubre, superando en 9 puntos a la candidatura peronista. Esto contrasta fuertemente con los resultados de las elecciones provinciales de Buenos Aires de hace apenas un mes y medio, cuando fue precisamente el peronismo el que superó a la candidatura de Milei por más de 14 puntos. ¿Qué es lo que cambió de una elección a la otra para que los resultados fueran tan dispares?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que los códigos y la lógica de votación es muy diferente en las dos convocatorias electorales. Por ejemplo, en las elecciones provinciales juegan un papel fundamental los intendentes (alcaldes), muchos de los cuales son peronistas, quienes se esforzaron mucho en la contienda electoral para retener sus municipios y ayudar a sus gobernadores gracias a su maquinaria territorial, mientras que esos incentivos no se dieron en la convocatoria nacional. Esta diferencia podría explicar que las elecciones provinciales de septiembre fueran una anomalía puntual dentro de un escenario de importante apoyo (aunque rápidamente decreciente) a la formación liderada por Milei.

En segundo lugar, el mismo hecho de que el peronismo obtuviera una victoria holgada en septiembre probablemente despertó los miedos de los antiperonistas, quienes hasta entonces habían creído que dicho movimiento estaba herido de gravedad, movilizándose entonces en octubre para votar en masa a la alternativa, representada por Milei.

En tercer lugar, entre una elección y otra, la economía argentina tuvo que ser rescatada por Estados Unidos de la mano del mismo Donald Trump, quien aseguró que cancelaría su apoyo financiero multimillonario (20.000 millones de dólares en un swap y 1.800 millones en compras de pesos argentinos) “si Milei perdía las elecciones”. Esto, que supone una injerencia electoral en toda regla, pudo llevar a mucha gente a votar a Milei simplemente pensando en la marcha de la economía del país y no tanto en la simpatía que le pudiera generar.

Sea como fuere, lo que sí está más que claro es que la gente no votó a Milei por la buena marcha de la economía, porque justamente está herida de gravedad: Argentina lleva en recesión todo el año 2025 y el indicador principal de actividad económica volvió a caer intensamente justo el mes anterior a las últimas elecciones; los tipos de interés se dispararon en septiembre y octubre hasta llegar a superar el 30% en términos reales, borrando de un plumazo el crédito bancario; más de 18.000 empresas han echado el cierre y más de 230.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo desde que Milei llegó al gobierno; los ingresos reales de los trabajadores y pensionistas se han desplomado un 15% y un 10%, respectivamente (con la única excepción de los asalariados del sector privado registrado, bien protegidos por unos sindicatos que Milei amenaza con debilitar); el pluriempleo, necesario para llegar a fin de mes, está registrando récords; el ahorro de las familias está en mínimos históricos; el consumo en supermercados y en tiendas es un 18% inferior a la época pre-Milei; las prestaciones sociales han sido recortadas en un 18,6%...

El único aspecto positivo del que puede sacar pecho Milei -y que muchos argentinos valoran- es que su moneda nacional se mantiene fuerte, lo que no solo permite mantener más controlada la inflación, sino también que el 24% de los argentinos más ricos del país (los únicos con capacidad de ahorro regular) puedan comprar productos del extranjero a precios mucho más competitivos y viajar a otros países sin gastarse tanto dinero. Estos argentinos ricos, a quienes los recortes de Milei apenas afectan, están encantados con disponer de un peso fuerte, con mayor libertad para realizar inversiones financieras tras la apertura parcial del cepo, y con tipos de interés estratosféricos que solo multiplican su patrimonio financiero. Por otro lado, hay argentinos no tan ricos que también están contentos con tener menos inflación que antes, incluso aunque ahora tengan menos capacidad económica, porque prefieren ser algo más pobres pero no tener que preocuparse tanto por los precios a ser menos pobres pero estar mirando cada semana la evolución de los mismos. Los dos perfiles pueden perfectamente conformar la mayor parte de ese 27% del electorado que se ha decantado por Milei. No es un gran porcentaje, pero ha sido suficiente para alcanzar la victoria en un país sumido por el desencanto político y el antiperonismo.

Ahora bien, ¿cómo ha conseguido Milei mantener durante casi dos años un peso argentino tan fuerte? Dilapidando desesperadamente todos los dólares que obtenía la economía argentina sin ningún tipo de miramiento, e incluso dilapidando dólares que no eran suyos y que tomaba prestados. Frente a una actitud conservadora, propia de otros países latinoamericanos como Brasil, México o Colombia y caracterizada por acumular dólares para afrontar los imprevistos del futuro, el gobierno de Milei decidió utilizar hasta el último dólar de sus reservas para mantener el peso fuerte y llegar en buena posición a las elecciones de octubre.

Esta estrategia no solo era muy arriesgada y peligrosa, puesto que es “pan para hoy y hambre para mañana”, sino que también era imposible de realizar sin contar con los dos rescates multimillonarios del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos, que suman más de 40.000 millones de dólares entre los dos, así como con un blanqueo de capitales histórico y una supresión de las retenciones al campo que le permitió adelantar los dólares de la cosecha (que son medidas extraordinarias y de un solo uso). Es decir, Milei pudo llegar a las elecciones presentándose el garante de una cierta estabilidad macroeconómica solo porque hipotecó salvajemente al país, secándolo de dólares y recurriendo a deudas externas y extraordinarias. Especialmente importante fue el rescate de Trump durante todo el mes de octubre, pues estamos hablando de que el Estado más poderoso del mundo ha estado tirando a la basura más de 1.8000 millones de dólares con tal de mantener artificialmente apreciado el peso argentino. Sin esa cuantiosa ayuda, el régimen cambiario de Milei habría saltado por los aires unas semanas antes de los comicios, y el ruido financiero y político se habría traducido sin duda en un mucho peor resultado electoral.

En resumen, Milei priorizó su objetivo electoral a cualquier otra cuestión económica y, aunque le ha salido bien la muy arriesgada jugada -solo posible gracias a la inusual ayuda de Estados Unidos-, el peaje es terrible: Argentina está sumida en la recesión, con la industria destruida, con la población empobrecida, sin ningún dólar propio en las reservas y, encima, debiendo miles de ellos a Estados Unidos y a otros organismos internacionales. 

Mientras los liberales celebran victorias, la Argentina paga con su futuro.

Durante este segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump no ha parado de pulverizar las reglas de juego que han caracterizado el sistema político y económico mundial desde hace décadas: ha roto unilateralmente acuerdos comerciales -violando las normas de la Organización Mundial del Comercio-; ha anunciado su retirada de la Organización Mundial de la Salud; ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2017; ha cuestionado seriamente la utilidad de la OTAN y de la Organización de las Naciones Unidas… y ahora decide unilateralmente rescatar a un país con problemas financieros saltándose los organismos internacionales previstos para ello como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Esto es algo que no hacía Estados Unidos desde hace más de 23 años, cuando en 2002 lanzó un rescate de emergencia a Uruguay, aunque entonces lo hizo de forma coordinada con el FMI. Ahora es simplemente el presidente de Estados Unidos quien ha decidido cómo, cuándo y qué tipo de rescate aplicar a un país en apuros. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué a Argentina? ¿A cambio de qué? 

En primer lugar, convendría entender bien por qué Argentina necesitaba un rescate. Durante todo su mandato, el gobierno de Milei ha priorizado contener la inflación por encima de cualquier cosa, arrasando para ello con parte del Estado del Bienestar (ya que, recortando en todo tipo de servicios y sueldos públicos se enfría la economía y con ella los precios) y dilapidando todos los dólares posibles para contener la depreciación del peso argentino (evitando así lo que se conoce como la “inflación importada”). El problema de esta segunda estrategia es que deja con muy pocas divisas a Argentina, que las necesita para hacer frente a los abultadísimos pagos de deuda pública que tiene por delante. En un primer momento, el gobierno de Milei pudo seguir adelante con su estrategia porque aplicó un blanqueo de capitales que permitió una entrada masiva de dólares por parte de los adinerados argentinos a cambio del perdón fiscal, y en un segundo momento porque redujo las retenciones al sector agrario a cambio de que inyectaran sus dólares en el sistema antes de tiempo. Sin embargo, esos movimientos tenían los días contados y en abril de 2025 la inevitable escasez de dólares empujó al gobierno de Milei a pedir un crédito multimillonario al FMI (que no hacía otra cosa que sumarse a la enorme deuda que ya tenía el país con este organismo especialmente por culpa del gobierno pasado de Mauricio Macri en el año 2018). Pero estos dólares prestados también han sido dilapidados durante estos meses con el objetivo de contener la inflación y llegar a las elecciones de finales de octubre con el mérito de haber controlado los precios, y en las últimas semanas el mercado financiero le dio la espalda a Argentina, disparando todas las alarmas y asomando al país al default y a un posible corralito bancario. Aquí es donde ha entrado Donald Trump con su rescate.

No se trata de un rescate al uso; se trata de un rescate extraordinario por su cuantía y naturaleza. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent detalló por la red social X que no sólo facilitarían una línea de crédito de hasta 20.000 millones de dólares (equivalente al del FMI en cuantía), sino que también intervendrían en el mercado de deuda pública para comprar bonos argentinos, que es justamente la misma estrategia que utilizó exitosamente el Banco Central Europeo para contener las primas de riesgo de los países del sur de Europa. Eso es justo lo que convierte a este rescate en uno verdaderamente extraordinario y potente. Aunque, como ha indicado expresamente el secretario del Tesoro, ninguna operación de rescate comenzará hasta después de las elecciones en Argentina, lo cual genera bastantes dudas de que finalmente lo vayan a hacer habida cuenta de que no sería la primera vez que la administración Trump falta a su palabra. Veremos.

En cualquier caso, incluso sin soltar todavía ni un dólar, las palabras de apoyo explícito de Trump al gobierno de Milei han tenido un efecto tremendamente positivo en los mercados financieros: la prima de riesgo ha tenido uno de los descensos más acelerados de toda la historia del país, y el peso argentino ha dejado de depreciarse. Milei recibe así un balón de oxígeno que probablemente le permita llegar a las elecciones evitando el descalabro económico al que se enfrentaba hace apenas unos días. Y es que es evidente que el rescate no es sólo económico, sino político, porque Trump dijo literalmente que esperaba que a Milei le fuese bien en las elecciones, además de anunciar que muchos capitales estadounidenses invertirían en el país “en caso de un resultado electoral positivo”. Estamos hablando de una tremenda injerencia en la política y en las elecciones democráticas de Argentina por parte de un gobierno extranjero, y sin ningún tipo de disimulo y rubor.

¿Qué es lo que busca Trump con el apoyo a Milei? Pues tener bien atado a un aliado político en su conflicto geoestratégico con China, que lleva años aumentando su influencia sobre Latinoamérica y sobre Argentina. De hecho, Trump ya ha exigido a Argentina que cancele el swap de monedas (instrumento de financiación) que le concedió China al gobierno kirchnerista anterior. Y muy probablemente acatarán la orden ya que previsiblemente contarán con una nueva y más potente línea de financiación. Otra exigencia ha sido el aumento de retenciones a la soja porque muchas empresas chinas se estaban haciendo con buena parte de la mercancía argentina a un precio más asequible que el que ofrece el campo estadounidense, lo que estaba provocando un grave malestar en las asociaciones agrarias del país norteamericano. Esta exigencia fue cumplida a rajatabla el pasado 24 de septiembre, apenas dos días de ser anunciado el rescate. El resto de las condiciones no se conocen de momento porque hay una inusual e importante opacidad, pero no es de extrañar que tengan que ver con reducir o frenar la presencia de China en infraestructura crítica, como las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, el despliegue en las telecomunicaciones 5G y su interés en la Hidrovía y las centrales nucleares. De hecho, hasta ahora el único pedido de ingreso al Régimen de inversiones que denegó públicamente el gobierno argentino fue el de la minera china Ganfeng Lithium, algo tremendamente extraño porque Argentina necesita inversiones extranjeras como el comer. Más allá de todo esto, veremos si Trump no se cobra su apoyo a Milei en forma de otro tipo de cobros relacionados con los recursos naturales del país, tanto hidrocarburos como tierras raras en los que el país es abundante, al igual que ocurrió con el rescate a México en 1995, cuando la garantía explícita que impuso el gobierno estadounidense fue precisamente la petrolera PEMEX.

En resumen, el rescate de Trump a Milei es extraordinario en naturaleza y cuantía, y no es tanto económico como político, orientado a contar con un aliado con el que pueda hacer frente a la influencia de China en Latinoamérica. Además, se trata de una grave injerencia en la política interna del país austral que busca aprovecharse de sus recursos naturales. Es decir, se trata de un rescate a Milei, pero un asalto democrático y económico de Argentina.

Finlandia siempre ha sido un ejemplo de país con un Estado del bienestar muy potente, llegando a servir de inspiración a multitud de partidos socialdemócratas europeos. Sin embargo, en la actualidad dicho modelo social está siendo salvajemente destrozado por las políticas de austeridad que lleva años aplicando el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas. Unas políticas que están siendo espoleadas por la propia Comisión Europea y que tratan de dar respuesta a una crisis económica que generó la ruptura comercial con Rusia, un país del que era tremendamente dependiente.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 supuso un punto de inflexión para toda Europa, pero especialmente para Finlandia, un país pequeño que siempre ha tenido intensos lazos comerciales y económicos con el gigante euroasiático, especialmente en materia energética. De hecho, justo antes de la invasión, el 80% de todo el petróleo crudo y el 75% de todo el gas natural que importaba Finlandia provenía de Rusia. En el caso del carbón, el combustible nuclear y la madera, las proporciones eran del 52%, 35% y 25%, respectivamente. Es más, incluso el 51% de la electricidad neta provenía del país vecino. No hace falta ser economista para saber cuán graves pueden ser las consecuencias de interrumpir súbitamente buena parte del comercio, justo tal y como ocurrió tras la invasión de Ucrania, un fenómeno que desde el Estado finlandés denominaron “Russit” (haciendo alusión al “Brexit”). Las exportaciones y las importaciones a y desde Rusia se hundieron de golpe, alcanzando unos niveles ínfimos que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los hidrocarburos baratos que antes provenían de Rusia tuvieron que ser sustituidos por otros más caros provenientes de otras regiones, como ocurrió con el gas natural licuado de Estados Unidos (el gran ganador de este suceso). Y no sólo más caros, sino también más volátiles, pues los contratos que antes firmaba Finlandia con la empresa rusa Gazprom eran a medio plazo y otorgaban estabilidad y cierta protección frente a la especulación financiera sobre este tipo de productos energéticos. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar. El PIB, que venía recuperándose tras superar lo peor de la pandemia, volvió a caer en 2022 y desde entonces mantuvo una tendencia negativa, que sería agravada por las políticas del próximo gobierno como veremos enseguida. La tasa de desempleo, que también se estaba recuperando en 2021 tras el batacazo de la pandemia, se disparó tras el Russit y no ha hecho otra cosa que crecer a ritmos acelerados.

Algo parecido ocurrió con la tasa de pobreza, que aunque siga siendo relativamente baja (del 12,5%), viene aumentando desde el 11% que llegó a tener antes de la invasión rusa de Ucrania.

Cuando una economía entra en recesión, como le ocurrió a Finlandia a partir de 2022, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que la indignación que siente una ciudadanía que pierde calidad de vida se puede traducir en el apoyo electoral a cualquier opción política que prometa resolver los problemas económicos, por muy disparatadas y reaccionarias que sean sus propuestas. La segunda es que las cuentas públicas se deterioran, porque, por un lado, la recaudación impositiva desciende al haber menos actividad económica, mientras que, por otro lado, el gasto en prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales aumentan.

Justamente esas dos cosas ocurrieron en Finlandia, generando un cóctel explosivo. Lo primero que hizo el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas a mitad de 2023 fue aplicar un duro recorte en las cuentas públicas con el objetivo de reducir el déficit y la deuda, todo ello con el beneplácito de la Comisión Europea, que estaba a punto de reactivar las reglas fiscales que habían sido suspendidas durante la pandemia. Se trataba, obviamente, de una receta inadecuada y de un mal diagnóstico: el déficit público no se debía a una mala gestión del presupuesto, sino a la crisis económica originada por el Russit.

Entre las medidas aplicadas para recortar las cuentas públicas destacan una fuerte elevación del IVA desde el 21 al 25,5%, un aumento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por enfermedad, un recorte en las prestaciones sociales y una mayor restricción en el acceso a los servicios de salud y asistencia social (el coste en atención primaria ha aumentado un 22,5% y en atención especializada un 45% en sólo un año). Además, el gobierno finlandés está presionando a los organismos públicos autónomos responsables de la organización de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia para que eliminen un déficit de 2.700 millones de euros, lo que se ha traducido ya en cierre de hospitales y centros de salud. Según estimaciones del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, se prevé que las reformas lleven a 100.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Y, a pesar de ello, el gobierno está preparando nuevos recortes a la seguridad social.

Ahora bien, están recortando en todo menos en el gasto militar: Finlandia ha pasado de tener en 2019 un gasto militar próximo al 1,5% sobre el PIB, a tenerlo en 2024 de casi el 2,5%. Este es el programa típico de la ultraderecha: recortar en lo social y en lo sanitario y reforzar lo militar.

Toda esta austeridad no ha hecho sino empeorar todavía más la actividad económica, como veníamos señalando antes. El indicador del PIB per cápita lo revela claramente: hubo un punto de inflexión tras los recortes aplicados en 2023, que han aumentado la brecha que hay entre Finlandia y el resto de países europeos, que no están gobernados por la ultraderecha ni están aplicando fuertes recortes en el presupuesto.

Lo peor de todo es que estos ajustes ni siquiera le están sirviendo para mejorar las cuentas públicas, porque, como es ya bien sabido, la austeridad empeora la economía y el déficit público vuelve a aparecer. De hecho, de todos los países de la Eurozona, Finlandia ha sido el que más ha elevado su deuda pública desde el año 2019. Es la historia de siempre y está más que estudiada: la austeridad sólo empeora la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El único motivo por el que la aplican es porque reduce lo público y da alas a lo privado, logrando una redistribución de la renta y de la riqueza más favorable a las minorías privilegiadas. Eso es lo único que persigue la ultraderecha y los economistas liberales, que desgraciadamente están arruinando uno de los mejores modelos que existían de Estado del Bienestar.

Ya llegó el esperado “Día de la Liberación” y el anuncio de los aranceles recíprocos de Estados Unidos a prácticamente todos los países del mundo. Exceptuando a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, que no sufrirán ningún arancel por tener relaciones comerciales insignificantes, estos aranceles van desde un mínimo del 10%, aplicado a una multitud de países, hasta un máximo de 49%, aplicado a Camboya. Los aranceles del 10% supuestamente entrarán en vigor el viernes 5 de abril a las 12:01 –hora estadounidense– y el resto de los aranceles superiores (entre los cuales está el 20% a la Unión Europea) lo harán el miércoles 9 de abril a la misma hora. Es importante controlar las fechas porque no sería la primera vez que Trump anuncia unos aranceles que no terminan de entrar en vigor porque los acaba cancelando o posponiendo tras una negociación con el país afectado. Una negociación de la que siempre obtiene algo, por supuesto.

Donald Trump dijo que cada país va a sufrir exactamente el mismo nivel arancelario que sufre actualmente Estados Unidos por su parte, aceptando una reducción en algunos casos para supuestamente “demostrar que no son tan malvados” como otros países. Pero es que a las pocas horas de anunciarse estas medidas se descubrió que todo eso era una farsa: el nivel arancelario anunciado a cada país no tiene absolutamente nada que ver con los aranceles que actualmente están en vigor en esos países. La propia Casa Blanca ha revelado la fórmula que ha utilizado para calcular los aranceles que sufre Estados Unidos y es fácil comprobar que es simplemente la división entre el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a cada país y las importaciones desde ese país. En el caso de que no haya déficit comercial, la fórmula arroja automáticamente un 10%. En el resto de los casos el resultado se divide entre dos, para “demostrar que no son tan malvados”.

Una tomadura de pelo en toda regla, porque eso no son aranceles recíprocos. Una cosa es lo que cada país te ponga como barrera arancelaria, y otra muy diferente el saldo entre lo que le compras y le vendes. De hecho, en muchos casos es que ni siquiera hay algún tipo de relación. Por ejemplo, Estados Unidos firmó con Corea del Sur un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2012 y que eliminó recíprocamente el 95% de todos los aranceles y, sin embargo, Estados Unidos tiene un elevado déficit comercial con este país, lo que hace que la fórmula de la Casa Blanca arroje un supuesto arancel teórico del 50%. Algo parecido ocurre con México y Canadá, con quienes tenía un acuerdo de libre comercio en el que apenas se recogían aranceles, y sin embargo Trump les puso un arancel del 25%.

Todo esto no hace sino demostrar que el objetivo de Trump es otro diferente al de lograr justicia comercial. Si de verdad quisiera equilibrar las barreras arancelarias e imponer aranceles recíprocos, les pondría aranceles elevados a quienes hacen lo mismo con Estados Unidos, y viceversa. Pero está claro que Trump no busca eso, sino en todo caso reducir el déficit comercial estadounidense con cada uno de los países. Toda esta historia de los “aranceles recíprocos” es una excusa que se ha inventado para dotar de cierta legitimidad su discurso proteccionista. Pero no deja de ser una de las mayores farsas que hemos visto recientemente.

O quizás el verdadero objetivo ni siquiera sea el de reducir el déficit comercial, sino simplemente utilizar ese relato como excusa para comenzar una negociación con todos los países desde una posición de fuerza: “si quieres que te retire los aranceles, haz esto o dame esto”. De momento es lo que hemos visto con algunos países como Canadá, México y Colombia, obteniendo compensaciones relacionadas con la inmigración y la seguridad. Aunque también es verdad que no hemos visto lo mismo con China, a quien le ha aumentado bastante las barreras arancelarias, sin que las haya retirado o pospuesto, o sacado algo en alguna negociación, al menos de momento.

Todos los analistas coincidimos en que, si estos aranceles “recíprocos” entran finalmente en vigor, la economía estadounidense sufrirá mucho. Es innegable que los aranceles se traspasarán en mayor o menor medida a los precios de los productos, lo que empobrecerá a los consumidores de Estados Unidos, hundiendo ventas, beneficios empresariales y empleos a corto plazo. Aunque se habla mucho menos de que el impacto económico negativo sería muchísimo más grave en otros países cuyas economías dependen mucho de las exportaciones al gigante americano. Por ejemplo, las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos suponen aproximadamente un tercio de todo su Producto Interior Bruto, y el arancel anunciado es del 46%, un nivel disparatado que sería demoledor para su actividad económica. En el gráfico adjunto elaborado por El Orden Mundial se puede apreciar cuáles son los países que más sufrirían el impacto del “Día de la Liberación” a tenor de su dependencia de exportaciones a Estados Unidos.

El gráfico anterior hay que combinarlo con el siguiente, que muestra el nivel de aranceles impuestos. Como se puede ver, el impacto que sufriría Vietnam es el mayor de todos con mucha diferencia, especialmente teniendo en cuenta los dos gráficos. Por cierto, la línea recta que se aprecia es la prueba de que Trump se ha inventado los aranceles con una fórmula sencilla y ridícula que nada tiene que ver con la heterogeneidad de niveles arancelarios actualmente en vigor.

En fin, no hay forma humana de entrar en la cabeza de Donald Trump y saber qué quiere lograr con todo esto, pero de lo que sí podemos estar 100% seguros es de que los aranceles recíprocos anunciados no son aranceles recíprocos y de que no está buscando equilibrar las barreras proteccionistas. Sea lo que sea lo que busque, eso no es.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en sesión parlamentaria que el incremento del gasto militar comprometido con la Unión Europea se va a realizar sin recortar en gasto social, pero esto es algo que ponen en duda tanto los partidos de la oposición como algunos socios de gobierno. Ya sea por una cuestión de restricción presupuestaria (no hay suficiente dinero para todo) o política (el PSOE tendrá la excusa perfecta para recortar en partidas sociales), muchos dan por hecho que el Gobierno meterá la tijera. Sin embargo, realmente no hay motivos serios y rigurosos para pensar que el Gobierno español vaya a realizar semejante acción. Paso a explicarlo y argumentarlo con detalle.

Vaya por delante que yo estoy en contra de aumentar el gasto militar: me parece que se exagera la amenaza a la que se enfrenta la Unión Europea (ya sea por parte de Putin o de Trump); ya gastamos muchísimo en seguridad y defensa; y las mejores vías para canalizar los conflictos siempre pasan por la diplomacia y no por el rearme. Sin embargo, la posición de cada uno sobre este tema es una cuestión independiente del debate sobre si el aumento del gasto militar necesariamente implica recortes en lo social. 

Más allá de mi opinión sobre el aumento del gasto militar me parece fundamental explicar por qué es compatible con aumentar el social; no sólo porque es un escenario obviamente preferible aunque haya más gasto para la guerra, sino porque aceptando que debe haber recortes estamos comprando el marco teórico y el relato que la derecha siempre ha utilizado para oponerse a cualquier conquista social.

Siempre que la izquierda ha demandado un aumento de pensiones o de sanidad, por ejemplo, la derecha ha saltado en tromba a decir que “no hay dinero”. Ahora la izquierda no puede utilizar el mismo argumento, más que nada porque es falso. El dinero es un invento abstracto del ser humano y no tiene sentido hablar de su finitud. Si se quiere que haya más dinero para algo, se puede lograr muy fácilmente. La prueba es que siempre ha habido dinero suficiente para rescatar a la banca tras la crisis financiera del año 2008, para la emergencia sanitaria en 2020, o ahora para el gasto militar. Durante la pandemia del Covid se crearon cantidades mastodónticas de dinero y nadie dijo que eso implicaría recortes en otras partidas sociales porque había consenso en que era un gasto muy necesario. Los poderosos tiraron a la basura su relato austericida y suspendieron las sacrosantas reglas fiscales porque no les quedó más remedio que hacerlo. Fue la prueba fehaciente de que el dinero no es una limitación técnica, sino simplemente una cuestión de voluntad política. El problema es que su creación y regulación se utiliza siempre en favor de la élite, no en favor del interés general. Pero no caigamos en su falaz discurso de que “no hay dinero”, porque claro que lo hay.

Es importante entender que la disyuntiva no está entre elegir que el destino del dinero, sino de los recursos reales. El dinero es abstracto e ilimitado; siempre se puede crear más. En cambio, no se pueden crear más materias primas, combustibles u horas de tiempo. Cuando un gobierno aumenta el dinero para gasto militar no está prescindiendo de aumentarlo en cualquier otra partida, lo que está haciendo es que el litro de combustible que se utiliza para un avión militar no se podrá utilizar para un autobús urbano, o que la hora de trabajo de un militar no podrá utilizarse para una emergencia natural. El trade-off es de recursos naturales; nunca de financiación. Por eso, entre otras cosas, debemos oponernos a esta histeria belicista, pero no porque “no haya dinero”.

Se han referenciado mucho las declaraciones del primer ministro de Finlandia –dirigidas al propio Pedro Sánchez– afirmando que tuvieron que recortar en gasto social para aumentar el militar. Pero eso no sirve como argumento a favor de que para aumentar el gasto militar hay que recortar en lo social. Básicamente porque el primer ministro de Finlandia es del Partido de Coalición Nacional, el equivalente al Partido Popular español, y encima actualmente gobierna con la ultraderecha. Si Alberto Núñez Feijóo estuviese gobernando España con Vox y dijese lo mismo, ¿daríamos por buena esa afirmación? ¿No dudaríamos en ningún momento que es el resultado de su voluntad política de recortar y no de una inevitabilidad técnica?

Además, el actual gobierno finlandés de derechas comenzó a gobernar el 20 de junio de 2023, siguiendo a un gobierno de corte progresista, y los datos demuestran que durante ese año el gasto militar se disparó (1,47 puntos porcentuales del PIB) al mismo tiempo que aumentó el gasto social monetario y en especie –sanidad, educación y vivienda– (0,6 puntos porcentuales del PIB). Ésa es la constatación empírica de que se puede aumentar el gasto militar sin recortar en lo social. No hay todavía datos para 2024 pero, aunque hayan recortado en lo social, eso respondería simplemente a la voluntad de un gobierno de derechas, no a una necesidad económica.

Recientemente también se está poniendo de ejemplo el gobierno laborista del Reino Unido, porque parece que va a aumentar el gasto militar al mismo tiempo que recortará en algunas ayudas sociales. Pero estas afirmaciones omiten que el gobierno de Starmer ya estaba realizando recortes bastante antes de que llegara esta histeria colectiva por aumentar el gasto militar, como expliqué en este artículo publicado hace 9 meses. Volvemos a lo mismo: no confundamos lo que se decide voluntariamente hacer con lo que inevitablemente hay que hacer.

En cuanto a que el PSOE utilice este escenario como excusa para recortar, es importante entender que la Unión Europea va a eximir el incremento del gasto militar de las reglas fiscales, además de que va a emitir deuda conjunta para que el peso no recaiga sobre cada uno de los países. Esto quiere decir que el Gobierno español podrá aumentar el gasto militar sin vulnerar sus compromisos de estabilidad presupuestaria y sin aumentar su riesgo financiero.

A los Estados nacionales desgraciadamente les va a salir gratis aumentar el gasto militar. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que este Gobierno no ha hecho más que aumentar el gasto social desde que llegó al poder, ¿qué sentido tiene pensar que ahora va a hacer lo contrario? Ni está obligado ni se enfrenta a ninguna presión para hacerlo, y encima correría el riesgo de perder el apoyo de sus propios electores. No es verosímil pensar que el Gobierno español vaya a recortar en gasto social. Así que, por favor, por mucho que nos duela el incremento del gasto militar, evitemos el alarmismo infundado con respecto a los recortes en partidas sociales.

El Ministerio de Hacienda anunció este lunes que la administración central del Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas del régimen común (exceptuando Euskadi y Navarra), una medida que nace del compromiso recogido entre el gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña y que tendrá que ser aprobada o no por las Cortes Generales. A pesar de todo el revuelo que está levantando la derecha, que califica esta condonación de deuda como injusta y muy costosa, lo cierto es que no puede haber nada más necesario y justo que corregir buena parte de los desequilibrios originados por el disfuncional diseño de financiación autonómica y por las equivocadas políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Además, esta condonación de deuda no supondría ningún cambio para el conjunto de las administraciones públicas, ya que simplemente se trataría de traspasar deuda desde el subsector de las comunidades autónomas a la administración central, de forma que el total de deuda pública quedaría intacto al mismo tiempo que el peso económico pasaría a recaer más sobre la administración pública que más fortaleza financiera tiene.

El sistema español de financiación autonómica es muy complejo y opaco, lo que desgraciadamente dificulta mucho su comprensión. Como docente y director de la asignatura Federalismo Fiscal en la Universidad Autónoma de Madrid, considero estar suficientemente informado y capacitado para explicar las claves que hay que tener en cuenta a la hora de posicionarse sobre esta condonación de la deuda. Es importante entender que las diferencias de deuda entre comunidades autónomas no responden sólo a las políticas discrecionales de cada uno de sus gobiernos, sino que dependen de factores estructurales del propio sistema de financiación y del modelo productivo, lo que hace imposible atribuir responsabilidades. Es decir, el hecho de que Cataluña o la Comunidad Valenciana tengan mucha más deuda pública que otras regiones no implica necesariamente que hayan gestionado peor los recursos. Es más, puede que incluso los hayan gestionado mucho mejor.

Recordemos primero que, aunque las comunidades autónomas tienen competencias en educación, sanidad y servicios sociales, no todas asumieron estas competencias al mismo tiempo. Por ejemplo, Cataluña asumió la sanidad en 1980, mientras que Madrid terminó de hacerlo 23 años después, ahorrándose todo el coste que sí tuvo que asumir la primera durante tanto tiempo, con el consiguiente impacto en el endeudamiento público.

Además, las comunidades también tienen diferentes niveles de gasto. Por ejemplo, Madrid es la región que menos gasta por persona en educación y sanidad, mientras que otras comunidades como la valenciana o Extremadura gastan mucho más. Este factor influye, evidentemente, en los niveles de deuda actuales. Pero tener una deuda pública superior al resto precisamente por haber ofrecido mejores prestaciones públicas no significa gestionar peor sino, más bien, todo lo contrario. Especialmente cuando se tiene en cuenta que buena parte de la financiación de las autonomías no depende de ellas mismas.

No perdamos de vista que la financiación de las comunidades proviene de varias fuentes: hay impuestos cedidos sin capacidad normativa (ej. IVA, impuestos especiales) sobre los que las comunidades no tienen ningún tipo de control; hay impuestos cedidos con capacidad normativa (IRPF, Patrimonio, Sucesiones) que sí pueden regular bajo ciertos límites; y también hay impuestos propios de cada comunidad, aunque su capacidad recaudatoria es muy limitada. En cualquier caso, la capacidad de recaudación depende del desarrollo productivo que tengan las regiones, que a su vez depende de multitud de factores estructurales e históricos que escapan del control de los gobiernos autonómicos recientes. 

El 75% de toda esa recaudación autonómica normativa se destina a un fondo de garantía para su redistribución con base en criterios de población ajustada (que no gozan de consenso absoluto por otorgarle más importancia a la población mayor que a la insularidad, por ejemplo). A esto se suman fondos adicionales financiados por la administración central como el de suficiencia, competitividad y compensación, que tienen en cuenta otros muchos factores y que no hacen sino complicar todavía más el sistema de financiación. El resultado de este caótico diseño es que algunas comunidades quedan infrafinanciadas, mientras que otras quedan sobrefinanciadas, sin que sea fácil ni preciso identificar en qué grado lo están ni si son responsables de ello.

A todas estas diferencias acumuladas a lo largo de los años hay que sumarle que en el año 2012 el gobierno de Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para permitir a las comunidades acceder a financiación a bajo coste y ciertas condiciones en un contexto de crisis financiera muy acusada. Algunas (sobre todo las más infrafinanciadas, pero también las que se opusieron más a recortar en sueldos y servicios públicos) recurrieron más a este mecanismo, y otras lo hicieron menos (a cambio de sufrir un mayor coste de financiación, al acudir a los mercados internacionales en vez de recurrir a la administración central). Como se puede ver y, de nuevo, no podemos distribuir responsabilidades en función solamente de la cantidad del nuevo endeudamiento asumido, ya que hay muchísimos otros factores a tener en cuenta.

En fin, espero que ahora se entienda mejor lo difícil que es atribuir responsabilidades a los diferentes niveles de deuda actuales, y también espero que se entienda mejor lo necesario que es reducir estos desequilibrios históricos entre comunidades. Esta condonación parcial de deuda, si se hace de forma más o menos equitativa –tal y como está previsto acorde a la metodología anunciada–, no representaría un trato de favor a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma, sino una medida para reducir desequilibrios y diferencias que no son responsabilidad de ningún gobierno regional. La clave está en analizar el problema de forma rigurosa y con todos los datos sobre la mesa, evitando caer en narrativas simplistas o sesgadas. Por cierto, este tipo de medidas no son nuevas: en el pasado, el gobierno del Partido Popular, cuando Cristóbal Montoro era Ministro de Hacienda, ya estudió una condonación de deuda autonómica; básicamente porque es la única solución lógica a este histórico problema. 

Lo que ocurrió el pasado viernes en Argentina reviste de una gravedad tremenda. El presidente del país, Javier Milei, promocionó a través de la red social X la inversión en una criptomoneda que ha provocado, en cuestión de horas, pérdidas millonarias a más de 44 mil personas. Prácticamente todo ese dinero, más de 87 millones de dólares, se lo han llevado crudo 9 personas, precisamente las promotoras de la criptomoneda, siendo su número uno conocido del propio presidente de Argentina.

Todo empezó el viernes pasado con la creación de un proyecto denominado “Viva La Libertad” por parte de la sociedad radicada en Panamá Kip Network Inc, que venía acompañado de la emisión de una nueva criptomoneda denominada “Libra”. El propietario de esta compañía conoce bien a Javier Milei porque participaron conjuntamente en el TechForum en octubre de 2024. Solamente tres minutos después de crearse el proyecto, el presidente de Argentina publicó un mensaje en la red social de Elon Musk animando a invertir en él, asegurando que todo el dinero recibido se dedicaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Esto, ya de por sí, no sólo no es ético, sino que es constitutivo de delito: el presidente de un Estado no puede incentivar ni anunciar ninguna inversión privada debido al claro conflicto de intereses que ello conlleva.

Por supuesto, siguiendo dichas recomendaciones, muchas personas (especialmente jóvenes seguidores del presidente autodenominado libertario y familiarizados con los criptoactivos, coloquialmente denominados “criptobros”) comenzaron a invertir sus ahorros en la criptomoneda Libra, disparando su valor en sólo cuestión de unas pocas horas. Algunos creyeron que estaban multiplicando sus ahorros a velocidad de vértigo, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era nutrir los pocos tokens emitidos por los impulsores del proyecto: el más importante de ellos (¿quizás su promotor?) tenía la mitad; los 10 propietarios más importantes tenían el 87% del total, lo que supone una concentración muy elevada para este tipo de criptomonedas (ya que los promotores suelen concentrar el 10-15% del total).

Y, de pronto, solamente unas cinco horas después de que el proyecto echara a andar, los promotores de la criptomoneda liquidaron todas sus posiciones y la cotización se hundió hasta prácticamente valer 0 dólares. Toda esa gente que había metido su dinero lo había perdido todo de un plumazo, y los promotores se lo han llevado crudo. Nada nuevo bajo el sol: se trata de una típica estafa piramidal muy conocida y empleada en el mundo de las criptomonedas que se denomina “tirar de la manta”.

Estamos hablando que sólo nueve personas, promotoras del proyecto, han ganado en apenas unas horas 87 millones de dólares, mientras que más de 44.000 personas han perdido todo lo que aportaron. 

Tras comprobarse la estafa, Milei borró el tuit, pero sin pedir perdón y diciendo que él “no había interiorizado los pormenores del proyecto” y que “no tenía vinculación alguna”. Algo muy difícil de creer cuando fue el primero en anunciar el proyecto (el dominio web se había creado apenas unos minutos antes), cuando incluyó en su mensaje la dirección de contrato inteligente de la criptomoneda (equivalente a un IBAN para hacer la transferencia bancaria) porque al ser nueva no aparecía en ninguna lista -lo que por cierto es una técnica de publicidad típica en este tipo de criptomonedas-, y cuando mantuvo el mensaje fijado en su perfil durante horas, otorgándole máxima importancia. No fue un apoyo anecdótico o superficial: fue un apoyo planificado y rotundo.

La oposición ya ha solicitado un juicio político por la gravedad de la situación, y es muy probable que tenga implicaciones judiciales porque la responsabilidad directa del presidente de Argentina es innegable. Al fin y al cabo, cualquiera puede crear una criptomoneda con unos pocos dólares, lo difícil es lograr que la gente confíe en ella porque es bien sabido que se suelen utilizar para estafar, y si tanta gente ha invertido en esta ha sido por el anuncio y apoyo explícito y rotundo del presidente de gobierno. Sin dicha maniobra, probablemente la criptomoneda habría pasado igual de desapercibida que pasan muchas otras. De hecho, muchos usuarios de criptomonedas y también muchos seguidores de Milei, conscientes de que todo apuntaba a la típica estafa, quisieron creer durante horas que su cuenta había sido hackeada, lo cual quedó descartado por el mismo Milei al dar explicaciones. También es importante tener en cuenta que esta criptomoneda no era una memecoin como la de Donald Trump, que son tomadas prácticamente como un juego por su poca confianza y alto riesgo; en este caso era una “alt coin” que fue presentada por el propio presidente del gobierno como un proyecto privado serio de empresas argentinas que impulsaría la economía del país. De hecho, según Bloomberg Línea Argentina, Milei les habría confirmado en un mensaje de texto que el “proyecto es real” y que implicaba “puro financiamiento privado”.

Además, resulta que no es la primera vez que Javier Milei promociona una estafa en criptomonedas: la más conocida es la de CoinX en 2021 al poco de ser elegido diputado, de la cual tampoco pidió disculpas ni asumió ninguna responsabilidad a pesar de que, tras el anuncio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina de que la empresa operaba sin autorización, CoinX echó el cierre sin devolver el dinero a sus inversores. La diferencia es que entonces sí reconoció que había cobrado por la publicidad más de 10 mil dólares, lo cual es una costumbre entre influencers y famosos. También se sabe que antes de iniciar su andadura por la política publicitó en Twitter el token $VULC de su sponsor en Instagram y cofundador de TechForum Novelli para un supuesto videojuego Vulcano, algo que también fue denunciado como estafa porque perdió todo su valor.

En consecuencia, queda claro que Javier Milei es responsable directo de esta cripto-estafa millonaria y que debe responder por ello.

El gobierno argentino de Javier Milei y sus voceros están repitiendo estos días que la economía del país se ha recuperado muy rápidamente tras lo peor del ajuste realizado y que se encontraría ahora en unos niveles similares a los que había antes a su gobierno. Lo llaman recuperación económica en “V”, por la forma que arrojaría el gráfico de actividad económica: una caída rápida hasta abril de 2024 seguida de una recuperación igualmente rápida. Esto, alegan, demostraría el éxito económico del gobierno, ya que la economía sólo habría tardado un año en volver a su nivel inicial tras haber sufrido el ajuste supuestamente necesario para combatir la inflación y estabilizar el tipo de cambio.

Sin embargo, esto, que sorprende mucho en una economía en la que se han cerrado tantas empresas, destruido tanto empleo y erosionado tanta capacidad económica, es completamente falso: la economía argentina todavía genera una producción inferior a la que generaba antes de que Milei llegara al gobierno; lo que ocurre es que esa menor producción es mucho más cara y, por tanto, el indicador de actividad económica queda artificialmente inflado, arrojando unos resultados engañosos. Lo explico a continuación.

Utilizando el mismo indicador oficial de actividad económica, el EMAE, vemos que desde el último mes del gobierno anterior (noviembre 2023) hasta el último mes para el que hay datos disponibles (noviembre de 2024) la mayoría de los sectores han caído (algunos muchísimo, como la construcción, un 14,2%). Sólo han aumentado finanzas, minas, pesca, sector inmobiliario y enseñanza. 

Aunque lo importante no es cuántos sectores aumenten o bajen, sino cuál es su peso (no es lo mismo el peso de la enseñanza que el de la minería, por ejemplo). Eso lo vemos con la “incidencia” en el indicador (de color naranja en el gráfico). Finanzas, minas y pesca contribuyen mucho al crecimiento, el resto de los que han crecido contribuyen muy poco.

Pero el rubro que más contribuye al crecimiento (lo mismo que la suma de finanzas y minas, que es muchísimo), “impuestos netos de subsidios”, no es un sector económico, sino simplemente un ajuste contable realizado en este tipo de indicadores. La lógica es la siguiente. Tanto el PIB como el EMAE miden la producción en términos monetarios. No miden cosas, sino el valor monetario de esas cosas. Por eso, a la riqueza producida (valor añadido bruto) hay que sumarle impuestos a la producción y restarle los subsidios sobre los productos. Es fácil de entender: si el precio de un producto es 100, y se le pone el IVA del 20%, su precio aumentará a 120. Seguirá habiendo un único producto, pero su valor monetario será mayor, y el PIB (o EMAE) aumentará. Y lo contrario ocurre con los subsidios: si el precio de un producto es 100, pero el Estado retira un subsidio público para su compra de 20, su precio final aumentará a 120. Seguirá habiendo un único producto, pero su valor monetario será mayor, y el PIB (o el EMAE) aumentará. 

En consecuencia, este ajuste contable puede aumentar el EMAE sin que haya ningún cambio real en la producción. Y eso es exactamente lo que ha pasado de una forma notable durante el primer año de gobierno, pues ha aumentado varios impuestos y retirado muchísimos subsidios. Los ejemplos son incontables: aumento del impuesto PAÍS, aumento de impuestos al sector pesquero, retirada de subsidios al transporte, a la luz, al agua, a la energía, al sector cinematográfico, etc. ¡Todo eso ha aumentado notablemente el EMAE a pesar de que no hay mayor producción! No es más que un espejismo. Recordemos que su contribución al crecimiento del indicador es igual a la contribución de finanzas y minería juntos, básicamente porque los impuestos y los subsidios afectan a muchos sectores. 

Por eso el indicador promedio del EMAE en la actualidad es similar al de hace un año a pesar de que la mayoría de los sectores económicos siguen hundidos, especialmente la construcción y la industria, que tienen un peso muy importante (aunque menor que el rubro del ajuste contable). Argentina produce hoy menos cosas que hace un año, sólo que el aumento de impuestos y la retirada de subsidios crean un espejismo contable en el EMAE al aumentar el valor monetario de esa menor producción. Si retiramos este efecto contable, obtenemos que sólo el 30% de la economía argentina está por encima de su nivel anterior al gobierno de Milei. Con estos datos difícilmente se puede decir que la economía argentina se haya recuperado. Lo riguroso y correcto sería decir que algunos sectores sí se han recuperado, mientras que muchos otros siguen notablemente por debajo. Por cierto, los primeros son los típicos de economías de rentas bajas especializadas en el sector primario, mientras que los segundos son los típicos de economías de rentas altas especializadas en industria y servicios. Y lo paradójico es que el sector que más crece es el minero gracias al nuevo gaseoducto Néstor Kirchner, puesto en marcha en junio de 2023, una importante inversión pública que el gobierno liberal de Milei jamás habría hecho.

Por si fuera poco con todo lo anterior, los sectores importantes que han crecido durante el gobierno de Milei (minas e intermediación financiera) generan muy poco empleo (4% del total), mientras que los sectores importantes que se han hundido (construcción, industria y comercio) arrastran mucho empleo (44,5% del total). Así que este crecimiento desequilibrado, además de ahondar en el perfil primario de la economía argentina, ni siquiera trae buenas noticias para el empleo.

El pasado 10 de diciembre se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei en Argentina, por lo que parece un buen momento para realizar una evaluación seria y rigurosa de su gestión económica. Algo que en absoluto hemos visto –ni veremos– en el propio gobierno argentino, que está tratando de instalar un relato de éxito destacando únicamente unos pocos indicadores financieros y monetarios (como la inflación reciente, la bolsa o el Riesgo País) mientras ignora la mayoría de los indicadores económicos reales y sociales (como la inflación acumulada, la destrucción de empleo o la pobreza).

Y es que no es sólo que los primeros indicadores preocupen fundamentalmente a la élite financiera mientras que los segundos preocupen más a la mayoría social; ¡es que para que los primeros vayan bien los segundos deben ir mal! Cuanta más renta extraiga Milei al pueblo argentino a través de ajustes y recortes para poder pagar la deuda pública externa, más contentos estarán los acreedores financieros como el Fondo Monetario Internacional y mejor irá la Bolsa y el Riesgo País. Milei es el lobo que convence a las ovejas de que todo va bien porque cada vez hay más lobos, sin decirles que eso se debe precisamente a que se están comiendo a las ovejas.

Así que vamos con un análisis económico serio y riguroso, que deje fuera toda la propaganda del gobierno de Milei y que de verdad interese a la mayoría de la población.

En primer lugar, recordemos que el principal objetivo del gobierno ha sido extraer renta de las familias y empresas argentinas para poder pagar la deuda pública a acreedores financieros (principalmente el FMI). Esto se llama superávit público y muchos lo aplauden (desgraciadamente). Pero el gobierno de Milei no les ha extraído renta a todos los argentinos por igual, sino que ha habido grandes diferencias: los mayores perjudicados han sido los jubilados, los receptores de prestaciones sociales, los trabajadores de la construcción, los empleados públicos y las universidades. En total, estos sectores conforman el 82% de toda esa extracción de rentas acorde a los cálculos del Centro de Economía Política de Argentina. 

Esta extracción de rentas inevitablemente hunde la actividad económica: cayó un 7% en apenas unos meses y según los últimos datos disponibles de septiembre del Instituto Nacional de Estadística se encuentra todavía un 2,6% por debajo del nivel inicial (3,6% sin contar el sector agrícola, que crece mucho tras la sequía de 2023). De hecho, todos los sectores económicos se han hundido exceptuando el primario y la intermediación financiera. La construcción, la industria y el comercio se han descalabrado, con caídas superiores al 6%, lo que dejará enormes cicatrices en el tejido productivo del país. Es importante señalar que los pocos y únicos sectores a los que les está yendo bien concentran muy poco empleo (el 4% del total), mientras que los muchos sectores a los que les está yendo fatal concentran mucho empleo (el 44,5% del total).

Precisamente por esto último se han perdido tantos puestos de trabajo durante el gobierno de Milei, retrocediendo a niveles de hace casi 10 años acorde a los datos del Ministerio de Trabajo. Especialmente dramático es lo que ha ocurrido en el sector de la construcción, que ha caído a niveles no vistos desde antes de la crisis del año 2008 (exceptuando la pandemia). También es muy destacable la caída del empleo en la industria, que rompe con los años de crecimiento pos-pandemia, y que vuelve a bajar hasta niveles no vistos desde la crisis del año 2008. Llama la atención que durante el gobierno de Milei se hayan destruido más de tres veces más empleos que durante el siguiente peor gobierno, que fue el de Mauricio Macri. 

Pero a los que han mantenido el empleo no les ha ido mucho mejor: los precios han subido bastante más que los salarios, especialmente en el sector privado no registrado (el informal) y en el público. En el caso de los primeros, el empobrecimiento ha sido de más del 20%. En el sector privado registrado no hay tanta pérdida de capacidad económica (solamente un 1,5%), en parte por tener sindicatos fuertes (los mismos que quiere debilitar Milei) y en parte porque muchos de los que menos salarios tenían han perdido su empleo, lo que empuja el promedio aritmético al alza (como ocurre en todas las crisis económicas). Descontando esta ponderación, la caída de la capacidad económica sería del 9,6%. 

Los precios también han aumentado más que las pensiones de jubilación, lo que deja su capacidad económica en torno a un 14,3% por debajo del nivel inicial contando los bonos que fueron congelados (3,4% sin contarlos). 

Por si fuera poco con todo lo anterior, la intensa desregulación de muchos sectores ha disparado sus precios. Por poner sólo algunos ejemplos: en los últimos meses el precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires están subiendo muchísimo más que el IPC general; desde que se eliminaron subsidios y topes de precios la gasolina Nafta no ha dejado de encarecerse, llegando a casi cuadruplicar su precio; el precio de las prepagas (asistencia médica) ha aumentado mucho más que los precios generales (y eso que durante algunos meses el gobierno de Milei tuvo que dar marcha atrás y reguló sus precios); los precios de los medicamentos han aumentado muchísimo más que el IPC, y encima ahora dejarán de estar subvencionados para quienes tengan un haber mínimo y medio (unos 3 millones de jubilados). 

La conjunción de mayores precios y menores salarios reales ha conllevado lógicamente una caída inédita del consumo privado. Por poner algunos ejemplos: las compras de combustibles están en su nivel más bajo de los últimos dos años; el consumo de carne bovina ha caído a los niveles más bajos de toda la historia; las compras en supermercados no han dejado de caer mes tras mes. Consecuentemente, los niveles de pobreza y de indigencia se han disparado en el primer semestre de 2024 (últimos datos oficiales disponibles) a cotas similares a las sufridas después del corralito de 2001. Si utilizamos estimaciones de pobreza e indigencia más actualizadas, también observamos que a finales de 2024 los indicadores están notablemente peor que en 2023, antes de que Milei llegara al poder. 

La consecuencia lógica de este hundimiento de la economía y de este masivo empobrecimiento del pueblo argentino es que los vendedores no pueden aumentar tanto los precios como antes, porque la gente no tiene tanta capacidad de compra. Y por eso la inflación reciente ha bajado tanto; pero obviamente eso no puede ser vendido como un logro, tal y como hace Milei. Es baja inflación como consecuencia del empobrecimiento generalizado de la población. Además, durante todo el año de gobierno de Milei los precios han aumentado en total un 166%, más de lo que aumentaron durante el último gobierno de Alberto Fernández, que fue un 160%. Si ahora los precios no suben tan rápido, es porque ya lo hicieron mucho en los primeros meses, empobreciendo a mucha gente que ahora se ve obligada a consumir mucho menos.

Lo único que podemos concluir de este análisis serio y riguroso sobre los indicadores que de verdad interesan a la mayoría de la población es que el gobierno de Javier Milei está extrayendo rentas a los argentinos para poder pagar la deuda externa, principalmente al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es un logro? Pues para los acreedores financieros sí, pero obviamente es un desastre para la mayoría social.

Hace unos días el periódico El Mundo titulaba de la siguiente forma un artículo que se hizo muy viral: “La mayor caída de la serie histórica hunde el salario más frecuente en España hasta el umbral del salario mínimo”. ¿Qué es lo que cualquier persona puede interpretar tras leer dicho titular? Obviamente, nada bueno. La lectura más lógica es que los salarios son ahora más bajos en España; es decir, que la gente cobra menos que antes (incluso menos que nunca, podrían pensar algunos tras leer lo de “mayor caída de la serie histórica”). Pero, aunque sea una lectura intuitiva, no puede estar más equivocada. La realidad es que todos los salarios nominales han aumentado, así como que el hecho de que el salario más frecuente sea ahora equivalente al salario mínimo es un avance, no un retroceso. Lo explico.

Este titular, así como todos los que han replicado más o menos el mismo mensaje, se basa en la recién publicada Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2022, que ofrece muchos datos e indicadores sobre salarios; entre ellos, el salario promedio, el salario mediano (aquel se encuentra justo en medio de todos los valores) y el salario modal o más frecuente (aquel que se repite un mayor número de veces). Los dos primeros han experimentado una mejora entre el año 2021 y el año 2022, lo que suele leerse como una mejora general de la retribución de la clase trabajadora. Pero el tercero, el salario más frecuente, ha retrocedido muchísimo en el mismo transcurso de tiempo, desde 18.502,54 euros al año hasta 14.586,44 euros. Desde luego, se trata de una caída muy notable en un solo año que comprensiblemente ha alertado a muchas personas, aunque una lectura cuidadosa de lo que ha ocurrido debería despejar esas preocupaciones. 

En el año 2017, justo antes de que se comenzara a elevar notablemente el salario mínimo, el salario más frecuente era de 17.482 euros al año. Por entonces, había muchísima gente que cobraba menos, como se puede ver en la zona situada a la izquierda del salario más frecuente en el gráfico (extraído del INE).

Pero, como es bien conocido, desde entonces el salario mínimo se fue elevando gracias a los acuerdos entre PSOE y Unidas Podemos. El salto más importante fue el de 2019, seguido por el de 2022. Estas medidas fueron aumentando por ley los salarios de quienes menos cobraban, elevando notable y progresivamente la ya señalada parte izquierda del gráfico de distribución, como se puede ver a continuación.

Es decir, aquellas personas ubicadas en la parte inferior de la distribución fueron mejorando progresivamente su retribución, siempre situándose en el nuevo salario mínimo. Pero en el año 2022 ocurrió algo que no había ocurrido hasta entonces: la importante subida del salario mínimo hasta 14.586 euros al año agolpó a tantos trabajadores en ese nivel que llegaron a superar en número a las personas que cobraban el nivel salarial que hasta entonces había sido el más frecuente (unos 18.400 euros), convirtiendo así al salario mínimo en el más repetido de todos.

En consecuencia, el indicador que muestra el salario más frecuente pasó de golpe desde los 18.400 euros aproximadamente a los 14.586,44 euros, justamente el salario mínimo legal. Y de ahí el titular citado al principio de este artículo. Pero la clave pasa por entender que no es que la gente que antes cobraba más de 18.000 euros cobre ahora unos 14.586, sino que los trabajadores que antes cobraban menos de esos 14.586 euros cobran ahora justamente ese salario, y simplemente son tantos que se han vuelto los más numerosos. Se trata de una mejora salarial, no de un retroceso. La mejora se da especialmente en los salarios más bajos, pero también se da en el resto de los niveles, como se puede ver a continuación.

Por supuesto, alguien podría pensar que no es ningún éxito de país que el salario más frecuente sea el salario mínimo y no uno más alto, pero ése es otro tema; sea como fuere, que ahora mismo el salario más frecuente sea más bajo que antes y equivalente al salario mínimo es una buena noticia porque muestra una mejora con respecto a años anteriores. También alguien podría indicar que dicho incremento generalizado de los salarios ha sido inferior al de la inflación, por lo que se ha perdido capacidad adquisitiva, y tendría mucha razón, pero ése es otro tema que no invalida el hecho de que entre 2021 y 2022 ha habido una mejora de los salarios nominales y no un retroceso como se podría inferir del titular que hemos puesto en cuarentena.

Así que mucho cuidado con los titulares escritos con mala baba y las interpretaciones rápidas e intuitivas: aunque suene mal que el salario más frecuente sea ahora menor, en realidad es el resultado estadístico de un avance de los salarios más bajos, lo cual es positivo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de volver a revisar al alza el Producto Interior Bruto (PIB) de España, y con esta revisión –que ha sido la mayor de su historia– ya van tres en sólo dos años (la primera fue en septiembre de 2022 y la segunda en septiembre de 2023). Esto supone que el indicador por excelencia para cuantificar la riqueza de España estaba subestimado y que, en realidad, es un 3,2% superior al que se creía en el año 2021 (y un 1,1% superior al que se creía hasta ayer). En otras palabras: llevamos tres años creyendo que la economía española estaba yendo peor de lo que realmente iba. 

Es importante tener en cuenta que no se trata de un pedante debate académico o estadístico: el nivel del PIB tiene enormes implicaciones en materia política y económica. Que haya estado tres años subestimado ha jugado en contra del Gobierno de coalición español y a favor de sus adversarios políticos y mediáticos. ¿Quién no recuerda el martilleo de la oposición criticando que la economía española era la que menos crecía de Europa tras la pandemia? Pues resulta que no era cierto: ahora ya sabemos que el PIB de España se comportó entonces como el del resto de países de su entorno (y en los años recientes muchísimo mejor). Pero como los datos del INE eran los que eran entonces, los críticos gozaban de legitimidad para cargar contra la política económica del Gobierno –por mucho que dichos datos no cuadraran con el resto de las fuentes estadísticas–. En los últimos meses, debido a que el PIB ha crecido mucho incluso desde los niveles subestimados, la crítica ha pivotado hacia el bajo PIB real per cápita que tiene España en comparación con otros países europeos, pero de nuevo esta crítica perderá fuerza con la revisión del INE. Además, los datos oficiales del PIB sirvieron también a la oposición para criticar duramente los presupuestos presentados por el Gobierno de coalición; los han tildado siempre de irreales por considerar que la economía española iba a crecer más de lo que el INE estimaba. Pero lo cierto es que quien se alejaba de la realidad era el INE y no el Gobierno (quien, de hecho, ha pecado de pesimista, especialmente en 2023).

Pero los ataques no se han limitado únicamente al crecimiento económico. Como la presión fiscal se calcula dividiendo la recaudación impositiva entre el PIB, con este último indicador subestimado el resultado del cociente quedaba inflado. Es decir, que durante los tres últimos años la presión fiscal estimada por el INE se mostraba superior a la que realmente era, algo que fue recurrentemente usado para tildar de poco menos que “infierno fiscal” a la economía española. En las próximas semanas el indicador oficial de presión fiscal se ajustará al nuevo dato del PIB y veremos cómo “mágicamente” el Estado pasará a recaudar menos.

Lo mismo ha ocurrido con el déficit público y con la deuda pública que, al relativizarse sobre un PIB minusvalorado, han quedado sobreestimados. Y esto no es sólo importante de cara a la crítica política, sino también de cara a las reglas fiscales europeas que el Estado español debe cumplir: con la nueva revisión del INE, España tendrá curiosamente mucho más fácil respetar los objetivos marcados. Otras consecuencias de carácter económico tienen que ver con la concesión de ayudas financieras a las regiones o el cálculo de la aportación de cada país al presupuesto de la Unión Europea, pues se calculan utilizando el PIB oficial.

Por otro lado, no perdamos de vista que este análisis se puede extrapolar también a cualquier gasto público; en proporción al PIB ahora España gastará menos simplemente por esta revisión histórica: ni el gasto en pensiones es tan elevado como los críticos suelen apuntar, ni la inversión en educación, sanidad, vivienda o prestaciones sociales es tan elevada como el gobierno suele defender. En cualquier caso, parece más que evidente que la subestimación del PIB ha ido en contra de los intereses del gobierno de coalición.

Y es aquí donde surgen las dudas y las sospechas: ¿es sólo casualidad que el INE haya esperado a revisar los datos del PIB a que acabara el ciclo electoral? Porque la primera revisión importante fue en septiembre de 2023, justo después de las elecciones generales de julio de dicho año. Y esta última gran revisión se ha producido justo después de las elecciones europeas, catalanas, gallegas y vascas.

Sea como fuere, de lo que no cabe duda es que estos cambios llegan muy tarde (algunos analistas como Francisco Melis y Miguel Artola llevan años exigiéndolo) y sólo se han realizado por mandato de la Oficina de Estadísticas Europeas (Eurostat), que establece que cada cinco años –la última vez fue en 2019– se introduzcan mejoras sistemáticas de fuentes y métodos de estimación para mejorar la calidad de las estimaciones y también para mejorar la coherencia y la comparabilidad entre los países de la Unión Europea. En esta ocasión, los cambios se han debido a la incorporación de los datos de los censos de Población y Viviendas de 2021 y de la Encuesta Estructural de Empresas por rama de actividad. Para colmo, el INE ha dado exiguas explicaciones y lo ha hecho a regañadientes (hace tan sólo medio año la responsable de cuentas nacionales anunciaba en el Congreso de los Diputados ante un auditorio de casi 100 personas que “no habría una revisión significativa”). A esta evidente incoherencia e incompetencia del organismo estadístico hay que sumarle la incapacidad del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) de advertir que el PIB llevaba tres años mal calculado.

Hay que celebrar que el INE haya recapacitado y recalculado el PIB de España, pero lo ha hecho tan tarde que ya es imposible deshacer toda la desinformación que se ha ido gestando durante tres años. Muchos, de hecho, ni se enterarán de que el PIB ha sido revisado al alza y, por ejemplo, seguirán pensando que la economía española fue la que peor se comportó tras la pandemia. Tres años de mensajes machacones no se pueden borrar fácilmente.

En una época de ascenso electoral de la extrema derecha, en dos de los países más importantes de Europa acaban de ganar las elecciones dos formaciones políticas de izquierdas: el Partido Laborista en el Reino Unido y el Nuevo Frente Popular en Francia. El caso británico es todavía un hito mayor porque los conservadores llevaban 14 años gobernando. Todo ello ha provocado una cierta sensación de alivio frente al citado auge de la extrema derecha en buena parte de Europa, y también ha despertado una comprensible ilusión en las izquierdas. “Por fin se revertirán las políticas regresivas de los conservadores y por fin se aplicarán políticas progresistas y de justicia social”, se dice. Sin embargo, todo apunta a que esto desgraciadamente no será así en el caso del Reino Unido; allí difícilmente veremos la aplicación de políticas progresistas.

Para entender esto es importante recordar, en primer lugar, que la actual dirección del Partido Laborista pertenece a una facción distinta a la de Jeremy Corbyn, quien se hizo famoso precisamente por mantener un discurso mucho más escorado a la izquierda de lo que habían mostrado los últimos gobiernos laboristas, especialmente haciendo una crítica mordaz a las políticas de austeridad que se comenzaron a aplicar duramente tras la crisis del año 2008. Una crítica que hace tiempo abandonó la actual dirección del partido, motivo que explicó parcialmente el abandono de Corbyn, quien repetidamente ha afeado a los laboristas que hayan abrazado el discurso de la austeridad.

Y es que no perdamos de vista cuál es la primera y principal promesa electoral de la formación que lidera el laborista Keir Starmer: “Proporcionar estabilidad económica con reglas de gasto estrictas, para que podamos hacer crecer nuestra economía”. Se trata de un posicionamiento claro y frontal a favor del cumplimiento de estrictas reglas fiscales que abocan a la reducción del déficit público aplicando austeridad (aumentando impuestos y/o recortando gasto público). Es justamente lo contrario de lo que enarboló Jeremy Corbyn no hace tanto tiempo. Y también justamente lo contrario del discurso del Nuevo Frente Popular de Francia, en cuyo programa electoral podemos leer literalmente: “Rechazar las restricciones de austeridad del pacto presupuestario europeo”.

No descubro nada nuevo si señalo que no se pueden aplicar políticas valientes y verdaderamente progresistas si éstas se supeditan al cumplimiento de absurdas y anticientíficas reglas fiscales. Lo que ha permitido que las crisis derivadas de la pandemia y de la energía no hayan sido tan lesivas para el crecimiento económico y el bienestar social ha sido precisamente la suspensión temporal de dichas reglas fiscales. Si no se hubiera hecho tal cosa, ahora mismo nuestras economías estarían muchísimo peor, tal y como ocurrió tras la crisis del año 2008 por culpa de las políticas de austeridad aplicadas.

Y como muestra un botón: la quinta promesa más importante de Keir Starmer durante su campaña electoral consiste en contratar a 6.500 nuevos profesores. Relativicemos esta medida para poder valorarla bien: 6.500 nuevos profesores en un país de 70 millones de habitantes y 25.000 escuelas supondría contratar solamente un nuevo profesor en uno de cada tres centros escolares. Parece una broma, habida cuenta de los dolorosos recortes que ha sufrido la educación pública en el Reino Unido durante los últimos años, pero no lo es; es simplemente el resultado coherente de plegar tu programa de gobierno al cumplimiento de estrictas reglas fiscales.

Pero… ¿cómo es posible que haya cambiado tanto el Partido Laborista y que ahora abrace sin pudor algo que en el resto del continente europeo sólo defienden ya las derechas? Pues sin duda por el trauma social y económico que sufrió el país hace dos años por las políticas de Liz Truss, quien sólo duró 42 días como primera ministra. Recordemos que nada más llegar al poder, Truss redujo profundamente los impuestos a las grandes fortunas y aprobó potentes subsidios de energía a las familias británicas, lo que hizo saltar las alarmas en los mercados financieros por el previsible incremento del déficit público.

La prima de riesgo del país se disparó, los fondos privados de pensiones estuvieron a punto de quebrar (fueron rescatados por el Estado), y la primera ministra se vio forzada a dimitir. Un terremoto económico y político del que tomaron buena nota los laboristas, integrando desde entonces en su discurso la idea central de “estabilidad económica y financiera”, con el claro objetivo de asegurarles a los votantes que a ellos no les ocurrirá lo mismo que a Truss. Buena parte de la campaña de Starmer se ha basado en señalar los errores económicos de los gobiernos anteriores, pero desde una perspectiva ortodoxa: “no hay dinero”; “hay que ser responsables”, etc. Han caracterizado constantemente al partido conservador como el caos económico, y ellos se han presentado como un renovado partido laborista que será garante de la estabilidad económica y de la solvencia financiera.

Pero esta estrategia no es sino el resultado de un mal diagnóstico económico. El problema de Truss no fue elevar intensamente el déficit público, porque eso se hizo en todos los países del planeta durante la crisis de la pandemia y de la energía; el problema fue que el banco central de Inglaterra no respaldó sus políticas fiscales comprando deuda pública británica (a diferencia de lo que hicieron el resto de los bancos centrales). Fue una decisión política por parte de los dirigentes del Banco de Inglaterra que bien podría haber sido otra. Los laboristas lo entendieron mal, y ahora creen que controlar y reducir el déficit público es el camino para lograr la estabilidad económica. O quizás lo entendieron bien, pero creen que el trauma social provocado es tan doloroso que no pueden desligarse del discurso de la sostenibilidad financiera, quién sabe.

Sea como fuere, lo único que está claro es que mientras el nuevo gobierno laborista priorice el cumplimiento de absurdas y anticientíficas reglas de gasto público, será imposible que puedan aplicar políticas económicas y sociales verdaderamente progresistas, por lo que no se diferenciará mucho de los anteriores gobiernos conservadores.

Ya se han cumplido los primeros seis meses del gobierno argentino de Javier Milei, caracterizados por la aplicación de potentes medidas neoliberales que, para sorpresa de nadie, están saqueando salvajemente a las clases populares y deteriorando intensamente la actividad económica, y todo ello sin que ni siquiera se haya logrado el objetivo último para el que teóricamente estaban pensadas -acabar con la inflación-, pues los precios han aumentado durante estos primeros seis meses de gobierno un 115,6%, un ritmo de crecimiento muy superior al experimentado en la época pre-Milei, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Este fuerte crecimiento de los precios se ha debido fundamentalmente a dos factores: 1) la devaluación del 50% del tipo de cambio oficial que realizó Milei unos días después de llegar al gobierno, lo que encareció fuertemente las compras de productos en el extranjero, provocando posteriormente el contagio a otros ámbitos de la economía a través de lo que se conoce como “inflación importada”; y 2) la supresión y relajación de los controles de precios a la energía, al transporte, a los alimentos y a los productos farmacéuticos, dejando que sea el salvaje mercado y no las decisiones democráticas las que marquen el coste de los bienes y servicios que requiere la ciudadanía para cubrir sus necesidades básicas.

La política económica de Milei ha consistido básicamente en recortar salvajemente el gasto público y en aumentar algunos impuestos (como el Impuesto País) para poder alcanzar superávit público. Las partidas presupuestarias más afectadas y con diferencia han sido las pensiones, la obra pública, los salarios públicos, los subsidios a la energía y al transporte, el gasto universitario y las transferencias a provincias. 

El presidente autodenominado liberal libertario está cumpliendo poco a poco su amenaza de acabar con el Estado, arrasando con la vida de la gente por el camino y poniendo a la venta el país a un precio de ganga, para que sean los grandes capitales nacionales y extranjeros y no el pueblo quienes decidan cómo será el futuro. No olvidemos que el superávit fiscal implica que las familias y empresas argentinas pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios y prestaciones públicas, y todo ese dinero extraído de más no sirve para mejorar la economía del país sino simplemente para pagar a acreedores financieros, en su mayoría extranjeros, y comandados por el Fondo Monetario Internacional. Están saqueando el país de forma muy descarada, al mismo tiempo que tratan de vender que es la única política que puede salvar la economía. La propaganda del gobierno se basa precisamente en mostrar los indicadores que hablan de la satisfacción de los grandes poderes económicos, como la bolsa o el riesgo país, que obviamente están mejorando porque no hacen sino demostrar lo contentos que están los acreedores financieros y los grandes capitales que se están forrando a costa del pueblo argentino.

Pero si en vez de mirar los indicadores que interesan a la élite económica miramos los indicadores que interesan al pueblo, la realidad es muy diferente. En primer lugar, nunca antes en la historia de Argentina el peso ha estado tan devaluado frente al dólar medido por el tipo de cambio del dólar-blue. Los argentinos son más pobres que nunca de cara al exterior.

En segundo lugar, la economía se ha desplomado por culpa de las políticas de Milei: el índice de Actividad Económica (EMAE) ha caído un 8,4% en comparación con el año anterior.

En tercer lugar, el Índice de Producción Industrial (IPI) se ha desplomado un 21,2%, un nivel promedio muy preocupante que esconde caídas terribles del 40% en algunos sectores como el de la maquinaria y equipo, muebles y colchones y otras industrias manufactureras y otros equipos, aparatos e instrumentos. La construcción también se ha hundido un 42,2% por culpa de la paralización de la obra pública. Estas graves heridas no serán restauradas pronto, sino que dejarán enormes cicatrices que marcarán a la industria durante mucho tiempo, incluso aunque las salvajes políticas de Milei dejaran de aplicarse mañana mismo. El panorama es desolador.

En cuarto lugar, es la primera vez en mucho tiempo que el salario promedio real cae por debajo del umbral de la pobreza, lo que ha disparado el número de pobres hasta casi el 60% de la población, unos niveles no alcanzados desde el corralito de 2001. Es decir, las políticas de Javier Milei están empobreciendo a los argentinos tanto como lo hizo aquella fatídica crisis económica.

Por supuesto, la propaganda del gobierno seguirá: ocultarán los indicadores que interesan a la gente y sólo mostrarán los que interesan a la élite económica. Además de ello, harán mucho hincapié en que últimamente el ritmo de crecimiento de los precios ha perdido fuelle; pero omitirán interesadamente que esto se debe a que la población se está empobreciendo tanto debido a la motosierra que cada vez tiene menos capacidad económica para comprar bienes y servicios. Frente a una demanda menguante, los empresarios apenas están pudiendo vender su producción y ello los lleva a no elevar tanto los precios para no ahuyentar a la empobrecida clientela. 

Si la motosierra del Estado continúa, llegará un momento en que apenas haya inflación, pero eso sólo significará que la economía estará sencillamente muerta. Es como si un médico, para aliviar la fiebre del enfermo, decidiera simplemente asesinarlo. La fiebre desaparecía, claro, pero con ella la vida del paciente. Pues esto es lo que le está pasando ahora mismo a la economía argentina: las políticas de Javier Milei la están matando.

Hace unos días conocimos que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope, por sus siglas en inglés) había aumentado en España en el año 2023. ¿Cómo casa esta información con el hecho de que la economía española haya crecido notablemente y creado tanto empleo en ese mismo año? Pues hay una sencilla explicación de la que muy pocos han hablado y que demuestra que no es tan grave como podría parecer a simple vista. 

Para empezar, es importante tener muy claros los conceptos relacionados con la pobreza porque no siempre es así (sin ir más lejos, recientemente el periódico La Vanguardia cometió un error grave en su portada por confundir estos conceptos). Lo que ha aumentado en 2023 es la Arope, un indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de Condiciones de Vida. A su vez, este indicador está compuesto por otros tres indicadores: la tasa de riesgo de pobreza, la baja intensidad en el empleo, y la carencia material y social severa. Con cumplir cualquiera de estos tres indicadores, ya se considera que se está en riesgo de pobreza y exclusión social. Cada indicador mide algo diferente y de una forma distinta: la tasa de riesgo de pobreza mide la desigualdad (cuánta gente tiene menos renta que el 60% de la renta mediana de la población total), la baja intensidad en el empleo mide el paro en el hogar (si hay miembros que trabajan menos del 20% del tiempo que podrían haber trabajado), y la carencia material y social severa mide si los hogares declaran tener dificultades para consumir bienes y servicios básicos.

Pues bien, los datos revelan que en 2023 los dos primeros indicadores mencionados (riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo) han mejorado y sólo el otro (carencia material y social severa) ha empeorado. Pero este último ha empeorado tanto que ha compensado la mejora de los otros dos, empeorando por tanto el indicador combinado de la Arope. Concretamente, la población en riesgo de pobreza (que nos habla de desigualdad) ha disminuido del 20,4% en 2022 al 20,2% en 2023; mientras que los hogares con baja intensidad en el empleo han disminuido del 8,7% al 8,4%. Esto, sin duda, son buenas noticias. El problema es que la carencia material y social severa ha pasado del 7,7% en 2022 al 9% en 2023, una cota no alcanzada desde el año 2014.

¿A qué se deben estos resultados contradictorios y contraintuitivos? Para poder responder a esta pregunta necesitamos saber qué tipo de hogares han pasado a tener mayor carencia material y social severa. Como señaló el economista José Noguera, en los gráficos de intersecciones entre subpoblaciones podemos ver que, de los 1,3 puntos porcentuales de incremento en carencia material y social severa de 2022 a 2023, 1 punto corresponde a hogares que no sufren riesgo de pobreza ni problemas de empleo. En otras palabras, que el indicador Arope ha subido casi exclusivamente porque algunos hogares que no son pobres y a los que no les falta empleo han sufrido en 2023 más carencias materiales y sociales severas. Desde luego, es raro y contraintuitivo. ¿Cómo es posible esto?

Para entenderlo es crucial saber que el indicador de carencia material y social severa se calcula preguntando a los hogares si sufren al menos 7 de los 13 elementos de una lista de bienes y servicios básicos. Es decir, es un indicador subjetivo: la respuesta depende de la interpretación personal del entrevistado, no de cuestiones objetivas como sí ocurre con los otros dos indicadores que han mejorado en 2023.

¿Y cuáles son los problemas más señalados por los entrevistados? Fundamentalmente que han tenido dificultades para mantener la vivienda con una temperatura adecuada, que no han podido permitirse una comida de carne al menos cada dos días y que no han tenido capacidad para afrontar gastos imprevistos. En otras palabras: inflación e hipotecas. Los precios de la electricidad, el gas, los alimentos, y las hipotecas han aumentado notablemente en 2023, y eso ha afectado (subjetivamente, al menos) a más hogares que no son pobres y que no tienen problemas de empleo.

En conclusión, la tasa Arope ha aumentado en 2023 porque muchos hogares –que objetivamente no tienen problemas económicos– han contestado subjetivamente que tienen problemas para afrontar los precios disparados de 2023. De ahí que podamos concluir que el aumento de la tasa Arope en 2023 no es tan grave como podría parecer: no se trata de que –como muchos han interpretado– en España haya ahora más gente con menos renta o más alejada de la renta mediana, porque es justo lo contrario, ni de que haya ahora más hogares sufriendo el paro (la situación más empobrecedora de todas, con diferencia), porque es justo lo contrario; no. Se trata de que la inflación y el encarecimiento de las hipotecas han afectado (al menos, subjetivamente) a familias que no sufren la pobreza ni el paro. Y esto es obviamente un problema a tener en cuenta, porque parece indicar que el episodio inflacionario ha afectado en 2023 a familias de renta media o media-baja; pero no perdamos de vista que, al ser un indicador subjetivo, puede estar sesgado por expectativas e interpretaciones personales.

En cualquier caso, todo esto no quita que España no tenga un problema grave España de pobreza que hay que solucionar urgentemente (mejorar el Ingreso Mínimo Vital, aprobar una prestación universal por hijo, mejorar salarios y aplicar un Trabajo Garantizado para alcanzar el pleno empleo serían las mejores soluciones a mi parecer), pero tampoco exageremos lo que ha ocurrido en 2023, un año en el que la tasa de pobreza ha bajado y el empleo ha crecido.

Podemos ha sorprendido a muchos al votar conjuntamente con Vox, PP y UPN en contra de la reforma del subsidio de desempleo. Los votos positivos del PSOE, Sumar, Bildu, ERC y BNG no han sido suficientes para convalidar el real decreto, por lo que su contenido deja de estar en vigor apenas unas semanas después de aprobarse. 

Reformar el sistema de subsidio era una condición impuesta por la Unión Europea para activar una nueva transferencia de fondos europeos, concretamente 10.000 millones de euros, y tenía que haber sido aprobada a finales de 2022 para cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas. Esta tardanza se explica básicamente porque los dos ministerios competentes no se ponían de acuerdo en los cambios que dicha reforma debía incorporar. Mientras que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se inclinaba más por ampliar derechos, el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, se inclinaba más por restringirlos. Esta dura y lenta negociación finalmente desembocó el pasado 19 de diciembre en un texto que, sin ser tan positivo como quería la ministra de Trabajo, apenas incorporaba las restricciones que quería la ministra de Economía.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran: 1) la acumulación universal del permiso retribuido de lactancia; 2) la prioridad del convenio colectivo autonómico sobre el estatal (una medida muy favorable para los trabajadores); 3) la ampliación del número de beneficiarios del subsidio de desempleo (llegando a menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales del campo); 4) el incremento de la cuantía del subsidio desde 480 euros al mes hasta los 570 euros (Trabajo quería que fueran 660 euros) aunque con un ritmo decreciente por meses hasta volver a los 480 euros (Economía quería que fueran menos); 5) la compaginación del subsidio con un puesto de trabajo (aunque con menor cuantía a exigencia de Economía); 6) la eliminación del mes de espera entre el final de la prestación de desempleo y el cobro del subsidio; y 7) la reducción progresiva de la cotización de los mayores de 52 años (a exigencia de Economía) desde el actual 125% hasta el 100% en 2028. 

En términos generales, y aunque a Trabajo le hubiese gustado llegar más lejos, es innegable que la reforma amplía derechos al llegar a más colectivos y al incrementar la cuantía del subsidio. Sin embargo, el último aspecto mencionado ha sido el escollo para Podemos, que lo ha catalogado como un claro “recorte” de derechos. Pero esta modificación, que podría parecer que recorta derechos, en realidad trata de corregir una injusticia comparativa, además de seguir manteniendo bien protegidos a los beneficiarios. Además, por si fuera poco, esta medida entraba en vigor el 1 de junio de 2024 y sólo iba afectar a quienes lo obtuvieran a partir de entonces (así que, en todo caso, no iba a tocar ningún derecho a ningún actual beneficiario del subsidio). En consecuencia, Podemos ha tumbado todas las medidas positivas del decreto que ya estaban en vigor alegando que una medida, a la que le faltaban más de cinco meses para entrar en vigor, es un recorte. ¿No hubiese sido mejor votar a favor para asegurar los beneficios a millones de personas y, luego, tratar de corregir ese último elemento? Tiempo tenían…

Pero es que a todo esto hay que sumarle que resulta difícil justificar que dicha medida sea un recorte. El subsidio de desempleo para mayores de 52 años (recuperado en 2019 por el Gobierno en solitario del PSOE tras su supresión por el PP en 2012) tenía una “sobrecotización” del 125% porque se calcula sobre el salario mínimo y éste era por entonces muy bajo, de 857,5 euros en 12 pagas. Se quería ayudar a los beneficiarios del subsidio para que no acabaran con una pensión demasiado baja por culpa del bajo salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo ha aumentado casi un 50% en los últimos cinco años y se encuentra actualmente en los 1.260 euros mensuales (en 12 pagas). Ahora, la “sobrecotización” del 125% no es tan necesaria porque las pensiones calculadas a partir del salario mínimo ya no son tan bajas. Poniendo un ejemplo extremo y simplificado: el 100% de los 1.260 euros actuales de salario mínimo arrojaría un resultado de 1.260 euros, mientras que el 125% de los 857,5 del salario mínimo de hace cinco años arrojaría un resultado de 1.071,9 euros. Es decir, aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización (el salario mínimo) es mucho mayor, y el resultado también lo puede ser (téngase en cuenta que el porcentaje de cotización bajaría solamente un 5% cada año, además durante un periodo en el que presumiblemente el salario mínimo seguirá aumentando).

Pero hay otra justificación para este cambio: dejar la cotización en el 125% a los subsidios para mayores de 52 años genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%. Es decir, actualmente se puede dar el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo una pensión por debajo de la que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125%, no al 100%. La reforma pretendía ir reduciendo lentamente la base de cotización de los nuevos (no de los actuales) subsidios para mayores de 52 años para equipararlos a los trabajadores con salario mínimo, y sin desprotegerlos por lo anteriormente argumentado.

Bien es cierto que se podría argumentar la conveniencia e incluso necesidad de que los mayores de 52 años tengan una “sobrecotización” por su situación de vulnerabilidad y desprotección, ya que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Pero eso es una cosa y otra muy diferente calificar de “recorte” a una modificación que sólo afectaría levemente a los nuevos beneficiarios del subsidio (no a los actuales). Además, por muy lesiva que uno pueda concebir esta modificación, desde luego no puede ser excusa para tumbar la ampliación de derechos a tantísimas personas, y mucho menos cuando a dicho “recorte” todavía le quedaban unos cinco meses para entrar en vigor. Otros partidos políticos de izquierdas críticos con el Gobierno de coalición como Bildu o ERC lo han entendido perfectamente votando a favor. Y probablemente Podemos habría hecho lo mismo si siguiese estando en el Consejo de Ministros. Por eso parece que este –difícilmente justificable– comportamiento responde más a cuestiones de política interna que a una verdadera preocupación por los derechos de la gente.

El pasado 12 de diciembre, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, facilitó los detalles del primer paquete de recortes del nuevo gobierno de Javier Milei, que, para sorpresa de nadie, implican una fuerte amputación del Estado y de su protección social: reducción de subsidios en los precios de los carburantes y transporte, suspensión de las transferencias discrecionales a gobiernos territoriales, devaluación del 50% de la moneda nacional (es decir, un empobrecimiento del 50% de los argentinos frente al exterior), suspensión de toda obra pública, recorte de ministerios y secretarías, y suspensión de la financiación publicitaria, entre otros.

Pero lo que sí debió sorprender a los votantes de Milei es que también se anunciaron incrementos de impuestos. Recordemos que, durante toda su campaña electoral, el ahora presidente del Gobierno estuvo repitiendo que nunca aumentaría impuestos y que minimizaría los existentes. Aseguraba que era la piedra angular de su programa electoral y de su proyecto ideológico. Pero era mentira: ha aumentado tres impuestos muy importantes.

El primero de ellos es el Impuesto País, un tributo que creó el Gobierno kirchnerista anterior en 2019 para gravar la compra de moneda extranjera. Milei se comprometió a eliminarlo, pero en realidad lo va a elevar desde el 7,5% al 17,5%. Menudo giro de guión. ¿A nadie le recuerda esto a Mariano Rajoy, que en la campaña electoral de 2011 criticó el elevado IVA y nada más llegar al Gobierno lo aumentó todavía más, al 21%? 

El segundo impuesto lo conforman las retenciones a las exportaciones de carne, maíz, industria, servicios y petróleo, que se sitúan en el 15%, mientras que en el caso de la soja será el 30%. Esto implica que, de cada 100 dólares ingresados por las empresas argentinas por sus ventas en el extranjero, 15 (30 en el caso de la soja) irán a las cuentas del Estado. Un Estado que Milei dijo que no quería engordar ni con gastos ni con ingresos. 

El tercer tributo es el Impuesto a las Ganancias. En septiembre de 2023 se suprimió la cuarta categoría de este impuesto. Pues bien, ahora Milei lo recupera. Esto va a provocar que un millón de trabajadores vuelvan a pagarlo tan sólo tres meses de haberse eliminado. ¿Cuántos de ellos votarían a Milei pensando que les iba a bajar los impuestos? No deben de estar muy contentos.

Gracias a estas tres medidas, el Ministerio de Economía calcula que ingresará hasta un 1,7% del PIB en el año 2024, lo que en teoría le ayudará a reducir el déficit público. Milei engañó a todo el mundo cuando dijo que iba a sanear las cuentas recortando gastos pero sin tocar impuestos. 

También engañó a sus votantes cuando dijo que iba a unificar el tipo de cambio, porque Milei se ha limitado a modificar el tipo de cambio oficial desde 400 pesos hasta los 800 pesos por dólar (devaluando un 50% la moneda nacional). Sigue habiendo un mercado paralelo con más tipos de cambio. Quizás lo termine haciendo en el futuro, pero esto podría haberlo hecho ya y no ha sido así.

Otra promesa incumplida es la reducción de la inflación. Si hubo un mensaje machacón en el discurso de Milei durante su campaña electoral fue que iba a acabar con la inflación, o al menos a reducirla sustancialmente. Pero las primeras medidas aprobadas lo único que hacen es aumentarla todavía muchísimo más. En primer lugar, la supresión de los subsidios a los combustibles y al transporte (diseñados de forma parecida al descuento de combustibles de 20 céntimos y el descuento del transporte público en España) aumentarán automáticamente sus precios, empujando al alza la inflación generalizada. En segundo lugar, puesto que ahora los argentinos necesitan el doble de pesos para comprar un producto que se vende en dólares, todo bien o servicio que provenga del exterior será muchísimo más caro. Ese producto se venderá más caro en el interior del país, y si se necesita para producir otros productos, esos otros productos también se encarecerán. Obvia decir que uno de esos productos que se necesita importar son los hidrocarburos, que a su vez son necesarios para producir otros bienes y servicios. Esto es justo lo que ha explicado el episodio inflacionario en todo el globo en los últimos dos años. Pues Milei lo va a agravar con la devaluación de su moneda. 

Y los efectos ya están aquí: las petroleras YPF, Axión y Shell han ejecutado una subida del combustible del 37% en un solo día, mientras que en los últimos días el precio del nafta y diésel ha crecido un 70%. De hecho, en algunas estaciones se han agotado ante previsión de nueva subida.

Por supuesto, la narrativa de Milei y de su equipo es que elevar ahora los precios es condición necesaria para acabar con la inflación en el futuro, porque lo único que estarían haciendo es “sincerar” y “desvelar” los precios reales en vez de ocultarlos como habrían hecho los gobiernos anteriores. Pero esto no tiene sentido: ¿se imaginan que en España quitásemos el tope al gas, el límite de los alquileres o el descuento al transporte público argumentando que eso reducirá la inflación a medio plazo aunque a corto plazo la aumentase? Es tan absurdo como el relato de Milei. Su problema es que han realizado un diagnóstico equivocado de los problemas de Argentina. Y con un diagnóstico errado es imposible solucionar nada. 

Pero no es sólo que no van a solucionar nada, es que lo van a empeorar todo. Y lo terrible es que lo saben: por eso van a duplicar las ayudas públicas (¿no era pecado para los liberales?) para familias sin empleo y aumentar un 50% la ayuda social para comprar alimentos. Lo último que quieren es que los de abajo le monten una revolución. Pero eso no va a impedir que la mayoría de los argentinos vayan a ser mucho más pobres con este nuevo gobierno, porque van a cobrar menos y a pagar más.

Por cierto, por si fuera poco con todo esto, también quieren recortar en jubilaciones y en pensiones en general, y ahorrar así un 0,4% del PIB, aunque este cambio sí necesitará la aprobación de las cámaras parlamentarias, por lo que no es seguro que llegue a buen puerto.

En definitiva, Milei va a aplicar salvajes recortes que van a destrozar la economía, pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que lo iba a hacer violando varias de sus promesas electorales: va a aumentar impuestos y la inflación y no va a unificar el tipo de cambio. Menuda tomadura de pelo a sus votantes.

Tras conocerse el pacto entre PSOE y ERC sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña (y del resto de comunidades autónomas del Régimen Común, aunque la derecha intente omitir esta información para desacreditar el pacto), se ha generado un debate en torno a si dicha medida sería pertinente y justa.

Quienes se posicionan a favor suelen argumentar que la deuda de las comunidades autónomas es demasiado elevada por motivos ajenos, ya sea por el ciclo económico (que afecta asimétricamente a las regiones) o por falta de recursos debido al sistema de financiación autonómico; reducir la carga de la deuda permitiría pagar menos por intereses y también posicionar mejor a los gobiernos autonómicos de cara al mercado de deuda. Quienes se posicionan en contra suelen argumentar que se generarían incentivos perversos a seguir endeudándose (a sabiendas de que el gobierno central podría volver a reducir su carga en el futuro) y que la condonación de deuda afectaría asimétricamente (positiva e incluso negativamente) a las comunidades y/o a los ciudadanos que residen en ellas. A continuación voy a explicar por qué estas últimas posiciones no tienen fundamentos sólidos.

Antes de nada es imprescindible entender bien cómo funciona el conjunto del sistema de gasto y financiación de las comunidades autónomas, algo que parece desconocer la mayoría de los críticos a esta propuesta de condonación de deuda. Si uno no tiene toda la información, su juicio estará necesariamente errado.

En primer lugar, las comunidades autónomas tienen bastante margen para decidir cuánto dinero público gastan e invierten. Esto conlleva que algunas lo hagan en mayor cantidad que otras. Por ejemplo, en educación, sanidad y servicios sociales (que son las competencias más importantes de las autonomías), Extremadura dedicó 3.463 euros por persona en 2022, mientras que Madrid lo hizo en 2.684 euros. Esto es un punto de partida muy importante de cara al asunto de condonación de deuda porque, manteniendo todo lo demás constante, las comunidades que más gastan tendrán peores números en sus cuentas públicas y, por tanto, más deuda.

En segundo lugar, las comunidades autónomas tienen cierto margen para decidir cuánto dinero ingresan a través de sus tributos. Por un lado, tienen competencias para aumentar o disminuir la recaudación de los impuestos que les ha cedido el Estado, como el 50% del IRPF, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros. Y es bien conocido que las regiones gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza, han reducido notablemente sus ingresos por este tipo de impuestos. Por otro lado, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de crear nuevos impuestos propios, de forma que unas pueden crear más que otras. De hecho, en un extremo nos encontramos a Madrid, que actualmente no tiene ningún impuesto propio, y en el otro a Cataluña, que actualmente tiene once. De nuevo, el nivel de recaudación elegido a través de estos tributos influirá sobre el nivel de deuda pública, aunque en este caso no mucho por lo que veremos en el siguiente punto.

En tercer lugar, desde 2009 nuestro Estado cuenta con un complejísimo sistema de financiación autonómica que, a través de la entrega –por parte de las comunidades– del 75% de la recaudación de los tributos cedidos por el Estado y del cobro de numerosas transferencias, persigue equilibrar la prestación de servicios públicos de todas las comunidades autónomas así como su nivel de desarrollo económico. Es bien sabido que no todas las regiones están igualmente desarrolladas, y de ahí que este sistema intente que las más afortunadas contribuyan más para favorecer solidariamente a las menos afortunadas. Pero resulta que el diseño del sistema es tan confuso, opaco y complejo –así como condicionado por cuestiones políticas–, que no está nada claro que logre su objetivo. La falta de resultados claros, la opacidad del sistema y las distintas interpretaciones que puede recibir, sumado a los dos puntos anteriores de flexibilidad de gasto e ingresos propios, conllevan que prácticamente ninguna comunidad autónoma está contenta: unas creen que aportan demasiado al sistema y otras creen que reciben demasiado poco.

Y con esos peliagudos y confusos mimbres se llegó a la crisis económica iniciada en 2008, cuyos efectos se hicieron notar en las cuentas públicas a partir de 2012 (precisamente por el retraso en la ejecución del sistema de financiación que justamente nació en 2009). El hundimiento de los ingresos tributarios derivados de la burbuja inmobiliaria provocó un notable déficit que se tuvo que cubrir con deuda. Pero como financiarse en el mercado salía muy caro (recordemos los problemas que tenía España entonces con su prima de riesgo), el gobierno del Partido Popular aprobó en 2012 varios mecanismos para que la Administración Central prestara dinero a las comunidades. Uno de ellos fue el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que tanto se habla hoy porque la deuda que generó es la que se pretende condonar parcialmente ahora. Por cierto, nótese la abismal diferencia con la política adoptada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la crisis económica de 2020: frente a una también acuciante necesidad de ingresos, en vez de endeudar a las comunidades, simplemente se les otorgó transferencias extraordinarias. ¡Cuántas polémicas nos estaríamos ahorrando ahora si el gobierno de Rajoy hubiese hecho lo mismo!

El caso es que todo este resumen de los hechos pasados nos ayuda a posicionarnos con más información y solvencia frente al debate de la condonación de la deuda. En primer lugar, no tiene sentido preocuparse por los incentivos a que las comunidades sigan endeudándose porque, si el Estado quisiese, podría mejorar el sistema de financiación autonómico o incrementar las transferencias extraordinarias para que las comunidades no tuviesen que seguir contrayendo tanta deuda. Esto último ya se ha estado haciendo desde 2020 tras la pandemia y no ha habido ningún problema ni polémica en ello. 

En segundo lugar, quienes dicen que la condonación de parte de la deuda del FLA favorecería más a las comunidades que más deuda tienen de ese tipo (pues no todas tienen el mismo volumen, incluso algunas no tienen nada) no entienden que las vías de financiación de las autonomías son variadas y que el Estado tiene mil formas de compensar a las comunidades sin necesidad de modificar su deuda debido al FLA. Por ejemplo, que Madrid no tenga deuda derivada del FLA no impide que la Administración Central pueda beneficiarla de otra forma.

En tercer y último lugar, quienes dicen que la condonación de la deuda de las comunidades alivia la carga fiscal de los ciudadanos de esas comunidades pero que empeora la carga fiscal de todos los ciudadanos del país simplemente no entienden que, si se beneficia a todas las comunidades más o menos por igual, el impacto neto en el conjunto del país sería nulo. Trasladar deuda de las administraciones territoriales a la administración central es básicamente un apunte contable que no tiene impacto económico ninguno. Es como si una persona se pasara el dinero de un bolsillo del pantalón a su monedero: las cuentas de esa persona ni mejorarían ni empeorarían, se quedarían exactamente igual. 

Además, no olvidemos que quienes pagan los impuestos no son las comunidades autónomas, sino las familias y las empresas de todo el país. Mientras se mantenga un sistema impositivo progresivo que haga que sean los agentes económicos más adinerados los que paguen proporcionalmente más, la redistribución de la renta será siempre desde abajo a arriba, no desde un territorio a otro. Claro está que hay territorios en los que hay más familias y empresas adineradas, y por eso puede dar la sensación de que el dinero sale de ese territorio para ir a otro. Pero eso es una ilusión; en realidad el sentido de la renta es vertical, no horizontal. 

Por último, quiero dejar claro que no estoy proponiendo que las comunidades autónomas tengan vía libre para gastar y/o endeudarse todo lo que quieran. La responsabilidad en la utilización del gasto por parte de las comunidades es un tema serio sobre el que hay que actuar para evitar despilfarros e ineficiencias, pero debería ser abordado con mejores controles democráticos y de evaluación de políticas públicas; no con límites arbitrarios a la financiación o al endeudamiento. 

En definitiva, condonar deuda a Cataluña y al resto de comunidades autónomas es pertinente, de justicia, y no acarrearía ningún coste económico.

Entre el año 2021 y 2022 todos los países del mundo -sin excepción- fueron golpeados duramente por la inflación debido a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y de la guerra de Ucrania, pero, mientras que en la actualidad el crecimiento de los precios viene mitigándose en la mayoría de economías, en Argentina continúa aumentando a un ritmo desorbitado (superior al 100% en el último año). El dolor social y la indignación que esta situación económica provoca está siendo aprovechado por algunos para captar el voto protesta en torno a medidas económicas disparatadas haciéndolas pasar por la única solución al episodio inflacionario. El sorprendente apoyo que recibió en las pasadas elecciones primarias el economista anarcocapitalista Javier Milei, que promete la dolarización del país y un hachazo tremendo al Estado social, sólo se puede entender en este contexto de hastío y desesperación. Pero lo cierto es que dichas disparatadas promesas económicas sólo empeorarían las cosas; básicamente porque parten de un diagnóstico erróneo sobre el actual crecimiento de los precios en Argentina. Y con un diagnóstico erróneo, el tratamiento está destinado al fracaso.

Tanto en la academia como en el imaginario colectivo hay un cierto consenso en considerar que los episodios de inflación galopante se deben a una excesiva creación de dinero y/o a unas cuentas públicas desbocadas. De ahí las salvajes propuestas que pasan por dolarizar la economía (para que no se pueda crear más moneda nacional) y por reducir el Estado a su mínima expresión (para acabar con el déficit público). Sin embargo, ese diagnóstico no es más que un mito económico sin respaldo teórico ni empírico serio que se repite una y otra vez por todos los poros del sistema (facultades, medios de comunicación, redes sociales, espacios de debate de todo tipo…) como si fuese un axioma incuestionable. Porque basta mirar los datos para darse cuenta de que hay muchos países que han creado muchísimo más dinero y que tienen peores cuentas públicas que Argentina y que, sin embargo, experimentan muchísima menos inflación. El caso paradigmático (pero ni mucho menos el único) es el de Japón: ha creado 10 veces más dinero que Argentina, lleva décadas con un déficit público promedio del 7% del PIB (Argentina del 3%), una deuda pública del 250% del PIB (Argentina del 80%), y su inflación promedio ha estado cercana al 0% y sólo recientemente ha aumentado al 3%. Así que esos factores no pueden explicar la inflación de Argentina (tampoco la de otros países, claro).

Las causas reales son otras y la teoría económica las suele ignorar básicamente por ideología, como veremos a continuación. En primer lugar, la inflación en Argentina ha sido históricamente muy alta porque siempre ha sufrido una -insultantemente- elevadísima concentración empresarial en determinados sectores estratégicos. Por poner sólo algunos ejemplos extraídos de un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas, sólo 1 empresa controla el 98% de la producción del aluminio, 3 empresas el 85% producción del cemento, 2 empresas el 70% del sector de extracción de petróleo, y sólo 1 empresa controla el 43% mercado de las telecomunicaciones. Los precios en estos sectores clave para la economía argentina no responden a la ley de la demanda y a la oferta; responden simplemente a lo que sus propietarios decidan. Por ejemplo, cuando los costes de productos importados aumentan, estas empresas simplemente los trasladan al precio de sus productos para mantener o elevar sus beneficios, porque nadie les puede toser.

En segundo lugar, la deuda en dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional es una losa que promueve la inflación indirectamente. De hecho, el episodio hiperinflacionario de Argentina durante los años 80 estuvo directamente relacionado con la crisis de deuda externa, y lo mismo está ocurriendo en la actualidad por culpa del acuerdo que firmó con esta institución Mauricio Macri durante su anterior mandato (2015-2019), tirando por tierra todo el desapalancamiento externo que lograron sus antecesores peronistas. No son palabras menores: hablamos de un incremento de 45.000 millones de dólares; ningún otro expresidente argentino endeudó tanto a su país en moneda estadounidense -y con muchísima diferencia. Estamos hablando de que Argentina es ahora el país que más le debe al FMI (supone el 29,3% de todos sus créditos), mucho más que cualquier otra economía en desarrollo. 

El problema de tener que pagar tantos dólares al FMI es que provoca que a la economía le queden menos para otros menesteres, como, por ejemplo, para las importaciones, cruciales para una economía tan poco diversificada. Y aquí está el quid de la cuestión: cuantos más escasos son los dólares, que son necesarios para comprar productos en el exterior, más pesos argentinos necesitan los agentes económicos para comprarlos, más se deprecia la moneda local y más se encarecen los productos importados. Si a este proceso, que comenzó ya en 2018, le sumas las consecuencias de una pandemia y una guerra que dispara el precio de la energía internacional, tienes la tormenta perfecta: necesitan más dólares para importar, los dólares se hacen todavía más escasos, el peso argentino se deprecia, las importaciones se encarecen, las empresas con poder protegen sus beneficios elevando precios y la inflación se traslada a toda la economía. Este bucle lo acabamos de experimentar en todo el mundo tras la pandemia, pero en Argentina ha sido mucho peor debido a su débil estructura productiva, a la enorme dependencia del exterior, a su deuda externa con el FMI, a la concentración empresarial, y también, por supuesto, a la histórica animadversión del pueblo argentino a huir de su propia moneda y a refugiarse en el dólar, lo que no hace sino retroalimentar todavía más el círculo vicioso descrito.

Por último, pero no menos importante, están los intereses que paga el Estado por su deuda pública. El FMI obligó al gobierno argentino a elevar los tipos de interés, y estos superan actualmente el escalofriante 209%. Esto implica que cada día el Estado paga casi 50.000 millones de pesos en intereses de deuda pública a sus acreedores, lo cual es una ingente cantidad de dinero nuevo que se inyecta en la economía. Si este dinero sirviese para estimular la economía no habría ningún problema inflacionario, pero el problema es que la mayor parte de los beneficiarios son clases económicas pudientes (esto ocurre en todos los países), que utilizan sus nuevos pesos recibidos para cambiarlos por dólares, lo que no hace sino hundir todavía más el valor de la moneda local, y vuelta a empezar. 

Así que ahí tenemos las verdaderas causas de la galopante inflación argentina. Por supuesto, la élite dominante, que es quien controla el relato, siempre va a preferir echar la culpa de la inflación al Estado social y a su creación de dinero -pues compite con sus negocios productivos y financieros- antes que a la concentración de poder de las grandes empresas, a la concentración de riqueza en pocas manos, y a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, pues eso conllevaría tirar piedras contra su propio tejado y el de sus aliados. Como siempre, nos disfrazan de ciencia económica lo que no es otra cosa que ideología y lucha de clases.

Ya hay acuerdo entre el Gobierno, sus socios y Bruselas para la última fase de la reforma de las pensiones. A falta de que la negociación final con los agentes sociales y otros grupos parlamentarios modifique algunos puntos, ya estamos en condiciones de realizar un análisis bastante completo y preciso de lo que nos espera.

Antes de proceder a ello es importante recordar que el sistema de pensiones ya ha experimentado algunos cambios importantes durante esta legislatura. Entre ellos se encuentra la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC (para que no pierdan capacidad adquisitiva por culpa de la inflación), dificultar la jubilación anticipada (para acercar la edad de jubilación efectiva a la edad de jubilación oficial), la supresión del Factor de Sostenibilidad que diseñó el gobierno de Rajoy (que hubiese ido recortando las pensiones futuras a medida que la esperanza de vida aumentase) y la aprobación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI- (que es un recargo de las cotizaciones sociales para nutrir la hucha de las pensiones y así poder pagar las pensiones futuras de los babyboomers). 

Todos esos cambios fueron realizados a instancias de la Comisión Europea, que los reclamó como condición para liberar los fondos para la reconstrucción tras la pandemia; y se diferenciaban de las dos reformas experimentadas en 2011 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) en que -exceptuando el freno a la jubilación anticipada- han puesto el foco en incrementar los recursos de la Seguridad Social en vez de ponerlo en recortar las pensiones. Es decir, para satisfacer la exigencia de Bruselas de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social se ha optado por incrementar sus ingresos en vez de reducir sus gastos.

Y esta nueva fase de la reforma va en la misma dirección: los salarios más elevados pagarán progresivamente más cotizaciones sociales (gracias a un aumento de la base de cotización y a una “cuota de solidaridad”), y se irá incrementando progresivamente la cuota del ya mencionado MEI (para nutrir todavía más la hucha de las pensiones). Se pretende que esta nueva afluencia de ingresos sirva para aumentar la pensión máxima (aunque en menor proporción de lo que aumentará la base máxima de cotización), para aumentar las pensiones mínimas y no contributivas, y para aumentar las prestaciones a quienes hayan tenido un vacío en su carrera laboral (fundamentalmente mujeres por dedicarse mayoritariamente a los cuidados no remunerados).

Más allá de estos cambios en los ingresos y los gastos, también se va a permitir elegir el período de cálculo para la cuantía de la pensión entre dos opciones: los últimos 25 años cotizados (actualmente vigente) o los últimos 29 años cotizados pudiendo suprimir los 24 peores meses (no necesariamente contiguos). El objetivo es que la flexibilidad beneficie a quienes pueden haber tenido unos malos años de cotización en la última etapa de su vida laboral. Este cambio ha sido una agradable sorpresa porque la intención inicialmente declarada por el ministro no contemplaba la elección, sino que forzaba a la segunda opción (que no a todo el mundo le resulta beneficiosa). De todas formas, esta mayor flexibilidad no da tampoco mucho margen de maniobra, especialmente teniendo en cuenta que se habilitará progresivamente a partir de 2026 y hasta 2038.

Todos estos cambios son totalmente preferibles a los que sufrimos hace diez años, ya que -insisto- aquellos se encaminaban a recortar las pensiones, mientras que estos persiguen un reforzamiento de las mismas, lo que fortalece el sistema público de pensiones además de beneficiar a los pensionistas. El problema es que para lograrlo se acude a dos fuentes de financiación innecesarias, y aunque una de ellas sea positiva y bienvenida, la otra es muy perjudicial. Me explico.

A pesar de lo que diga Bruselas y de lo que marque la teoría económica convencional, no hay ninguna necesidad de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.

Esto se puede entender fácilmente si extrapolamos el ejemplo a la sanidad o educación públicas: ¿es necesario que ingresen tanto dinero como el que gastan? Obviamente no. La diferencia se cubre a través de los presupuestos generales del Estado, donde se incluyen tributos, ingresos por bonos públicos y otro tipo de ingresos, porque hemos considerado como sociedad que son ámbitos sociales cruciales que vamos a financiar tirando de otras esferas económicas. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con las pensiones públicas, tal y como ocurre parcialmente en otros países? Es perfectamente posible y deseable. Para que se entienda: el déficit de la Seguridad Social se puede cubrir con los presupuestos generales del Estado (de hecho, lleva años ocurriendo), al igual que la sanidad y la educación, y no pasa nada.

Pero bueno, ya puestos a cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, es una buena idea hacer que sean los salarios más elevados los que aporten más (como se logra gracias al aumento de la base de cotización y a la “cuota de solidaridad”) porque así se refuerza la progresividad de nuestro sistema fiscal (que pague proporcionalmente más quien más tiene). Pero es una pésima idea hacer que todos los asalariados, sus empleadores y los autónomos paguen más debido al MEI, porque eso les empobrece (aunque sea poco) sin que mejore la progresividad fiscal. En otras palabras: parte del coste de fortalecer las pensiones se está cargando (y se va a cargar más) sobre las espaldas de todos los actuales ocupados, ¡y sin que haya ninguna necesidad de ello! Y todo porque los dirigentes de la Unión Europea y el ministro de la Seguridad Social, debido a su ceguera en teoría económica, están obsesionados con cuadrar unas cuentas que no es necesario cuadrar.

En consecuencia, podemos decir sin miedo a equivocarnos que esta reforma de las pensiones es la mejor de todas las que se han aplicado recientemente porque fortalece el sistema público de pensiones y beneficia a todos los pensionistas, pero también que tiene el defecto importante de hacer recaer sobre todos los ocupados del mercado laboral -sin distinción por renta- una parte importante de su coste, cuando no es en absoluto necesario.

El euríbor ha superado ya este de mes de marzo el 3,5%, lo que implica que en tan solo catorce meses este indicador ha aumentado

cuatro puntos porcentuales (en diciembre de 2021 se situaba en el -0,5%), un ritmo de crecimiento nunca antes visto en la Eurozona. Este fenómeno ha provocado que el porcentaje de familias con problemas para pagar su hipoteca haya aumentado desde el 9,9% al 14,6%, acorde a los últimos datos oficiales del Banco de España. Por supuesto, esa proporción es distinta en función de la renta: dentro del 20% de las familias españolas con menos ingresos, el 36% tiene dificultades para pagar la hipoteca, mientras que ese porcentaje es sólo del 5,4% en el caso del 20% más acaudalado. El aumento del euríbor no afecta a todos los hipotecados por igual. 

Pero su impacto no se queda solo en las familias que han firmado una hipoteca: también alcanza a quienes no tienen ninguna, pero la necesitan. Un estudio conjunto de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la inmobiliaria Tecnocasa señala que si los tipos de interés siguen subiendo hasta el 5,5%, se quedarían sin contratar una hipoteca hasta el 17,25% de los potenciales compradores (de nuevo obviamente afectando más a los que menos recursos económicos tienen). Pero el impacto no es desigual solamente en función de renta, sino también en términos geográficos: cuatro de cada cinco familias se quedarían fuera del mercado hipotecario en grandes ciudades como Madrid y Barcelona si los tipos de interés llegaran al 4,5%.

Este encarecimiento del euríbor es, sin duda, lo que explica que el número de nuevas hipotecas firmadas haya descendido el pasado diciembre por primera vez en mucho tiempo acorde a los datos del Instituto Nacional de Estadística, y también que las entidades bancarias hayan dejado de encarecer sus ofertas (como una forma de no ahuyentar a los potenciales clientes) -lo cual no significa que no vayan a seguir encareciéndose las cuotas de las hipotecas a tipo de interés variable y las nuevas hipotecas-. Otro efecto derivado del incremento del euríbor es que aquellas familias españolas que tenían ciertos ahorros acumulados han aprovechado para amortizar antes de tiempo 33.000 millones de euros de sus hipotecas y así reducir una carga de intereses que no paran de encarecerse.

Pero no perdamos de vista el motivo que ha empujado al alza el euríbor y, por lo tanto, al encarecimiento de las hipotecas (y de otros créditos, incluyendo los empresariales): dicho ascenso no se debe a un fenómeno meteorológico -como a veces se presenta para esconder responsabilidades-, sino que es consecuencia directa de la decisión adoptada por los dirigentes del Banco Central Europeo, la única institución que controla el tipo de interés oficial del dinero, cuyo nivel delimita la trayectoria del euríbor. Este indicador interbancario -elaborado por una serie de entidades bancarias que, por cierto, fueron sancionadas por manipularlo durante años en favor de sus intereses económicos- pretende medir el tipo de interés medio al que se prestan el dinero los bancos, pero se mueve necesariamente entre los tipos que fija el Banco Central Europeo. Y no es un accidente; es precisamente lo que persiguen los dirigentes de esta institución: quieren empobrecer a familias y empresas (ellos lo llaman “enfriar la economía”) para reducir la inflación. 

Pero resulta que no lo están consiguiendo, y lo peor de todo es que lo saben. Según el análisis del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip R. Lane, elevar los tipos de interés ha tenido un efecto insignificante en la inflación en 2022, lo tendrá reducido en 2023, y solo será notable cuando hayan pasado la friolera de 27 meses allá por 2024. Esto es algo que incluso reconoció el actual vicepresidente Luis de Guindos cuando dijo literalmente que “nuestra política de tipos de interés tarda de uno a dos años en surtir efecto”. Análisis que comparte Isabel Schnabel, la voz de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo, que además estima que la inflación en la Eurozona se ha reducido casi únicamente por la caída de los precios de la energía. Conclusión que comparte la consultora Natixis al señalar que subir los tipos de interés solo ha logrado reducir la inflación en la Eurozona en un insignificante 0,5%, mientras que ha sido el abaratamiento de la energía lo que la ha logrado reducir en más de 2,8 puntos porcentuales.

Que elevar tipos para empobrecer a la gente no iba a resolver una inflación originada por una pandemia mundial y agravada por una guerra lo sabía cualquier analista medianamente informado y formado, pero aquí la clave del asunto es que lo están llegando a reconocer hasta los ejecutores de dicha política nefasta. Están ahogando a hipotecados, dificultando la financiación a las empresas (y disparando el número de quiebras por toda Europa y en todos los sectores), y en general asfixiando la economía sin que todo ello esté sirviendo para reducir la inflación, que era el objetivo pretendido. O estamos en manos de unos completos incompetentes o es que en realidad el objetivo de elevar los tipos de interés era otro, como salvar de los efectos corrosivos que la inflación tiene sobre los ahorros a la élite financiera y a los sectores de la población que más dinero acumulado tienen. Saquen ustedes sus propias conclusiones.